Cuna del Alma
Dos técnicos de Costas del Gobierno de Canarias declaran como testigos en la causa contra Cuna del Alma
Dos técnicos de Costas del Gobierno de Canarias han prestado este jueves declaración como testigos ante el Juzgado por la causa penal contra Cuna del Alma. Los colectivos la Gaveta20A, Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje, ARCAN y el afectado directo Juan Francisco Galindo, algunos de los denunciantes del caso que investiga el macroproyecto turístico del Puertito de Adeje, han señalado en un comunicado que los testimonios han corroborado ''aspectos relevantes de los hechos denunciados desde el inicio del procedimiento''. '''Refuerzan de manera significativa la línea de investigación seguida por el Juzgado, el Ministerio Fiscal y la acusación popular que representamos'', han señalado.
La causa investiga presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente por la autorización concedida a Cuna del Alma para ocupar la zona de servidumbre de protección de la costa, la franja de cien metros tierra adentro desde la orilla del mar. En ese espacio se estaban construyendo un restaurante, una piscina al aire libre y un aparcamiento para buggies, entre otras cosas.
''Conviene recordar que las personas que han declarado hoy lo han hecho en calidad de testigos, no de investigados. Y en nuestro ordenamiento jurídico, un testigo tiene el deber legal de decir verdad y puede incurrir en responsabilidades penales si falta deliberadamente a ella, mientras que un investigado tiene reconocido el derecho a no declarar, a no confesarse culpable y a ejercer plenamente su derecho de defensa. Precisamente por ello, entendemos que los testimonios prestados hoy revisten una especial relevancia para el esclarecimiento de los hechos que se investigan'', recoge el comunicado.
Los colectivos denunciantes que firman este comunicado consideran que el desarrollo de las diligencias practicadas este jueves ''plantean serias dudas sobre la versión que el Gobierno de Canarias ha venido trasladando en los últimos días''. ''Tanto el consejero competente Pablo Rodríguez (CC) como el portavoz del Gobierno Alfonso Cabello (CC) han defendido públicamente la actuación del director general de Costas, sosteniendo que había actuado conforme a los informes obrantes en el expediente'', subrayan.
La jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Arona ha citado a declarar como investigado al director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, para el próximo 14 de septiembre a las 10.00 horas. Acosta, nombrado por Coalición Canaria, se suma así al jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del Ejecutivo regional, Valeriano Díaz, también citado a declarar como investigado. Y al representante legal y administradores de la promotora de la iniciativa, Segunda Casa Adeje SL. Todos ellos declararán el 13 de agosto.
''A juicio de esta parte, las declaraciones testificales practicadas hoy dibujan un escenario muy distinto que obliga al Ejecutivo autonómico a ofrecer explicaciones públicas y a valorar si mantiene la misma confianza en la actuación de los responsables investigados'', indican los colectivos.
Las obras avanzan ''a un ritmo imparable''
Los colectivos firmantes se congratulan de que ''la verdad empiece a abrirse paso en sede judicial'', pero expresan su profunda preocupación porque ''la destrucción del territorio y las excavadoras también avanzan a un ritmo imparable''. ''Cada día de obras aumenta el riesgo de que los daños sobre el litoral, el patrimonio natural y los valores arqueológicos sean irreversibles'', subrayan. Por ello, consideran ''más necesario que nunca'' acordar la paralización cautelar de la totalidad de las obras.
Así, recuerdan que la paralización de las obras no depende exclusivamente de una decisión judicial, e instan al Gobierno de Canarias a utilizar sus competencias para adoptar medidas cautelares ''como ya ocurrió durante el anterior Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres''. ''A la vista de la evolución de esta investigación y de los nuevos elementos que están aflorando, entendemos que el actual Gobierno no puede permanecer impasible o seguir defendiendo que todo se hizo conforme a la legalidad, pues la evolución de la investigación y las diligencias practicadas hasta la fecha plantean serias dudas sobre la corrección de las actuaciones realizadas y aconsejan actuar con la máxima prudencia'', resaltan.
''En aras a la prudencia y a la protección que nuestro patrimonio merece, con la finalidad de evitar daños irreversibles, instamos al Gobierno de Canarias a que valore de manera inmediata la suspensión cautelar de la totalidad de las obras en defensa de la legalidad, del patrimonio y del interés general'', concluyen.
Aunque este comunicado lo firman los colectivos Gaveta20A, Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje, ARCAN y el afectado directo Juan Francisco Galindo, en la causa también están personados el Tagoror Permanente, Rebelión Científica y otros particulares. Todos están agrupados en la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre, que representa la acusación popular.