El fiscal pide una indemnización de 20.000 euros para la exmujer del médico acusado de falsear su historia clínica

El fiscal José Antonio Díez. (ALEJANDRO RAMOS)

El fiscal José Antonio Díez ha modificado su escrito de calificación para solicitar que se condene al acusado Sergio Hernández, médico de familia del centro de salud de Schamann, a pagar una indemnización de 20.000 euros a su exmujer por los daños morales ocasionados como consecuencia de los hechos que se juzgan en la vista oral celebrada este semana: el acceso y la manipulación de la historia clínica de la denunciante para introducir en ella diagnósticos falsos de trastornos de la personalidad (esquizoide y narcisista) con la finalidad de utilizar esos datos en un procedimiento de divorcio que se tramitaba en un juzgado de violencia de género.

“Solo le puse apellidos a lo que tenía nombre”, defiende el médico que diagnosticó trastornos mentales a su exmujer en pleno divorcio

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Además, el representante del Ministerio Público ha rebajado en seis meses (de los seis años a los cinco y medio) la pena de prisión solicitada por un delito contra la intimidad en concurso medial con falsedad documental, así como la inhabilitación absoluta (de los diez a los seis años) y la imposibilidad de ejercer su profesión, también en seis meses (hasta los cinco y medio), al entender que son cifras “procedentes e importantes”. Según ha explicado, su interés en esta causa no es “rebañar todo el peso que la ley prevé en su medida máxima”, sin que ello implique “quitar un ápice de relevancia o trascendencia” a la acción realizada por el galeno.

Díez no había incluido en su escrito de calificación provisional la petición de indemnización. El fiscal ha justificado su adición en esta fase del proceso penal por lo acontecido durante una vista en la que, a su juicio, se han concretado los daños ocasionados a la denunciante y presunta víctima por la alteración de la historia clínica. “Tuvo que afrontar el impacto psicológico de encontrarse con diagnósticos falsos e infundados (…) Se trata de un perjuicio emocional, de estrés”, ha definido el representante del Ministerio Público, que ha explicado que la alteración del expediente con “accesos y modificaciones injustificables” provocó que la afectada dejara de confiar en el Servicio Canario de Salud (SCS) y un temor e incertidumbre sobre “la integridad de su historia clínica en lo sucesivo” en la sanidad pública. El representante del Ministerio Público ha reconocido que se trata de daños de difícil cuantificación, por lo que ha fijado la cifra en torno a los 20.000 euros de indemnización atendiendo al “criterio del hombre medio”.

El fiscal ha remarcado que los datos incluidos en un expediente médico son “especialmente sensibles” y que el hecho de que la denunciante los difundiera en el año 2016 a la prensa no resta gravedad a los hechos denunciados. “A veces uno tiene interés en divulgar la verdad cuando ha sido falseada (…) No hace falta que la víctima se inhiba para entender que lo es”, ha señalado Díez a propósito de uno de los argumentos recurrentes de la defensa en este juicio.

Según Díez, Hernández alteró de forma “mendaz” un documento público “sin ninguna base médica”. “Los diagnósticos (de trastorno esquizoide de personalidad y personalidad narcisista) no tienen fundamento. Los añadió a raíz de la nada. No se trata de acertar, de que el diagnóstico sea correcto o incorrecto, se trata de que tengan una base, de que no sean absolutamente infundados, a su capricho”, ha relatado el fiscal, que ha considerado inverosímil el argumento esgrimido por el acusado en su declaración de este jueves, cuando afirmó que en octubre de 2014, ya con el proceso de divorcio iniciado y con una orden de alejamiento en vigor, introdujo esos trastornos “de sospecha” para “actualizar” el expediente médico.  

En su alegato también se ha referido a otro de los motivos esgrimidos por la defensa para tratar de exculpar al acusado, la autorización para acceder y modificar la historia clínica de la que, en términos administrativos, seguía siendo su paciente. Díez ha matizado que no se trata de juzgar el hecho físico, sino las “circunstancias concurrentes”. “Cuando a uno lo denuncian, mucha confianza o voluntad de mantener esa relación profesional…. Parece razonable mantener la duda”, ha aseverado el fiscal antes de añadir que cuando ya hay una orden de alejamiento de por medio es “aún más extraño”. “¿Cómo la voy a atender si no la puedo ni ver?”, ha cuestionado, “es evidente que se trata de un abuso de su cargo”.

Un “atentado grave contra la integridad moral”

Para Dolores Betancort, abogada de la denunciante, el médico de Schamann “ha atentado gravemente contra la integridad moral” de su representada, pero no solo en el proceso de divorcio. La letrada ha remarcado que las patologías “de sospecha” que insertó en la historia clínica “siguen estando hoy en día”, por lo que también ha solicitado en su informe final al SCS, “a resultas del juicio”, la retirada de estos trastornos del expediente de la paciente.

En su informe de conclusiones, ha recordado que la afectada acudió a una doctora de confianza, Lucilda, el 10 de febrero de 2014, tan solo cinco días después de abandonar el domicilio conyugal, lo que a su juicio es una clara muestra de que su voluntad no era la de seguir contando con Hernández como médico. Además, subrayó que el acusado siguió accediendo al historial incluso después de que su clienta hubiera cambiado de galeno.

La acusación particular ha calificado de “conflicto brutal” el proceso de divorcio que vivió la pareja durante los meses en los que se produjeron los hechos objeto de enjuiciamiento. Betancort ha incidido en que el procesado introdujo esos diagnósticos con una orden de alejamiento en vigor por un procedimiento que se tramitaba en un juzgado de violencia de género como consecuencia de una condena anterior por vejaciones. Aludió a la declaración del perito José Luis Hernández, jefe de servicio de Salud Mental del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, para subrayar que los diagnósticos de sospecha y presunción de los facultativos de Atención Primaria deben ser corroborados por un especialista y que en el proceso obra un informe del psiquiatra privado de la denunciante, no impugnado por las partes, donde relata que no tiene esos trastornos mentales. Según Betancort, Hernández no forzó la salida de su exmujer de su cupo de pacientes para “poder seguir fisgando” en su expediente médico.

La abogada de la denunciante también ha acusado al Servicio Canario de Salud de “aquietarse en una situación que debería haber resuelto”, ya que, antes de acudir a los juzgados, la afectada presentó sendos escritos de denuncia ante el organismo autónomo y ante el Colegio de Médicos.

Una alteración con finalidad “meramente asistencial”

El letrado de la defensa, Carlos Santana, se ha confesado “estupefacto” por las valoraciones realizadas por las acusaciones y ha dicho que en esta última fase de conclusiones ha quedado demostrado “por fin” el interés de la denunciante en pedir una indemnización tan elevada, de 200.000 euros, ya que esa cifra coincide con la que se dirime en otro procedimiento judicial en el que la afectada reclama esa cantidad en concepto de “reclamación de deuda” por los fondos que aportó a la compra de la vivienda que se quedó su exmarido en régimen de “bien privativo”.

En la línea de lo manifestado por su representado el día anterior, Santana ha defendido que el médico de familia introdujo en la historia clínica de su exmujer “una puntualización a un trastorno previo arrastrado desde 2006”, en relación con la depresión por la que permaneció “560 días de baja”. El fin de esta actuación era, según la defensa, “meramente asistencial” y no perseguía utilizar esos datos en el pleito de divorcio, pese a que aportó la “hoja de seguimiento clínico” que figuraba en una denuncia de su expareja a la profesional del gabinete psicosocial que debía informar de la idoneidad de ambos progenitores en el procedimiento para la guardia y custodia de la hija en común. “De su declaración se desprende que no lo tuvo en cuenta”, ha manifestado.

El abogado de Hernández ha acusado a la denunciante, a su hija mayor y al médico de familia Juan Cristóbal Perdomo de “mentir deliberadamente” en sus declaraciones en calidad de testigos. Santana ha pedido incluso que se deduzca testimonio contra este último, que afirmó que su compañero de trabajo y vecino le confesó que falseó la historia clínica para “joder” a su ex en el proceso de divorcio, al entender que ha podido incurrir en un delito de falso testimonio. El letrado ha señalado que entre procesado y testigo hay una “profunda enemistad”. No ha solicitado la misma medida contra la denunciante y su hija mayor “por humanidad”, ha dicho.

Para la defensa, el único interés de la denunciante ha sido “destrozar al padre de su hija”, que de ser condenado “iría a prisión una larga temporada, perdería para siempre su trabajo (tiene 58 años) y quedaría en la ruina económica”, ya que las multas (entre 10.800 y 36.000 euros) e indemnizaciones que se piden son “inasumibles” para el médico de familia. “Perdería su casa y no podría mantener a sus tres hijos. La denunciante parece que se ha olvidado que una es de ella”, ha añadido el letrado de Hernández, que considera que todo lo que ha defendido en el juicio “ha quedado acreditado”. “Un diagnóstico no puede ser falso”, ha redundado.

La vista ha concluido con la intervención del abogado del Servicio Canario de Salud, para quien no ha habido durante este procedimiento “una mínima prueba de cargo” que permita acreditar los daños morales ocasionados a la denunciante y por los que se piden indemnizaciones (que el organismo autónomo tendría que asumir de forma subsidiaria en caso de condena) que van desde los 20.000 euros que solicita la Fiscalía hasta los 200.000 que pide la acusación particular. “No hay ninguna prueba pericial de contrario que diga que los diagnósticos son falsos”.

El acusado ha renunciado a su turno de última palabra (“Está todo dicho”) y el juicio ha quedado visto para sentencia. 

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Publicado el
9 de octubre de 2020 - 16:50 h

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