“Solo le puse apellidos a lo que tenía nombre”, defiende el médico que diagnosticó trastornos mentales a su exmujer en pleno divorcio

El médico Sergio Hernández, durante su declaración como acusado. (ALEJANDRO RAMOS)

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

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“Actualizar” la historia clínica, “afinar” el diagnóstico, “poner nombre y apellidos a lo que ya tenía nombre…” Con todas estas expresiones ha intentado defender Sergio Hernández el hecho no controvertido de haber accedido y modificado el expediente médico de su exmujer para introducir en él dos trastornos mentales (esquizoide de personalidad y narcisismo) tres meses después de que se hubiera iniciado el procedimiento judicial de divorcio y con una segunda orden de alejamiento en vigor (la primera tras una condena por un delito leve de vejaciones).

El acusado, que se enfrenta a peticiones de hasta siete años de cárcel y seis de inhabilitación para ejercer su profesión por un delito contra la intimidad en concurso medial con falsedad documental, ha negado este jueves ante la sala que lo juzga haber alterado la historia clínica con la finalidad de perjudicar a la denunciante y quedarse con la guardia y custodia completa de la hija de ambos en un procedimiento, tramitado en un juzgado de violencia de género, al que presentó una “hoja de seguimiento” con los diagnósticos que había insertado previamente.

“Nunca he negado el acceso a la historia clínica, estaba autorizado y tenía mi firma digital”, ha afirmado Hernández, que no forzó la salida de su exmujer de su cupo de pacientes, a pesar de que estaban separados y habían protagonizado ya varios episodios conflictivos, porque, según ha mantenido, equiparó esta situación a la que había vivido con su anterior pareja, de la que sigue siendo su médico de cabecera. “Siempre he intentado separar mi vida profesional de la personal”, ha manifestado el médico de familia del centro de salud de Schamann al tiempo que aseguraba que la denunciante “nunca” acudió a su consulta porque la trataba en su vivienda. “Tenía abundante documentación clínica de ella en mi casa y cuando podía, rellenaba la historia. Si he cometido un pecado es no haber tenido la historia clínica actualizada”, ha aseverado.

Hernández sostiene que en octubre de 2014, fecha en la que introdujo esos trastornos psicológicos en el expediente de su ex, no podía saber cuándo se iba a celebrar la vista de su divorcio, aunque el procedimiento se había iniciado, como él mismo reconoció, en verano de ese año. “¿Por qué modificó el expediente en ese momento?”, le preguntó el fiscal. “No lo hice antes porque vivía con ella. Cuando pensé que se podía acabar la relación, que ya era irreversible y que no volvería a mi cupo, actualicé los datos no para ella, sino para el siguiente médico que la fuera a tratar”, respondió. Minutos antes de esta afirmación, el acusado había relatado que, si bien dejaron de convivir en febrero de 2014, la relación estaba “rota” desde hacía dos años y ambos compartían la vivienda (cada uno en una planta) por motivos económicos.  

Al ser cuestionado por el representante del Ministerio Público por los motivos en los que basó ese diagnóstico de trastornos mentales, el médico de familia de Schamann aludió al tiempo en que convivió (unos diez años) con la ahora denunciante. “Es algo que ya tenía, pero no lo escribí a tiempo. Actualicé la historia, porque no había volcado datos de analíticas, de radiografías… por dejación”. Posteriormente, a preguntas de su abogado, añadió que el cuadro de depresión que constaba en el historial de su exmujer (por el que permaneció de baja más de 500 días) era “muy genérico” y que para poder “ir afinando” el diagnóstico se limitó a “poner nombre y apellido a lo que ya tenía nombre”, es decir, le añadió “rasgos del trastorno de depresión crónico de personalidad” (esquizoide, narcisista). “No añadí una enfermedad nueva, era una matización”, ha subrayado Hernández, que considera que, de no haber actualizado el expediente, “también podría estar sentado en el banquillo por no escribir” e incumplir sus obligaciones como facultativo. En la línea de lo esbozado por su letrado en las sesiones iniciales, el procesado ha defendido que lo reflejado en la historia clínica de su expareja era un diagnóstico “de sospecha” para que el siguiente facultativo que la atendiera pudiera derivarla a un especialista.

También ha negado que hubiera aportado a una psicóloga el expediente médico de la denunciante con la finalidad de obtener la guardia y custodia completa de su hija. Según Hernández, esta profesional le pidió “denuncias, fotos, vídeos, audios…” y todos aquellos elementos que le sirvieran para “hacerse una componenda y realizar una valoración” sobre las facultades de los progenitores. El médico de familia sostiene que entregó una “hoja de seguimiento clínico”, una suerte de extracto del historial, en el que constaban esos diagnósticos. Ha asegurado que lo hizo porque esos datos “ya estaban en la calle”, ya que habían sido objeto de una denuncia de su exmujer ante el Colegio de Médicos y el Servicio Canario de Salud.

“Es que las mujeres a veces hacen cosas que…”

El acusado ha contado además que la condena por vejaciones a su ex fue por llamarla “estúpida” en una discusión que se habría generado, según su testimonio, por la desaparición de objetos personales de la casa en la que convivían y que también había tenido una orden de alejamiento de su primera mujer tras una denuncia “que se demostró falsa y por la que terminó pidiendo perdón”. “Es que las mujeres a veces hacen cosas que…”, llegó a decir el acusado en la sala.

Hernández se ha mostrado además indignado por las manifestaciones realizadas en la jornada del miércoles por el testigo Juan Cristóbal Perdomo, que sostuvo que su compañero de trabajo y vecino le había confesado en la época de los hechos que había manipulado la historia clínica de su exmujer con la intención de “joderla”. El acusado ha definido la relación con su colega de profesión en dos palabras: “Odio visceral”. “Nunca le conté nada. Lo que ocurrió aquí ayer es lamentable, está dolido por cosas que han pasado como vecinos y cosas del trabajo muy graves”.

En relación con Marta Fernández, hija mayor de la denunciante, ha asegurado que este miércoles la vio por primera vez “desde hace cinco años” y ha negado que la hubiera llamado para que testificara en contra de su madre a cambio de solventar los problemas económicos entre ambos, como sostuvo la testigo, que fue citada en primer lugar por la defensa y, tras su renuncia, por la acusación particular. “La llamamos a petición mía, porque no sabíamos cómo acreditar la cuenta de correo de su prima. Era la única que sabía eso”, ha manifestado con respecto a una cuenta desde la que se habría enviado un informe de un hospital de Alaska en el que una doctora se refería a unos supuestos antecedentes de cáncer en la denunciante.

Según la versión del médico, esa citación se produjo ante el temor de que no llegara a tiempo la pericial que había encargado al ingeniero informático Salvador Galván, que finalmente entregó a tiempo un informe que este jueves ha ratificado. En ese escrito, el experto hacía constar la existencia en el ordenador del acusado de un fichero que contenía una conversación de Messenger, fechada en enero de 2007, entre Hernández y una sobrina de la denunciante (entonces menor de edad), en la que esta habría enviado ese documento de una ginecóloga del Providence Alaska Medical Center. El acusado ha asegurado que, después de que su entonces mujer le comunicara sobre el año 2013 que había acudido en Las Palmas de Gran Canaria a una especialista que le había notado “algo raro” en el ovario, incluyó en su ficha clínica el diagnóstico de cáncer como “sospecha”, teniendo en cuenta esos antecedentes que supuestamente constaban en la carta del hospital estadounidense. El galeno retiraría ese diagnóstico también en octubre de 2014. “Si de verdad lo hubiese tenido y no se hubiera sometido a tratamiento, ya estaría muerta”, ha señalado para justificar su borrado del expediente.

Tratar la enfermedad o derivar al especialista

La defensa también propuso como perito para este juicio al jefe de servicio de la Unidad de Salud Mental del Hospital Doctor Juan Negrín de Gran Canaria, José Luis Hernández. Su informe versaba sobre los procedimientos en su área y las relaciones entre Atención Primaria y Especializada. El psiquiatra ha manifestado que los médicos de familia están facultados para tratar patologías sencillas de Salud Mental, como las depresiones leves o los cuadros de ansiedad, mientras que para las más complejas, “si hay dudas o una evolución difícil o prolongada”, lo adecuado es que “un especialista valide o confirme”. “La patología mental es compleja, tiene muchas ramificaciones y no tiene pruebas complementarias como análisis o radiografías de las que se pueden servir para su diagnóstico”, ha explicado el experto, que ha precisado que la historia clínica “es un documento técnico que no tiene por qué perjudicar al paciente” salvo que “se quiera falsear o mentir”.

En la sesión de este jueves han declarado además otros cuatro peritos, tres de ellos para confirmar la autenticidad de los cambios introducidos por el médico acusado en la historia clínica de su exmujer. La primera en intervenir fue la traductora de la carta antes mencionada del hospital de Alaska. Un documento que, según las respuestas ofrecidas a las preguntas formuladas por el fiscal José Antonio Díez, contenía numerosas incongruencias gramaticales, impropias de una persona que tiene como lengua nativa el inglés. “Parece más propio de un español que traduce al inglés”, advirtió el representante del Ministerio Público.

La vista oral concluirá este viernes con los informes finales de las partes y el derecho a la última palabra del acusado. 

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