La Fiscalía pide 15 años de cárcel para un policía acusado de colaborar con narcotraficantes en Gran Canaria

La Fiscalía pedirá la semana próxima a la Audiencia de Las Palmas 15 años de cárcel para un policía nacional al que acusa de colaborar con varias redes de narcotraficantes en Gran Canaria, unas dedicadas a mover grandes cantidades de hachís por la costa, otras a introducir cocaína por los aeropuertos y la tercera a fabricar sustancias dopantes.

El juicio comenzará el 2 de mayo en la sección primera de la Audiencia y se prolongará, en principio, durante cuatro semanas, ya que está previsto que se sienten en el banquillo 25 procesados.

La acusación describe como nexo de unión de todos ellos a F.C.V.R., un policía que estuvo destinado en el sur de Gran Canaria al que señala como cómplice de varias grupos que introducían grandes partidas de hachís en Canarias en lanchas neumáticas desde Marruecos.

En concreto, el fiscal sostiene que el procesado facilitó a los narcotraficantes información precisa de las rutas de navegación que tenían que seguir sus alijos para no ser detectados por los radares del sistema de vigilancia costero SIVE de la Guardia Civil.

En particular, lo relaciona con tres desembarcos de grandes partidas de hachís en Gran Canaria: uno en Castillo del Romeral el 11 de julio de 2018, otro el 25 de julio de 2018 en la playa de Veneguera y el tercero el 2 de enero de 2020 en Castillo del Romeral.

Los dos últimos fueron interceptados en tierra por las fuerzas de seguridad; en total, se aprehendieron casi 2,7 toneladas de hachís.

A este policía también se le acusa de colaborar con otro grupo de traficantes que introducía cocaína en España mediante correos humanos en vuelos comerciales. Su papel, supuestamente, consistía en informar de cómo burlar los controles en los aeropuertos elegidos.

Finalmente, se le atribuye haber ayudado a dar salida a la península a partidas de anfetaminas, esteroides y anabolizantes que fabricaban otro dos individuos en dos laboratorios clandestinos situados en los municipios de San Bartolomé y Santa Luía de Tirajana y que luego se vendían en gimnasios.

Contra este agente presuntamente corrupto, la Fiscalía formula dos cargos de tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal. En total, pide para él quince años de cárcel y multas que suman casi 19,8 millones de euros.