La jueza que investiga la trama de corrupción policial y de tráfico de drogas en las que está envuelto el empresario libanés Mohamed Jamid Herbad, afincado en el sur de Tenerife, ha dado carpetazo al culebrón generado en torno a la aparición en un atestado policial del nombre del vicepresidente segundo del Parlamento, Gustavo Matos, del PSOE. En un auto fechado el pasado día 14, la titular de Instrucción 3 de Arona, Carmen Rosa del Pino Abrante, deja claro que Gustavo Matos “no ostenta la condición de investigado ni la de sospechoso”.
Esta afirmación tajante de la instructora es respuesta a la petición del político socialista de personarse en la causa a la que hace unos meses se incorporó el informe de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía en el que se le citaba tras haberse reunido con el empresario Mohamed Jamil Herbad en la cafetería de unos grandes almacenes de la capital tinerfeña. Matos quiso personarse para conocer el alcance de la investigación y si esta le podía afectar, lo que la jueza ha dejado meridianamente claro.
“Otra cosa es que pudiera considerarse perjudicado por las informaciones que se sustentan sobre la base del contenido de la instrucción”, le dice la jueza a Matos con el respaldo de la Fiscalía, “pero lógicamente su incorporación a esta causa como parte personada no es el cauce procesal para hacer valer un hipotético derecho a la defensa frente a tales alegaciones o publicaciones”.
La reunión de Gustavo Matos con Mohamed Jamil Herbad, que fue grabada por una de las personas presentes y encontrada por la Policía en los dispositivos electrónicos intervenidos tras las primeras detenciones, fue muy aireada por la mayoría de los medios de comunicación españoles, ávidos por acusar al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez de todo tipo de connivencia con el hampa. Matos, al que esos medios vincularon estrechamente al presidente del Gobierno, acudió a ese encuentro a petición del empresario, cuando todavía se desconocía que estaba siendo investigado presuntamente por liderar una red de narcotráfico a través de clubes cannabicos a los que prestaba protección a cambio de dinero, según las indagaciones policiales.
Herbad transmitió a Matos que estaba siendo víctima de persecución y abusos policiales, por lo que el vicepresidente segundo del Parlamento se comprometió a trasladar esas quejas a la Subdelegación del Gobierno en Tenerife.
Lo que en realidad estaba ocurriendo pero entonces no se sabía es que Herbad presuntamente lideraba una organización que se dedicaba a proteger a clubes cannábicos que actuaban como tapadera para el tráfico de drogas. Esa protección contaba con información policial que permitía adelantarse a actuaciones judiciales y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En la causa están siendo investigados varios inspectores del Cuerpo Nacional de Policía.