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El juez Alba "fingió un infarto" para que su mujer pudiera grabar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Antonio Doreste relata en un informe remitido al Poder Judicial el "ardid" del magistrado, a través de su esposa, para intentar obtener "alguna indiscreción" de su jefe el mismo día en el que supo que iría a juicio por cinco delitos

El presidente del TSJC revela el interés de Alba en sustituir a Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria y asumir la causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez

El promotor de la Acción Disciplinaria archiva la denuncia presentada por Alba contra Doreste

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La fotografía a la que alude Doreste: Salvador Alba junto a su hermano, en el restaurante 'La Gabarra', de La Garita. (ALEJANDRO RAMOS)

La fotografía a la que alude Doreste: Salvador Alba junto a su hermano, en el restaurante 'La Gabarra', en Salinetas. (ALEJANDRO RAMOS)

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, ha acusado al magistrado Salvador Alba de “fingir un grave infarto con hospitalización” el mismo día en que se confirmó que iría a juicio por la presunta comisión de cinco delitos tras desestimarse su último recurso. Este problema de salud habría sido la excusa utilizada por el magistrado procesado para que su mujer, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo, pudiera contactar con Doreste por teléfono y grabar la conversación con el único objetivo de “obtener alguna indiscreción” de su interlocutor.

Así lo expone el presidente del TSJC en un informe remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en respuesta a  una queja formulada por Alba sobre las presuntas presiones que habría recibido de Doreste en 2016 para que retirara la denuncia que había presentado contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por la difusión de las grabaciones que dieron origen a la causa penal por la que se sentará en el banquillo de los acusados.

El promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, ha archivado la denuncia de Alba contra su jefe sin abrir expediente disciplinario, al considerar que la grabación aportada por el juez, una conversación entre ambos en el parking de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, responde a la esfera privada y es ajena a su desempeño profesional. La misma suerte que corrió la denuncia que presentó, por el mismo motivo, ante la Fiscalía General del Estado.

En el informe elevado al órgano de gobierno de los jueces, Doreste relata que cortó toda comunicación con Alba desde el momento en que supo de la afición de su compañero por grabar conversaciones, entre ellas la que mantuvo en el office de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde ejerce, con, entre otros, el presidente de este órgano, Emilio Moya, y “su hasta entonces íntimo amigo y padrino de su hijo”, Carlos Vielba. Por esta grabación, el Poder Judicial sancionó al magistrado con 500 euros de multa, aunque finalmente no tuvo que abonarla porque el agente judicial que reiteradamente visitó su casa en el municipio de Telde no logró notificársela y prescribió.

Ante esta ruptura de comunicaciones, la esposa de Alba habría acudido al presidente de la Audiencia Provincial y a un magistrado de Lanzarote para que intercedieran e informaran al presidente del TSJC del infarto y de la hospitalización, con el ruego de que este accediera a hablar con ella, como finalmente hizo. “Ante lo que parecía una grave situación de salud, accedí y efectivamente, la señora esposa del denunciante me llamó y con ella sostuve una larga conversación (que supongo grabada por ella) en la que percibí que el infarto no era tal (o era un simple desajuste cardíaco) por cuanto ella dirigía la conversación a los aspectos jurídicos y procesales de su esposo, sin interés alguno en el supuesto infarto”, dice en su informe Doreste, que asegura haber adoptado “toda cautela” en esa llamada y haberle reprochado a su interlocutora “lo reprobable de efectuar grabaciones de conversaciones privadas”.

El médico que firmó la primera baja por enfermedad de Alba es Sergio Hernández. No es su facultativo de cabecera, ni en la sanidad pública ni en la privada a través de la Mutualidad General Judicial (Mugeju). El doctor presta servicios en el Centro de Salud de Schamann, en la capital grancanaria, y el juez reside en Telde, a casi 20 kilómetros. Hernández está acusado de manipular el historial clínico de su mujer para incluirle, en pleno proceso de divorcio, trastornos psicológicos, hechos por los que la Fiscalía pide para él seis años de cárcel. 

Para el presidente del TSJC, la “artificiosidad” del infarto quedó en evidencia con la publicación en un medio de comunicación – Canarias Ahora- de una fotografía de Alba cenando esa misma noche con su hermano, médico de profesión, en un restaurante del municipio grancanario de Telde. 

Sustitución de Victoria Rosell

Doreste también relata cómo accedió Alba al Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, desde el que maniobró para perjudicar la carrera política y profesional de su antecesora, Victoria Rosell, que se había presentado a las elecciones generales de diciembre de 2015 como independiente en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas. “Insistió en ser llamado para esa sustitución, hasta el punto de que, no siendo urgente el llamamiento por cuanto se encontraba un juez de refuerzo en ese juzgado, me urgió a que lo designara presentando un escrito en el que incluso fundamentaba jurídicamente su llamamiento. Atendiendo a tales razones jurídicas, así lo hice”, manifiesta el presidente del TSJC, que considera que esta “relevante circunstancia” hace decaer por sí sola “la falsa afirmación del denunciante sobre mi interés en proteger al señor Ramírez (el allí investigado) y muestra, por el contrario, el interés del denunciante”.

Doreste niega las presiones

La queja elevada por Alba contra Doreste ante el Poder Judicial incorpora la grabación de una conversación mantenida entre ambos en el parking de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria el 31 de octubre de 2016. En este audio, reproducido por el diario El País, se escucha cómo el presidente del TSJC le transmite que una persona “que no es Miguel Ángel Ramírez, pero es una persona seria de alto nivel”, le había mandado el siguiente “recado”: “Si sigues contra él (en su denuncia), prepárate, tiene montón de información sobre ti, algo de un viaje a Italia…"

En esa conversación, Doreste le expresa su temor a que el empresario "contraataque por algún frente" y "saque cosas" en su contra. "Yo, como amigo tuyo que soy, me he considerado en el deber de advertirte. A lo mejor te interesa, pues yo que sé, poder decir que no, que tal, que cual, que fue en un momento... Que retires la denuncia. A lo mejor te interesa", dice el presidente del TSJC.

Doreste admite en su informe el contenido de esa grabación, pero niega que se traten de presiones o amenazas, ni siquiera indirectas, puesto que, asegura, no conoce al empresario Miguel Ángel Ramírez, “salvo saludarlo en dos ocasiones, en público”. El presidente del TSJC define sus comentarios como “consejos, transmisión de informaciones recibidas y preocupación” por quien era entonces “un compañero con quien había trabado amistad” tras haber formado parte del mismo tribunal. Así se desprende del “tono de compañerismo y confianza” de la conversación.

Doreste recuerda que Alba no retiró la denuncia contra Ramírez hasta “mucho después” de esa conversación en el parking. Sostiene que su único interés era “evitarle problemas adicionales de presentar una denuncia sin base alguna y ser objeto de seguimientos que podían ocasionarle un perjuicio”. En este punto, alude a informaciones periodísticas posteriores, como su viaje a las Maldivas mientras se encontraba de baja médica y a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial le notificara de forma oficial el acuerdo de su suspensión cautelar como juez.

También rechaza la acusación de Alba sobre la presunta manipulación en la composición de la Sala de lo Penal que debe juzgarlo y precisa que el sistema de nombramientos está estipulado y reglado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Alba, que fue  oficialmente apartado de la carrera judicial el pasado 12 de septiembre después de que la Policía lo abordara en el aeropuerto de Madrid para notificarle el acuerdo de suspensión, se enfrenta a penas de hasta trece años y medio de cárcel y 42 de inhabilitación por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, cohecho, revelación de secretos y negociación prohibida a funcionarios públicos.

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