El empresario Santiago Santana Cazorla y su familia se resisten a lo que parece inexorable: la pérdida de su imperio a manos de sus acreedores. A cada paso que dan los jueces o los administradores concursales, los abogados de las empresas del Grupo Santana Cazorla o de Hermanos Santana Cazorla interponen recursos de prejudicialidad civil, de reposición o de nulidad, o todos juntos, además de escritos de alegaciones sobre sus propios recursos para dilatar más un proceso imparable y que supone la salida definitiva de este empresario del negocio turístico.
Este viernes se vivió uno de los últimos episodios de este ocaso empresarial, la subasta de los tres hoteles que una de sus empresas, Mar Abierto, tenía en Taurito (Mogán), además del hotel rural Las Tirajanas, en Tunte (San Bartolomé de Tirajana) cuyo ayuntamiento ya le había incoado un expediente de caducidad de la concesión por incumplimiento de sus condiciones. La subasta de este viernes ya ha sido impugnada por Santana Cazorla.
Aprovechándose del atasco que sufren los juzgados de lo Mercantil, los abogados del empresario no paran de atiborrar a los jueces de recursos y escritos. El penúltimo ha sido ante el Juzgado de lo Mercantil 2, donde ha interpuesto un escrito de alegaciones complementario al recurso que interpuso en febrero pasado contra el auto del juez Carlos Vielba, quien siguiendo las recomendaciones del administrador concursal de las compañías Anfi Sales y Anfi Resorts, del Grupo Santana Cazorla, autorizó la venta del 50% de sus participaciones por un mínimo de 8 millones de euros.
La compra terminó haciéndose finalmente por esa cantidad ya que nadie que no sea el propietario del otro 50% (Grupo Ifa, de Lopesan) se atreve a hacerse cargo de unas mercantiles que tienen deudas a proveedores por importe de más de 80 millones de euros, según el convenio de acreedores ya aprobado.
También el contrato de venta se encuentra recurrido por Santana Cazorla, que a su vez tiene recurrido el convenio de acreedores, en el que se fija el pago del 55% de la deuda..
La causa, que inicialmente estaba residenciada en el Juzgado de lo Mercantil 2, de Las Palmas de Gran Canaria, pasó al 1 como consecuencia de la llamativa abstención de su juez titular, José Ramón Malagón, al detectarse que compartía amistad íntima con abogados del grupo Santana Cazorla. Todo este complejo entramado de concursos de acreedores, deudas y constantes escritos de Santana Cazorla ha pasado a manos de otro juez, Alberto López, que fue sustituido temporalmente al frente de ese juzgado número 1 por Carlos Vielba, de la Audiencia Provincial, por enfermedad.
En su penúltimo escrito ante ese juzgado, los hijos del histórico Santiago Santana Cazorla, ahora residenciado en Marruecos, aseguran que los 8 millones pagados por el Grupo Ifa por el 50% de las acciones de las empresas del gigante del time sharing Anfi del Mar están muy lejos de los 83 millones en los que, aseguran, están tasadas esas acciones dentro de la masa activa del concurso de la empresa matriz del grupo. Una valoración que fue hecha antes de que se aprobara el convenio de acreedores, que fija que el 50% de la mercantil pasaba al entorno del 7% por la necesidad de tener que desembolsar dinero para pagar a los acreedores por la vía de una ampliación de capital.
Las artimañas procesales de Santana Cazorla ya han sido afeadas incluso por la Audiencia Provincial de Las Palmas, lo que no ha provocado sin embargo que desista en sus acciones, sabedor de que la lentitud de la justicia puede acabar beneficiándole.