Las ONG lamentan el endurecimiento de las políticas migratorias y el auge de los discursos de odio en 2025

Organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de los migrantes y refugiados señalan 2025 como un año marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias en España y en la Unión Europea y alertan de un aumento de los discursos de odio contra los extranjeros.

En este sentido, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) asegura que 2025 “quedará grabado como el año en el que la Unión Europea siguió impulsando políticas antimigratorias que ponen en riesgo a los derechos humanos”.

Para la ONG, estas políticas “amenazan la convivencia y la cohesión social” y “dan alas a los discursos y delitos de odio”. Así, recuerda la “cacería” a migrantes que tuvo lugar en Torre-Pacheco (Murcia) en verano “tras la propagación de desinformaciones por grupos de extrema derecha”.

En esta línea, CEAR considera que 2026 será “decisivo” para conocer qué rumbo toma la UE y España en materia migratoria. “Aún están a tiempo de impulsar otras políticas migratorias y otras narrativas que pongan en el centro a las personas y acabe el señalamiento constante que sufren las personas migrantes y refugiadas, entre ellas, muchos niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares, a quienes se criminaliza y estigmatiza impunemente”, apunta.

De hecho, indica que la nueva Ley de Asilo, necesaria para adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, “es una oportunidad para que el Gobierno español impulse y lidere esa otra Europa que no reniega de sus valores fundacionales y mira al futuro con esperanza”.

Por parte de Accem, recalca que la situación migratoria “continúa siendo compleja y constituye un grave drama humanitario”, a pesar del descenso en el número de llegadas irregulares y de muertes respecto a 2024 y 2023.

Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, un total de 35.935 personas han llegado a España por vía marítima y terrestre, según los datos del Ministerio del Interior. Accem expone que esta cifra “evidencia la extrema peligrosidad de unas rutas en las que miles de personas continúan arriesgando su vida en busca de protección y seguridad”.

También destaca el “esfuerzo sostenido de atención y acogida” en todo el territorio a lo largo de este año, en el que la organización ha desarrollado su labor, con personas migrantes principalmente, a través de los programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria, gestionando una red de acogida que ha contado con en torno a 14.000 plazas. De ellas, más de 5.000 han correspondido al sistema de Protección Internacional, orientado a acompañar a los solicitantes y beneficiarios de asilo en sus procesos de acogida e inclusión. Mientras, alrededor de 9.000 plazas se han destinado al programa de Atención Humanitaria, centrado en la primera acogida y en la respuesta ante situaciones de emergencia.

Por otro lado, hace referencia al aumento de discursos xenófobos y de odio. Así, recuerda que estos han derivado en “graves incidentes” a lo largo del año y que “ponen en riesgo la convivencia, la cohesión social y los derechos fundamentales”. Frente a estas narrativas, insiste en la necesidad de promover una mirada basada en los derechos humanos, la solidaridad y la responsabilidad compartida.

Asimismo, alerta de la “situación de estigmatización y desprotección” que los discursos de odio generan en los menores migrantes no acompañados, que “se han convertido en uno de los principales objetivos” de estos mensajes, con consecuencias directas en su protección y bienestar.

Igualmente, advierte de la “deriva preocupante” de las políticas migratorias y de asilo en países del entorno de España, en Estados Unidos y en el seno de la Unión Europea, con “planteamientos cada vez más restrictivos hacia las personas refugiadas y migrantes”.

Desde Accem, trasladan su “preocupación” por cómo se implementará el Pacto Europeo de Migración y Asilo y que en su desarrollo se contemplen medidas como la apertura de centros para solicitantes de asilo en terceros países o la designación de determinados Estados como “países seguros”.

Por último, subraya la “grave crisis humanitaria” que indica que sigue padeciendo la población civil de Gaza. Así, aboga “por la necesidad de avanzar en la cohesión social y en la cultura de paz, sin buscar el enfrentamiento y con un compromiso firme con las personas y colectivos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”.

Mientras, Red Acoge, en cuanto a las medidas que el Gobierno español ha adoptado en materia migratoria a lo largo del año 2025, considera que se trata de un balance “decepcionante” en términos generales. A su juicio, han tenido un alcance “muy limitado” con “avances puntuales”, pero “sin abordar los fallos estructurales y no exento de contradicciones”.

De la misma manera, critica que no existan medidas “claras” y “contundentes” que pongan fin a la “alarmante situación” de los discursos de odio contra la población migrante y alerta que ello tiene “graves consecuencias” sobre los extranjeros y la sociedad en su conjunto.

También se ha referido al nuevo Reglamento de Extranjería, cuyos cambios ve “limitados” y que, en algunos casos, suponen un “grave retroceso”. Además, denuncia que “no se ha logrado una reforma profunda que dé respuesta ni a las dificultades de las personas extranjeras para llegar a territorio español con las autorizaciones necesarias, ni a la exclusión de cientos de miles de personas que viven en España sin autorizaciones de residencia y trabajo”.

Respecto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a medio millón de personas extranjeras, Red Acoge recuerda que es la “gran asignatura pendiente” y que el Ejecutivo no ha sido capaz de sacarla adelante al priorizar la reforma del Reglamento de Extranjería.

Protección a la infancia

Además, pone de manifiesto la “ineficacia y falta de voluntad política” para proteger a la infancia migrante y solicitante de protección internacional no acompañada. “La negativa de algunos gobiernos autonómicos a acoger y la tolerancia de discursos de odio ponen en riesgo directo a estos niños y niñas y obstaculizan su protección. Ningún niño o niña puede quedar desprotegido por decisiones y/o disputas políticas y tanto los gobiernos autonómicos como el gobierno central deben facilitar la protección real y efectiva”, recalca.

Por otro lado, la ONG afirma que las reformas en la política de gestión de fronteras “suponen la consolidación de un modelo de seguridad y externalización del control migratorio en terceros países sin garantías efectivas de respeto a los derechos humanos”.

Entreculturas expresa su preocupación por el endurecimiento de las políticas migratorias aprobado en el Consejo de Asuntos de Justicia e Interior del pasado 9 de diciembre, que facilita las deportaciones, amplía el concepto de “tercer país seguro” y avanza en la externalización del control migratorio. La ONG alerta de que estas medidas “ponen en riesgo el derecho de asilo y pueden derivar en vulneraciones de otros derechos humanos, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes y de mujeres víctimas de trata y de violencia de género”.

Además, advierte del aumento de los discursos de odio y xenofobia, especialmente entre la población joven, amplificados por posiciones de “extrema derecha” y las dinámicas de las redes sociales, un fenómeno que, a su juicio, “erosiona la cohesión social” y pone “en riesgo” el cumplimiento de los objetivos globales hasta 2030.

Finalmente, destaca que “la falta de vías legales y seguras no garantiza la seguridad de quienes emprenden estos trayectos”, sino que “favorece el enriquecimiento de redes criminales y genera graves impactos físicos y psicológicos en quienes logran completarlos”.