La Justicia condena a la Consejería de Educación por censurar al sindicato STEC en el tablón virtual

Bárbara Ferrer

3 de agosto de 2026 12:02 h

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Una sentencia del 30 de julio de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander ha condenado a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria por censurar publicaciones del sindicato STEC en el tablón sindical virtual habilitado para la comunicación con los docentes.

La resolución judicial establece que la retirada de estos contenidos por parte del departamento que dirige Sergio Silva supone “una vulneración del derecho a la libertad sindical en su vertiente de libertad de expresión”.

El conflicto se originó el pasado mes de febrero, en el marco de las negociaciones por la adecuación retributiva del profesorado. La Consejería pretendía condicionar estas mejoras a la aprobación de los presupuestos autonómicos hasta 2029, una medida que los sindicatos tildaron de “Cláusula Silva”. Ante esta situación, el colectivo docente denunció sentirse utilizado como herramienta de presión política bajo el lema “Somos docentes, no rehenes”.

Para visibilizar esta protesta, el STEC (Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza en Cantabria) diseñó un cartel parodiando los anuncios de “SE BUSCA” del viejo oeste. En la imagen aparecían los rostros de la presidenta de Cantabria María José Sáenz de Buruaga y del consejero Sergio Silva, señalados como “peligrosos para la Educación Pública” por el “intento de secuestro de 9000 docentes”.

Libertad de expresión frente al “honor” del empleador

El sindicato intentó difundir esta campaña a través del tablón sindical virtual de EduCantabria, el medio oficial habilitado por la Administración tras haber limitado previamente las listas de correo. Sin embargo, la Consejería eliminó el cartel de forma reiterada y sin mediar explicación. Ante las quejas del STEC, Educación llegó a manifestar en mesa sectorial que seguiría suprimiendo publicaciones según su propio criterio, lo que llevó al sindicato a interponer una demanda.

En su defensa, el departamento de Sergio Silva argumentó que el cartel colisionaba con el “honor del empleador”. No obstante, la jueza ha desestimado esta postura, dictaminando que la retirada de la publicación carecía de fundamento legal. Como consecuencia, la Consejería no solo está obligada a reponer la imagen eliminada, sino que también deberá hacerse cargo de las costas del proceso judicial.

Desde el STEC recuerdan que este no es el primer varapalo judicial que recibe el Ejecutivo en su conflicto con el profesorado. Anteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ya había tumbado por abusivos los servicios mínimos que la Administración intentó imponer durante la huelga del inicio del curso pasado.

A pesar de estas sentencias, el sindicato critica que el Gobierno autonómico persista en la confrontación en lugar de retomar la vía del diálogo. Desde STEC han lamentado que el pasado 29 de julio, tras meses de espera para una mesa de negociación con la Junta de Personal Docente, la Administración ha optado por no acudir y enviar a su portavoz parlamentario a atacar las reivindicaciones sindicales. “Haría bien el Gobierno en dedicar su tiempo a negociar y no a censurar a los docentes”, han concluido desde la organización sindical.