Donostia impide que Uber haga trayectos urbanos tras su desembarco con licencias de Bizkaia
El Ayuntamiento de Donostia ha exigido a la plataforma Uber el cumplimiento de la normativa y ha limitado su actividad a servicios interurbanos “en base a criterios de seguridad jurídica”. Espera que la Diputación de Bizkaia, que concedió las autorizaciones de vehículo de transporte con conductor (VTC) que está operando en la capital guipuzcoana, “actúe de oficio en el ejercicio de sus competencias sancionadoras ante los incumplimientos detectados”.
En un comunicado, el Consistorio donostiarra ha informado de que tanto el análisis de la documentación entregada, como las reuniones mantenidas con representantes del sector del taxi de la ciudad y la legislación vigente, determinan que los vehículos de transporte con conductor (VTC) “no están autorizados para la prestación de servicios urbanos, pudiendo operar exclusivamente en el ámbito interurbano conforme a la normativa vigente”. Además, ha advertido de que actuará ante cualquier incumplimiento detectado. El alcalde donostiarra, Jon Insausti, ha afirmado que “Donostia es una ciudad de orden y se hace cumplir la ley a todos”, según recoge Europa Press.
Según ha explicado, esta posición “se sustenta en un análisis jurídico exhaustivo realizado de forma coordinada por los servicios jurídicos del área de Movilidad y la Secretaría General, que ha permitido al Ayuntamiento actuar con plena certeza jurídica, un requisito para garantizar la seguridad de cualquier actuación administrativa”.
El primer edil ha señalado que el marco normativo vigente establece “una clara diferenciación entre el transporte urbano y el interurbano, así como entre las administraciones competentes en cada caso”. De este modo, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) regula las autorizaciones VTC de ámbito estatal y su régimen sancionador, siendo las diputaciones forales competentes en la práctica tanto para otorgarlas como para sancionar las infracciones vinculadas a dichas autorizaciones. “En el caso de las VTC con autorización estatal, la competencia sancionadora corresponde a la administración que ha otorgado la autorización, con independencia del territorio en el que se haya producido la prestación del servicio”, ha explicado.
Además, ha sostenido que la normativa autonómica vasca “regula el transporte que discurre íntegramente en la Comunidad Autónoma y atribuye a los ayuntamientos competencias en materia de transporte urbano, especialmente en lo relativo a servicios sin título habilitante”. En el caso de Donostia, las autorizaciones VTC que están operando han sido otorgadas por la Diputación de Bizkaia. A la vista de este marco, el Ayuntamiento concluye que los servicios urbanos prestados por vehículos VTC con autorización estatal “carecen de cobertura legal, y que, en caso de infracción, la competencia sancionadora corresponde a la Diputación foral que otorgó la autorización”.
Durante el primer mes de funcionamiento de Uber en la ciudad, el Ayuntamiento ha desarrollado diversas actuaciones orientadas a “garantizar el cumplimiento de la normativa”, como la “labores de inspección y de análisis de la base de datos ministerial en la que los vehículos VTC deben registrar los servicios realizados” o el “requerimiento de cese de actividad en ámbito urbano dirigida a la empresa titular de las licencias VTC”. También se han trasladado las infracciones a la administración competente, instando a la Diputación de Bizkaia a “incoar los correspondientes expedientes sancionadores por la prestación de servicios urbanos” y se han activado los agentes de movilidad para “la interposición de sanciones por infracciones de tráfico”, entre otras medidas.
“De oficio”
El Ayuntamiento espera que la Diputación de Bizkaia “actúe de oficio en el ejercicio de sus competencias sancionadoras ante los incumplimientos detectados”. Por otro lado, desde el inicio de la actividad de la plataforma, el Ayuntamiento ha solicitado la convocatoria de la Comisión del Taxi, órgano en el que están representados el Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa, el propio Consistorio donostiarra, representantes de otros municipios, el sector del taxi y las personas usuarias.
Insausti ha recordado que “la responsabilidad de convocar dicha mesa corresponde a la Diputación foral de Gipuzkoa” y ha considerado “imprescindible” su puesta en marcha para “compartir diagnóstico y definir criterios de actuación comunes ante la nueva situación”. El alcalde ha reafirmado su “compromiso con un modelo de movilidad ordenado, en el que la innovación debe desarrollarse siempre dentro del marco legal”. Asimismo, ha subrayado que “la defensa de la legalidad y la competencia justa entre operadores constituye una prioridad, y que cualquier actividad que se desarrolle al margen de la normativa será objeto de actuación por parte de las administraciones competentes”.
Finalmente, ha puesto en valor “la disposición del sector del taxi para seguir mejorando el servicio a los donostiarras, incorporando las quejas y propuestas de mejora trasladadas por la ciudadanía”. “Donostia necesita servicios de movilidad de calidad, y eso exige adaptación, responsabilidad y colaboración”, ha concluido.