Rechazos al alquilar piso y vigilancia en supermercados: la discriminación diaria que denuncia el pueblo gitano

La discriminación que sufre la comunidad gitana continúa “cotidianizada” e interiorizada hasta el punto de generar una preocupante y constante “infradenuncia”. Así lo ha advertido este martes la directora de la Fundación Secretariado Gitano en Extremadura, Mercedes Moreno, durante la presentación en la Asamblea de Extremadura del informe Discriminación y Comunidad Gitana 2025.

El acto ha contado con la asistencia del delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, en la que ha sido su última comparecencia institucional antes de su cesado para concurrir a las próximas elecciones legislativas. Durante la presentación, se han detallado las 399 situaciones de discriminación registradas a lo largo de 2024 en la comunidad. Sin embargo, Moreno ha matizado que esta cifra representa tan solo “la punta del iceberg”, ya que gran parte de la población afectada termina normalizando estas situaciones o carece de la confianza necesaria en los mecanismos institucionales para elevar una queja formal.

Entre los ámbitos más críticos, la responsable regional ha puesto el foco en el mercado inmobiliario, donde “la discriminación hacia las familias gitanas es impresionante”. Según ha detallado, es habitual que los arrendadores busquen excusas variadas o rechacen de forma implícita o explícita el alquiler al detectar un apellido vinculado a la etnia. Del mismo modo, ha señalado situaciones cotidianeizadas de sospecha infundada, como la persecución o vigilancia abusiva que sufren muchas mujeres gitanas por parte de personal de seguridad en los supermercados mientras realizan sus compras.

Redes sociales y discursos de odio

Por su parte, la técnica Vanesa Rosa ha desglosado la tipología de los 399 casos recogidos en el informe: el entorno digital y las redes sociales encabezan el listado con 118 episodios, seguidos por las barreras en el acceso a bienes y servicios (82), los medios de comunicación (48), el acceso a la vivienda (45), la educación (25), los servicios policiales (19) y otras áreas (12).

Desde la entidad han hecho hincapié en el peligro que entraña el anonimato en las plataformas digitales para el avance de los discursos de odio. Aunque han valorado los avances normativos y la labor de sensibilización desarrollada por las administraciones, han abogado por dotar a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (AINODI) de un estatuto orgánico y de recursos económicos y humanos suficientes para actuar con garantías.

Finalmente, la organización ha recordado la urgencia de seguir interviniendo en la educación y la concienciación como pilares para desmontar prejuicios históricos, lamentando que, a pesar de los logros alcanzados, aún seis de cada diez niños gitanos no consiguen finalizar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).