Las asociaciones ecologistas consideran que la Xunta no ejerció las competencias que tiene sobre la protección de la fauna de todos los ríos en Galicia y que, de haber intervenido, podría haber amortiguado los vaciados de varios embalses. La administración gallega tuvo conocimiento de las intenciones de Iberdrola respecto a las presas de Cenza y As Portas a través de dos correos electrónicos enviados en junio y en julio, pero no reaccionó. Greenpeace cree que hay una “dejación de funciones” que se debe a la “connivencia” del poder político con el lobby eléctrico y pide explicaciones tanto al Gobierno gallego como al central. La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) interpreta que las responsabilidades pueden ser penales y estudia denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
El coordinador de Greenpeace en Galicia, Manu Santos, señala que “no es creíble” que la Xunta no estuviese al tanto de lo que pasaba en los embalses. Cree que no es únicamente por la normativa gallega que obliga a avisar con un mes de antelación de vaciados superiores al 80% de la capacidad. El Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo tiene “todas las herramientas para saberlo” por las competencias en medio ambiente, en ordenación territorial y en extinción de incendios. “Pero todos sabemos las relaciones que tienen los gobiernos con las eléctricas”, señala y apunta tanto a PP como al PSOE por las normas que rigen el mercado eléctrico y que no han modificado estando en el Gobierno central. “Hay connivencia, hay permisividad y hay impunidad de este oligopolio -de las eléctricas- para hacer lo que quieren con los recursos del país”, critica.
La Xunta, a su juicio, “es evidente que no está cumpliendo sus funciones”. El límite del 20% se sobrepasó, hay embalses al 13% y eso es “inasumible desde el punto de vista natural”, afirma. Califica de “vergüenza” que el Gobierno gallego “empiece a echar balones fuera”. En cualquier caso, sostiene que la raíz del problema es el poder de las empresas eléctricas: “El sistema está concebido para que obtengan el máximo beneficio posible y eso es lo que hacen”. Denuncia “las malas prácticas de estas empresas y la mala legislación” y también que tanto PP como PSOE estuvieron en el Gobierno del Estado “y se sabe de sobra cómo presidentes y demás acaban en consejos de administración de las eléctricas enchufados”.
Fins Eirexas, secretario técnico de Adega, coincide en esta opinión: “Nadie muerde la mano de la empresa que puede servir de retiro dorado”. Acusa al poder político de evitar tomar decisiones que afecten a los beneficios de las eléctricas. “Eso tiene un nombre y es, por lo menos, corrupción”, afirma. Critica la postura de la Xunta, que considera que tiene “clarísimas y evidentes competencias”, pero “se desentendió”. La “prueba” de que el Gobierno gallego sí ejerce sus competencias sobre todas las masas de agua dentro de la comunidad, con independencia de que la gestión hidráulica caiga bajo la responsabilidad de la administración gallega o de la estatal, es que establece condiciones de pesca, vedas y tallas mínimas. “Eso de que no les llegó la notificación es una excusa de mal pagador. Se pusieron de perfil”, recrimina. Carga en concreto contra papel del presidente, Alberto Núñez Feijóo: “Es un escapista nato. El suyo no es un desgobierno, es un agobierno, como con las cuestiones alegales, que no sabes si son legales o no, simplemente no se abordan”.
La información de que la Xunta recibió dos correos de Iberdrola avisando de sus intenciones de vaciar los embalses de Cenza y As Portas es, en su opinión, “más que suficiente” para denunciar el caso ante la Fiscalía de Medio Ambiente. La propuesta está ya sobre la mesa de los responsables de Adega, que decidirán en los próximos días si emprenden acciones legales. La conducta del Gobierno gallego “podría ser constitutiva de varios delitos”, según Eirexas. “Lo tipificará la Fiscalía, pero creemos que hay prevaricación porque, a sabiendas de que era su competencia, no hizo nada”.
Por su parte, Ángel Dorrío, técnico de medio ambiente de Amigos da Terra, cree que hubo una “falta de control” por parte de la Consellería de Medio Ambiente y que el Gobierno gallego podría haber intervenido para frenar los desembalses. Explica los efectos sobre el entorno de una bajada rápida de las aguas: se remueve el fondo de los embalses, hay una suspensión de lodos y se puede producir anoxia -falta de oxígeno- en los peces y desprotección de la flora de ribera. También afecta a los ciclos de las especies que se están reproduciendo en esta época. Río abajo, el impacto es similar al de una riada, con arrastres que afectan a peces y otro tipo de fauna, expone.