Putin se apoya en un parlamento más radical, militarizado y monolítico para liquidar la oposición interna
Tras la victoria del partido de Vladímir Putin en las elecciones legislativas, empezaron a hacerse realidad los augurios de quienes vaticinaban una escalada del conflicto en Ucrania, una radicalización de las políticas del Kremlin y un endurecimiento de la represión.
La nueva Duma, que se constituyó a finales de septiembre, cuenta con una cifra récord de veteranos de guerra y, en la bancada de Rusia Unida, la más amplia de la historia (349 escaños de 450), se sientan diputados conocidos por impulsar leyes iliberales. Además, el gobierno ha anunciado medidas económicas impopulares que había descartado por completo durante la campaña.
Los analistas independientes creen que la formación del presidente ruso debería haber obtenido cerca de un 40% menos de los votos de los que certificó la Comisión Electoral y denuncian más irregularidades en el escrutinio que nunca.
Las autoridades intentan cortar de raíz las acusaciones de manipulación electoral y por ello han encarcelado y torturado a uno de los politólogos más reputados del país, Aleksandr Kínev, que estaba preparando un informe sobre el fraude en las urnas.
Radicalización
Tal y como habían predicho los expertos, Putin ha utilizado el supuesto gran resultado de su partido y la elevada cifra de participación como una legitimación de su invasión. “El pueblo ha apoyado a los héroes que luchan por Rusia, la victoria será sin duda nuestra y las elecciones lo han demostrado una vez más”, dijo.
Después de los comicios, el Ejército ruso retomó los ataques sistemáticos contra Kiev. En el nuevo parlamento ruso la guerra estará ahora todavía más presente con los 46 excombatientes de Ucrania que han conseguido un escaño, casi todos nominados por Rusia Unida. Una cifra que, sin embargo, oculta que otros 153 veteranos no fueron elegidos, pese al intento de los partidos políticos de utilizar estas figuras como reclamo electoral y a la voluntad de las autoridades de crear una nueva élite vinculada al conflicto.
Al frente de la cámara repite por tercera legislatura Viacheslav Volodin, un ferviente seguidor del presidente ruso, autor de la frase “mientras haya Putin, habrá Rusia; si no hay Putin, no habrá Rusia”. Hace unos meses amenazó con disparar armas nucleares después de que la red de satélites Starlink, de Elon Musk, fuera utilizada por el Ejército ucraniano para lanzar ataques contra territorio ruso.
Donde sí hay cambios es en la primera vicepresidencia, que también se radicaliza. Rusia Unida ha colocado en el cargo a Irina Yaróvaya, responsable de algunas de las leyes más represivas de los últimos años y que han otorgado más poder a los servicios secretos. Esta antigua liberal –en los años 2000 fue dirigente de Yábloko, el actual partido pacifista perseguido– está detrás del endurecimiento de la legislación antiterrorista y antiinmigración, y apoya, por ejemplo, la prohibición de las adopciones de niños rusos por parte de ciudadanos de países donde el cambio de sexo es legal.
Las posiciones socialmente conservadoras también se refuerzan con la entrada en la Duma de Natalia Moskvitina, una de las activistas antiaborto más famosas de Rusia. Ya ha advertido de que lo primero que hará será presentar una propuesta de ley para prohibir la incitación a la interrupción voluntaria del embarazo. “Cualquier mujer se realiza a través de la maternidad, es la necesidad natural de la mujer”, aseguraba hace unos años.
Y en la cruzada del Gobierno ruso para remontar la baja natalidad, ya se ha anunciado una medida bastante impopular: penalizar a las familias con un solo hijo a la hora de solicitar hipotecas. Los tipos de interés se irán reduciendo progresivamente, en función de la cantidad de hijos, para premiar a las familias numerosas.
Además, las autoridades rusas dedicarán 60.000 millones de rublos (unos 700 millones de dólares) al bloqueo de internet en los próximos tres años, según informaba esta semana el periódico Forbes, que se basa en un anexo al proyecto de presupuesto que el gobierno presentó ante la Duma, a la que el presidente ruso instó a aprobarlo cuanto antes.
El Kremlin también esperó a que pasaran las elecciones para anunciar una subida de los impuestos, una medida que se había frenado en primavera, coincidiendo con el aumento de los ingresos del petróleo por el conflicto en Oriente Medio y con el descenso de Rusia Unida en las encuestas. Ahora, sin embargo, los desvíos presupuestarios provocados por la guerra han obligado al Ministerio de Finanzas a imponer varios tributos con el fin de “satisfacer las necesidades de Defensa”, pese a que el Gobierno había negado que tuviera intención alguna de hacerlo apenas dos semanas antes.
La carga económica sobre los ciudadanos fue uno de los temas que criticó el líder del principal partido de la oposición sistémica, el comunista Guennadi Ziugánov, en la reunión de los jefes de los grupos con Putin. “He vivido 40 años en Moscú, Yuri Andrópov me dio un piso, pero ahora me llega una factura de 30.000 rublos (unos 300 euros)”, se quejó.
Ziugánov también lamentó, con la boca pequeña, los resultados incomprensiblemente bajos de su partido en las regiones del Cáucaso Norte. “No lo entiendo, tenemos que investigarlo”, apuntó, avivando de nuevo el fantasma del fraude electoral. Justo después de cerrar las urnas, el candidato del Partido Comunista ya había dejado caer que durante la campaña se habían visto prácticas “que le recordaban a los convulsos años 90”, marcados por el gansterismo. Hace una semana, decenas personas fueron detenidas en Moscú en un acto convocado por el Partido Comunista, después de que los manifestantes comenzaran a protestar contra los resultados de las elecciones parlamentarias y exigir “elecciones justas” y “libertad para los presos políticos”.
Incluso hay voces dentro de Rusia Unida a las que no les salen las cuentas. Un audio filtrado por el canal de Telegram Iozh revela cómo, en una reunión de la rama juvenil del partido, su responsable, Antón Demidov, no se cree las manipulaciones de la Comisión Electoral. “Es extraño: teníamos unas encuestas que nos daban el 30%. ¿Cuándo se llega al 60%? Cuando un partido es capaz de movilizar poderosamente a su electorado en los últimos meses... pero eso no ha ocurrido”, observa.
Pero muchos cierran filas. El líder del ultranacionalista Partido Liberal Democrático, Leonid Slutski, en cambio, salió en defensa de Putin declarando: “En el momento de la santa Operación Militar Especial no hablaremos de las irregularidades en las elecciones; son asperezas y nimiedades”.
Las cifras de la manipulación
Los analistas independientes consideran que el partido de Putin debería haber obtenido entre un 35% y un 42% de los votos. El diario Nóvaya Gazeta Europa ha calculado, a partir de un modelo matemático y de los colegios electorales donde sabe que no ha habido falsificaciones, que Rusia Unida debería haberse impuesto con un 34% de los sufragios, 24 puntos menos de los que recibió oficialmente, y con una participación de alrededor del 40%, 19 puntos más baja.
El investigador Anatoli Karlin va más allá y añade que el Partido Comunista tendría que haberse hecho con un 25% de los votos, mientras que la extrema derecha del Partido Liberal Democrático y los liberales de Gente Nueva deberían haber logrado cada uno un 15%. Otro experto electoral, Peter Zhizhin, indica que el apoyo a Rusia Unida sin fraude fue del 41,9%.
Según explica el politólogo Borís Ovchínnikov al medio opositor Agentstvo, los resultados reales del oficialismo y la participación, sin manipulación, son muy similares a los de las elecciones de 2021. Ahora bien, en esta ocasión las cifras declaradas han sido mucho más altas, lo que sugiere, desde su punto de vista, que estamos ante una falsificación “sin precedentes”.
Un ejemplo de la escala del supuesto fraude es la entrada en el parlamento de Rusia Justa, un partido socialdemócrata impulsado por la Administración Presidencial hace 20 años que pretendía restar votos a los comunistas, pero que nunca ha acabado de encontrar su espacio.
Durante todo el escrutinio, esta formación se hallaba por debajo del umbral mínimo del 5% que se requiere para obtener representación. Tal y como recoge Agentstvo, Stanislav Andreychuk, excopresidente del grupo de observadores electorales Golos, notificó cómo a última hora del 21 de septiembre, el día después de las elecciones, unos 60.000 votos aparecían de la nada en el marcador de los socialdemócratas y los situaban por encima del umbral.
Otro analista, Román Udot, confirma que Rusia Justa no debería haber entrado en la Duma y que la mayoría de sus votos se los arrebató a los comunistas y a Gente Nueva. Este experto también alerta de que la Comisión Electoral no ha publicado los datos de seis millones de votantes. Cree que el organismo los está reteniendo debido a “contradicciones matemáticas irreconciliables”. Según Ovchínnikov, la participación se infló en casi un 70% de los colegios electorales de fuera de Moscú.
Especialmente opaca es la información facilitada sobre las mesas electorales de los territorios ucranianos ocupados, lo que lleva a los expertos a sospechar de una manipulación mayúscula. Los datos de los colegios de Donetsk y Lugansk o bien “no existen en absoluto”, o bien “no se utilizaron para determinar las cifras oficiales”, opina Ovchínnikov.
Detención de un politólogo
Estas estimaciones y análisis coinciden con los de Kínev, uno de los pocos politólogos independientes que no había huido de Rusia, quien calificó las elecciones de “puesta en escena” y describió la campaña como “la más injusta y sobrerregulada”.
Pocos días después de hacer estas afirmaciones, fue detenido por agentes de la policía y del FSB –el antiguo KGB– y puesto en prisión preventiva. Su entorno aseguró que durante el arresto fue sometido a torturas, le rompieron la pierna por dos puntos y ahora se encuentra en el hospital del centro de detención.
Se le acusa de tráfico de drogas, un cargo por el que podría pasar entre rejas entre 10 y 20 años. Su abogado y la familia, sin embargo, niegan toda culpabilidad y denuncian que está siendo víctima de un montaje.
El celo de las autoridades para impedir cualquier expresión de disconformidad con el resultado de las urnas también se está viendo en los vetos a las peticiones para organizar manifestaciones por unas elecciones justas. En Moscú y San Petersburgo, la justicia ha prohibido las concentraciones alegando las medidas contra la COVID.
A finales de septiembre, en la capital rusa, un chico se plantó en la calle con un cartel contra la falsificación de los comicios y acabó en comisaría. Eso sí, según comentó al canal de Telegram RusNews, antes de que se lo llevaran, más de una decena de personas se acercaron para apoyarlo.