Amigos de la Tierra La Rioja recurre al Defensor del Pueblo para exigir que se deje de cazar en fincas privadas sin obligar a vallarlas
Amigos de la Tierra La Rioja ha presentado una solicitud formal ante el Defensor del Pueblo de España para que analice el régimen cinegético vigente en la comunidad autónoma y evalúe su compatibilidad con el derecho a la propiedad privada. La organización ecologista considera preocupante que, en un territorio donde prácticamente la totalidad de la superficie está integrada en acotados de caza, cualquier propietario que rechace esta actividad en sus parcelas se vea obligado a asumir el coste de cercarlas para poder excluirlas de los cotos.
A juicio de la entidad, esta exigencia vulnera el marco constitucional: “Esta situación debe analizarse a la luz del artículo 33 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la propiedad privada, así como de los principios de igualdad y proporcionalidad. El ejercicio de este derecho no debería depender de la capacidad económica de cada propietario”, sostienen en su escrito. Por ello, han pedido a la institución que estudie la normativa riojana y valore alternativas para que los dueños puedan manifestar su oposición mediante un simple procedimiento administrativo, acompañado de la correspondiente señalización, sin que el vallado sea la única vía legal.
En su escrito de alegaciones, la asociación propone darle la vuelta al sistema actual para avanzar hacia una gestión más ordenada y respetuosa con los derechos de los titulares de los terrenos. “Debería invertirse el modelo de manera que, con carácter general, los terrenos públicos y privados queden fuera del aprovechamiento cinegético, salvo aquellos incluidos en cotos u otras figuras cinegéticas o que cuenten con un plan de gestión aprobado que ampare expresamente esta actividad”, argumentan.
Desde Amigos de la Tierra insisten en que “no es razonable” que una persona que no desee el paso de cazadores por sus tierras deba realizar un desembolso económico para hacer efectiva su voluntad. Según defienden, este cambio de paradigma permitiría delimitar con claridad las zonas habilitadas para la caza, revisar el modelo riojano y garantizar una mayor protección de la propiedad privada en el medio rural.