El Tribunal Supremo ha ratificado su negativa a abrir una causa penal a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y a la Mesa de la cámara baja, por tramitar en su momento la ley de amnistía, en vigor desde hace un mes y medio.
Los jueces rechazan el recurso de Vox contra la primera inadmisión de la querella de la extrema derecha del pasado mes de mayo, confirmando que la Mesa del Congreso no incurrió en un delito de prevaricación al dar curso a la norma. Ni la “exigua diferencia” de cinco votos para aprobar la norma ni los informes de los letrados del Senado, explican los magistrados, son una prueba de que existiera un delito en su tramitación parlamentaria.
Por Alberto Pozas