Unai Sordo (Bilbao, 1972) analiza desde Sevilla el contexto sociopolítico en el que España goza de una macroeconomía fuerte aunque atravesada por una crisis habitacional y una amenazadora inflación frente a una guerra que pone en apuros el orden internacional. El secretario general de CCOO, elegido para un tercer y último mandato, descarta participar en cualquier confluencia de izquierdas, pero su visión es nítida: más vale dejar a un lado las luchas internas para conformar un mensaje claro y directo para la movilización del voto. Ante unos 2.000 delegados, arengó a la asamblea andaluza a pasar a la acción, pese a la resistencia de la patronal para la mejora de los salarios o el registro horario, en donde también reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez que no asuma una postura única en su compromiso con los sindicatos.

Acabamos marzo con datos récord, tanto a nivel nacional como en Andalucía. Mientras que el Ejecutivo nacional y autonómico lo celebran, la oposición lo tacha de maquillaje. ¿Cuál es la lectura que saca el sindicato?

Los datos de empleo son los mejores que ha dado España a lo largo de su historia y esto es incontestable. Es muy curioso que cada una de las comunidades autónomas, incluso las 11 del PP, lo digan, mientras que el acumulado sostengan que son datos “maquillados”. Más allá del politiqueo, nunca ha habido más gente trabajando que ahora en el país. España está en disposición de alcanzar el pleno empleo en el próximo lustro si continúa la transición energética como un factor de atracción de inversión productiva. Ahora, el reto es que ese empleo sea de calidad y lleve asociado salarios suficientes para que la gente llegue a fin de mes. Ese es el gran reto, porque hay 10 millones de personas en España cuyos salarios están estancados desde hace años.

En ese proceso de transición, Andalucía atrae la industria del hidrógeno verde, pero falta mano de obra especializada, mientras que, por ejemplo, la generación Z no quiere trabajar en la hostelería dada las condiciones que ofrece. ¿Cómo se logra que la patronal responda a estos requerimientos?

El problema de vacantes que aludían los empresarios era bastante tramposo, pero creo que a partir de ahora sí será real. En algunos casos, está relacionado con los salarios y, en otros, con el coste asociado a trabajar, por ejemplo, a aquella gente que se tiene que desplazar a las costas para trabajar en la hostelería y tiene que pagarse un piso no le sale a cuenta. Por tanto, la vivienda empieza a ser un problema grave en la movilidad laboral interior de España. Los sectores que necesiten mano de obra van a tener que pagar buenos salarios, y España tiene que aspirar a transformar paulatinamente su modelo productivo, recuperando industria y que el precio de la energía sea atracción de inversión para reequilibrar.

Es una transformación que a muchos le quedará muy lejos.

Las cosas no cambian de un día para otro. Da la impresión que olvidamos cómo era la economía de nuestro país hace apenas diez o 20 años, dependientes de sectores que se basaban en una enorme burbuja financiera y especulativa y sectores que se vinieron abajo en la anterior crisis.

Por tanto, la transformación del modelo productivo requiere de políticas industriales, de planificación sectorial, mucha inversión pública que a la vez movilice inversión privada, un poco lo que se ha hecho tras la pandemia. Todavía es insuficiente, pero no cabe en ningún caso dar marcha atrás. Igualmente, es muy peligroso que haya fuerzas que bajo el paraguas del negacionismo climático aspiren a que España vuelva a seguir dependiendo del petróleo y del gas que hay que comprar fuera en un contexto de inestabilidad mundial como no hemos conocido en décadas.

Nunca ha habido más gente trabajando en el país y el reto es que sea empleo de calidad, con salarios suficientes para que la gente llegue a fin de mes

En Andalucía, CCOO, junto a UGT y otras asociaciones, presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para el derecho efectivo de acceso a la vivienda. Sin embargo, se presenta en un momento en el que se acaba de aprobar la ley autonómica. ¿Será efectiva una medida y se replicará en otras comunidades?

Hay que dejar claro que las competencias en materia de vivienda son autonómicas y el bloqueo de la ley estatal, que se quedó corta, está en las comunidades. Por ejemplo, no decretando la regulación de los alquileres en las zonas tensionadas. España necesita hacer un gran pacto de país para garantizar el acceso a la vivienda, porque se necesitan 2 millones de casas a precios asequibles en la próxima década, además de movilizar vivienda vacía y poner freno a los nuevos usos especulativos de la compra o el uso abusivo como bien turístico.

Aparte, hay que favorecer medidas de carácter fiscal para evitar que los pisos permanezcan cerrados, al igual que garantizar precios de alquiler asequibles pudiendo dar a la vez garantías de cobro a los propietarios y la construcción de un parque de vivienda pública que nunca se desclasifique. Hay que hacer todo esto, y todo a la vez. Con medidas paliativas no se va a arreglar este gran problema de fractura social que ahora mismo existe en España.

¿CCOO impulsará la medida en otras comunidades?

Se estaba planteando la posibilidad de hacerlo en Madrid, pero en este momento no hay planificadas más ILP. En todo caso, es una reivindicación muy sentida en la ciudadanía. La gente joven está demorando su vida autónoma y, por otro lado, hay una parte de la población donde el 50% o el 60% de sus ingresos se tienen que dedicar a alquileres abusivos o a hipotecas desmesuradas. Esto es un desastre en términos sociales y económicos, como los desplazamientos laborales. En las islas es evidente, y no solo en hostelería, ya que ni los empleados públicos quieren ir a trabajar a un sitio donde casi todo el sueldo se lo dejan en un alquiler.

En el ámbito de las movilizaciones sociales, el Estatuto Marco ha levantado ampollas en el sector médico y, en Andalucía y el resto del país, estas protestas han sido lideradas por los sindicatos sectoriales. ¿Hasta qué punto sustituyen a los sindicatos de clase como CCOO o UGT?

Nuestro secretario general de la Federación de Sanidad es médico. No está escrito en ningún sitio que los sindicatos corporativos representen en exclusiva a los médicos y nos parece legítimo que cualquiera reivindique lo que quiera, faltaría más.

Ahora, no compartimos la corporativización de la función pública hasta el punto de que, en este caso, se segregue un colectivo y los médicos busquen un rancho aparte a través de un estatuto propio que les independice de alguna manera del conjunto de los empleados de la sanidad pública. El acuerdo marco es muy relevante y muchas de las reivindicaciones que están ahora encima de la mesa pueden ser compartidas, aunque buena parte de las condiciones están en manos de las comunidades autonómicas. Insisto, cada uno tiene legitimidad de hacer lo que considere.

No es de recibo que el Gobierno en su totalidad no reme a favor de la reglamentación del control horario. No puede ser bicéfalo, perdería la buena fe en la negociación con los sindicatos

Solo el 18% de los asalariados entre los 25 y 44 años están en un sindicato. ¿De qué forma se retoma su confianza?

Hay un cierto problema de afiliación de la gente joven en los sindicatos. En España, la gente se afilia cuando va estabilizando sus condiciones laborales, en torno a los 30 años. Esto es así y debemos tener más presencia, por ejemplo, en los centros formativos y un mensaje más comprensible.

En todo caso, una tasa de afiliación del 18% en un país como España, donde los derechos que se consiguen en el convenio colectivo son de aplicación igual, tanto para el afiliado como para el que no, no es ningún tema menor. Hay países en el que el sindicalismo gestiona el acceso a la prestación de desempleo o a la pensión, o que el convenio colectivo solo se aplica a las personas afiliadas. Los datos de afiliación son los que son, pero nadie tiene más afiliados que CCOO, con 1,8 millones de personas y 112.000 delegados y delegadas de personal elegidos en las empresas, mientras que en Andalucía es el más representativo con 150.000 afiliados y algo más de 18.000 delegados.

¿Cómo van los contactos con la patronal para sentarse a negociar el gran pacto de negociación colectiva pendiente (AENC), clave para las subidas de salarios? 

Va lento. Pusimos encima la mesa una propuesta salarial que era una subida para este año y los dos siguientes de al menos el 4% y en los convenios que estén por debajo de la media con incrementos adicionales de hasta un 3%. En total, un 7% que podía parecer una subida desmesurada, pero tal como están yendo las empresas españolas y según se prevé la evolución la inflación, no me parece ningún disparate. ¿Qué pasa? Ante la incertidumbre de la guerra, de los precios, del posible corte en las cadenas de suministro, se da un escenario que complica muchísimo una negociación para llegar a un acuerdo marco de convenios.

¿De qué manera presionarán?

De momento, estamos todavía en la fase de inicio de contactos. En todo caso, si vemos una negativa de la patronal a abordar esta negociación, promoveremos movilizaciones desde la realidad de los convenios colectivos. Creo que habrá alguna noticia antes de verano.

Acerca de los horarios, se alcanzó el acuerdo para las 35 horas en la Administración General del Estado, mientras que la reducción de la jornada a 37'5 horas no se logró. ¿Esta reivindicación quedará en papel mojado?

La intención era situar esta reivindicación en el marco de este acuerdo de convenios colectivos, ver cómo evoluciona y, antes de que acabe la legislatura, volver a reiterar la necesidad de aprobar por ley la reducción de la jornada laboral. Aun así, somos conscientes de las mayorías políticas que otorgó la ciudadanía en las elecciones generales y la reducción de la jornada laboral no sale con los números que hay en el Congreso. Estamos haciendo la guerra de guerrillas de los convenios colectivos y, si hay un bloqueo, plantearemos elementos de protesta.

Si vemos una negativa de la patronal a abordar la negociación a la subida salarial, promoveremos movilizaciones a través de los convenios colectivos

¿Cómo ve la prórroga de un año que ha pedido Economía a Trabajo para el refuerzo de los registros horarios?

El hecho de que el Consejo de Estado haya dado audiencia a las organizaciones empresariales y no a las sindicales, me parece desleal con la negociación que hemos llevado con el propio Gobierno. El gobierno es uno para los sindicatos, no hay dos ni tres. Es uno.

Hemos negociado de buena fe con la patronal, sin que fuera posible llegar a un acuerdo, y hemos negociado de buena fe con el Gobierno, siendo capaces de llegar a un acuerdo. Se bloqueó la reducción de jornada y pensábamos que se podía aplicar el control horario. Ahora bien, no es de recibo que la totalidad del Gobierno no reme a favor de esa reglamentación del control horario y el pronunciamiento del Consejo de Estado no lo compartimos en absoluto.

¿Cree que el ministro Carlos Cuerpo será el contrapunto de Yolanda Díaz?

Insisto, el Gobierno no puede ser un bicéfalo. Tiene que argumentar y pactar sus propias posiciones internas como gobierno de coalición, pero cuando negocia con los agentes sociales, sea Trabajo, Seguridad Social, Igualdad, Migración, la posición que está sobre la mesa es la del conjunto, si no, no sería un gobierno serio.

Por tanto, no vamos a aceptar que negociemos con el Gobierno, lleguemos a un acuerdo con el Gobierno y luego el Gobierno diga que no está de acuerdo con lo que hemos pactado consigo mismo, porque esto sería perder la buena fe en la negociación.

Clamaba por un impuesto negativo al IRPF para paliar los efectos de la guerra en Irán. ¿Cree que son insuficientes las medidas del Ejecutivo central?

Sí, porque las medidas han de ser escalonadas en función de cómo evoluciona la guerra y de su impacto económico. Las primeras han ido dirigidas a tratar de contener el impacto sobre los combustibles en transportes y de los fertilizantes para el mundo agrario, pero el conflicto ha seguido y los precios acaban contaminando el conjunto de la cesta de la compra.

Veremos cómo evolucionan las cosas en Irán, pero la inflación se incrementará en los próximos meses, así que lo lógico sería proteger la renta de las familias con menos ingresos de la forma más simple posible, en vez de demandar ayudas, ya que hay mucha gente que las desconoce o no tiene los medios para hacerlo. Por tanto, un impuesto negativo en el IRPF facilitaría la transferencia de al menos 300 euros para hacer frente al incremento de los precios a las personas que estén por debajo de la renta media en España.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Podemos, Izquierda Unida y Sumar han confluido en Por Andalucía. ¿Cómo valora este pacto de última hora? ¿Cree que se puede replicar a nivel nacional?

Mantenemos un absoluto respeto institucional a las decisiones que tome cada partido. A partir de ahí, cuanto menos se le hable a la gente de las cuitas de los partidos y más de los problemas de la gente, será más fácil que te voten. En general, cuanto antes se salgan los partidos de la metapolítica, casi que mejor, y estoy convencido de que las fuerzas de izquierda están haciendo eso ya.

¿Es eso trasladable al conjunto de España? No tengo ni idea. Lo que tiene que ocurrir es que las fuerzas que concurran en la izquierda lo han de hacer con un mensaje nítido, identificable y confiable. La gente tiene que saber cuáles son los objetivos prioritarios en un contexto, no olvidemos, donde el riesgo reaccionario que tiene España, como otros países europeos, no es una amenaza, ya está aquí. La extrema derecha está gobernando Estados Unidos y es la antesala del caos y, quizás, de la fragmentación y del declive europeo.

Las condiciones materiales de vida de la gente son fundamentales en este contexto y creo que las izquierdas se tienen que situar ahí. Luego, que concurran como decidan, si bien la fragmentación por provincias se paga. Vuelvo a lo mismo, más que andar discutiendo de cómo nos presentamos cada uno, lo que tienen que lanzar un mensaje nítido a la sociedad.

Un impuesto negativo en el IRPF facilitaría la transferencia de al menos 300 euros para hacer frente al incremento de los precios a las personas que estén por debajo de la renta media en España

¿Le han propuesto pertenecer a alguna confluencia y dar el salto político?

No me lo ha planteado nadie y con buen criterio, porque no hace ni siquiera un año que empecé el tercer mandato en CCOO. Sé que ha habido rumorologías de todo tipo, pero, en fin, no le doy mayor importancia.

En las elecciones de 2012 cuando se postulaba Javier Arenas (PP), la movilización de los sindicatos fue clave para alentar el voto progresista. ¿Podría suceder ahora lo mismo ante un Juanma Moreno que quiere revalidar su mayoría absoluta?

No somos un agente político en el sentido de que no estamos para pedir el voto para ninguna sigla, esto tiene que quedar absolutamente claro. Somos una organización autónoma, pero no quiere decir que seamos una organización ni equidistante ni que no se sienta apelada por la vida política. En función de cómo se determinen las mayorías en las instituciones, las políticas para la gente trabajadora son unas u otras y, desde ese punto vista, lo que vamos a hacer en Andalucía es sacar una batería de propuestas y trasladarlas a los partidos políticos. Lo que sí haremos será una apelación a la participación y también dejaremos un mensaje claro: vivimos un momento de excepcionalidad democrática donde hay que ser conscientes de los riesgos involutivos que vivimos en Andalucía, en España y, me atrevería a decir, en Occidente.

Más que andar discutiendo de cómo nos presentamos cada uno, las izquierdas tienen que lanzar un mensaje nítido a la sociedad

En la asamblea organizada en Sevilla decía que se habían votado a mamarrachos y a delincuentes. Hay una desafección y una inmovilización por parte de la izquierda, pero es lo votado.

Si se vota a un personaje como Trump, evidentemente antidemócrata, un narcisista de libro, una persona que intentó forzar poco menos que un golpe de estado con el asalto al Capitolio, pues lo lógico es ver cómo a un mono le das una pistola y se lía a tiros. Es lo que está haciendo, poniendo patas arriba el mundo con un riesgo de escalada militar, incluso de carácter nuclear, como no hemos conocido en décadas y, en efecto, es el resultado de unas elecciones. Cuando la gente vota con las tripas pueden ocurrir barbaridades de este calibre. Hay que decirle a la gente la verdad: votar a reaccionarios provoca políticas reaccionarias.

El comienzo de la campaña andaluza es el 1 de mayo. ¿Cómo ve esta coincidencia y cuáles son los objetivos del sindicato para el Día Internacional del Trabajo?

Esa coincidencia la decreta Moreno Bonilla. El primero de mayo tiene una característica, y es que siempre cae el primero de mayo, así que nos movilizaremos y plantearemos las reivindicaciones bajo el esquema de las asambleas: salario, tiempo, techo, servicios públicos, democracia y paz. La necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, de contener los precios de la vivienda, de no solo reducir la jornada de trabajo, sino organizar convenientemente el tiempo de trabajo, así como reforzar los servicios públicos y hablar de la vigencia de la democracia, que está amenazada como pocas veces.

El mismo día que la líder y candidata del PSOE-A en las andaluzas, María Jesús Montero, lanzaba su gran apuesta electoral para revertir el modelo sanitario de la Junta -el talón de Aquiles de Juan Manuel Moreno-, el presidente de la Junta y aspirante del PP a la reelección lanzaba la suya: una nueva eliminación de impuestos (esta vez para herencias o donaciones de viviendas entre hermanos), con el que golpeó también el flanco más vulnerable de la exministra de Hacienda.

Moreno se presentó a las elecciones andaluzas de 2018 con un lema que repitió hasta la saciedad: la “bajada masiva de impuestos”. Tanto lo explotó, que terminó simplificando la promesa electoral con unas siglas: el “BMI”. Tras aquellos comicios, se convirtió en el primer presidente de la Junta del PP, después de casi 37 años de gobiernos socialistas.

En los últimos ocho años, Moreno ha exprimido aquel BEI con sucesivas bajadas de impuestos, que han mermado los ingresos de la Junta, pero sin apenas incidencia en el gasto para servicios públicos, porque venían amortiguadas por el dinamismo económico, la creación de empleo y los fondos europeos.

El Gobierno del PP ha bajado casi todos los impuestos autonómicos a su alcance, aunque ha dejado de lado la progresividad, siendo los más beneficiados quienes más tienen (impuesto de sucesiones y donaciones, IRPF a las rentas altas, incentivos fiscales por clases particulares de inglés, por las cuotas del gimnasio, por el gasto de mascotas...).

La oposición de izquierdas le ha criticado, por ejemplo, que un andaluz con una renta de 80.000 euros pueda desgravarse los gastos de las clases privadas de Inglés para su hijo, pero un andaluz no pueda desgravarse el alquiler de su vivienda si ingresa 25.000 euros al año.

Sobre vivienda, el segundo problema que sufren los andaluces después del deterioro de la sanidad pública (según el CIS publicado esta semana), el presidente de la Junta y candidato a la reelección ha anunciado este sábado su intención de eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones en materia de vivienda entre hermanos, aplicando la bonificación del 99%, si sigue gobernando tras las elecciones del 17 de mayo.

Así lo ha anunciado este sábado Moreno, durante su intervención en Granada en el acto de presentación de las candidaturas del PP-A para las elecciones autonómicas. En Andalucía, el impuesto de sucesiones y donaciones está bonificado al 99% para parientes directos (grupos I y II: hijos, cónyuges, padres) desde 2019, manteniendo un mínimo exento de un millón de euros.

“Tenemos que seguir bajando los impuestos”, ha manifestado Juanma Moreno, apuntando que, año tras año, el Gobierno de Pedro Sánchez, en el que la candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, ha estado como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha “freído a impuestos” a los españoles, causando una “asfixia a las clases medias y trabajadoras” y la pequeña y mediana empresa “que ya no pueden soportar más”.

“Y nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, que ha sido quitar impuestos”, según ha indicado Juanma Moreno, apuntando que esa bajada de impuestos ha contribuido a que generemos “todavía más ingresos”.

Para Moreno, es un “gravísimo error” que el PSOE-A haya dicho que quiere “volver a introducir el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía”, cuando la bonificación que ha llevado su gobierno “ha facilitado la vida a muchas familias” y además se ha conseguido “batir récord en donaciones en los últimos años”.

Se ha referido ha donaciones que “hacen padres y madres a los hijos” o ayudas para montar un negocio, para una vivienda o, simplemente, la donación de una vivienda. Moreno ha explicado que se ha detectado que “hay problemas en las donaciones” con los hermanos que heredan una vivienda y hay que solucionarlo, de manera que se va a aplicar esa bonificación también del 99%, informa Europa Press.

Bajo el lema “Plan Montero. La nueva sanidad pública andaluza”, la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, ha presentado en Cádiz el proyecto más ambicioso de su campaña para las elecciones del 17 de mayo, que ella interpreta como “un referéndum por la salud”.

El programa socialista para darle la vuelta como un calcetín al sistema sanitario de Andalucía sale a la luz, estratégicamente medido, 24 horas antes de las movilizaciones convocadas por las Mareas Blancas este domingo en las ocho capitales de provincia, para protestar contra el deterioro de la sanidad pública, las listas de espera de pacientes, la falta de recursos y personal y, en medio de todo, la crisis de los cribados de cáncer de mama.

Montero ha desmenuzado su “plan de rescate para salvar el Servicio Andaluz de Salud (SAS)” con un calendario ambicioso -las propuestas entrarían en vigor antes del primer año de su gobierno-, con una memoria económica e inversión finalista. La gran apuesta es la “eliminación de las listas de espera” por ley. “Me comprometo a eliminar la demora de pacientes en Atención Primaria en un plazo de seis meses”, ha dicho la candidata.

Los plazos que propone son radicales: garantizar por ley que los andaluces serán atendidos por su médico de familia en 48 horas como máximo. La fórmula que tiene en mente es similar a la que puso en práctica el Gobierno de Salvador Illa en Cataluña el año pasado, como experiencia piloto en algunos centros de salud, para agilizar las derivaciones de pacientes de la Atención Primaria al hospital y mejorar la asistencia de enfermos crónicos.

Antes de lanzar esta medida, Montero hizo un experimento con los socialistas que asistían al acto en un salón del Parador de Cádiz: les pidió que cogieran sus móviles, abrieran la aplicación de Salud Responde y buscaran la cita más pronta con su médico. “Que levante la mano quien ha conseguido cita antes de tres días”, dijo. “Nadie”, se respondió.

Las abultadas listas de espera en Andalucía para ser atendido por un especialista, para lograr un diagnóstico y para operarse han alcanzado en los últimos años, tras el golpe mortal de la pandemia al sistema asistencial, cotas inusuales. En torno a dos millones de andaluces aguarda en una lista de espera sanitaria, según datos del Ministerio de Sanidad, en torno al 10% de la población andaluza.

La presión asistencial ha hecho que la Junta incumpla su propio decreto de plazos máximos de atención a pacientes para operarse, una norma que entró en vigor en Andalucía hace más de 20 años, cuando Montero era consejera de Salud. Ahora, como candidata, ha prometido otra ley para acotar más esos plazos, no sólo en listas quirúrgicas: 30 días para pruebas diagnósticas; 120 días para las operaciones en patologías más frecuentes; y 180 días para las menos frecuentes.

Para cumplir esos objetivos, la secretaria general del PSOE-A echará mano de su gran apuesta política como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda: el nuevo modelo de financiación autonómica, que reserva para Andalucía 5.700 millones de euros extras al año.

Montero, que no se ha achantado por las duras críticas que el Gobierno de Juan Manuel Moreno le ha lanzado por “un sistema de financiación pactado con el independentismo catalán”, promete usar 3.000 millones de esa partida extraordinaria anual a la sanidad pública, para así “elevar la inversión del gasto sanitario por habitante”.

“Diez minutos máximo para cada paciente”

El plan de la candidata va muy dirigido a los pacientes, cuyo hartazgo ha colocado la sanidad pública en el vértice de los problemas principales de los andaluces, según el último CIS y en las encuestas de opinión que elabora la propia Junta (el barómetro del Centra).

También hay una apuesta por atraer al colectivo sanitario, proponiendo “blindar por ley que ningún salario del SAS esté por debajo de la media nacional, con convergencia progresiva”. Montero promete incentivos económicos a los profesionales de hospitales comarcales y de dificil cobertura.

Pero la parte más ambiciosa de su programa, junto a la reducción del plazo de atención médica para pacientes, es la limitación a un máximo de diez minutos por paciente en las agendas de los médicos de Atención Primaria.

Antes de su intervención, la exdiputada y número dos por Jaén, Ángeles Férriz, moderó un coloquio entre profesionales y pacientes que retrataron las grietas del sistema sanitario. Un médico especialista, Javier Benítez, hizo una crítica brutal en este sentido: “La Atención Primaria hoy es un ambulatorio de los antiguos, porque el médico no tiene capacidad de diagnosticar. Y el tope de 35 citas diarias por médico es una falacia, porque tenemos el doble. Disponemos de tres minutos por paciente para darle un diagnóstico y un tratamiento, y si nos equivocamos vamos al banquillo”.

Montero promete devolver la capacidad diagnóstica en la Atención Primaria de forma “urgente”, para no saturar las consultas de los especialistas. En su programa aparecen 18.000 profesionales sanitarios más para toda Andalucía, de los que 5.000 serían médicos y 5.900 enfermeras. También prevé un “plan de retorno” que recupere a los profesionales emigrados, y reflotar la “Alta Resolución”, para que ningún andaluz viva a menos de 30 minutos de un hospital. “Pero de un hospital con médicos, no como ahora”, ha dicho.

Antes de un año de Gobierno, la aspirante socialista a suceder a Moreno quiere aprobar una “gran alianza por la sanidad”, una especie de órgano de trabajo interno con sindicatos, mareas, colegios profesionales, representantes de pacientes y plataformas ciudadanas para “revitalizar el nuevo sistema sanitario”. “Va a ser el centro del Gobierno”, ha asegurado, tras anunciar que restaurará la Consejería de Salud con competencias exclusivas -ahora está fusionada con Presidencia y Emergencias, desde la crisis de los cribados- y elevará su rango en el organigrama del Gobierno hasta una vicepresidencia.

También ha insistido en la idea de “limitar los conciertos sanitarios” con la privada para que “no sustituyan a los de titularidad pública”, una de las críticas más recurrentes al modelo de gestión del Gobierno del PP. Por último, ha prometido incorporar a la cartera de servicios gratuitos que ofrece el SAS la atención bucodental y el tratamiento específico para enfermedades mentales, “la gran cenicienta del sistema”.

El PSOE en Cádiz, del ruido al entusiasmo en 24 horas

El viraje del relato socialista en Cádiz, este fin de semana, ha sido de 180 grados. La importancia capital que otorga el PSOE al acto de este sábado contrasta con el ruido de sables que protagonizaron el día anterior, en la previa del Comité Director, máximo órgano de decisión entre congresos.

Allí la otrora mujer más poderosa del Gobierno de Pedro Sánchez se vio superada por las intrigas palaciegas inherentes al socialismo gaditano, con navajazos orgánicos en plaza pública, bajo los focos de la atención mediática que había sido convocada, en teoría, para presenciar el lanzamiento electoral del PSOE con sus ocho candidaturas en las provincias.

El pulso entre la dirección regional y el secretario general de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, arrojó la imagen de un partido enfurruñado, dividido y temeroso de sus expectativas electorales en esta provincia, donde se juegan 15 escaños, y ahora sólo tienen tres.

En el acto de este sábado, las caras de los socialistas presentes habían cambiado por completo. Montero ha entrado en el salón del Parador de Cádiz escoltada por dos mujeres, la coportavoz en el Parlamento, Ángeles Férriz, y la responsable de Salud en el PSOE, María Ángeles Prieto, seguido del líder del PSOE gaditano, esta vez, con un rostro más relajado que el día anterior.

La Comisión de Listas del PSOE andaluz, tras muchas horas de tensa reunión este viernes en Cádiz, no ha logrado desencallar la candidatura de esta provincia sin que aflore el durísimo cisma entre la ejecutiva de María Jesús Montero, candidata a la Presidencia de la Junta, y el secretario provincial, Juan Carlos Ruiz Boix.

Un terremoto político interno que la exvicepresidenta del Gobierno -cero entusiasta de estos líos orgánicos- se había propuesto evitar a toda costa, para que las habituales luchas intestinas de un partido no torpedeasen el objetivo principal de su campaña en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, a saber: “mostrar unidad en las filas, movilizar a la militancia socialista y tensionar al electorado de izquierdas”.

La ejecutiva del PSOE andaluz ha llegado al límite de la celebración de un Comité Director, máximo órgano de decisión entre congresos, con las candidaturas cerradas en todas las agrupaciones provinciales, excepto en Cádiz, precisamente donde ha tenido lugar el cónclave este viernes.

La propia Montero había anunciado un día antes su intención de modificar la lista propuesta por los de Ruiz Boix, para blindar en el número uno por Cádiz a su jefe de campaña y persona de confianza, Fernando López Gil, actual secretario de Comunicación Institucional del partido. Esto implicaba desplazar al tercer puesto al hombre fuerte del secretario provincial del PSOE de Cádiz, su secretario de Organización, Juan Cornejo.

Y ese simple movimiento de fichas ha bloqueado la reunión de la ejecutiva regional durante horas y retrasado el Comité Director hora y media, un lapso de tiempo en el que han trascendido todas las fobias internas de esta agrupación. Quizá nadie advirtió a la nueva líder del PSOE andaluz de que ese simple movimiento iba a desbordar un tanque de tormentas en el socialismo gaditano, el más shakesperiano de todos. “Cádiz-Herzegovina” lo bautizó el expresidente Griñán, que ya transitó por aquí antes que ella.

Este primer pulso orgánico que protagoniza Montero con una de sus agrupaciones más convulsas lo ha ganado el dirigente de Cádiz. Aunque el enfrentamiento tenga claves muy locales -en el PSOE gaditano conviven familias políticas mal avenidas-, la autoridad de la secretaria general y de su lugarteniente salen muy magulladas.

Finalmente, la Comisión de Listas ha validado la propuesta inicial del PSOE de Cádiz, manteniendo a Cornejo como cabeza de cartel, seguido de la concejal de Algeciras y parlamentaria Rocío Arrabal, como número dos. Ambos son afines a Ruiz Boix. Los dos puestos siguientes, más tambaleantes según las encuestas, los ha puesto Montero: López Gil y la exsecretaria provincial, expresidenta de la Diputación y exdiputada, Irene García.

Son dirigentes de su confianza y enemigos íntimos de Ruiz Boix. El nombre de García, de hecho, estaba fuera de la terna del regional, hasta que en el último pulso han cedido el número uno, para situarla en el puesto cuatro (en las autonómicas de 2022, el PSOE se quedó a mil votos de lograr el cuarto escaño).

“Más difícil que negociar con Puigdemont”

La alteración de la plancha no ha sido pacífica. De hecho, a lo largo de la tarde ha oscilado varias veces, primero parecía prosperar con el orden corregido que había impuesto Montero, algo que ha desatado una bronca monumental entre los dirigentes locales y amenazas de no ir a votar el 17-M si López Gil encabezaba la candidatura. La imagen de un partido roto y parcialmente desmovilizado, con el 50% de la militancia de brazos caídos en campaña, ha sido el as en la manga del PSOE de Cádiz.

Cornejo, hijo del secretario de Organización de Susana Díaz, rechazó ir en la candidatura de número tres, y acusó a la ejecutiva regional de “no respetar la decisión de la militancia ni de los órganos” locales y provincial, que le habían situado como cabeza de cartel.

Los múltiples intentos por convencerle de quedarse en una lista encabezada por López Gil no sirvieron de nada. “Negociar con el PSOE de Cádiz es más difícil que negociar con Puigdemont”, bromeaba un dirigente local, recordando que la exministra de Hacienda, en sus ocho años en el Gobierno de Pedro Sánchez, no se ha enfrentado a una situación tan hostil ni lidiando con el expresident de la Generalitat, ni con ninguno de sus socios parlamentarios en esta legislatura.

La alteración del orden de la lista en Cádiz que pretendía Montero no era baladí, porque el PSOE cuenta ahora con tres diputados en esta provincia y las encuestas ponen en riesgo al tercero. El lío de las listas ha acaparado parte del discurso de la candidata ante sus compañeros del Comité Director, trasluciendo el resquemor de las horas previas de negociación a cara de perro: “Mi gratitud a las personas que han dado un paso al lado para dejar hueco en los primeros puestos de las listas y así facilitar el consenso”, ha dicho.

La secretaria general del PSOE andaluz -con poco más de un año en el cargo- ha librado su primer pulso interno con la agrupación históricamente más convulsa de todas, una suerte de montoyas y tarantos del partido.

Estos desencuentros, siempre latentes, reaparecieron en el último congreso provincial, en marzo de 2025, en el que Ruiz Boix se impuso por la mínima al candidato rival en las primarias, el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, respaldado precisamente por López Gil y por Irene García. Ganó con el 51,1%, apenas 82 votos de diferencia.

Los perdedores de aquel congreso son quienes contaban hoy con el respaldo de la ejecutiva de Montero para ocupar los puestos de salida en la lista por Cádiz, algo que enfureció mucho a la dirección provincial. “Ganamos por poco, pero ganamos”, subrayan fuentes de la ejecutiva del PSOE gaditano, para defender su “legitimidad” para elegir a sus representantes en el Parlamento, “como el resto de agrupaciones”, avalada por “nuestra militancia y nuestros órganos de dirección”.

Tras ganar el congreso provincial, el también alcalde de San Roque orilló de su ejecutiva a todos los críticos de la candidatura alternativa. Lo mismo hizo a principios de esta semana en la confección de la candidatura de Cádiz para las andaluzas, donde todos los nombres, incluido los suplentes, eran de su cuerda.

Ruiz Boix, de hecho, ha llegado a hablar de “los míos”, para distinguirlos de otros compañeros de partido. La excepción en su plancha era precisamente el nombre de López Gil, tras ser advertido de que Montero lo quería dentro. Pero lo relegó al tercer puesto, plantando cara a la ejecutiva regional.

El PSOE andaluz anunció el miércoles listas “consensuadas” en siete de las ocho provincias, pero no pudo “vender” un pleno, porque la situación en Cádiz se había enquistado. El pulso se ha resuelto con dos candidatos afines a Ruiz Boix, en puestos de salida, y otros dos críticos con él y próximos a Montero, que tendrán que volcarse en la campaña para sacar sus escaños.

Tras el forcejeo con Cádiz, el Comité Director ha aprobado “por unanimidad” las candidaturas de las ocho provincias, pero la última palabra la tendrá el sábado la Comisión Federal de listas del PSOE, donde también tiene influencia Montero, como vicesecretaria general.

El secretario de Organización del PSOE-A y alcalde de Dos Hermanas, Paco Rodríguez, había empezado a negociar con los ocho líderes provinciales en Semana Santa, con el objetivo de alcanzar acuerdos en las listas que evitasen visibilizar sus cismas internos, para no perjudicar la imagen de unidad del partido y la movilización de la militancia. Finalmente hubo forcejeos en varios territorios, pero la ejecutiva regional logró vender acuerdos en todas ellas, excepto en Cádiz.

El lío gaditano tiene más que ver con las fricciones entre familias y dirigentes del PSOE provincial -con nombres y apellidos concretos-, que con desencuentros con la ejecutiva de Montero. La secretaria general confirmó el jueves que se alteraría el orden de la plancha de Cádiz, pero trató de restarle importancia (“habrá algún tipo de ajuste”), señalando que los nombres serían los mismos que los elegidos por Ruiz Boix.

Pero el cisma era ya total. Esa misma noche, en una tertulia de 7 Televisión, el exsecretario general del PSOE gaditano, Francisco González Cabaña, lo dejó claro: “Esto es lo de siempre, para animar a los votantes socialistas debe ser esto... un martirio. Si López Gil encabeza la lista, lo siento mucho, pero me voy a quedar en mi casa”.

López Gil fue delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz durante el gobierno de Susana Díaz, de cuyo núcleo duro formó parte en su etapa final. Ahora es lugarteniente de Patricia Cavada, la alcaldesa de San Fernando, donde ha sido concejal compaginándolo con su acta de parlamentario desde el pasado julio, cuando entró en la Cámara para sustituir a Rafael Márquez, hasta entonces mano derecha del ex secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.

El discurso de Montero ante los más de 400 participantes en el Comité Director ha girado en torno a la idea fuerza de su campaña: la movilización del electorado de izquierdas. La agitación de ese medio millón de votos que faltó en las andaluzas de 2022, y reaparecieron en las generales de 2023. La candidata socialista ha pedido a los suyos que se muevan más allá de las casas del pueblo, en las calles y en los bares, y ha convocado a participar en la movilización prevista por las Mareas Blancas, este domingo, en todas las capitales andaluzas en defensa de la sanidad pública.

La familia de Haitam Mejri, fallecido en un locutorio de Torremolinos durante una intervención policial, asegura que recurrirá el archivo de la causa. “Por mucho que quieran dilatar esto, no nos vamos a cansar. Iremos a la Audiencia Provincial, al Tribunal Supremo y hasta Europa si hace falta”, anticipa su hermano Nasser, que ya preveía que la jueza achacaría la muerte al “delirio agitado” de Haitam, causante a su vez de un fallo cardiaco que le produjo la muerte súbita. “Lo que me sorprende es que después de tantas pruebas y datos hayan preferido encubrir esta locura”, señala Nasser, que ha ejercido de portavoz familiar desde la muerte de su hermano.

La decisión de la jueza de instrucción abre ahora la puerta a que una instancia superior valore si hay algún delito en la actuación policial. “Sólo pido que el próximo juez que lea el recurso mire las pruebas; que no me crea a mí o a nadie, sino que vea los hechos y juzgue si es justo que no se investigue esta causa, sin tomar siquiera declaración a los policías”, proclama Nasser, que ve en el archivo elementos de prevaricación judicial que se sumaría a los presuntos delitos de lesiones, torturas, homicidio, omisión del deber de socorro o falsificación documental que observa en los vídeos: “La jueza no ha querido investigar nada. Seguimos teniendo esperanza en que se haga justicia, pero lo que nos ha tocado dejan mucho que desear y se delatan con sus hechos”.

Los abogados de la familia ya presentaron ante el Consejo del Poder Judicial una queja contra la jueza, por entender que ha entorpecido su derecho a la tutela judicial efectiva denegándoles la práctica de diligencias y limitando su derecho a recurrir.

Reacción de partidos, ONG y sindicatos policiales

El archivo de la causa por la jueza provocó este jueves la reacción crítica de partidos de izquierda y entidades de derechos humanos y la celebración de sindicatos policiales.

“Esto no es hacer justicia: es dar portazo a la verdad. El archivo es un insulto y provoca profunda tristeza por Haitam y por su familia. Vergüenza de actuación judicial. Espero que el recurso prospere y se haga justicia”, escribió Toni Valero, uno de los diputados de IU que ha interpelado al Gobierno por este asunto.

“Sin una justicia plegada al racismo y al mantenimiento de los privilegios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se entendería esta impunidad insoportable. Nadie con un mínimo de honradez que haya escuchado los audios de la policía puede archivar este caso”, posteó Ione Belarra, secretaria general de Podemos.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) exigió la reapertura del caso, depuración de responsabilidades penales, transparencia y revisión del uso de las táser.

“La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece claramente una obligación del Estado investigar muertes en contextos de actuaciones policiales”, advierte Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, que cita algunos elementos del caso: el uso de táser a una persona bajo los efectos de las drogas o con delirio agitado [el fabricante desaconseja su uso en esos casos] mediante aplicación directa, “que es más doloroso y puede suponer tortura”, el uso de spray estando inmovilizado... “Hay una discusión sobre la relación causal entre estos elementos de la actuación policial y la muerte de una persona que en ningún momento supuso una amenaza vital para los agentes u otras personas. Es una obligación del Estado investigarlo con todos los estándares internacionales en la mano”, señala Canales a elDiario.es.

En un hilo en X, Amnistía Internacional califica de “inaceptable” el archivo basado únicamente en la autopsia.

Defensa “sin matices” de los sindicatos policiales

En cambio, los sindicatos policiales han celebrado el archivo. “Nadie quería ese resultado y dimos en directo el pésame a sus familiares. Ahora bien, nada justifica el acoso que han recibido mis compañeros desde el primer día y espero que esto pare”, señaló Laura García, portavoz de Jupol, que antes había posteado: “Espero que salgan a pedir disculpas todos los que apuntaron a los #policias como autores de su muerte. Pero esperaré sentada porque no lo harán”.

“Hoy no pedimos aplausos. Pedimos memoria. Y, sobre todo, lo que queremos es que esto sirva para recordar cuál debe ser siempre la razón de ser de los sindicatos policiales: defender a los policías, sin matices y desde el primer instante”, señala Unión Federal de Policías.

Algunos de estos sindicatos difundieron durante días versiones apócrifas que achacaban al fallecido intenciones delictivas. El 10 de diciembre, tres días después de la muerte, Jupol tuiteó: “Todo nuestro apoyo a los compañeros que intervinieron en #Torremolinos ante un sujeto muy agresivo que les recibió al grito de Alá es grande esgrimiendo unas tijeras”.

Los vídeos que muestran la intervención completa (3 horas y 40 minutos) no muestran que les recibiera al grito de “Alá es grande” (sí les dijo que iba a rezar, justo después de decirles “voy a colaborar con vosotros”) ni que “esgrimiera unas tijeras”: no se observa ninguna amenaza y sí que lleva unas tijeras escolares que suelta cuando se lo dicen. Jupol no ha retirado su post.

La jueza sólo apunta al consumo de droga

Tras cinco meses de instrucción en los que ha recabado los vídeos y los informes de autopsia, pero no ha tomado declaración ni a los agentes ni a posibles testigos de los hechos, la jueza María José Alcázar ha concluido que la muerte del hombre se debió únicamente a que el consumo de cocaína le causó un cuadro de “delirio agitado” que le produjo la muerte súbita por una parada cardiorrespiratoria, y que la intervención policial no merece ningún reproche penal.

La jueza sustenta el archivo en el informe oficial de autopsia, que concluye que la muerte de Haitam tiene como “causa inmediata” la “reacción adversa por consumo de sustancias tóxicas” y como “causa fundamental” el “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico”. La autopsia oficial rebaja a 19 las 86 lesiones documentadas en el informe encargado por la familia al doctor Aitor Curiel.

La autopsia del IML también reduce las entre siete y once descargas táser que se cuentan en los vídeos a sólo dos, en pierna y hombro. “Hasta ahora sólo teníamos el documento que registra el uso del primer táser, que marcaba que se había utilizado cuatro veces. Ahora tenemos también la del segundo, que marca que se ha usado ocho veces. Son once descargas en la franja crítica con 18,85 segundos acumulados de corriente”, señala su hermano. “Métele más táser”, insiste un agente durante la intervención.

Los forenses han encontrado 0,15 mg/l de cocaína y trazas muy inferiores de ketamina, MDMA y cannabis. Señalan que es inferior a las concentraciones letales, pero la sitúan como causa exclusiva del fallo cardiaco, con la intermediación del “delirio agitado”, un cuadro no reconocido por la OMS y cuyo uso habitual en contextos de muertes en inmovilizaciones policiales han denunciado algunas entidades de derechos humanos.

Los vídeos de la intervención policial

Haitam, que tenía 35 años, falleció el pasado 7 de diciembre durante una intervención de seis agentes de policía que le aplicaron entre siete y once descargas táser de entre 1.000 y 2.000 voltios (todas menos una cuando ya estaba en el suelo y tres de ellas cuando ya estaba engrilletado), le golpearon en la cabeza, le rociaron gas pimienta y le presionaron piernas y tórax para inmovilizarlo durante varios minutos, según se observa en los vídeos. Cuando los sanitarios que trataban de reanimarlo preguntaron qué había pasado, no les dijeron que le habían aplicado la táser.

Haitam había entrado buscando un cargador de móvil, muy agitado y bajo los efectos de las drogas. Forcejeó con el dueño del local, que dio el aviso por un presunto intento de robo, que en realidad no era tal, a tenor de lo que se ve en las imágenes: no cogió dinero de la caja registradora abierta, sino que se limitó a buscar el cargador. No portaba ningún objeto peligroso ni amenazó a los agentes, y sí les dijo en reiteradas ocasiones que iba a colaborar, ofreciendo su mano para que lo engrilletaran.

La intervención policial quedó registrada en cuatro vídeos (dos del local y dos de las cámaras asociadas a la táser) que la jueza incorporó a la causa. Su hermano Nasser subraya que las imágenes muestran una evidencia. “Puedo comprar la subjetividad en la causa de la muerte, aunque cualquiera con dos dedos de frente ve lo que hay y sabe a qué se debe. Pero la falsificación documental [en el atestado] y la desproporción usando táser cuando mi hermano estaba reducido son cosas objetivas que no se pueden refutar”.

La jueza que investigaba la muerte de Haitam Mejri durante una intervención policial en Torremolinos el pasado 7 de diciembre ha archivado la investigación, según han informado fuentes judiciales en un comunicado. El archivo, que no es definitivo, ha sido recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga. El abogado de la familia explica que lo que ha hecho ahora la jueza es resolver negativamente el recurso que él interpuso contra su primera decisión de archivar el caso, a mediados de febrero.

La jueza se basa en el reciente informe del Instituto de Medicina Legal (IML) que concluye que la muerte del hombre, de 35 años, se produjo por una reacción adversa al consumo de sustancias tóxicas que derivaron en un “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico debido al consumo de sustancias”.

Según se desprende de los vídeos grabados aquella tarde y desvelados por elDiario.es (dos del local y dos de las cámaras asociadas a las táser) Haitam Mejri recibió entre siete y once descargas eléctricas de entre 1.000 y 2.000 voltios, golpes, gas pimienta y fue inmovilizado presionándole piernas y tronco, después de que entrara, visiblemente agitado, a pedir un cargador de móvil.

Dos informes contradictorios

La familia sostiene que de las imágenes se extrae un uso desproporcionado de la fuerza, y que los seis agentes que intervinieron se excedieron conscientemente, lo que podría constituir incluso un asesinato.

La familia aportó un informe del especialista Aitor Curiel, Médico Especialista en Medicina Legal y Forense y presidente de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense, que concluye que la muerte no se habría producido en ese lugar y en ese momento de no haber mediado una intervención policial como la que se produjo, y documenta 86 lesiones en el cadáver.

También dispone de un contrainforme que rebate las conclusiones del IML respecto a la relevancia del consumo de drogas, y señala que “en ausencia de dosis letales en sangre, la actuación policial se alza como el elemento más claro, objetivo y compatible con la causa que desencadenó el fallecimiento, superando cualquier riesgo derivado del consumo recreativo previo”.  

La jueza de instrucción no ve nada de eso, y sigue el criterio de los dos forenses que firman el informe del IML, atribuyendo la muerte al “delirio agitado” causado por el consumo de cocaína y agravado por unas patologías coronarias (desconocidas hasta ahora por la familia), lo que le habría producido la muerte súbita por una parada cardiorrespiratoria.

Según los forenses, Haitam sufrió un cuadro de delirio agitado caracterizado por la “alteración aguda del estado mental” junto con “agitación psicomotora extrema, hiperactividad autonómica y pérdida del control conductual”. El delirio agitado es un diagnóstico no reconocido por la OMS o por las principales asociaciones de psiquiatría, muy controvertido por su caracterización difusa y su empleo en el diagnóstico de muertes en intervenciones policiales.

Recurso ante la Audiencia Provincial

El comunicado explica que el auto de archivo considera que la autopsia realizada por el IML es más concluyente que el informe de la autopsia presentada por la parte, “que no es concluyente, está basada en hipótesis y es menos completa dado que no analiza algunos restos y fluidos de la víctima”.

La jueza confirma así la decisión que ya adoptó en febrero, cuando archivó a la espera de los resultados de la autopsia del IML, denegando la práctica de cualquier otra diligencia entre tanto.

Aquella decisión, que la familia no pudo recurrir entonces, motivó también que los letrados presentaran ante el Consejo General del Poder Judicial una queja contra la jueza, a la que acusan de vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva. En la queja razonan que no se han practicado diligencias que podrían ser esenciales, como la toma de declaración a los propios policías (ya sea como testigos o como investigados) o la identificación de testigos.

Apoyada también en el criterio de la Fiscalía, la jueza no ha practicado ninguna de esas diligencias en los últimos tres meses, y ha archivado dos días después de recibir el informe del IML.

Fuentes judiciales explican que el procedimiento será remitido en fechas próximas a la Audiencia de Málaga donde serán los magistrados de una de las secciones penales los que decidirán si el archivo es definitivo o, por el contrario, ordenan continuar con la investigación judicial para determinar la existencia de responsabilidades penales.

La Junta Electoral de Zona en Sevilla, a instancias de una denuncia del PP andaluz, ha prohibido la proyección del documental 'Salud no responde', de Pablo Coca, muy crítico con la gestión sanitaria del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno, y que estaba programado para el miércoles 8 de abril, a las 19.00 horas, en el Teatro Municipal de Mairena del Aljarafe.

Un día antes, el órgano encargado de garantizar objetividad en los procesos electorales emitió un oficio al que ha tenido acceso este periódico, ordenó cancelar la proyección “con carácter inmediato y sin trámite alguno”, alegando que “vulnera” el artícuo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que “prohíbe a los poderes públicos, desde la convocatoria electoral hasta la celebración de las elecciones, organizar actos que aludan a logros obtenidos o utilicen imágenes/expresiones similares a las campañas políticas, garantizando la neutralidad institucional”.

El presidente Moreno disolvió el Parlamento andaluz el pasado 23 de marzo, agotando la legislatura, y convocó las elecciones para el próximo 17 de mayo, con el inicio de la campaña el 1 de mayo.

La Junta Electoral de Sevilla estima la denuncia y da por buenos los argumentos del PP-A, aunque del oficio se desprende que no han visto el documental: “De una rápida consulta en internet puede deducirse que el contenido del documental supone una crítica a la sanidad cuya gestión realiza un adversario político”, reza el escrito.

En efecto, el documental 'Salud no responde' es una película muy crítica con la gestión sanitaria del Gobierno andaluz, que recoge múltiples testimonios en contra de la misma, y en cuya elaboración han estado implicadas desde el principio las Mareas Blancas, protagonistas de varias manifestaciones y acciones protesta contra la Junta.

En la misma mañana del miércoles, horas antes de la proyección prevista en el teatro de Mairena del Aljarafe, el portavoz de Mareas Blancas y exalcalde de Izquierda Unida, Sebastián Martín Recio, firmó un acuerdo “unitario” con los partidos de izquierdas que concurren a las elecciones andaluzas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- “en defensa de la sanidad pública”. El próximo domingo han convocado movilizaciones en las ocho capitales de provincia.

El documental 'Salud no responde' se estrenó el pasado 11 de enero en el Teatro Cervantes de Sevilla, con un lleno total de público, entre los que figuraban dirigentes de todas las formaciones de izquierda: PSOE, Izquierda Unida, Sumar, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz y diputados de todos estos partidos, incluida la vicesecretaria general socialista, María Márquez, y el coordinador federal de IU y candidato a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo.

Desde entonces, el documental ha seguido proyectándose durante semanas en diferentes centros cívicos, salas culturales, en barriadas y municipios de toda Sevilla. La proyección prevista para este miércoles en el teatro municipal de Mairena del Aljarafe llevaba anunciándose semanas y la prohibición por parte de la Junta Electoral, horas antes de su emisión, ha pillado a docenas de personas en la puerta del teatro, donde acudían como público. Los organizadores se los han llevado a otro recinto, el Ateneo Republicano, donde se ha proyectado el documental.

La coalición Por Andalucía, que encabeza Maíllo, ha presentado ya un recurso contra el oficio de la Junta Electoral de Zona para que lo remita a la Junta Electoral Provincial de Sevilla.

El deterioro de la sanidad pública es el principal problema de los andaluces, según refleja el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado esta semana. También encabeza la lista de preocupaciones de los encuestados en el barómetro del Centra, financiado por la propia Junta de Andalucía. La líder del PSOE-A y candidata a la Presidencia, María Jesús Montero, ha planteado las próximas elecciones andaluzas como “un referéndum por la salud”. “Nos jugamos la vida”, ha dicho.

El resto de formaciones progresistas también señala los déficits del sistema sanitario y denuncia la “progresiva” privatización del modelo por parte del Gobierno de Moreno, como principal línea de ataque contra el candidato favorito en las encuestas. El oficio de la Junta Electoral de Sevilla concluye así: “Resulta determinante que el acto se celebre en un local de titularidad municipal y que en el cartel que lo anuncia figure el escudo y el nombre del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe [gobernado por el PSOE], entendiéndose se vulnera el deber de neutralidad política que deben respetar los poderes públicos durante el periodo electoral”.

Se acuerda, por tanto, “la prohibición del acto anunciado en los términos previstos (en instalación municipal), instándose a los poderes públicos a que se abstengan de realizar cualquier actuación que vulnere el art. 5,0 de la LOREG”. El órgano regulador descarta, sin embargo, abrir un expediente sancionador a los responsables, como pedía el PP andaluz en su denuncia.

Vox ha dado el pistoletazo de salida a la precampaña electoral con un acto en Málaga para presentar a todos sus números 1 provinciales, incluyendo al candidato a la Presidencia Manuel Gavira, que ha precedido al presidente del partido, Santiago Abascal. El mensaje electoral, ya se sabe, es que Juan Manuel Moreno y al PP son equiparables a los socialistas, y que van a tener que sudar tinta para convencerles de que quieren cambiar una serie de políticas y normas que, según la extrema derecha, priorizan a los extranjeros sobre los españoles.

Esta idea central de su primer mitin electoral en Andalucía atraviesa todo: de la descripción de una Sanidad agotada al encarecimiento de la vivienda, pasando también por lo simbólico. Así que Abascal, cuyo partido podría ser determinante para que el PP revalide su Gobierno, ha llamado a Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, “Juanma Moruno”, un chascarrillo de los agitadores ultra, a cuento de su supuesta identificación con Blas Infante, para el que también ha tenido palabras Abascal: “Santón”. “Nosotros venimos a defender la Andalucía verdadera, que es la de Fernando III el Santo, que recobró esta tierra de los moros”.

Fue Andalucía el lugar donde Vox irrumpió en el escenario electoral, con 12 diputados en las autonómicas de 2018. Son las elecciones de la dulce derrota de Moreno: obtuvo el peor resultado histórico en votos y escaños (26), pero el apoyo de Ciudadanos y Vox le llevaron a la Presidencia interrumpiendo 40 años de gobiernos andaluces socialistas, y sumiendo de paso al PSOE-A en una crisis de resultados de la que aún no se ha recuperado. Hoy los sondeos sitúan al PP de nuevo al borde de la mayoría absoluta, que dependerá de la batalla con Vox.

Gavira, el candidato de Vox (“un tipo leal al que daría las llaves de casa y le dejaría cuidar a mis hijos”, dice Abascal), ha acusado a Moreno de ser una “estafa permanente”, de “mantener a los enchufados socialistas”, abrazar la “locura climática” y “abriendo puertas a la inmigración ilegal”. Pero también le ha atizado con la degradación de la Sanidad o la falta de vivienda, que vincula a la inmigración. “Llega uno de fuera y al día siguiente ya tiene las ayudas”, ha asegurado, sin citar de dónde extrae esa conclusión.

Su líder, Abascal, dice que el cambio que prometió Moreno en 2018 fue solo de siglas. También, que el propio Moreno “promociona la invasión”, cuya intención última es “sustituirnos”. Y que si puede va a expulsar a todos los niños y niñas no acompañados de vuelta a su país. El último CENTRA (el barómetro de la Junta de Andalucía) señala que la acogida de menores extranjeros es valorada positivamente por el 66% de los andaluces. Los principales problemas percibidos son la sanidad, el paro y la vivienda, y la estrategia de Vox pasa por vincularlos todos a la inmigración.

El contexto de las negociaciones autonómicas

Entre tanto, el partido ultra sigue sin resolver su apoyo a la investidura de los candidatos del PP ganadores en el carrusel reciente de elecciones autonómicas: Extremadura, Aragón y Castilla y León, por este orden. Sus votos son clave para que María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco revaliden su cargo, pero los de Abascal arremeten casi a diario contra los de Feijoo mientras estos ignoran las pullas, cuando no responden con guiños a la ultraderecha en clave ideológica.

Vox pone precio al apoyo, y este jueves Abascal ha dicho que tiene la “sensación” de que “pronto” será posible llegar a un “acuerdo razonable”, “si Génova no se dedica a poner palos en las ruedas que es lo que han estado haciendo”. “En Andalucía no sabemos qué pasará”, dice.

Moreno aspira a no tener que pasar por todo esto revalidando una mayoría absoluta que no logró en 2018 (tuvo el apoyo de investidura de Vox y Ciudadanos, que luego le acompañó en el gobierno) pero sí en 2022, principalmente gracias al hundimiento del PSOE, la desaparición de Ciudadanos y el crecimiento contenido de la ultraderecha. También ayudó el improbable supuesto de obtener los últimos diputados en liza en la mayoría de las provincias. La mayoría absoluta y la recomposición del liderazgo en el PSOE le ha procurado una legislatura plácida, alterada sólo por la crisis de los fallos en los cribados del cáncer de mama, presentada como síntoma de la debilidad del sistema sanitario.

El objetivo de Moreno es que nada de esto cambie. “Estabilidad o lío” es el mantra de la campaña. El candidato del PP busca a su derecha el sostén suficiente de su mayoría, y lo que ve en las encuestas y estudios refuerza esa idea. Esta misma semana, el CIS le ha procurado una alegría al despegarlo de todos los demás en la valoración de los andaluces: es el único que aprueba, a mucha distancia de Montero. El 40,9% prefiere que el Presidente siga siendo él.

En cambio, ese mismo sondeo (realizado a partir de 6.000 entrevistas realizadas antes de que Vox hubiera elegido candidato) reafirma los indicios de que el partido podría estar frenando su ascenso: según esa encuesta, tiene un 8,8% de intención directa de voto, por debajo de las encuestas previas a los comicios en Extremadura (14,2%), Aragón (12%) y Castilla y León (13%). En 2022 obtuvo un 13,5%, que se tradujo en 14 escaños que no sirvieron para condicionar la investidura de Moreno.

Un mitin en una plaza rodeada de edificios

Vox celebra el mitin en una plaza interior, rodeada de altos edificios blancos, setenteros, junto al Parque del Oeste, de modo que un miembro de seguridad se pasa el acto haciendo el limpiaparabrisas en busca de un dron o un vecino incómodo. Algunos se asoman a la terraza, pero nadie dice nada.

El partido ameniza el comienzo de su primer acto de precampaña con Que viva España, una tonadilla que reinterpretó Manolo Escobar pero que antes cantó y compuso un belga titulándola Eviva España en una confusión con el italiano. Iba a llamarse Eviva el Papa, pero Leo Rozenstraten la retituló para aprovechar el gancho turístico español. Para cuando sale Abascal han cambiado a una instrumental vagamente épica, y es un lío. La gente no sabe si arrancarse con aplausos o con el inevitable “Presidente, Presidente”, de modo que todo queda un poco aguado al final.

Entre el público que colocan detrás de los oradores para hacer bulto destaca un joven con una Cruz de Borgoña estampada sobre la camiseta. El acto termina con una petición por megafonía: “Nos ponemos en pie para el himno nacional”. Y así lo hacen, claro.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, presentará este jueves en Málaga a los cabeza de cartel de su partido en las ocho provincias que concurrirán a las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

La formación ultraderechista ha elegido a su portavoz en el Parlamento andaluz desde 2021, Manuel Gavira, como candidato a la Presidencia y, junto a él, renueva la confianza en todos los diputados hombres del grupo, que repiten en las listas (excepto uno, el cordobés Alejandro Hernández), pero deja fuera a todas las diputadas mujeres que, o bien no aparecen en la candidatura o bien han sido relegadas a puestos muy retrasados en las listas.

Vox logró 14 parlamentarios en las elecciones andaluzas de 2022, con la exportavoz en el Congreso, Macarena Olona, como candidata a la Presidencia. Olona dejó el escaño y el partido poco después y el grupo parlamentario terminó la legislatura con nueve hombres y cinco mujeres. De esos 14 diputados, seis no repiten o aparecen muy relegados en las listas electorales del 17M, y cinco de ellas son mujeres: Mercedes Rodríguez (Almería); Blanca Armario (Cádiz); Cristina Alejandra Jiménez (Granada); Purificación Fernández (Málaga) y Ana Ruiz Vázquez (Sevilla).

Las dos primeras no aparecen en las listas, las tres últimas ocupan puestos con los que Vox no logró escaño en 2022: el número tres por Granada (el que más opciones tiene, según los sondeos), el número seis por Málaga y el número cuatro por Sevilla.

El único diputado hombre que se queda fuera de la candidatura de Vox es el cordobés Alejandro Hernández. Hernández fue el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz durante la primera legislatura del Gobierno de Juan Manuel Moreno, con quien negoció y aprobó tres presupuestos autonómicos consecuetivos. Abascal lo sustituyó por Gavira en 2021 para escenificar una ruptura con el PP en el tramo final del mandato, tras haber dado estabilidad durante tres años al Ejecutivo en minoría de PP y Ciudadanos.

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha aprobado este miércoles las listas definitivas para las andaluzas: Gavira encabezará la candidatura por su provincia, Cádiz; y también repetirán como números uno los diputados Javier Cortés por Sevilla; Antonio Sevilla por la provincia de Málaga; Rodrigo Alonso por Almería; Benito Morillo por Jaén y Rafael Segovia por Huelva. Se incorporan como cabezas de cartel dos mujeres: Beatriz Sánchez por Granada (donde ya ocupaba la portavocía del grupo municipal) y paula Badenelli por Córdoba.

Los dos diputados restantes -Ricardo López olea y Juan José Bosquet- repiten en puestos de salida, el primero como número dos por Granada, y el segundo como número tres por Almería. La Ley Electoral obliga a los partidos políticos a conformar listas cremallera, alternando hombre-mujer, para garantizar una representación paritaria en los parlamentos. Vox es una formación política contraria a las políticas de igualdad de género, y en el primer mandato de Moreno, donde condicionaban su gobernabilidad, exigieron derogar la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, aunque el PP se negó finalmente a transigir con este punto de su acuerdo.

En 2022, Vox fue tercera fuerza en el Parlamento y logró representación en todas las provincias de Andalucía, con 493.000 votos, el 13,46% del escrutinio: dos escaños por Sevilla; uno por Huelva; dos por Cádiz; dos por Málaga; uno por Córdoba; dos por Granada; dos por Jaén y tres por Almería. Las encuestas proyectan un crecimiento latente de la formación ultraderechista que amenaza con tumbar la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno, que hace cuatro años obtuvo 58 diputados. El umbral del Parlamento andaluz para gobernar en solitario son los 55 escaños.

Los nombres de los candidatos que ha distribuido Vox este miércoles para encabezar sus listas son los siguientes: En Cádiz: Manuel Gavira Florentino; Noelia María Campos Rodríguez; Salvador Pineda Rojas y Carmen Infantes Hernández. En Sevilla, Javier Cortés Lucena; Cristina Peláez Izquierdo (portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento); Juan Antonio Aguado y Ana Ruiz Vázquez. En Málaga: Antonio Sevilla Rodríguez; Rocío Marín Ortega; Antonio Ureña Almagro; Yolanda Gómez Marín; Jesús Ruiz Ballesteros; Purificación Fernández Moreno.

En Granada: Beatriz Sánchez Agustino; Ricardo López Olea; Cristina Alejandra Jiménez Jiménez; Eduardo José Vílchez Fernández. En Córdoba; Paula Badanelli Berriozábal; Juan José Coca López; María Paz López González y Javier Bazán Benítez. En Almería: Rodrigo Javier Alonso Fernández; Clotilde Salvador Sánchez; Juan José Bosquet Arias; María Esther Tejada Pomares; Jaime Hernández Arroyo y Beatriz Sánchez Rodríguez. En Jaén: Benito Morillo Alejo; Alba María Sánchez Pozas; Fernando Navas Ruiz y María del Pilar Sánchez Pérez.

En Huelva: Rafael Segovia Brome; María Goretti Eiberle Sánchez de Toca; Raúl Molina Alcocer y Ana Díaz Cano.

“No queda otro camino que demandar a la Junta”. Con estas palabras Ángela Claverol, la presidenta de Amama, ha anunciado este martes que las víctimas de los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía van a denunciar, “una a una”, al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los juzgados de lo contencioso de Sevilla por no atender a sus reclamaciones patrimoniales.

La vía judicial la abrirá Anabel, quien fue la primera mujer en dar el paso de reclamar una indemnización por haber sufrido los retrasos en el cribado que la dejaron “un año con cáncer sin saberlo”. Fue en junio cuando Anabel presentó su reclamación patrimonial ante el SAS y, desde entonces, lo único que ha recibido por parte de la administración ha sido “silencio absoluto”, como ha afirmado la presidenta de la asociación que destapó la crisis de los cribados de cáncer.

Más de seis meses después, vencido el plazo que establece la ley para abrir la puerta a la vía contencioso-administrativa, Anabel encabezará las demandas judiciales que, asegura Amama, se irán encadenando conforme venzan los plazos de las reclamaciones patrimoniales interpuestas por las afectadas. “La Junta las obliga a arrastrarse por los juzgados”, ha lamentado Claverol a las puertas de los juzgados de Sevilla.

Hasta allí se han desplazado una veintena de mujeres, socias de Amama, para respaldar a Anabel, quien ultima –junto a los servicios jurídicos de la asociación– la demanda que se registrará en los próximos días con el único fin de ser indemnizada por un error que la propia Junta ha reconocido. “No entiendo cómo me van a hacer ir a juicio, perder tiempo y dinero cuando yo sigo en tratamiento, tuve que vender mi casa y no sé cómo voy a hacer frente a esto porque las fuerzas las he perdido”, ha aseverado esta sevillana, poniendo voz a otras tantas mujeres que están dispuestas a presentar demandas individuales contra la Junta “para que se haga justicia”.

“Una tras otra”

Actualmente, la asociación ha presentado en torno a 160 reclamaciones patrimoniales ante el SAS que siguen sin respuesta. A ellas se suman entre 50 y 60 casos pendientes de registro, además de otras decenas en fase de estudio, y “las que están por venir”. Buena parte de las ya presentadas, según explica Amama, vencen a finales de abril y principios de mayo. Serán esas reclamaciones, “una tras otra”, las que se irán transformando en demandas judiciales individuales a medida que expiren los plazos legales, ya que “cada caso es distinto”, ha precisado Claverol.

El caso de Anabel servirá así de referencia para el resto de afectadas por los errores en el protocolo de cribado de cáncer de mama en Andalucía, especialmente en lo relativo a la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no “concluyentes” o “dudosos”. Según la Junta, esta situación afectó a 2.317 mujeres, el 90% de ellas en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, al que pertenece Anabel.

La paciente estuvo un año esperando a que le realizaran la segunda prueba diagnóstica pese a que su mamografía ya había arrojado resultados sospechosos. Ello motivó que fuese la primera mujer en reclamar a la Junta por esta demora, convirtiéndose entonces en uno de los rostros más visibles de la crisis. “Nos estáis matando y yo no me voy a callar”, llegó a denunciar públicamente en diciembre, tras asegurar que el retraso en su diagnóstico le ha “arruinado la vida”.

Pese a haber presentado toda la documentación, Anabel asegura que en estos nueve meses no ha recibido por parte de la Junta “absolutamente ningún requerimiento”, a diferencia de otras compañeras de la asociación. Aun así, desde Amama confían en que “la verdad solo tiene un camino” y por eso han decidido llevar estos casos ante la justicia.

Preguntas sin resolver

“Una vez que habían reconocido el error, pensé que se había terminado, pero para ellos sí es política y no sanidad”, ha lamentado Anabel, la mujer que pidió a gritos en el Parlamento de Andalucía explicaciones al presidente Juan Manuel Moreno sobre lo ocurrido con el programa de cribado del cáncer de mama. “Yo lo voté a él”, recuerda ahora la afectada.

Como Anabel, otras muchas mujeres siguen preguntándose “qué ha pasado” y sus preguntas continúan sin respuesta. “Pero no vamos a parar y si hace falta nos veremos delante de un juez para que se haga justicia”, ha sentenciado Cristina Fernández, también víctima de la crisis de los cribados. Junto a ellas, María Lamuedra ha calificado de “tremendamente injusto” lo vivido. Y en nombre de sus compañeras, María ha pedido al Gobierno andaluz que “se responsabilice” de los “daños” causados y “nos ahorren este periplo porque lo único que queremos es vivir bien”.

El abogado de la Asociación Amama, Manuel Jiménez, ya avanzó que, en caso de no tener respuesta, demandarían al SAS en los juzgados para que indemnicen a Anabel y al resto de afectadas. Jiménez asegura que este paso se da después de intentar sin éxito abrir una vía de acuerdo con la Junta para evitar el paso por los tribunales, llegando a realizar “más de 50 llamadas” sin obtener respuesta. Según denuncia, las afectadas se ven abocadas a procedimientos “largos y costosos” que prolongan su sufrimiento.

Entretanto, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido que las reclamaciones siguen su curso administrativo habitual, ya que las reclamaciones al SAS “son de toda la vida, no son de ahora” y, por tanto, deben tramitarse conforme a los cauces establecidos, “siempre poniendo a la mujer como prioridad”, según declaró el consejero preguntado por el caso de Anabel en concreto.

Asimismo, Sanz recordó que “existe un procedimiento y caben todo tipo de posibilidades”, y que “el ciudadano también tiene derecho a poder ir a los tribunales a reclamar”. En sus declaraciones, el consejero de Sanidad también apuntó a que “ya se habían archivado nueve de las 14 denuncias” relacionadas con este caso, mezclando la jurisdicción penal con la civil.

Nueva vía judicial

El anuncio de estas demandas por lo contencioso-administrativo llega después de que la Fiscalía Superior de Andalucía archivara a principios de febrero las denuncias penales contra altos cargos de la Junta por no encontrar indicios de delito, aunque reconociera irregularidades en la gestión del protocolo de detección precoz del cáncer de mama que provocó un tsunami político y la destitución fulminante de la consejera de Salud y parte de su departamento. 

El Ministerio Público dejó abierta la puerta a investigar los casos de forma individual dado que no presentan las mismas casuísticas, remitiendo las denuncias a distintas fiscalías provinciales.

La crisis de los cribados se originó por fallos en el seguimiento de pruebas con resultados “sospechosos” o “no concluyentes”, que, según datos de la propia Junta, afectaron a 2.317 mujeres. En algunos casos, según las afectadas, el retraso en la comunicación de resultados derivó en diagnósticos tardíos de cáncer, con consecuencias graves para su salud que siguen arrastrando.

“Ahora nos obligan a acudir a los tribunales para que nos resarzan”, resume la presidenta de Amama, quien asegura que “si respondieran a las reclamaciones patrimoniales, descansaríamos, pero la administración ignora a las afectadas”. A sus ojos, se trata de “un desprecio hacia todo lo que tiene que ver con el cribado, que fue una negligencia suya”.

El que fuera elegido como candidato de Podemos a la Junta de Andalucía para las elecciones del 17 de mayo, el parlamentario por Cádiz Juan Antonio Delgado, no liderará finalmente la lista de Por Andalucía en Jaén. Esta provincia es la única en la que los morados eligen al cabeza de cartel, en cumplimiento del acuerdo suscrito con IU y Movimiento Sumar la semana pasada, pero la encabezará Loli Montávez mientras que Delgado se ubicará finalmente con el número seis en Cádiz. Esto reduce a la mínima expresión sus opciones de repetir en el Parlamento andaluz si se tiene en cuenta que, en las elecciones de 2022, Por Andalucía sólo obtuvo por esta provincia el escaño del propio Delgado.

Podemos Andalucía ha confirmado este jueves cuál será su representación en las listas de la coalición Por Andalucía, con Alejandra Durán (parlamentaria hasta ahora por Granada) como número dos por Sevilla, a continuación del candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo. La segunda posición por Málaga también la elige Podemos, que ha designado a Micaela Jiménez.

En ambos casos, las encuestas apuntan a que los números dos de Málaga y Sevilla lo tienen complicado para lograr acta, de hecho el estudio el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) conocido esta misma semana incluso ubica en intención de voto a Adelante Andalucía (7,7%) por encima de Por Andalucía (5,8%). El primero en intención directa de voto sería el PP (32,1%), seguido de PSOE (22%) y Vox (8,8%). En los comicios de hace cuatro años, Por Andalucía obtuvo un total de cinco parlamentarios, los cabezas de lista de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

“Propuesta del propio Delgado”

El partido ha asegurado que ir de número seis por Cádiz ha sido una propuesta del propio Delgado, ratificada por el Consejo Andaluz de Podemos. El hasta ahora candidato de los morados ha expresado que su “voluntad siempre fue ayudar en la candidatura de mi provincia, Cádiz, y si el primer puesto que se nos ofrece desde la coalición es el seis, pues ahí estaremos, trabajando como uno más en defensa de los gaditanos y gaditanas”. La lista en esa provincia la encabeza la coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez.

El parlamentario defiende que ir por la circunscripción de Cádiz se trata de un movimiento que responde a “una lógica territorial, de arraigo en el territorio”, por lo que ha subrayado que “está dispuesto a contribuir al proyecto común allí donde sea más útil”. La dirección del partido ha resaltado la “absoluta generosidad” de quien en la XII Legislatura ha sido diputado autonómico por Cádiz ya que “interpone sus intereses particulares a la causa colectiva”.

El propio Consejo Andaluz de Podemos ha recordado que las negociaciones para la coalición de izquierdas “se zanjaron con un único puesto de salida en Jaén”. El pacto se cerró el viernes 3 de abril, último día de plazo para el registro de las coaliciones electorales.

Loli Montávez, la jornalera que lidera Jaén

En cuanto a su candidata por Jaén, Loli Montávez (de 34 años y natural de Jódar), el partido morado subraya que se trata de una dirigente que “conoce los problemas de la ciudadanía jiennense”, así como que ha trabajado de forma constante con los colectivos de la provincia. “Como jornalera sé lo que es trabajar duro y vamos a luchar para que la gente trabajadora de Jaén esté representada como se merece en el Parlamento andaluz”, la número uno de Por Andalucía en esta provincia.

“Es una persona clara, cercana y valiente”, destacan desde su formación, que la define como “una de las principales abanderadas de la mujer rural en Andalucía”. La propia Montávez ha señalado que “necesitamos dar apoyo real a la mujer rural con programas de empleo, conciliación y espacios donde puedan desarrollarse y tener independencia económica”.

El objetivo que se marca es “cambiar la vida de la gente a mejor”, y para eso “hay que desalojar a Moreno Bonilla y sus políticas de San Telmo”. “Vengo a defender a mi gente, a la gente jornalera, a quienes se dejan la piel en el campo y a quienes han tenido que marcharse para poder trabajar”, ha apostillado.

El “vamos a por todas” en Málaga y Sevilla

En cuanto a Micaela Jiménez, fue designada en marzo cabeza de lista de Podemos por Málaga. Es diplomada en Trabajo Social, experta en Educación Social y Familiar y con un máster en Género y Políticas de Igualdad de Oportunidades. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito social, donde ha trabajado con ONG y colectivos en situación de vulnerabilidad.

De Alejandra Durán, número dos por Sevilla, se resalta su “amplia experiencia parlamentaria”, acumulada en los cuatro años que ha estado en las Cinco Llagas en esta XII Legislatura que ahora expira. Durán ha asegurado que “vamos a por todas, con ilusión y entrega absoluta, para seguir defendiendo los servicios públicos como hemos hecho estos cuatro años”.

Con el adelanto de las elecciones al Parlamento de Andalucía, se abre un nuevo proceso electoral que no todo el mundo vive con igual interés. Mientras algunas personas están atentas al debate político, otras asisten con distancia o desafección. De estas últimas, las que siempre me han parecido una especie de oximorón son las que se definen como “apolíticas”. Y casi siempre, tras esa etiqueta, aparece la misma frase: “todos son iguales, ¿para qué votar?”

La afirmación no es nueva, pero sí preocupante. No solo por lo que dice, sino por lo que implica: una renuncia silenciosa a participar en la construcción de lo común. Pero ¿es realmente posible ser apolítico?

Si acudimos al origen de la palabra, “política” proviene del término griego polis, que hacía referencia a la ciudad, a la comunidad. La política, en su sentido más básico, es el arte de gestionar la vida en común, de organizar los asuntos públicos. No se limita a partidos, parlamentos o campañas electorales, atraviesa toda la estructura de nuestra convivencia.

Y aquí surge una constatación difícil de esquivar: prácticamente cada aspecto de nuestra vida está condicionado por decisiones políticas. El precio del transporte que utilizamos a diario, la calidad de la educación que reciben nuestros hijos, los impuestos que pagamos, el salario mínimo, los derechos civiles, las leyes sanitarias… todo ello es resultado de decisiones tomadas en espacios políticos. Entonces, ¿cómo se puede ser realmente apolítico?

Incluso la inacción es una forma de acción. Cuando una persona decide no implicarse, no participar, no está al margen del sistema: está influyendo en el resultado final o, al menos, permitiendo que otros decidan por ella. Decirse apolítico es, en cierto modo, declarar que no nos interesa la sociedad en la que vivimos, que no nos importa el rumbo del mundo que habitamos. Pero esa indiferencia no nos coloca fuera de la política, nos sitúa, más bien, en una posición pasiva dentro de ella. Hasta la indiferencia es política.

En este sentido, resuena con fuerza una cita atribuida a Machado: “si no nos involucramos en la política, alguien más lo hará por nosotros”. Más allá de la literalidad, esta cita encierra una verdad profunda: la política es una actividad de la que resulta muy difícil sustraerse, porque está presente en casi todos los ámbitos de la vida humana.

Ahora bien, muchas de las personas que se declaran apolíticas no lo hacen por desconocimiento del término, sino por desafección. Y es aquí donde aparece la consigna de “todos son iguales”. Esta afirmación, aunque comprensible desde el cansancio o la frustración, no resiste un análisis riguroso.

Una de las formas más claras de desmontarla es observar los hechos. No los discursos, no las promesas, sino las decisiones concretas que se toman en los parlamentos. Cuando los representantes políticos votan, dejan rastro de sus prioridades, de sus valores y del modelo de sociedad que defienden.

Y si miramos con atención, las diferencias son evidentes. Existen posiciones claramente distintas en cuestiones claves como la economía, la sanidad, la educación o los derechos civiles. No es lo mismo un modelo que prioriza la privatización de servicios que otro que apuesta por el fortalecimiento de lo público. No es lo mismo reducir impuestos a determinados sectores que aumentar la inversión en políticas sociales. No es lo mismo ampliar derechos que restringirlos.

Un ejemplo cercano lo encontramos en el ámbito de la sanidad en el Parlamento andaluz. En los últimos años, se han producido votaciones relacionadas con el aumento de conciertos con la sanidad privada para reducir listas de espera. Algunos partidos han defendido estas medidas como una forma eficaz de responder a la demanda asistencial. Otros, en cambio, han advertido del riesgo de debilitar el sistema público al desviar recursos hacia empresas privadas.

Más allá de la valoración que cada cual haga, lo relevante es que no estamos ante decisiones iguales. Las consecuencias de estas políticas afectan directamente a la vida de las personas: a cuánto tiempo esperan para una intervención, a la calidad del servicio que reciben, a la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Por eso es importante ser conscientes de qué implica que un político vote en una dirección o en otra. No se trata solo de una opción técnica, sino de una apuesta por un determinado modelo de sociedad, sustentado en unos valores concretos.

Cuando se instala la idea de que “todos son iguales”, se produce un efecto especialmente peligroso: se diluye la responsabilidad individual y colectiva. Si nada cambia, si todo es lo mismo, entonces cualquier opción parece irrelevante. Y en ese terreno fértil crecen fenómenos preocupantes.

La desafección generalizada abre la puerta al populismo autoritario. Una ciudadanía que percibe que la política convencional no ofrece alternativas reales se vuelve más vulnerable a discursos simplistas, a figuras que prometen “romper con todo”, a soluciones rápidas que, en muchos casos, terminan erosionando aún más las instituciones democráticas. La historia reciente, dentro y fuera de nuestras fronteras, ofrece ejemplos suficientes de este riesgo.

Frente a esto, la respuesta no pasa por idealizar la política ni por negar sus fallos. La crítica es necesaria y saludable. Pero una cosa es criticar y otra muy distinta es desentenderse. Participar, informarse, comparar propuestas, analizar decisiones… todo ello forma parte de una ciudadanía activa y responsable.

En un momento como el actual, con unas elecciones adelantadas en el horizonte, quizá la pregunta no sea tanto si los políticos son iguales, sino qué tipo de sociedad queremos construir y qué decisiones contribuyen a ello. Porque, al final, votar no es solo elegir representantes, es posicionarse, aunque sea de forma imperfecta, ante el devenir colectivo.

Y entonces, la cuestión que queda en el aire es inevitable: si sabemos que las decisiones políticas influyen en cada aspecto de nuestra vida, ¿podemos permitirnos realmente ser apolíticos?

Sopesaba yo escribir sobre los desatados criminales Trump y Netanyahu, o sobre cómo el entusiasmo ante la misión lunar está eclipsando el imperialismo espacial estadounidense, lanzado a quedarse -disputándolo, si acaso, con los chinos- un satélite terrestre, de toda la humanidad. Pero mi agenda de esta semana avisaba: “Si aún no he recibido cita del SAS, ir a reclamarla en persona al Fleming”.

El SAS es el Servicio Andaluz de Salud, el centro Doctor Fleming uno de los centros de médicos especialistas e ir, hoy por hoy, a alguno de ellos, en Andalucía, es constatar, de inmediato, el total abandono de la salud de la gente: ancianas, adolescentes, todo tipo de enfermos, doloridos… echando pestes de la gestión sanitaria del PP de Moreno Bonilla. Gestión que sigue siendo negligente, tras el escándalo de los cribados de cáncer de mama, a cuyas víctimas la Junta de Andalucía se resiste a indemnizar, y en muchos más ámbitos que la oncología.

El PP de Bonilla se ha cargado la sanidad pública, por ineptitud y para empujar a la privada a cuantos puedan pagarla. Y lo ha hecho sin que, de momento, inexplicablemente, lo peor que un gobernante puede hacer a sus gobernados, que es dejar que sus enfermedades sigan avanzando, le esté pasando factura en los sondeos sobre las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Os doy contexto sobre por qué debía ir al Fleming. Al empezar 2026 pedí cita a mi médico de primaria y le consulté si debería hacerme una densitometría ósea, este año que cumplo 50, dados antecedentes familiares de osteopenia y osteoporosis, que son grados crecientes de pérdida de densidad ósea, y teniendo en cuenta mis frecuentes dolores lumbares. Él me mandó la prueba y ésta reveló “osteopenia en columna lumbar L1-L4 y en cuello femoral izquierdo”.

Cursó cita con el especialista para que éste me pusiera el tratamiento pero, en previsión de que tardaría, me mandó pastillas de calcio y vitamina D. “Si pasados dos meses no le ha llegado cita del SAS, vaya a reclamarla al centro Fleming”, dijo. Ya entonces me pareció mal sistema que, como en el desastre de los cribados de cáncer, se haga recaer en los pacientes el perseguir ser atendidos en vez de garantizarnos la asistencia.

Esperar hora y media para reclamar

Cuando finalmente estos días entré en el centro de especialidad, metí mis datos en la máquina de turnos y subí a la tercera planta, de traumatología, radiología, rehabilitación, medicina física…, me topé con la sorpresa de que la inmensísima mayoría de quienes abarrotábamos la sala de espera estábamos para reclamar citas con retraso en el mostrador, en vez de para ser ya atendidos en consulta.

“Una hora y media de espera por persona”, oí de otros pacientes, al sentarme. Hora y media para que el único trabajador tras el mostrador, junto a una segunda ventanilla rotulada “Ventanilla cerrada”, les despachara: “¿Cuánto llevan esperando cita? ¿Ocho meses? Entiendo, pero, ¡no saben la lista de espera que tiene su médico! ¡De 14 meses! No, no les recomiendo volver al médico de familia para que él les tramite otra cita ”preferente“ porque entonces todo el proceso recomienza de cero. Mejor esperen”.

Son tantas y tantos los perjudicados por el deterioro de la sanidad pública andaluza que bien podrían desencadenar un Me Too sanitario de damnificados por Moreno Bonilla. Todo un movimiento de denuncia de casos, tanto vía redes sociales como, si así lo quieren, a través de elDiario.es y elDiario.es/Andalucía.

Unos tras otros las y los pacientes, señoras apoyadas en sus andadores, llenas de dolores, padres de adolescentes necesitadas de operarse la rodilla, aducían que las pruebas hechas hacía meses, resonancias, miogramas… iban a quedar obsoletas.

“Yo no tengo potestad para adelantar a nadie en la lista”, “No puedo hacer nada”, “Pongan una reclamación, si quieren, en la planta baja”, “El que esté grave, que vaya a Urgencias”, afronta, como puede, el trabajador durante esa jornada laboral en la que, con la otra ventanilla cerrada desde hace dos años, él recibe, sin remedio, la frustración e impotencia de decenas y decenas, centenares y miles de pacientes. Tantas y tantos perjudicados, enfermos y personal, que bien podrían desencadenar un poderoso Me Too sanitario, tanto vía redes sociales como, si así lo quieren, a través de los cauces para comunicarse con elDiario.es y elDiario.es/Andalucía.

¿Citas telefónicas o acoso comercial?

Mucha gente se iba sin ser atendida, harta de esperar turno para oír en el mostrador que se fueran a sus casas a seguir esperando. Pero al marcharse se perdían una recomendación del funcionario: “Estén atentos a sus teléfonos porque cuando, al final, llegue el turno de sus citas, les llamaremos sólo dos veces, seguidas. Y mucha gente no coge la llamada creyendo que somos los comerciales de ofertas de telefonía, luz, cable… Si no contestan, el sistema deriva la cita al cauce de correo postal, que aún tarda más”.

¡Vaya sistema el de la Junta de Andalucía! ¿Por qué no mandan un WhatsApp o un SMS? ¡Y vaya perjuicio extra del ya insoportable acoso telefónico de tantas empresas que, pese a los sucesivos anuncios del gobierno central no se acaba de atajar!

No sólo es indignante sino peligroso que la gestión sanitaria del PP allá donde gobierna nos ponga a las y los pacientes, por sistema, a perseguir y rogar que nos atiendan, mientras empeora nuestra salud, en vez de garantizarnos la asistencia para frenar o curar nuestras dolencias.

“Por favor, mantengan el silencio en la sala”, ruega, a cada tanto, el funcionario y también una locución grabada. Pero la gente está que trina.

Entonces doy el paso y digo en voz alta: “Invito amablemente a todos los indignados a la manifestación por la sanidad pública que habrá este domingo 12 en Sevilla, como en toda Andalucía… Y a votar muy en conciencia en las elecciones de mayo”.

Mujeres, jóvenes y mayores, y algún hombre se interesan por la hora y sitio de la protesta. “Sí, algo tenemos que hacer, porque la Junta pasa”, “Bonilla, venga sonrisa, y aquí nos tiene, abandonaos”.

Anulaciones que recortan listas de espera

Pensaba yo en el contraste entre el clima en la sala de espera y el que proclaman las encuestas cuando, al fin, me llegó el turno. Avancé resignada a que me dijeran que esperara en casa más de un año, sin prever la sorpresa. “A usted no van a llamarla”, anunció el hombre, imprimiéndome el pantallazo de su ordenador: “NO PROCEDE CITACIÓN EN REUMATOLOGÍA. LA OSTEOPENIA DEBE SER SEGUIDA/VALORADA POR EL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA”.

“¿Y esto es así? ¿Es correcto?”, le pregunté. “Debe serlo -me respondió- porque lo ha escrito el jefe de servicio”, me contestó. “Pero, el médico de familia dijo lo contrario”, pensé en voz alta. “Háblelo con él y a ver…”, propuso. “Perdonen que me meta”, se levantó una señora, como un resorte, “pero tenemos que poner reclamaciones porque yo vengo por lo mismo, rechazada del Hospital Virgen del Rocío al que me mandó un especialista de aquí. ¡Así se recortan las listas de espera, negándonos la asistencia!”

Si nada hay más valioso que la salud y vida, nuestras y de quienes amamos, y estamos viendo, en primera persona, que la gestión sanitaria del PP boicotea la prevención y nos deja tiradas cuando enfermamos, habrá que levantarse en legítima defensa y votar en masa para que dejen de hacernos daño.

Yo he reclamado, por supuesto. Y cogido nueva cita con mi médico de primaria, pese a la inseguridad que da que él mismo considere no ser el adecuado. La he cogido para primer día disponible. O sea, dentro de dos semanas. Sé que la osteopenia no es grave, pero sí algo a tratar desde ya para evitar que mis huesos, de madre de tres hijos cuyos esqueletos he creado con mi calcio, lleguen a descalcificarse demasiado pronto, de forma irremediable. Aumentando el riesgo de fracturas.

Pero, sobre todo, he visto con mis propios ojos eso que sabemos, que denuncia incluso algún alcalde del PP y que esta misma semana ha alumbrado la encuesta de DS Métrica sobre la situación sanitaria en Andalucía: que las políticas del PP le están costando la salud a la gente cada día.

La salud y hasta la vida. Y no sólo en Andalucía sino en las demás comunidades donde el PP gobierna. A veces, ocurre de forma tan salvaje que llega a los tribunales y salta a la prensa, como el caso, conocido esta semana, de una señora muerta en Urgencias del Hospital General de València, tras dejarla desatendida 36 horas. Otras, pasa en el más siniestro silencio. Me resisto a creer que pudiendo parar tantos ataques a lo más valioso, nuestra salud y vidas, no vayamos a levantarnos en legítima defensa y a votar en masa para que dejen de hacernos daño.

Las animadversiones personales, más que las discrepancias políticas, han minado a la izquierda a la izquierda del PSOE desde siempre. Esto fue a mayores desde la aparición de Podemos en 2014.

Esta pelea de egos, más que el contagio del declive internacional de la ideología de izquierda, es la que ha llevado al desencanto a una feligresía voluntariosa en acudir a las urnas y depositar la papeleta de opciones con pocas posibilidades de gobernar, pero con la carga ética de defender a los vulnerables o una justicia social siempre en lontananza. Ni siquiera con el hecho de que esa posibilidad de tocar poder ya sí sea una realidad a través de las coaliciones, como la que gobierna en España y la que gobernó en Andalucía en 2012, la izquierda al PSOE ha conseguido eliminar esa tendencia de cría cuervos, de ponerse a parir unos a otros hasta salir cada uno por su cuenta.

El gran reto de Antonio Maíllo no solo es superar los cinco diputados de la legislatura que termina y evitar que los restos sin cuota parlamentaria de la izquierda dé otra vez la mayoría absoluta al PP de Juan Manuel Moreno, sino conseguir que el pegamento de la candidatura no cristalice y se rompa

El gran reto de Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía en las autonómicas andaluzas como suma de todas las izquierdas alternativas al PSOE, no solo es superar los cinco diputados de la legislatura que termina y evitar que los restos sin cuota parlamentaria de la izquierda dé otra vez la mayoría absoluta al PP de Juan Manuel Moreno; es sobre todo conseguir que el pegamento de la candidatura de unidad que lidera no cristalice y se rompa.

La fragilidad puede depender del resultado del 17M, es cierto, como Maíllo ya conoce de tiempos pasados, pero a mes y a unos días de las urnas, recién estrenado el pacto con Podemos, misiles como el lanzado por su exdirigente Pablo Iglesias invitan a imaginar como misión papal la del carismático profesor de Latín para mantener la paz. Esperemos que con más éxito que León XIV. Podría verse a Iglesias como un agorero cuando advierte de que Podemos hace mala negociación por aceptar solo la cabecera de la lista de Jaén, que no tuvo diputado en 2022. El objetivo de la histriónica manera de Pablo Iglesias es obtener mejores puestos para Podemos en la semana clave de las listas, hacerle el trabajo duro a Ione Belarra, pero las formas también traslucen animadversiones personales. Veremos si son solo apariencias o algo más.

A mí me parece que en sus declaraciones se advierte cierto desencuentro enquistado que ninguno de los dos ha explicado. Iglesias acusa de incongruente a Maíllo por haber alzado la voz contra el Sumar de Yolanda Díaz cuando IU se quedó sin eurodiputado, y ahora no acepta su crítica a que ningún candidato de Podemos esté en puestos de salida. ¿Era necesario ese recordatorio para presionar por las listas?

Hay más, y quizás más doloroso y que probablemente solo quienes conocen la política andaluza advierten: señala abiertamente que es cercano a María Jesús Montero y que por eso el votante de la izquierda alternativa votará a Adelante Andalucía, la otra opción de la izquierda que no se ha unido. Lo doloroso no es su supuesta cercanía a la candidata socialista. En realidad, Maíllo nunca ha sido miembro del Gobierno de Pedro Sánchez, pero sí Pablo Iglesias, que fue su vicepresidente. Tampoco fue miembro del gobierno de coalición PSOE-IU cuando Montero era consejera.

El exdirigente de Podemos toca la herida del pasado de Maíllo: Adelante Andalucía es el nombre de la coalición que Maíllo formó con Teresa Rodríguez, cuando esta abandonó Podemos para las elecciones andaluzas de 2018. Maíllo dejó todos sus cargos y la política en 2019 tras un duro tiempo personal por su enfermedad de cáncer, pero también apenado por la decepción de su alianza con la política gaditana. Como se demostró más tarde, Rodríguez ya tenía in mente construir su propio camino en solitario y tres meses después de la renuncia de Maíllo registró Adelante Andalucía como partido político a su nombre sin conocimiento de IU.

Pablo Iglesias, tan florentino, saca a relucir los nombres de dos mujeres potentes de la izquierda alternativa con las que compartió Podemos, Yolanda Díaz y Teresa Rodríguez, con las que Maíllo ha tenido diferencias. Coincide con Maíllo en esos desencuentros con las dos, pero lo hace para zaherirle

Pablo Iglesias, tan florentino, saca a relucir los nombres de dos mujeres potentes de la izquierda alternativa con las que compartió Podemos, Yolanda Díaz y Teresa Rodríguez, con las que Maíllo ha tenido diferencias. Coincide con Maíllo en esos desencuentros con las dos, pero lo hace para zaherirle y eso podría menoscabar las expectativas del candidato a la Presidencia de la Junta. ¿Celos o advertencia además de presión por las listas? Puede que todas a la vez.

La candidatura de Antonio Maíllo en Andalucía crea expectación en España, ya que su lograda unidad con Podemos es la primera tras el cisma de esta formación con Sumar, también en la confluencia. (Un inciso aquí para recordar que Maíllo recoge en parte lo sembrado por Inma Nieto, que se esforzó y logró la unidad del grupo IU, Podemos y Más País y otros durante toda la legislatura frente a las divisiones nacionales). 

Tanta es la expectación que Pablo Iglesias no se resiste a meter baza, y lo hace con drones además de misiles. Coinciden los exabruptos de Iglesias con que, en sus entrevistas tras el pacto de la noche del viernes santo, Maíllo se vino arriba y suscribió en una entrevista con El País que ese acuerdo indicaba el camino a la unidad nacional, lo llamó “punto de inflexión”. Una frase que en el cuartel general de Podemos ha generado cierto nerviosismo, como un hasta ahí podríamos llegar.

Lo parece cuando el propio Maíllo ha matizado en sus últimas declaraciones advirtiendo de que el acuerdo solo es para Andalucía y Por Andalucía, valga el juego de palabras. Además, recuerda a Pablo Iglesias que el acuerdo está bendecido por el aval de la militancia morada. Maíllo, muy contenido, a lo León XIV, cuando en esta etapa suele usar un lenguaje más atizador.

Si Maíllo logra romper el techo de esa izquierda demostraría el camino a las generales y pondría en un aprieto a la formación de Belarra

Me acordé del desaparecido y entrañable Antonio Romero, y su empeño por conquistar y colocar titulares con frases rimbombantes, con una carcajada cuando oí a Antonio Maíllo decir en TVE que Juan Manuel Moreno “tuvo una flor en el culo” cuando ganó la mayoría absoluta en 2022. Luego explicó por qué: Moreno obtuvo la mayoría absoluta por seis diputados que arañó de restos en provincias, restos de partidos de la izquierda que no obtuvieron el porcentaje necesario para alcanzar el diputado. El objetivo de su candidatura de unidad en Andalucía es evitar que esos restos queden sin diputado de la izquierda alternativa al PSOE, entre ellos Jaén, cuya cabeza de lista será para un miembro de Podemos. Sí, también Maíllo es un poquito florentino. 

Así que sí, los celos también pueden interferir en los logros y la estrategia de unidad de la izquierda, la enésima operación de unidad. Lo de Pablo Iglesias con Maíllo recuerda un poco a lo de Felipe González con Pedro Sánchez. Si Maíllo logra romper el techo de esa izquierda, demostraría el camino a las generales y pondría en un aprieto a la formación de Belarra.  

Andalucía ha sido varias veces el primer escenario, el primer laboratorio. Aquí se ensayó un gobierno de coalición del PSOE con su izquierda alternativa (IU) tras décadas como adversarios; aquí también fue la primera vez que Podemos y Vox estrenaron escaños en un Parlamento en España. También la primera vez que el PP se alió con la ultraderecha (aunque como apoyo solo parlamentario). Veremos si también Maíllo, un experimentado político en superar divisiones y animadversiones personales en la vida y en la política, logra señalar el camino de la izquierda para las elecciones de 2027. Si Pablo Iglesias deja de tirarle misiles y drones, claro. 

A este paso, Juanma Moreno Bonilla no sólo ganará las próximas elecciones autonómicas en Andalucía, sino también el jubileo: si es que, en el Año Compostelano, puntúa su viacrucis personal de procesión en procesión durante la recién pasada Semana Santa; una plusmarca imbatible, a pesar de que María Jesús Montero haya intentado sumarse sin tanto empuje a ese mismo maratón de carreras oficiales.

Los desfiles procesionales han dejado un rastro de impagables secuencias de Berlanga, más allá los buñuelescos tambores de Calanda: esas coreografías legionarias cantándole a los niños con cáncer “Soy el novio de la muerte”; esos cargadores gaditanos visiblemente polarizados pegándose piñas en las Siete Palabras; ese potosí de aznares, díazayusos y cayetanas, entre fracs de munícipes con varas de mando, incluyendo a un buen número de los de la izquierda transformadora, salvo en Marinaleda que siguen celebrando la semana de la paz. Para colmo, el emérito resucitó en La Maestranza de Sevilla este domingo, con el gentío aplaudiéndole como si fuera una recogida vistosa: nada extraño si se tiene en cuenta que Barrabás fue indultado por aclamación popular.

Claro que también hay fe, un credo íntimo cuya procesión va por dentro: las promesas sinceras, el estremecimiento mágico, incluso la penitencia del silicio, la creencia profunda en que la imaginería nos acerca a los dioses. Nada extraño en la historia de la humanidad desde Melkart al Becerro de Oro, pero que vuelve a empapar de serenidad y recogimiento a muchos de sus fieles, ya vayan bajo los capirotes o bajo las mantillas. Y hay belleza, mucha belleza, desde el dardo intangible de las saetas al viejo ceremonial de la primavera, la elegancia de pasos y de tronos, las flores como un colorido recado de que la vida siempre sobrevive.

Desde que los miembros de las hermandades sustituyeron a los estibadores a sueldo, esta Semana Santa vino para quedarse. Alentada por los primeros ayuntamientos democráticos, hoy por hoy, es sencillamente irrebatible. Tremendamente popular y populista, pero a su vez devota como alguien que llora la muerte o el malestar de un ser querido; o tan friki como un pregón con ripios en consonante.

El arte del retranqueo convive con el entrañable sabor de los rosquillos y torrijas, o el brillo de las maniguetas, entre mayordomos, capataces, hombres de trono o aguadores, cornetas y tambores

Las procesiones suponen un rito de iniciación para la infancia, quizá la primera parada nupcial de la adolescencia, un ejercicio de memoria para los desmemoriados. El arte del retranqueo convive con el entrañable sabor de los rosquillos y torrijas, o el brillo de las maniguetas, entre mayordomos, capataces, hombres de trono o aguadores, cornetas y tambores.

Pero también abunda el espectáculo: colecciones de cromos, juegos de salón, piruletas con el rostro de las vírgenes o de las distintas advocaciones de Jesucristo, los cofraditos o el Priostic que permite crear tu propia hermandad en miniatura. Pasen y vean: fisioterapeutas especializados y tiendas de fajas lumbares; Domingo de Ramos, el que no estrena se le caen las manos, entre tours de japoneses sintoístas y balcones en alquiler.

Revelación, si, como reza el anuncio de la Andalusian Crush de la Junta, con John Cleeze de los Monty Python, pero a la vez toda una industria –admítanme la paradoja--, que gira en torno a la conmemoración de la tortura, muerte y resurrección del que se proclamaba hijo de Dios, hace dos mil y pico años.

No es religión todo lo que reluce, aunque quizá sea otra forma de religión: ¿o es que toda esa muchedumbre callejera que se agolpa en las esquinas y aguanta a pie firme las horas que hagan falta, cabría acaso en misa de doce?

A la jerarquía eclesiástica siempre le molestó que las cofradías le quitaran el monopolio del diálogo con la divinidad, que es algo también a tener en cuenta a la hora de explicarnos este fenómeno que lleva a los jóvenes a poner en su playlist a la banda del Rosario en lugar de Iron Maiden y Sed Vicious

Mientras las homilías del Papa le enmiendan sottovoce la plana a Trump, la estética que desprende nuestra Semana Santa es notablemente conservadora, aunque muchos progresistas participen de la misma y sin llegar, ni unos ni otros, a los exorcismos colectivos que, de un tiempo a esta parte, en un claro caso de competencia desleal o apropiación cultural, se celebran en la Casa Blanca.

A la jerarquía eclesiástica siempre le molestó que las cofradías le quitaran el monopolio del diálogo con la divinidad, que es algo también a tener en cuenta a la hora de explicarnos este fenómeno que lleva a los jóvenes a poner en su playlist a la banda del Rosario en lugar de Iron Maiden y Sed Vicious. Entre los grandes éxitos de estos días, pueden convivir perfectamente la versión de “Amargura” de Rafael Riqueni con “Dios es un Stalker”, de Rosalía. ¿Ya alguien se acuerda de Haydn en Viernes Santo, de la película de Gutiérrez Aragón vía Juan Lebrón, del teatro de Távora?  

La Semana de Pasión nos deja algo más que cera en la suela de los zapatos: es también el espejo de la España real, la superficial y la profunda, la católica y la pagana, la que realiza recaudaciones solidarias o la que privatiza incluso la contemplación de las imágenes. La que huele a incienso o azahar y la que fuma hachís. La que cierra bares al paso de los nazarenos y la que bebe calimocho entre las trabajaderas. La que militariza, entre tricornios, gorras de plato y medalleros, hasta el calvario del Mesías, en un estado aconfesional que no laico, según el artículo 16 de la Constitución Española. Por cierto, ¿para cuándo la abolición del Concordato con la Santa Sede, vigente desde 1953? La respuesta a esa última pregunta tendríamos que ir a buscarla, mucho me temo, allá donde Cristo perdió el mechero.

La Fundación Academia Europea e Iberoamérica de Yuste y el Comité Europeo de las Regiones han aplazado la ceremonia de entrega del XIX Premio Europeo Carlos V, otorgado al Comité Europeo de las Regiones, al 25 de mayo. La decisión se toma después de que Adelante Andalucía presentara una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC), ya que en este acto el rey Felipe VI le iba a dar el galardón al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), a su vez vicepresidente del Comité, en una ceremonia que iba a tener lugar en principio el 12 de mayo, a cinco días de las elecciones.

Ante este recurso, en el que la formación solicitaba la cancelación de la entrega del galardón, y ante “cualquier controversia o utilización política del premio”, se ha optado por el aplazamiento consensuado por las partes, y habiendo sido informada la Casa de Su Majestad el Rey.

El propósito de este aplazamiento responde a la “salvaguarda del prestigio y la solvencia internacional” del Premio Carlos V, que lleva entregándose más de tres décadas, así como “proteger la solemnidad de la ceremonia ante cualquier intención espuria o que enturbie el fundamento de estos galardones”, indica la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

El Ejecutivo regional subraya, en todo caso, que esta edición del Premio Carlos V ha recaído en una institución europea, y no en ninguna figura política concreta. De hecho, el fallo del jurado hace referencia expresa a que, “en tiempos de complejidad y polarización, el Comité de las Regiones ha promovido el equilibrio, la escucha y la cooperación”.

“Acto electoral con el rey”

Adelante Andalucía había anunciado este jueves un recurso ante la Junta Electoral por este acto, sustentándolo en que el acto de entrega estaba previsto a cinco días de la celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía. “No queremos rey, pero si lo tenemos que al menos no se dedique a hacer campaña por el PP”, denunciaba la formación política.

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, argumentó que “el rey Felipe VI no puede darle un premio a Moreno Bonilla a cinco días de las elecciones porque eso es un acto electoral, es un acto de campaña”, antes de incidir en que “la Casa Real no puede hacer campaña por ningún candidato, ni siquiera por el PP”.

El anuncio de la entrega lo hizo el miércoles la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola (PP). El Gobierno extremeño justificó la entrega del galardón a la Comisión Europea de las Regiones con el argumento de que “encarna la unidad en la diversidad, lo que sustenta la integración europea”. Concretamente, la presidencia del Comité Europeo de las Regiones para el mandato 2025-2030 recae en la húngara Kata Tütto, con Juan Manuel Moreno como vicepresidente, dos representantes de países distintos y pertenecientes a distintas familias políticas europeas que se unen en un mandato inspirado por los valores de la Unión.

El exlíder de Podemos, exvicepresidente del Gobierno y exministro, Pablo Iglesias, ha vuelto a cuestionar este miércoles el pacto de coalición de los siete partidos de izquierdas que integran Por Andalucía, incluida la formación morada.

Iglesias ya denunció que había “mucha gente muy indignada”, porque los candidatos de Podemos habían sido relegados en las listas al número dos por Sevilla y Málaga y el uno por Jaén, puestos donde la coalición no logró escaño en 2022, y que Iglesias ve difícil que logren entrar en el Parlamento. “Desde luego, el acuerdo muy generoso con Podemos no es, porque no va a haber ningún diputado de Podemos en el próximo Parlamento andaluz. [Podemos] Difícilmente puede estar satisfecho con un acuerdo que no le da ninguna representación”, dijo en una entrevista en RNE.

Las declaraciones sentaron muy mal en el seno de la coalición andaluza, no sólo entre los dirigentes de Izquierda Unida (IU), que abrieron la negociación con Podemos en octubre de 2024, aunque estos no se sentaron en la mesa de partidos hasta la semana pasada, días antes de que expirara el plazo para registrar coaliciones ante la Junta Electoral de Andalucía. También entre los dirigentes de la formación morada en este territorio hay una sensación de “desgaste adelantado” tras el primer dardo de Iglesias nada más firmar el acuerdo para las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

El candidato de Por Andalucía y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, evitó confrontar directamente con Iglesias y respondió a sus palabras en positivo, asegurando que el electorado progresista estaba “alegre” por una coalición que evita el escenario “nefasto” de tres papeletas distintas a la izquierda del PSOE. Maíllo está en plena precampaña de las andaluzas y sabe que dejarse arrastrar por los comentarios de Iglesias supone alejarse de su campo de acción y anticipar un pulso, aún por llegar, por quién encabezará la lista del frente amplio de izquierdas en las generales de 2027.

Pero el exlíder de Podemos ha incidido este miércoles en sus críticas al pacto andaluz: “He visto que el señor Maíllo responde que está todo el mundo muy ilusionado”, ha asegurado en TVE. Acto seguido, Iglesias ha recordado al líder de IU que en 2024 criticó que Sumar no diera un puesto de salida a su candidato [Manu Pineda] en las elecciones europeas, relegándolo al cuarto puesto que no salió elegido. Luego, Maíllo pidió generosidad para compartir el escaño con los eurodiputados que sí entraron en el Parlamento Europeo, y les conminó a cedérselo a su candidato a mitad de mandato.

“Yo me acuerdo cuando al pobre Maíllo le dejaron a su candidato de número cuatro en las elecciones europeas, pues montó un escándalo. Dijo que se les había humillado, pidió a los diputados que habían salido que compartieran su tiempo de escaño en el Parlamento Europeo con su candidato”, ha recordado Iglesias, para luego preguntar, en tono retórico: “Yo no sé si él va a plantear que si no sale, como parece, ningún candidato de Podemos en el Parlamento andaluz, los diputados de IU hagan lo que él pidió que hicieran los de Compromís y los de los Comuns con el candidato Manu Pineda de IU, que se quedó fuera del Parlamento Europeo”.

Los negociadores de Podemos en Andalucía pidieron dos puestos de salida en alguna de las cinco provincias donde ahora tiene representación la coalición Por Andalucía, para asegurarse un escaño en el Parlamento. El resto de partidos que había empezado a negociar hace meses se negó a desbaratar lo que ya habían pactado a pocas horas del plazo límite para registrar la coalición.

Finalmente, Podemos aceptó que sus candidatos vayan de número uno por Jaén y de número dos por Sevilla y Málaga. La sugerencia de Iglesias implicaría, a priori, que quienes ocupan la primera plaza en estas dos últimas provincias, más garantizadas que el resto, cedan su escaño a los aspirantes de Podemos a mitad de legislatura. Eso implicaría que salieran del Parlamento el propio candidato de la coalición, Antonio Maíllo, que va de número uno por Sevilla, y el secretario general del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba, que va de número uno por Málaga.

Preguntado sobre esta hipótesis que plantea Iglesias, Maíllo ha respondido lacónico esta mañana en los pasillos del Parlamento: “Yo es que estoy muy contento por la apertura del Estrecho de Ormuz”, ha dicho, en referencia a la amenaza incumplida del presidente de EEUU, Donald Trump, de “arrasar” a la población de Irán esta madrugada si no reabría el paso a los petroleros que suministran a los países de Occidente.

“Al PSOE de Andalucía siempre se le ha dado mal la gestión de las expectativas. De las malas expectativas”, dice, con sorna seca, un veteranísimo del socialismo andaluz, ya en la retaguardia “militante”.

El PSOE andaluz es conocido por todos como un partido “ciclotímico”, propenso a los altibajos emocionales, sobre todo desde que discurre por la angosta senda de la oposición, tras ostentar el poder casi 37 años consecutivos.

Un día surfean en éxtasis la ola del “efecto Montero”, cuando el partido se encomendó a la mujer con más poder institucional de España como secretaria general y candidata en Andalucía (“Hemos elegido lo mejor que tenemos porque vamos a por todas”); y al día siguiente, vuelven a caer en depresión, cuando las primeras encuestas post Montero no arrojan el resultado esperado.

Ese socialismo andaluz, hogar de unos 40.000 militantes, se ha topado de bruces, este martes, con un inesperado fuego amigo: un sondeo de intención de voto del CIS para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, que su líder y candidata, María Jesús Montero, conocía, pero muchos de sus acólitos no.

El instituto demoscópico del Gobierno de Pedro Sánchez -el más potente del país- ha enfriado las expectativas de la candidata socialista, situándola diez puntos por debajo en intención de voto del claro favorito, el popular Juan Manuel Moreno, a un mes y medio para las urnas. Es el primer sondeo de peso que se publica desde que se convocaron las elecciones, el 23 de marzo.

De los datos del estudio, además, se desprende que Moreno tira de la marca PP hacia arriba, mientras Montero arrastra la marca PSOE hacia abajo (el partido del puño y la rosa aún despierta entre los andaluces más “simpatía” que el PP, único parámetro en el que les ganan). Casi el 53% de los encuestados responde “Juanma Moreno” cuando se les pregunta quién prefiere que les gobierne, frente al 22,6% que elige a Montero.

El 45,7% de los encuestados ve al popular “más preparado para gobernar”, más “honesto” (39,5%), más “sincero”(40,2%), más “fiable” (42,3%) y más “dialogante” (47%), atributos que la socialista -exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda durante ocho años- sólo inspira al 21,3% (preparada), al 18,3% (dialogante) y al 16,5% (fiable).

El CIS propone también una serie de méritos de un dirigente y pide a los encuestados que identifiquen esos valores con los candidatos: quién tiene más proyecto e ideas claras; más pragmatismo, iniciativa y capacidad de gestión para resolver problemas; quién tiene más sensibilidad, más conocimiento de los problemas de Andalucía y más visión de futuro. Moreno puntúa en todas por encima del 43%, mientras la cota más alta de Montero es el 23% en “capacidad de gestión”.

La exvicepresidentea del Gobierno fue consejera de la Junta de Andalucía, primero de Sanidad, luego de Hacienda, durante 14 años, con los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Los últimos ocho años ha sido un pilar del Ejecutivo de Sánchez, desde donde ha impulsado la quita de deuda autonómica y una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, ambas beneficiosas en términos absolutos para Andalucía.

A tenor del resultado de esta macroencuesta, incluso sus dotes como gestora de lo público tras más de dos décadas en gobiernos está muy desgastada entre los andaluces.

Fidelidad y trasvase de votos

Moreno mantiene la fidelidad del voto al PP en un 80,7% respecto a quienes le apoyaron hace cuatro años, en las autonómicas de 2022, sin embargo, Montero retiene al 66,3% y pierde casi un 20% de los votantes que logró su predecesor, Juan Espadas, en beneficio de otras opciones políticas -el PP (8,7%), Por Andalucía (5,9%) y Adelante (5,3%)- pero sobre todo de electores que se van a la abstención (15,6%).

Esta foto fija, avalada por más de 6.000 entrevistas, ha pillado a los socialistas en mitad de su particular “Semana de Gloria”, como ha bautizado una dirigente de la ejecutiva regional del PSOE-A al tortuoso proceso de elaboración de las listas electorales en las ocho provincias andaluzas.

Entre el lunes y el martes, las asambleas locales del partido han debatido los mejores candidatos para enviar al Parlamento andaluz. Este miércoles cada comité provincial del PSOE elevará una propuesta de lista a la dirección regional, que podrá ratificarla o modificarla para su aprobación definitiva, el próximo viernes, en el Comité Director, máximo órgano de decisión entre congresos.

El forcejeo entre las familias, corrientes, oficialistas y críticos del PSOE en cada una de las ocho provincias de Andalucía se ha intensificado tras el varapalo del CIS, que deja poco espacio para el optimismo. Los socialistas están hoy en su suelo electoral, tienen 30 de los 109 diputados en el Parlamento. Con la llegada de Montero, aspiraban a alcanzar 38, uno más por cada provincia, disputando los restos al PP de Moreno, que en 2022 se hizo con el último escaño en prácticamente todas las circunscripciones.

Hoy esas expectativas están congeladas. Hay tensiones por acaparar los principales puestos de salida prácticamente en todas las provincias, a pesar de que Montero y su secretario de Organización, el alcalde de Dos Hermanas, Paco Rodríguez, ya habían tanteado a los ocho secretarios provinciales durante la Semana Santa, tratando de consensuar las candidaturas y evitar “el espectáculo público de un partido abierto en canal”.

Las fricciones perduran en los ocho territorios con más o menos intensidad. La dirección regional pidió a los secretarios provinciales que ostentan algún cargo institucional incompatible con ocupar un escaño en el Parlamento andaluz [Granada, Almería y Córdoba] que no entraran en las listas del 17M para evitar la lectura de que “toman posiciones” para sustituir a Montero tras las elecciones, en caso de que el resultado sea muy malo.

El CIS ha revelado que las expectativas del PSOE en las autonómicas es peor que en unas generales, con Sánchez de candidato. Cuando se pregunta a los 6.000 encuestados andaluces a quién votará en las generales, el PSOE vuelve a imponerse al PP como la primera opción con el 27,7% frente al 25,4%, un vuelco que no logran los socialistas en las autonómicas. En el recuerdo de voto, el 35,3% lo hizo por el PSOE en las generales de 2023, frente al 26,4% que apoyó al PP (pese a que los populares ganaron las legislativas en Andalucía).

En principio, el planteamiento de la dirección regional a los ocho secretarios provinciales fue “bien recibido”, pero ha añadido una nueva variable a un puzle ya de por sí difícil, con fuertes discordias internas en Cádiz, Córdoba y Jaén (en esta última concurrirá el presidente de la Diputación Provincial, Paco Reyes, que dejará su cargo al líder provincial, Juan Latorre), y de menor intensidad en Almería, Granada y Huelva.

Más preparado, dialogante y fiable

Hace apenas tres semanas, el PSOE celebraba el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de marzo, que proyectó una victoria de los socialistas en las elecciones generales, a 8,5 puntos del PP, y un significativo estancamiento de Vox. El instituto que dirige José Félix Tezanos usó en aquel sondeo 4.016 entrevistas, con un nivel de confianza del 95,5%.

Este martes, el CIS ha publicado el estudio ‘Actitudes y demandas de los andaluces tras las inundaciones’, que va mucho más allá del título y radiografía las debilidades y fortalezas de los partidos y los candidatos que concurren a las elecciones andaluzas. La macroencuesta se realizó entre el 12 y el 26 de marzo (Moreno disolvió el Parlamento el 23 de marzo).

Tezanos utiliza aquí más entrevistas de las que suele usar en los barómetros mensuales del CIS (6.016 encuestados), con un margen de error inferior. La encuesta empieza preguntando a los andaluces cómo se han visto afectados por el tren de borrascas del pasado enero, pero termina indagando por su opción de voto para las autonómicas, la valoración de los candidatos y su capacidad de gestión.

A la pregunta “¿a qué partido votaría usted?”, el 32,1% responde al PP en intención directa, diez puntos por delante del PSOE, con un 22%; Vox con un 8,8%; Adelante Andalucía, con un 7,7%; la coalición Por Andalucía, con un 5,8%; Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del agitador ultra Alvise Pérez, con un 1,3%; y Podemos, con un 0,5%.

El resultado sitúa a Moreno 23,4 puntos por delante de su principal competidora, María Jesús Montero, como opción de gobierno preferida para los andaluces. El 40,9% de los encuestados prefiere que el dirigente popular siga como presidente de la Junta, tras casi ocho años en el poder, frente al 17,5% que se decanta por la socialista.

La pregunta por la preferencia de gobierno de los encuestados también arroja respuestas significativas cuando se observa qué votaron en las andaluzas de 2022: un 24% de los que apoyaron al PSOE-A hace cuatro años, siendo candidato Espadas, ahora mudaría su voto a otras opciones políticas: la mayoría al PP de Moreno (13%), y otros se pasarían a la coalición Por Andalucía, que encabeza Antonio Maíllo (5,7%) o a Adelante Andalucía (5,4%).

La mayor fidelidad de voto la retiene Moreno, con un 86,6% de convencidos entre los votantes del PP. Además, el presidente de la Junta y candidato a la reelección también convence a un 27,8% de quienes votaron a Vox en 2022, un dato significativo para los de Moreno, que salen a revalidar una mayoría absoluta amenazada (en la mayoría de encuestas) por el crecimiento constante de la ultraderecha (el viaje a la inversa sólo lo hace el 4,9%).

Moreno y Montero son los candidatos con un índice de popularidad más alta, más del 95% de los anda4luces conoce a ambos. Pero el popular es el mejor valorado, con un 5,86, mientras que la socialista está en cuarta posición, con un 3,93, por detrás de otros candidatos menos conocidos, como el cabeza de lista de la coalición Por Andalucía y líder federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo (4,73), o el de Adelante Andalucía, José Ignacio García (4,82).

Cuatro de cada diez andaluces encuestados valora como “buena o muy buena” la gestión del Gobierno de Moreno en los últimos cuatro años, sin embargo, el 49,6% califica de “mala o muy mala” la política del Gobierno de Sánchez, con quien identifican directamente a Montero.

En el sondeo, también es llamativo que el partido anticapitalista y andalucista de Teresa Rodríguez, que hoy encabeza José Ignacio García, aventaje a la coalición que de IU, Sumar, Podemos y otros cinco partidos de izquierdas, pilotada por Maíllo. Adelante Andalucía tiene hoy dos diputados en el Parlamento y Por Andalucía cinco. Cuando el CIS realiza la encuesta, Podemos aún no se había integrado en esta última coalición.

Los “15.000 votos” que necesita Moreno y “el millón” que busca Montero

La encuesta del CIS se ha publicado con todos los candidatos haciendo campaña. Moreno, en una entrevista en el programa de Ana Rosa, en Antena 3, ha asegurado que la diferencia entre lograr los 55 diputados de la mayoría absoluta o quedarse en 52 y verse obligado a pactar con Vox es de “apenas 15.000 votos”. El popular ha puesto un listón factible a los suyos, pero les ha pedido que “no se confíen”, que “no se vayan a la playa”.

Montero estaba en un desayuno informativo, en Sevilla, presentado por la exdiputada por Cádiz en el Congreso y exeurodiputada, Carmen Romero, que le ha puesto el listón mucho más alto: “Nos hacen falta un millón de votos más, unos 250.000 más por provincia, ¿cómo tendrán que trabajar esas casas del pueblo?”, ha conminado a la candidata. En las últimas cuatro elecciones celebradas en Andalucía (autonómicas, generales, municipales y europeas), el PP prácticamente ha clavado su resultado (en torno a 1,5 millones de votantes), mientras que el PSOE ha fluctuado desde los 880.000 de las autonómicas al 1,2 millones de las generales.

El CIS sobre intención de voto en Andalucía ha pillado a todos los partidos ultimando sus listas electorales en las ocho provincias pero, de todos ellos, es el PSOE quien afronta esta semana con más dificultad para encajar a sus candidatos en unas papeletas menguantes, a juzgar por el sondeo.

La elaboración de candidaturas es una prueba de estrés para los partidos, que ven cómo sus dirigentes se disputan los puestos de salida con más o menos ansiedad, según las expectativas electorales en cada provincia. El CIS deja poco margen para el entusiasmo socialista y, al hacerse público 24 horas antes de que los comités provinciales aprueben sus propuestas de candidatos, suponen una tensión añadida para la ejecutiva de Montero. “Esto es lo que nos faltaba”, se queja un secretario provincial.

El estado anímico de los socialistas y la unidad o las discrepancias que aireen a final de semana, tras la confección definitiva de las listas electorales, será un buen termómetro de las expectativas reales que tiene el partido de cara al 17M. Pero también del futuro del PSOE andaluz tras los comicios. “Un partido roto no funciona igual que un partido unido. Eso sirve para una campaña electoral , pero también para trabajar la legislatura que viene”, dice un veterano socialista, fuera de las quinielas de candidatos.

El dato del CIS más positivo para el PSOE es el que ratifica su estrategia de campaña: los socialistas no acuden a las urnas focalizando su marca de partido ni siquiera la de su candidata, sino dando prioridad a los problemas de los andaluces, singularmente la sanidad.

El deterioro de la atención sanitaria escaló al primer problema en la encuesta del Centra, que financia la propia Junta de Andalucía, y también lo es en este sondeo del CIS. Cuatro de cada diez andaluces señala la gestión de la sanidad pública como el primer o segundo problema que más les afecta personalmente, seguido de la vivienda (17,2%) y la falta de infraestructuras, como trenes, carreteras (16,4%).

Montero ha planteado estos comicios como “un referéndum por la salud” y ha reiterado que el 17 de mayo “nos jugamos la vida”. Respecto a estos problemas identificados como los más graves por los encuestados, la mayoría ve más “cercana” la gestión del PP (25,1%), pero seguida de cerca por el PSOE (21,4%), y a más distancia Vox (8,8%), Adelante Andalucía (5,3%) y Por Andalucía (4,2%).

Javier Ruibal no tiene manías ni supersticiones, pero cada noche, justo antes de salir al escenario, acostumbra a contar hacia atrás desde 20, muy despacio: veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete… Un rito que volverá a repetir este viernes en el Teatro de las Cortes de San Fernando (Cádiz), con motivo de una ocasión muy especial: la grabación de un nuevo disco en directo, el quinto de su carrera tras Pensión Triana, Lo que me dice tu boca, Sueño y 35 aniversario.

Un reto “tan excitante como comprometido”, según este cantautor portuense de 70 años, ya que la experiencia acumulada no es ninguna garantía ante el vértigo del directo. “A mí me gusta mucho hacer directos, creo que es la verdad de la música, ¿no? Es más excitante que una grabación de estudio. La grabación del concierto ya se oirá después, pero la presencia del público es fundamental”.

En la receta de Ruibal, lo primero que hay que tener es “motivación y ganas y también un repertorio que permita la sorpresa”, comenta. “En este caso es todo inédito, a diferencia de los anteriores. En Lo que me dice tu boca había algunas canciones conocidas y muchas otras que no, en Sueño eran mis canciones acompañadas por la Orquesta de Córdoba… Aquí es todo nuevo, con arreglos nuevos de Javier López de Guereña y una banda preciosa”.

Compañerismos y complicidad

Ese factor, la banda, es otro de los ingredientes fundamentales en la cocina de su disco. En esta ocasión, Ruibal se rodea de un verdadero grupo de solistas, con Alberto Bocanegra al piano y teclados; Diego Villegas en los vientos; José Recacha en guitarras y bajos; y Joaquín Calderón, que aportará instrumentos de cuerda y violín, sin olvidar a su hijo, Javi Ruibal, a la batería, percusiones y producción.

“Javi, aparte de que tiene mucho criterio, me conoce lo suficiente y tiene la posibilidad de decirme: aquí creo que te estás pasando, o aquí te estás quedando corto. Y eso es estupendo”, comenta el artista. “Claro, él se ha criado escuchando mi música y me ha visto componerla incluso, entonces a él no le puedo yo engañar, es el único al que no puedo engañar de entre todo el planeta [risas]. Él sabe cuáles son mis cadencias y en todo caso, si las hay, mis virtudes”.

“Siempre he estado con músicos que tienen su propia expresividad y su trayectoria y sus propias carreras”, prosigue Ruibal. “Gente que también se la juega personalmente, fuera de mis grabaciones y de mis conciertos. Y eso a mí me provoca una idea de compañerismo muy interesante, porque nadie es más que nadie. Eso sí, cada uno toca y lo que se dedica a hacer, lo hace con la mayor excelencia posible. También me gustan los músicos que me dan la impresión de que, como solistas, son mejores que yo. Por eso es muy interesante la idea de no competencia en el escenario, pero sí hacer una puesta en común en la que todo el mundo pueda expresarse y estar a favor de obra”.

Por otra parte, el gaditano subraya que la preparación de un disco como este “exige más ensayos y más precisión que un disco convencional. El repertorio lo trabajo en solitario, indudablemente, dándole muchas vueltas a las cuestiones de melodía y de armonía y muchas más vueltas a la palabra y al verso, que para mí es tan importante como lo musical”.

De los arreglos a los ensayos

“Entonces, una vez que yo ya me he partido el coco y he llegado al convencimiento de que no doy más, entonces interviene la labor del arreglista”, agrega. Con Javier López de Guereña, con el que Ruibal ya ha trabajado en otras ocasiones, “hablo en unos términos que son muy curiosos porque de pronto, para referirme a qué arreglo veo yo para tal canción, por ejemplo, digo, aquí épico, aquí sensual, aquí jocoso. Ese tipo de expresiones que no tienen nada que ver con la idea que la flauta vaya en tal o cual tonalidad, o haciendo tal cosa. Es más bien una cuestión de sensaciones, algo que atañe a ciertas sutilezas que van más relacionadas con la emoción que yo quiero que conserve la canción arreglada, que ya estaba en la canción desnuda. Para que no se pierda eso que yo he sentido cuando lo he compuesto”.

Las nuevas tecnologías acuden aquí en auxilio de compositor y arreglista, pues hay emuladores muy aceptables que permiten hacerse una idea de cómo puede quedar el resultado final. “Yo no leo música más que lo imprescindible”, admire Ruibal, “a mí ya me puedes dar un kilo de papeles que me quedó indiferente. Pero si me das la sonoridad y el resultado, pues eso me anima mucho”.

Luego viene la labor de organizar todo ese material, repartir el trabajo entre los músicos y, naturalmente, hacerlo sonar. En este caso, Ruibal distingue entre ensayos “musicales” y “técnicos”, estos últimos en el propio teatro. Los ensayos domésticos, en cambio, se han repartido entre la casa de José Recacha, en Coria del Río, en los Tempo Estudio, en Sevilla, en Mairena. “Luego vamos al teatro y tendremos dos días para poder ensayar ya in situ. Al ser la grabación en directo, hay que ir ya al escenario con el máximo de trabajo técnico hecho, solventando los posibles problemas de amplificación que pueda estropear el sonido, y que en un estudio no existen”.

Un teatro con historia

La elección del Teatro de las Cortes viene de un ofrecimiento expreso de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y de la delegada de Cultura, Pepa Pacheco. “Me dijeron que les hacía una ilusión tremenda que eso se hiciera allí, y a nosotros nos gustaba el teatro por su sonoridad. Es un teatro entero de madera, lo cual quita un montón de asperezas a la hora de sonar y de grabar. Y luego es un teatro lleno de historia, un sitio donde se ha proclamado la primera constitución progresista de la historia europea, la de 1812. Una constitución tan bien hecha que fue odiada inmediatamente por los poderes absolutos y se la cargaron. Mira si estaría bien hecha, fue un peligro a la sostenibilidad del absolutismo. Cantar allí me parece un privilegio”.

Por la parte de sonorización y grabación, Ruibal cuenta con otro viejo cómplice como Javier Rondán, su técnico de sonido desde hace años. Entre unos y otros, reconoce el cantante, no tiene más remedio que rejuvenecer, “porque ellos están en esa cosa tan galana que tiene la primera madurez, mientras que yo ya estoy en la tercera. De alguna manera, yo me nutro de esa energía, pero ellos también me dan latiguito para que espabile. ¿Me explico? Quieren que tú estés lo más relajado posible, pero que también des lo mejor, y que si en alguna parte el fraseo que hace la voz puedes arriesgarte más, te lo dicen. Es muy bonito y es muy generoso por su parte, porque podrían limitarse a tocar tan bien como tocan y punto, y en cambio se involucran a fondo en el proyecto”.

Finalmente, tan importante resulta conocer los pasos de la receta como eludir los errores que eventualmente se hayan podido cometer en grabaciones anteriores. ¿Cuáles serían estos escollos a evitar, en el caso de Ruibal? “En Pensión Triana, por ejemplo, había un pulso muy fuerte, porque era un repertorio de mucha euforia. Es un disco muy optimista y muy eufórico y todos los músicos tocaron con una fuerza que luego, a la hora de mezclar, me las vi y me las deseé, porque de las dos tomas que se habían hecho, de los dos conciertos que hicimos, no sabía uno con cuál quedarse. Y no es como ahora que tú puedes tomar una parte de una y juntarla a otra toma anterior, como cortar y pegar, aunque para mí la gracia está en la naturalidad”.

Un viaje sonoro

“En Lo que me dice tu boca todo es mucho más relajado, y ahí sí tomé cartas en el asunto y pensé que, en lugar de estar todo el tiempo tocando con todos, iba a hacer una canción con Andreas Prittwitz, otra con Víctor Merlo… Traté de que eso fuera un poquito menos impetuoso que en la experiencia anterior. Luego Sueño era con la Orquesta de Córdoba, con lo cual yo ahí era quien menos mandaba. Me limité a cantar lo más bonito que pude. Y luego el 35 aniversario lo planteamos como una fiesta de duetos. Cantar con Martirio, con Miguel Ríos, con Drexler, con Pasión Vega, incluso con cada uno de los músicos que había tocado conmigo a lo largo de los años, dándole su sitio a cada uno”.

De contenido del álbum, Ruibal solo puede adelantar que “todo gira alrededor de un mismo asunto, es un objeto y un viaje, un largo viaje que ocurre durante un largo tiempo: una historia contada en doce capítulos, en doce canciones, donde hay guiños musicales a una serie de lugares diferentes y de épocas diferentes. Y luego el lenguaje es, en cierta medida, clásico, un lenguaje de época. Bueno, no voy a decir de Siglo de Oro, pero casi, casi. Con ese tipo de expresividad que hubo en la época en la que transcurre la historia”.

La cabeza del portuense ya está en el próximo viernes, y casi se ve entre las bambalinas del teatro de las Cortes. “Yo he sido siempre muy salvaje, salgo al escenario sin calentar la voz ni nada, ¿no? No me pongo a canturrear en el camerino ni nada de eso. Es una cosa un poco bruta por mi parte, pero como me ha ido muy bien, no quiero romper esa costumbre”, asegura. “Sigo saliendo con la misma chispa, y los mismos nervios, aunque ya un poco más controlados. Cuando solamente está la luz de escena esperándome, me doy el gusto de estar veinte segundos larguísimos ahí: veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete…”.

Christine Ruiz-Picasso falleció este pasado lunes, 6 de abril, a las 18.00 horas a los 97 años, en su casa de Provenza, en Francia. Nacida en Francia en 1928, y vinculada al mundo del arte desde joven, era viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo de Pablo Picasso y de Olga Khokhlova, y fue la principal impulsora y artífice del Museo Picasso Málaga (MPM), junto con su hijo Bernard.

El Museo Picasso es el más visitado de Andalucía, con 800.000 visitantes al año. Abrió en octubre de 2003, fruto del empeño personal de Christine, presidenta de Honor junto con quien ostenta la Presidencia de la Junta de Andalucía, y fue punta de lanza en la transformación cultural de Málaga, que hoy cuenta con espacios de referencia como el Pompidou o el Museo Carmen Thyssen.

La idea inicial nació en 1953 de los contactos entre el propio Pablo Picasso y Juan Temboury Álvarez, académico, investigador del arte y por entonces delegado provincial de Bellas Artes de Málaga. El pintor malagueño quería que su obra estuviera presente en su ciudad natal, pero este proyecto quedó frustrado poco después. El contexto político no era el más favorable. 

Cuatro décadas después, Christine Ruiz-Picasso, viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo mayor del artista, acudió a Málaga con motivo de las exposiciones Picasso clásico y Picasso, primera mirada en el Palacio Episcopal de Málaga. Y salió tan satisfecha al contemplar el entusiasmo entre la ciudadanía malagueña por contemplar por vez primera en Andalucía el trabajo de Picasso, que en 1996 reiniciuó el proyecto de su suegro. 

En 1997 la Junta de Andalucía adquirió el Palacio de Buenavista, un palacete del siglo XVI, y poco después, Christine y Bernard Ruiz-Picasso, nuera y nieto del artista, donaron 233 obras a la Fundación Museo Picasso Málaga Legado Paul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso, fundada ex profeso para la génesis del proyecto y que es la que actualmente rige el museo. Sigue constituyendo el grueso de la colección del museo. Cincuenta años de que el artista malagueño concibiera la idea, el Museo Picasso Málaga se hizo finalmente realidad: fue inaugurado el 27 de octubre de 2003.

Reconocimientos

Christine recibió en 2003 la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio y ese mismo año fue distinguida como Hija Predilecta de Andalucía en 2003, en reconocimiento a su labor cultural y su contribución al patrimonio artístico de la región. Veinte años después, el Auditorio del museo fue rebautizado como Auditorio Christine Ruiz-Picasso para perpetuar su estrecho vínculo con el recinto. Ella no pudo asistir por motivos de salud.

El Museo Picasso Málaga y la Junta de Andalucía han lamentado la pérdida de una mujer “que dedicó su vida a preservar y difundir el legado de Pablo Picasso, uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

“Su legado como mecenas, promotora cultural y defensora del patrimonio picassiano ha contribuido significativamente a la vida cultural de Málaga, de España y al conocimiento del arte moderno”, han señalado desde el MPM.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha trasladado el pésame de Málaga a la familia, recordando en un mensaje en X que Christine Ruiz-Picasso “fue artífice del impulso cultural de la ciudad”. “Su generosidad, junto a su hijo Bernard, permitió la creación del Museo Picasso Málaga, uno de los hitos de la Málaga cultural, en 2003”. El regidor que ha recordado que Christine “donó el grueso de la colección permanente del museo, contribuyendo a que seamos un referente internacional, acercando la obra de Picasso a las generaciones presentes y a las futuras”. “Transmito con este mensaje el pésame de Málaga a su familia y la gratitud, enorme gratitud, de la ciudad. Descanse en paz”, ha concluido el hilo de mensajes De la Torre.

El paisaje habitual de la costa onubense ha mudado su piel esta semana para hablar, casi exclusivamente, portugués. Lo que antaño nació como una serie de escapadas de fin de curso sin mayor pretensión, se ha consolidado en este 2026 como 'La Punta': un gigante del ocio para estudiantes que ya se sitúa como la cita de referencia para la juventud lusa antes de dar el salto a la Universidad.

Punta Umbría no solo acoge una fiesta; gestiona un rito de iniciación que ha pasado de las precarias carpas junto a la carretera a una infraestructura de lujo totalmente integrada en el entorno.

De la improvisación a la madurez turística

El festival ha recorrido un largo camino desde aquellos tiempos del 'Festival Village'. La organización ha aprendido que menos es más: para esta edición se han convocado a unos 6.500 asistentes, una cifra sensiblemente inferior a los récords de otros años, pero que responde a una estrategia clara de sostenibilidad y orden. La clave del éxito actual radica en la profesionalización: se han desmantelado las ruidosas carpas exteriores para trasladar el corazón de la fiesta a los complejos de la cadena hotelera Barceló y a la propia arena de la playa. Esta integración busca que el evento sea una experiencia de calidad para el visitante y, sobre todo, una convivencia menos traumática para el vecino.

El pulmón financiero de la primavera

Las cifras que maneja el municipio explican por qué Punta Umbría se vuelca con este evento. Se calcula que el paso de los estudiantes dejará unos cuatro millones de euros de beneficio directo. Es una suerte de “precuela” del verano que permite a la hostelería y al comercio local hacer caja en un mes tradicionalmente valle. Pero el impacto real se mide en nóminas: solo para atender las necesidades del festival, se han tramitado unas 1.000 contrataciones extraordinarias, permitiendo que muchos trabajadores locales adelanten su incorporación a la campaña turística. Además, el sector hotelero ve en estos jóvenes a sus clientes del futuro; el estudiante que hoy descubre la ría de Huelva de fiesta, es el adulto que volverá en unos años con su familia.

Un escaparate digital hacia Portugal

No se puede entender 'La Punta' sin mirar a la pantalla del móvil. El festival se ha convertido en un producto de consumo masivo en redes sociales, impulsado por una treintena de influencers lusos que proyectan la imagen de Punta Umbría hacia todo Portugal. La importancia es tal que su aplicación oficial suele encabezar los rankings de descarga en el país vecino durante estos días, posicionando la marca Huelva de una forma que ninguna campaña de marketing tradicional conseguiría. En lo musical, la cita ya no tiene complejos. Este miércoles, el foco estará sobre el brasileño Pedro Sampaio, cuya escala en Punta Umbría dentro de su gira internacional eleva el listón del festival a la categoría de gran evento de conciertos.

Seguridad sin fronteras y el desafío del cielo

La gestión de la seguridad también ha roto moldes. Para que la mediación sea efectiva, la Guardia Civil cuenta con el apoyo directo de patrullas de la GNR portuguesa. Ver a agentes de ambos países trabajando juntos es ya una estampa habitual que facilita el control preventivo y evita que la barrera del idioma sea un obstáculo en situaciones de tensión. El gran enemigo de esta edición, sin embargo, no será el desorden, sino la meteorología. Con un pronóstico que anuncia lluvias y frío a partir de este martes, la organización ha tenido que activar sus “planes B”. Los amplios salones de los hoteles se transformarán en zonas de juego (gaming) y escenarios cubiertos para que el temporal no arruine una semana que ya es, por derecho propio, el motor económico de la primavera onubense.

Todo empieza con algo tan sencillo como el primer premio en un concurso de dibujo en el cole. El galardón consiste en un maletín de rotuladores que va a convertirse en una obligación y una responsabilidad. Por eso, cuando la ganadora, Anna, crece y recibe la llamada de la galerista más importante del país, se abre un abismo bajo sus pies. Así arranca La boca llena de trigo (Anagrama), el sorprendente debut como novelista de Mayte Gómez Molina, conocida hasta ahora como poeta y artista multidisciplinar.

Granadina de 1993 y recriada en Madrid, Gómez Molina confiesa que “hay gente muy precoz escribiendo, pero yo no lo fui. Siempre quise escribir una novela, pero me daba mucho miedo y tampoco tenía el tiempo necesario… ni quizá el arrojo. No es que la poesía no necesite tiempo o espacio, pero es distinta. La llevas en el cuerpo como una canción, se va enhebrando poco a poco. Es como un encaje de bolillos que puedes retomar: lo dejas y sabes por dónde seguir. En cambio, la novela te exige más continuidad. Si tú no entras en ese mundo, el lector tampoco entra. Pero sí, era lo que más me había apetecido siempre. He dado un rodeo grande, y también muy alegre, para llegar hasta aquí”.

Como suele suceder, la autora encontró la concentración necesaria para abordar este proyecto mientras se incorporaba a un nuevo trabajo en Basilea, Suiza. “Me dije: ‘Tengo dos meses para escribir’. Y lo hice. Era una situación peculiar: tenía la tranquilidad de saber que había un sustento esperándome, algo que no es tan común en España. Aquí, en Suiza, incluso llaman a estar en paro estar entre trabajos”, asegura. “Estaba muy cansada, venía de un burnout fuerte, pero pensé: ‘Este es el tiempo que tengo’. Me impuse una especie de media jornada conmigo misma, siendo mi propia jefa —una jefa bastante amable, por suerte—. Y así pude escribir la novela, gracias también a esa paz de estar entre trabajos”.

Entender el mundo

El paso de la poesía (Gómez Molina fue Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2023 por su obra Los trabajos sin Hércules) a la novela no ha sido demasiado forzado. “Hay algo que se conserva: la imagen. Yo entiendo la poesía como algo muy visual, como fotogramas. Eso se mantiene. Pero en poesía hay que ser muy certero, como lanzar una flecha: hay una precisión casi científica, aunque sea algo abstracto. En la novela no tanto, pero aparece otro peligro: aburrir. Tienes más espacio para equivocarte, pero también más espacio para perder al lector. Eso genera una tensión distinta. Aun así, la narración me permite desarrollar ideas de forma más pausada, con un recorrido más largo”.

Por otro lado, aunque la granadina ha trabajado la expansión de la literatura a formatos digitales a través del cine, el 3D y la realidad virtual, considera que “la palabra es la tecnología más perfecta. Recuerdo una cita de Leonardo da Vinci que decía que el alfabeto es la tecnología más avanzada. Con unas pocas letras puedes escribir obras como Don Quijote, Madame Bovary o Crimen y castigo. Es increíble. Hace poco estaba leyendo a Vladímir Propp, que en La morfología del cuento analiza las estructuras de los relatos. Muchas historias repiten patrones. Quizá no contamos cosas tan nuevas como creemos. Narramos para entender el mundo. Esa oralidad sigue ahí, no puedo imaginar un mundo sin historias”.

Entre los muchos aspectos que aborda 'La boca llena de trigo', el hándicap de ser mujer en la creación artística está presente, “pero también para muchas personas que han vivido en los márgenes”, subraya Gómez Molina. “Hay una inseguridad mayor en general. Existe una especie de actitud más masculina en el mundo del arte: ‘yo merezco esto, yo soy el mejor’. No hablo de la seguridad sana, sino de cierta arrogancia. Las personas que no han sido socializadas para sentir que ese lugar les pertenece suelen reaccionar con más duda. Y esa duda, aunque a veces pese, también puede ser fértil. Te mantiene creando y con los pies en la tierra. Además, hay una mitología del artista-genio que no me interesa nada. La inspiración existe, pero también hay trabajo diario, constancia”.

Categoría de sí misma

Luego está la relación entre la obra y el mercado. “El éxito depende en parte del mérito y en parte del mercado. Yo uso el mundo del arte en la novela porque muestra muy bien cómo algo íntimo entra de repente en una lógica económica. Vivimos en una cultura muy cuantificada: puntuaciones, estrellas… y eso simplifica mucho. Hay obras que no se pueden reducir a eso. Por ejemplo, Franz Kafka murió sin reconocimiento, pensando que era un fracaso, y hoy es fundamental. El valor cambia con el tiempo”.

La escritora también se refiere a la eterna sospecha que pesa sobre el arte contemporáneo, la diferencia entre obra valiosa y camelo, en estos términos: “Hay elitismo, pero también una reacción defensiva del público. Hace falta mediación, educación. No todo es evidente a primera vista. Yo enseñaría más historia del arte y de la imagen. Especialmente ahora, con la inteligencia artificial, necesitamos aprender a leer imágenes. Es una cuestión casi ciudadana”.

Pero sobre todo prevalece la idea de éxito, eso que todo el mundo ambiciona, pero que también puede convertirse en una maldición. “Depende de cómo lo entiendas. Para mí, estar tranquila en casa leyendo un sábado ya es éxito”, sonríe. “Pero el éxito masivo, como el de Rosalía, debe de ser muy complicado. Te conviertes en una categoría de ti misma. Hay expectativas constantes. También genera presión creativa: tienes que superarte continuamente. Eso puede ser una cárcel”.

De momento, un éxito indiscutible para Gómez Molina es haber podido culminar su ópera prima como narradora de largo aliento. “Para mí ha sido como cumplir un sueño de infancia. Me ha dado una seguridad muy bonita, y también espacio para seguir aprendiendo”, asegura. “Ya tengo ideas, pero con calma. Ahora toca disfrutar también de compartir lo que ya está hecho”.

Tras un complejo proceso selectivo, la Universidad Pablo de Olavide se ha incorporado oficialmente a EPICUR, una de las alianzas universitarias europeas más relevantes; refuerza así su proyección internacional y su capacidad para generar nuevas oportunidades de formación, movilidad e investigación para estudiantes, profesorado y personal técnico y de gestión. La entrada en este consorcio estratégico sitúa a la UPO, junto a Andalucía, en una posición más destacada dentro del mapa universitario europeo.

EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions) es una red universitaria de excelencia que tiene como objetivo transformar la educación superior, la investigación y la transferencia en Europa, para generar soluciones innovadoras y formar a nuevas generaciones capaces de liderar los cambios que necesita la sociedad europea. La incorporación de la UPO a EPICUR constituye un logro especialmente relevante en un contexto de fuerte competencia entre universidades europeas por integrarse en este tipo de alianzas, ya que numerosas instituciones han quedado fuera de estos consorcios estratégicos.

La entrada en EPICUR supone formar parte de una de las alianzas pioneras surgidas en 2019 que reúne universidades de nueve países europeos en un consorcio integrado por Université de Strasbourg (Francia), coordinadora de la Alianza; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Alemania); Karlsruhe Institute of Technology – KIT (Alemania); Aristotle University of Thessaloniki (Grecia); University of Upper Alsace – UHA (Francia); Adam Mickiewicz University (Polonia); BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austria); University of Southern Denmark – SDU (Dinamarca); Università di Roma Tre (Italia); y University of Basel (Suiza).

Comunidad internacional

La dimensión de la alianza refleja el alcance del proyecto. EPICUR reúne a una comunidad de 280.000 estudiantes, 29.000 académicos e investigadores y 17.000 profesionales de administración y servicios, y configura así un espacio universitario europeo con una extraordinaria capacidad para generar oportunidades de cooperación académica, científica e institucional.

Para el estudiantado de la Olavide, esta incorporación se traducirá en nuevas oportunidades de formación internacional a través de asignaturas compartidas, experiencias de aprendizaje híbridas y nuevos formatos de movilidad con reconocimiento académico. Este modelo facilita que un mayor número de estudiantes pueda acceder a una experiencia europea, al combinar modalidades presenciales, virtuales y mixtas (Flipped Mobility), y ampliar las posibilidades de participación en entornos internacionales desde etapas tempranas de su formación universitaria (EPICURUS, campus europeo interconectado).

La participación en EPICUR permitirá también reforzar la actividad del personal docente e investigador mediante la creación de redes internacionales para el desarrollo de proyectos conjuntos y el acceso a nuevas iniciativas de innovación educativa y colaboración científica (Seed funding programme). La alianza presta especial atención a ámbitos estratégicos como la transformación sostenible, los valores europeos, la salud global, la inteligencia del futuro, la transformación digital y la participación social, áreas en las que la cooperación entre universidades resulta esencial para generar conocimiento y transferirlo al entorno.

“Avanzar hacia un modelo de universidad europeo de futuro”

Junto a ello, la adhesión de la UPO contribuirá a seguir avanzando en la modernización institucional, tanto en el plano académico como en la gestión universitaria, la favorecer el intercambio de buenas prácticas, la puesta en marcha de herramientas compartidas y el desarrollo de nuevos modelos de gobernanza más conectados con la realidad europea (International Educators’ Programme).

“Se trata de un proyecto que va a implicar a toda la Universidad y nos va a permitir avanzar hacia un modelo de universidad europeo de futuro, sin perder nuestra esencia”, destacó Francisco Oliva, rector de la Pablo de Olavide, al dar a conocer a la comunidad universitaria la integración de la UPO en la alianza.

La Universidad Pablo de Olavide se incorpora además a EPICUR en plena sintonía con los valores que inspiran esta alianza europea, especialmente su compromiso con la igualdad, la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad. Lo hace, además, desde fortalezas propias que enriquecen el consorcio: su capacidad investigadora, su experiencia en la captación de financiación europea, el éxito de su programa de microcredenciales universitarias, su trayectoria e impulso estratégico en materia de internacionalización, y su proyección hacia América Latina y el Mediterráneo.

El consorcio, ya incluyendo a la UPO, ha presentado recientemente a la Comisión, el pasado día 5 de marzo, la propuesta de financiación del proyecto europeo para los próximos dos años. La incorporación de la UPO se inicia con la participación en una mesa redonda sobre microcredenciales en la Universidad de Tesalónica en mayo y un encuentro sobre captación de fondos de investigación en Basilea, en el mes de junio. El comité de rectores de la Alianza tiene prevista su próxima asamblea general (Epicur’s Governance Week) del 29 de junio al 2 de julio.

Cuando se piensa en Cádiz, lo habitual es imaginar el verano, las playas llenas y el ambiente de temporada alta. Sin embargo, la primavera ofrece una manera muy distinta de descubrir la costa gaditana: con temperaturas suaves, más tranquilidad y un ritmo mucho más relajado.

Es una época en la que apetece salir, pasear, hacer pequeñas excursiones y disfrutar del entorno sin prisas. Precisamente por eso, alojarse en un bungalow, en un camping como La Rosaleda, cobra especial sentido. Más que un lugar donde dormir, se convierte en un espacio cómodo desde el que organizar el día con libertad y vivir la escapada de una forma mucho más práctica.

Comodidad y flexibilidad para disfrutar más

Uno de los grandes atractivos de un bungalow es la sensación de comodidad. Tener un espacio propio, con mayor independencia y todo lo necesario para la estancia, permite adaptarse mejor al ritmo del viaje. No es lo mismo volver después de una mañana de playa o de una ruta por la zona y contar con un alojamiento en el que descansar con calma, comer tranquilamente o simplemente disfrutar de un rato de desconexión.

Ese equilibrio entre descanso y libertad es, precisamente, lo que hace que este tipo de alojamiento encaje tan bien en una escapada primaveral, ya sea en pareja, en familia o incluso para unos días de desconexión total.

La primavera, el momento ideal para descubrir Conil y su entorno

En destinos como Conil, la primavera permite disfrutar de la costa de una manera mucho más serena. Las playas se viven con más espacio, los paseos resultan más agradables y el ambiente invita a alargar el día sin el calor intenso del verano. Además, es una estación perfecta para descubrir los alrededores, recorrer senderos costeros, visitar pueblos cercanos o simplemente dejarse llevar por planes improvisados.

Todo eso hace que la experiencia resulte más completa. No se trata solo de pasar unos días cerca del mar, sino de aprovechar el destino con calma, combinando naturaleza, descanso y tiempo al aire libre.

Una opción que encaja con otra forma de viajar

Elegir un bungalow en esta estación del año, apostar por una forma de viajar más cómoda y flexible. Permite disfrutar de Cádiz sin agobios, con más tranquilidad y con la sensación de tener un espacio propio al que volver después de cada plan.

Por eso, para quienes buscan una escapada agradable, con buen tiempo y lejos del ritmo de la temporada alta, la primavera se convierte en uno de los mejores momentos para descubrir la costa gaditana.

La Universidad Pablo de Olavide ha celebrado en el Paraninfo una jornada de reconocimiento a la comunidad universitaria en la que el rector, Francisco Oliva, ha hecho entrega de honores y distinciones al profesorado y al personal técnico, de gestión y administración (PTGAS) por su trayectoria y años de dedicación a la institución. El Día de la Universidad ha contado con la presencia del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, y del presidente en funciones del Consejo Social, Iván Pestaña Ruiz, además de la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones, Laura López de la Cruz, y de la secretaria general, Silvia Mendoza.

La ceremonia se ha iniciado con el reconocimiento, a través del vicerrectorado de Relaciones Institucionales, de tres grupos de investigación en la sección ‘Somos Universidad’, un espacio concebido para dar a conocer la investigación que se desarrolla en la Pablo de Olavide y su impacto social. Este año han sido reconocidas iniciativas vinculadas a la innovación en el ámbito de la empresa y el emprendimiento, la conservación y protección del patrimonio y la salud. De este modo se ha reconocido la actividad del Laboratorio de Innovación, Emprendimiento y Empresa Familiar (INN-LAB), dirigido por la doctora Bárbara Larrañeta; del Grupo Patrimonio, Medioambiente y Tecnología, liderado por la doctora Pilar Ortiz Calderón; y del equipo de investigación ‘Infecciones bacterianas: nuevas dianas y nuevas estrategias de prevención y tratamiento’, dirigido por el doctor Younes Smani.

A continuación, la secretaria general, Silvia Mendoza, ha guiado el acto de entrega de distinciones, acordadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad. La Insignia Plata Olavide ha reconocido los servicios prestados por M.ª del Carmen Mateos, técnico auxiliar de Biblioteca, Archivo y Museo, y por José Naranjo, catedrático de Educación Física y Deportiva. La Insignia de Oro Olavide se ha concedido a M.ª José Garrido, responsable de Gestión del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales; a Ángel Monteseirín, jefe de Unidad de Justificación del Área de Investigación; a Antonio José López Gutiérrez, profesor titular del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía; y a Antonio Villar, catedrático del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica.

La Medalla ‘Olavide’, por más de 25 años de servicios prestados, ha sido otorgada a José Manuel Rosado, director del Área de Contratación y Patrimonio; a Bartolomé Yun Casalilla, catedrático de Historia Moderna; a M.ª de la Cinta Canterla, catedrática de Filosofía; a Francisco Carrasco Fenech, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad; y a Flor M.ª Guerrero Casas, catedrática de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. Asimismo, la Medalla al Mérito de la Universidad Pablo de Olavide ha distinguido a José Manuel Rosado Daza y a Francisco Carrasco Fenech. Flor Guerrero intervino en nombre de todas las personas premiadas por su esfuerzo y compromiso con la Universidad Pablo de Olavide.

«Ninguna institución sería lo que es sin la entrega y el compromiso de su personal» declaró Gómez Villamandos. El consejero de Universidad destacó asimismo los resultados de la investigación de la Pablo de Olavide y de los tres grupos reconocidos hoy: «unas investigaciones que son útiles a la sociedad, desde el emprendimiento y las tecnologías para salvaguardar y preservar nuestro patrimonio hasta los nuevos hallazgos en ciencias de la salud en busca de nuevos antibióticos».

«La luz de la razón y la verdad de la ciencia deben guiar a la Universidad»

En su intervención, el rector ha subrayado el papel decisivo del PTGAS y del profesorado en la construcción y consolidación de la Universidad Pablo de Olavide, con un agradecimiento especial a José Manuel Rosado y a Francisco Carrasco Fenech por su trayectoria y servicio a la institución. En ese sentido, ha destacado medidas recientes orientadas a reforzar en el campus el reconocimiento profesional y la mejora organizativa, como la carrera horizontal y el impulso de un proceso de transformación digital para avanzar hacia «una UPO digital y amable desde un punto de vista administrativo».

El rector ha situado también entre las prioridades estratégicas la consolidación y el relevo generacional del personal docente e investigador, dando la bienvenida a los 47 profesores ayudantes doctores incorporados a la UPO a través del programa María Goyri. En este punto, alertó sobre el envejecimiento del PDI en España —con una edad media de 49,5 años y cerca de un 20% con 60 años o más— y defendió la necesidad de aportar certidumbre y estabilidad en los procesos de promoción y captación de talento. Asimismo, reivindicó que la Universidad, inspirada en el legado ilustrado de Pablo de Olavide, debe guiarse por «la luz de la razón y la verdad de la ciencia» frente a la desinformación y los movimientos anticientíficos, y proteger su autonomía como condición para servir al conocimiento.

Tras glosar los méritos de los grupos destacados en ‘Somos Universidad’, el rector señaló que 2025 ha sido un año especialmente positivo para la UPO en investigación, con la captación de casi 11 millones de euros en fondos nacionales y europeos de I+D+i, la lectura de 109 tesis doctorales y la puesta en marcha de nuevas instalaciones científicas, además de reconocimientos como el distintivo de Calidad de Repositorios de Acceso Abierto 2025 otorgado por FECYT. Reafirmó que investigar es la base del conocimiento y la antesala de la innovación con impacto social, y defendió el liderazgo de las universidades públicas en el sistema científico, al recordar que entre 2013 y 2022 generaron el 92,4% de la producción científica universitaria en España. Así, Francisco Oliva terminó reiterando el compromiso fundacional de la UPO desde 1997: «formar a las futuras generaciones a través de un profesorado preparado y de calidad contrastada, investigar, transferir e innovar para servir a los intereses generales de la sociedad y de la educación superior».

Un viaje que combina historia, cultura y espiritualidad, y que explora el legado judío en Andalucía, recorriendo juderías tan importantes como la de Córdoba, Jaén y Lucena y disfrutando de experiencias vinculadas a la cultura y el patrimonio sefardita ligadas a la artesanía, música o cocina sefardí.

Es una de las rutas de turismo de raíces que propone la Junta de Andalucía, en las que la puesta en valor de nuestro pasado contribuye sin duda para que el viajero revitalice nuestro presente. Estas rutas se nutren de sentimientos y lazos familiares e históricos que unen regiones, países y culturas.

En este caso, la Red de Juderías de España–Caminos de Sefarad es una asociación constituida por municipios que cuentan, en sus conjuntos medievales, con un patrimonio histórico, artístico, medioambiental y cultural, herencia de las Comunidades judías que los habitaron. En Andalucía, como hemos dicho, pertenecen a esta red las ciudades de Córdoba, Jaén y Lucena.

Porque hay lugares que nos muestran una historia escondida; hay espacios que brillaron en otros tiempos; hay destinos que provocan sentimientos encontrados. Visitarlos es viajar con alma de descubridor, y este viaje por estas ciudades andaluzas también que te conectará con la historia judía de España, quizás con la historia de tus antepasados. Lo que es seguro es que te dará pie a dar con lugares de España a los que no tenías pensado llegar.

Jaén sorprende al visitante con sus rincones llenos de encanto. Quien la conozca la amará y nunca la olvidará. Su delicada belleza respira tímidamente bajo las imponentes faldas del cerro Santa Catalina. En su entramado urbano las pequeñas callejuelas nos transportan hacia el pasado. La historia de la ciudad se ve reflejada en sus monumentos y edificios, también en sus tradiciones y leyendas. Los jienenses se enorgullecen de cuidar sus orígenes y de tenerlos presentes en su memoria. Déjese enamorar por ella: Jaén lo tiene todo.

Los lucentinos y las lucentinas tienen fama de ser personas inquietas y creativas. La ciudad parece haberse contagiado de esta manera de ver la vida y por ello en las últimas décadas la fisonomía de sus calles y rincones ha evolucionado hacia una urbe mucho más anfitriona, que busca innovarse. Mayor accesibilidad, patrimonio restaurado, señalética, profesionalización del personal técnico de turismo, y sobre todo, ese cariño honesto con el que los habitantes reciben al visitante que llega a su ciudad. No es de extrañar que esta pequeña ciudad haya trascendido su fama más allá de los océanos y en lejanos rincones del mundo cada día más personas quieran acercarse a disfrutar del brillo de la Perla de Sefarad.

Córdoba canta en las lenguas de las tres culturas. Le susurra secretos al visitante que se acerca hechizado a sus encantos. Llegar al casco histórico de Córdoba es mucho más que un paseo. Es comenzar un viaje por senderos en los que se entrelazan las vivencias de los pueblos que los transitaron. Romanos, judíos, musulmanes y cristianos han dejado una huella profunda en la memoria arquitectónica de la ciudad. El dialogo intercultural está presente en su arquitectura urbana. Es la única ciudad española que ofrece en un recorrido de 500 metros: un Templo Romano, una Sinagoga, una Mezquita y una Catedral; todas de origen medieval.

Lazos familiares, históricos y culturales que unen Andalucía a residentes de otros territorios, y a los que un recorrido por nuestra tierra les ayudará a descubrir sus orígenes y parte de su esencia.

En 2011, en pleno estallido de la crisis económica, una mujer acudió a los servicios sociales de Benalmádena. Esta mujer pidió ayuda para comer, algo habitual entonces, pero también contó una historia inusual: decía ser administradora de una empresa de la que quería desvincularse.

Este municipio de poco más de 75.000 habitantes en la costa del sol malagueña estaba sufriendo especialmente el estallido de la burbuja inmobiliaria: muchas viviendas quedaron abandonadas a medio hacer, cientos de empresas se ahogaban en deudas que trataban de sortear con trucos societarios y miles de familias perdieron su casa. La Delegación de Bienestar Social, dirigida por entonces por el concejal Francisco Salido, abrió ficha a la mujer y empezó a atenderla. Diez meses después había sido desahuciada de su vivienda, pero había firmado una oferta para hacer una obra valorada en 50.000 euros en Puerto Marina, el puerto deportivo de la ciudad.

El caso fue documentado por el interventor municipal en un informe de auditoría que destapó un gran fraude en Puerto Marina. El informe incluía un dictamen pericial sobre algunas firmas en presupuestos de obra: los presupuestos eran falsos, aportados solo para aparentar competencia y sus verdaderos firmantes eran dos personas de confianza de un concejal y consejero delegado del puerto. Meses después, la UDEF tomó declaración a varios empresarios que declararon no saber nada de los presupuestos que supuestamente habían presentado.

14 años después, a finales de 2025, la Audiencia Provincial de Málaga condenó a Salido, concejal de Bienestar Social (Unión Centro Benalmádena) y consejero delegado de Puerto Marina y a José Manuel López Merino, gerente del puerto, a cuatro años y cuatro meses de prisión, por amañar contratos de obra en el puerto.

La sentencia fue dictada a finales de octubre y no es firme. Este caso y el del comedor social, con los mismos implicados, agitaron durante años la política local. La salida de la concejala denunciante del partido local que lideraba Salido facilitó la llegada al poder del PSOE y, a su vez, una purga en el PP con la salida de la alcaldesa Paloma García Gálvez, que había cesado al concejal investigado. El cierre casi simultáneo de ambos juicios es el epílogo en diferido de aquellos años tumultuosos.

Contratos fraccionados, prórrogas y presupuestos “mendaces”

La sentencia confirma lo que ya denunció el interventor hace una década. Salido y López Merino, consejero delegado y gerente de Puerto Marina (empresa municipal de Benalmádena) “se pusieron de acuerdo para favorecer” a un empresario ya fallecido, con la “adjudicación fraudulenta de servicios y obras”, detalla la sentencia de la Audiencia Provincial, dictada el pasado 30 de octubre.

Los magistrados concluyen que Salido y López Merino trucaron la contratación de obras de Puerto Marina valorados en 600.000 euros usando una amplia gama de fraudes: contratos fraccionados, presupuestos adulterados, facturas repetidas, prórrogas y presupuestos “mendaces” de empresas que nunca fueron conscientes de que avalaban la presunta concurrencia pública en licitaciones adulteradas.

Así consiguieron favorecer sistemáticamente a un empresario, ya fallecido, que se embolsó dos millones de euros en cuatro años, casi la mitad de todo lo que adjudicó el Puerto en ese tiempo, según recogió el interventor. Alguna empresa constituida por este empresario fue agraciada con contratos de más de 100.000 euros anuales apenas cuatro meses después de constituirse.

La Audiencia los condena por los delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y falsedad en documento oficial, rebajando la pena por la demora en enjuiciar unas irregularidades cometidas hace tres lustros.

La investigación judicial empezó con un auto de fecha 14 de noviembre de 2012 y concluyó en sentencia de 30 de octubre de 2025. Los magistrados admiten que esta demora no tiene justificación. “Es indudable” que la causa es “compleja”, pero eso “no puede justificar la dilación padecida”, que califica de “superextraordinaria” y no achaca a los acusados.

Licitaciones sin pliegos

Uno tramitaba los expedientes y el otro los firmaba, de forma “arbitraria y manifiestamente injusta”, según los magistrados, que describen un sistema carente de cualquiera de los controles fijados por la ley de contratos. Para esas licitaciones no había pliegos técnicos ni administrativos, de modo que no se establecían criterios de adjudicación ni duración. En alguno de los casos, no había ni proyecto en el momento de empezar la obra, por lo que era imposible contrastarlo con las certificaciones de obra, “pudiéndose facturar la cuantía que se estimase oportuna”, observan los magistrados.

Además, se fraccionaban artificialmente para evitar así rebasar el umbral de 100.000 euros y no tener que sacarlos a concurso público. En teoría se tramitaban como procedimiento negociado invitando a tres licitantes a presentar ofertas, pero en realidad todos los presupuestos los elaboraba el mismo empresario, que tenía varias mercantiles, o se confeccionaban en nombre de empresas y personas que habían contratado antes con Puerto Marina o con el empresario, y no tenían idea de lo que ocurría. El objetivo era dar una apariencia de competencia que no existía. Así llegó aquella mujer a presentar una oferta para hacer obras por 50.000 euros.

El empresario logró de esta forma el mantenimiento de la zona portuaria, el mantenimiento de los jardines, el realce de los muelles de atraque y las obras de peatonalización, todas por importes entre los 100.000 y los 150.000 euros. Además, facturaba un extra por trabajos supuestamente extraordinarios que, según los magistrados, estaban incluidos en los contratos principales. En total, al menos 630.000 euros entre agosto de 2011 y agosto de 2012.

Fuera de la sentencia quedan, en cambio, tres de los cuatro años bajo la lupa y las licitaciones a otro empresario también cuestionadas por el interventor, que valoraba los contratos irregulares en más de tres millones de euros. No consta que el Ayuntamiento haya exigido una responsabilidad contable.

“No culpable” por las cuentas del comedor social

El caso discurrió en paralelo a la investigación de las presuntas irregularidades en las cuentas del comedor social, de las que Salido era también responsable. La Fiscalía pedía para él ocho años de prisión por malversación al no justificar gran parte los gastos del comedor municipal, gestionado por una asociación con fondos públicos, y por infidelidad en la custodia de documentos públicos, que desaparecieron del área de Bienestar Social cuando el interventor se disponía a examinarlo.

De ese juicio Salido y los directivos de la asociación, un de ellos el cuñado de Salido, han sido exonerados: un jurado popular les declaró “no culpables”. Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento (que actúa como acusación particular) han recurrido la sentencia por entender que el veredicto del jurado incurre en errores manifiestos al valorar las pruebas.

Cuando se destaparon los hechos, en 2014, la alcaldesa Paloma García Gálvez (PP) destituyó a Salido (Unión Centro Benalmádena), que vio cómo su grupo político se desmembraba con la salida de Encarnación Cortés, la concejala que había denunciado la trama.

Al interventor, que documentó en un detallado informe las irregularidades por las que ahora se ha condenado a Salido y López Merino, lo purgaron cambiándole de puesto, en una decisión que un juzgado obligó a corregir. El interventor fue jubilado contra su voluntad. Uno de los responsables de las firmas adulteradas es personal de confianza del actual alcalde de Benalmádena, José Antonio Lara (PP).

Las elecciones del 17 de mayo en Andalucía van a escudriñar un intenso debate sobre la sanidad pública, la política con más presupuesto de todas las que gestiona el Gobierno de Juan Manuel Moreno (16.266 millones de euros) y, sin embargo, el principal motivo de preocupación de los andaluces después del paro, según el último barómetro del Centra, financiado por la propia Junta.

En el histórico de encuestas de opinión pública e intención de voto que sufraga la Consejería de Presidencia desde hace 20 años, primero bajo gobiernos del PSOE y ahora del PP, nunca hasta hoy había destacado la sanidad por encima del paro como el principal problema de Andalucía.

En el último estudio de opinión publicado con un gobierno socialista en Andalucía (el Egopa de diciembre de 2018, poco antes de las elecciones en las que Moreno arrebató la presidencia a Susana Díaz), la principal preocupación personal de los encuestados era la falta de empleo, señalada en primer lugar por el 43,8% de los andaluces, seguida de la sanidad (21,1%).

En la derrota de los socialistas, después de 37 años en el poder, pesó mucho el descontento ciudadano por la gestión sanitaria -otrora “joya de la corona de la Junta”-, que cristalizó en multitudinarias manifestaciones en las calles de Granada, Málaga, Sevilla y Huelva.

El polémico proyecto de fusión hospitalaria en Granada prendió la mecha de un malestar acumulado entre la gente, que terminó estallando por la “escasez” de medios y por la “falta de personal” que dejaron los recortes en el gasto público durante la crisis financiera de 2008. El médico Jesús Candel, alias Spiriman, personalizó aquel cabreo visceral con el último Gobierno socialista, que fue duramente castigado en las urnas. Aun así, la encuesta que publicó la Junta en diciembre de aquel año, poco antes de las elecciones, volvió a identificar el paro como el principal problema de los andaluces, por delante de la sanidad.

Siete años después, la foto fija del llamado CIS andaluz (la última edición fue el pasado diciembre) sitúa la gestión sanitaria como el primer problema para el 22,3% de los andaluces, seguido del desempleo para el 15,3%. Este periodo han sido años de gobiernos del PP, que heredó déficits estructurales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) comunes al resto de autonomías -como la falta endémica de médicos- pero también se enfrentó a la pandemia del Covid-19, que desbordó la atención asistencial y disparó las listas de espera de pacientes.

Moreno, que ha gobernado todos estos años y que llegó a la Junta prometiendo “otro modelo de gestión sanitaria”, ha visto cómo la percepción de los andaluces sobre la atención clínica y hospitalaria iba empeorando año tras año, mientras un ciclo de economía en auge achicaba la tasa de paro a mínimos históricos: el 14,6% de la población activa, unos 622.800 desempleados.

La paradoja para el presidente Moreno es que hoy la sanidad pública disfruta -y la Junta no para de repetirlo- del “presupuesto más abultado de su historia y de una plantilla de sanitarios récord”, que el PP contabiliza en 30.000 más que en 2018. Estas macrocifras, sin embargo, contrastan con la percepción que los ciudadanos tienen hoy de la sanidad pública, y con un dato relevante: en los últimos ocho años, el porcentaje de andaluces con un seguro médico privado ha crecido del 15 al 40% de la población, y en ciudades como Sevilla supera el 50%.

Las listas de espera sanitarias, la bestia negra de la Junta

El malestar ciudadano por los retrasos en la atención primaria, por las listas de espera para un diagnóstico y para operarse será un leit motiv en la campaña de todos los partidos políticos en Andalucía, aunque es la candidata socialista, María Jesús Montero, quien lo ha apostado todo a esta carta, planteando los comicios como “un referéndum sobre la salud”.

“Nos jugamos la vida en estas elecciones”, ha asegurado esta semana. El presidente y candidato del PP a la reelección le ha reprochado su “tendencia a la hipérbole”: “Decirle a la gente: se va a morir si vota a Juanma no es creíble”.

Moreno y Montero son dos candidatos que pueden confrontar sus modelos de gestión sanitaria, porque ambos han gobernado muchos años esta tierra. Sin embargo, la comparativa entre la gestión socialista y la gestión popular del SAS va a estar trufada de lecturas interesadas y datos retorcidos, porque se trata de dos momentos políticos y económicos muy distintos, con muchos matices.

La socialista acusa al popular de tener “planificada” la “privatización paulatina de la sanidad pública”, y pone como ejemplo el incremento del gasto en derivaciones de pacientes a clínicas y hospitales privadas, tanto por la vía de los conciertos como por el aumento de los contratos de emergencia, sin publicidad ni concurrencia competitiva, que el SAS prorrogó hasta dos años después de la pandemia, y que están siendo investigados por dos juzgados.

Montero ha llegado a acusar a Moreno, sin datos, que prepara el “copago sanitario”, que ha pedido un informe para cambiar drásticamente el modelo de sanidad, que dejaría de ser “universal y gratuita”, y recuerda las palabras del propio presidente de la Junta durante una entrevista el verano pasado: “La sanidad pública, tal como va envejeciendo la población, llegará un momento que será inviable”.

La Junta ha salido a desmentir tajantemente esta acusación. El PP, además, ha sacado a relucir el presupuesto en conciertos sanitarios en la época de Montero como consejera de Salud, así como los contratos de emergencia que firmó a clínicas privadas. Moreno se ha hecho un buen puñado de fotos ante infraestructuras hospitalarias nuevas que estaban prometidas, y sin ejecutar, de la época socialista, siendo la más significativa el Hospital Militar de Sevilla, abandonado durante 20 años.

Es un choque frontal entre candidatos, aunque ambos coinciden en que “la memoria de los ciudadanos” juega a su favor. Montero no teme que su adversario desempolve datos y cifras de su etapa, y saca pecho por algunos “hitos” clínicos de aquellos años, como la investigación con células embrionarias, el primer diagnóstico genético preimplantatorio para que los niños nacieran sin la enfermedad de sus padres; el primer trasplantete de cara, o la desconexión de Inmaculada Echevarría como precursora de la muerte digna... “La sanidad es mi especialidad profesional, yo tengo mi plaza en el Virgen del Rocío. Cuando quiera Moreno hablamos del orgullo de la sanidad pública”, le ha retado esta semana, poco antes de abandonar el Gobierno de Sánchez para volcarse de lleno en la campaña.

Montero y los “7.000 médicos menos”

La vicepresidenta del Gobierno fue consejera de Salud en la Junta durante nueve años, entre 2004 y 2013 (y antes viceconsejera de esta misma cartera entre 2002 y 2004). En ese periodo, el PSOE de Manuel Chaves gobernó con mayoría absoluta y el PSOE de José Antonio Griñán lo hizo en coalición con Izquierda Unida (IU). En esos 11 años hay ejemplos de todo, bueno y malo.

También la etapa de Moreno es muy desigual. El dirigente del PP es presidente desde hace más de siete años, los tres primeros gobernó en coalición con Ciudadanos, sustentado desde fuera por Vox; y los cuatro últimos en solitario, gracias a una sólida mayoría absoluta. La “estabilidad” de esta última legislatura, el gran aval de Moreno en campaña, no ha impedido, sin embargo, que haya cambiado tres veces de consejero de Salud en cuatro años.

Ambos candidatos han afrontado periodos particularmente difíciles para la sanidad pública. El de Montero, que abarca más de una década, termina estrellándose contra la gran recesión que puso patas arriba la economía mundial. A partir de 2008, una contracción internacional del crédito interbancario obligó a todos los países a aplicar duros recortes en el gasto público, con especial virulencia en la sanidad, la educación y los servicios sociales, competencia directa de las comunidades autónomas.

El PP está desempolvando documentación de esos años de recortes para contraatacar a la candidata socialista, acusándola de “prescindir de 7.000 médicos”, y de dejar los hospitales “saturados, con camillas de enfermos en los pasillos”. Los de Moreno se han llevado al Parlamento fotografías que retratan aquel momento, y han repetido hasta la saciedad esta cifra de “médicos despedidos”, en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento andaluz, los tres frentes en los que ha jugado Montero.

El dato de médicos que abandonaron el SAS como consecuencia de la crisis financiera aparece por primera vez en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 2013, donde se lee que “el número de efectivos sanitarios disminuyó en 7.773,44 empleados netos” entre 2011 y 2013, siendo Montero consejera de Salud. El mismo documento aclara que esa cifra incluye “médicos, enfermeros, celadores y administrativos”, pero el número concreto de facultativos afectados es muy inferior al que denuncia el PP: 1.286 menos en tres años.

Moreno y las mujeres con cáncer de mama

En el caso de Moreno, el episodio que más tensionó el sistema sanitario andaluz bajo su mandato fue la pandemia de Covid-19, que dejó cerca de 16.000 fallecidos en la comunidad. La presión asistencial desbordó las costuras del SAS, que ya arrastraba serios problemas estructurales, como la falta de médicos, sobre todo en especialidades clave, como anestaesistas, pediatras o radiólogos.

La falta “crónica” de personal daría la cara años después, de la forma más dramática, con el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la crisis política más dura que ha sufrido Moreno en sus siete años de gobierno, y que se saldó con la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y toda su cúpula. El presidente andaluz se vio de repente con cientos de mujeres manifestándose a pocos metros de su despacho, mostrando sus pechos cortados, y gritando “¡Moreno dimisión!”.

El dirigente popular pidió disculpas, cesó a una decena de altos cargos (incluida la consejera) y precipitó un “plan de choque”, prometiendo más dinero y más personal, antes incluso de poder explicar qué había ocurrido. La versión oficial, a día de hoy, es que 2.317 mujeres con un diagnóstico dudoso de cáncer de mama -el 90% atendidas en la unidad de Radiodiagnóstico del hospital Virgen del Rocío de Sevilla- no fueron alertadas por el SAS de que debían hacerse una segunda prueba de contraste. Algunas se enteraron dos años después de que una mamografía suya había arrojado un resultado “no concluyente”.

El escándalo se hace público por la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que revela la Cadena Ser, y pone a la Junta contra las cuerdas. Se inicia una investigación judicial y el SAS recibe docenas de denuncias de mujeres por daño patrimonial que, a día de hoy, aún no ha respondido.

El Defensor y las listas de espera: “Es la puerta de la desigualdad”

El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido explicaciones a la Consejería de Salud por la vía “urgente y preferente”, pero aún no ha obtenido datos que expliquen qué falló, cuántas de las mujeres afectadas desarrollaron un cáncer por no haber sido avisadas a tiempo, cuántas han fallecido. Moreno llegó a cifrar en 23 las mujeres muertas como consecuencia de la crisis de los cribados, calculando que el 1% de los casos dudosos termina confirmándose como un tumor maligno. Pero el nuevo consejero de Salud y mano derecha del presidente, Antonio Sanz, salió rápidamente a desmentir ese 1%.

Esta semana, ya con el Parlamento disuelto, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha presentado su informe anual, correspondiente a 2025, que recoge un incremento de quejas ciudadanas por las abultadas listas de espera del SAS. Hay más de un millón de andaluces aguardando para operarse. “La lista de espera en sanidad no es un mero recurso administrativo, es la puerta de la desigualdad, es un síntoma de desprotección”, ha asegurado.

Maeztu también ha expresado su frustración por no haber podido responder a las víctimas de la crisis de los cribados que elevaron sus quejas a su oficina. “El derecho de información de estas muejeres no se ha cumplido, la Junta no me ha respondido a lo que yo he preguntado y la información suministrada es claramente insuficiente. Esto es grave”, ha denunciado, quejándose de no poder ejercer su labor de contrapeso al Gobierno andaluz, por falta de colaboración.

El malestar de los pacientes vs los incentivos de los médicos

La sanidad será la gran batalla electoral del próximo 17 de mayo. Moreno es tan consciente de ello que, en las semanas previas a la convocatoria electoral, se ha movido por toda Andalucía inaugurando instalaciones sanitarias, primeras piedras, ampliaciones y reciclando promesas que llevan en el programa electoral del PP desde 2018, antes de ser presidente. El sábado previo al anuncio electoral presentó el “nuevo hospital de Cádiz” que, en realidad, ni está licitado ni está programado aún. El lunes, horas antes de disolver el Parlamento, anunció “la ampliación del hospital de la Axarquía” en Granada.

Un Consejo de Gobierno, convocado de forma extraordinaria y sin previo anuncio, disolvió el Parlamento el lunes y desde ese instante la Ley Electoral y la de Publicidad Institucional prohíben las campañas de propaganda institucional. Dos días después, el Gobierno de Moreno anunció un acuerdo “histórico” con todos los sindicatos sanitarios que mejora las condiciones laborales y salariales de 44.600 profesionales del sector.

La decisión del PSOE de apostarlo todo a la sanidad en estas elecciones tiene sus riesgos. Fuentes del grupo parlamentario socialista admiten que en esta legislatura de cuatro años les ha costado mucho recuperar la confianza del sector sanitario, que seguía culpabilizándoles por sus años de gobierno y los recortes durante los años de la crisis.

Además, mientras Moreno acaba de firmar mejoras laborales y salariales para el colectivo, algunas de las apuestas políticas del PSOE y el resto de fuerzas de izquierdas chocan de frente con los intereses de muchos médicos. Por ejemplo, al llegar al Gobierno el PP eliminó la subasta de medicamentos -un sistema ideado por Montero para abaratar la compra de fármacos en el SAS- que benefició mucho a las grandes farmacéuticas.

Moreno también eliminó el plus de exclusividad de los médicos del SAS, una promesa electoral del PP, permitiendo que compaginasen su plaza pública con un trabajo en la privada por las tardes. Además lo hizo extensivo a los jefes de servicio, que son los responsables de decidir cuántos pacientes deriva a la sanidad privada y a qué clínicas u hospitales.

Montero, y también el líder federal de IU y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, plantean prohibir esa compatibilidad, porque genera un “conflicto de intereses” que va “en detrimento de la sanidad pública y de la ciudadanía”. “No se puede denunciar por la mañana que faltan médicos en el sistema, que no hay dónde contratarlos, y luego permitir que los médicos del SAS hagan caja por las tardes en sus clínicas con los pacientes que ellos mismos envían desde la sanidad pública”, advierten fuentes socialistas.

El riesgo de este planteamiento es calibrar bien hasta dónde llega el hartazgo de los pacientes por el deterioro de la sanidad pública que reciben y hasta dónde llega la indignación de los médicos que no están dispuestos a perder los incentivos que les concedió el Gobierno de Moreno.

La exclusividad de los jefes de servicio de la sanidad pública es algo que también recoge el polémico Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad –que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios– y que ha puesto en pie de guerra a los sindicatos sanitarios.

La receta electoral que usen Moreno y Montero para afrontar este debate trasciende a Andalucía y va a ser clave en las próximas elecciones generales. Esta comunidad, con 8,5 millones de personas y 6,5 millones de votantes potenciales, representa casi el 20% del escrutinio nacional y aporta 61 diputados al Congreso. El resultado de este pulso en Andalucía proyectará el devenir del futuro político de España, con más exactitud que lo hicieron las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

¿Cómo están y cómo son los médicos andaluces? A esas preguntas intenta responder todos los años el Consejo Andaluz de Colegios Médicos (CACM) con su análisis de la profesión, que revela que el sistema está ahora en una fase de “crecimiento y transformación” pero arrastrando “retos estructurales relevantes”. Los datos de 2025 revelan que hay más facultativos en una profesión cada vez más feminizada, detectándose un creciente interés por el sector privado, aumento de trabajadores extranjeros y, sobre todo, que se viene una jubilación masiva para la que todavía no está garantizado el relevo.

El dato de partida es que hay 50.844 médicos colegiados en Andalucía, 1.573 más que en 2024, lo que consolida una tendencia de crecimiento sostenido. De este total están activos 40.765 profesionales –el 80,5% del total–, de los que la mayoría (25.597, el 62,8%) ejercen en la sanidad pública, 9.240 ( 22,7%) en la privada y 5.160 (12,7%) en el ámbito mixto, es decir, en los dos sectores, lo que supone una tendencia en “progresiva consolidación”.

“Si no gano lo suficiente me tengo que ganar las habichuelas por otro lado”, ha explicado de manera gráfica sobre este incremento el presidente del Consejo, Alfonso Carmona, que lo es también del Colegio de Sevilla. Por eso considera “demagogia barata” que de cara a las elecciones andaluzas del 17M ya haya formaciones (como Por Andalucía) que han puesto sobre la mesa limitaciones para ejercer en ambos frentes si se es empleado público.

Tiempo, medios y dinero

Si los profesionales ganaran como en Francia, ha apostillado, no se irían luego a la privada a echar otras tres o cuatro horas. A su juicio, el foco debe ponerse en “vigilar cómo se trabaja y la excelencia” en lo público, a partir de ahí todo lo demás es “limitar la capacidad de trabajo, que es una libertad humana”. “Si tiene capacidad para trabajar en otro sitio tras su jornada, ¿por qué no lo va a hacer?”, teniendo además en cuenta que “la privada también paga mal, porque lo hace a base de volumen”.

“Los médicos necesitan más tiempo, más medios y más dinero”, ha subrayado, a lo que ha añadido también el “reconocimiento de la especialidad de medicina familiar” la secretaria general del CACM, Mercedes Ramblado, representante de los profesionales de Huelva. Y en cuanto a la campaña electoral, Carmona está convencido de que “se va a basar en la sanidad”, porque una de las candidatas (María Jesús Montero, que fue consejera del ramo más de una década) “conocer perfectamente la sanidad y nosotros conocemos la sanidad que hacía ella”.

¿Y qué significa eso? Pues que el sistema “está mucho mejor ahora” con el PP, por lo pronto porque la financiación ha pasado de 8.000 a 16.000 millones de euros y porque se han desenterrado ofertas públicas de empleo “que llevaban años en el cajón”. Los médicos ganan ahora de media casi 900 euros más al mes y se han beneficiado de “modificaciones realmente buenas”.

La gran jubilación

La feminización de la profesión la evidencia que la mujer representa el 50,6% del total de colegiados, un porcentaje que es aún mayor en el ejercicio activo, con 22.922 médicas frente a 17.843 hombres, y con mayor presencia sobre todo en la pública. Como las cifras de profesionales han ido al alza, esto permite mejorar ligeramente las cosas y que haya ahora mismo 4,7 médicos en activo por cada 1.000 habitantes (uno por cada 213), aunque todavía por debajo de la media nacional.

Pero el problema es el envejecimiento de la profesión, ya que más de un tercio de los profesionales en activo supera los 55 años, lo que augura una jubilación masiva en los próximos años, que no compensa que un 26-27% tenga menos de 35 años ni que hayan aumentado las plazas MIR. Si a esto le añadimos que sigue al alza la fuga de médicos (646 se fueron a otra comunidad autónoma y 114 a otro país), no es de extrañar que esto se esté supliendo con el fichaje de facultativos extranjeros, cuyo porcentaje no se recoge en el estudio, pero que Alfonso Carmona sitúa ya entre el 15 y el 20% porque está subiendo “una barbaridad.

Y dentro de esta jubilación en masa, ¿cuáles son las especialidades que se pueden ver más afectadas? Pues ya se augura que medicina de familia, preventiva, traumatología o pediatría, con bajas tasas de reposición. Por ello, desde el Consejo se ha lanzado no sólo un mensaje de reforzar estos campos, sino también de aumentar la inversión y los recursos en atención primaria, ya que el 80% de las patologías se pueden resolver en este nivel asistencial y derivar así a los hospitales a los pacientes que realmente lo necesiten.

En el debate público andaluz y español se ha instalado una premisa inquietante: la idea de que las nuevas generaciones están abrazando en bloque la extrema derecha. Sin embargo, los datos exigen enfriar el diagnóstico. La evidencia empírica demuestra que no estamos ante una hegemonía radical, sino ante un fenómeno más complejo: una polarización generacional creciente y un aumento significativo de la influencia de estos discursos en segmentos específicos, particularmente entre los varones.

No obstante, minimizar el problema sería un error de cálculo. Aunque no exista una adhesión mayoritaria, las encuestas en España arrojan un dato que debería encender las alarmas en cualquier democracia: cerca de una cuarta parte de los jóvenes declara preferir una dictadura al sistema democrático en determinadas circunstancias. Este indicador no revela necesariamente una convicción ideológica firme, sino una profunda vulnerabilidad ante los relatos autoritarios. Para entender este deslizamiento, es necesario diseccionar las causas estructurales que operan en nuestro entorno y, sobre todo, el papel que está jugando —o dejando de jugar— nuestro sistema educativo.

El caldo de cultivo: precariedad, género y algoritmos

El atractivo de la extrema derecha no es un fenómeno meteorológico; es el síntoma de una triple crisis que golpea con especial dureza en regiones con tejidos económicos frágiles como el nuestro.

En primer lugar, opera un elemento material clave. La juventud se enfrenta a un horizonte vital marcado por la precariedad laboral, la sobrecualificación y unos salarios que convierten el acceso a la vivienda en una quimera. Esta realidad genera una sensación de “horizonte cerrado” y humillación social. En este contexto, los discursos que prometen orden, mano dura y protección identitaria frente a “los de fuera” encuentran un terreno fértil, presentándose no como amenazas a la libertad, sino como remedios rápidos a la angustia vital.

En segundo lugar, la brecha de género es el gran vector de esta radicalización. Los datos europeos sitúan el apoyo a la extrema derecha en torno al 21% entre los hombres jóvenes, frente a un 14% de las mujeres. Existe una reacción antifeminista palpable: narrativas que presentan la igualdad de género como un ataque a la “normalidad” y que capitalizan malestares masculinos que no han sido abordados desde una perspectiva igualitaria.

Finalmente, el campo de batalla es el ecosistema digital. Plataformas como TikTok o Instagram se han convertido en los principales espacios de socialización política. Allí, actores de extrema derecha despliegan estrategias sofisticadas, utilizando el humor, la estética aspiracional y la pseudoautoayuda para permear en el imaginario juvenil. Sin una alfabetización mediática crítica, los mensajes de odio o conspirativos se normalizan con pasmosa facilidad.

La Escuela ante el espejo: de la inacción a la responsabilidad

Frente a este escenario, es común escuchar voces que acusan a la escuela pública de adoctrinamiento. Sin embargo, la investigación educativa sugiere que el problema no es el exceso de política en las aulas, sino su ausencia. Podría hablarse más de inacción y timidez que de manipulación.

El sistema educativo, también en Andalucía, ha tendido a evitar el abordaje frontal de los conflictos políticos actuales y del pasado traumático reciente. El tratamiento escolar del franquismo y las experiencias autoritarias suele ser tardío y a menudo superficial, lo que ha generado un déficit de cultura histórica. Esta carencia facilita que una parte de los adolescentes relativice la dictadura o simpatice con figuras autócratas por simple desconocimiento de sus implicaciones reales.

Ese vacío que deja la educación formal al no querer “politizar” la enseñanza lo ocupan inmediatamente otros agentes: los algoritmos de recomendación y los creadores de contenido extremista, que asumen la iniciativa formativa sobre qué significa vivir en sociedad.

Hacia una pedagogía de la resistencia democrática

Si aspiramos a revertir esta tendencia, la solución no pasa por incrementar las horas de instrucción memorística sobre las instituciones, cuyo impacto ha demostrado ser limitado. La investigación internacional señala el camino hacia una educación ciudadana más robusta y vivencial.

En conclusión, una educación ciudadana conectada con la realidad material y digital de los jóvenes no garantiza por sí sola la inmunidad ante la extrema derecha, pero es la herramienta más potente que tenemos para reducir la vulnerabilidad ante las soluciones autoritarias. Si la escuela no ofrece respuestas complejas a los problemas difíciles de nuestro tiempo, otros seguirán ofreciendo respuestas simples, falsas y peligrosas.

Se han comenzado a celebrar los actos presenciales de los tres juicios en los que, actualmente, están imputados los gerentes del SAS que dirigieron esta entidad durante y tras la epidemia de Covid 19, Miguel Ángel Guzmán, Diego Vargas y Valle García. Como es sabido, durante los momentos más graves de dicha epidemia, surgida en 2020, existió una Ley de emergencia que amparaba prácticas como la contratación a dedo, debido a la necesaria rapidez en atajar la severidad de la situación.

No obstante, esta Ley caducó cuando la situación mejoró y, de hecho, la Junta de Andalucía recibió una nota expresa de Hacienda el 18 de junio de 2021 para que se dejara de usar este procedimiento. A pesar de ello, la Junta lo siguió utilizando durante casi tres años más, lo que propició una decena de informes de los Interventores del SAS que destaparon, a posteriori, que los contratos que se estaban realizando no tenían cobertura legal.

En marzo de 2023, la OMS declaró el final de la pandemia Covid 19. Por esas fechas, la prensa denunció las prácticas de contrataciones troceadas y a dedo del SAS con clínicas privadas y otras empresas, una práctica que cesó poco después para contrataciones nuevas, aunque adendas de contratos previos extendieron esos pagos hasta mediados de 2024. En base a estos hechos se interpusieron los procesos judiciales mencionados arriba. Aunque un juzgado ha archivado uno de estos procesos, otros han sido potenciados y siguen su curso en el momento actual.

Las razones aportadas en el juzgado y en la prensa por los responsables de la Junta para justificar la prolongada duración de las prácticas de contratación fuera de cobertura legal han sido la existencia de un “problema extremo de salud pública” o “una presión asistencial inédita”. También se ha aducido que la casi exclusiva atención a la epidemia había retrasado la asistencia a otras patologías por parte del SAS, lo que daba lugar a un acúmulo de trabajo que había que afrontar. Y la pregunta es, ¿son estas las razones reales para que se mantuviera esta irregularidad durante un periodo tan prolongado de tiempo? Nosotros creemos que no, como se va a razonar a continuación.

No cabe duda de que la epidemia de Covid 19 fue un problema de salud pública con un importante impacto sanitario que llevó a medidas de aislamiento de la población y sometió a los Sistemas Sanitarios Públicos a un esfuerzo de gran magnitud. Esto fue así durante 2020 y 2021. No obstante, la situación fue controlándose paulatinamente a partir de esa fecha gracias a las medidas tomadas: contratación de veinte mil profesionales sanitarios adicionales y vacunación anti-Covid creciente de la población.

Así, el 1 de marzo de 2022, 38 millones de españoles mayores de 12 años habían recibido la vacunación anti-Covid completa y 2 millones de menores de esa edad estaban camino de alcanzar dicho nivel de vacunación. Por esas fechas el número de personas con Covid que fallecieron o requirieron hospitalización o ingreso en UCI en España y Andalucía se había reducido de forma drástica, alcanzando niveles parecidos a los de las gripes invernales. Es decir, en España, y en Andalucía, la alarma se había reducido claramente, a pesar de lo cual, en Andalucía, las contrataciones irregulares continuaron durante varios años más.

Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas

Pero hay, además, otros datos que cuestionan las explicaciones dadas por los responsables de la Junta: la existencia de una profunda preocupación por la situación asistencial. El análisis de la gestión que hizo la Junta del personal sanitario en ese periodo muestra que, en noviembre de 2021, presuntamente según la Junta, en plena situación de alarma asistencial, se despide a 8000 trabajadores sanitarios; y, a partir de ahí, se somete a los 12000 contratos Covid restantes a una situación continua de incertidumbre laboral, lo que resultó en la pérdida adicional de 8500 de ellos en los años siguientes, según fuentes sindicales.

Esto ocurre cuando, a lo largo de este periodo (desde 2020 hasta la actualidad), y a pesar de las contrataciones extras habidas al comienzo del Covid, Andalucía es la comunidad autónoma que presenta las tasas más bajas de profesionales de medicina y de enfermería hospitalarios, así como de camas hospitalarias por 1000 habitantes de España (datos del Ministerio de Sanidad recogidos por los informes anuales de la FADSP). Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas.

El bajo número de personal sanitario y de recursos no debió parecer alarmante ni digno de ser corregido al gobierno de Moreno Bonilla, puesto que aún hoy persiste este déficit. En este sentido, es interesante destacar aquí como, a finales de 2021, la prensa recoge el éxodo de 600 profesionales de enfermería andaluces a Cataluña, una sangría que ha continuado después.

Por lo tanto, la presunta alarma asistencial “inédita” que, como se ha visto, ya no era tanta en 2021, un hecho, además, constatado y demostrado por la política de personal sanitario de la Junta, no era la razón de prolongar las prácticas de contratación irregular durante tres años más. ¿Cuál fue entonces la causa real?

Nosotros pensamos que, muy probablemente, la decisión de continuar con la práctica de contratación irregular con las clínicas y otras empresas privadas se relaciona con la ideología que dirige la política sanitaria desarrollada por el actual gobierno de la derecha desde su llegada. Esta puede definirse en dos puntos.

En primer lugar, producir un deterioro continuo de la Sanidad Pública mediante una escasa financiación, plantillas mínimas y desinversión paulatina, lo que determina que, al presente, el número de personas en listas de espera inaceptables ronde los dos millones. Simultáneamente, un incesante aumento de la derivación de fondos públicos no solo a las clínicas privadas, sino también a otros sectores privados como por ejemplo la de productos de farmacia, un sector que recibe unos fondos muy aumentados, debido a la reducción de las medidas de abaratamiento y control del gasto (suspensión de las subastas, bajo uso de genéricos y biosimilares, escaso empleo del decreto 512/2015 que permite abaratar la farmacia de los centros socio-sanitarios).

Con este horizonte, las compañías de seguros sanitarios privados prosperan sin cesar, favorecidas no solo por el deterioro de la Sanidad Pública sino, además, por medidas ventajosas emanadas de la Junta, como el pago del “complemento de exclusividad” a todos los médicos del SAS y no solo a los que trabajan exclusivamente en la Sanidad Pública o la eliminación de la incompatibilidad público/privada de los cargos intermedios, medidas curiosamente activas durante toda la pandemia y hasta la actualidad.

En definitiva, lo que el Gobierno de Moreno Bonilla viene intentando desde el principio es cambiar nuestro concepto de salud: hasta ahora la salud era un derecho igual para todos, gracias a una Sanidad Pública potente y bien dotada, financiada con nuestros impuestos; ahora, este gobierno quiere cambiar ese concepto por el de la salud es un negocio, donde cada ciudadano puede elegir, según su riqueza, el nivel de salud que quiere tener, comprándolo en el sector privado.

En este contexto ideológico, es muy posible que la epidemia de Covid 19 fuera vista por el gobierno actual como una oportunidad para cumplir su intención de apoyar la privatización sanitaria mediante la derivación de fondos públicos a dedo (sin control) a las clínicas privadas y a otros sectores privados, tratando de encubrirlo amparándose en la severidad y supuesta persistencia de la pandemia, incluso fuera del marco temporal de la misma. Piénsese que, a finales de 2022, ya se planteó la privatización de la Atención Primaria y el uso de los centros públicos por las empresas privadas (Orden del 25 de febrero de 2023), dos medidas que la oposición de la calle no permitió.

Creemos que estos datos y razonamientos deberían ser considerados en los juicios mencionados al principio.

José Antonio Brieva Romero (exjefe de servicio de Inmunología Clínica; Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; jubilado)

Antonio Vergara de Campos (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, jubilado)

Luis González Sanz (exfacultativo del servicio de Siquiatría, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; exAdjunto a la Secretaría de Acción Sindical de Sanidad Andalucía, CCOO, Sevilla, jubilado).

Manuel Torres Tortosa (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz; jubilado)

Son miembros de Marea Blanca y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía.

En los primeros 80 muchos partidos españoles de izquierda vieron inicialmente la construcción europea como un proyecto capitalista, tecnocrático y de élites, alejado de los intereses de la población. La integración europea era percibida como un proceso impulsado por sectores socioeconómicamente altos en su beneficio. En décadas posteriores, estas fuerzas evolucionaron hacia un europeísmo crítico, defendiendo la integración, pero denunciando su orientación neoliberal y reclamando un giro social profundo.

En estos momentos, con los nuevos retos a nivel mundial, estamos convencidos que necesitamos que la Unión Europea se fortalezca y se convierta en una entidad autónoma para tomar decisiones con las que poder enfrentarse a las grandes tecnológicas americanas, al empuje de China, para mantener y defender la democracia, para imponer una redistribución más justa de los beneficios de la ultima revolución tecnológica, etc. Necesitamos, en primer lugar, que Europa se constituya como un bloque y en segundo orientarla en beneficio de la mayoría. ¿Pero que queremos decir con autonomía de Europa? Veamos, no exhaustivamente, algunos elementos necesarios para su fortalecimiento y autonomía.

El Informe Draghi, publicado en septiembre de 2024, es un análisis sobre cómo la UE puede recuperar competitividad frente a Estados Unidos y China. El informe diagnostica una Europa con crecimiento lento, baja productividad, energía cara, fragmentación regulatoria y fuertes dependencias externas, y propone un plan de transformación de gran escala. Mario Draghi advierte que, sin acción rápida y coordinada, la UE afrontará una “lenta agonía”, perdiendo autonomía, bienestar y peso global. El continente necesita un salto conjunto en inversión, integración y ambición estratégica para asegurar su competitividad futura.

Europa necesita cerrar la brecha de innovación frente a EE. UU. Para ello, según el informe, Europa necesita invertir masivamente: entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales al año para digitalización, transición verde, defensa y tecnologías clave. Y esto debería afrontarse mediante deuda común europea para financiar grandes proyectos estratégicos, los llamados eurobonos.

Los eurobonos son títulos de deuda a largo plazo emitidos por la Comisión Europea o el Banco Central Europeo (BCE). Es la deuda conjunta de la UE. Nunca llegaron y muchos piensan que nunca vendrán, aunque la gente los sigue esperando. Sin embargo, el momento es especialmente oportuno para lanzar los eurobonos, ahora que Europa necesita un potente instrumento de deuda soberana. Las condiciones son oportunas para impulsar estos activos seguros, pero la palabra sigue siendo tabú en Alemania.

¿Y que hacer con las grandes tecnológicas fundamentalmente americanas? Los oligarcas de Silicon Valley están manipulando nuestra atención y abriendo paso en sus redes al autoritarismo populista de Trump y de la ultraderecha europea. ¿Qué se puede hacer desde el progresismo para frenar esta dictadura tecnológica y superar la dependencia de Estados Unidos? La primera idea pasa por regular las redes a nivel europeo para que no influyan de forma indebida en nuestras democracias. La segunda establecer, como ha sido sugerido, responsabilidad legal de los directivos de las plataformas por la publicación de contenidos. La tercera regular los desarrollos y la aplicación de la Inteligencia Artificial. Estas ideas han provocado la respuesta airada de Elon Musk, pero son claves para orientar el desarrollo de esta revolución tecnológica.

Son necesarias reformas fiscales en Europa para obligar a las empresas, y en particular a las grandes tecnológicas americanas, a pagar impuestos en los países en los que ofrecen servicios y no solo en aquellos donde tienen sede. Este tipo de planteamientos solo es posible en unidades políticas del tamaño de Europa.

También hace falta unidades políticas de tamaño europeo para imponer un impuesto mínimo a todas las empresas. La OCDE ha impulsado el Impuesto Mínimo Global (IC). Esta medida fue acordada en 2021 y tiene como objetivo garantizar que los grandes grupos multinacionales tributen un tipo mínimo del 15% en todos los países en los que operan. Este sistema, se busca que las multinacionales paguen impuestos justos, independientemente de las reglas fiscales de cada jurisdicción, eliminando prácticas de optimización fiscal agresiva. La Unión Europea limitó su aplicación a multinacionales con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros y Estados Unidos a aquellas con más de 1.000 millones de dólares durante tres años consecutivos. En enero de 2025, en Estados Unidos, tras asumir su segundo mandato el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva en la que declaraba que su país se retiraría y no seguiría aplicando las disposiciones del acuerdo fiscal mundial. Estas decisiones del gobierno de EE. UU. hacen más necesaria la autonomía de Europa.

En el aspecto energético Europa es claramente dependiente, no es autónoma. Europa tiene una baja producción de petróleo y gas, debido al agotamiento de yacimientos, y las políticas climáticas adoptadas. Esto genera alta dependencia externa, crisis de precios. Por una parte, Europa paga un precio muy alto por las sanciones contra Rusia, al sustituir gas procedente de gasoductos rusos por Gas Natural Licuado estadounidense mucho más caro. El problema no es solo comprar gas más caro, es que hace a los europeos más dependientes de EE. UU. que últimamente está demostrando que no es un socio del que fiarse. En segundo lugar, estamos convencidos de que las energías renovables son un elemento clave para abordar soluciones al cambio climático cuyas consecuencias ya estamos viendo. A medio plazo la autonomía energética europea se puede conseguir con un fuerte desarrollo de las energías renovables. Esto implica una mayor integración energética y un fortalecimiento de las redes eléctricas europeas.

Hoy muchos piensan que Europa está seriamente amenazada. Vemos que en geopolítica se ha impuesto la ley del más fuerte, Europa está seriamente amenazada por la doctrina Trump: América para los americanos, y eso incluye a Groenlandia. El trumpismo nos ve como un adversario. Y el compromiso de Estados Unidos en la OTAN se desvanece, pero somos completamente dependientes de ellos en sus decisiones y en la compra de material militar. Los problemas de seguridad europeos los tenemos que resolver los europeos. Esto implica que necesitamos integrar las fuerzas armadas europeas en una única fuerza con la capacidad de disuasión adecuada y separar los intereses europeos de los americanos. Eso implica fabricar en Europa el material militar necesario y no tener que comprárselo a EE. UU. Eso significa sacar a Europa de la OTAN o sacar a EE. UU. Europa no puede estar en una alianza que nos hace completamente dependientes de un socio no fiable.

El sistema financiero europeo debe ser autónomo. Desde hace meses, Guillou está sancionado por Estados Unidos por su labor como juez de la Corte Penal Internacional (CPI) al investigar la actuación de Israel en Palestina. Al presidente estadounidense Donald Trump no le gustó que un juez hiciera sus pesquisas sobre un Estado aliado y le sancionó económicamente. Desde entonces, las empresas estadounidenses rechazan sus operaciones de pago. No puede tener una tarjeta de crédito, ni pagar con el móvil, ni comprar ese billete de tren. Las tarjetas de crédito que ofrecen los bancos son solo de Visa y Mastercard. Si Trump considera oportuno sancionar a una persona o empresa cualquier empresa, o persona estadounidense o filial puede estar obligada a aplicar las sanciones y bloquear inmediatamente las transacciones asociadas porque, si no lo hacen, se enfrentan a procesos penales en Estados Unidos. Once juristas del Tribunal Penal Internacional y Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos están en la misma situación.

Desde el punto de vista de la gobernanza Europa necesita un mecanismo más eficaz de toma decisiones. La Comisión Europea debe tener mas competencias y las decisiones deben tomarse por mayoría simple. La unanimidad actual es un mecanismo que impide tomar decisiones.

Las universidades europeas están razonablemente bien integradas, pero hace falta un Plan Europeo de Investigación que focalice las capacidades universitarias europeas hacia la consecución de la tecnología necesaria para rebajar la brecha con EE. UU. y China.

Claramente queremos que Europa profundice su democracia y su estado del Bienestar.

Muchos más aspectos hay que analizar para definir lo que entendemos por autonomía de Europa, pero los esbozados arriaba nos pueden dar una idea.

En muchos aspectos Europa no va siguiendo la senda sugerida. Alemania impone sin oposición en Bruselas el ‘diktat’ de la simplificación normativa, tan equivocado como la austeridad de hace 15 años. Esto significa desregular y rebajar las pretensiones del Estado del Bienestar alemán. Las llamadas fuerzas de ultraderecha claman por un mayor nacionalismo, abandonar Europa y someterla a los dictados de EE. UU.

El camino trazado no es fácil, pero es un objetivo que orienta el camino de las fuerzas progresistas. Urge la creación de una fuerza política de tamaño europeo que compita electoralmente por estos objetivos y pueda llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas convencidas de la necesidad de Europa. Quizás la mejor manera sería comenzar este camino con un núcleo reducido de países fuertemente convencidos de la necesidad de Europa.

El informe definitivo de autopsia de Haitam Mejri, elaborado por el Instituto de Medicina Legal, concluye que el hombre, que el pasado 7 de diciembre fue reducido en Torremolinos por seis agentes de policía que le aplicaron entre siete y once descargas eléctricas (según se observa en los vídeos), gas irritante, golpes y presión continuada en tronco y piernas, murió como consecuencia del “síndrome de delirio agitado”, que se habría producido como “reacción adversa” al consumo de drogas, fundamentalmente cocaína, agravada por las patologías cardiacas que padecía Haitam, de 35 años.

La familia Mejri dispone de otro informe, encargado por ellos al doctor Aitor Curiel, que documenta 86 lesiones (entre ellas, las producidas por al menos siete descargas táser de entre 1.000 y 2.000 voltios y una gran herida contusa en la cabeza) y concluye que no habría muerto “en ese momento ni en esa forma” de no haberse producido esa intervención policial.

El síndrome de delirio agitado se describe como un estado de agitación extrema que puede desembocar en muerte súbita. Suele asociarse al fallecimiento bajo custodia policial de personas que han consumido drogas y son inmovilizadas, y es cuestionado por algunas entidades de derechos humanos porque puede enmascarar situaciones de abuso y muertes por asfixia.

Sólo encuentra dos descargas táser

El informe del Instituto de Medicina Legal (IML) llega cinco meses después de la muerte de Haitam, una vez que se han incorporado los análisis del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La muerte de Haitam es “de origen violento” y tiene como “causa inmediata” la “reacción adversa por consumo de sustancias tóxicas” y como “causa fundamental” el “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico”, según sostiene el IML, adelantado por Sur y al que este medio ha tenido acceso.

El informe no atribuye a las descargas de táser, las maniobras de sujeción o los golpes que le propinaron los agentes ningún peso en el fallecimiento. Reduce las 86 lesiones documentadas por el doctor Aitor Curiel a sólo 19, ninguna de las cuales supueso riesgo vital y todas “compatibles con mecanismos de compresión y rozamiento probablemente producidas por las maniobras de reducción”.

De las siete descargas que recoge el informe de parte, o las once que cuenta la familia al ver los vídeos, sólo recoge dos, en pierna y hombro. Son las dos que ya consignó la forense que acudió al levantamiento del cadáver, siguiendo lo que le dijeron los agentes.

La conclusión de los dos forenses que lo firman es que Haitam sufrió un “cuadro de delirio agitado”, un síndrome caracterizado por una “alteración aguda del estado mental” junto con “agitación psicomotora extrema, hiperactividad autonómica y pérdida del control conductual”, que puede agraverse por las drogas y “evolucionar rápidamente a muerte súbita”, según el informe.

Un “lugar común” para muertes bajo custodia policial

Se trata de un síndrome controvertido. No está reconocido en el DSM-5 (el manual de referencia en psiquiatría) o por la OMS, pero en los últimos años se ha extendido para explicar muertes durante intervenciones policiales que incluyen la inmovilización mecánica del sujeto.

Algunos especialistas ven en él un cuadro no suficientemente descrito por la literatura científica y sin consenso y que puede servir para atribuir a una causa endógena muertes que, de no mediar la intervención, no se habrían producido. Así lo destaca un informe de Physicians for Human Rights, una ONG internacional de derechos humanos vinculada al ámbito sanitario, que en 2022 concluyó que es un diagnóstico sin fundamento y un “lugar común” para explicar muertes bajo custodia policial en Estados Unidos.

En 2023, el Gobernador del Estado de California modificó la ley procesal para prohibir el reconocimiento del “delirio agitado” como “diagnóstico médico válido o causa de muerte” en los certificados de fallecimiento.

En España, el concepto se importa desde Estados Unidos hace relativamente poco. Un trabajo publicado en la Revista de la Escuela de Medicina Legal en 2009 recopila la literatura científica publicada hasta ese momento: “El estrés producido por la percepción personal de peligro o amenaza a la vida produce un mecanismo de lucha o huida que conduce a un paro cardíaco”. De esta forma, la agitación produce una estimulación del sistema nervioso simpático y una “disminución brusca” de los niveles de potasio tras el cese del forcejeo junto con un incremento en los niveles de catecolaminas que, agravado por el uso de drogas o medicación, o una enfermedad previa, pueden explicar la muerte. Otro estudio de 2010 imputó ocho muertes a este síndrome en Andalucía en el periodo 2003-2009. Ambos estudios están liderados por Fernando Martín Cazorla, autor también de un libro sobre la materia y forense del IML en Málaga, quien no es autor del informe de Haitam.

Mencionado en la respuesta del Gobierno

La forense que acudió al levantamiento del cadáver ya hizo constar que la posible causa de la muerte era “delirio agitado/RADA [acrónimo de Reacción Agónica de Defensa Activa]”. Una de las características de este presunto síndrome es la hipertermia, y el cuerpo de Haitam estaba a 39,6 grados.

El Gobierno también abrió la puerta del delirio agitado en la respuesta parlamentaria que dio a dos diputados de IU, mes y medio antes de que elaborara el informe de autopsia, y a pesar de que la pregunta de los dos diputados no se mencionaba tal síndrome.

El informe del IML se apoya en las pruebas toxicológicas realizadas en Sevilla, que hallaron rastro de cocaína (0,15 mg/l), MDA (0,03 mg/l), cannabis y ketamina (0,07 mg/l) en sangre. El informe sólo analiza la concentración de cocaína, la más alta, y señala que es inferior a las concentraciones letales aunque se encuentra “frecuentemente” en “sujetos fallecidos consumidores de cocaína”. Es la única sustancia de la que se concluye que su consumo fue reciente, ya que se encontraron restos sin metabolizar. El propio Haitam advirtió a los agentes de que había consumido drogas.

El informe del IML también ha hallado varias patologías cardiacas asociadas al consumo de cocaína que habrían influido en la muerte. La familia asegura que en su historial clínico no hay ningún antecedente de estas patologías, y que el único órgano que su perito no ha podido examinar es el corazón.

Archivo provisional hasta recibir este informe

La titular del juzgado de instrucción 1 de Torremolinos archivó provisionalmente la investigación de la muerte de Haitam el pasado febrero, condicionando su reapertura a las conclusiones de este informe. La decisión fue recurrida por la familia, que cree que la actuación policial que se observa en los vídeos grabados por las cámaras del local y las asociadas a las dos pistolas táser usadas por los agentes justifica la investigación por presuntos delitos de lesiones, omisión del deber de socorro, homicidio o incluso asesinato, y cree que hay diligencias que deberían practicarse con independencia de las conclusiones de la autopsia. La familia ha elevado una queja al Consejo del Poder Judicial.

El pasado 7 de diciembre, Haitam irrumpió muy alterado en un locutorio de Torremolinos. Buscaba un cargador para su móvil, y tras forcejear con el dueño, que huyó, desencajó la mampara del mostrador y comenzó a revolverlo todo. Mientras, el dueño llamaba al 112, que dio aviso a la Policía, que envío a una patrulla Zeta (dos agentes) al local con el aviso de un posible robo.

Tal y como desvelaron los vídeos publicados en exclusiva por elDiario.es, el primer agente entró con la táser desenfundada y durante un par de minutos mantuvo con él una conversación en la que Haitam insistió en que quería colaborar y que su única intención era cargar el móvil. Haitam no portaba ningún elemento peligroso (durante unos segundos tuvo unas tijeras escolares que soltó cuando se lo pidieron) ni amenazó a los agentes o les fue hostil.

Cuando fue a darles la mano para que lo engrilletaran se le resbaló el móvil, y al intentar recogerlo se le abalanzaron para sujetarlo, comenzando entonces una intervención de seis policías en la que le dispararon dos táser entre siete y once veces, le golpearon en la cara, le rociaron la boca con spray pimienta y le inmovilizaron colocándose sobre sus piernas y tórax, mientras se animaban a darle “más táser” y él pedía que pararan y advertía de la existencia de cámaras. Con los minutos se fue apagando y murió.

El primer dato cerrado sobre el turismo en la Semana Santa de Málaga ha zanjado la polémica que se levantó durante semanas a partir de unas previsiones de parte descontextualizadas y el catastrofismo de diversos cargos públicos del PP andaluz. Málaga y la Costa del Sol, cuya Semana Santa estaba “definitivamente perdida” para el turismo (según llegó a decir el responsable de Turismo en Andalucía, Arturo Bernal), no sólo no han perdido turistas, sino que cerraron este periodo (del 27 de marzo al 6 de abril) con más ocupación hotelera, hasta alcanzar el 82,85%, 2,67 puntos más que en 2025. En los días “clave”, del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, la ocupación fue del 85,26%, dos puntos más que el año pasado, según los datos de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS).

Son las segundas mejores cifras turísticas del último lustro, solo superadas por las de 2023, cuando la primera Semana Santa sin ninguna restricción Covid cayó íntegramente en abril y vino acompañada de un tiempo muy benigno. Aquel año la ocupación fue del 84,23% (1,5 puntos más que este año).

Los datos finales de 2026 superan las previsiones iniciales “ligeramente”, según AEHCOS, que llegó a alertar de una caída de demanda del 26% y a las puertas de la festividad previó una ocupación del 73,47% (9,3 puntos menos que la cifra final). La patronal atribuye el error de estimación al turismo internacional y, sobre todo, al buen tiempo, clave para las reservas de última hora: no ha llovido ni un día, y las temperaturas diurnas han rondado los 22 grados. “Los datos de ocupación de esta Semana Santa confirman que la climatología ha ayudado a los resultados”, ha asegurado José Luque, presidente de AEHCOS, que también destaca que se logran “pese a la desconexión ferroviaria”.

Los destinos con mayor ocupación han sido Benalmádena (90,30%), Costa Oriental – Axarquía, (86,67%), Torremolinos (85,85%), Mijas (84,90%) y Málaga – Rincón de la Victoria (84,51%). El turismo internacional (77,95%) triplica al nacional (22,05%). AEHCOS también ha divulgado los datos de marzo. La ocupación hotelera media fue del 78,07%, cinco puntos más que en el mismo mes de 2025.

También han sido positivos los datos de empleo, con un incremento de 14.307 afiliados a la Seguridad Social en la provincia y una reducción de 1.863 personas en desempleo respecto a febrero. Ambas cifras mejoran las del conjunto de Andalucía: la caída del paro es la tercera mejor, tras Cádiz y Sevilla, mientras que el incremento de afiliación mensual es del 1,95%, por el 1,44% en el conjunto de Andalucía. La Confederación de Empresarios de Málaga lo atribuye al “impacto favorable de la Semana Santa”, “a pesar de los problemas generados por la deficiente conexión ferroviaria”.

De semana “perdida” a “mínimo” impacto

Estas cifras confirman los primeros indicadores, avanzados a mitad de semana por el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (quien ya avanzó que impacto sería “mínimo”) y la consejera de Empleo, Rocío Blanco. También corroboran lo que ya advirtió la propia patronal hostelera, cuando su presidente declaró que la Semana Santa no iba a ser “tan mala como se está pintando”.

Quien la pintaba de negro era la Junta de Andalucía, que cebó el enfrentamiento con el Gobierno central por el posible impacto turístico de la interrupción del AVE directo a Madrid, motivado por las obras que se ejecutan a la altura de Álora por el desprendimiento de un talud. ADIF ha dado dos fechas para la reapertura, que ha incumplido, alegando que la obra es mucho más compleja de los previsto inicialmente. Ahora prevé reabrir una de las dos vías a finales de abril, si todo va bien. Entre tanto, Renfe ofrece completar entre Antequera y Málaga en autobús, lo que alarga el viaje hasta las cuatro horas y media.

Esto es un inconveniente para estudiantes y trabajadores, sobre los que se ha pasado de puntillas en este debate. La Junta se centró en el turismo, a pesar de que las encuestas de movilidad muestran que apenas el 10% de los turistas nacionales llega en tren a Málaga. El AVE tiene algo más de peso en el turismo de congresos y el de fin de semana (despedidas de soltero, por ejemplo).

Dos de los consejeros de Juan Manuel Moreno, Carolina España (Economía y Hacienda, además de portavoz) y Bernal (Turismo) tiraron de hipérbole: la consejera, asegurando que Málaga estaba “incomunicada”; el consejero, para darla por finiquitada. Y el propio presidente Moreno esgrimió un dato de parte, sin contrastar, sin contextualizar y sin desglosar para cuantificar el impacto: los famosos 1.300 millones de euros. La patronal se desentendió de esa cifra (“nosotros nunca la hemos dado”) mientras el ministro Óscar Puente acusaba a sus divulgadores de “buleros”.

El debate subió de tono a las puertas de las elecciones autonómicas, amplificado por las descalificaciones del ministro contra algunos periodistas por la derivada del papel de algunos medios en la difusión de un alarmismo económico que no ha tenido reflejo en la realidad.

El portavoz del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido al presidente andaluz y a Francisco de la Torre “que rectifiquen y pidan disculpas a la ciudadanía”, aunque el alcalde, mucho más cauto que sus compañeros de partido, advirtió pronto que la incidencia sobre el turismo no sería tan importante. “El éxito arrollador ha desmontado por completo la campaña de desprestigio” orquestada por los populares, según Pérez, que les atribuye el intento de “dañar a la ciudad para sacar rédito político”. De momento, ni la Junta de Andalucía ni el regidor (más cauto en sus previsiones sobre el impacto de la crisis del AVE) se han pronunciado respecto a las cifras definitivas de AEHCOS.

El torero retirado Ricardo Ortiz ha fallecido en los corrales de la plaza de toros de La Malagueta tras una fuerte cogida por parte de un astado en la tarde de este pasado viernes en su puesto de trabajo.

Así lo han confirmado el Sistema Emergencias 112 y Lances de Futuro, empresa gestora del coso malagueño, que ha confirmado que la muerte del trabajador ha tenido lugar cuando realizaba labores de manejo en los corrales de la plaza de cara a la popular corrida picassiana que se celebra este sábado.

Lances de Futuro ha expresado en un comunicado que el trabajador fallecido es Ricardo Ortiz, quien fue matador de toros de Málaga y trabajaba con la referida empresa en los corrales de la plaza de toros de La Malagueta. “El trágico suceso tuvo lugar mientras se realizaban trabajos de manejo en los corrales, cuando uno de los toros le propinó una fuerte cogida que le provocó la muerte”, ha recogido la empresa en un comunicado.

Condolencias

En cuanto a la gestión de la emergencia, el 112 recibió sobre las 19.45 horas que indicaba que un trabajador había sido pillado por un toro en los corrales de la Plaza de la Malagueta. De inmediato se dio aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local. Fuentes policiales y sanitarias confirmaron el fallecimiento del trabajador, un varón de 51 años, por las lesiones causadas por el animal.

El empresario José María Garzón y el resto del equipo de Lances de Futuro ha manifestado en un comunicado que se une al dolor de la familia de Ricardo Ortiz y de toda la familia taurina malagueña y ha expresado públicamente su pesar por esta pérdida.

Este lunes el alcalde de Málaga, el veterano Francisco de la Torre (PP) hizo las siguientes declaraciones a los periodistas: “Yo creo que al final no va a haber casi incidencia, porque el tiempo nos acompaña muy bien. La gente, a la que le encanta que la Semana Santa transcurra en tiempo bueno, hace el esfuerzo de venir aunque sea tardando más, como se tarda ahora. Creo que la incidencia será mínima”.

Estas declaraciones del regidor, verso libre del PP, a propósito de la repercusión turística (y por tanto económica) de la interrupción por obras de la línea de alta velocidad a la altura de Antequera suponen la enmienda final a varios cargos de su partido en la Junta de Andalucía, que han alimentado el catastrofismo económico durante dos semanas.

La Semana Santa está “definitivamente perdida”, había dicho quince días antes el consejero de Turismo, Arturo Bernal, mientras que la consejera de Hacienda, Carolina España, alertaba desde la estación María Zambrano de que “Málaga está completamente incomunicada” y animaba a los empresarios a demandar a ADIF por las presuntas pérdidas, alimentando así el choque frontal con el Gobierno.

De la Torre, mucho más cauto, apuntala ahora la idea de que la incidencia no será tan grave. Ya lo advirtieron los propios empresarios, sorprendidos por un exceso de alarmismo que ni ellos vieron venir: probablemente la Semana Santa “no será tan mala como la están pintando”.

Los datos definitivos se conocerán después del Lunes de Pascua, pero empiezan a divulgarse algunos indicadores que sostienen esa conclusión, sobre todo en la capital.

El tiempo, factor clave

El alcalde sostuvo sus palabras en lo que le dicen desde la Oficina de Turismo, donde registraron menos consultas el viernes y el sábado que el año anterior, pero muchas más el Domingo de Resurrección.

Fuentes del sector restan peso al indicador, pero hay otros datos: la Encuesta de Ocupación Hotelera muestra que en febrero de 2026, cuando el AVE a Málaga ya estaba interrumpido, hubo más pernoctaciones hoteleras (+1%) en la provincia que en febrero de 2025, un resultado que muestra fortaleza porque va en dirección contraria a la tendencia a nivel autonómico (-1,8%). La clave está en el incremento de la estancia media en Málaga y en el impulso del turismo internacional, que compensa la bajada del nacional, que da síntomas de agotamiento desde hace meses.

Tampoco ve probable un alto impacto el profesor Benjamín del Alcázar, director de la cátedra de estudios cofrades de la Universidad de Málaga, quien presentó el lunes el informe anual que mide la repercusión de la Semana Santa en la economía malagueña, elaborado por la cátedra de estudios cofrades de la Universidad de Málaga. Del Alcázar destacó una clave con mayor incidencia que el tren: las previsiones meteorológicas. En la de 2025, marcada por la lluvia, el impacto fue de 320,5 millones de euros. La de 2023, con un tiempo extraordinario, marcó el máximo: 394 millones de euros. Para este año no se prevén jornadas de lluvia, y sí sol y buen tiempo, con máximas de 25 grados.

En declaraciones a la SER este miércoles, Francisco Moro, presidente de AEHCOS en Málaga ciudad, ha calculado un descenso de ocupación del 6% en los primeros días, “un poquito peor que el año pasado”, pero prevé cifras similares al año pasado a partir de ahora, en torno al 94%, rozando el lleno el Jueves y Viernes Santo. “Sabíamos que por la fuerza y el atractivo de la ciudad la gente al final vendría. Se veía venir y así ha sido”.

Perspectivas “bastante optimistas” de la Junta, cautela en el sector

El PP andaluz, que hace un par de semanas alimentaba las previsiones más negras, ha ido aplicando en las últimas fechas sordina a un debate que cebaba con estruendo hace apenas 15 días.

Tanto el martes como el miércoles, el presidente Juan Manuel Moreno auguró unos “buenos datos” en Andalucía, y dijo confiar que la interrupción desl AVE directo a Málaga “no tenga impacto” o sea “el menor de los posibles”. En esa línea se manifestó la consejera de Empleo, Rocío Blanco: “Parece que, poco a poco, la afluencia [a la Semana Santa de Málaga] se está comportando muy bien”. La consejera confirmó que las perspectivas del sector son ya “bastante optimistas” y avanzó que los datos de paro registrado “apuntan a que vamos a tener una bajada de desempleo notable”.

Incluso el consejero de Empleo, Arturo Bernal, que habló de una semana “perdida completamente”, ha modulado su discurso. Hace una semana confió en “amortiguar” el impacto con el buen tiempo. Este martes pronosticó un descenso de ocupación en la provincia Málaga “en torno a ocho puntos porcentuales”, algo que estaría en línea con el descenso de seis puntos previsto para Andalucía.

Por su parte, AEHCOS (la asociación mayoritaria, que agrupa hoteles, apartamentos turísticos, albergues u hostales de Málaga, interior y Costa del Sol) pronostica una ocupación del 73,47% durante toda la semana, frente al 80,18%, 6,6 puntos menos (por tanto, una previsión mejor que la Junta), y una bajada de cinco puntos los días centrales. AEHCOS, que atribuye el descenso a la “desconexión ferroviaria de alta velocidad”, admite posibles “ajustes de última hora que pueden modificar” las cifras, apuntando a las reservas de última hora, muy condicionadas por la climatología. Sin embargo, su vicepresidente ejecutivo Javier Hernández, asegura a elDiario.es/Andalucía que no van bien, y que se han reducido un 50% respecto al año pasado.

AVVAPRO (la patronal andaluza de pisos turísticos) prevé para esta Semana Santa una ocupación media en Andalucía de entre el 68% y el 70%, con registros algo superiores en las grandes capitales, pero advierte de que el viajero tiende cada vez más a decidir en el último momento, “especialmente cuando las previsiones meteorológicas son favorables”, lo que deja margen para una mejora.

Más desplazamientos por carretera, estabilidad en el aeropuerto

La alta velocidad a Málaga funciona de Madrid hasta Antequera, desde Renfe realiza un transbordo hasta Málaga capital, lo que alarga el viaje entre una hora y hora y media, hasta las cuatro horas y media.

Óscar Puente, ministro de Transportes, aseguró que unas 3.000 personas siguen viajando al día, y Renfe ha reforzado los servicios para Semana Santa. Ouigo e Iryo mantienen suspendidos los trayectos, mientras que Renfe oferta alrededor de 50.000 plazas en estos días, con 15 servicios diarios (16 los domingos). Son unas 90.000 menos que las ofertadas hace un año. Este miércoles no había plazas en la mayoría de trenes para regresar a Madrid en la segunda parte de la semana.

Con todo, los estudios de movilidad turística muestran que en torno a la mitad del turismo nacional llega a Málaga por carretera, y que el tren apenas mueve alrededor del 10%. Para llegar a Málaga sigue habiendo carreteras, el cuarto aeropuerto de España y un puerto de cruceros que sostendrá las cifras de la temporada alta del año pasado (117 escalas y 172.000 pasajeros).

“La gente que quiere venir a Málaga se ha buscado la vida y ha venido a través de otros medios, sé que mucha gente ha venido en carretera”, señaló Blanco. La DGT prevé 730.000 desplazamientos en la provincia, 85.000 más que el año pasado, (+13%).  

La vía aérea se mantiene estable: los vuelos programados son cerca de 6.000, casi el 80% de ellos internacionales.

Un debate sin datos firmes en víspera de elecciones

La vía de alta velocidad entre Madrid y Málaga está interrumpida desde el 4 de febrero a la altura de Álora por la caída de un talud. ADIF ha dado ya dos fechas incumplidas, se remite ahora a la última semana de abril “como mínimo” y atribuye los retrasos a la complejidad de los trabajos.

La línea dura la sostiene Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Local del PP, quien este miércoles ha vuelto a pedir la dimisión de Óscar Puente y le ha acusado de no tomar medidas para paliar el problema y falta de transparencia con las obras. El PP, que ha pedido el expediente completo, ha solicitado sin éxito al Gobierno que bonifique el peaje en las autopistas de la Costa del Sol y Las Pedrizas, vuelos de mayor capacidad, un puente aéreo a precios tasados y ayudas al sector turístico.

Bendodo ha comparecido en la estación María Zambrano acompañado de De la Torre, quien ha insistido en que la ocupación en la ciudad será similar al año pasado, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha subrayado que es la primera vez que ha tenido que venir en avión. Para mañana está prevista la llegada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El debate sobre las pérdidas económicas que la falta de AVE directo está provocando alcanzó su punto álgido hace ahora dos semanas cuando varios consejeros de la Junta de Andalucía pusieron el grito en el cielo a partir de la difusión descontextualizada de una cifra sin atribución ni desglose, 1.300 millones de euros en pérdidas que un diario tituló que se producirían “en Semana Santa”. El propio Moreno se hizo eco y aventó el agravio con otros territorios.

La previsión de los 1.300 millones la había formulado una parte interesada (el presidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol), en privado (en una reunión con la delegada de la Junta en Málaga), recogía pérdidas indirectas (incluyendo las pérdidas indirectas en proveedores o el consumo inducido por los salarios) y no se refería a las pérdidas “en Semana Santa”, sino a la estimación de las pérdidas del sector por la interrupción del servicio directo desde el 18 de enero (fecha del accidente en Adamuz) al 23 de marzo, cuando se suponía que se restablecería la vía, antes del nuevo retraso anunciado por el presidente de ADIF.

“Nosotros esa cifra no la hemos dado nunca oficialmente,” señala Hernández. El Gobierno andaluz la usó de trampolín para, en vísperas de elecciones, lanzarse en tromba por una senda que había ido abriendo en las semanas previas. Encontró réplica en el ministro Puente, que acusó a quienes difundían la cifra de “buleros”. El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, aseguró este martes que la semana “está siendo un éxito extraordinario”, y criticó a Moreno por el “alarmismo irresponsable”.

A falta de cifras definitivas, los tronos y el buen tiempo han enterrado el debate. El año pasado las previsiones se quedaron cortas: la Consejería de Turismo pronosticó un 72,4% de ocupación y al final se alcanzó el 77,4%.

Andalucía encabeza la bajada del paro en marzo al registrar 8.836 desempleados menos que en febrero, lo que supone un descenso del 1,5% y sitúa el total en 579.638 parados, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con esta caída, la comunidad se posiciona como la que más contribuye al descenso del desempleo a nivel nacional.

Por provincias, el paro descendió en siete de las ocho provincias andaluzas, con Cádiz liderando la bajada (-2.352), seguida de Sevilla (-1.939), Málaga (-1.863), Granada (-1.187), Huelva (-1.021), Córdoba (-499) y Almería (-33). El desempleo solo aumentó en Jaén (+58).

En términos interanuales, el paro acumula una bajada de 63.584 personas, un 9,89% menos, consolidando la tendencia positiva del mercado laboral andaluz.

Por sectores, el desempleo descendió principalmente en Servicios, con 7.351 parados menos, seguido de la Construcción (-2.167) y la Industria (-527). En cambio, aumentó en Agricultura (+522) y en el colectivo Sin Empleo Anterior (+687). El sector servicios continúa concentrando la mayor parte del paro, con 402.338 desempleados.

El descenso del paro se dejó sentir en ambos sexos, aunque fue mayor entre las mujeres. Del total de desempleados, 356.643 son mujeres, tras una bajada de 5.746 (-1,58%), mientras que los hombres en paro se sitúan en 222.995, con 3.090 menos (-1,36%).

Por edades, el desempleo juvenil también registró una caída, con 442 parados menos entre los menores de 25 años, mientras que entre los mayores de esa edad el descenso fue de 8.394 personas.

A nivel nacional, el paro también bajó en marzo en 22.934 personas (-0,9%), hasta un total de 2,4 millones de desempleados, su nivel más bajo en este mes en los últimos 18 años. Andalucía, junto a Cataluña (-3.777) y la Comunidad Valenciana (-2.467), concentró buena parte de este descenso.

En cuanto a la contratación, en Andalucía se firmaron 292.542 contratos durante marzo, un 25,2% menos que hace un año. De ellos, el 42,7% fueron indefinidos (124.823), mientras que el 57,3% fueron temporales (167.719).

Jesús Galván y Manuel Balber llevan años haciendo lo mismo: actualizar el currículum, entregarlo en empresas del sector del metal en la Bahía de Cádiz y esperar una llamada que nunca llega. Lo hacen en un momento en el que hay más carga de trabajo que en la última década, con empresas que reconocen dificultades para encontrar mano de obra cualificada y perfiles como el suyo —soldadores con experiencia— especialmente demandados. En su caso, sin embargo, la respuesta siempre es la misma. “Hay trabajo, pero no para nosotros”, resume Galván. Ambos sostienen que detrás de esa situación hay un veto ligado a su actividad sindical. Esta semana pasada han formalizado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra varias empresas auxiliares a las que aseguran haber enviado sus currículums sin obtener respuesta.

“Hay una carga de trabajo descomunal, se dice que hace falta gente y se está contratando incluso fuera, pero a nosotros no se nos da la oportunidad de trabajar”, explica Galván. Los dos trabajadores, miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, vinculan esa situación a la existencia de listas negras que afectarían a empleados señalados por su participación en movilizaciones laborales o por su actividad sindical, una práctica difícil de probar pero que, según denuncian, opera de forma efectiva en el sector. Esta coordinadora ha sido protagonista de las recientes huelgas del metal de Cádiz, con movilizaciones al margen de las propuestas o sugeridas por los sindicatos mayoritarios.

La denuncia se refiere a su caso concreto, aunque ambos apuntan a que podría haber más afectados, la mayoría portavoces o referentes de la coordinadora. “No sabemos cuántos hay, pero sí sabemos que no somos los únicos”, señala Balber, que insiste en que su única reivindicación es poder trabajar en el sector en el que llevan años desempeñándose.

Su relato sitúa el origen de esta situación en 2017, cuando participaron en procesos de selección para empresas auxiliares del metal. Tras superar pruebas y reconocimientos médicos, aseguran que su acceso fue frenado en el último momento. “Teníamos todo hecho y, cuando íbamos a entrar, se nos impidió el acceso”, recuerda Balber. Aunque finalmente lograron incorporarse, su permanencia fue breve. “A los pocos días buscaron la forma de echarnos”.

“Queremos trabajar, no vivir de una ayuda”

La situación se repitió posteriormente en otra empresa auxiliar que operaba en Navantia San Fernando. En 2020 fueron despedidos y el caso llegó a los tribunales. Según explican, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció que ese despido se produjo en un contexto de represalia sindical, aunque no pudieron recuperar sus puestos al tratarse de contratos de obra.

Desde entonces no han vuelto a trabajar en el sector en la Bahía de Cádiz. La falta de ingresos estables ha marcado su situación en estos años. “Yo no cobro nada y él está con una ayuda para mayores de 52 años”, explica Galván. Balber lo concreta: “Tengo tres hijos, él tiene dos. Con lo que entra no nos llega. Pero nosotros queremos trabajar, no vivir de una ayuda”.

Balber y Galván aspiraban a trabajar aquí en este contexto de auge laboral, pero las puertas siguen igual de cerradas para ellos. Ante esta situación, han optado por intensificar la presión institucional. En las últimas semanas han mantenido reuniones con representantes de distintas formaciones políticas, en un contexto marcado por la precampaña de las próximas elecciones andaluzas. Según explican, estos encuentros buscan forzar un posicionamiento claro ante una situación que consideran evidente. “Ahora, con la coyuntura electoral, es el momento de que se retraten”, sostienen. Creen que la llave de la solución la tiene el Ministerio de Hacienda, al ser el responsable de la SEPI, de la que depende Navantia, o el Ministerio de Trabajo. 

Precisamente, tras organizar movilizaciones como la acampada en las inmediaciones de Navantia San Fernando la semana pasada, han decidido trasladar el caso a la Inspección de Trabajo, en parte a raíz de contactos con el entorno de Sumar y del Ministerio de Trabajo. “Nos dicen que, aunque es difícil de demostrar, hay que dejar constancia para que se pueda actuar”, señala Balber. Ambos admiten la complejidad de acreditar la existencia de listas negras. “No hay nada escrito, pero la realidad es la que es”, añade Galván.

Movilizaciones en Dragados Offshore

La denuncia se produce en un momento especialmente relevante para el sector del metal en la provincia de Cádiz, uno de los principales motores industriales del territorio. Según datos del convenio colectivo firmado en 2025, el sector agrupa a más de 31.000 trabajadores, articulados a través de un entramado de alrededor de 5.000 empresas entre grandes compañías y auxiliares.

Tras varios años marcados por la escasez de contratos, el sector vive ahora un cambio de ciclo impulsado por la proliferación de encargos en empresas tractoras como Navantia, Dragados Offshore o Airbus, que tiran del conjunto de la industria auxiliar. Este incremento de la actividad ha elevado la demanda de mano de obra, especialmente en perfiles cualificados. En Dragados, por ejemplo, han sido contratados en origen unos 300 trabajadores peruanos que comparten faena con cerca de un millar de empleados locales. Es en ese contexto donde los denunciantes sitúan su caso. “Se dice que falta gente, pero nosotros llevamos años sin poder entrar”, afirma Balber.

La cuestión plantea un escenario complejo desde el punto de vista jurídico. La legislación prohíbe cualquier discriminación por razón de afiliación o actividad sindical. Así lo recoge el artículo 28 de la Constitución. Pero la acreditación de estas prácticas resulta especialmente difícil en ausencia de pruebas documentales.

Por el momento, las empresas señaladas, consultadas por elDiario.es Andalucía, no se han pronunciado sobre la denuncia. La actuación de la Inspección de Trabajo será clave para determinar si existen indicios suficientes que permitan avanzar en la investigación. El caso coincide además con un nuevo escenario de conflictividad laboral en el sector. El comité de empresa de Dragados Offshore ha anunciado movilizaciones que podrían desembocar en una huelga indefinida en los próximos días por la falta de acuerdo en su convenio colectivo.

Para Galván y Balber, dos soldadores, el objetivo sigue siendo el mismo desde hace años. “Nosotros lo único que queremos es trabajar. Siempre lo hemos hecho y queremos seguir haciéndolo. No puede ser que nos pongan en una lista negra por defender los derechos laborales de nuestros compañeros”.

La implantación para la producción de hidrógeno verde avanza en Andalucía con el empuje de inversiones multimillonarias para que la comunidad desempeñe un papel crucial dentro de un sector energético que busca alternativas limpias, rápidas y, sobre todo, eficientes y competitivas. En la actualidad, el Gobierno autonómico apunta que hay 6.200 millones de euros movilizados en diferentes proyectos, entre los que el Valle del Hidrógeno Verde de Huelva cobra vital importancia, ya que soporta toda la cadena de valor y se da paso a la comercialización de la energía. Pero, ¿qué ocurre con su almacenamiento? Una alternativa que cobra cada vez mayor protagonismo consiste en las infraestructuras subterráneas, donde la Universidad de Sevilla y la Asociación para la Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA) localizan las áreas más idóneas en el sur.

El almacenamiento subterráneo es una de las líneas de innovación tratadas en el Congreso Europeo del Hidrógeno, que tuvo lugar en Fibes y en el que participó Miguel Antonio Peña, secretario de la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2). Llega y explica con entusiasmo: entiende la divulgación como el primer paso para que la ciudadanía sea partícipe de este proceso que, si bien no verá de forma palpable, significará el logro de unos objetivos marcados a nivel europeo y mundial. Durante su estancia en Sevilla, recorrió los expositores de investigadores procedentes de más de 40 países en las que se mostraron las principales novedades de un sector imprescindible para la transición energética y en el que la innovación apunta hacia la preparación de combustibles en el sector aéreo y náutico o los derivados, como el amoniaco o el metanol verdes.

“La Unión Europea se refiere al valle de hidrógeno como una zona geográfica donde se integra toda la cadena de valor del hidrógeno, desde el almacenamiento, la distribución y hasta el uso final, por lo que es muy importante la inversión para que este recurso no se vaya a otro sitio”, detalla. En este sentido, España es una de las llaves para conseguir la neutralidad climática para 2050 y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% para 2040 en el continente europeo. En ese entramado, Andalucía goza de abundante espacio, horas interminables de sol y proximidad a los puertos estratégicos del Mediterráneo. “Esta tecnología ya es madura, ahora bien, por fin, comienza a ser comercial”, subraya, sobre todo al compararse con los combustibles fósiles.

La mirada internacional en China

El proceso para obtenerlo parece sencillo: se produce la electrólisis del agua —proceso en el que se separa el agua en oxígeno e hidrógeno—, utilizando electricidad generada exclusivamente a partir de fuentes de energía renovables como la solar o la eólica, por lo que su producción no genera emisiones de CO₂ a la atmósfera. Una tecnología que se remonta a comienzos de la II Guerra Mundial, recuerda el secretario de AeH2, pero los altos costes han impedido históricamente su desarrollo pleno y, con ello, que se haya generalizado de forma global.

“Es el quid de la cuestión: cómo se puede hacer para que los riesgos financieros sean más bajos”, por ejemplo, a través de las ayudas públicas que están dando las administraciones para lograr la independencia energética, más en un momento de inestabilidad internacional en el que un resquicio de autonomía puede inclinar la balanza. A ello, habría que añadir un marco jurídico estable: “Hay que evitar que ocurra lo que pasó con la fotovoltaica hace 15 años en España con el cambio de gobierno”. Por el momento, en el país hay proyectos con una capacidad de 43 GW para 2030, en vez de los 12 GW que había proyectado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), es decir, el volumen se ha casi cuadriplicado en apenas un lustro.

El posicionamiento en Andalucía también atrae la mirada internacional. Durante la gira realizada en China por el presidente autonómico Juanma Moreno se anunciaron diversos compromisos comerciales, como el aterrizaje de la compañía Hygreen y Coxanbegoa, invirtiendo 2.000 millones de euros en Huelva para el desarrollo de una plataforma industrial que fabrique y suministre sistemas de producción con capacidad de 1.000 MW de hidrógeno. Además, después del verano se construirá otra fábrica de electrolizadores y de baterías de litio en Málaga con una inversión prevista de 152 millones de euros. A todo ello, habría que añadir los proyectos de la petrolera Cepsa en 2023, cuando anunció un montante de 3.000 millones para la construcción de dos plantas en Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Cádiz).

Cavernas de sal en Andalucía

La investigación científica es primordial para descubrir alternativas, mejorar experiencias o disipar las dudas en la materia. Muestra de ello fue cómo la Universidad de Sevilla presentó varios estudios a los asistentes, entre los que destaca el del almacenamiento subterráneo. El proyecto Fomento del almacenamiento de energía a gran escala en España: un análisis espacial de emplazamientos potenciales en cavernas de sal para el almacenamiento de hidrógeno, en el que participan Alfredo Iranzo, profesor del departamento de Ingeniería Enértica de la US, y Constantin Back, de la Asociación para la Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), hace una cartografía del territorio andaluz para comprobar qué zonas serían las más propensas para instalar este tipo de infraestructuras.

“El hidrógeno es un gas con muy baja densidad y su almacenamiento es complejo: en pequeñas cantidades se hace a presión, pero en grandes cantidades, como cuando tenemos que incorporarlo al sistema energético, se vuelve complicado. Una de las alternativas son las cavernas de sal, donde Andalucía tiene muchísimas posibilidades”, resalta Iranzo en mitad de la nave, en la que ha estado estos días intercambiando observaciones, contactos y experiencias. Las prospecciones geológicas darán luz verde a que se construyan o no, pero antes, hay una serie de requisitos a cumplir para que sean viables desde el punto de vista económico: próximas la futura red troncal de transporte de hidrógeno y de gas natural, y cercanos a la costa.

“Hay un sondeo que muestra unas características perfectas para la creación de una caverna de sal en el norte de Jerez de la Frontera”, explica Back a su lado, de la que resalta su cercanía al Puerto de Algeciras o al propio Valle del Hidrógeno Verde que se construye en Palos de la Frontera. Este foco complementaría a las ubicadas en el norte peninsular, zona en la que se encuentran en la actualidad la mayor parte de las cavernas de sal. ¿Cómo se haría este proceso? El tamaño estándar de la infraestructura es de 500.000 metros cúbicos y, una vez localizado el punto fuera de las áreas de riesgo —como los núcleos urbanos o las áreas militares restringidas—, se inyectaría agua en el interior y se procedería a extraer la salmuera. Con la estructura hecha, se pondría la instalación de comprensión y, posteriormente, se inyectaría el hidrógeno. Con el ensamblaje hecho, comenzaría toda la operación.

El estrés hídrico

Un obstáculo que debe salvar la producción de hidrógeno verde es el estrés hídrico. En el caso del proyecto en el que está inmerso la Universidad de Sevilla y AICIA explican que para disolver un metro cúbico de sal se necesitan ocho metros cúbicos de agua. “Por eso es muy importante que estén ubicados cerca de la costa, porque así se puede bombear directamente hacia mar. Así, se podría utilizar el agua de mar para disolver la sal y devolver ese 99% del agua salada al mar”, consolidando así un circuito sostenible en el que apenas hay desperdicio.

Con respecto al estrés hídrico que sufre el entorno para la producción de hidrógeno verde, el secretario de AeH2 subraya que, en todo caso, siempre será menor en comparación a las energías fósiles. En base a los cálculos internos de la entidad, se ha comprobado que ir en coche desde Barcelona a Madrid requiere 219 litros de agua, mientras que un vehículo que utilizara esta energía solo requeriría 94 litros. Por otra parte, señala que de 8,5 hectómetros cúbicos de agua se generan 11,5 de hidrógeno convencional, mientras que con 7,5 hm³ se logran 8,5 de energía verde.

En comparación, Peña determina que las pérdidas de las redes de agua en las ciudades por su escaso mantenimiento o deterioro son “muchísimo mayores” de lo que se necesita para la tecnología del hidrógeno de cara a 2050. “El agua se recupera, al menos en el entorno más próximo”, de ahí, la importancia de que los valles de hidrógeno que están proyectados en el país dispongan de toda la cadena de valor, desde la producción hasta su consumo. Otra cuestión sería aprovechar las infraestructuras de las antiguas centrales térmicas de carbón o de otras plantas intensivas que hayan cesado su actividad, con el fin de reconvertir todo el armazón productivo. Una conversión en la que Andalucía ya se ha metido de lleno.

La empresa de telemarketing Majorel, integrada en el grupo Teleperformance, ha ejecutado un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 279 trabajadores en España, entre ellos decenas en su centro de Jerez de la Frontera. El proceso, que se ha cerrado sin acuerdo con la representación sindical, se salda con 88 despidos forzosos y condiciones económicas más duras que las planteadas durante la negociación.

La decisión fue comunicada a la plantilla por correo electrónico tras concluir sin consenso el periodo de consultas, un trámite obligatorio en este tipo de procedimientos. Al no alcanzarse acuerdo, la empresa ha optado por aplicar las condiciones mínimas previstas en la legislación para los despidos colectivos: 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades para las salidas forzosas.

El ajuste, el tercero en apenas dos años en la compañía, supone además un empeoramiento respecto a la última oferta que la dirección había puesto sobre la mesa, que incluía menos despidos obligatorios y mayores indemnizaciones. Finalmente, el ERE afecta a 279 personas, con 88 despidos forzosos, 191 salidas voluntarias y solo 50 trabajadores que quedan fuera del proceso.

Tanto CCOO como UGT han rechazado el resultado y han anunciado su impugnación en los tribunales. Los sindicatos consideran que no concurren las causas alegadas por la empresa y denuncian que no ha existido una negociación real. Desde UGT, además, apuntan a la falta de transparencia en la documentación facilitada, especialmente en lo relativo a la contratación a través de empresas de trabajo temporal, y sostienen que la compañía ha priorizado un criterio estrictamente económico, concentrando los despidos en los trabajadores con menor coste.

Entre la plantilla, el impacto del ERE se interpreta como parte de un proceso más amplio. Varios trabajadores del centro de Jerez, que prefieren mantener el anonimato, apuntan a una reducción progresiva de la actividad local en favor de plataformas en Latinoamérica. “Lo que están tratando por todos los medios es deslocalizar, mandar el trabajo fuera”, explica uno de ellos. “En poco tiempo han abierto varias plataformas en Colombia y cada vez se llevan más carga de trabajo”.

Ese traslado, aseguran, se percibe claramente en el día a día. “Puedes empezar con 1.800 gestiones y en cuestión de minutos ver cómo bajan a 300 mientras aumentan en otros países”, relata otro trabajador. “Esto no es solo un ERE, es un cierre progresivo”.

Este periódico ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con la empresa para conocer su posición. Desde UGT comentan que, hasta ahora, la empresa se ha negado a hacer declaraciones a los medios de comunicación.

“Una sensación muy dura después de tantos años”

El momento de las comunicaciones de despido ha dejado una huella especialmente dura en la plantilla. “Fue brutal. Veías cómo llamaban a compañeros, los llevaban a un despacho y ya no volvían”, cuenta una trabajadora. “Desviaron las llamadas y apenas trabajamos ese día. Fue una sensación muy dura después de tantos años”.

Más allá del ajuste, los testimonios coinciden en señalar un deterioro continuado de las condiciones laborales. “Por siete horas cobro unos 1.100 euros netos con las pagas prorrateadas. Allí, por ese dinero, tienen varios trabajadores”, explica un empleado. Otro añade: “La mayoría somos mujeres con hijos, con contratos parciales y sueldos muy bajos. No compensa para nada”.

La presión se articula, según describen, a través de objetivos de rendimiento que consideran inalcanzables. “Nos exigen niveles de satisfacción del 95% o incluso del 100%, algo que es totalmente irreal”, señala una trabajadora. “Todo lo que no sea un 9 o un 10 te penaliza, aunque hayas hecho bien tu trabajo”.

Ese sistema de evaluación tiene consecuencias directas en el ambiente laboral. “Con una sola mala valoración puedes perder todo lo anterior. Es una presión constante”, explican. A ello se suma la dureza de la atención telefónica: “Te pueden decir de todo y no puedes colgar. Tienes que tragártelo”.

El desgaste psicológico es una de las denuncias más repetidas. “La gestión del estrés la haces tú por tu cuenta. La empresa no te ayuda”, relata una empleada. “Para sobrellevarlo, muchas acabamos medicándonos. Es muy complicado salir de una llamada así y seguir como si nada”.

La incertidumbre sobre el futuro es ahora generalizada. “No sabemos qué será lo próximo. Nos tienen en esa inseguridad constante”, resume otra trabajadora. Muchos ya buscan alternativas fuera del sector: “La gente se está preparando oposiciones o buscando otra cosa porque no hay futuro aquí si siguen llevándose el trabajo fuera”.

Tras la ejecución del ERE, el conflicto se traslada ahora a los tribunales. Los sindicatos han iniciado la impugnación colectiva y animan a los trabajadores a recurrir también de forma individual. Entre la plantilla, las expectativas son contenidas. “Ojalá se pueda conseguir al menos que se declare improcedente y mejorar las condiciones”, señala un trabajador. “Pero la empresa ya avisó de que si no había acuerdo, las condiciones serían peores. Y así ha sido”.

Las seis empresas ganadoras de los Iº Premios Andalucía TRADE a la Empresa Andaluza 2025 recibieron este miércoles sus galardones en un acto celebrado en el Teatro Central de Sevilla ante más de 450 invitados del mundo empresarial andaluz. Se trata de la cooperativa Dcoop, en la categoría de Trayectoria Empresarial; la compañía Pilatus Aircraft Ibérica, como proyecto inversor internacional, en la modalidad de Invest in Andalucía; la empresa Acesur (Aceites del Sur-Coosur), en la de Desarrollo Industrial; DHV Technology, en la categoría de Desarrollo Internacional; Biorizon Biotech, en la modalidad de Innovación y Transferencia de Conocimiento; y Cobiomic Bioscience, en la de Startup.

Los encargados de entregar los premios fueron la consejera de Economía, Hacienda y Desarrollo Social, y presidenta de Andalucía TRADE, Carolina España; Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); Javier Sánchez Rojas, presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación; Antonio Castro, director general de Andalucía TRADE; y Ana Requena, presidenta ejecutiva y CEO de Randstad España, y Medalla de Andalucía 2026.

Los premios Andalucía TRADE tienen carácter bienal, carecen de dotación económica y los galardonados han recibido una estatuilla, réplica de un león del Patio de los Leones de la Alhambra, que ha sido producida para la ocasión en mármol blanco de Macael por la empresa almeriense Cuéllar Stone. En palabras de la consejera y presidenta de Andalucía TRADE, “es un símbolo que une como ningún otro la fuerza y representación que este monumento andaluz tiene en el mundo con la gran contribución que las empresas realizan a la difusión de la marca Andalucía en España y el mundo”.

Andalucía TRADE (Agencia de Transformación y Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía) desarrolla su actividad hacia las empresas andaluzas través de instrumentos para la financiación empresarial y servicios, que se articula en tres grandes ejes: el fomento empresarial, el desarrollo de negocio mediante servicios de alto valor añadido y la internacionalización de la economía andaluza, con el objetivo último de apoyar el crecimiento económico, promover la inversión, reforzar la proyección exterior y la atracción de inversión extranjera, y favorecer la innovación, la I+D+i y la transferencia de conocimiento.

300 candidaturas y 47 finalistas

Los premios empresariales organizados por Andalucía TRADE y cofinanciados con Feder, fueron convocados el pasado mes de septiembre y a lo largo de los meses posteriores han ido desarrollando un proceso participativo de presentación de candidaturas, elección de finalistas provinciales y ganadores, a través del trabajo de sus respectivos jurados. En este proceso, han contado con la especial colaboración de las Delegaciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en las ocho provincias; las Cámaras de Comercio de cada territorio; el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio; la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y sus representaciones provinciales.

Estas entidades han ido participando en sus respectivos jurados: uno de carácter regional, que eligió a las seis empresas ganadoras, de entre las 47 finalistas seleccionadas previamente por los ocho jurados provinciales, a partir de las 300 empresas que presentaron sus candidaturas, requisito imprescindible para concurrir a estos galardones.

Junto a las entidades citadas, participaron como miembros de los jurados, de composición mayoritariamente privada, representantes de medios de comunicación provinciales y regionales y empresas de reconocido prestigio. 

Entrega y recogida de premios

El acto de entrega de los PREMIOS ANDALUCÍA TRADE EMPRESA ANDALUZA DEL AÑO 2025 se desarrolló con un ameno formato presentado de la periodista Desirée García-Escribano, en el que el público disfrutó de las actuaciones en directo del Trio Alfatu, compuesto por profesores del Conservatorio Profesional de Música Cristóbal Morales de Sevilla: Juan Campos (guitarra), Julia Gonzalo (piano) y María Bono (violín).

La consejera y presidenta de Andalucía TRADE fue la encargada de entregar los premios en las modalidades de Trayectoria Internacional e Invest in Andalucía. En la categoría de Trayectoria Internacional, fue Antonio Luque, presidente de Dcoop, quien recibió el galardón que reconoce a esta cooperativa malagueña, líder mundial de envasado y venta de aceite de oliva. Por su parte, el reconocimiento Invest in Andalucía lo recibió Victoria Vallecillos, directora de Pilatus Aircraft Ibérica, multinacional de origen suizo que ha creado una nueva planta de producción en la provincia de Sevilla, convirtiendo con ella a Andalucía en la única región del país con presencia de dos grandes fabricantes aeronáuticos, fortaleciendo su papel en el conjunto de esta industria en España y Europa.

En la categoría de Desarrollo Industrial fue Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), quien hizo entrega del premio a Gonzalo Guillén, director general de Acesur (Aceites del Sur-Coosur), empresa de Jaén con gran implantación también en Sevilla y una de las compañías líderes en envasado y comercialización de aceite de oliva.

Asimismo, Javier Sánchez Rojas, presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, fue el encargado de entregar el premio al Desarrollo Internacional a Ismael Sánchez, director de Desarrollo de Productos de DHV Technology, empresa malagueña de alta tecnología que está especializada en el diseño, fabricación y cualificación de soluciones avanzadas de potencia para el sector espacio.

David Iglesias, CEO de Biorizon Biotech, firma reconocida en la categoría de Innovación y Transferencia de Conocimiento, recogió el galardón de Ana Requena, presidenta y CEO de Randstad, y Medalla de Andalucía 2026. Esta multinacional biotecnológica con sede en El Alquián (Almería), está reconocida como pionera mundial en desarrollo de bioestimulantes y bioplaguicidas de origen natural a partir de microalgas, y de bacterias y extractos botánicos.

Por su parte, Antonio Castro, director general de Andalucía TRADE, fue el encargado de entregar el premio en la modalidad de Startups a Carlos Pérez Sánchez, fundador y CEO, y Clementina López Medina, fundadora y directora Médica de Cobiomic Bioscience S.L. (Córdoba). Esta startup fundada en 2022 como spin-off de la Universidad de Córdoba y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (IMIBIC), nació con la misión de trasladar la investigación biomédica a la práctica clínica. La firma se centra en el desarrollo de herramientas diagnósticas y predictivas basadas en biomarcadores moleculares, integrando inteligencia artificial para impulsar la medicina personalizada, con especial énfasis en las enfermedades inflamatorias crónicas. 

Seis categorías

Según se recoge en las bases de los premios, los méritos que reconocen cada categoría son: 

-       Innovación y Transferencia de Conocimiento: para empresas que destacan por su capacidad para desarrollar soluciones innovadoras en los últimos cinco años. Se considera la colaboración con universidades, centros de investigación u otras entidades que impulsen la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico.

-       Desarrollo Industrial: dirigido a las firmas que hayan destacado por su contribución al crecimiento y fortalecimiento del sector industrial. Se valora la creación de empleo, el impulso a la economía local y el liderazgo en desarrollo de infraestructuras industriales.

-       Startups: esta modalidad premia a las startups más innovadoras y prometedoras que, con visión y audacia, han logrado destacar en sus primeros años de actividad. Se valora la creatividad, el potencial de crecimiento sostenible y la capacidad de resolver problemas mediante soluciones disruptivas.

-       Desarrollo Internacional: reconoce a las empresas que han destacado en su proceso de expansión y consolidación en mercados internacionales.

-       Invest in Andalucía: premia a empresas extranjeras que hayan realizado inversiones significativas en Andalucía, contribuyendo al desarrollo económico local.

-       Trayectoria Empresarial: este galardón homenajea la labor de empresarios, empresarias o empresas que han demostrado una trayectoria ejemplar a lo largo de los años, consolidándose como referentes en su sector. Se reconoce su visión estratégica, capacidad de adaptación, innovación constante y compromiso con la excelencia.

 Reconocimiento empresarial

Los Premios Andalucía TRADE son de carácter bienal, reconocen los méritos de las empresas y ponen en valor su contribución al progreso económico de Andalucía, sin importar su tamaño, sector, o forma jurídica. Se trata de galardones honoríficos, que carecen de dotación económica y tienen como objetivo impulsar el conocimiento y reconocimiento de las empresas andaluzas que crean riqueza y empleo en la comunidad, a través de la innovación y la proyección internacional.

Además de a las ganadoras regionales, en el acto se reconoció el papel de las 47 finalistas, quienes reciben, igualmente, un diploma acreditativo de su condición. Tanto las unas como las otras, se beneficiarán de las acciones de comunicación que viene organizando Andalucía TRADE para poner en valor su actividad ante la sociedad. Igualmente, pueden usar la leyenda Finalista o Ganadora de los premios Andalucía TRADE 2025, junto con el logotipo de los premios.

Los objetivos del Premio se encuentran plenamente relacionados con el Programa Andalucía Feder 2021-2027 que, en el ámbito del Objetivo Político 1 ´Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad TIC regional´.

Decía el historiador Ian Gibson en 1998 que de Federico García Lorca aún quedaban muchas cosas por saber. En el centenario de su nacimiento, el conocimiento sobre el poeta y dramaturgo granadino estaba en plena etapa de exploración. Ahora, casi 30 años después, de Federico se sabe casi todo, pero nunca lo suficiente. Cada cierto tiempo aparecen retales de una vida que el tiempo ha convertido en leyenda, pero que fue la de un hombre magistral, a la vez que profundamente terrenal. Algo que queda reflejado en las cartas que se envió con su madre Vicenta y que el periodista Víctor Fernández ha recogido en el epistolario ‘No te olvides de escribir’.

Un documento esencial para conocer mejor la dimensión familiar de un Federico de carne y hueso. Con preocupaciones y problemas cotidianos, tan lejos del misticismo sobre el que reposa su recuerdo y tan cerca de ser cualquier hijo de vecino, que lo que se lee en estas misivas cobra otra dimensión. No es la primera vez que salen a la luz las cartas que Lorca se envió con sus familiares y amigos, pero sí es la primera vez en las que conocemos algunas inéditas.

Entre las letras que Vicenta Lorca y su hijo Federico se intercambian, vemos a un joven de veintipocos años que pasa frío en la Residencia de Estudiantes de Madrid, al tiempo que convierte a su madre en editora, enviándole en primicia sus creaciones para que esta se convierta en su mejor crítica. “Yo creo que las cartas lo humanizan. Nos ofrecen una imagen muy humana de él: el hijo que escribe a sus padres o el hermano que escribe a sus hermanos”, explica Víctor Fernández, autor del epistolario.

Vicenta, la madre tras el poeta

“Fue precisamente su madre la que le contó que habían ido a un teatro en Granada y que habían visto a una actriz que les impresionaba”. Esa actriz resultó ser Margarita Xirgú, a la que Vicenta conoció antes que Federico, y a la que ese azar le cambió la vida. Xirgú fue la musa teatral de Lorca, llegando a ser Mariana Pineda o Doña Rosita. Aquella misiva catapultó a la fama a la actriz catalana, que acabaría exiliada por el franquismo en Uruguay sus últimos días, y muestra cómo Federico y su madre construyeron juntos la carrera artística del poeta granadino.

Pero el papel de Vicenta Lorca va mucho más allá de la anécdota o del acompañamiento emocional. En las cartas, se dibuja como una figura clave en la construcción del propio Federico García Lorca. “Se convierte casi en una agente literaria”, explica el periodista Víctor Fernández. Es ella quien pregunta por editoriales, quien se interesa por las revistas en las que se publican los textos de su hijo y quien incluso gestiona aspectos económicos de sus primeras obras.

Una de las piezas que mejor ilustra ese rol es la carta que Vicenta envía al impresor Gabriel García Maroto con motivo de la publicación de ‘Libro de poemas’. En ella, se detallan cuestiones relativas al pago de la edición, que corría a cargo de la familia. La escena es tan descriptiva como emocionante: detrás del mito literario, hay una madre pendiente de cada paso, sosteniendo -también económicamente- los inicios de una de las voces más importantes de la literatura española.

Ese acompañamiento no termina con la muerte del poeta. Años después de su asesinato, Vicenta sigue preocupándose por la difusión de su obra, interesándose por su traducción y circulación en otros países y preguntando incluso por figuras clave de la cultura internacional. Una continuidad que, en palabras de Fernández, “cierra el círculo” y refuerza la idea de que el legado de Lorca también es, en parte, una construcción familiar.

El trabajo de investigación que sostiene este epistolario no ha sido menor. Fernández partía de una publicación anterior, centrada únicamente en las cartas de la madre, pero decidió ampliarla para incorporar también la voz del hijo. El proceso, sin embargo, ha sido fragmentario, casi detectivesco: documentos dispersos en archivos públicos, colecciones privadas y referencias en investigaciones previas que obligaban a reconstruir el mapa pieza a pieza. “Construyes un primer borrador y cuando lo das por cerrado aparece otra carta”, explica.

Una investigación atemporal

En ese rastreo han intervenido nombres clave del lorquismo como Ian Gibson o Christopher Maurer, pero también anónimos y familiares que han preservado el legado y archivos menos accesibles. Algunas cartas han llegado a través de fondos institucionales y otras gracias a copias conservadas por investigadores. Algunas han aparecido también en colecciones privadas. Incluso hoy, reconoce Fernández, hay archivos que permanecen cerrados, como el del escritor y amigo de Lorca, Rafael Martínez Nadal, donde podrían seguir guardándose documentos desconocidos.

Ese carácter abierto de la investigación no es una excepción, sino casi una constante en el universo lorquiano. A lo largo de los años han seguido apareciendo materiales inesperados: desde nuevas fotografías hasta epistolarios desconocidos que emergen, literalmente, de cajones familiares tras una herencia. “A veces ocurren estos milagros”, explica el autor, que recuerda cómo recientemente apareció un conjunto de cartas dirigidas a una persona hasta ahora desconocida para los estudiosos. No obstante, faltan documentos clave como el manuscrito de Bodas de Sangre o sus cartas con Dalí, con el que mantuvo una relación amorosa en la que estaba también Buñuel.

Porque, aunque hoy sabemos mucho más que hace décadas -hace tan solo unas semanas trascendieron imágenes en vídeo de él junto a su compañía teatral-, el legado de Lorca sigue atravesado por ausencias. Se han perdido manuscritos, cartas y poemas -algunos destruidos durante la Guerra Civil por miedo- y otros cuyo paradero sigue siendo un enigma. Ni siquiera se conserva el manuscrito de algunas de sus obras más conocidas. Y, sin embargo, lo que ha llegado hasta hoy resulta casi milagroso. “No nos podemos quejar de lo mucho y bueno que tenemos”, apunta Fernández.

En ese equilibrio entre lo descubierto y lo perdido se mueve también el futuro de la investigación. No parece probable que aparezca una gran obra inédita que cambie el canon literario, pero sí nuevos documentos que completen el retrato. Pequeñas piezas que, sumadas, siguen ampliando la comprensión de un autor que nunca termina de agotarse.

Quizá el mayor misterio pendiente sea otro. La posibilidad de escuchar su voz. Federico García Lorca participó en emisiones de radio en sus últimos años en ciudades como Madrid o Barcelona, y no se descarta que alguna grabación haya sobrevivido en archivos sonoros, incluso fuera de España. “Yo soy optimista con que pueda aparecer”, señala Fernández. El problema, advierte, no sería tanto encontrarla como poder demostrar que realmente es suya.

Mientras tanto, estas cartas cumplen una función más inmediata y, quizá, más necesaria: devolver a Federico a un lugar reconocible. Alejarlo del pedestal sin restarle altura. Mostrarlo no sólo como el símbolo universal que representa, sino como lo que también fue: un hijo que escribía a su madre. Y, en ese gesto cotidiano, profundamente humano, encontrar una forma distinta y más cercana de leerlo.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha acordado la apertura de diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Maracena contra quien fuera alcalde del municipio entre junio de 2023 y abril de 2024, Julio Pérez (PP).

La denuncia, impulsada por el actual gobierno local (PSOE, IU y Maracena Conecta), apunta a la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Le acusan de haber ordenado presuntamente la contratación de los servicios de una empresa especializada en la elaboración de informes económicos y patrimoniales sobre diversas personas y entidades.

Entre ellas figuraban presuntamente “miembros de la oposición municipal, personas sin relación con expedientes administrativos del Ayuntamiento e incluso empresas vinculadas a integrantes de su propio partido político”.

Los informes técnicos incorporados al caso sostienen que esas consultas se realizaron “sin que conste procedimiento administrativo alguno, sin expediente que justificara su necesidad y sin registro oficial que acreditara una finalidad pública”, señala el consistorio en una nota.

Además, los propios servicios municipales habrían confirmado que “ninguna de las áreas consultadas solicitó ni recibió dichos informes, lo que refuerza la sospecha de que se actuó al margen de la actividad ordinaria del Ayuntamiento, apropiándose presuntamente de dichos informes para usos diferentes del público”.

El portavoz del PSOE en el equipo de Gobierno, Antonio García Leiva, considera que los hechos descritos reflejan “un patrón especialmente grave de utilización de instrumentos de la administración para recabar información sobre adversarios políticos, empleando para ello dinero público y recursos institucionales”.

En la misma línea, ha recordado que el propio exalcalde “admitió en pleno que estaba investigándonos porque decía que era su obligación como alcalde, arrogándose competencias judiciales”.

La denuncia también pone el foco en la presunta contratación directa de una letrada externa para personar al Ayuntamiento en procedimientos judiciales contra la oposición, una actuación que, según afirman, “se habría realizado sin seguir los requisitos legales exigidos para que una administración pública pueda ejercer acciones judiciales”.

En concreto, se señala que el entonces alcalde presuntamente habría “firmado personalmente una hoja de encargo profesional con unos honorarios iniciales de 10.000 euros más IVA, prescindiendo del procedimiento de contratación pública y sin contar con el dictamen jurídico previo exigido por la normativa de régimen local y por el propio acuerdo plenario”.

A juicio de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, los hechos denunciados podrían encajar en delitos de prevaricación administrativa, por la presunta adopción de resoluciones arbitrarias, y de malversación de caudales públicos, por el supuesto destino de fondos municipales a fines ajenos al interés general.

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado este martes en la orilla de la playa de Gualchos-Castell de Ferro, después de que otros cinco cadáveres hayan sido rescatados en esta franja del litoral granadino en los últimos diez días.

Al igual que los otros, el cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición. Ha sido encontrado por un vecino que paseaba por la orilla en torno a las doce del mediodía y se ha activado el protocolo judicial, según han detallado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El pasado sábado el Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescató otro cuerpo en torno a las 20:00 horas tras recibir un aviso de que había una persona flotando en el agua.

También este caso la autopsia será determinante para conocer las causas de la muerte e intentar identificar a las víctimas, de las que no han trascendido más datos.

Con estos son seis los cadáveres localizados en esta franja del litoral granadino en los últimos diez días, los tres primeros en la madrugada del pasado 15 de marzo en un contexto que “posiblemente” estaba vinculado a la llegada de una patera a la playa de Cambriles, según señaló en ese momento el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla.

El pasado viernes fue rescatado otro cadáver, también en avanzado estado de descomposición en la playa de Cambriles, en Lújar, donde fue localizado por un vecino que pasaba por la zona.

A Javier Verdejo nadie le iba a frenar su ímpetu por vivir en una democracia en España. Con la muerte del dictador Francisco Franco, este joven estudiante almeriense de la Universidad de Granada sabía que estaba ante la oportunidad perfecta para reivindicar un nuevo tiempo para su país. Nadie, ni siquiera su padre, un reconocido alcalde franquista de Almería, le iba a impedir militar hacia una transición política en la que la dictadura fuese historia. Nadie, hasta que una bala de un guardia civil le atravesó el cuerpo y le cercenó la vida. Era el verano de 1976, pero su asesinato pareció teñir de invierno las ambiciones de quienes, como Javier, soñaban con una España democrática.

Tenía tan solo 19 años cuando esa bala acabó con su futuro en la playa del Zapillo de su Almería natal. Militante de la Joven Guardia Roja de España (JGRE), la organización juvenil del Partido de los Trabajadores de España (PTE), Verdejo apenas llevaba un año estudiando Biología en la universidad cuando fue sorprendido en una caseta de baño próxima a la orilla escribiendo en un muro, con letras rojas: “Pan, trabajo y libertad”. No llegó a escribir más que la “t” de trabajo cuando un agente de la Guardia Civil le persiguió, mientras trataba de huir, hasta darle alcance con su fusil. En apenas unos segundos, el joven murió, convirtiéndose en una de las casi 800 víctimas que se produjeron en los primeros años de la transición española tras la muerte de Franco en noviembre de 1975.

Quizá por eso, por parecer tan solo un número, Javier Verdejo no ocupa los recuerdos que sí logran otros como Manuel García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977 mientras luchaba por la autonomía de Andalucía. Quizá por eso, la de Verdejo es la historia de un chaval que tuvo la mala suerte de soñar con una democracia cuando la dictadura aún seguía existiendo, pese a la muerte de Franco.

Ahora, 50 años después de su asesinato, la Universidad de Granada le hace un homenaje para que la comunidad académica y la población en general, que empieza a ser mayoría la que no vivió el franquismo, no olvide lo que pasó en los primeros años de la transición que permitió que España sea hoy una democracia. Porque el contexto de aquel tiempo merece ser recordado para entender quién era Javier Verdejo y qué pasaba en el país en aquellas fechas. En ese sentido, Rafael Gil Bracero, profesor de Historia en la Universidad de Granada, que tenía casi la misma edad que Verdejo cuando fue asesinado, es una de las personas que más ha estudiado sobre su figura y de las que más luces puede aportar a los vacíos que la versión oficial arrojó sobre la muerte del joven.

Una transición que no fue modélica

“Ni fue una transición ni mucho menos modélica. Fue sangrienta”, resume Gil. El historiador sitúa el asesinato de Verdejo en un momento de enorme tensión política y social, apenas meses después de la llegada de Adolfo Suárez al Gobierno. En aquel 1976, ni los partidos políticos ni los sindicatos estaban legalizados, y la movilización en las calles –especialmente de estudiantes y trabajadores– formaba parte de la lucha por conquistar libertades básicas.

Ese clima tenía en la universidad uno de sus principales epicentros. “El ambiente universitario estaba muy politizado”, explica Gil, que vivió aquellos años como estudiante. “En la Universidad de Granada, el Partido Comunista era casi lo más a la derecha”. La frase, provocadora, ilustra hasta qué punto el espacio universitario estaba dominado por organizaciones de izquierda y extrema izquierda, donde militaban buena parte del alumnado.

Lejos de ser una excepción, la implicación política formaba parte de la vida cotidiana. Carteles, asambleas y panfletos articulaban un movimiento estudiantil que se organizaba al margen de la legalidad vigente. “La mayoría de estudiantes estaban vinculados a organizaciones políticas”, recuerda el historiador. En ese contexto, la militancia de Javier Verdejo no tenía nada de extraordinario: era, en realidad, la norma entre quienes protagonizaban la oposición al franquismo en las aulas.

Pero esa efervescencia chocaba de frente con un aparato estatal que apenas había cambiado. Gil insiste en que la transición política no vino acompañada de una depuración real de las fuerzas de orden público. “Podían disparar y no pasaba nada”, asegura. La combinación de movilización social y continuidad represiva explica, en parte, la violencia de aquellos años. En cifras, el balance es contundente. “Del 75 al 83 hubo al menos setecientas muertes violentas”, señala. De ellas, al menos 178 corresponden a violencia ejercida por el propio Estado. “Son muertes que apenas han tenido investigación, reparación ni reconocimiento”, añade. La de Javier Verdejo fue una más de esa lista, aunque con el paso del tiempo haya quedado diluida en el relato oficial de una transición pacífica.

La versión oficial sostuvo que el disparo fue accidental: el agente habría caído mientras perseguía al joven y el arma se habría disparado de forma fortuita. Sin embargo, Gil cuestiona esa explicación. “Si te caes con el arma, el disparo no va al cuello”, apunta. Para el historiador, se construyó un relato para evitar responsabilidades. “No fue una muerte, fue un asesinato”, afirma con rotundidad.

La impunidad de su asesinato

El caso nunca se investigó en profundidad y quedó impune. La respuesta en la propia universidad, aunque existente, fue limitada. Hubo comunicados y protestas, pero no una movilización sostenida. “Se hicieron panfletos denunciando el asesinato, pero no hubo más”, admite Gil. Aun así, el impacto fue profundo entre quienes compartían generación con Verdejo: la constatación de que la represión seguía operando incluso en plena transición.

A diferencia de otros nombres que sí han logrado cierto reconocimiento institucional, la figura de Javier Verdejo quedó marcada por el olvido. Algunas fuentes han sostenido que existió un distanciamiento por parte de su familia debido a su militancia política, en un contexto marcado por profundas divisiones ideológicas. Sin embargo, sus hermanos han querido matizar esta interpretación y subrayan que su familia siempre se ha sentido “muy orgullosa” de Javier, al que consideran “querido, recordado y añorado”.

“Una tragedia de tal envergadura marcó a sus padres y a toda su familia, la cual ha sido víctima, al igual que lo fue Javier, de falta de respeto y solidaridad”, explican los hermanos Verdejo Lucas. Asimismo, recuerdan que en 2010 fue reconocido oficialmente como “víctima de la violencia estatal” a petición de la propia familia. Y aseguran haber participado “en todos los actos en reconocimiento a Javier a los que la familia ha sido invitada, y también ha asistido a muchos otros eventos, aunque lo ha hecho sin significarse, respetando así, la iniciativa de los convocantes”.  

Memoria y presente

Medio siglo después, el homenaje impulsado ahora desde la Universidad de Granada, con participación institucional, supone un cambio respecto a décadas anteriores. “Ya era hora de que el Estado reconociera a quienes dieron su vida por la democracia”, sostiene Gil.

Para el historiador, la recuperación de estas historias no es solo una cuestión de memoria, sino también de presente. “Esto no se enseña en las aulas, aunque la ley diga que es obligatorio”, advierte. En un contexto en el que las nuevas generaciones consumen información de forma fragmentaria y rápida, reivindica el papel de la divulgación y del periodismo para reconstruir estos relatos.

Porque la historia de Javier Verdejo no es solo la de un estudiante asesinado en una playa de Almería. Es también la de una universidad que fue motor de cambio político, la de una generación que se jugó la libertad en las aulas y en la calle, y la de un país que, durante demasiado tiempo, prefirió no hacerse preguntas. Medio siglo después, su nombre vuelve a aparecer para recordarlas.

Las matrioskas son figuras de madera generalmente que tienen dentro a otras más y más pequeñas. Se comenzaron a fabricar en Rusia en el siglo XIX aunque se dice que son de inspiración china. Siempre me gusta hacer la metáfora del linaje matrioska. Considero que las mujeres somos muchas mujeres dentro de otra mujer. Y así es como vivo mi embarazo, como una matrioska que aunque se vea de una pieza, está dividida por la mitad. Mitad hacia dentro, mitad hacia abajo.

Es mi primer embarazo, tengo 39 años y estoy de 33 semanas y cinco días. Estoy en el sofá de casa, con tres horas dormidas la noche anterior y con una almohada que me rodea el cuerpo. Ya no aguanto en el escritorio más de 15 minutos seguidos sin levantarme y aunque estoy de baja laboral, tengo que cerrar varias publicaciones antes del 20 de marzo, que es mi fecha prevista para el parto, porque no sé qué vendrá después.

Soy doctora en Antropología Social y Cultural. Un dato que podría pasar desapercibido en la naturaleza de este artículo si no fuese porque hay gente que confía en que mi poder de análisis y de abstracción sobre mi propio embarazo es mayor debido a mi profesión. En mayo tuve un aborto y alguien de mi entorno más cercano me animó del siguiente modo “tranquila, eres antropóloga”. Una relatividad y una racionalidad que se espera, desde el otro lado. Ahora mismo soy una mamífera. Amante de la vida, también lo era antes, pero ahora me siento guardiana y codependiente al máximo nivel de una vida que me corresponde y a la que le correspondo. Lo que como, lo que me muevo, lo que duermo, lo que no duermo, lo que descanso, ya no solo son una decisión mía. Son decisiones que ya tomo pensando en mi hija. Al igual que el calcio que ella me absorbe y la rebeldía de mi cuerpo a través de la hormonas y su alteración mientras crea unos piececitos, unos riñones y unas pestañas, son el resultado de esta metamorfosis común. Ella y yo y ella.

Podría decir que he tenido un buen embarazo, en el sentido de que sigo estando ágil, el estómago no ha sufrido, no he perdido el apetito, todas las analíticas han ido bien, no tengo diabetes gestacional y en cada ecografía los resultados han sido positivos. No he perdido las ganas de arreglarme, de vestirme, de socializar, de viajar, de trabajar, de hacer deporte, hasta que mi cuerpo ha dicho que ya estaría. Y ya está. Estoy viviendo un problema en la piel que no tiene nombre, porque nadie me da un nombre, que ha provocado que deje mis clases de natación, que no de caminatas para no sudar y que solo use mallas de algodón o directamente una camiseta 24 horas sobre 24 horas para estar en casa. Cuando me encuentro mejor y me visto, como es el caso de las salidas para ecografías, estoy reinante y reluciente, eso sí.

Cada vez que voy a la farmacia a renovar algún producto salgo flipando y triste no por pagarlo, porque pagaría lo que fuese porque este picor se aburra y me abandone, sino porque no paro de darle vueltas a cómo la salud es una pura cuestión de clase

Es normal, es del embarazo.

Esta es una frase que he escuchado en los momentos más crudos, donde necesitaba soluciones eficaces. Hace meses que empecé a sentir un picor muy intenso en el cuero cabelludo. Me rascaba de forma desesperada, porque me picaba de forma desesperada. Transmití esto a todas las profesionales que me atienden casi semanalmente: matrona, médico de cabecera, ginecóloga. Es normal, es del embarazo. No te rasques. Ponte algo frío. El PH se altera, son las hormonas. Es normal, es del embarazo. El picor no solo no cesó sino que fue bajando. Primero al pecho, a la barriga, a los brazos, a las piernas y a los tobillos hasta tener todo el cuero poseído por un picor que se activaba de noche de forma considerable. Una cuestión que trasladé a todos los profesionales que me ven casi semanalmente: matrona, médico de cabecera, ginecóloga. Es normal, es del embarazo. Las hormonas, el PH se altera. Intenta no rascarte, date con algo frío, esto es así. Nadie nunca me hizo una exploración ni me vio la piel. No me dijo a ver, qué pinta tiene, no me tocaron, nada de nada. Me recetaron en un momento una crema, talquistina y polaramide, un medicamento apto para embarazadas. No solo no se me calmó, sino que fue a más. Fue a tanto que ya no me vestía y pasaba las noches en el sofá desnuda, poniendo crema cada cinco minutos. Y sí, lo siento, rascándome a la altura del picor que sentía. Una sensación terrible, tremenda, bruta, basta. Me fui a urgencias, me obligó mi matrioska, mi madre. Allí fue la primera vez que me vieron la piel, me hicieron una exploración. Y aunque el diagnóstico era “del embarazo”, al menos me pincharon y volví a la vida durante tres horas, que fue lo que me duró el efecto. A las tres horas, caí en picado. La visita a urgencias me derivó a una dermatóloga también con carácter de urgencias. Una bendita dermatóloga a la que tenía que haber visitado en el momento cero. Una dermatóloga que me dedicó el tiempo necesario para preguntar por los productos que me había ido aplicando, quería saber las zonas en las que más intensidad notaba, preguntó por el orden en el que fueron apareciendo, por supuesto una exploración minuciosa y completa y un tratamiento correcto, o al menos, eso parece. Crema con corticoides, polaramide y toda una gama de champú, gel y crema hidratante para pieles atópicas. Sin ser yo nada de eso hasta ahora. Cada producto ronda los 30€, menos la crema con corticoides que está recetada. Pienso en quienes no puedan gastar en un gel 30€, en un champú 30€, en una crema hidratante 30€ y no soporten el peso de su piel, como es mi caso.

Cada vez que voy a la farmacia a renovar algún producto salgo flipando y triste no por pagarlo, porque pagaría lo que fuese porque este picor se aburra y me abandone, sino porque no paro de darle vueltas a cómo la salud es una pura cuestión de clase. El acceso a ella, a tratamientos concretos, sin receta, pero que son esenciales. Un ser humano no puede vivir rascándose, haciéndose heridas y sin soportar ni los tejidos de la ropa. Entonces ¿qué pasa? Se pregunta la antropóloga inocente, mientras paga con tarjeta con toda la tranquilidad del mundo. Me interesa por tanto aquí resaltar dos cuestiones. La primera es la absoluta normalización de las distintas anomalías que aparecen en el embarazo como que son cuestiones normales porque son del embarazo y fin. Como si una embarazada tuviese que resignarse a cualquier cosa que pase en su cuerpo sin el derecho a recibir un tratamiento, por más natural o delicado que sea, siendo conscientes de las limitaciones que un cuerpo gestante tiene de tomar medicamentos. Sin embargo, hay una obsesión por otras cuestiones que sí que son absolutamente naturales durante el embarazo y que se toman como atípicas o problemáticas.

Me refiero al peso corporal, al peso de las embarazadas por parte de la biomedicina o al menos así ha sido mi experiencia. Y hablo desde un cuerpo normativo que ha intentado hacer una dieta saludable, deporte y mantenerse como lo que hegemónicamente se conoce activa, dentro de las posibilidades, el sueño incapacitante del primer trimestre y el hambre voraz de los primeros meses. Pues pese a todo, si soy sincera, de lo que más pavor ha llegado a darme ha sido del momento de pesarme en la consulta de cada ecografía. No por mí, por haber engordado, porque eso sí que es una consecuencia absolutamente normal, natural y beneficiosa en el embarazo, sino por la reacción de las propias profesionales. Desde el primer día ya me limitaron a siete los kilos que debía hacer en el embarazo. He de reconocer que me pareció un disparate, me parecieron poquísimos, aunque al final en el mes 8 en el que me encuentro y en la última revisión he engordado 8 kilos. Algo que roza la locura primigénea que me parecía la cifra.

De las anécdotas más complejas que tengo en las revisiones están las que ocurren a la hora de pesarme. Esto sobre todo al principio, donde hice de repente como cuatro kilos en muy poco tiempo, porque mi hambre era permanente y mi sueño constante. Una de las consultas, de las primeras consultas, fui a pesarme y como acostumbro a hacer en mi casa, me quité los zapatos. La ginecóloga le dijo al verme a su ayudante “Mírala, se quita los zapatos para pesar menos”. Frase que cerró con un “uffff” cuando la ayudante le comunicó mi peso. Por suerte, nunca volví a coincidir con esta ginecóloga. Aclarar que todo el proceso de mi embarazo se está llevando en la pública. La frase que más oí al principio fue “no cojas peso” mientras veía cómo se transformaba mi cuerpo sin que yo pudiera hacer nada, porque la transformación es inevitable. Algo que en un primer momento me acomplejó y captó toda mi atención. El pecho se desborda, las caderas se ensanchan y el cuerpo se prepara para ser un hogar y lo primero que necesita un hogar es espacio. Así que ya me acostumbré a justificar que estaba haciendo dieta saludable, que hacía deporte pero no podía evitar subir de peso, que yo no podía hacer nada. Hasta que por lo que sea logré estabilizarlo y durante varias consultas no había subido ni un gramo. Recuerdo que en alguna incluso perdí un poco de peso y lo recuerdo como un triunfo.

Estaba totalmente absorbida por la idea de que una embarazada no puede coger peso, como si eso fuese posible. En navidad disfruté de todos los bombones que se me antojaron, comidas y celebraciones. Pero confieso que a la vuelta sentía que había abandonado el camino triunfal del peso estable. Era evidente no solo por navidad, que también, sino por el avance de mi embarazo, que había cogido dos kilos y medio. No sé por qué todo el mundo lo entendió y no me regañaron, al contrario, me dijeron que era por el aumento de la barriguita, que no me preocupase. Esto me ayudó a salir del corsé del peso, pero también a alucinar con que se hubiesen olvidado de la disciplina que habían generado respecto a mi cuerpo. Un cuerpo, el cuerpo de una embarazada, que se ha convertido en una auténtica industria de lo fit, del get and ready with me y del qué como en un día embarazada.

Me espanta la idea de que un embarazo tenga que ser restrictivo o culpable por dejar que el cuerpo haga su trabajo que es, además de crear a un ser humano, crear órganos como una placenta o desarrollar unos pechos para albergar leche. No se puede vallar el mar. Se pueden hacer espigones y puertos, pero no se puede vallar un mar

Tik tok está lleno de vídeos de este tipo, donde hay un culto al cuerpo que a veces poco o nada se parece a la rutina y a los biorritmos de las diferentes etapas de un embarazo. Soy firme defensora del deporte y de la comida nutritiva y saludable y de comer lo que a una le apetezca soy igualmente firme defensora y así lo hago, como diría Lola Flores, con método. Un método que es el mío y que no tiene por qué ser el de nadie más. Pero me espanta la idea de que un embarazo tenga que ser restrictivo o culpable por dejar que el cuerpo haga su trabajo que es, además de crear a un ser humano, crear órganos como una placenta o desarrollar unos pechos para albergar leche. No se puede vallar el mar. Se pueden hacer espigones y puertos, pero no se puede vallar un mar. Se pueden dar consejos, recomendaciones, ideas, incluso recetas, pero no ridiculizar ni enjuiciar procesos que ponen en el centro la reproducción de la vida de un modo tan reduccionista como es el peso, más aún en cuerpo normativo, más aún en un cuerpo que está dando unos resultados estupendos en cada analítica.

Una segunda cuestión en la que me gustaría detenerme después de sufrir un problema en la piel, es en el desamparo económico en que se deja a una embarazada. No sé cuánto dinero habré invertido en el último mes en productos especializados para intentar calmar el picor y las heridas. Pero sí sé que hay mucha gente que tendría que soportar esto sin los productos hipoalergénicos simplemente por no poder pagarlos. Y cómo se da por hecho en un informe que la persona tiene recursos para adquirirlos. En ningún momento me preguntaron si podía o no podía pagarlos, ni cual era mi trabajo, ni mi situación económica. No me explicaron qué hacer en caso de necesitar ayuda. Una situación, insisto, que no me interpela de forma directa, pero que me entristece como ciudadana y mujer que decide gestar, pensando en otras gestantes.

Naturalizar un embarazo es precarizar un embarazo. Mi piel ha mejorado en parte, pero en parte sigue mal. Muy mal. La pierna derecha está irreconocible, por ejemplo. Mañana visito de nuevo a la dermatóloga, teniendo la esperanza de que va a pasar y el aprendizaje de que nada es normal, nada es solo del embarazo y si así lo fuera o lo fuese, tenemos absolutamente todo el derecho de recibir un tratamiento, un análisis, consejos, rutinas. La idea de que tantas mujeres se embarazan y que si todas pueden una también debe, es errónea, es peligrosa y es antifeminista. No todas pueden, aunque paran. Parir no es poder parir de forma natural y superar un embarazo como ejemplo de que se puede hacer. Parir es el resultado de una metamorfosis absoluta de tu cuerpo, tu mente, tu tiempo, tu vida, tu salud en general, tu sociabilidad, tu rutina, tus preferencias, tus gustos, por la cual todas las gestantes pasan de manera diversa, compleja, afrontando todos los procesos médicos y sociales a los que se somete a una embarazada.

Y eso no quiere decir que sea natural, ni sencillo ni soportable porque el parto llegue a su fin. Porque el nacimiento es el resultado, pero el proceso es la verdadera base. Una criatura no comienza a vivir el día en el que se da a luz. No es así. La maternidad comienza nueve meses antes y hay muy poca o ninguna conciencia de esto muchas veces por parte de la comunidad. Un embarazo nunca es de una única persona. Es una responsabilidad social en el que los distintos agentes familia, amistades, profesionales de la salud pero también instituciones y políticas públicas están implicados. El diseño y las oportunidades, el tiempo y las herramientas que se brinden durante el proceso hablan de nosotras como sociedad. Por tanto, un embarazo no es una responsabilidad única, al igual que no termina cuando se da a luz. Se habla del posparto, como si el embarazo nunca hubiese existido. La centralidad que recae en el bebé obliga a las madres a procesar en soledad cuestiones que deberían igualmente ser de responsabilidad común. Una vez más bajo el reduccionismo de que si todas pueden, hay que poder. Y no es que se pueda o no se pueda. Es que se tiene que hacer, se tiene que atravesar y se tiene que enfrentar con las herramientas que se tengan, sean más o sean menos. Y vuelvo a señalar que el éxito y la salud física y mental de una gestante en posparto habla de nosotras como sociedad y no de ella como individuo.

Normalizar un embarazo es precarizar un embarazo. Nadie tiene la fuerza infinita para enfrentar aquello que puede suceder durante el proceso, a lo que está expuesta, por más que otras lo hayan hecho. La idea del aguantar porque es así, ya fue, por favor.

Ánimo a todas las que estéis en transición de este hermoso y complejo rito de paso.

Estamos siendo testigos de un momento que, con el paso del tiempo, probablemente se recordará, esperemos, como un punto de inflexión. Cuatro astronautas —entre ellos Christina Koch, la primera mujer en viajar alrededor de la Luna— forman parte de la misión Artemis II, un viaje que no incluye un alunizaje, pero cuyo valor científico y humano es enorme. De pequeño tenía la sensación de haber llegado tarde al primer alunizaje, por apenas unos años. Ahora puedo disfrutar del inicio de esta nueva era, y espero ver a una persona en la Luna dentro de no mucho tiempo.

Durante décadas, la exploración espacial tripulada quedó congelada en la órbita baja terrestre. La Estación Espacial Internacional, situada a 400 kilómetros de altura, nos enseña muchísimo, pero siempre bajo el abrigo invisible del campo magnético de la Tierra. Artemis II rompe, por fin, ese límite. Es la primera vez en más de cincuenta años que seres humanos abandonan esa burbuja protectora y se adentran en el espacio profundo. La Luna está a 300.000 kilómetros de distancia, lo que convierte la misión en algo más que un vuelo alrededor de la Luna.

Fuera de la magnetosfera, el cuerpo humano vuelve a ser un interrogante abierto: ¿cómo reaccionan los huesos cuando la radiación aumenta? ¿Cómo responde el sistema inmunitario? ¿Qué ocurre con la visión, el equilibrio o el sueño cuando el entorno es radicalmente distinto al terrestre durante varios días?

Cada sensor, cada muestra y cada registro recogido durante Artemis II ayudará a responder estas preguntas. Y en esta ocasión, por primera vez, esos datos incluirán la experiencia directa de una astronauta, algo que nunca ocurrió en las misiones Apolo, integradas exclusivamente por hombres.

La NASA está probando el uso de gemelos digitales, avatares virtuales que representan a los astronautas en tiempo real

Pero Artemis II no se limita a observar el cuerpo humano. También inaugura una nueva forma de presencia en el espacio. La NASA está probando el uso de gemelos digitales, avatares virtuales que representan a los astronautas en tiempo real. Estos modelos se alimentan de datos biométricos recogidos por sensores corporales y permiten simular cómo reaccionaría el organismo ante situaciones extremas sin necesidad de poner en riesgo a la persona. Es, en cierto modo, como disponer de una copia digital del cuerpo que puede someterse a pruebas imposibles en la realidad.

Estos gemelos digitales no solo sirven durante el vuelo, sino también después. Una vez finalizada la misión, los científicos podremos recrear escenarios futuros: estancias más largas, mayor radiación, situaciones de estrés prolongado o aislamiento extremo. En este contexto, Artemis II funciona como una revisión médica y tecnológica a gran escala, un ensayo general de todo lo que vendrá después.

Uno de los momentos más esperados del viaje ha sido el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna. Durante aproximadamente una hora, la nave Orión ha permanecido sin contacto directo con la Tierra, una experiencia que no deja de ser simbólica: por primera vez en medio siglo, seres humanos han vuelto a ver un paisaje lunar que ningún telescopio puede observar en tiempo real. Hubo sondas que fotografiaron la cara oculta, sí, pero personas, muy pocas, y hace ya más de 50 años.

(Un inciso: ¿soy el único que piensa que esto de dar tanta importancia al hecho de estar incomunicados durante una hora es un poco exagerado? En un vuelo largo, hasta hace poco tiempo, estábamos sin conexión más tiempo, ¿no?).

En esa región permanentemente invisible desde nuestro planeta, los astronautas han podido estudiar cráteres recientes y observar impactos de pequeños meteoritos que golpean la superficie lunar sin iluminación solar. Estos eventos, difíciles de detectar desde la Tierra, ofrecen información clave sobre la actividad actual del entorno lunar y los riesgos a los que se enfrentarán futuras bases habitadas. Desde el IAA-CSIC observamos estos eventos de impacto en la parte oscura de la Luna y hemos detectado muchos de ellos. 

Conviene no confundir la cara oculta, que es la parte de la luna que nunca vemos desde la Tierra, con la cara oscura, es decir, la que en ese momento no está iluminada por el Sol. La cara oculta también recibe luz solar cada 15 días. Durante la Luna nueva, por ejemplo, se encuentra completamente iluminada.

Artemis II no busca protagonismo histórico inmediato, sino solidez científica. La misión mide, registra, verifica y corrige. Es el paso necesario antes de plantear estancias prolongadas en la Luna

A esto se suma otro experimento fundamental: la transmisión de datos mediante láser. Artemis II ha servido para poner a prueba sistemas de comunicación óptica capaces de enviar grandes volúmenes de información usando haces de luz, en lugar de las tradicionales ondas de radio. Es como pasar de una conexión telefónica antigua a la fibra óptica del espacio. Si esta tecnología se consolida, permitirá comunicaciones mucho más rápidas y eficientes con futuras misiones lunares y marcianas, algo indispensable cuando la distancia hace que cada segundo de retraso sea crítico.

Todo esto confirma que Artemis II no busca protagonismo histórico inmediato, sino solidez científica. La misión mide, registra, verifica y corrige. Es el paso necesario antes de plantear estancias prolongadas en la Luna y, más adelante, viajes tripulados a Marte. Nada de eso sería posible sin entender primero cómo se comportan nuestros cuerpos y nuestras tecnologías lejos de la Tierra.

Además, la ciencia que surge de Artemis II no se quedará en el espacio. Muchos de los avances en monitorización médica, simulación digital y transmisión de datos tendrán aplicaciones directas en la Tierra: desde la telemedicina en regiones remotas hasta tratamientos personalizados para enfermedades crónicas, pasando por mejoras en la detección temprana de problemas de salud. La exploración espacial, una vez más, actúa como catalizador de innovaciones que terminan beneficiando a toda la sociedad.

Mirando al futuro, no resulta descabellado pensar que en menos de una década existan bases científicas permanentes en la Luna. Quizás la Agencia Espacial China instale una base tripulada en menos de cinco años. Artemis II es el terreno donde se ensaya cómo vivir, trabajar y mantenerse sano en un entorno sin protección natural.

Cuando imaginamos el regreso a la Luna, pensamos en cohetes, módulos de descenso y banderas. Pero uno de los mayores desafíos se está desarrollando en silencio: dentro del cuerpo humano y en su adaptación a un nuevo medio ambiente más agresivo, para el cual no estamos preparados… aún.

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**Para seguir explorando estos temas y profundizar en la ciencia detrás de Artemis II y la salud en el espacio, puedes encontrar más artículos en https://todoastronomia.net.

¿Puede un barrio transformar la forma en que convivimos? En Federación Sur Acoge creemos que sí. Y el reconocimiento al proyecto ZANKA con el Premio Andalucía + Social lo pone hoy en valor. 

Pero este premio no habla solo de un proyecto. Habla de una forma de trabajar los barrios desde la escucha, la participación y el trabajo en red. Habla de la capacidad de vecinas y vecinos, entidades sociales, administraciones públicas, recursos técnicos y comercio local para construir respuestas compartidas y fortalecer la convivencia desde lo cotidiano.  

ZANKA nació con ese objetivo: fortalecer la cohesión social en territorios con alta diversidad cultural implicando a todos los agentes del entorno. A lo largo de su desarrollo, el proyecto ha impulsado una metodología comunitaria centrada en reforzar la coordinación entre recursos, promover la participación, dinamizar el comercio local, mejorar el sentido de pertenencia y revalorizar los barrios. Todo ello con especial atención a la participación de personas de origen migrante, especialmente mujeres y jóvenes.  

La experiencia se ha desarrollado en Fuentecica-Quemadero y El Puche (Almería), La Caridad (Algeciras), Distrito Sur (Córdoba), Zona Sur (Jerez), Distrito 3 (Huelva), Zaidín (Granada), Peñamefécit (Jaén) y Distrito Centro (Málaga), de la mano de Almería Acoge, Algeciras Acoge, APIC, CEAIN, Huelva Acoge, Granada Acoge, Jaén Acoge y Málaga Acoge, con apoyo de la Secretaría Técnica de Sur Acoge. En todos estos territorios, ZANKA ha confirmado algo importante: que la convivencia se cuida mejor cuando el barrio se piensa de forma colectiva y cuando las soluciones se construyen con quienes lo habitan.  

También se detecta la importancia de reconocer la convivencia como una responsabilidad prioritaria para los poderes públicos cuyo mandato es por encima de todo el bienestar de su comunidad. Por ello, Sur Acoge ha recogido esta clave y la ha transformado en propuestas a los programas políticos de las diferentes fuerzas que se presentan a las próximas elecciones andaluzas. Un compromiso público en Andalucía requiere del impulso de un sistema institucional contra la discriminación y el odio, mediante la promoción del Servicio Andaluz de Igualdad de Trato y No Discriminación como espacio institucional de referencia, construido desde la participación pública y orientado a reforzar la coordinación, prevenir prácticas discriminatorias, combatir discursos racistas, xenófobos y homófobos, y ofrecer apoyo especializado a las personas afectadas. Por otro, el refuerzo de programas de educación para la paz y la convivencia, como herramienta necesaria para seguir construyendo barrios más inclusivos, cohesionados y resilientes.  

Porque si algo demuestra ZANKA es que la convivencia no se improvisa. Se cuida, se teje y se fortalece día a día. Y cuando se hace desde el barrio, con participación real y compromiso compartido, puede convertirse en una verdadera fuerza de transformación social.  

Hay algo inquietante en la frase “si ya somos iguales”. No suele decirse con rabia ni con desprecio, sino con la naturalidad de quien cree estar constatando un hecho, como si el debate estuviera cerrado. Una parte creciente de la juventud española —especialmente entre los chicos— está convencida de que la igualdad es una batalla ya ganada o sin relevancia. Han crecido viendo ministras, juezas, científicas y directivas; han estudiado en aulas mixtas y no han conocido una España sin divorcio, sin protección legal frente a la violencia machista o sin mujeres en la universidad. No vivieron la desigualdad más brutal y, precisamente por eso, muchos concluyen que ya no existe.

Según el CIS y otros estudios recientes, el apoyo al feminismo entre jóvenes ha descendido de forma significativa en los últimos años y, entre los hombres jóvenes, la caída es aún más pronunciada: apenas uno de cada cuatro se declara feminista y más de la mitad considera que el feminismo “ha ido demasiado lejos”. Lo que algunos interpretan como prueba de que la igualdad está consolidada es, en realidad, un espejismo. Estas son las ocho emes que lo desmontan.

La ley reconoce la igualdad y ese reconocimiento ha sido un avance histórico incuestionable. Pero convertir la igualdad formal en sinónimo de igualdad real es una simplificación peligrosa. La norma abre puertas, sí, pero no redistribuye automáticamente el poder, el dinero, el tiempo ni la seguridad; no corrige inercias culturales ni elimina por sí sola las desigualdades estructurales.

Que algo esté garantizado en el papel no implica que todas las personas puedan ejercerlo en las mismas condiciones. La igualdad jurídica es el punto de partida. No es la meta.

Desde que existen registros oficiales (2003), más de 1.300 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas. Cada año siguen produciéndose asesinatos machistas. No hablamos de un pasado remoto ni de una anomalía ya superada, sino de una violencia que sigue ocurriendo ahora. No es historia. Es presente.

Mientras haya mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, sostener que la igualdad está consolidada no es una muestra de optimismo, sino una forma de negación.

Más allá de los asesinatos, existe una experiencia cotidiana que no se distribuye de manera simétrica. Cambiar de ruta, avisar al llegar a casa, compartir ubicación o evaluar constantemente el entorno no son conductas excepcionales, sino estrategias incorporadas por muchas mujeres desde la adolescencia. No porque alguien lo imponga de forma explícita, sino porque aprenden pronto que la seguridad no se vive igual.

Y hay algo aún más revelador: seguimos educando a nuestras hijas para que se protejan antes que educando a nuestros hijos para que no generen miedo. Les enseñamos a tener cuidado, a no exponerse, a anticipar riesgos; menos veces ponemos el foco en desactivar las conductas que hacen necesario ese cuidado. Cuando una parte de la población interioriza un nivel de alerta que la otra no comparte, la igualdad no puede darse por completa.

El reparto doméstico ha mejorado respecto a generaciones anteriores, pero sigue siendo desigual. Las mujeres dedican, de media, más tiempo al trabajo no remunerado y asumen mayor carga mental: planificar, anticipar, organizar, recordar. Esa tarea invisible sostiene la vida cotidiana y tiene consecuencias laborales reales.

Muchas no abandonan el mercado de trabajo, pero reducen jornada, rechazan promociones o adaptan sus expectativas profesionales. No siempre es una decisión plenamente libre; a menudo es la respuesta a un sistema que continúa premiando la disponibilidad total y presupone que alguien sostendrá la vida doméstica. La ley reconoce igualdad. El tiempo no se reparte igual.

No todas las mujeres viven estas desigualdades del mismo modo.Quien dispone de recursos puede externalizar cuidados, pagar apoyos y amortiguar el impacto profesional de determinadas decisiones. Eso no elimina las barreras, pero reduce algunas renuncias. Para una mujer en situación precaria, con empleo inestable o sin red familiar, cuidar puede significar pérdida directa de ingresos o dependencia económica.

La desigualdad de género se cruza con la desigualdad de clase y, cuando ambas se combinan, se intensifican. Negar la dimensión de género porque algunas mujeres prosperan es confundir excepción con estructura.

Las cúpulas empresariales, económicas y políticas siguen estando mayoritariamente ocupadas por hombres. El acceso formal existe, pero la presencia real en los espacios dondese toman decisiones continúa siendo desigual. La igualdad no consiste solo en poder participar, sino en estar allí donde se decide. Mientras la mayoría de quienes toman decisiones sigan siendo hombres, la igualdad no estará completa.

Gran parte de la juventud se informa y debate en redes sociales, donde los algoritmos premian la simplificación y el conflicto. El feminismo aparece reducido a frases virales y polémicas descontextualizadas, mientras crece lo que se conoce como la manosfera: un conjunto de foros, creadores de contenido e influencers que difunden discursos antifeministas y promueven la idea de que los hombres están siendo desplazados, discriminados o privados de derechos.

En un contexto de precariedad e incertidumbre, ese relato ofrece una explicación sencilla y emocionalmente eficaz: alguien te está quitando algo. El problema no es solo que sea simplista, sino que convierte una transformación social compleja en una batalla identitaria. Pero que un mensaje sea simple y expansivo no lo convierte en estructuralmente cierto.

Nuestra generación heredó derechos sin heredar plenamente la conciencia de cómo se conquistaron. Creció con la igualdad formal como paisaje y no como lucha. No vivimos la prohibición de abrir una cuenta bancaria, ni la ausencia de divorcio, ni la falta de protección frente a la violencia. Cuando algo se percibe como natural, deja de verse como frágil.

La historia demuestra que los derechos no son irreversibles. Retroceden cuando dejan de defenderse, se erosionan cuando parecen garantizados y se vacían cuando pierden apoyo social. No se trata de ignorancia, sino de una forma de amnesia colectiva que convierte el éxito en espejismo.

Pensar que "ya somos iguales" no es solo una simplificación generacional; es el contexto perfecto para que esos retrocesos se normalicen sin resistencia

La trampa del éxito

El feminismo ha transformado profundamente la sociedad española y ha ampliado horizontes hasta hacer posibles expectativas impensables hace apenas unas décadas. Ese éxito es real, pero encierra una paradoja: cuanto más normalizada parece la igualdad, menos urgente parece defenderla; cuanto más sutil se vuelve la desigualdad, más fácil resulta negarla.

El problemano es que el feminismo haya ido demasiado lejos. Es que la igualdad todavía no ha llegado lo suficiente —ni de la misma manera para todas— como para permitirnos el lujo de creer que ya está consolidada.

No es una percepción aislada ni exclusivamente española. Este 8M, Amnistía Internacional ha lanzado cuatro alertas globales ante el avancede prácticas autoritarias que amenazan los derechos de las mujeres: el uso de leyes represivas, el crecimiento de movimientos antiderechos, el aumento de los discursos de odio y la tecnología como amplificador de esa violencia. Pensar que “ya somos iguales” no es solo una simplificación generacional; es el contexto perfecto para que esos retrocesos se normalicen sin resistencia.

Este 8M no es una repetición automática, sino un recordatorio. Porque cuandola desigualdad deja de gritar y empieza a susurrar, el riesgo no es que desaparezca. Es que decidamos no escucharla.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha revocado dos multas que le fueron impuestas a un conductor en los radares de tramo que se han instalado en la autovía A-7, en su tramo entre San Roque y Algeciras, en la provincia de Cádiz, tras recibir una denuncia del afectado en el que exponía que la señalización marcaba un límite de 100 km/h mientras que el radar lo fijaba en 80 km/h.

En la resolución, que fue adelantada por Europa Sur y a la que ha tenido acceso Europa Press, la DGT deja sin efecto las sanciones impuestas, de 300 euros en un caso y de 100 euros en el segundo, al mismo conductor.

“A la vista de las actuaciones obrantes en el expediente, se llega a la conclusión de que en el caso que se examina, no es procedente la imposición de la sanción a que se refiere el mismo, por lo que se acuerda su revocación de oficio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, señala la DGT en ambas resoluciones, fechadas a 5 de marzo de 2026.

“Sanciones ilegales”

Los hechos tuvieron lugar después de que un trabajador de la empresa Arreza Seguros recibiera dos multas tras pasar el 22 de septiembre y el 15 de octubre del pasado año por el citado tramo regulado por radares, que detectó que se habían superado en ambos casos los 80 km/h fijados por estos elementos.

Ante esto, el afectado reclamó las multas alegando que “el control radar de tramos está limitado a 80 km/h pero el conductor tiene una señal en el tramo de 100 km/h”, considerando dichas sanciones “ilegales”. Desde Arreza Seguros han advertido que puede haber “muchas personas que están pagando estas denuncias que son ilegales” al ser también multadas por este radar de tramo.

Según datos de la DGT, en la provincia de Cádiz hay instalados hasta siete radares de tramo en distintas carreteras gaditanas, como la propia A-7, la N-340, la CA-35, la CA-33, la A-48, la A-384, y la A-2001.

Los radares de tramo son un sistema de cámaras que graban de forma continua e identifica la matrícula de cada vehículo a la entrada y a la salida del tramo. Un ordenador relaciona las matrículas iguales, comprueba las tiempos de paso y calcula la velocidad media del vehículo. Cuando la velocidad media del recorrido está por debajo del límite, no hay infracción, pero si la velocidad media del trayecto supera el límite, se tramita la denuncia de la infracción, como define la DGT estos sistemas.

Las graves inundaciones registradas en febrero en la Sierra de Cádiz han vuelto a poner en primer plano una realidad que los municipios de la comarca llevan años denunciando: la fragilidad de sus infraestructuras y una sensación persistente de abandono institucional. Los daños provocados por el tren de borrascas —carreteras cortadas, caminos rurales intransitables y problemas en suministros básicos— no solo han generado una situación de emergencia, sino que han evidenciado carencias estructurales previas.

“Es raro el municipio que no tiene un problema en alguna de sus carreteras comarcales”, advierte la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma. Su diagnóstico apunta directamente al estado de la red secundaria: “Hay un deterioro permanente por el escaso mantenimiento. Eso significa que las carreteras sufren el doble cuando viene una inclemencia de estas características”. Las consecuencias son inmediatas y tangibles para la población. “Un trayecto que se hace en diez minutos, pues ahora se hace en unos cuarenta o cuarenta y cinco”, explica, en referencia a conexiones habituales que han quedado inutilizadas o gravemente afectadas.

La situación no es puntual ni aislada. La red de carreteras comarcales —competencia en muchos casos de la Diputación, que ha destinado 20 millones en contratos de emergencia para las vías afectadas— constituye la principal vía de conexión entre municipios en la sierra, un territorio donde las distancias, la orografía y la dispersión poblacional hacen que cualquier incidencia tenga un impacto directo en la vida cotidiana. A ello se suma la falta de desarrollo de infraestructuras estratégicas. La Junta ejecuta en la provincia de Cádiz 11 actuaciones de emergencia con una inversión de 107 millones de euros a través del Plan Andalucía Actúa.

El alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, recuerda un proyecto largamente esperado que nunca llegó a materializarse: “Cuando se planteó la autovía Jerez-Antequera se quedó paralizada en Arcos y lo que se ha ido haciendo es parcheo sobre parcheo”. Ese “parcheo”, como lo define, afecta especialmente a la carretera A-384, uno de los ejes fundamentales para la movilidad en la comarca y su conexión con Málaga. “Tiene un tráfico impresionante y cuando lo que se hace es parcheo sobre parcheo, pues pronto se le ven las costuras, sobre todo cuando las circunstancias son tan complicadas como estas últimas”, señala. Las lluvias han agravado una situación ya delicada, provocando cortes totales y desvíos provisionales que generan incertidumbre. “Estamos siempre con las carnes abiertas de que se vuelva a ir el desvío provisional”, añade.

La imagen turística

Las consecuencias trascienden el ámbito de la movilidad y afectan a servicios esenciales. “Nuestro hospital de referencia es el de Ronda y hay pacientes que tienen que ir tres días a la semana a diálisis”, explica Acuña, quien también menciona el impacto en estudiantes y trabajadores que se desplazan diariamente fuera del municipio. En una comarca donde muchos vecinos trabajan en la Costa del Sol, la conectividad no es solo una cuestión de comodidad, sino de acceso al empleo.

A esta situación se suma el deterioro de los caminos rurales, fundamentales para el sector primario, que sigue siendo el principal sustento económico en buena parte de la sierra. “El que no está cortado le falta un telediario”, resume el alcalde de Algodonales. Los desprendimientos y movimientos de tierra, favorecidos por la naturaleza arcillosa del terreno, han dejado aisladas explotaciones agrícolas y ganaderas, dificultando el acceso a fincas y poniendo en riesgo la actividad diaria de muchos profesionales.

“Esto es una postal, pero no es un decorado”, insiste la alcaldesa de Olvera, en referencia a la imagen turística de la sierra. “Aquí vive gente, que tiene que ir a hospitales, a trabajar, a estudiar”. La reivindicación no es nueva: distintos análisis sobre el medio rural andaluz llevan años señalando déficits en transporte público, infraestructuras viarias y conectividad, factores que contribuyen a la desigualdad territorial y a la pérdida de población.

El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García Ramírez, sitúa el foco en esa dimensión estructural del problema. “Ha quedado patente la necesidad de un plan de inversiones real, cierto, y acompasado con las necesidades reales que tiene la sierra”, afirma. A su juicio, los daños provocados por el temporal no pueden desvincularse de la falta de mantenimiento e inversión acumulada durante años. “Algunos de estos daños probablemente eran evitables si hubiera habido una mayor intervención presupuestaria en un entorno históricamente abandonado desde el punto de vista de las inversiones”, sostiene.

Aunque reconoce la respuesta de emergencia por parte de las administraciones, García Ramírez insiste en la necesidad de ir más allá: “Entendemos la situación de urgencia, pero también hacen falta compromisos a futuro”. La reclamación, compartida por otros alcaldes de la comarca, apunta a un modelo de financiación que, según denuncian, prioriza los grandes núcleos urbanos frente a los territorios interiores. “Al final estaremos como siempre castigando a esos entornos rurales”, advierte.

Cortes eléctricos “reiterados”

Las carencias no se limitan a las carreteras. Los problemas en el suministro eléctrico y en las telecomunicaciones forman parte también de la realidad cotidiana de la sierra. “La semana pasada tuvimos un corte a las once de la mañana. No es algo puntual, es algo reiterativo”, explica Palma. Incidencias de este tipo afectan directamente a empresas, servicios y vecinos, en una comarca donde la calidad de las infraestructuras básicas sigue siendo una asignatura pendiente.

En Grazalema, aunque la situación ha mejorado en los últimos años, el alcalde reconoce que los problemas persisten en otros municipios de mayor tamaño. “Hay entornos urbanos que no tienen dimensionada la necesidad en comunicaciones y son muy habituales este tipo de situaciones de cortes”, señala García Ramírez, quien resume la percepción generalizada con una frase contundente: “Parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

Tras el impacto de las inundaciones, las administraciones trabajan en la reparación de daños y en la habilitación de pasos provisionales. Sin embargo, los alcaldes coinciden en que la solución no puede limitarse a la emergencia. “Tenemos que reponer, pero también tiene que haber un plan de mantenimiento permanente”, reclama Palma. En un contexto de creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, la resiliencia del territorio dependerá, en gran medida, de que esas reivindicaciones históricas dejen de serlo y se traduzcan en inversiones sostenidas en el tiempo.

Francisco Holgado, conocido como el Padre Coraje por su incansable lucha para esclarecer el asesinato de su hijo, ha fallecido este miércoles en Jerez de la Frontera a los 82 años, sin haber logrado que se hiciera justicia en un caso que marcó su vida durante más de dos décadas. Fuentes del Ayuntamiento de Jerez han confirmado a EFE el fallecimiento de Holgado, figura muy conocida en la ciudad por su perseverancia y por haberse convertido en símbolo de la lucha de las víctimas que reclaman justicia.

El caso se remonta a la madrugada del 20 de noviembre de 1995, cuando su hijo, Juan Holgado, de 22 años, fue asesinado a puñaladas mientras trabajaba en el turno de noche en una gasolinera de Jerez, un crimen que conmocionó a la sociedad local.

Años después, en 2000, cuatro personas fueron detenidas como presuntos autores, pero el proceso judicial estuvo marcado por la falta de pruebas concluyentes y diversas irregularidades. Finalmente, el Tribunal Supremo confirmó en 2006 la absolución de los acusados, dejando el caso sin culpables condenados.

Batalla contra el olvido

Lejos de resignarse, Francisco Holgado inició entonces una prolongada batalla para evitar que el crimen quedara en el olvido. Durante años encabezó movilizaciones, acudió a medios de comunicación y reclamó a las instituciones que se reabriera la investigación, insistiendo en que los responsables debían ser identificados y juzgados.

Su constancia y exposición pública le valieron el apodo de Padre Coraje convirtiéndose en un referente en España de la lucha de las familias de víctimas frente a casos sin resolver. Su ejemplo de vida dio pie incluso a una serie, Padre Coraje, en la que el actor Juan Diego le daba vida. Estrenada en 2002, fue dirigida por Benito Zambrano.

Holgado mantuvo hasta el final su reivindicación de justicia para su hijo, en un caso que sigue sin esclarecerse. Su fallecimiento pone fin a una vida marcada por la defensa de la memoria de Juan Holgado y la exigencia de que su asesinato no quedara impune.

Los Veintisiete han respaldado este miércoles por unanimidad la firma y aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido que redefine la relación del bloque comunitario con Gibraltar y derribará la verja, lo que allana el camino para que esa entrada en vigor pueda producirse el 15 de julio, tres meses después del calendario con el que inicialmente contaban Bruselas y Londres.

El aval político de los países de la Unión se ha producido este miércoles en una reunión de embajadores en Bruselas, tal y como ha confirmado en un comunicado el Consejo (gobiernos). Fuentes europeas confirman a Europa Press que ningún país se ha opuesto al acuerdo.

Sin embargo, se trata de un acuerdo de principio que necesita aún de la adopción formal por parte de la misma institución para que se concrete la firma y su aplicación provisional, lo que requiere de más tiempo, al menos dos meses para que se lleven a cabo las revisiones legal y lingüística de los textos del tratado, que deben ser traducidos a todas las lenguas de la UE.

El Acuerdo UE-Reino Unido relativo a Gibraltar completará el marco jurídico de las relaciones entre la UE y Reino Unido establecido por el Tratado de Comercio y Cooperación que normalizó las relaciones entre europeos y británicos tras la consolidación del Brexit y en cuyo ámbito de aplicación, en vigor desde 2021, no está incluido el Peñón.

Nuevo sistema de control de la UE

Según recuerda en un comunicado el Consejo, con este nuevo acuerdo la UE busca eliminar “todas las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, al tiempo que se salvaguardan plenamente el espacio Schengen, el mercado único de la UE y su unión aduanera”.

Con la señal de este miércoles, los Veintisiete buscan responder a la urgencia de avanzar en la tramitación de un tratado cuyo acuerdo se anunció en diciembre de 2024, pero cuya falta de adopción formal puede complicar la situación en la verja ante la inminente entrada en vigor del nuevo sistema de control de la frontera exterior de la UE el próximo 10 de abril, que obligará a un control reforzado en los pasos fronterizos con terceros países.

El Sistema Europeo de Entrada y Salida de la Unión (EES, por sus siglas en inglés) empezó a aplicarse gradualmente en los países de la Unión el pasado otoño, pero su entrada en vigor plena está prevista para dentro de diez días, cuando deberá estar operativo en todas las entradas a la Unión Europea el nuevo registro digital que sustituirá al sellado manual de pasaportes en las fronteras del espacio Schengen.

Fuentes del Ministerio de Interior consultadas por Europa Press afirman que las instalaciones y equipamiento técnico necesario para el control en el paso de Gibraltar a suelo comunitario están “operativos y disponibles”, aunque no aclaran el calendario de aplicación.

España, en consulta con la Comisión

En todo caso, y al margen de la preparación técnica, lo cierto es que la falta de aplicación del tratado que enmarca la relación de Gibraltar con respecto a la Unión Europea cuando entre en vigor el sistema EES supone, en la práctica, que este territorio siga siendo considerado a efectos de control fronterizo como país tercero y que los viajeros que quisieran cruzar desde o hacia el Peñón desde suelo español debieran someterse al registro en el nuevo sistema europeo.

Para evitar este vacío, el Gobierno ha presentado una propuesta a la Comisión Europea para flexibilizar la aplicación del sistema EES en ese punto, aunque no han trascendido detalles de la misma ni si Bruselas –que rechaza de manera general revisar el calendario para el sistema fronterizo– ve factible la iniciativa española. “La Comisión ha recibido la carta del Gobierno español relativa al Acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar y el EES y responderá a la misma en su debido tiempo”, se ha limitado a responder un portavoz del Ejecutivo comunitario.

La mayoría de los países de la UE ya registran “más del 75% de los cruces fronterizos”, pero algunos de ellos siguen experimentando “dificultades técnicas” a pesar de que el calendario fue acordado y validado por los 27, recuerda el portavoz, que añade que la Comisión mantiene “contacto estrecho” con ellos para asegurar que el sistema funciona correctamente.

Quejas desde Algeciras

Ante esta situación, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a criticar que la comarca del Campo de Gibraltar tenga información sobre el tratado y el fin de la verja a través de los medios de comunicación y no por el Gobierno de España, resaltando “las dudas” que se siguen planteando en esta zona de la provincia de Cádiz.

En declaraciones a Europa Press, Landaluce ha lamentado que como uno de los alcaldes de la comarca campogibraltareña, no se le haya informado sobre cuándo y cómo entrará en vigor el sistema de entrada y salida en la frontera, que debería empezar a funcionar provisionalmente el 10 de abril, una fecha que “llegado este mes, parece imposible”.

“Ya se habla de prórroga pero como es habitual nos hemos enterado por un medio de comunicación”, ha advertido el alcalde de Algeciras, quien ha señalado que “cada vez que un colectivo expone sus dudas o sus preocupaciones, el Gobierno nacional emite información o convoca un seminario”.

“Nos merecemos un trato más digno”

En su opinión, esas “no son las formas adecuadas”, teniendo en cuenta que “las semanas van pasando y seguimos teniendo muchas dudas”, unos interrogantes que no sólo se plantean los políticos sino también “colectivos, transportistas, empresas de aduanas o Policía de frontera”, como ha enumerado.

Con respecto al sistema de entradas y salidas, ha pedido que los agentes conozcan los detalles de cómo van a tener que desarrollar su trabajo y en qué condiciones, recordando que “nos dijeron a bombo y platillo que en abril íbamos a ver la caída de esa histórica frontera”, encadenando eso con “la prosperidad compartida”.

“Pues abril ha llegado y ni una cosa ni la otra”, ha lamentado Landaluce, quien ha hecho hincapié en que el Gobierno de España “no aparece” por la comarca para informar de “los supuestos benéficos de este acuerdo” y que la ciudadanía del Campo de Gibraltar “nos merecemos un trato más digno”.

El halcón peregrino (Falco peregrinus) vuelve a criar en el Paraje Natural Marismas del Odiel tras más de una década. Técnicos y responsables de seguimiento ambiental han constatado la presencia de una pareja reproductora, lo que supone un hecho relevante desde el punto de vista del seguimiento ambiental del enclave, según ha confirmado la Junta de Andalucía.

Este acontecimiento se relaciona con las condiciones actuales del hábitat, así como con las actuaciones de conservación desarrolladas en los últimos años en el paraje. La ausencia prolongada de reproducción de esta especie había generado cierta preocupación entre los especialistas, ya que suele ser un indicador clave de la salud del ecosistema. Factores como la degradación del entorno, la presión humana o la escasez de hábitat específico para su nidificación habían contribuido a su desaparición como ave nidificante en la zona.

El halcón peregrino es una rapaz frecuente en Marismas del Odiel durante la invernada con aves procedentes de poblaciones ibéricas y nórdicas, pero no llegaba a asentarse como ave reproductora, además siendo una especie en declive en la provincia de Huelva.

Restauración del hábitat

El retorno de la actividad reproductora supone la reaparición de la especie como nidificante en el enclave. Entre las causas que pueden estar relacionadas con este retorno se encuentran la restauración del hábitat, la instalación de plataformas de nidificación en lugares estratégicos, la reducción de molestias durante el periodo de cría y la disponibilidad de alimento.

Este tipo de sucesos puede tener incidencia sobre la dinámica del ecosistema y beneficiar a otras especies que comparten el mismo entorno, por lo que es importante mantener las labores de seguimiento y conservación del espacio para garantizar que este regreso no sea puntual, sino el inicio de una tendencia sostenida.

El halcón peregrino es un ave de presa de unos 45 centímetros, identificable en vuelo por la silueta de ancla que forman sus largas alas y cola. Plumaje variable, desde oscuro a gris claro, la cabeza es negra y cuenta con una amplia y característica bigotera también de color negro. Habita en zonas muy diversas, desde la tundra hasta zonas boscosas.

Su presa principal es la paloma, pero de su dieta forman parte una gran variedad de especies, preferentemente aves. Esta rapaz es conocida como una de las aves más rápidas del mundo, ya que puede llegar a alcanzar en vuelo de caza en picado los 300 kilómetros por hora, habiéndose registrado velocidades máximas de hasta 390 km/h, lo que le permite capturar a otras aves en el aire.

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha presentado este lunes el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba contra el auto judicial que no admitió su personación como acusación popular en las diligencias previas abiertas por el accidente ferroviario, ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero, y que se saldó con la muerte de 46 personas, 28 de ellas de la provincia de Huelva, y más de un centenar de heridos.

El Consistorio defiende que ostenta un “interés directo, legítimo y cualificado” para intervenir en el procedimiento, “dado el profundo impacto que el siniestro ha tenido en Punta Umbría”, donde tres vecinos fallecieron y siete resultaron heridos de consideración. Además, subraya que “desde el primer momento” activó recursos municipales, especialmente a través de los Servicios Sociales, que han prestado atención psicológica “continuada” a las víctimas y sus familias, ha indicado en una nota.

El recurso argumenta que la resolución judicial incurre en una interpretación “excesivamente restringida” del derecho a ejercer la acción popular, recogido en el artículo 125 de la Constitución.

Igualmente, el recurso presentado rechaza el argumento de que la personación del Ayuntamiento sea “innecesaria” por la presencia del Ministerio Fiscal y recuerda que el sistema penal español “permite la coexistencia de distintas acusaciones” y que, en este caso, “concurren circunstancias específicas como la investigación de entidades públicas estatales”, lo que, a juicio del Consistorio, “refuerza la necesidad de garantizar un control adicional y la defensa de los intereses de la comunidad local”.

Una comunidad que ha sufrido un impacto “real y profundo”

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha explicado que este recurso responde al “compromiso firme” del Ayuntamiento con las víctimas y sus familias “porque no estamos ante un interés abstracto, sino ante una tragedia que ha golpeado directamente a nuestro pueblo y a nuestros vecinos”.

En opinión del primer edil, la intervención del Ayuntamiento en el procedimiento “no sustituye a nadie, sino que aporta la voz de una comunidad que ha sufrido un impacto real, profundo y documentado”. “Por este motivo, vamos a defender hasta el final el derecho de Punta Umbría a estar presente en el proceso judicial”, ha dicho antes de añadir que “confía” en que la Audiencia Provincial de Córdoba “corrija esta decisión” y “reconozca nuestro derecho a ejercer la acción popular en defensa de nuestros vecinos”.

El Pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría aprobó, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 18 de febrero, la personación del Consistorio como acusación popular en el procedimiento judicial abierto tras el accidente ferroviario. La propuesta de acuerdo salió adelante con el voto favorable de UPU, PSOE y PP, así como la abstención del concejal de IU.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Punta Umbría anunciaba el pasado 27 de marzo que agotaría “todas las vías legales” para personarse como acusación popular en este caso, después de que la jueza de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que instruye la causa, lo dejara fuera del caso en un auto emitido el jueves 26 de marzo.

La primavera ha cogido a Doñana con una explosión de vida como hacía años que no se recuerda. La abundancia de insectos ayuda a una fase de reproducción que da sus primeros pasos, de hecho ya pululan por allí los primeros polluelos de algunas especies, y todavía están preparándose para emigrar las últimas invernantes. Todo ello es obra de un invierno muy lluvioso encadenado con un año menos seco que los anteriores, lo que ha propiciado la mayor presencia de aves del último lustro y la previsión de que la temporada de cría será muy buena.

Lo de que el agua es vida tiene en Doñana uno de sus exponentes más gráficos. La concatenación de borrascas de los últimos meses dejó una inundación casi completa de una marisma que ya había disfrutado de generosas dosis de precipitaciones, lo que ha tenido su reflejo inmediato en que se han contabilizado 385.649 aves acuáticas invernando en el parque. La cifra es la mejor desde 2021, aunque todavía está lejos de la media histórica y a más distancia todavía de los mejores ejercicios.

Eso sí, supone un incremento sustancial con respecto a los 228.335 ejemplares computados el año pasado (el censo se realiza en enero) y no digamos en relación con los 120.649 de 2024, cuando la sequía que golpeaba entonces con fuerza llevó a un mínimo desde que existen registros. El conteo se hace desde avioneta, recorridos en vehículo y asomándose a los dormideros, y con esta metodología –que se aplica desde 2004– se registró el máximo en 2017, cuando se rezaron las 700.000 aves. Todas estas cifras se pueden revisar ahora en el recién estrenado portal de acceso abierto con 50 años de censos de aves acuáticas.

La media en estos 22 años está en 437.000 individuos, con lo que este 2026 se ha acercado pero todavía queda camino por recorrer. Los augurios además son buenos, ya que a fecha de 22 de marzo la precipitación acumulada en el actual ejercicio (que arrancó el pasado 1 de septiembre) es de 552 mm, sensiblemente por encima de los 436 de media en las últimas dos décadas. En el ejercicio 2021/22, por ejemplo, no se llegó a 224 mm.

Que no vengan lluvias fuertes ahora

“Los datos no son buenos a largo plazo, pero sí mejores que los últimos años”, atestigua Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, responsable de la vigilancia científica de este entorno. Así que, como la marisma mantiene una buena inundación –entre 50 centímetros y algo más de un metro, en función de la zona–, se espera una reproducción buena “si no vienen lluvias muy intensas que hagan fracasar nidos”, como ocurrió el año pasado con fuertes precipitaciones que fueron más tardías.

El agua ha venido bien no sólo para atraer a las aves, sino también para recuperar otros elementos clave como la vegetación y la presencia de insectos. “Doñana está ahora espectacular, la visión es magnífica”, lo que no significa que se hayan acabado los problemas porque el acuífero sigue en muy mal estado y harían falta varios años más de lluvias abundantes para superar el que es el principal hándicap del parque.

Desde SEO/BirdLife se corrobora que la recuperación de las aguas subterráneas “requiere de algo más que un año húmedo aislado”. Su responsable en Doñana, Carlos Davila, también corrobora la imagen “espléndida” que ofrece el parque y que ya algunas aves presentan colonias de cría activas por las “condiciones ecológicas óptimas” que reúne la marisma esta primavera. La previsión es contar con grandes colonias de acuáticas, como morito común y espátula común, y distintos tipos de garzas, como la garza imperial, garcilla bueyera, martinete común, garceta común, garcilla cangrejera y garceta grande. Además, especies amenazadas de extinción, como la cerceta pardilla o la focha moruna, podrían verse “muy beneficiadas” por “este buen año hidrológico”.

Revilla resalta que todo esto evidencia la “capacidad de recuperación” que han mostrado determinadas especies en cuanto han mejorado las condiciones para las acuáticas. En este ejercicio ha crecido hasta la cifra de gansos, el ánsar común, la más emblemática de las aves de Doñana, cuya población ha aumentado en 1.000 ejemplares para alcanzar unos escuálidos 3.700 individuos pese a que las cosas han ido viento en popa. Esto evidencia que su presencia es cada vez más esquiva, ya que hace unos años los ejemplares se contaban por decenas de miles.

El cuchara común se dispara

En cambio, el pato cuchara común se mantiene como la especie que más crece en las últimas dos décadas, ya que en el censo invernal se contabilizaron 120.970 individuos, nada menos que 65.000 más que el año pasado. Asimismo, le van bien las cosas al porrón europeo (10.600 ejemplares), el morito común, la espátula común y hasta a especies muy escasas, como la cigüeña negra (se han contabilizado 113) y la garcilla cangrejera, con 32, una cifra que desde la ICTS Doñana se considera “inusualmente alta”.

La ICTS Doñana es una infraestructura dependiente de la Estación Biológica y está considerado el mayor laboratorio de campo de Europa. Rubén Rodríguez Olivares, del equipo de Poblaciones de Aves, explica que “la evolución de las aves acuáticas confirma que Doñana responde de manera inmediata cuando dispone de agua”. “La recuperación de la marisma es esencial para la conservación de especies de alto valor ecológico”, apostilla.

Los científicos tienen claro, y el aumento de aves invernantes de este año es el mejor de los ejemplos, que el factor determinante para la llegada de fauna acuática a Doñana es su estado hídrico. Por eso, “la mejora registrada este invierno demuestra el potencial del humedal para recuperarse cuando las condiciones climáticas y la gestión hídrica lo permiten”, se apunta desde la ICTS que, como la propia Estación Biológica, depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Así que Doñana mantiene una legión de problemas, pero si hay agua, hay margen para la esperanza.

Este 2026 se cumplen 250 años desde que en la localidad onubense de Zalamea la Real se celebra una procesión a la que no solo pueden asistir solamente hombres en su cortejo, sino que en las calles solo la pueden ver los varones de la localidad. La Vía Sacra puede ser seguida por menores, pero nunca por chicas o mujeres de cualquier edad, y así se mantiene desde sus inicios.

En las últimas horas ha trascendido que el Gobierno de España ha iniciado los trámites para revocar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de la ciudad valenciana, después de que la cofradía mayoritaria haya persistido en su negativa de permitir a las mujeres ser integrantes de pleno derecho.

La Vía Sacra de Zalamea la Real es una manifestación religiosa que “organiza el pueblo”, como explica a elDiario.es Andalucía José Ortega, el encargado de leer los cánticos que se escuchan en su poco menos de una hora de recorrido, todo ello al amparo de la Hermandad de Penitencia, que tiene sus orígenes en el siglo XVI y que hace que los hombres del pueblo se citen en la Parroquia de la Asunción cada Viernes Santo a las diez de la noche para encaminarse al Sepulcro, el lugar donde está la imagen del Cristo Yacente del pueblo, cerca de la barriada de San Vicente.

La web oficial de la Hermandad de Penitencia cita que esta procesión fue constituida en 1776, aunque hay constancia que desde mediados de ese siglo existía una tradición por este culto. Por la investigación realizada por José Ruiz Montero se sabe que en 1750 hubo un fraile, Mateo de Ávila, que bendijo las estaciones de la nueva Vía Sacra, pero no sería hasta 1776 cuando se institucionaliza de forma definitiva con la construcción de la decimocuarta estación y una ermita para albergar la imagen del Cristo Yacente.

Las mujeres, a casa al paso del cortejo

El 24 de febrero de 1776 se obtuvo la “licencia religiosa” para la celebración. Curiosamente, aunque la procesión llega solo con hombres al sepulcro, fue una mujer, María Hidalgo, la que se ofreció a donar la imagen del Cristo Yacente para colocarla en la futura ermita, que fue colocado el 13 de agosto de 1777.

Para la hermandad no hay dudas de que la procesión se debe dejar tal como está. “Es una de las tradiciones que mejor se conservan en nuestro pueblo, siendo una auténtica muestra antropológica de nuestro pasado, ya que mantiene las mismas características de cuando se creó”, dice, y concreta que los hombres marchan precedidos por una cruz y dos faroles, “recordando el camino que Jesús recorrió hasta el Calvario”.

Una persona que encabeza la comitiva lee el motivo de cada estación y entona un estribillo “para que la gran masa de hombres entone monótonamente con voz grave”. Es el caso de José Ortega, que tomó el relevo en su día de Manuel García, encargado varios años de esta labor. El cortejo se completa con una corneta y una esquila, a intervalos regulares, que va por delante avisando del paso del Vía Crucis. Antaño, era el modo de avisar a las mujeres que pudieran estar en la calle de que se tenían que meter en casa al paso del cortejo.

“Es impensable que se cambie”

José asegura que no hay motivos “ni movimiento entre las mujeres del pueblo” que haga pensar que puede cambiar esta tradición. Alejado, asegura, de la polémica que se vive en Sagunt por el veto a las mujeres del pueblo en una procesión, en Zalamea la Real “es impensable que se pueda cambiar la forma en que se celebra la Vía Sacra, sobre todo porque las mujeres del pueblo son las primeras que defienden que todo siga como hasta ahora”.

Precisamente, “ese respeto de las mujeres” es clave para que sea una de las tradiciones que más tiempo lleva sobreviviendo en este pueblo de unos 3.000 habitantes, y forme parte de su patrimonio etnográfico. Desde 1776, pandemia y lluvia aparte, el recorrido no ha cambiado, y se inicia en la Iglesia, para bajar por la calle San Vicente y Cabezo Martín, y terminar ante el Yacente.

Así ha sido desde 1776, y visto todo lo que se mueve alrededor de la celebración, no parece que tenga visos de cambiar.