En la política del insulto, el bramido y las formas chuscas, Juanma Moreno Bonilla (Barcelona, 1970) es de los pocos dirigentes del PP que no se ha dejado arrastrar por las dinámicas dominantes de la conversación pública: “Puedo tener discrepancias absolutas con el señor Sánchez y las tengo, pero no se me pasa por la cabeza, como hizo el otro día el señor Abascal, proferir una descalificación personal de esa naturaleza. Con eso se envilece la política, se descalifica y se deteriora la credibilidad. No quiero participar en ese juego”.

Al barón popular le persiguen la crisis por los cribados de cáncer y las críticas al funcionamiento de la sanidad pública, aunque él no la ve como su talón de Aquiles. “Decir que están en riesgo los servicios públicos en Andalucía es tan falso que hiere la inteligencia del andaluz”, responde.

Bajo ese lustre de líder moderado, dialogante y de formas exquisitas, sus adversarios ven solo una versión blanca de Isabel Díaz Ayuso, con la que no hay que rascar mucho para comprobar que comparte poco, aunque trate de maquillar la distancia entre ambos con las distintas realidades sociológicas de Madrid y Andalucía. El presidente de la Junta no es Ayuso y tampoco Feijóo. En esta tierra, antaño hegemónica del socialismo, las encuestas confirman que volverá a ganar las elecciones el próximo domingo 17. Lo que está en duda es si lo hará o no con mayoría absoluta, como hace cuatro años; si necesitaría a Vox para formar gobierno y si volvería a suscribir o no el acuerdo que firmó con la ultraderecha en 2019. Por lo demás, en el universo popular le señalan como posible relevo al actual líder del PP. Algo que dice ni se plantea: “No se me pasa ni por la cabeza”. Veremos...

Teníamos dudas sobre si hacerle preguntas o traerle una guitarra para que nos deleite con su faceta de intérprete. ¿Cómo es eso de que el candidato grabe con su voz la canción que suena en sus mítines?

Bueno, todavía no está oficialmente... Yo lo único que quiero decir es que a mí me gusta mucho la música de siempre. Tuve una experiencia musical cuando era muy joven, con 16, 17, 18 años, y, por tanto, me gusta mucho. Tengo muchos amigos que tienen grupos y estoy muy vinculado a todo ello. Hacer una sintonía personalizada siempre suena mucho mejor.

Ironías aparte, le agradecemos que reciba a elDiario.es. ¿Sabe que en su partido no son partidarios de responder preguntas de medios que no son de su mismo espectro ideológico? ¿Cree que el Partido Popular puede crecer sin dirigirse a quienes no están en su misma órbita?

Yo desde luego no soy el que toma esas decisiones. Respeto las decisiones que cada uno adopte en el ámbito de sus responsabilidades y que considere más oportunas. Pero hay medios y medios. Todos respetables, pero algunos tienen un nivel de hostilidad hacia el Partido Popular prácticamente enfermizo. Yo mismo he tenido algunas experiencias donde no he visto un punto de objetividad sobre cosas hechas razonablemente bien. No todo lo hacemos mal. Y, al final, eso lo hace también el Gobierno con otros medios. Los candidatos y los partidos tienen el derecho a seleccionar qué vía les interesa desde el punto de vista informativo y si consideran que la vía o el canal de información es más efectivo uno que otro, opta por uno.

Este es un canal muy efectivo para dirigirse a los andaluces y aquí estamos dos periodistas sin hostilidad que solo queremos preguntar. ¿Qué comparte, más allá de las siglas, con Alberto Núñez Feijóo?

Comparto amistad, que es lo más importante. Lo conozco desde hace más de una década. Vino aquí a apoyarme cuando yo era presidente del PP de Andalucía y en una circunstancia para mí muy complicada. Ha venido en numerosas ocasiones a presentarme. Es una persona muy comprometida, es amigo de sus amigos y es una persona a la que yo le tengo mucho afecto. Después, comparto con él la ambición de un país mejor, esa la compartimos. Creo, además, que él está en condiciones de hacer un país mejor porque es muy buen gestor y lo ha demostrado en sus distintas etapas. Es verdad que mucha gente dice que Alberto es más gestor que político. En la gestión es donde él puede llegar a desarrollar, por así decir, la plenitud de su experiencia. Y estoy convencido, no me voy a equivocar, de que cuando sea presidente del Gobierno de España será mucho más valorada su gestión porque va a tomar decisiones y será más responsable. España lo que necesita es gestión. Menos ruido, menos voces y más gestión.

Con Isabel Díaz Ayuso no comparte la misma amistad, supongo.

Bueno, con Isabel comparto también... La conozco desde muy jóvenes. Con ella coincido en muchas cosas. De joven me lo pasé muy bien con ella. He salido de cervezas por Madrid con ella. Es una mujer que se ha hecho a sí misma y eso tiene también su mérito en el sentido de que ha ido trabajando desde las bases, se ha ido abriendo un espacio, ha canalizado en gran medida el interés y la sintonía de los madrileños. Por eso tiene una mayoría social que la respalda. Tiene un valor.

La candidata del PSOE nos decía el otro día que usted es una versión blanda de Ayuso y que sus políticas son las mismas.

Eso tendrán que valorarlo los andaluces. Lo que creo es que nosotros militamos en un partido político que es liberal y que, como tal, no se nos pueden pedir políticas intervencionistas porque no nos gusta. Creemos en la empresa y en la libertad del individuo. Eso es así. Ahora bien, hay distintas maneras de interpretarlo. Quizá yo sea un liberal con más compromiso social o que la sociedad en la que yo vivo, que es la andaluza, tiene unas necesidades distintas a la madrileña. Madrid y Andalucía son distintas. Madrid tiene más renta. Madrid en una sola provincia concentra muchos recursos económicos, mucho poder político. Andalucía no es así, es heterogénea. Son dos realidades sociológicas distintas y, por tanto, dos maneras de gestionar esa realidad sociológica de modo distinto.

Y, además, usted no insulta, no descalifica y no busca el cuerpo a cuerpo. Quizá no tiene solo que ver con las necesidades sociológicas y sí con dos maneras de entender la política.

Es que yo creo que la confrontación, el insulto, y sobre todo la descalificación personal, no es positiva ni para el que la emite ni para la sociedad. A la sociedad no le ayudan a ese tipo de mensajes. No me gusta que se insulte. Puedo tener discrepancias absolutas con el señor Sánchez, y las tengo, pero no se me pasa por la cabeza, como hizo el otro día el señor Abascal, proferir una descalificación personal de esa naturaleza. Con eso se envilece la política, se descalifica y se deteriora la credibilidad. No quiero participar en ese juego.

¿Y cómo cree que hemos llegado aquí, a la permanente deshumanización del adversario político?

Bueno, se ha llegado por muchas razones. Porque la política, en términos generales, ha cambiado. Si vemos lo que sucede en países de Europa, vemos que ocurre algo muy parecido a lo de España, incluso en Estados Unidos. ¿Por qué? Por muchas razones, pero el ser humano es cada vez más individualista. Las redes sociales ejercen un poder y una influencia que a veces puede ser positiva, pero a veces es tremendamente negativa. Después del covid y de distintas crisis económicas, ha habido un aislamiento social, desafección, desencanto. La emergencia de los populismos.

Todo ese cóctel en el que está viviendo Occidente hace que estemos en uno de los momentos de mayor riesgo para las democracias liberales como las hemos conocido nosotros. A mí me sorprendió mucho lo que pasó en Corea del Sur, que es un país que tiene algunos años más de democracia que nosotros y que tuvo un intento de golpe de Estado. ¡Ojo! Porque esto que vemos tan natural de poder decir cada uno lo que queramos, de pensar lo que queramos, de vestir lo que queramos, de movernos con libertad, algunos lo cuestionan. Por eso tenemos que movernos [en la política] desde el respeto porque en el momento que perdamos eso, los populismos se hacen grandes.

¿Cómo calificaría las imágenes que hemos visto de la esposa del presidente del Gobierno siendo hostigada por Vito Quiles?

No me gusta ningún tipo de hostigamiento. Y también he visto hostigamiento de todo tipo aquí por parte de sectores de izquierda, por parte de agitadores de izquierda. A mí me han llamado asesino y cosas muy feas. Y por eso digo que ambas situaciones me parecen que no son para nada gratificantes, que no ayudan y que hay que sacar de la vida pública ese tipo de comportamientos. Al final, lo que tenemos que hacer es que cada uno pueda pedir la palabra y que los periodistas tengan derecho a presionar en el sentido de repreguntar. Y si la otra persona no quiere hablar o no quiere comunicar, hay que respetarla.

Podemos entrar en un largo debate sobre lo que es periodismo y lo que no lo es, pero no tenemos tiempo. Le diré que en mi opinión eso no es periodismo.

Se podría entrar, sí.

¿La sanidad pública es su talón de Aquiles?

No lo veo como mi talón de Aquiles. La sanidad pública puede ser mi gran oportunidad y ha sido mi gran oportunidad. Nosotros hemos hecho 100 infraestructuras sanitarias nuevas, introducido 30.000 profesionales sanitarios, estabilizado las plantillas en un 96%... Cuando llego a un centro de salud o a un hospital, después de mi experiencia de estos cuatro años, los profesionales sanitarios son supercordiales conmigo, supereducados y me agradecen el servicio.

Es más, después del debate de esta semana paré a tomar un café de camino a Málaga y había tres profesionales sanitarios que vinieron a saludarme y me dijeron: “Mira, presidente, hay cosas que mejorar, pero ni mucho menos estamos como estábamos en el pasado”. Ellos saben lo que estamos haciendo y una parte de la población también lo sabe. Y luego, si uno quiere hacer una campaña basada en la mentira, pues allá cada uno. Quizá el resultado que pueda obtener de ello sea doloroso porque la gente no es tonta. Decir que la sanidad es privada o que están en riesgo los servicios públicos en Andalucía es tan falso que hiere la inteligencia del andaluz. La señora Montero está asumiendo un riesgo muy elevado con esa estrategia de mentira, ya que puede taladrar el suelo del PSOE y eso, sin duda, le va a doler bastante a ella y a su partido.

Profesionales del hospital Virgen del Rocío decían que el principal problema en lo que respecta a los cribados del cáncer de mama fue la falta de recursos humanos. ¿Está usted de acuerdo?

No sé si los administrativos que tenían que trasladar la información fallaron. Es verdad que hemos tenido en algunas unidades administrativas falta de personal. Ahora mismo tenemos oposiciones pendientes, pero el problema fue de información, básicamente. Aquellas mujeres que tenían un diagnóstico, digamos, no claro o no concluyente tuvieron una falta de información. Y eso se detectó. Hacemos un millón de cribados en Andalucía y se producen errores, claro. Ahora, con el anterior gobierno y en el futuro, porque desgraciada y lamentablemente, a pesar de que ponemos todas las medidas, se producen errores. Nosotros lo que hicimos, en primer lugar, fue asumir el error, la responsabilidad política —que en España nadie lo hace y aquí fue renovada la cúpula entera del SAS— y atender a todas esas mujeres hasta el 30 de septiembre. Después, hemos hecho un plan de contratación de 500 profesionales con el que el sistema ha salido reforzado. Un problema y un drama lo hemos convertido en una oportunidad para evitar en un futuro que pueda ocurrir de nuevo el error.

¿Y por qué pese a todas las nuevas contrataciones, no estas a las que se ha referido ahora, Andalucía sigue liderando las listas de espera sanitarias?

No las lideramos nosotros, sino Aragón. Nosotros somos los cuartos, a pesar de una huelga que tenemos semanal del Sindicato Médico, y que cada día nos paraliza 50.000 actos médicos, entre ellos diagnósticos oncológicos. Llevamos casi un millón de actos médicos suspendidos. ¿De quién depende eso? De la ministra de Sanidad, que no se sienta con el Sindicato Médico y hay huelgas en toda España. El problema de la sanidad es un problema conjunto del país y por eso defendí un pacto de Estado, porque este problema que tenemos en Andalucía lo tienen todas las comunidades autónomas. La población ha envejecido muchísimo, la cartera de servicios se ha ampliado y nuestro sistema no está preparado.

¿Va usted a reformar el Servicio Andaluz de Salud? Dijo que era meterse “en líos”. ¿Está ahora en su horizonte?

Sí, lo voy a hacer porque yo siempre he pensado que metiendo más profesionales y más recursos iba a solucionar los problemas. Sin embargo, hemos metido 8.000 millones más y no se soluciona. Tenemos el sistema público de salud más grande que hay en España. Cuando yo me hice cargo de la Sanidad, después de la etapa Montero, éramos los últimos en inversión por habitante. Ahora estamos por encima de la media. Hemos hecho una inversión de 30.000 profesionales más. Pensaba que con eso se solucionaba, pero cuál ha sido mi sorpresa al comprobar que no solamente con dinero funciona. ¿Qué significa? Que el modelo organizativo no es eficiente y no funciona bien. Está diseñado en los años 80, cuando había 15.000 médicos en paro, la cartera de servicios era menor y la población de Andalucía era más joven.

Vamos a hacer una reforma en profundidad del modelo organizativo para digitalizarlo e introducir inteligencia artificial para hacerlo más transparente. Esto de lo que estamos hablando de la información [respecto a los cribados] es porque en el SAS hay compartimentos estancos que ni siquiera el director del hospital sabe la información. Eso no puede ser. Vamos a hacer una reforma con los profesionales, una reforma para hacer un modelo del siglo XXI.

El otro día un amigo me dijo que esto es como la segunda vuelta de Macron-Le Pen. Yo soy la única opción de gobierno. Si la única opción es solo o acompañado, una parte de Andalucía irá al voto útil

Volviendo brevemente a la crisis de los cribados. ¿Sabe finalmente cuántas mujeres se han visto afectadas y si alguna ha fallecido?

Lo que me traslada el SAS es que ninguna mujer ha fallecido. De las 2.317, ninguna mujer fallecida. No se puede establecer causa-efecto. Hay personas diagnosticadas y personas que evolucionan de una manera y otras personas que evolucionan de otra que es distinta. No hay una causa-efecto. Y no ha fallecido ninguna.

¿Dijo usted que fue un 1%, en torno a 23 mujeres las afectadas?

Eso es lo que dice la estadística. Todas esas mujeres fueron monitorizadas y fueron atendidas, y se les hizo la nueva prueba a todas ellas, tal como nos comprometimos.

Seguro que le han hecho esta pregunta mil veces, pero ya sabe lo pesados que somos los periodistas y los andaluces querrán una respuesta. Si no suma mayoría absoluta el domingo 17, ¿está dispuesto a meter a Vox en su gobierno?

Ahora no me lo planteo. ¿Por qué? Porque no me lo planteé tampoco en 2022. Creo que las cosas cuando uno las piensa, se consiguen y cuando uno piensa lo negativo, también le pesa. No quiero plantearme ese escenario. No me lo planteé en el año 22, cuando nadie creía que podíamos tener una mayoría y la tuvimos. Y no me lo voy a plantear ahora cuando estoy cerca de esa mayoría. Estoy convencido de que los andaluces van a dar una mayoría suficiente. Conozco mucha gente de centro-izquierda, porque tengo una rama de mi familia y muchos amigos que son de izquierdas, y sé positivamente que van a utilizar el voto útil. El otro día un amigo me dijo que esto es como la segunda vuelta de Macron-Le Pen. Me dijo: “Mira, yo no apoyaría a Macron, los franceses no apoyarían a Macron, pero antes que a Le Pen, apoyaron a Macron”. Pues aquí es igual. Yo soy la única opción de gobierno. Montero no tiene ninguna posibilidad y ninguna alternativa de gobierno en la que sume. Por tanto, si la única opción es solo o acompañado, una parte de Andalucía, que es bastante inteligente sea de centro-izquierda o de centro-derecha, irá al voto útil.

¿El PP está intentando rebajar la expectativa para que los suyos no se confíen?

No, somos realistas. Vamos a ganar estas elecciones, tal como dicen las propias encuestas y tal como yo lo veo en la calle. Y si seguimos en esta tendencia de aquí al 17 de mayo, lo normal es que ganemos en las ocho provincias andaluzas. Podemos sacarle al segundo partido un porcentaje muy importante. Pero el problema es que te falte uno. Si nosotros fuéramos Murcia, Madrid o Cantabria, las posibilidades serían de un 90%. Pero, al tener ocho provincias con ocho restos, con una ley tan caprichosa y donde se presentan 20 formaciones políticas aunque no saquen representación, van restando. Entonces ahora mismo tenemos cuatro diputados que están en el aire. Cuatro, incluso podría haber un quinto.

Si la izquierda no quiere que Vox tenga posibilidad de gobierno, lo razonable sería que si me quedo a un margen escaso, se abstuvieran. Pero mucho me temo que no sucederá

¿Qué dice la lógica? Que lo normal no es que los cinco se vengan con nosotros, ni que los cinco se vayan hacia el otro lado. Lo normal es que se repartan. ¿Entonces, hasta dónde va a llegar ese reparto? Ahí es donde está la duda. Nos podemos quedar en 54-53. Si sacara 52 diputados sería un pedazo de resultado. Si hace siete años y medio, me dicen: “usted firmaría por una reelección en 2026 con 52 diputados por encima del 40% de los votos y ganando en las ocho provincias”. Hubiera firmado sin dudarlo. Lo que pasa es que ahora vamos a por la matrícula de honor. Pero si somos realistas, por la experiencia sabemos que podemos ir a un resultado por encima de la absoluta o por debajo.

¿Pedirá la abstención de los partidos de izquierda si se queda a 2-3 escaños de esa mayoría absoluta o pactaría con Vox, como ya hizo en 2019?

Bueno, yo voy a intentarlo. Y, desde luego, si la izquierda no quiere que Vox tenga posibilidad de gobierno lo razonable sería que, si me quedo a un margen tan escaso, se abstuvieran. Eso sería lo lógico y lo razonable. Pero mucho me temo que no sucederá.

¿Y si suma mayoría absoluta está preparado para ir a Madrid y saltar a la arena nacional en el horizonte medio?

No, para nada. No es que no esté preparado, es que no se me pasa ni por la cabeza. Yo he estado 18 años viviendo en Madrid, he participado en la dirección nacional en distintas etapas de mi partido y mis hijos mayores han estado mucho tiempo allí. Yo volví a mis raíces. He vuelto a una tierra en la que me siento feliz, donde estoy con los míos y que me provoca muchos sentimientos aspiracionales. Estoy muy motivado con el cambio de Andalucía y estoy plenamente ilusionado. No volvería a Madrid.

Si Alberto Núñez Feijóo no cuaja en el 2027, ¿qué recambio tiene el Partido Popular?

Lo tendrán que decidir los militantes del Partido Popular. Pero eso no a pasar porque Alberto no va a pinchar.

¿La prioridad nacional traspasa los límites constitucionales?

La prioridad nacional es un eslogan efectista en términos electorales. Pero es una frase hueca porque las leyes orgánicas están por encima de cualquier otra cosa. Los Estatutos de Autonomía, la Constitución y la Ley de Extranjería marcan lo que son los principios rectores de cualquier acción de gobierno. Lo que pasa es que ellos necesitan literatura para su electorado, y es razonable. [Vox] está haciendo un ejercicio exclusivamente de fuegos artificiales. Primero, porque en la comunidad autónoma no tenemos competencia migratoria. Y segundo, porque es ridículo. ¿Acaso se va a dejar de atender a un extranjero en nuestro servicio público de salud? Eso no es que sea ilegal, es que incluso es amoral.

Ha dicho en una entrevista reciente que al PP no le va a pesar, en cuanto a votos, el tema de la corrupción y que desde que es presidente “no ha habido casos de corrupción en Andalucía”. ¿Qué es entonces lo del expresidente de la Diputación de Almería que va a declarar en el juzgado en los próximos días?

Si los jueces lo estiman así, será corrupción. Pero no es mi administración.

Pero sí un exdirigente de su partido.

Un partido que es el PP más grande de España y donde hay ocho provincias. Cuando se tiene tanto poder, pueden ocurrir casos de corrupción, evidentemente. Vamos a ver si realmente es así, pero cuando se verifique. Lo que nosotros hemos hecho ha sido de libro, no como otros que tardaron 16 meses en expulsar al señor Ábalos, que volvió a repetir como diputado en el Congreso. Nosotros hemos suspendido de militancia, hemos forzado la dimisión y hemos metido mucha presión, desde la imputación, para que en una semana hubiera un cambio en la Diputación y en uno de los ayuntamientos en el que estaba implicado. Renovamos todo. Y a partir de ahí ellos ya tienen su legítimo derecho a defenderse.

Ya que habla de Ábalos, en su alegato final ante el Supremo, Koldo García dijo que el abogado del PP le propuso defenderse mintiendo para evitar la cárcel.

¡Viniendo de Koldo! Puede contar... Ha cambiado de criterio, ha mentido, ha dicho que miente la Guardia Civil, que miente el juez, el fiscal... Está en una situación de desesperación absoluta frente a una previsible condena y, por tanto, se agarra a lo que sea.

Imagino que igual que Aldama. Ambos tienen la misma credibilidad.

Según los investigadores, no se les otorga la misma credibilidad. De hecho, por eso mismo se ha protegido a Aldama, porque ha sido el que más información ha dado y más ha colaborado con la Justicia. Por eso puede que tenga incluso menos condena que el resto. No tengo ninguna información, pero por lo que he leído, el señor Aldama parece que ha facilitado más información o información más verosímil. Dicho de otra manera, Koldo dice que es inocente, Ábalos dice que inocente, pero el señor Aldama dice que es culpable, que es corruptor. Entonces, cuando alguien asume su responsabilidad y empieza a colaborar con la justicia, está en otro estadio.

Cambiando de tercio, ¿cómo puede un presidente autonómico renunciar a 5.700 millones de euros más para su territorio con el argumento de que el nuevo modelo de financiación ha sido acordado con Esquerra Republicana?

Porque es mentira. La diferencia que tenemos con Cataluña aumenta todavía más. Esto es muy sencillo: cuando un modelo de financiación solo lo aprueba la comunidad beneficiaria, ni siquiera Castilla-La Mancha y Asturias que las gobierna el PSOE, es que el sistema no es equilibrado ni ponderado. Cuando la propia ministra introduce elementos de ordinalidad y después da pasos atrás, lo que está es en contra de unos principios fundamentales que hemos defendido en el Parlamento de Andalucía una mayoría de los andaluces. Las encuestas que han aparecido no se creen ni mucho menos ese modelo.

No conozco a ningún español o andaluz que crea que el señor Junqueras está impulsando un proyecto de financiación que beneficia a Andalucía. Siempre sale perdiendo. Lo vemos en las inversiones, en las infraestructuras, en todo. ¡Ya quisiera yo tener los Rodalies que conectan las cuatro provincias catalanas! Nosotros tenemos un millón más de habitantes, el doble de territorio y solo tres ciudades con Cercanías. Es más, no se ha hecho un centímetro de Cercanías en Andalucía. Por eso creo que le va a ir mal al PSOE en estas elecciones. Y lo digo así porque tratan a los andaluces como tontos. La gente sabe perfectamente que para que Sánchez se mantenga en el poder tiene que pactar. E, igual que cuando pacta el PP con Vox, tiene que ceder, pero en este caso que pacta con independentistas separatistas, tiene que privilegiar a su territorio.

El PP pacta con la ultraderecha y también cede. ¿Qué gana?

Es el único pacto posible. Es que no hay otra opción. Me refiero a que cuando los ciudadanos deciden que hay una mayoría, no hay alternativa posible. No hay gobierno alternativo porque con el PSOE no hay posibilidades de entenderse. Desgraciadamente, no estamos en la sociología alemana de la que estamos lejos todavía, pero algún día pudiera ocurrir. Ahora mismo no estamos en ese episodio. Entonces solo hay una opción y esa es la dinámica de los pactos. Ahora, quien decide son los ciudadanos. Por eso yo he dicho en la tribuna que el veredicto es de ellos. Todos los días explico a los ciudadanos los problemas que nos generaría un acuerdo con Vox, que no deseo en absoluto. Ahora son ellos los que tienen que valorarlo y decidirlo en las urnas.

¿De qué se siente más orgulloso, desde el punto de vista social, en estos cuatro últimos años al frente de la Junta?

En dependencia hemos hecho un importante trabajo. Hemos llegado a tener listas de espera en dependencia de 1.200 días en la etapa socialista y ahora estamos en 400, que es mucho. Exactamente, en 380. Es un esfuerzo brutal. Hemos tenido casi 300.000 más beneficiados de los que había antes. Se ha hecho un trabajo muy fino y duplicado el presupuesto. Hemos metido mucho más recursos humanos y, sobre todo, hemos dedicado mucha atención a las enfermedades raras.

Respecto a la vivienda, la Junta pone el límite de ingresos familiares para acceder a casas protegidas en los 59.000 euros. ¿Cree que esa es la realidad de las familias en Andalucía, con una media de ingresos de 30.000 euros?

Nosotros hemos hecho casi cuatro veces más viviendas de la que hizo la administración socialista, alrededor de 15.000 viviendas de protección. Somos la tercera comunidad en vivienda de protección oficial en España y ahora vamos a dar solución a 60.000 familias. Pero sí, vamos a modificar algunos de esos criterios, también en el ámbito fiscal porque las ayudas eran solamente para pisos en torno de los 150.000 euros, que son precios que ya no existen. Vamos a modificar tanto por arriba como por abajo para adaptarlo un poco a la realidad del mercado. Quizá necesite ajustes, pero se ha hecho mucho en esta materia. Pero al único sitio donde ha venido Pedro Sánchez a inaugurar viviendas ha sido a Andalucía porque es la comunidad que hace más casas de protección. Este problema en todo caso no se va a solucionar con ideología, ni de un lado ni de otro, sino con pragmatismo.

El precio de todos los ingredientes que tiene una vivienda es carísimo como consecuencia de la guerra de Irán, Ucrania... Tenemos un déficit de suelo de ordenación y de desarrollo urbano. Tenemos un país que no está superpoblado, con unas leyes hipergarantistas, con una burocracia horrible por una falta de suelo que no se puede utilizar. Nosotros en Andalucía estamos sembrando para que en muy poco tiempo multipliquemos por cinco el número de viviendas y yo creo que esa va a ser la solución: casar oferta y demanda. Y vuelvo a insistir lo del alquiler: en Madrid hay grandes tenedores, en Barcelona también los hay, pero aquí en Andalucía la mayoría que pone en alquiler una segunda vivienda son familias que han ido ahorrando y muchos de ellos no la alquilan por miedo a que se le ocupen, y eso hay que arreglarlo. ¿Y por qué tengo que echar un año y medio después, con lo lenta que es la justicia? ¿Es justo eso? ¿Y es motivante para que haya más pisos en alquiler? Evidentemente no. Eso falla y son cosas que hay que solventar, porque el problema va a seguir creciendo.

Aquí puedes ver la entrevista íntegra:

A la misma hora que el rey Felipe VI, pero justo una semana más tarde, el presidente de la Junta ha difundido a las 21.00 de este 31 de diciembre su tradicional mensaje de fin de año a los andaluces y andaluzas. También justo dentro de una semana hará de rey, de rey Baltasar, en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla. Presumiendo de su gestión durante la legislatura, repasando algunas cifras e iniciativas y recordando que en 2026 habrá elecciones autonómicas, Juan Manuel Moreno no solo ha emulado a Felipe VI con el horario pre cena sino que ha recogido unas palabras suyas de la Nochebuena porque le parecieron “muy acertadas”: “Las ideas propias nunca pueden ser dogmas; ni las ajenas, amenazas”.

En esa línea, las palabras “tolerancia”, “convivencia”, “moderación”, “estabilidad”, “serenidad” han sido centrales en su discurso, con un mensaje casi al final dirigido sobre todo a los jóvenes: “En estos tiempos de enfrentamiento y ruido, lo revolucionario es la tolerancia”. En esa línea, también en clave política, ha dicho que se niega “a que se etiquete a nadie por sus pensamientos o por la forma de vivir que ha elegido. La democracia se construye sobre la base del respeto al prójimo. Y para ello es necesario defender las ideas propias con elegancia y sin ofender”.

Este mensaje navideño ha sido el séptimo de Moreno desde que fuera investido en enero de 2019 como jefe del Gobierno andaluz y también ha sido el último de la actual XII legislatura. Por cuarto año consecutivo se ha emitido el 31 de diciembre (antes se hacía normalmente el día 30), si bien esta vez el horario ha cambiado y ha pasado del mediodía al momento del inicio de las cenas de Nochevieja en el que las familias o los amigos tradicionalmente se reúnen en torno a una mesa.

Málaga ha sido el escenario del mensaje en este final de 2025, en concreto desde la Delegación de Gobierno, en la Alameda Principal,. El Puerto de la Bahía de Algeciras, el mayor de España y el cuarto de Europa, fue el lugar elegido el año pasado por la Junta para el mensaje navideño del presidente de la Junta tras escoger Doñana en 2023, una cooperativa de aceite de oliva de Jaén en 2022, una taberna de Granada en 2021, un hospital de Sevilla en 2020 y la localidad onubense de Cumbres de Enmedio, la de menos habitantes de toda Andalucía, en 2019 en su primer discurso como máximo dirigente de la comunidad autónoma.

“El refuerzo de los cribados contra el cáncer”

El presidente ha tenido en primer término un cariño a su “pueblo”, Alhaurín el Grande, de luto por la pérdida reciente de cuatro vecinos, dos jóvenes en un incendio el jueves y otros dos vecinos víctimas del temporal. Moreno, como es habitual, ha repasado algunos cifras, asuntos y temas que han rodeado la actualidad andaluza en este año pero ha pasado muy de puntillas por lo que ha sido la mayor crisis desde que está al frente de la Junta, lo que él ha llamado esta noche “el refuerzo de los cribados contra el cáncer”, apenas unas horas después de que el Defensor del Pueblo Andaluz criticara en la SER la actitud de la Junta en ese sentido. La institución dirigida desde hace meses en funciones por Jesús Maeztu inició una investigación el pasado 16 de octubre pero dos meses más tarde el Gobierno de Moreno elude dar cuenta de la documentación requerida.

En el aspecto sanitario ha apuntado que “continuaremos poniendo en servicio nuevos centros sanitarios en las ocho provincias”. “Nunca se ha apostado tanto por la sanidad, aunque somos conscientes de que todo lo que se haga nunca será suficiente”. La Junta parte de un modelo sanitario, que viene de largo, en el que la red privada “complementa” a la pública, si bien la oposición le viene acusando de “privatizar progresivamente el sistema” dejando que la pública se deteriore poco a poco.

La presión social tras la crisis de los cribados disuadió al PP el pasado noviembre de usar su mayoría absoluta para tumbar un debate en el Parlamento, avalado por 60.000 firmas ciudadanas, que plantea “recuperar la calidad del sistema sanitario” y cuestiona la “estrategia de privatización” del sector. “Aquí, en Andalucía, la mayoría suficiente no es un obstáculo para escuchar al adversario y tener en cuenta sus propuestas, si son positivas. Me parece importante subrayarlo, porque es algo que ocurre en muy pocos lugares de España. Quizá por eso es por lo que algunos han denominado nuestra forma de hacer política como la ‘vía andaluza’”, ha dicho Moreno este miércoles.

“La estabilidad es un bien escaso en nuestro entorno”, ha insistido Moreno presumiendo de “un clima de serenidad política”. “Aquí no es necesario adelantar las elecciones. Podríamos haberlo hecho, pero por encima de cualquier ventaja frente al adversario, está el interés general de los andaluces. Para que haya estabilidad política puede bastar una mayoría suficiente. Pero si queremos que reine la convivencia hace falta algo más. Hace falta una actitud de escucha y diálogo entre todos. Y es lo que intentamos practicar desde el Gobierno”. En otro pasaje ha comentado que “en los tres últimos años y medio hemos aprobado nada menos que 30 leyes, dos de ellas a propuesta de partidos de la oposición, claro que sí”.

“El insulto se ha convertido en una estrategia”

Moreno ha dicho que “Andalucía ha sido una sorpresa para muchos que nos miraban con prejuicios. Hoy a Andalucía se le mira desde fuera con mucho más respeto que antes y hoy Andalucía, la tercera economía de España, se atreve a hablarle de tú a tú a cualquier región de Europa”. Entre otros datos ha comentado que lleva “55 meses seguidos bajando el paro interanual”, “batir el récord conocido de exportaciones y de inversión extranjera”, “contratar a más de 4.000 nuevos profesionales sanitarios y a casi 3.500 nuevos docentes, la gratuidad de las guarderías para niños de 2 a 3 años, el refuerzo de los cribados contra el cáncer o asfaltar más de 1.000 kilómetros de carreteras”.

El presidente andaluz, en la parte final del discurso, ha reconocido que se viven “tiempos difíciles”, de “polarización” y de “politización”. “Hay gente empeñada en establecer una línea, o un muro, que nos separe a todos. Que nos divida. Parece que hay que estar o a favor o en contra de todo. Sin que exista el punto medio. Cualquier debate se mira en clave política. Hasta la dieta y la música son objeto de polarización y politiqueo. Si comes carne, pescado o verduras eres de izquierdas o de derechas y si escuchas a una cantante o a otra, lo mismo. ¡Pero qué sinsentido es éste!”

Según ha comentado, “la libertad consiste en poder elegir lo que quieras, sin hacer daño a nadie y sin que te etiqueten o hasta te insulten por elegir libremente. El insulto, en política, es mucho más que una falta de educación y de respeto. El insulto se ha convertido en una estrategia para infundir miedo en la sociedad. Miedo a expresarse públicamente con libertad. De manera que hay una inmensa mayoría de personas que corren el riesgo de no opinar en público, de quedarse callados y no decir lo que piensan por el miedo a que los más intolerantes se burlen de su opinión”.

“No existen indicios de los delitos atribuidos” y “se ha tratado de una acusación infundada”. Lo dice la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que ha absuelto esta semana a 16 personas, entre ellos distintos funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía, por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. La jueza Mercedes Alaya, conocida sobre todo por ser la primera instructora del caso de los ERE, ordenó desde la Sección Séptima de la Audiencia reabrir la causa en el otoño de 2019, como ya hizo en 2016, al imputar al ex secretario general de Industria de la Junta Vicente Fernández Guerrero, hasta ahora acusado y por entonces presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Gobierno español presidido entonces en funciones por Pedro Sánchez. Fernández dimitió tres días más tarde, según anunció la entonces ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, hoy candidata socialista a la Junta.

A una de las juezas más conocidas del país, vieja amiga del magistrado en excedencia Juan Ignacio Zoido (decano de los jueces de Sevilla entre 1992 y 1996), luego alcalde de la capital hispalense y más tarde ministro del Interior, no le han salido especialmente bien algunas de sus decisiones más mediáticas quizás por su “nueva manera de ver las cosas”, como sugirió el propio fiscal del caso Aznalcóllar, afeándole que reabriera el caso hasta por dos veces cuando el juzgado instructor estaba viendo claro que ahí no había ni truco ni amaño por parte de personal técnico de alta cualificación. En la vista oral, los acusados alegaron derechos “vulnerados” y acusaron a Alaya de “extralimitación” en sus funciones. Sentencia en mano, si bien cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, se trata de un nuevo varapalo para la protagonista de instrucciones fallidas como los casos Mercasevilla (2014 y 2017), Formación (2016), Lopera (2018) o Fitonovo (2022).

La voz a las consecuencias del último episodio acusatorio fallido de Alaya la ha puesto este sábado Aurora Gomera, ingeniera de Montes y funcionaria del cuerpo superior de la Junta, una de esas personas ahora absueltas pero “tras diez años de calvario”, según ha contado emocionada en Hora 14 Andalucía de la Cadena SER. Al ser preguntada por qué creía que el caso había llegado a juicio pese a que la sentencia dice ahora que no había indicios y de que se había tratado de una “acusación infundada”, la funcionaria ha sido tajante: “Esa pregunta se le debería de hacer a la magistrada Mercedes Alaya, que es la que ha motivado que nosotros fuéramos a juicio oral después de que la jueza instructora y la Fiscalía consideraran que no existía ningún tipo de delito, ningún tipo de prueba que nos inculpara de todos los delitos que se nos imputaban” (...) Habíamos hecho nuestro trabajo y nos sentaron en un penal“. A su juicio, la sentencia ”pone de manifiesto la mala fe de todas y cada una de las personas responsables de habernos sentado en un banquillo injustamente y de haber mantenido una mentira durante diez años“.

La sentencia es extensa pero algunas de sus consideraciones son especialmente contundentes: la pretensión punitiva de las acusaciones “carece de la menor consistencia, de lo que se deduce que no podían dejar de tener conocimiento de la injusticia y sinrazón de su posición, máxime tras el desarrollo del juicio, en el que ha resultado claramente desvirtuada la posible apreciación de delito en la actuación de los acusados en relación con los que han sido objeto de inculpación, algunos de ellos carente de total sustento fáctico y probatorio (negociaciones prohibidas, fraude, prevaricación ambiental), siendo incluso la acusación inicialmente establecida en las conclusiones provisionales de una mayor gravedad (cohecho, administración desleal), sin unos mínimos parámetros de racionalidad en la valoración de la amplia investigación realizada y que tuvo un resultado que no permitía en absoluto dicha calificación penal”.

“Teorías sobre conspiración y tramas delictivas”

Este ha sido el final, en primera instancia, del denominado caso Aznalcóllar. El caso ERE impulsado por Alaya es el más conocido a nivel nacional, pero no ha sido el único mediático. El ya mencionado Juan Ignacio Zoido presentó en abril de 2009 una denuncia contra el entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y el teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), a la sazón presidente y vicepresidente de Mercasevilla. El caso recayó en el Juzgado de Intrucción número 6, dirigido entonces por Mercedes Alaya. Se empezaba a fraguar el caso de los ERE, que se alarga desde hace más de 15 años y que, aunque amortizado, como presume el PP, sigue vivo: después de que en julio de 2024 el Constitucional anulara la condena de cárcel de Griñán y rebajara la inhabilitación de Chaves, y el caso se quedara sin trama política aunque con decenas de juicios pendientes por ayudas fraudulentas, la Audiencia de Sevilla llevó el pasado mes de julio a la Justicia europea las sentencias del Constitucional.

Pero volvamos a 2009. Alaya empezó entonces a tirar del hilo de la controvertida gestión de la lonja sevillana al advertir que en los expedientes de regulación de empleo de 2003 y 2007 había 'intrusos', es decir, personas que aparecían en los ERE pero que nunca habían trabajado para las mismas. Alaya imputó en el 'caso Mercasevilla' a Rodrigo Torrijos en abril de 2011 por la venta de los suelos del mercado de abastos, apenas mes y medio antes de las elecciones municipales, que ganó Zoido por mayoría absoluta. Años después, en 2017, Torrijos fue absuelto en aquel caso y tanto el CGPJ como el Consejo de Estado han puesto en duda aquella instrucción judicial de Alaya. En este mismo caso, el exdelegado provincial de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas resultó finalmente absuelto por el Tribunal Supremo en 2014 pese a haber sido condenado en 2012.

También podemos recordar el 'caso Fitonovo', instruido por Alaya. En noviembre de 2022, la Fiscalía retiró los cargos contra los exdirigentes de IU en Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, que finalmente fueron luego absueltos. La sentencia condenó a penas de entre dos y nueve meses de cárcel a diez de los diecisiete acusados, entre ellos concejales, funcionarios y empresarios, y absolvió a las formaciones políticas PSOE e IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía como partícipes a título lucrativo.

La absolución del expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera en marzo de 2018 de apropiación indebida y administración desleal también fue un caso mediático que, desde el punto de vista penal, quedó en nada después de años de procedimiento judicial.

A comienzos de 2017, un contundente auto judicial de la jueza María Núñez Bolaños confirmó el archivo de la denominada pieza 'política' de los cursos de formación en Andalucía. Rechazó, como era de esperar, el recurso de reforma planteado por el PP andaluz pero lo hacía cargando contra su antecesora, Mercedes Alaya, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por “iniciar causas penales desde la interpretación de informes” a partir de los cuales “elaborar teorías sobre conspiración y tramas delictivas, como la sostenida en esta causa, viene siendo avalada también por el PP-A”. La causa había sido archivada el 11 de octubre de 2016 siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Aquello fue la crónica de un carpetazo anunciado, mientras con el caso Aznalcóllar se ha llegado al fin de un proceso y de una absolución anunciada.

El 'efecto ERE'

Alaya también protagonizó el llamado 'efecto ERE', salpicado de decisiones suyas en momentos muy puntuales, principalmente ante las autonómicas de marzo de 2012 (ganadas por el PP de Javier Arenas, si bien PSOE e IU hicieron coalición haciendo presidente a Griñán) y en la campaña electoral de las municipales 2011, con el foco en la política sevillana, de las que salió vencedor el ya citado Juan Ignacio Zoido. En su penúltimo caso mediático, en la primavera de 2023, sí que decidió aplazar hasta después de las elecciones municipales el juicio por el gasto de dinero público en prostíbulos por parte del exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén, condenado luego a seis años de cárcel.

Mercedes Alaya, en cualquier caso, fue la auténtica pesadilla para la Junta durante sus cuatro años de instrucción de los ERE y el PSOE siempre ha considerado que la instrucción que llevó a cabo la jueza en la causa supuso una injerencia en la vida política andaluza. De hecho, ni cinco minutos, literalmente, le duró el estreno de presidenta a Susana Díaz cuando el 10 de septiembre de 2013, durante la toma de posesión de su nuevo equipo, el PP andaluz filtraba el auto de Alaya que pedía la imputación de Chaves y Griñán, sus predecesores y padrinos políticos (aunque luego fue anulada por la Audiencia). A Alaya le sustituyó al frente del juzgado de los ERE María Núñez Bolaños, amiga del exconsejero andaluz Emilio de Llera, fiscal en excedencia. Pero la ‘pata política’ del caso, la más jugosa o la más difícil de gestionar, según se mire, le tocó rematarla a Álvaro Martín, quien abrió en noviembre de 2016 el juicio oral contra los máximos responsables de la Junta.

Aquella bomba de Alaya al aguar la fiesta de estreno del Gobierno de Díaz vino a ratificar de algún modo las coincidencias temporales entre sus decisiones y autos con determinadas actividades de la Junta desde que estallara el caso, allá por 2011, campañas electorales incluidas. “Nada ni nadie va a condicionar la agenda del PSOE. Nada ni nadie”, dijo el todavía presidente Griñán apenas un par de meses antes de ser 'preimputado', aquel terminó acuñado en los medios tras la decisión de Alaya de meterle en el charco de los ERE, principalmente como consejero de Hacienda. Pero la agenda sí fue condicionada, tanto como para hacer caer a dos expresidentes del PSOE y de la Junta. Griñán renunció a la Presidencia de la Junta en julio de 2013 para que “ningún escándalo salpique a la Junta y a Andalucía”, reconociendo definitivamente el desgaste sufrido.

El desencuentro institucional a finales de agosto entre los gobiernos vasco y andaluz a cuenta de la derivación de menores extranjeros procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla ha tenido este lunes un punto de inflexión a mitad de camino, en la Oficina de la Junta de Andalucía en Madrid, entre la consejera andaluza de Inclusión Social, Loles López, y su homóloga en Euskadi, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa. Ambas dirigentes han querido aparcar las diferencias expuestas públicamente por el presidente de la Junta y el lehendakari respecto a los menores que serán reubicados paulatinamente, y en un plazo máximo de un año, en otras comunidades, y han apostado por solicitar al Gobierno de España, al unísono, un “plan estructural” en la materia.

Después de más de un año de negociaciones baldías entre Moncloa y el PP, y una vez que el Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros un Real Decreto que detallaba finalmente la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas, el Gobierno andaluz recurrió al “agravio” para recordar que es “frontera sur de Europa” y que se sitúa “a 14 kilómetros del continente africano”. “¿Cuántas pateras llegan a Euskadi?”, ironizó el presidente de Andalucía, que se quejó públicamente de que en el reparto de menores Euskadi quedara fuera por acoger ya más menores de los que le corresponden. La cuestión hizo saltar al mismo lehendakari, Imanol Pradales, quien criticó a Moreno por hacer “ruido” con ello y desvelando que incluso le había telefoneado para trata de aclarar el asunto.

Ese “ruido” ha quedado este lunes en el olvido para, a cambio, centrarse en otro 'enemigo'. “Nuestra discrepancia en materia migratoria no es con el País Vasco, sino con el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha decidido imponer un reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla que asigna cero menores para el País Vasco y Cataluña y casi 700 para Andalucía”, ha zanjado Loles López a través de un comunicado.

Melgosa lo ha dicho de manera más suave: “Lo que creo que pedimos las dos comunidades autónomas es que al referente de la materia, sobre todo al Estado español, que tiene esas competencias propias en materia política migratoria, que haga sus deberes”, defendiendo al tiempo que Euskadi “es la frontera norte” de España y siendo comprensiva con la petición de su homóloga, pues “también Andalucía como frontera sur también reclama sus características”. El plan estructural migratorio propuesto “no solamente tiene que hablar de niños y niñas y referentes familiares, sino que tiene que hablar de todas las políticas migratorias”, ha añadido.

Es de recordar que el Ministerio de Juventud e Infancia declaró el pasado 29 de agosto la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla tras la petición de estos tres territorios. Al sistema de reubicación se oponen diez comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, gestionada por el PSOE, que han recurrido la reforma de la ley de extranjería ante el Tribunal Constitucional.

López ha subrayado que en la reunión “hemos aclarado cuestiones de gran importancia, entre ellas que ”en ningún momento el lehendakari, Imanol Pradales, ha señalado que se estuvieran enviando al País Vasco menores migrantes no acompañados tutelados por la Junta, y mucho menos que el Gobierno andaluz estuviese detrás de la organización de dichos traslados, como pretenden señalar terceras personas, entre ellas la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero“. ”Es cierto que el País Vasco sufre un flujo migratorio que proviene desde Andalucía“, ha reconocido López, para señalar que ”no podemos olvidar que somos frontera sur y tenemos una situación geográfica sensible, con casi 900 kilómetros de costa a 14 kilómetros del continente africano“.

“Hemos aclarado cuestiones de gran importancia, entre ellas que ”en ningún momento el lehendakari, Imanol Pradales, ha señalado que se estuvieran enviando al País Vasco menores migrantes no acompañados tutelados por la Junta, y mucho menos que el Gobierno andaluz estuviese detrás de la organización de dichos traslados, como pretenden señalar terceras personas, entre ellas la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero“, ha criticado López.

El Gobierno ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España. Así las cifras, la capacidad ordinaria de acogida es de 2.827 plazas en Andalucía, 2.650 en Catalunya y 2.325 en la Comunidad de Madrid, las tres regiones con mayor capacidad ordinaria que, junto al dato de cuántos menores acoge ya cada autonomía (645 en Andalucía, que estarían ya al cien por cien), es la cifra clave para fijar el cómputo de los traslados, que se calculará teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad.

“Seguiremos reclamando al Gobierno de España que reconozca Andalucía como Frontera Sur, del mismo modo que es lícito que el País Vasco solicite este reconocimiento al Ejecutivo de Pedro Sánchez, acorde con su situación geográfica”, ha apuntado en esa línea la consejera López.

Apenas dos semanas después de que el Servicio Andaluz de Salud haya conseguido en pleno mes de agosto el aval definitivo a la adjudicación del acuerdo marco de procedimientos quirúrgicos para volver al concierto público con la sanidad privada, tras cinco años prorrogando contratos a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, la cuestión sanitaria vuelve a escena con la apertura del curso político andaluz pero esta vez de la mano de la sociedad civil. En concreto de una Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, a la que acompañan los cuatro sindicatos más representativos en el sector y los partidos de izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía), para tratar de que se apruebe una ley en contra del modelo sanitario que abandera Juan Manuel Moreno, cuya mayoría absoluta hace más que improbable que salga adelante en el Parlamento autonómico esa propuesta “para recuperar la calidad del sistema sanitario público”.

Son más de 57.000 firmas ciudadanas las que al menos van a conseguir llevar a la Cámara andaluza unas cuestiones que han sido apartadas del debate parlamentario pese a los repetidos intentos de los partidos de la oposición y que se han centrado en el aumento de plantilla sanitaria con empleo estable, la reducción de las listas de espera y el blindaje del sistema sanitario público andaluz frente a su “privatización”, contra la que han clamado “unas 5.000 personas” este mismo martes durante el registro de la Proposición de Ley elaborada por las Mareas, que vienen acusando a Moreno y a la Consejería de Salud desde plataformas territoriales de alentar “una sanidad para ricos”.

La cuestión la ha ido sorteando el Gobierno del PP desde hace tiempo. Por ejemplo, hace casi un año, en octubre, las fuerzas de izquierdas y Vox respaldaron una iniciativa del PSOE para reforzar el control interno del gasto en el SAS tras la apertura de la investigación judicial por los contratos de emergencia postcovid. Pero la medida se estrellaba contra la mayoría absoluta de Moreno. En un debate más general, en noviembre, pero también con el mismo trasfondo sanitario, la mayoría absoluta del PP y el apoyo de Vox tumbaron las enmiendas a la totalidad de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, aliados ahora con Mareas Blancas y sindicatos, contra el proyecto de presupuestos andaluces para 2025.

Esos tres grupos, al hilo también de lo que venían reivindicando los mismos sindicatos con representación en la mesa sectorial de la sanidad, denunciaron ya por entonces el “colapso” de la atención primaria, las abultadas listas de espera para operarse, los informes “desfavorables” de la Intervención General que han cuestionado a contratación a dedo con clínicas privadas y, sobre todo, una causa judicial abierta contra el Gobierno andaluz por un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación a dedo de casi 300 millones de euros a empresas privadas amparándose en el marco legal excepcional de la pandemia ya derogado.

La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, que aquel mismo noviembre logró reunir a miles de andaluces para denunciar en las calles que la sanidad pública “se ha convertido en un negocio” bajo el actual Gobierno andaluz, retoma ahora el pulso reivindicativo después de que la vía judicial fracasara cuando las fiscalías de las ocho provincias andaluzas acordaran el archivo de sus denuncias por el “colapso” de las listas de espera sanitaria.

Ahora, sindicatos y colectivos en defensa de la sanidad pública lanzan, como han dicho este martes, “un grito de auxilio ante una situación insostenible” y contra la “estrategia deliberada” de la Junta de “debilitar lo público para justificar la progresiva privatización de la sanidad pública andaluza”, señalan. Para la Junta, “el presupuesto sanitario se ha incrementado un 55% y alcanza los 15.249 millones de euros”, argumentado el consejero Antonio Sanz, quien reconoció este mismo martes que “siempre” hay cosas que mejorar y que es “lógico” que el ciudadano que se pueda ver afectado “nos reclame agilidad”.

La Proposición de Ley de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, que viene acusando a Moreno y a la Consejería de Salud de alentar “una sanidad para ricos”, ya fue admitida a trámite por la Mesa del Parlamento. Será la segunda ILP que se debata en el Parlamento en esta legislatura. En diciembre de 2022, el Parlamento, de acuerdo a la mayoría de votos del grupo popular, rechazó la iniciativa impulsada por 30 colectivos de la comunidad educativa para modificar la Ley de Educación de Andalucía con el objetivo de reducir el número máximo de alumnos por aula.

El Gobierno andaluz sustituyó la contratación ordinaria en abierto por los contratos de emergencia (a dedo) en la primavera de 2020, cuando la pandemia de coronavirus desencadenó una crisis sanitaria sin precedentes que desbordó la capacidad de respuesta asistencial del sistema público. En ese sentido, un juzgado de Sevilla investiga la adjudicación a dedo de cientos de contratos de emergencia a la sanidad privada entre 2020 y 2024 por más de 234 millones de euros.

La Junta tiene enfrente a una multitud de profesionales y el arco completo de fuerzas de izquierdas que contabiliza los contratos masivos de la administración del SAS con la sanidad privada y el aumento de seguros privados en Andalucía que, como consecuencia de las listas de espera de pacientes para operarse, se han disparado hasta los dos millones.

Hace un año, el Gobierno de España y el de Canarias trataban de consensuar con el resto de autonomías una reforma en la Ley de Extranjería que permitiera derivar a menores de edad llegados en patera a las islas hacia otros puntos del país. Ya por entonces, la Junta de Andalucía esgrimía su “singularidad” como una de las puertas de entrada de la frontera sur de España y de Europa a la hora de no ver con demasiados buenos ojos esas hipotéticas reubicaciones en su territorio. Una comunidad ya “de riesgo” en ese sentido, argumentaban los de Moreno, junto a las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, y de las propias Canarias, al estar solo a unos kilómetros de las costas africanas

Después de más de un año de negociaciones baldías entre Moncloa y el PP, y una vez que ahora el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros un Real Decreto que detalla finalmente la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas para ello, es decir, el número de menores migrantes no acompañados que pueden acoger, el Gobierno andaluz y el propio presidente Moreno han sacado la misma bandera pero esta vez sumando el recurrente “agravio”: que Andalucía es “frontera sur de Europa”, que se sitúa “a 14 kilómetros del continente africano”, pero que al País Vasco se le considera 'frontera' y no así a la comunidad andaluza.

El Gobierno ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España. Así las cifras, la capacidad ordinaria de acogida es de 2.827 plazas en Andalucía, 2.650 en Catalunya y 2.325 en la Comunidad de Madrid, las tres regiones con mayor capacidad ordinaria que, junto al dato de cuántos menores acoge ya cada autonomía (645 en Andalucía, que estarían ya al cien por cien), es la cifra clave para fijar el cómputo de los traslados, que se calculará teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad.

En julio, el Gobierno hizo un cálculo de máximos sobre cuántos menores tendrían que acoger las comunidades, que serían 677 en el caso de Andalucía, esto es, doblar la cifra actual, con 8,8 millones de euros de financiación en ese sentido. La llegada de menores migrantes a las costas andaluzas obligó a la Junta en 2017 y 2018 a ampliar el sistema de acogimiento con plazas de emergencia. El número de menores migrantes que están acogidos en Euskadi ronda los 900. “Ya hemos hecho nuestro trabajo y ahora le toca a otras comunidades autónomas hacer esa acogida que ya Euskadi estaba haciendo”, dijo el Gobierno vasco el pasado mes de julio.

Ya “por encima del 95%”

Ni Euskadi ni Catalunya tendrían que acoger a ningún joven de estas derivaciones, aunque Catalunya anunció su intención de atender como mínimo a 31, como en anteriores campañas de acogida. Moreno ha resumido que “no puede haber privilegios en el reparto de menores migrantes”, que el Gobierno prevé comenzar a partir de este mismo jueves 28 de agosto. En su opinión, ese 'efecto frontera' (“frontera norte” en concreto en Euskadi) tiene “ventajas en términos económicos” mientras que en Andalucía “vemos en nuestras playas llegar las pateras” y no se le ha reconocido como “frontera sur” como Canarias o las ciudades autónomas.

El presidente de la Junta pidió este martes desde Archidona que los recursos que contemple el Gobierno para las comunidades autónomas estén “equilibrados” y sean “equitativos”, señalando que “no tiene sentido que Andalucía”, cuyas capacidades de acogida están “por encima del 95%, reciba un número de menores no acompañados” que oscile “de 600 a 800, sin que antes haya habido un acuerdo previo”, o “una planificación”, y sin que haya los “recursos necesarios”.

Moreno ha reclamado “respeto a Andalucía y a la igualdad entre todos” los españoles, y ha señalado que le parece “bien” si al País Vasco se le quiere reconocer el “efecto frontera” pero “no se puede hacer a costa de Andalucía una vez más” porque “ya son muchas” las decisiones que se van viendo “de este tipo que afectan y perjudican al conjunto de nuestra comunidad autónoma”.

También “agravio” con la dependencia

Y es que el pasado mes de junio, la mayoría absoluta del PP sacó adelante una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento autonómico para rechazar al “agravio” del Gobierno de España pero en esa ocasión por la financiación del sistema de la dependencia que viene capitaneando dese hace semanas, al igual que con el tema de los menores migrantes, la consejera de Inclusión Social, Loles López, a cuenta del acuerdo Gobierno-País Vasco rubricado el pasado 10 de abril en la Comisión Mixta del Concierto Económico por parte de la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

Pero la foto fija de la dependencia, a día de hoy, muestra que Andalucía es la comunidad más financiada de España y País Vasco la que menos, como ya informó este periódico. En los datos cerrados de 2023, Euskadi recibió un 16,05% mientras que Andalucía fue la que más porcentaje percibió, con un 37,74%, con una financiación casi 10 puntos por encima de la media nacional. Durante los dos años (2012-2014) en que el ahora presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, fue secretario de Estado de los Servicios Sociales en España, la asignación a Andalucía decreció del 25% al 22%.

En sus últimas declaraciones al respecto del tema de los menores migrantes, durante una entrevista con Europa Press a mediados de agosto, López dijo que “lo que está haciendo el Gobierno de España con la migración, de la que no quiere saber nada y sobre la que no aplica sus competencias, es un hecho xenófobo”. “Vemos cómo reparte niños como mercancía en función de sus intereses”, apostilló la consejera.

Recurso al Constitucional

Asimismo, y en relación con el reparto de menores, el Consejo de Gobierno de la Junta autorizó en junio a su gabinete jurídico de la Junta de Andalucía para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, que ha tenido como continuación el decreto aprobado este martes y que ha introducido por primera vez un mecanismo de distribución obligatoria ante las reticencias, principalmente, de los gobiernos autonómicos del PP.

“El objetivo de Andalucía es garantizar una atención digna y de calidad a los menores, tanto a los que se van a trasladar como a los que ya forman parte del sistema de protección andaluz y evitar que se vean afectados por decisiones impuestas que no van acompañadas de recursos”, argumentó hace un par de meses el Gobierno de Moreno. La Junta de Andalucía considera que aquel texto aprobado extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores y vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al “imponer criterios de reparto no equitativos”.

Por otro lado, el Gobierno andaluz cuestionó la suficiencia financiera del mecanismo propuesto para compensar a las comunidades autónomas por los costes de la sobreocupación por menores extranjeros no acompañados al establecer la creación del fondo, pero no su regulación, provocando una situación de “inseguridad jurídica contraria a lo establecido por la Constitución Española”.

Cuando 2024 expiraba en Sevilla murió un senegalés de 43 años que vendía camisetas de fútbol en la céntrica Avenida de la Constitución. Unos policías le persiguieron, como a otros compañeros, para denunciarles formalmente por su ilícita actividad de venta ambulante. Mamouth corrió más de un kilómetro, llegó huyendo hasta el río Guadalquivir, cercado por varios agentes y, presa del nerviosismo por su situación personal y un antecedente judicial, cayó al agua.

Hasta ahí unos hechos que nadie ha puesto en duda. Pero su muerte ha sido evaluada por varios tribunales con distintas concllusiones. Mamouth murió ahogado en el río pero, a ojos de jueces distintos, la causa de su muerte varía significativamente.

“La causa decisiva y eficiente de la caída al río y el posterior ahogamiento de Mamouth no está en la actuación de los agentes sino en la conducta de aquel”, ha sentenciado la Audiencia de Sevilla en un auto, archivando definitivamente la denuncia de sus familiares. Apenas tres meses antes, un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dejó escrito otro relato de los hechos: “una actuación de la Policía Local sin la que no se habría producido el trágico suceso”.

La muerte de Mamouth llegó hasta el Alto Tribunal de forma colateral. Los jueces no revisaron la actuación policial, sino una denuncia de la Fiscalía Superior contra un parlamentario, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, denunciado por un delito de injurias a la Policía, tras criticar duramente la actuación de los agentes que persiguieron al mantero senegalés.

El TSJA avaló la libertad de expresión del diputado y desestimó los argumentos del fiscal, que acusaba a García de haberse “extralimitado” en su censura contra los agentes. Pero, de paso, el juez ponente, Miguel Pasquau, hizo un relato muy crítico de los hechos y recordó que Mamouth, como otros manteros inmigrantes antes que él, falleció como consecuencia de una intervención policial, en un contexto social donde el extranjero sin papeles se encuentra en una situación muy vulnerable.

Para la Audiencia, la actuación de los agentes aquella tarde fue “adecuada, prudente y diligente”, descartando “indicio alguno” de la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente por parte de los agentes como le achacaba la representación legal de la familia de Mamouth.

Para el TSJA, que no entró en el fondo del asunto y defendió igualmente la función policial, dando por válido el sobreseimiento que el juzgado había dado ya al caso, la persecución policial fue una condición sine qua non en la muerte del senegalés. Así lo expresó, de soslayo, al valorar las críticas a la Policía por la que fue denunciado el portavoz de Adelante Andalucía: se trata de “un legítimo, aunque a su vez criticable, ejercicio de la libertad de expresión por un diputado dando voz a una reivindicación de carácter político y protestando por una actuación de la policía local sin la que no se habría producido el trágico suceso”, decía textualmente aquel auto.

Los jueces del TSJA también defendieron que la expresión “violencia policial” “no puede considerarse injuria” porque “entra dentro del debate político” -“la función policial comporta violencia y represión (legítimas)”, subrayaron-; y recuerdaorn antecedentes similares a la muerte del mantero senegalés en Sevilla, como los casos de Mbolo Moye Doole (Bilbao) o Mame Mbayé (Lavapiés, en Madrid), que también fallecieron perseguidos por la Policía.

Una “ola reaccionaria”

El diputado que motivó aquella resolución del TSJA, José Ignacio García, comenta a este periódico, una vez publicada la noticia del archivo definitivo, que Mamouth “falleció haciendo su trabajo, que era vendedor ambulante, y falleció en el marco de una actuación policial”. “Lo importante es que un caso de racismo institucional, violencia policial y represión va a quedar impune y, con este archivo, se le va a lanzar un mensaje muy peligroso a la Policía, que es el mensaje de la impunidad, de que pueden hacer cualquier cosa”.

“Decir que la propia víctima es culpable de lo que pasó va contra el sentido común, pero también va contra lo que decía el TSJA en el archivo de la querella contra mí, donde venía a decir que sin la persecución por parte de la Policía no habría fallecido Mamouth, lo cual es algo de sentido común, es evidente”, señala en declaraciones a este medio.

“Esto no es un caso puntual. Y esto ahonda más en esta ola reaccionaria en la que a la Policía se le da total impunidad y acaban personas migrantes muertas. Una ola reaccionaria que inunda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también a los jueces. Y también lo relaciono con la persecución de la protesta, con la persecución de la lucha social, y se enmarca también en la querella que me pusieron, que por suerte y por sentido común quedó archivada con un auto que yo creo que es bastante contradictorio con lo que parece ser que han dicho los jueces de la Audiencia de Sevilla ahora”, apunta García.

“Responsabilidad política evidente”

Por otra parte, fuentes del Área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (APDHA) en Sevilla lamentan y no comparten la decisión judicial adelantada por este periódico, la cual les parece “una muestra más del racismo institucional que existe en nuestro país”. “Hay que cuestionarse la subjetividad nacional, racial y cultural de los jueces y juezas a la hora de valorar hechos como los acaecidos en Sevilla. En este sentido, hay que señalar que el juez que decide sobre la muerte de Mamouth es español, blanco, pertenece a una determinada clase social y, además, forma parte de una corporación profesional privilegiada en el Estado español, aspectos que le hacen más cercano a los agentes de policía que persiguieron a Mamouth que al propio Mamouth”.

Según trasladan a este medio desde la APDHA, “el juez, a pesar de no ver ninguna responsabilidad por parte de los agentes, no se ha pronunciado ni ha cuestionado tampoco la orientación de este tipo de actuaciones policiales, que son claramente discriminatorias”. “El hecho de que no haya responsabilidad penal declarada por los jueces no puede suponer que este caso quede en el olvido y que se sigan desarrollando prácticas similares contra los manteros”.

“Porque más allá de la responsabilidad penal de los agentes cuyo proceder cuestionamos, creemos que sigue existiendo una responsabilidad política evidente por parte de quienes han ordenado tanto esta actuación concreta como otras similares, que suponen la criminalización de un colectivo vulnerable que intenta ganarse la vida como buenamente puede en nuestra ciudad. Porque solo la amenaza de prisión y sanciones y el hostigamiento policial que sufren los manteros explican que Mamouth se lanzase al río”, apuntan.

La APDHA considera “significativo que Mamouth muriera, perseguido por agentes de la Policía Local en el mismo lugar que siglos atrás era el foco de negocio de los esclavos en Andalucía. Deberíamos, cuanto menos, pararnos a pensar si a pesar del paso del tiempo aún seguimos consintiendo formas de discriminación que condenan a miles de personas a nuevas formas de exclusión e incluso de esclavitud”.

Cesado el hasta ahora director-gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, José Luis Prieto, tras dos años y medio en el cargo. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López, firmaba este jueves una Orden por la cual designa a su viceconsejero y mano derecha, José Repiso, “para ejercer la suplencia de la persona titular de la Dirección-Gerencia” en una agencia pública que arrastra más días de espera que en ningún otra parte del país y casi más bajas que altas con el nuevo modelo que la Junta implantó en marzo de 2024.

Prieto, de 71 años, fue nombrado en enero de 2023 tras más de 32 años de carrera vinculada al sistema público y a la atención de personas mayores y ha cesado “por temas personales”, según fuentes oficiales de la Consejería. Su salida ha trascendido formalmente en un BOJA complementario este mismo jueves, donde se nombra a Repiso como suplente al frente de la agencia “por vacante de la persona titular”. Las mismas fuentes desconocen si se nombrará a otra persona como director-gerente en próximas fechas.

Repiso, que fue nombrado viceconsejero hace justo tres años (el 2 de agosto de 2022) tras haber desarrollado la mayor parte de su trayectoria laboral en proyectos de atención social como educador social, anteriormente había sido director general de Cuidados Sociosanitarios, siendo responsable de las residencias de mayores y otros centros durante la pandemia de Covid-19, además de dirigir las áreas de adicciones y salud mental.

Tensiones internas

La noticia no ha cogido por sorpresa en el seno de la agencia y varias fuentes consultadas por este periódico aluden a otras razones para la sustitución de Prieto. “Hace meses que se sabe que había muy mala relación y desde la Consejería se le ha hecho bastante el vacío”, comenta una trabajadora a este periódico. “La semana pasada hubo una reunión con todos los jefes de servicio por el Plan de Choque. No apareció ni nadie dio explicaciones”, apunta otra empleada en la agencia acerca de su ausencia en aquel encuentro.

“No sabemos si ha sido cese o dimisión”, reconoce un trabajador. “La verdad es que últimamente había tomado las riendas el viceconsejero y las malas lenguas comentan que había conflicto entre viceconsejero y gerente”, apunta la misma fuente, incluso con órdenes contradictorias entre ambos dirigentes en los meses precedentes. “Tenían muchos conflictos entre ellos”, añade una empleada, que alude a una reunión convocada en la tarde del miércoles a todos los jefes de servicio de la agencia para comunicar el cese.

Ya desde hacía tiempo, aproximadamente hace un año, antes del verano, Prieto “empezó a dejar de tener mando” y no dirigía las negociaciones con los empleados de la agencia, que se han mostrado bastante beligerantes por su situación laboral en este sector, señala una de las trabajadoras consultadas, que alude incluso a una “luchas de egos” entre Prieto y Repiso, si bien “desde la Consejería han negado en todo los conflictos internos”. “Pero lo cierto es que, desde entonces, él ya no acudió más a reuniones a nivel laboral, sindical y con colegios profesionales, y las decisiones las fueron tomando desde la Consejería aunque dijeran que trabajaban mano a mano”.

De hecho, en una nota de prensa esta misma semana, la que presumía de datos en dependencia era la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García, quien hablaba de “récord” de beneficiarios y prestaciones, y de que se había rebajado el número de días de espera, en concreto 574. Efectivamente, el tiempo se ha reducido, pero es el peor dato entre las comunidades autónoma de España, donde el tiempo de espera media es de 342. Andalucía es la comunidad autónoma con la mayor lista de espera en dependencia, sobrepasando el triple de 180 días que estable la Ley.

El nuevo modelo y el “agravio”

El 16 de marzo de 2024 entró en vigor en Andalucía el decreto que cambió 176 leyes de una tacada sin que la mayoría absoluta del PP dejara opción a participar a los sindicatos ni a la izquierda. Entre las normativas que se modificaron estaba el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones al objeto de “mejorar”, “facilitar”, “agilizar”, etc. el acceso a la ciudadanía. Un año después, la Junta presume de “récord de prestaciones y de beneficiarios”, y de que el nuevo modelo de gestión “está funcionando”, pero en el día a día del sistema, tanto para usuarios como para trabajadores, así como en la estadística, es otra la realidad.

Esta salida se produce una semanas después de una huelga del servicio de la dependencia en Sevilla y de que el responsable de dicho servicio presentara su dimisión en un contexto de tensión dentro del sector tras un año de implantación del nuevo modelo de gestión de la Junta, que ha sido criticado tanto por los usuarios como por los propios trabajadores de la administración andaluza. Dicha gestión ya provocó tras el verano pasado los ceses de las jefas de Servicio de Valoración de la Dependencia en Córdoba y en Granada ante “las barbaridades que se están implementado desde la dirección gerencia con el procedimiento de simplificación, y sin contar con la opinión de nadie”, según criticó por entonces CCOO.

El pasado mes de junio, la mayoría absoluta del PP sacó adelante una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento autonómico para rechazar al “agravio” del Gobierno de España en la financiación del sistema de la dependencia que viene capitaneando dese hace semanas la consejera de Inclusión Social, Loles López, a cuenta del acuerdo Gobierno-País Vasco rubricado el pasado 10 de abril en la Comisión Mixta del Concierto Económico por parte de la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero. Los mismos argumentos expuso Loles López hace apenas un par de días en comisión parlamentaria.

Pero la foto fija de la dependencia, a día de hoy, muestra que Andalucía es la comunidad más financiada de España y País Vasco la que menos, como ya informó este periódico. En los datos cerrados de 2023, Euskadi recibió un 16,05% mientras que Andalucía fue la que más porcentaje percibió, con un 37,74%, con una financiación casi 10 puntos por encima de la media nacional. Durante los dos años (2012-2014) en que el ahora presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, fue secretario de Estado de los Servicios Sociales en España, la asignación a Andalucía decreció del 25% al 22%.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha decidido archivar definitivamente la investigación judicial por la muerte Mamouth Bakhoum, el senegalés de 43 años que trabajaba en la venta ambulante en la capital hispalense y que murió ahogado el pasado 29 de diciembre tras caer al río Guadalquivir a raíz de una persecución por parte de varios agentes de la Policía Local. “La causa decisiva y eficiente de la caída al río y el posterior ahogamiento de Mamouth no está en la actuación de los agentes sino en la conducta de aquel”, sentencia la Sala.

En auto fechado este 15 de julio, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es y contra el que no cabe recurso alguno, se acuerda desestimar el recurso de apelación interpuesto por la familia del fallecido contra el doble carpetazo en la fase instructora tanto en enero como en abril, y que ahora la Audiencia confirma “en su integridad” dada su “extensa y ajustada argumentación” con la que ya descartó la existencia de los delitos que planteaba la familia (un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, o subsidiariamente un delito de imprudencia menos grave con resultado de muerte, así como de un delito de omisión del deber de socorro y de un delito de prevaricación).

La Audiencia repasa el ya conocido relato de los hechos hasta el momento en que Mamouth “se aproximó poco a poco a la zapata del río y, sin atender las advertencias de los agentes de que se tranquilizara y tuviera cuidado con sus movimientos, se agarró al noray de amarre, sin desprenderse de los hatillos, y se deslizó, ofreciéndole los agentes la mano para que se agarrara, cosa que no hizo, soltándose y cayendo al agua con los hatillos a las 16.29 horas”.

De todo ello “no se desprende indicio alguno de la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente por parte de los agentes de la Policía Local que procedieron al seguimiento y al intento de detención de una de las personas que se dedicaban a la venta ambulante de material supuestamente falsificado”, dice el auto, zanjando que “la actuación de los agentes se considera adecuada, prudente y diligente”.

El “comportamiento arriesgado y peligroso de Mamouth”

Así resume el caso el auto: “Se trataba de una venta ambulante ilícita de productos presuntamente falsos, con lo que los agentes al perseguir e intentar detener a uno de los implicados en dicha venta se limitaron a cumplir su deber policial, siendo su actuación perfectamente legítima. En la conducta de los agentes de la policía local no se aprecia ni excesos, ni desproporción. Éstos se limitaron a rodear a la persona que perseguían, pidiéndole que se tranquilizara y que tuviera cuidado con sus movimientos, al tiempo que se le aproximaban, y fue él, quien sin atender a los requerimientos policiales, optó por seguir con su huida agarrarse al noray de amarre, sin desprenderse de los hatillos, que portaba, rechazando la mano que le ofrecieron los agentes, terminando por caer al río”.

Asimismo, la Audiencia insiste en que la actuación de los agentes “rodeando y acercándose a Mamouth no supone la generación de riesgo ilícito o prohibido, ni conlleva la omisión de un deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su actuación policial”. “La causa decisiva y eficiente de la caída al río y el posterior ahogamiento de Mamouth no está en la actuación de los agentes sino en la conducta de aquel. El que Mamouth optase por agarrarse al noray de amarre sin desprenderse de los hatillos para evitar que los agentes le dieran alcance y que a continuación cayera al río y se ahogara no era un riesgo previsible, como tampoco lo sería que una persona en una persecución por la acera cruzase la calzada justo en el momento de pasar un vehículo por ella, y en todo caso, tiene su origen no en la conducta desplegada por los agentes sino en la decisión tomada por Mamouth”, ejemplifica el auto.

“El hecho de que éste pudiera encontrarse cansado por la huída y nervioso ante la posibilidad de que los agentes le dieran alcance y le intervinieran la mercancía, no permite achacar a los agentes el comportamiento arriesgado y peligroso de Mamouth, ni permite colegir que los agentes con su actuación generaran un riesgo ilícito o prohibido”, insiste la Audiencia, que añade que “no hubo omisión del deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su actuación profesional por el hecho de perseguirle y rodearle”. “No cabe, por tanto, hablar de indicios de la comisión de un delito de homicidio por imprudencia por parte de los agentes de la policía local al no apreciarse el más mínimo atisbo de negligencia en su actuación”, señala el auto.

Por otra parte, “tampoco” entiende la Audiencia que exista “el menor indicio del delito de omisión del deber de socorro” ya que “hubo una inmediata prestación del socorro necesario y posible por parte de los agentes de la Policía Local. ”Es cierto que en el lugar de los hechos, al producirse la caída al río de Mamouth, había seis agentes de la policía local, pero resultaría absurdo exigir que todos ellos se hubieran lanzado al río, no solo por no ser operativo y el riesgo que conlleva tal acción, sino porque ya se habían lanzado dos compañeros para prestar el socorro debido a la víctima“, explica el auto.

Hechos, atestados, vídeos e informes

Por último, “la omisión que se denuncia, de haberse producido, de lo que no existe el menor indicio, no entendemos que integre el delito de prevaricación” al que también aludía la familia ya que “no existe el menor dato de que de forma consciente y voluntaria se hubiera omitido o se hubiera retrasado la llamada al 061, exigiendo el tipo penal que la conducta se lleve a cabo a sabiendas de la ilegalidad”. También señala el auto en ese punto que “los bomberos, tras rescatar a Mamouth B., le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y le realizaron un electrocardiograma siendo negativo, certificando su fallecimiento, con lo que el retraso en la llegada del 061 resultaría irrelevante”.

La Audiencia defiende el papel de la jueza instructora al acordar el sobreseimiento de las actuaciones “tras valorar jurídicamente los hechos denunciados, el examen de los atestados, los videos aportados y los informes médicos del fallecido, sin que aprecie motivo alguno para continuar con la tramitación de la causa y seguir practicando diligencias de investigación, al carecer los hechos de relevancia penal, con lo que la práctica de nuevas diligencias [como pedía la familia] solo prolongarían innecesariamente la instrucción, sin que tal decisión conlleve la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva”.

Consiguieron a finales del año pasado la llegada al callejero de Sevilla de la Plaza de la Abogacía en sustitución de la Calle de los Letrados, pero tienen dos frentes abiertos para los que albergan esperanzas, más aún después de que el Congreso reformara esta semana su Reglamento para adecuarlo al lenguaje inclusivo de género. Un grupo de abogadas de Sevilla tienen a la vista dos procedimientos judiciales en la misma línea, confiando en que en los recursos que han interpuesto venzan al nombre del Colegio de Abogados de Sevilla porque “es discriminatoria”.

Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo desestimó el pasado mes de abril una demanda contra el Colegio de Abogados de Sevilla y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados que había interpuesto 18 letradas abogadas para que se anulara el acuerdo del 25 de julio de 2022 que mantiene el nombre de la institución frente al de Colegio de la Abogacía de Sevilla. Paralelamente a este proceso judicial, doce de las 18 abogadas citadas hicieron saber a la Junta de Andalucía (mediante un recurso cada una) que no debió aprobar los nuevos estatutos de la abogacía sevillana. La cuestión está pendiente de resolución.

“Pico y pala”, resume María Jesús Correa, una de las 18 letradas recurrentes y que lideró el cambio de nombre de la plaza. El recurso de apelación contra la sentencia de abril se centra en el “carácter sexista” del término plural 'abogados' incluido en el nombre del Colegio de Abogados de Sevilla y, por consiguiente, del “carácter discriminatorio de su denominación al inculcarse el principio constitucional de igualdad que garantiza la no discriminación de las personas por razón de sexo y, por añadidura, la amplísima legislación vigente en materia de igualdad”.

En aquella sentencia, es de recordar, decía la jueza que “el término 'abogado' puede apreciarse por las colegiadas recurrentes como no inclusivo, pero no puede ser calificado de sexista ni de discriminatorio, aunque se comprenda el sentimiento de serlo”, considerando que “la denominación controvertida no es medida que objetivamente mantenga o promueva la desigualdad entre hombres y mujeres”.

Una “desigualdad histórica”

Ahora bien, para las recurrentes, en este procedimiento “ha quedado acreditado que la denominación 'Colegio de Abogados' es discriminatoria y lesiona los derechos a la igualdad de las recurrentes por razón de sexo en el ámbito del colegio profesional al que pertenecen y a su vez es contrario al mandato legal”.

Las recurrentes entienden que “el masculino genérico omnicomprensivo, que el Colegio ha impuesto bajo el paraguas de unas elecciones a todas luces carentes de las mínimas garantías democráticas según se desprende la lectura de la sentencia recurrida, las discrimina e invisibiliza, reflejando una desigualdad histórica con la que la sociedad ha tratado y trata a menudo a mujeres y a hombres, máxime cuando en nuestro rico idioma, existe una denominación que integra a todas las personas que componen el colectivo, 'Abogacía'”.

Las letradas añaden en ese sentido que “así lo ha entendido la comunidad de expertos lingüistas que alertan de que uno de los fenómenos más graves de discriminación lingüística radica en un aspecto gramatical que consiste en el uso del género masculino como neutro. Es decir, utilizándolo como si abarcara masculino y femenino. Esta regla, que como el resto de reglas gramaticales que se han dictado no es de orden natural, eterno e inmutable, sino un claro reflejo de la visión androcéntrica del mundo y de la lengua, normalmente se transmite en los textos que se manejan constantemente, otorgando carta de naturaleza a uno de los ejes vertebradores del androcentrismo más claros, constantes y habituales en la lengua: el que refuerza la presencia del género/ sexo masculino y causa la desaparición del género/ sexo femenino”.

“Sexismo lingüístico”

Por otro lado, la Sección 3ª de la Sala Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha tiene encima de la mesa desde el año pasado la demanda presentada por ocho de esas 18 abogadas contra la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública por aprobar la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 10 de noviembre de 2023.

Según las demandantes, la corporación colegial incumplía el mandato legal de adaptación de los estatutos de la corporación en el sentido de sustituir el término “abogados” por el de “abogacía” en su denominación social, lamentando que la Junta haya procedido a su aprobación definitiva ya que “adolece de sexismo lingüístico, ya que reproduce una imagen sobrevalorada de lo masculino (hombres abogados) que invisibiliza a las mujeres abogadas y, por tanto, vulnera el derecho a la igualdad”.

La Junta había argumentado directamente a las letradas que había que esperar a que se resolviera el contencioso al que se ha aludido, pero las demandantes consideran que la administración andaluza ha dado por bueno un texto que “adolece de lenguaje inclusivo” que viene defendiendo el Consejo General de la Abogacía Española. De hecho, el objeto de la demanda es concretamente una resolución de la Consejería de febrero de 2024, después de la información publicada por este periódico, donde se suspende la tramitación del recurso que ya interpusieron las abogadas contra la aprobación de la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla.

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha entendido procedente aprobar unas nuevas normas para ordenar la asistencia del público a las sesiones que se celebren en el Salón de Plenos del Parlamento de Andalucía y de prever, en la medida de lo posible, incidencias durante el curso de las sesiones, que no son pocas cada dos semanas en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sin ir más lejos este jueves cuando madres y padres del CEIP El Colorado de Conil de la Frontera (Cádiz) se han marchado del Salón de Plenos al grito de “qué vergüenza”.

“Señor Moreno Bonilla, ¿ha entrado usted bien al Parlamento? ¿Le ha molestado alguien en la puerta? La gente debe saber que usted ha ordenado acordonar este Parlamento para que gente tan peligrosa como madres de AMPA, madres de niños con necesidades educativas especiales o en cuidados paliativos no le digan nada y le estropeen la foto”. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se mostró así de contudente en el Pleno de este jueves durante una pregunta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, haciendo alusión a familias y colectivos invitados a las sesiones plenarias en las que se plantean sus reclamaciones, desde sanitarias a educativas y profesionales.

Se refería García a esas nuevas normas, avanzadas por El País y a las que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, que complementarían lo previsto en el artículo 21 del acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía sobre medidas de seguridad del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que regula las acreditaciones para el acceso a las sesiones de Pleno y comisiones, y a desarrollar las previsiones del artículo 107 del Reglamento de la Cámara.

“Yo no decido sobre el parlamento”, ha dicho Moreno provocando risas entre los grupos de la oposición, a quienes ha acusado de “llevarnos a una polarización y a una batalla campal pleno tras pleno. ”La diferencia es que el PP tiene sentido común y no utilizamos ni el dolor ajeno ni el malestar de las personas para intentar hacer política“, poniendo como ejemplo al Congreso y al Senado donde ”los invitados no van por los cauces donde están los diputados y los senadores“, y no son invitados por los grupos parlamentarios sino por mesas nacionales ”en manos socialistas“.

“El grupo del PP es el mayoritario, por tanto, tenemos más cupo para traer invitados. ¿Qué le parece a usted que traigamos todas las semanas aquí la mayoría de invitados del grupo mayoritario a hacerle interpelaciones al Partido Socialista sobre los notables incumplimientos que hay sobre Andalucía? ¿Qué le parecería a usted que se persiguiera a diputados como usted por parte de personas que se traen legítimamente a reclamar?”, ha sostenido, concluyendo que “todo el mundo tiene derecho a ser oído y a ser escuchado”.

A partir de la aprobación de las nuevas normas, de acuerdo al apartado acerca del 'Mantenimiento del orden y del decoro parlamentario durante las sesiones plenarias', “en el interior del Salón de Plenos, las personas invitadas deberán guardar silencio y no podrán hacer uso del teléfono móvil ni captar imágenes o sonido de la sesión plenaria”. Será, como hasta ahora, el presidente o presidenta quien vele “por el mantenimiento del orden en las tribunas”, teniendo en cuenta que aquellas “que dieran muestras de aprobación o desaprobación, perturbaran el orden propio de dichos debates o faltaran a la debida compostura, serán inmediatamente expulsadas de las dependencias del Parlamento”.

Asimismo, “no se podrá acceder a la tribuna del público del Salón de Plenos durante las sesiones con prendas de vestir u otros objetos susceptibles de ser utilizados para dar muestras de aprobación o desaprobación, para perturbar el orden propio de los debates parlamentarios o para faltar a la debida compostura durante los debates”.

La normativa a aprobar apunta que, en caso de que las personas expulsadas hubieran sido invitadas por un grupo parlamentario, la Mesa de la Cámara, a propuesta de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, podrá retirar a dicho grupo la facultad de efectuar nuevas invitaciones durante un máximo de tres sesiones plenarias“, ”previa audiencia del grupo parlamentario interesado e informe de los servicios de la Cámara que puedan aportar datos útiles para esclarecer los hechos“.

Actualmente, según ese artículo 21, para acceder a la tribuna de público del Salón de Plenos es necesario disponer de la acreditación específica que “será entregada a los visitantes en el control de acceso previa presentación de la invitación correspondiente, extendida, a tal efecto, por la Secretaría General, el Gabinete de la Presidencia o los grupos parlamentarios”. También hay opción, según la web del Parlamento, de solicitar el acceso vía telemática o por correo postal ya que “los ciudadanos mayores de edad que lo deseen pueden asistir a las sesiones plenarias desde la tribuna de invitados”.

La Mesa propone ahora aprobar al inicio de cada legislatura el reparto de las invitaciones para el acceso del público a la tribuna del Salón de Plenos del Parlamento de Andalucía a fin de asistir a las sesiones que en él se celebren y que “se repartirán entre los grupos parlamentarios atendiendo a un criterio de proporcionalidad en función del número de diputados y diputadas con los que aquellos cuenten al comienzo de la legislatura”. Todos los grupos parlamentarios tendrán derecho a disponer, al menos, de una invitación, reservándose un número de invitaciones para la Presidencia del Parlamento y para los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten asistir a las sesiones plenarias, como ya viene estipulado vía web.

Las nuevas normas apuntan también que “las invitaciones se podrán solicitar o asignar para un punto concreto del orden del día, para una jornada completa o para toda la sesión plenaria”, teniendo en cuenta que “si se solicitan invitaciones para puntos concretos del orden del día, los correspondientes cupos podrán ser utilizados para dar lugar a rotación en el acceso al Salón de Plenos”.

Además, “las invitaciones deberán ser solicitadas, preferentemente, con, al menos, veinticuatro horas de antelación al comienzo de la sesión plenaria. Los grupos parlamentarios comunicarán los datos identificativos de las personas a las que inviten, en el plazo previsto en el apartado anterior, al Gabinete de la Presidencia del Parlamento de Andalucía y al Servicio de Régimen Interior de la Cámara, para lo que podrán utilizar el correo electrónico”.

Asimismo, “para acceder a la tribuna de público del Salón de Plenos, las personas invitadas a asistir a las sesiones que se celebren en él deberán disponer de acreditación específica”. “Las personas invitadas a asistir a las sesiones plenarias deberán seguir las pautas indicadas por el personal de seguridad del Parlamento de Andalucía para el acceso a la sede de la Cámara. En particular, deberán acreditar sus datos personales en el control de acceso situado en la puerta de entrada a la sede de la Cámara mostrando un documento oficial, para lo cual podrán aportar el documento nacional de identidad, el permiso de conducir, el pasaporte o la tarjeta de identidad de extranjero”, indica el borrador.

El Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha acordado incoar diligencias previas a raíz de una denuncia judicial de la 'Asociación de vecinos afectados por tóxicos en Coria del Río' ante “la exposición de la población a agentes químicos potencialmente tóxicos”. Los habitantes de la barriada Guadalquivir afectados por la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de una gasolinera formalizaron ante los juzgados hace unas semanas una nueva denuncia por la vía penal contra diferentes cargos de la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía a los que atribuyen diferentes presuntos delitos. Entre las denunciadas están las consejeras de Salud, Rocío Hernández, y su predecesora y actual titular de Medio Ambiente, Catalina García, así como la exdelegada territorial de la Consejería de Salud Regina Serrano y otros responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En un auto de 30 de junio, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es, el juzgado abre una investigación ante “la posible existencia de un delito de contra la ordenación del territorio y medio ambiente”. La primera y única diligencia que acuerda practicar es remitir las actuaciones a la Fiscalía especializada en Ordenación Territorial “a fin de que informe sobre el fondo del asunto” y diligencias procedentes a practicar, en su caso. Los delitos denunciados son los de prevaricación por omisión, omisión del deber de socorro, lesiones imprudentes o dolosas y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El argumento de los vecinos afectados es que la administración sanitaria habría incurrido en una supuesta “inacción prolongada ante la exposición de la población a agentes químicos potencialmente tóxicos”. Ya a finales del año pasado, en el marco de la causa que sigue un juzgado de Coria, que en primera instancia archivó el caso, la fiscal de Medio Ambiente de Sevilla remitió un informe de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado en el que se hablaba del “peligro de daño sustancial para la calidad de las aguas superficiales y un daño constatado en las aguas subterráneas, suelos y salud de las personas”.

El caso viene de muy atrás. En los últimos años, la AAVV ha presentado estudios de casos por calles, simulado vertidos ante las delegaciones de Medio Ambiente, y exigido una y otra vez participar en la toma de decisiones administrativas. Sin éxito. El caso también ha sido denunciado por Ecologistas en Acción, que lleva desde 2018 acompañando a los vecinos y alertando del efecto acumulativo de los contaminantes. Su diagnóstico es claro: la gasolinera no retiró los tanques en mal estado hasta 2024, y la tubería del colector que pasa por debajo de la estación sigue filtrando sustancias tóxicas. El informe de la Junta de agosto de ese mismo año reconoce que no se han delimitado bien los suelos afectados ni realizado correctamente los controles de seguimiento.

La letrada Sara Domínguez, de In Diem Abogados y representante legal del colectivo de afectados, desvincula el caso de los pozos negros de la afección a los ciudadanos que ahora investigará el juzgado de Sevilla, aún en fase inicial. La abogada explica a este periódico que en la denuncia se alude a las lesiones por omisión por parte de los responsables sanitarios y a la prevaricación omisiva por la inacción o la falta de actuación de un funcionario público cuando este tenía la obligación legal de actuar.

“Solo saben callar y callar”

Rogelia es una de las pocas que ha conseguido un diagnóstico médico claro: “recomendación de abandonar el domicilio por riesgo de exposición a sustancias tóxicas”. Una recomendación que dice no poder permitirse cumplir. Lamenta a este periódico que los altos cargos denunciados “han mirado para otro lado” y no entiende “por qué no se hace lo que se tiene que hacer”, como hacer “un estudio epidemiológico que Catalina García nos prometió que se iba a encargar”.

Esta vecina lamenta que los responsables del SAS “solo saben callar y callar” y que “la gente del barrio se está muriendo” en circunstancias extrañas: “tres muertes súbitas en el último mes y medio”. “Esto es una película de terror”, añade tras años de denuncias. Asegura que 138 personas están siendo tratadas en el Hospital Virgen del Rocío por afecciones compatibles con la exposición a los gases. Tres de las personas denunciadas tienen o han tenido responsabilidades en el centro sanitario: Manuel Molina, antiguo gerente y desde febrero delegado territorial de Salud en Sevilla; Jorge del Diego Salas, exdirector general de Salud Pública; y Manuel Ollero, jefe del servicio de Medicina Interna.

La barriada del Guadalquivir volvió al centro del debate la pasada primavera tras una respuesta por escrito del Gobierno central a una pregunta parlamentaria de Vox, aclarando que las competencias recaen sobre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Aquella afirmación coincidió en el tiempo con la constitución de un grupo de trabajo promovido por la Junta en cumplimiento de una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz hace más de un año.

Esa mesa, que cuenta con representación de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, las empresas de abastecimiento de aguas y saneamiento Emasesa y Aljarafesa y las consejerías implicadas —Sostenibilidad, Salud, Industria y Agricultura—, arrancó sin incluir a los principales afectados, los vecinos, ni tampoco se incluyó a colectivos ecologistas.

La Comisión sobre la Infancia y la Adolescencia del Parlamento de Andalucía ha aprobado este martes el informe del Grupo de Trabajo para garantizar la protección de menores ante el acceso a la pornografía en Internet y que había sido publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía del pasado 11 de julio.

El documento, que ha contado solamente con los votos a favor de PP y Vox (los diputados de PSOE y Por Andalucía han votado en contra), contiene más de medio centenar de propuestas, resultado del conjunto de sesiones desarrolladas en los últimos dos años en las que han venido participando un amplio grupo de representantes institucionales, entidades sociales y profesionales de referencia en diferentes ámbitos, que han venido a reconocer que “el fácil acceso de niños, niñas y adolescentes a contenidos pornográficos a través de Internet constituye un fenómeno en crecimiento que impacta de manera directa en el desarrollo psicológico, afectivo y social de la infancia y la adolescencia, y también en sus relaciones, en su salud mental y sexual, y en la forma en que construyen su identidad.

Al final de la comisión han sido rechazados los votos particulares de PSOE, Por Andalucía y Vox, si bien los votos de la extrema derecha y del PP han ratificado el dictamen, que sitúa como “estrategia fundamental de prevención” la alfabetización mediática, esto es, dotarse de las competencias necesarias para interpretar, gestionar y responder críticamente a los estímulos del entorno digital, si bien “acompañada de una visión conjunta y compartida de intervención que implique a todas las instituciones, agentes sociales y familias”.

Esta cuestión, reconoce el informe, se enmarca en un “contexto de gran complejidad” por lo que “es necesario desarrollar políticas y estrategias que aborden la alfabetización mediática y la orientación para el uso responsable de los dispositivos con acceso a Internet, favoreciendo así la protección de los menores”. Es un concepto que ya recogía la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía aprobada hace ahora cuatro años cuando, en su artículo 52, se decía que “las administraciones públicas de Andalucía promoverán e impulsarán la alfabetización digital y mediática de las niñas, niños y adolescentes, hacia los nuevos escenarios de interactividad y conectividad”.

Por otra parte, entre las medidas adoptadas posteriormente en el III Plan Integral de Atención a la Infancia y Adolescencia 2024-2027 se contemplaban las 'Guías Educomunicativas para Familias', dirigidas a familias y profesionales, que ofrecen orientaciones para la supervisión del uso de dispositivos y abordan la educación afectivo-sexual en contextos digitales. En el ámbito educativo se han incorporado al currículo contenidos relacionados con la alfabetización digital y la educación afectivo-sexual. “En los centros educativos, la alfabetización digital y la educación afectivo-sexual, además de integrarse de forma estructurada en el currículo, deben sumar recursos y aumentar la formación docente”, dice el informe.

Dolores Caetano (PP) ha resaltado este martes que 20 de las 56 medidas aprobadas han sido modificadas con las aportaciones de los grupos parlamentarios, si bien los populares han rechazado todos los votos particulares como ya se ha dicho. Caetano ha calificado el informe de “completo”, mientras las representantes de Por Andalucía y PSOE han coincidido en decir se ha “perdido una oportunidad” para avanzar más a la hora de proteger a los menores.

“Tristeza y frustración” ha dicho sentir Alejandra Durán en ese sentido ante “una problemática en aumento”. “Hemos perdido una oportunidad para ser pioneros desde Andalucía”, ha comentado, abogando por “no regalar móviles antes de los 14 años” y alertando de un dipositivo de se tipo sin control es “poner contenidos peligrosos a un click”.

Olga Manzano, del PSOE, se ha mostrado igualmente “decepcionada” ante una “oportunidad perdida” por el “conformismo y pasotismo” de los representantes del PP, a quienes ha echado en cara que en la Junta tengan “competencias propias” pero el informe “fallido” venga “sin compromisos concretos” porque “le falta ambición” y se queda en “una mera declaración de medidas que no van a conseguir nada”.

Consecuencias entre los menores de edad

El documento ratificado este martes señala que “los contenidos pornográficos mayoritarios son accesibles, visuales y explícitos, presentan un modelo de sexualidad que excluye de manera sistemática la comunicación, el consentimiento, la empatía, el afecto, la ternura y la salud sexual”. Esa “construcción errónea de lo que son realmente las relaciones afectivo-sexuales tiene, en muchos casos, consecuencias”, entre las que señala la mormalización de relaciones desiguales, la generación de expectativas irreales, el inicio de relaciones sexuales insatisfactorias, la sensibilidad progresiva ante la violencia o la disminución de las habilidades afectivas“.

El documento que ha elaborado el grupo de trabajo que se creó al efecto justo hace ahora dos años dice en relación a la alfabetización mediática que apuesta por su aplicación “de forma amplia e integral”, y por la puesta en marcha de “campañas de concienciación y sensibilización adecuadas, imaginativas, eficaces, actuales y dirigidas al conjunto de la sociedad, que terminen con el desconocimiento o el silencio que rodea a la realidad” del acceso de menores a la pornografía y “activen una conciencia compartida sobre la necesidad de actuar”.

El informe también aboga por que las universidades públicas andaluzas promuevan “la incorporación transversal de contenidos formativos sobre la protección de la infancia frente al acceso a contenidos inadecuados en Internet y sus consecuencias, especialmente en aquellas titulaciones con proyección profesional hacia el cuidado o trabajo con menores”.

Otra de las propuestas incluidas en el informe es la de llevar a cabo un “refuerzo de los talleres de Educación Afectivo-Sexual y de Higiene Digital en centros educativos, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud, con el objetivo de fomentar una mirada crítica ante la hipersexualización y los contenidos pornográficos en medios y redes”.

Por otro lado, entre las propuestas recogidas en el informe figuran también “acciones de sensibilización específicas de fomento del uso del preservativo”, así como el “desarrollo e implementación de una herramienta de control parental gratuita y accesible para las familias andaluzas, en el marco del ciberescudo andaluz, para facilitar la supervisión del uso de dispositivos digitales por parte de menores y limitar su exposición a contenidos inadecuados en Internet”.

Igualmente, en la batería de más de medio centenar de propuestas incluidas, el informe apuesta por formar a pediatras y enfermeras referentes de centros educativos, así como al “personal judicial de juzgados de menores y fiscalías de infancia”, sobre “riesgos” derivados del “uso inadecuado” de dispositivos digitales.

Finalmente, el informe realiza un llamamiento al Gobierno de España para que asuma la protección de menores como una “prioridad nacional”, desde la premisa de que es “una obligación continua y permanente que nos implica a todos”.

La Audiencia de Sevilla ha decidido finalmente plantear cuatro cuestiones prejudiciales sobre el caso de los ERE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que revise las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que anularon total o parcialmente las condenas a los expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán,  como había solicitado el pasado febrero la acusación representada por el PP.

En un auto fechado el 14 de julio y notificado este martes a las partes personadas en este procedimiento, contra el que no cabe interponer recurso alguno, los magistrados dejan en suspenso la ejecución de las sentencias“ del TC hasta que la Justicia Europea resuelva si el Tribunal de Garantías en España se ha extralimitado, si ”podría haber suplantado la función de interpretación del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior -que ratificó las condenas a los dirigentes socialistas-, si erró al considerar que aprobar un anteproyecto de ley “no es un acto administrativo”, y si esa conclusión misma no vulnera el Derecho de la Unión y su jurisprudencia en la lucha contra delitos asociados a la corrupción.

La Audiencia ha considerado “imprescindible” el planteamiento de estas cuestiones prejudiciales para “evitar que, por efecto de la doctrina incluida en las repetidas sentencias del TC, se produzca un riesgo sistémico de impunidad en la lucha contra la corrupción política, el fraude o la actividad ilegal que afecta a los intereses de la Unión y contra la corrupción en general” (...), y para “salvaguardar los intereses financieros de la UE”.

La resolución de la Audiencia llega después de tres jornadas de deliberación entre abril y mayo, y de que los propios jueces de este tribunal impidieran a la Junta personarse en un caso que, desde 2009, revisó el proceder de los gobiernos socialistas en Andalucía en la concesión de ayudas a trabajadores y empresas en crisis en la primera década del siglo XXI, llevándose por delante a la cúpula de los ejecutivos de Chaves y Griñán.

Es de recordar que la Audiencia de Sevilla había acordado el año pasado la constitución del tribunal para el dictado de las nuevas sentencias en la llamada 'pieza política' de los ERE después de que el Constitucional desinflara la macrocausa antes del verano y de que el Tribunal Supremo empezase a absolver a exaltos cargos socialistas de otras piezas pendientes al haber sido ya juzgados. Más lejos queda ya el fallo del Supremo de septiembre de 2022 que ratificó las condenas por delitos de prevaricación y de malversación de la sentencia de noviembre de 2019 de la Audiencia de Sevilla.

“Esta Sala no puede descartar que las sentencias del TC (…), sin haber llevado a cabo ponderación alguna de los intereses de la UE en juego, resulten contrarias al Derecho de la Unión y los Tratados y a la interpretación que de ellos ha realizado la jurisprudencia del TJUE, atenten contra el principio de primacía del Derecho de la Unión y generen una interpretación desigual del Derecho de la Unión en materia de protección de los intereses financieros de la UE y una falta de aplicación uniforme del Derecho de la UE en la materia”, concluyen ahora los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia.

“Interpretación restrictiva de la legalidad penal”

La resolución de los jueces es especialmente dura con las sentencias del Constitucional que en su momento barajó impedir que la Audiencia acudiera a la Justicia Europea, entendiendo que era la primera vez que un juzgado ordinario se rebelaba contra el Tribunal de Garantías.

Según el escrito de la Audiencia, las sentencias del TC “estiman una vulneración del principio de legalidad penal nacional de altos cargos del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía condenados por los tribunales penales ordinarios (Audiencia Provincial de Sevilla y Tribunal Supremo) por prevaricación y malversación, e imponen a los tribunales españoles una interpretación restrictiva de la legalidad penal ordinaria interna respecto a los delitos relacionados con la corrupción.

“Al entrañar una absolución o rebaja casi integral de las penas impuestas a los condenados, se permite un escenario de impunidad de los delitos cometidos entre 2000-2009 por los altos cargos y responsables políticos de la Junta (Consejo de Gobierno, consejera de Hacienda, consejero de Empleo y directores generales de las consejerías y director de las entidades colaboradoras) y sus cooperadores y colaboradores”, reza el escrito.

La interpretación que realiza el TC de los delitos de prevaricación y malversación, insisten los jueces, “se vincularía genéricamente con la exención de responsabilidades a todo hecho o actuación realizada en el marco de la iniciativa legislativa presupuestaria”, una interpretación que, según la Audiencia, “es susceptible de originar un ámbito de impunidad que habría de resultar incompatible con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, porque impide determinar las posibles responsabilidades penales, civiles y contables de aquellos que, mediante un acto naturalmente ilícito -pero que en el caso de las sentencias del TC se considera atípico-, inician un trámite legislativo para crear leyes presupuestarias que persiguen un fin fraudulento, prohibido y contrario a las normas de la Unión Europea y sus intereses financieros”.

Los magistrados citan la “desprotección del patrimonio público”, la “dejación del deber de garantizar el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado y de la confianza de la sociedad en el manejo de fondos públicos y de los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios a cuyo cargo se encuentran los bienes” de la Administración Pública, y el “incumplimiento de la normativa europea de lucha contra la corrupción política, el fraude o la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión y la corrupción en general”.

La resolución de la Audiencia de Sevilla vuelve a cuantificar el fraude de los ERE en 680 millones de euros, la cifra total del fondo con el que la Junta pagó las ayudas sociolaborales (las legales y las ilegales) durante más de una década. A juicio de los magistrados, tampoco se puede “soslayar la consideración de que los miembros del Gobierno de una Comunidad Autónoma no son irresponsables y no gozan de inmunidad por los delitos que puedan cometer al elaborar y aprobar los anteproyectos de leyes de presupuestos”, pues “no está previsto nada similar en la Constitución ni está justificada en un Estado de Derecho la pretensión de situar a los miembros del Gobierno, en cualquier ámbito, por encima de la Ley”.

El tribunal concluye que “resulta incompatible con los compromisos de España con la UE mantener la irresponsabilidad de los miembros del Gobierno de una comunidad autónoma por su actuación en la elaboración, aprobación o elevación al Parlamento respectivo de proyectos de ley con el propósito de distribuir de forma ilegal subvenciones por importe de 680 millones de euros y durante un periodo de diez años”, asevera el tribunal.

El planteamiento de la Audiencia

El pasado marzo, los jueces de la Audiencia solicitaron por escrito a las partes que en un plazo de diez días presentaran “alegaciones” sobre el planteamiento antes de dictar nuevos pronunciamientos, cuestionando las sentencias del Constitucional siguiendo el posicionamiento del PP. Algo más tarde, la Audiencia desafió al tribunal de garantías y preguntó para qué quería el detalle de una providencia del caso ERE.

El pasado 9 de abril, el Tribunal Constitucional anunció que no tomaría ninguna medida para impedir que la Audiencia llevara el caso a Europa si así lo decidía. El pleno, tras dos días de deliberaciones, decidió no mover ficha y seguir de cerca tanto la posible cuestión prejudicial del tribunal sevillano como la que ya elevó el Tribunal Superior de Madrid en otro asunto. El Constitucional, en cualquier caso, explicó en un comunicado que el asunto constituye una “preocupación” al ser “un tema complejo”.

La Audiencia, después de que el PP pidiera pide llevar el asunto a la Justicia europea al considerar que el Constitucional “se extralimitó”, quiso recabar “la opinión de las partes” en torno a la interpretación de varios aspectos, entre ellos precisamente “si el Tribunal Constitucional se ha extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar, a través de una interpretación alternativa de elementos normativos de los tipos penales de prevaricación y de malversación de caudales públicos, la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia Provincial de Sevilla y por el Tribunal Supremo”.

Los jueces de la Audiencia fueron más a lo concreto y preguntaron a las partes “si la interpretación del Tribunal Constitucional sobre las leyes de presupuesto de Andalucía de los años 2002 a 2009 se opone a la normativa y jurisprudencia comunitaria, al dejar al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria desde la fase inicial de elaboración de los presupuestos a la fase final de su ejecución, lo cual podría generar una situación de desprotección del patrimonio público y una merma del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, de la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos y de los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de administración pública”.

También cuestionó la Audiencia “la posibilidad de que dicha doctrina incumpla las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo incompatible con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la lucha contra el fraude y contra la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, de prevenir y combatir la corrupción en general y de prever la aplicación de sanciones eficaces y disuasorias en caso de que tales infracciones se produzcan”.

Asimismo, y por último, pregunta por la posibilidad “de que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del Tribunal Constitucional interpretativas de las normas legales autonómicas (leyes de presupuesto de 2002 a 2009) que, a su juicio, conducen a entender como lícitas las conductas de los acusados cuando, según los tribunales ordinarios nacionales, dichas normas no excluyen la tipicidad penal”.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha trasladado este domingo en Sevilla su “confianza” en que las instituciones del mundo trabajen en la línea de que existan “sociedades más justas” y que los países con más dificultades puedan aliviar su deuda externa y desarrollarse en mejores condiciones pese a las “tensiones geopolíticas crecientes” en el planeta. En ese sentido, confía en que la cumbre de la ONU en Sevilla sirva de “punto de inflexión” en el “compromiso con la cooperación”, y ha hecho una “llamada a la esperanza” en ese sentido.

Sánchez preside desde este lunes la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas (ONU), que se celebra hasta el jueves en Sevilla y que este domingo ha acogido también la antesala de la cumbre en un acto organizado por la Global Citzen Now sobre el aumento de las energías renovables en el continente africano y la protección del Amazonas.

Sánchez ha expuesto el “compromiso” de su Ejecutivo con el multilateralismo y ha incidido en un “mensaje de esperanza” pese a que el desarrollo sostenible está “en riesgo” y haya habido “recortes” en las ayudas, abogando por “movilizar más recursos”. “Es el momento de cambiar el rumbo”, ha enfatizado, abogando por “terminar con la pobreza” y “contener la emergencia climática”.

“Tenemos la voluntad y los medios”, ha dicho, recordando que el Gobierno de España esté comprometido con el objetivo del 0'7% , por un desarrollo “más justo” que permita “reducir la deuda” en los países y “liberar flujos de financiación pública” con el fin de conseguir también “un sistema fiscal más transparente” donde, además, “las grandes corporaciones contribuyan más”.

La cumbre va a contar con la presencia de medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno y líderes de organismos económicos y sociales para impulsar el 'Compromiso de Sevilla', que debe marcar la hoja de ruta de la comunidad internacional sobre financiación al desarrollo y que se aprobará en la sesión plenaria inaugural de este lunes.

Está previsto que acudan, entre otros, los dirigentes de Sudáfrica, Kenia, Francia, Mauritania, Colombia, Ecuador, Egipto, la Comisión Europea y el Consejo Europeo-, más de 200 delegaciones oficiales de Estados miembros y organismos internacionales financieros como Banco Internamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) o la Organización Mundial del Comercio (OMC), y más de 4.000 representantes del sector empresarial, civil y académico.

El programa oficial incluye distintas sesiones plenarias, además de un foro empresarial internacional, un foro de la sociedad civil y una serie de eventos especiales y mesas redondas, en los que participarán, además de Sánchez, varios de sus ministros. En total, más de 370 eventos sobre financiación multilateral para el desarrollo.

Patricia Sánchez González (Albacete, 1986) es presidenta desde hace un par de semanas de la Coordinadora Andaluza de ONGD, que engloba cerca de 70 organizaciones que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo. Ha cogido las riendas en un momento clave para la financiación en la materia a nivel mundial ya que Sevilla alberga desde el próximo lunes la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas.

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia en 2009 y delegada desde 2020 de Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) en Andalucía, dice que lo suyo es “militancia y compromiso”. Es referente de ACPP estatal en Guinea Bissau desde hace más de diez años, y también ha sido técnica de acción social y cooperación internacional para el desarrollo en proyectos con Palestina, Senegal, Marruecos, Guinea Bissau, Colombia, Senegal o Guatemala.

¿Qué es lo que está en juego en esta cuarta cumbre mundial que por primera vez se celebra en Europa, diez años después de la precedente de Addis Abeba (Etiopía)?

Primero hay que poner en contexto esta cumbre, que no empieza en Sevilla ni acaba en Sevilla sino que es parte de un proceso que nace Monterrey (México) en 2002. El proceso de financiación como tal está impulsado por los países del sur, que son los que históricamente vienen sufriendo las consecuencias de las reglas desiguales del juego económico mundial. Lo que lo que pretende precisamente es situar la toma de decisiones financieras globales en Naciones Unidas, ya que hasta ahora está en manos de unos pocos países ricos, el G20, básicamente, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Eso tiene unas repercusiones en los países del sur global muy importantes que tienen que ver con muchas cosas, pero sobre todo con cuestiones de deuda externa, por ejemplo. Hay países que tienen que invertir más en pagar los intereses desorbitados e injustos de la deuda externa con países del norte que lo que pueden invertir en salud, educación o derechos sociales básicos, con lo que eso conlleva en detrimento de los derechos de las personas de estos países.

El actual contexto mundial, ¿invita al optimismo para que esas desigualdades sean menores?

Entendemos que las oportunidades son desiguales porque los espacios de diálogo y los intercambios políticos-económicos son desiguales, también en función de los intereses de cada país. Precisamente lo que lo que se pretende con el proceso de financiación no es recaudar fondos sino darle la vuelta al sistema para que las condiciones sean igualitarias. El sistema de Naciones Unidas (un país, un voto) junto a la representación de la sociedad civil, es fundamental, y bajo mi punto de vista es uno de los de los aspectos que se están descuidando en estos procesos. Precisamente ese es el objetivo del Foro Social y del Foro Feminista, previos a la cumbre. Se trata de dialogar entre las organizaciones a través del mecanismo de la sociedad civil para encontrar un posicionamiento común de cara a las negociaciones de la Conferencia, porque será el mecanismo quien esté habilitado para estar en el diálogo político.

Hay países que tienen que pagar más en intereses que lo que pueden invertir en salud, educación o en otros servicios sociales básicos. Eso choca también con la normalización de la precarización de las políticas sociales en España, y particularmente lo vemos en Andalucía, donde tenemos un ejemplo concreto dramático

¿Cuál es el desarrollo del proceso de financiación y qué puntos son los más importantes?

En el proceso de financiación, cuyo hito es esta cumbre, no solamente son los Estados miembros de Naciones Unidas los que forman parte sino que hay lugar también para las organizaciones multilaterales, la sociedad civil y el sector privado. Lo que es importante es ver cuáles son los ejes temáticos que se trabajan en ese proceso de financiación, la movilización de recursos domésticos, los negocios y las finanzas privadas, y la cooperación internacional, que es uno de los temas que más preocupa también a las organizaciones a las que representamos en la Coordinadora Andaluza. También el comercio internacional para el desarrollo, la deuda y la sostenibilidad de la deuda, como decía con intereses desorbitados muchas veces para los países del sur, así como la ciencia, la tecnología, la innovación y la formación. Al final, la arquitectura financiera de global donde se toman las decisiones.

¿Cómo se comprueba que las decisiones que se adopten en esta IV Conferencia se van a ejecutar realmente?

De los acuerdos que se tomen en función del documento 'Compromiso de Sevilla', la sociedad civil tendrá que hacer después, a través del mecanismo y de los espacios de participación habilitados, un seguimiento de que esas medidas o esos indicadores efectivamente se cumplen y son reales. Y esperemos que la próxima cumbre no tenga que ser dentro de diez años, porque es el espacio en el que hay unas negociaciones previas y un posicionamiento posterior, y donde la sociedad civil también tiene un espacio reconocido para aportar.

¿En qué espacios trabaja la sociedad civil para que se hagan oír sus propuestas?

Tanto el Foro Feminista como el Foro Social no son un espacio paralelo pero sí un espacio de incidencia previo. Hay muchas organizaciones y plataformas del mundo que vienen a Sevilla y que están acreditadas, también muchas sevillanas y muchas andaluzas. El Foro Feminista está centrado exclusivamente en la visión feminista de la reforma financiera y en los impactos con unas 300 organizaciones, para visibilizar propuestas transformadoras y articular demandas más allá de los límites de la conferencia oficial. Y el Foro Social, más amplio, es también un espacio reconocido, con organizaciones de todo el mundo que buscan precisamente dar una respuesta colectiva al documento de 'Compromiso de Sevilla' que se publicó tras las negociaciones de Nueva York y al que antes hacía referencia.

Se traen propuestas, se traen espacios plenarios de diálogo y trabajo. Hay intervenciones internacionales y se buscará un consenso en algunos en temáticas concretas que se tratan en el 'Compromiso de Sevilla' como cooperación internacional, justicia climática, justicia fiscal, deuda externa, participación de la sociedad civil, género, feminismos, etc. Todo eso dará lugar a una serie de argumentarios por parte del mecanismo de la sociedad civil habilitado que se aportarán a las negociaciones de la cumbre oficial.

Y esas aportaciones por parte de la sociedad civil, ¿se suman a las conclusiones que se alcancen en la IV Conferencia?

Esperamos. El objetivo, precisamente, es que se escuchen las voces porque realmente es una oportunidad. Es un hito también que se haga en Europa, que tendrá mucha participación también de organizaciones y colectivos. Y lo que hemos querido hacer desde Andalucía para aterrizarlo en lo local es precisamente aprovechar la oportunidad que supone esta cumbre, que se celebra en España, en Andalucía, en Sevilla, para exponer la situación de la cooperación internacional en particular en el contexto de un modelo único en el mundo como es la cooperación descentralizada española, con los ayuntamientos, las diputaciones, las agencias y la cooperación estatal.

Es ahora también el momento de ponerlo en la agenda política y de medios para decir que esto está pasando, que hay países que tienen que pagar más en intereses que lo que pueden invertir en salud, educación o en otros servicios sociales básicos. Eso choca también con la normalización de la precarización de las políticas sociales en España, y particularmente lo vemos en Andalucía, donde tenemos un ejemplo concreto dramático, con un retroceso del 90% en los presupuestos de cooperación internacional en los últimos 15 años. Estamos hablando de que hay una Ley de 2023 que marca una senda para el 0,7%, que es una de las demandas que hace la sociedad civil a la cumbre, para seguir una hoja de ruta hacia un sistema de cooperación eficaz, y sin embargo en Andalucía estamos en el 0'04% cuando hemos llegado a estar en casi un 0,4%. Hemos sufrido un recorte de un 90% en 15 años.

Quizás es ahora el momento de ser valientes, de dar un paso adelante y de decir que Andalucía es solidaria y apuesta por incrementar los presupuestos de la cooperación en un momento de crisis mundial

¿Cree que también es el momento de esa reivindicación de que el Gobierno de Andalucía aumente la inversión en ayuda al desarrollo?

Pongámoslo sobre la mesa. Es que, insisto, estamos hablando de un 90% menos en 15 años cuando, año tras año, tenemos los presupuestos más grandes de la historia de la Junta de Andalucía. Quizás es ahora el momento de ser valientes, de dar un paso adelante y de decir que Andalucía es solidaria y apuesta por incrementar los presupuestos de la cooperación en un momento de crisis mundial, cuando es más necesario que nunca cooperar y solidarizarnos también con todos los países que están sufriendo las consecuencias del cambio climático, de los conflictos internacionales... Son verdaderos dramas, y estamos hablando también de personas y de derechos humanos. Andalucía tiene año tras año el mayor presupuesto de su historia pero cada vez invierte menos en ayuda al desarrollo. Incluso con un estancamiento del presupuesto, todo lo que no fuera un crecimiento sería disminuir en los porcentajes y eso nos alejarían de los objetivos. Nos marcamos metas numéricas, como la del 0,7%, pero estamos hablando de personas.

Con un neolibrealismo y una individualización en auge, ¿se sigue viendo la cooperación al desarrollo como algo lejano, como algo que no afecta directamente de puertas adentro?

El discurso de unos frente a otros está ahí, lo sabemos, pero hay que intentar ir contra eso en el sentido de que se trata de un reparto de recursos y de una inversión eficiente. Lo que decíamos antes del retroceso también en algunos servicios sociales básicos: las privatizaciones en salud o educación son una realidad, y eso al final son gastos añadidos. Podemos marcar una hoja de ruta que recupere aquel 0,4% porque las organizaciones hemos podido ver los impactos que ha tenido en la vida de personas, en el desarrollo de políticas o de proyectos en países donde se ha intervenido.

¿Cómo han asumido las organizaciones de cooperación que Andalucía haga de anfitriona en un encuentro mundial de tal relevancia cuando viene recortando el presupuesto en la materia año tras año?

Cuando el año pasado comparecimos en el Parlamento de Andalucía, en el momento en que se estaba trabajando en el borrador de presupuesto ya dijimos que era un año crucial porque teníamos la aprobación del Plan Director de la Cooperación Andaluza, que ha sido un trabajo muy profundo tanto de las organizaciones como de la Administración a través de la Agencia, eso lo sabemos y lo valoramos. Pero, claro, necesita una asignación y un acompañamiento presupuestario que sea real y que haga que eso no sea una guía en papel sino que realmente sea una herramienta a futuro y que vaya acompañado de una voluntad política. Sumado a que además este año se celebraba aquí la cumbre, era cuanto menos paradójico que se estuviera recortando por un lado y por otro se estuviera anunciando que iba a ser aquí la cumbre de Naciones Unidas después de diez años y por primera vez en Europa.

Como delegada en Andalucía de una organización pacifista, ¿qué le parece el respaldo de la OTAN al gasto del 5% del PIB en Defensa?

Normalizar que se pueda invertir un 5% en Defensa nos hace preguntarnos por qué no se podría llegar al objetivo del 0,7%. Pero es que, además, ese porcentaje va disminuyendo o se estanca cuando hay un crecimiento económico y se podría hacer una inversión mayor.

¿Qué otra cosa le gustaría decir como nueva presidenta de la CAONGD?

A mí me gustaría reconocer el trabajo incesante de las organizaciones internacionales y locales de cualquier tamaño, empezando por las andaluzas, que con el trabajo que se hace en Educación para la Ciudadanía Global acompañan a colegios e institutos, a asociaciones o universidades, y creen en la educación transformadora. Y también el de todas aquellas que hacen un trabajo ingente aliado en los países del sur, siempre en coordinación con otras organizaciones del sur, que a su vez hacen un trabajo fantástico de desarrollo en ciudades, en comunidades rurales y en contextos muy difíciles, muchas veces casi humanitarios aunque no estén declarados como situaciones humanitarias por los estándares internacionales pero que realmente lo son, y eso lo sabemos los que trabajamos en comunidades de África.

Quisiera mandar coraje y valentía para seguir trabajando en un contexto complicado. Desde la Coordinadora seguiremos trabajando para que la política de cooperación internacional vuelva a ser lo que fue. Porque Andalucía fue un referente, como lo fue en sanidad también. Retomemos eso, y hagámoslo también de manera organizada y solidaria.

La diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Andalucía, María Márquez, ha registrado este lunes un escrito en la Fiscalía de Sevilla en la que advierte que ha sido víctima en redes sociales de “una campaña masiva, pública y coordinada de acoso sexista en redes sociales”. Márquez pide al Ministerio Público “que se incoen diligencias de investigación penal, se practiquen las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos y, en su caso, el ejercicio de la acción penal contra las personas responsables”.

La denuncia, según ha comprobado elDiario.es Andalucía, Márquez apunta que ha sido objeto durante los últimos meses “y de forma especialmente intensa en los últimos días” de una “campaña” que se ha desarrollado principalmente a través de las plataformas Facebook, Instagram y X/Twitter, tanto en publicaciones realizadas en su perfil personal como en las cuentas oficiales del PSOE de Andalucía donde se compartieron fragmentos del vídeo de su intervención parlamentaria en el debate sobre la situación política de Andalucía del pasado 12 de junio.

“Numerosos usuarios publicaron comentarios de tono sexista, vejatorio y con connotaciones sexuales explícitas, con el objetivo de denigrar, humillar y deslegitimarme como representante pública por el mero hecho de ser mujer. Estos mensajes no cuestionan mis ideas políticas, sino que se centran en mi cuerpo, gestos o aspecto físico, reproduciendo estereotipos machistas profundamente arraigados en la cultura patriarcal. Tal contenido constituye un ataque directo a mi integridad moral y un intento deliberado de ridiculizar, sexualizar y silenciar mi voz política”, explica en el escrito ue ha registrado.

“No quiero ni puedo normalizar que, cada vez que comparto contenido en mis redes sociales o en las de mi partido, reciba insultos como ”puta, rata, escoria, que tengo las rodillas peladas o lo bien que debo masturbar“. Pido amparo ante la justicia de mi país porque dedicarse a la política, o simplemente opinar en público, no puede equivaler a recibir insultos y acoso sexual o machista como si fuera parte del ”cargo“. Esa lógica perversa nos quiere calladas. Y no lo vamos a permitir”, ha explicado Márquez posteriormente en un comunicado después de que hace unos días ya advirtiera de ello en su perfil de X:

En el escrito ante la Fiscalía, entre otras consideraciones dice la portavoz socialista se trata de “violencia política digital por razón de género”, un “fenómeno cada vez más frecuente en redes sociales, y que tiene como objetivo principal disuadir, silenciar o castigar la participación de mujeres en la vida pública”.

Las expresiones recibidas, “lejos de constituir opiniones amparadas por la libertad de expresión, han sobrepasado todos los límites constitucionales y legales, al incurrir en una intromisión ilegítima en mi integridad moral y en un discurso de odio por razón de género, que tiene como finalidad silenciar, humillar y castigar a una mujer por el mero hecho de ocupar un espacio político de representación”. “Los ataques han sido de tal volumen e intensidad que han generado un impacto emocional, social e institucional que no puede obviarse, y que merece respuesta por parte de los poderes públicos”, añade en su denuncia.

Márquez insiste en que en esas publicaciones “se concentran una serie de comentarios con un marcado contenido sexista, vejatorio y de connotación sexual, dirigidos a mi persona exclusivamente por razón de mi condición de mujer con visibilidad pública”. La diputada adjunta como “pruebas documentales” algunos ejemplos publicados en Instagram y en X en publicaciones del perfil oficial @psoedeandalucia: “Fijaos en el gesto de la mano cuando habla y sabréis como llegó ahí”; “ya la boca y la mandíbula hasta donde la abres ???? Y la lengua”; “pues le han callado bien con una buena p@lla en la boca”; “¿está haciendo una pajilla?”; “otra que no se tomó el medicamento”; etc.

“Estos mensajes no tienen otra finalidad que la de cosificarme, sexualizarme, deslegitimar mi posición institucional y proyectar una imagen de sumisión y degradación sexual, reproduciendo estereotipos machistas profundamente arraigados en la cultura patriarcal, que vinculan la presencia de mujeres en espacios de poder con favores sexuales o comportamientos impropios”, denuncia.

“Estos insultos no surgen espontáneamente. Se agrupan. Se replican. Se retuitean. El patrón responde a un ataque en enjambre (troll swarm), ampliamente documentado en los estudios sobre violencia política digital, y genera un impacto psicológico real: miedo, rabia, angustia y una profunda sensación de impotencia ante la normalización del odio sexista en el entorno digital”, explica la diputada.

Márque considera que los hechos descritos encajarái “en distintos tipos penales y han de ser valorados con la gravedad que corresponde a los delitos motivados por el odio y la discriminación por razón de género, cuya persecución es prioritaria en el marco de los compromisos internacionales suscritos por el Estado español”.

En ese sentido solicita al Ministerio Fiscal “que se requiera a la plataforma X (antes Twitter), Instagram y Facebook, a través de los mecanismos de cooperación judicial y policial para la identificación de los titulares de los perfiles desde los que se emitieron los mensajes” recogidos en el documento que adjunta, instando a las plataformas “a retirar de forma inmediata los contenidos vejatorios y de carácter sexista” ya que “constituyen discurso de odio, acoso por razón de género y ataques contra la dignidad de una mujer con responsabilidad institucional”.

José Esteban Garrido, presidente de la Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD), y Antonio Manuel Mateos, portavoz y vicepresidente, llevan muchos años tratando de hacer ver a la sociedad la importancia de la memoria histórica. Saben que los tiempos van cambiando y quieren que sus argumentos de verdad, justicia y reparación calen en la población, sobre todo entre los más jóvenes, conocedores de que el último CIS dejaba datos tan reveladores como que al 38% de los menores de 24 años no les importaría vivir en un régimen “poco democrático”. También entre la clase política, sobre todo al Gobierno de Andalucía, al que viene reclamando el cumplimiento y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada en 2017 sin votos en contra en el Parlamento autonómico.

¿Por qué es importante conmemorar el 14 de junio?

José Esteban Garrido (J.E.G.). El 14 de junio, según la Ley de Memoria Histórica de Andalucía, aprobada sin ningún voto en contra, es el homenaje y el reconocimiento a las víctimas de la represión, de la dictadura y de la guerra Civil. En Andalucía, es incalculable el número de personas que fusilaron y que se exiliaron. Se habla de unas 50.000 personas fusiladas. La represión aquí fue brutal, y con una particularidad: resistencia, excepto en Jaén y en Almería, no hubo ninguna. Aquí no se puede hablar de frente, de guerra.

Yo creo que todo el esfuerzo que se haga es por que la memoria vaya a los centros escolares, pero que parta de un principio: primero hay que cumplir la ley y hay que formar a los profesores. La inmensa mayoría de los profesores, de memoria histórica y de lo que pasó aquí no tienen ni idea. Hay que formarlos y, después, a los alumnos, para que pregunten “qué pasó en mi pueblo” o “qué pasó en mi familia”. Creo que ese es el futuro, porque la inmensa mayoría de la gente joven no tiene ni idea. Y hay también otro problema: que ha habido familias represaliadas con un gran pánico. Nicolás Sartorius me decía que el miedo se supera pero el pánico no. Esas familias lo han tapado todo. “Niño, de eso no se habla, callarse la boca”. Lo fundamental es que se conozca lo que aquí pasó, que se forme a los profesores y a los alumnos para que tengamos ese conocimiento y para que no se repita. Y estamos hablando de derechos humanos, no de esto ni de lo otro, y de todo esto tenemos que hablar en nuestras movilizaciones.

¿Qué le responderían a quienes opinan que la memoria histórica significa reabrir heridas?

Antonio Manuel Mateos (A.M.M.). La memoria histórica es diferente de la historia oficial. Es el relato no editado que nos llega a través de los que protagonizaron aquellos sucesos tan terribles. Los libros de Historia con los que nos hemos formado no hablaban nada, ni suele hablar mucho todavía, de lo que ocurrió en la guerra civil ni del relato del perdedor. La historia oficial siempre la escriben y la cuenta el que gana un conflicto. La historia no contada, la historia del perdedor de aquel conflicto, no nos ha llegado. Pero descubrimos que hay mucho que contar, mucho sufrimiento, muchas víctimas, muchas penurias, entre los que no hacían otra cosa que defender la legalidad vigente en el momento en que se produce el golpe de Estado en el 36. Sin embargo, no ha llegado nunca su relato a la actualidad. A los que piensan que se pretenden reabrir heridas les diría que lo que pretendemos es completar ese relato oficial para tener un conocimiento exacto de lo que verdaderamente ocurrió.

Y no nos mueve el rencor, ni el odio, ni las ganas de abrir heridas, sino el deseo de que las víctimas que murieron injustamente por defender una legalidad vigente se les repare su memoria y se les dignifique. Muchas de esas víctimas están todavía en fosas comunes o en cunetas en muchos pueblos de Andalucía. Entonces. No se pretende nada de abrir heridas, más bien curar y sanar heridas. Además, con la celebración del 14 de junio de homenaje y recuerdo a las víctimas no estamos haciendo nada más que cumplir un mandato de nuestra vigente Ley Andaluza de Memoria Histórica, que lo recoge muy bien en su artículo 17, con actuaciones públicas. Por cierto, el Gobierno de la Junta de Andalucía todavía no ha celebrado ninguna conmemoración institucional pública y llevan ya seis años gobernando. El año pasado cubrieron expediente con la visita de un viceconsejero de una fosa y punto.

Lo digo porque es el momento es el idóneo para decir estas cosas. Porque el domingo pasado vimos al presidente de la Junta asistiendo a una concentración convocada por su partido en el que se clamaba por la democracia. El objetivo final de las leyes de memoria histórica que se han aprobado en España tienen, fundamentalmente, tres objetivos: que se conozca la verdad de lo que ocurrió, que se repare la dignidad agredida y dañada de las víctimas, y garantizar que no se vuelvan a ocurrir hechos similares. Es decir, si tenemos un conocimiento exacto de lo que ocurrió, y sabemos que aquel golpe de Estado que acabó con la democracia en el 36 en España dio pie a un periodo autocrático, de miedo, de persecución, de asesinatos, para evitar que eso vuelva a ocurrir en un futuro tenemos que empezar a conocer la verdad de lo que ocurrió. Defender las leyes de memoria histórica y su cumplimiento no es más que preservar la democracia, es proteger la democracia. Nuestras nuevas generaciones tienen que conocer lo que ocurrió y, a partir de ahí, elaborar las herramientas para poder defender la democracia. Cultura democrática.

¿Cuáles son sus reivindicaciones? ¿Cuáles son esos incumplimientos que vienen denunciando?

J.E.G. El PP, donde está gobernando con el apoyo de Vox, está derogando las leyes de Memoria Histórica una tras otra. En Andalucía no se deroga pero está en un perfil bajo. Nosotros reivindicamos que se declaren Lugares de Memoria, que hay 39 preparados del gobierno anterior y en más de seis años se han declarado solo tres. Y hay uno muy simbólico, en Camas (Sevilla), donde el ayuntamiento solicitó hace ya unos años que se catalogara el Cortijo de Gambogaz. El Consejo de Memoria de la Junta de Andalucía se disolvió porque había que renovarlo pero no parece que haya disposición. Hay que demostrar que la memoria es un tema de democracia, de cultura democrática.

El día 24 se va a firmar el protocolo de la fosa Monumento, que ha sido ya aplazado un par de veces, y el Ayuntamiento de Sevilla va a decir no tenemos partida ahora y tendremos que esperar al año que viene. Se calcula que allí hay más de 2.600 personas, no solamente de Sevilla sino también de los pueblos de dentro y fuera de la provincia. Ahora que se lo planteen a Vox a ver. Lo que he planteado es que si la Secretaría de Estado de Memoria puede hacer lo mismo que hizo Juan Espadas cuando era alcalde, que puso 1,2 millones de euros en la mesa y cuando el resto se vaya incorporando lo va recuperando. Así sucedió con Pico Reja. En Sevilla también tenemos pendiente qué pasa con la Ranilla o con la Gavidia.

¿Cuál es el desarrollo de la Ley de Memoria en Andalucía por parte de la Junta?

A.M.M. Donde mejor se ve la voluntad política de un gobierno y una gestión es en los presupuestos. ¿La ley por qué no se cumple ni se desarrolla? Pues posiblemente porque ni siquiera se dote de presupuesto para eso. La ley obliga a que cada cuatro años se apruebe un plan cuatrienal de actuaciones en memoria histórica y democrática que tiene que ser revisados anualmente a través de los planes anuales. En Andalucía se ha puesto en marcha solo un plan cuatrienal (2018-2022). Su vigencia terminó el 31 de diciembre de 2022. Estamos a junio de 2025 y todavía no conocemos ni siquiera el borrador del segundo plan.

Aquel primer plan cuatrienal tuvo un presupuesto de 9,5 millones de euros. La Junta presentó el año pasado un documento de siete párrafos para justificar la ejecución de ese plan, reconociendo que habían provisto solo 4,5 millones. Es decir, cinco millones de euros se fueron a otro lado, no sabemos dónde, desde luego a políticas públicas de memoria no. Y todo eso sin entrar a valorar qué ejecución presupuestaria se hizo de ese dinero del que se dispuso, porque no se presentó ninguna memoria en el Parlamento de Andalucía como dice la ley. Lo sabemos también porque todas las asociaciones que tenemos en todas las provincias se quejan de la situación, de que ni llega el dinero ni se inicia el trabajo en una fosa ni nada de nada, salvo que sea la Secretaría de Estado la que esté financiando el proyecto.

Al hilo de ello, siempre han denunciado que la Junta se apropia de actuaciones que no financia. Pero sin ir más lejos la semana pasada presumió de que dedicaba más de un millón de euros a las tareas de exhumación e identificación de víctimas. ¿Cómo es eso de que se las apropia?

A.M.M. Porque no hace ninguna que la financie solo la Junta. La Secretaría de Estado de Memoria, conocedora de la situación, está impulsando proyectos que están abandonados, arrinconados, para exhumaciones de fosas, para identificaciones. Pero, cuidado, que hay 3.000 familias esperando los resultados de análisis genéticos de los cuerpos que están en el Centro de Estudios Biomédicos de Granada. ¿Qué hace el Gobierno de España? Pues salva un poco la situación. ¿Y cómo lo hace? Pues financiando fosas a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, a través del Consejo Territorial de Memoria. Por cierto, esta semana con tres millones de euros aprobados a las comunidades para financiar exhumaciones de fosas. ¿Sabes qué comunidades votaron en contra? Madrid, Murcia y Valencia. ¿Dónde está Vox? En la tres, con el PP.

El presupuesto andaluz de 2025 para exhumaciones directamente tiene un epígrafe con 115.000 euros, y para estudios previos para una intervención en fosas, sin que esté especificado con esa claridad, otros 225.000 euros. Si hay un clamor por parte de las familias, que existe y que es real porque quieren encontrar los restos de su familiar, porque se están muriendo los hijos y no saben dónde está su padre, pues el Gobierno de España tiene que responder, claro que sí.

Ante el aumento de la extrema derecha en Europa y el mundo, y las actitudes de apoyo muchos jóvenes, ¿tiene mayor importancia la memoria histórica que viene reglada en España para crear más conciencia democrática?

A.M.M. Esa es la clave. Hay un dicho muy conocido que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué las leyes de memoria histórica le dan tanta importancia a la transmisión del conocimiento? Primero, porque sabemos que hay un déficit en ese conocimiento. El relato oficial que quedó del franquismo, pervertido por la mano del represor no hablaba nada de esto. El relato de la víctima, que es el que sabe de sufrimiento, de cárcel, de tortura, de asesinatos, está perdido. Y las leyes de memoria histórica consideran que es importante que las nuevas generaciones conozcan lo que ocurrió. ¿Con qué objetivo? Para que impidamos entre todos que eso pueda ocurrir.

Y la prueba nos la está dando ahora mismo la población actual, con generaciones jóvenes. Hace poco el CIS decía que hay un porcentaje elevadísimo de gente joven que dice no importarle que vuelva a haber un gobierno autocrático en el país. Desde luego, hablan desde un desconocimiento absoluto, porque no saben lo que es una dictadura, se han criado en democracia pero poco han aprendido de ella porque la dictadura es la antítesis de la democracia. Al no haber probado en sus carnes lo que es una dictadura, no prestan atención, y eso me parece un problema muy grave. Por eso no puedo entender que un gobierno de una comunidad autónoma como la de Andalucía tenga un presidente que el otro día en Madrid enfervorecidamente clamaba por la democracia y, sin embargo, incumple leyes de memoria histórica que pretenden, sobre todo, preservar la democracia de amenazas similares a las que ocurrió en el 36. Es para pensárselo. No se pretende para nada por parte de los memorialistas, como comentábamos antes, buscar ningún tipo de revancha. No actuamos desde el rencor. Tendríamos que aprender de esos errores para evitar que se vuelvan a repetir. ¿Y cómo se evita? Reforzando nuestra democracia.

Por eso queremos apelar a la decencia democrática del Gobierno andaluz, porque creo que tienen la responsabilidad, como decía antes, de preservar la democracia. Y si no saben cómo hacerlo, que empiecen a trabajar en el rescate de ese relato perdido y que ejecute la ley y que la cumpla, y que dote de presupuesto suficiente a las políticas públicas de memoria democrática. Hay muchas personas que se están muriendo sin saber dónde está su padre, y eso creo que es fundamental.

El 14 de junio se conmemora el día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura, como señala el Art. 17 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Esta vez, como en aquella manifestación de noviembre de 2021, se ha logrado un consenso en el movimiento memorialista y se ha acordado un manifiesto y concentraciones en diferentes provincias para protestar contra el “parón” de las políticas públicas de memoria histórica y democrática, precisamente el año en que se cumple medio siglo de la muerte del dictador.

La fecha llega “un año más, con plena actitud reivindicativa, reclamando para nuestra tierra que se desplieguen desde las instituciones andaluzas políticas que permitan mantener la memoria de las víctimas y reivindicar los valores democráticos y la lucha del pueblo andaluz por sus libertades, así como avanzar en los objetivos memorialistas de verdad, justicia y reparación”, se apunta en el manifiesto, respaldado por la Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD), entidades y colectivos locales defensores de la memoria histórica de las distintas provincias , que prevén como acto central una concentración este sábado a las 11.00 en la Plaza Nueva de Sevilla para el cual quieren hacer un llamamiento a la ciudadanía.

¿Con qué objetivo? Para “manifestar su absoluto rechazo al desmantelamiento de las políticas públicas de memoria, que paraliza las actuaciones emprendidas o proyectadas, incumple las leyes de memoria estatal y andaluza, reduce drásticamente las partidas memorialistas en el caso de la Junta o las deja en 0 euros en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, desmantelamiento que se evidencia desde la llegada de los gobiernos del Partido Popular tanto en los ayuntamientos –especialmente el de Sevilla– como en la Junta de Andalucía”.

Según recuerdan, la Ley de Memoria de Andalucía, aprobada en 2017 sin votos en contra, establece que se “garantiza el derecho de la ciudadanía andaluza a conocer la verdad de los hechos acaecidos, así como la protección, conservación y difusión de la Memoria Democrática como legado cultural de Andalucía, en el período que abarca la Segunda República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista y transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía”.

Con base en ello, “hacemos un llamamiento amplio, a toda la ciudadanía andaluza, y especialmente a la gente más joven, que no vivió aquellos años de represión, pero en cuyas familias se esconden miles de historias de torturas, represión y asesinatos impunes de sus abuelos y abuelas”. “Preguntad por ellas, que no caigan en el olvido, que la llama constante de la lucha por el reconocimiento y su dignidad nunca se apague, para exigir saber la verdad, reclamar justicia y trabajar por la reparación merecida”, sugieren.

“Incumplimientos e inacciones”

A modo de ejemplo, el movimiento memorialista ha detallado algunas de “esas muestras de paralización y abandono”, de las que vienen informando elDiario.es Andalucía y SevillaelDiario.es. Por parte del Ayuntamiento de Sevilla, “la desatención a las familias de víctimas de la represión franquista con el cierre de la Oficina de Memoria Histórica y cancelación del dispositivo de recogida de muestras de ADN o la paralización intencionada de la iniciación de los trabajos para la exhumación de la fosa Monumento, la de mayor importancia del cementerio de Sevilla -en la que se estiman 2613 víctimas -, que cuenta con la financiación de todas las administraciones menos las gobernadas por el Partido Popular”. Asimismo “la ralentización del proyectado Centro de la Memoria de Ranilla, la paralización del Consejo Sectorial de Memoria Democrática, el abandono de los programas educativos y divulgativos de memoria, la negativa a depurar el callejero de nombres y simbología franquistas, la supresión de honores, recompensas y distinciones a franquistas, así como resaltar que la Memoria Democrática brilla por su ausencia en el presupuesto municipal no asignándole ni un solo euro”.

Por parte de la Junta de Andalucía entre sus “principales incumplimientos e inacciones” apuntan los convocantes “los drásticos recortes en las dotaciones económicas destinadas a los planes de memoria democrática, la enorme tardanza en la realización de los cotejos genéticos y la nula información así como la escasez de resultados positivos, la paralización de declaraciones de Lugares de Memoria, la falta de desarrollo reglamentario de la Ley de Memoria Andaluza, su pasividad e inacción ante el incremento de actos de enaltecimiento del franquismo y de los discursos de odio, la no publicación del Censo de Victimas, la falta de promoción de actos de reconocimientos institucionales de las víctimas y el incumplimiento del currículum escolar sobre memoria democrática, entre otros”.

Ante este panorama, desde el movimiento memorialista se reafirman en “reclamar el derecho de las familias a saber donde están los restos de sus familiares, su derecho a conocer la verdad, a que se haga Justicia, al reconocimiento y reparación moral para todas las víctimas del franquismo, incluidas todas aquellas cuyos derechos fueron vulnerados después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, inmersos aún en las luchas que se dieron por la consolidación de la democracia, los Derechos humanos y los valores democráticos”.

La Memoria Democrática es – según marcan las leyes – una exigencia ética, una obligación legal para los gobiernos. Ahora más que nunca exigimos se observe escrupulosamente, especialmente en un momento político de auge de la ultraderecha a nivel internacional, con claras señales en nuestra tierra que pretenden trasladarnos a tiempos oscuros de nuestra historia pasada.

La mayoría absoluta del PP ha sacado adelante este miércoles una proposición no de ley en Pleno para rechazar al “agravio” del Gobierno de España en la financiación del sistema de la dependencia que viene capitaneando dese hace semanas la consejera de Inclusión Social, Loles López, a cuenta del acuerdo Gobierno-País Vasco rubricado el pasado 10 de abril en la Comisión Mixta del Concierto Económico por parte de la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

Dicho acuerdo, al que ha tenido acceso este periódico, señala que la financiación a cargo del Estado en Euskadi alcanzaría el 50% en 2027, esto es, en el último ejercicio de la legislatura. Es la cifra que reclama para sí la comunidad andaluza en base a la Ley de Dependencia de 2006, que en todo caso estipula que el Gobierno no puede poner más dinero que las comunidades autónomas. Es decir, que lo máximo a lo que puede llegar el Ejecutivo central es a ese 50%.

Ese es el objetivo, de hecho, que se recoge en el acuerdo del gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, que textualmente dice que se continuará “la senda de crecimiento de la financiación de la dependencia hasta que la financiación de la Administración General del Estado alcance el 50% del total”.

Pero la foto fija de la dependencia, a día de hoy, muestra que Andalucía es la comunidad más financiada de España y País Vasco la que menos, como ya informó este periódico. En los datos cerrados de 2023, Euskadi recibió un 16,05% mientras que Andalucía fue la que más porcentaje percibió, con un 37,74%, con una financiación casi 10 puntos por encima de la media nacional. Durante los dos años (2012-2014) en que el ahora presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, fue secretario de Estado de los Servicios Sociales en España, la asignación a Andalucía decreció del 25% al 22%.

El acuerdo con Euskadi realmente es un futurible, y gradual, hasta alcanzar ese pretendido reparto 50-50. Dice exactamente que “se aplicará gradualmente durante los años 2025, 2026 y 2027, comenzando su aplicación en el primer ejercicio en el que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de cualquiera de estos tres ejercicios y su aplicación será gradual en el plazo restante”.

“Si se siguieran aplicando unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados durante el año 2026, el presente acuerdo se aplicará íntegramente a partir del año 2027, garantizando que la financiación a cargo del Estado en 2027 sea del 50% del gasto”, se especifica en el acuerdo alcanzado en la comisión mixta de abril. “¿El PP apoyará unos presupuestos que recojan incrementos en la financiación de la dependencia?”, se preguntan fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.

Por su parte, fuentes sindicales del ámbito de la dependencia en Andalucía apuntan que “el Pais Vasco está discriminado y es lógico que quieran mejorar su situación”, tomando de referencia los datos actuales de cofinanciación. “A lo mejor la Junta podría establecer una vía de dialogo con el Gobierno para cambir la financiacion de la dependencia y del sistema de financiacion de las comunidades en vez de hacer desplantes a la ministra con fines partidarios y electoralistas y rechazar de plano la quita de la deuda y de negarse a hablar del sistema de financiación. Es decir, buscar soluciones a los problemas en vez de estrar todo el dia lloriqueando al Estado como si Andalucía fuera el culo del país en vez de exigir el cumplimiento del desarrolo del Estatuto de Autonomía”, zanjan las fuentes, que tampoco obvian críticas al Estado ya que “la falta de presupuestos y de voluntad del Gobierno del Estado hace que la financiación del sistema no suba, ni el nivel acordado ni del mínimo garantizado que permitirían acercarse al 50-50”.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales se insiste en que el acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar recoge el compromiso de alcanzar el 50% en todas las CCAA, que la vía son los PGE y que se trabaja “para que salgan adelante con mejoras en financiación”, detallando que el Ejecutivo de Sánchez “ha triplicado la financiación estatal de la dependencia desde los niveles mínimos donde la dejó el gobierno del PP”.

En el caso de Andalucía, de acuerdo los datos oficiales de financiación en la mano (accesibles en la web del Imserso), la cofinanciación hacia Andalucía era del 19,67% en 2018, habiéndose casi duplicado en los últimos cinco años. En 2024, el Estado aportó a Andalucía 738 millones de euros (596 de nivel mínimo y 142 de nivel acordado), casi 10 millones más que lo aportado en 2023. Aún no hay datos disponibles del porcentaje del años pasado pero se espera que sean similares a los 2023, cuando el 37,7% supuso para Andalucía un aumento de 18 puntos porcentuales en la aportación del Estado respecto a la parte aportada por el Gobierno central del PP en 2017. 

El Parlamento andaluz ha acogido este miércoles este debate, pero no se ha centrado en la comparativa de cifras, sino en la refriega política entre populares y socialistas. La iniciativa del PP ha sido rechazada en su totalidad por PSOE-A y Por Andalucía, mientras que Vox y grupo mixto-Adelante Andalucía han apoyado algunos puntos.

La Cámara ha expresado su rechazo “al acuerdo exclusivo y unilateral del Gobierno de España” con el Ejecutivo vasco por el que se compromete a “financiar anualmente el 50% del gasto total que la administración vasca certifique al Imserso por la gestión” del sistema de Dependencia, ya que ello supone un “inaceptable agravio discriminatorio y una vulneración flagrante de los principios constitucionales de igualdad y de justicia social, que atenta contra la dignidad y bienestar de las personas dependientes y supone una amenaza para la sostenibilidad y la cohesión territorial del sistema público”.

En defensa de la iniciativa, la diputada popular María Isabel Lozano subrayó que el “déficit estructural de financiación” del sistema de la Dependencia en Andalucía por parte del Gobierno de España “es un hecho objetivo”, ya que, en 2024, último año cerrado, el gasto total certificado en Dependencia en la comunidad “alcanzó los 2.117 millones de euros, de los cuales la Junta aportó 1.378 millones de euros (el 65%)”, mientras que el Ejecutivo nacional “se hizo cargo únicamente de 739 millones, el 35%”.

Entre 2019 y 2024, según los datos aportados por Lozano desde la tribuna, las aportaciones de la Junta para el sostenimiento del sistema alcanzan “los 8.383 millones de euros, frente a una contribución del Gobierno central que suma tan solo 3.705 millones, es decir, 4.678 millones de euros menos aportados por el estado que la administración autonómica”.

La bancada popular ha afeado al PSOE que la situación “de infrafinanciación histórica se ha visto agravada durante 2024 y 2025, debido a la anomalía democrática que supone la inexistencia de Presupuestos Generales, acumulando prórrogas consecutivas, un hecho que ha supuesto la congelación de la partida destinada a dependencia y la eliminación de los fondos del plan de choque destinado a fortalecer el sistema”, lo que supone la pérdida de 400 millones en Andalucía.

Lozano ha culminado el debate afirmando que el Gobierno de Moreno “sigue aumentando año a año la aportación de recursos propios, que alcanza ya para 2025 una cifra récord de 1.563 millones de euros, 368 millones más que en 2024”.