Realidad, datos y futuribles del “agravio” de Andalucía respecto a Euskadi en la cofinanciación de la dependencia

La mayoría absoluta del PP ha sacado adelante este miércoles una proposición no de ley en Pleno para rechazar al “agravio” del Gobierno de España en la financiación del sistema de la dependencia que viene capitaneando dese hace semanas la consejera de Inclusión Social, Loles López, a cuenta del acuerdo Gobierno-País Vasco rubricado el pasado 10 de abril en la Comisión Mixta del Concierto Económico por parte de la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

Dicho acuerdo, al que ha tenido acceso este periódico, señala que la financiación a cargo del Estado en Euskadi alcanzaría el 50% en 2027, esto es, en el último ejercicio de la legislatura. Es la cifra que reclama para sí la comunidad andaluza en base a la Ley de Dependencia de 2006, que en todo caso estipula que el Gobierno no puede poner más dinero que las comunidades autónomas. Es decir, que lo máximo a lo que puede llegar el Ejecutivo central es a ese 50%.

Ese es el objetivo, de hecho, que se recoge en el acuerdo del gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, que textualmente dice que se continuará “la senda de crecimiento de la financiación de la dependencia hasta que la financiación de la Administración General del Estado alcance el 50% del total”.

Pero la foto fija de la dependencia, a día de hoy, muestra que Andalucía es la comunidad más financiada de España y País Vasco la que menos, como ya informó este periódico. En los datos cerrados de 2023, Euskadi recibió un 16,05% mientras que Andalucía fue la que más porcentaje percibió, con un 37,74%, con una financiación casi 10 puntos por encima de la media nacional. Durante los dos años (2012-2014) en que el ahora presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, fue secretario de Estado de los Servicios Sociales en España, la asignación a Andalucía decreció del 25% al 22%.

El acuerdo con Euskadi realmente es un futurible, y gradual, hasta alcanzar ese pretendido reparto 50-50. Dice exactamente que “se aplicará gradualmente durante los años 2025, 2026 y 2027, comenzando su aplicación en el primer ejercicio en el que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de cualquiera de estos tres ejercicios y su aplicación será gradual en el plazo restante”.

“Si se siguieran aplicando unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados durante el año 2026, el presente acuerdo se aplicará íntegramente a partir del año 2027, garantizando que la financiación a cargo del Estado en 2027 sea del 50% del gasto”, se especifica en el acuerdo alcanzado en la comisión mixta de abril. “¿El PP apoyará unos presupuestos que recojan incrementos en la financiación de la dependencia?”, se preguntan fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.

Por su parte, fuentes sindicales del ámbito de la dependencia en Andalucía apuntan que “el Pais Vasco está discriminado y es lógico que quieran mejorar su situación”, tomando de referencia los datos actuales de cofinanciación. “A lo mejor la Junta podría establecer una vía de dialogo con el Gobierno para cambir la financiacion de la dependencia y del sistema de financiacion de las comunidades en vez de hacer desplantes a la ministra con fines partidarios y electoralistas y rechazar de plano la quita de la deuda y de negarse a hablar del sistema de financiación. Es decir, buscar soluciones a los problemas en vez de estrar todo el dia lloriqueando al Estado como si Andalucía fuera el culo del país en vez de exigir el cumplimiento del desarrolo del Estatuto de Autonomía”, zanjan las fuentes, que tampoco obvian críticas al Estado ya que “la falta de presupuestos y de voluntad del Gobierno del Estado hace que la financiación del sistema no suba, ni el nivel acordado ni del mínimo garantizado que permitirían acercarse al 50-50”.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales se insiste en que el acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar recoge el compromiso de alcanzar el 50% en todas las CCAA, que la vía son los PGE y que se trabaja “para que salgan adelante con mejoras en financiación”, detallando que el Ejecutivo de Sánchez “ha triplicado la financiación estatal de la dependencia desde los niveles mínimos donde la dejó el gobierno del PP”.

En el caso de Andalucía, de acuerdo los datos oficiales de financiación en la mano (accesibles en la web del Imserso), la cofinanciación hacia Andalucía era del 19,67% en 2018, habiéndose casi duplicado en los últimos cinco años. En 2024, el Estado aportó a Andalucía 738 millones de euros (596 de nivel mínimo y 142 de nivel acordado), casi 10 millones más que lo aportado en 2023. Aún no hay datos disponibles del porcentaje del años pasado pero se espera que sean similares a los 2023, cuando el 37,7% supuso para Andalucía un aumento de 18 puntos porcentuales en la aportación del Estado respecto a la parte aportada por el Gobierno central del PP en 2017. 

El Parlamento andaluz ha acogido este miércoles este debate, pero no se ha centrado en la comparativa de cifras, sino en la refriega política entre populares y socialistas. La iniciativa del PP ha sido rechazada en su totalidad por PSOE-A y Por Andalucía, mientras que Vox y grupo mixto-Adelante Andalucía han apoyado algunos puntos.

La Cámara ha expresado su rechazo “al acuerdo exclusivo y unilateral del Gobierno de España” con el Ejecutivo vasco por el que se compromete a “financiar anualmente el 50% del gasto total que la administración vasca certifique al Imserso por la gestión” del sistema de Dependencia, ya que ello supone un “inaceptable agravio discriminatorio y una vulneración flagrante de los principios constitucionales de igualdad y de justicia social, que atenta contra la dignidad y bienestar de las personas dependientes y supone una amenaza para la sostenibilidad y la cohesión territorial del sistema público”.

En defensa de la iniciativa, la diputada popular María Isabel Lozano subrayó que el “déficit estructural de financiación” del sistema de la Dependencia en Andalucía por parte del Gobierno de España “es un hecho objetivo”, ya que, en 2024, último año cerrado, el gasto total certificado en Dependencia en la comunidad “alcanzó los 2.117 millones de euros, de los cuales la Junta aportó 1.378 millones de euros (el 65%)”, mientras que el Ejecutivo nacional “se hizo cargo únicamente de 739 millones, el 35%”.

Entre 2019 y 2024, según los datos aportados por Lozano desde la tribuna, las aportaciones de la Junta para el sostenimiento del sistema alcanzan “los 8.383 millones de euros, frente a una contribución del Gobierno central que suma tan solo 3.705 millones, es decir, 4.678 millones de euros menos aportados por el estado que la administración autonómica”.

La bancada popular ha afeado al PSOE que la situación “de infrafinanciación histórica se ha visto agravada durante 2024 y 2025, debido a la anomalía democrática que supone la inexistencia de Presupuestos Generales, acumulando prórrogas consecutivas, un hecho que ha supuesto la congelación de la partida destinada a dependencia y la eliminación de los fondos del plan de choque destinado a fortalecer el sistema”, lo que supone la pérdida de 400 millones en Andalucía.

Lozano ha culminado el debate afirmando que el Gobierno de Moreno “sigue aumentando año a año la aportación de recursos propios, que alcanza ya para 2025 una cifra récord de 1.563 millones de euros, 368 millones más que en 2024”.