Alguien en la sede del Gobierno de la Puerta del Sol parece haber bajado de nuevo el pulgar. No es difícil saber quién. Todo en el entorno de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, lo maneja Miguel Ángel Rodríguez, el señor Lobo, su controvertido jefe de gabinete. Hace dos semanas MAR ya se deshizo del otro gurú que susurraba a la lideresa: Javier Castillo Algarra, alias Rasputín, un exótico personaje que había infiltrado a su clan hasta tomar el control de la Consejería de Educación e influir mucho en la de Cultura. Aquello fue una carnicería: cayó el consejero Emilio Viciana un lunes a última hora de la tarde. Y tras él, a la mañana siguiente se inmolaron dos directores generales y tres diputados que además eran portavoces de área. El propio Castillo Algarra, Rasputín, dimitió como patrono y directivo de una fundación hecha a su medida, la que gestiona el Ballet Español de la Comunidad de Madrid.

El que ahora está en entredicho es ni más ni menos que el número dos del partido, el secretario general, Alfonso Serrano. Mucho más que un soldado de Ayuso, el espartano que ha dado por ella todas las batallas. El dirigente que acudió a reunirse con su pareja a Barajas para tratar de contener el escándalo un día después de que elDiario.es publicase los detalles de su fraude fiscal, sus empresas pantalla y sus facturas falsas. El hombre que se bate el cobre en las televisiones por Ayuso, el que llamó “gentuza” a las decenas de miles de personas que protestaron contra el equipo de Israel y lograron paralizar la última etapa de la Vuelta ciclista a España, el pasado verano en Madrid.

Entonces nadie lo sabía, pero la suerte de Serrano pudo empezar a cambiar el 26 de febrero de 2024, hace ahora dos años. Ese día, una concejal de su partido en Móstoles se dirigió por email al gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para denunciar “la discriminación muy grave” que lleva sufriendo desde las elecciones de mayo de 2023. En la carta reclamaba que la líder de su partido pudiese “mediar” y “que no tengan que intervenir otros organismos”.

Un día más tarde, el gabinete de la presidenta establece una red de protección para Ayuso. En la respuesta al email alega razones de agenda para no recibir a la edil de Móstoles (que no había propuesto ninguna fecha concreta, simplemente reclamaba poder verse con su presidenta) y deriva la gestión del caso al número dos del partido, Alfonso Serrano. Esta es la literalidad del email: “Estimada señora [...] Acusamos recibo de su correo electrónico de 26 de febrero y lamentamos mucho comunicarle que a la presidenta de la Comunidad de Madrid no le es posible acceder a su propuesta de reunión por cuestiones de agenda. En cualquier caso, y si usted lo estima conveniente, podemos dar traslado de su escrito al secretario general del PP Madrid para su conocimiento y consideración”.

En el blindaje permanente que su jefe de gabinete traza sobre la presidenta, a la que en privado llama “la niña”, Rodríguez encomienda la gestión de la crisis a Serrano. Ese mismo día, el 27 de febrero, la edil responde que preferiría reunirse con Díaz Ayuso, pero que entiende “la dificultad por motivos de agenda” y accede a sentarse “a la mayor brevedad posible” con su secretario general. El 28 de febrero, dos días después de la primera denuncia, el gabinete de la presidenta responde a la edil que sus correos ya están en manos de Serrano. Seis días más tarde, el 4 de marzo, Ayuso recibe en su despacho al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, una apuesta personal suya y de la secretaria de Organización, Ana Millán. El Gobierno vende la cita como un encuentro institucional donde los representantes de dos administraciones hablan de sus proyectos en común. No hay rueda de prensa posterior ni detalles sobre lo acordado.

Una semana después de que la presidenta recibiese en la Puerta del Sol al acusado, su mano derecha se sienta por fin con la denunciante el 11 de marzo de 2024 en la sede del PP de Madrid, primera planta de Génova 13. Es la secretaria de organización y vicepresidenta de la Asamblea regional, Ana Millán, la que arranca la conversación con la concejal en Móstoles. Con la charla a medias se incorpora el secretario general, al que Millán hace un breve resumen.

Es ese 11 de marzo de 2024 cuando el número dos de Ayuso espeta a la denunciante las siguientes frases: “O sea, que él te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿es eso?”. Antes Millán había admitido en la conversación con la concejal que se trataba de un “caso de acoso de manual”. Pese a ello, ambos dirigentes intentan convencer a la denunciante para que no acuda a los juzgados y tampoco haga público el caso. Apelan a sus padres, muy conocidos en el PP mostoleño, a la situación en que quedaría la edil tras una denuncia de ese tipo, a la dificultad para mantener el trabajo. Millán pronuncia otras dos frases terribles: “El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”. “Todas las mujeres hemos aguantado muchas cosas en política”. Serrano en la misma charla advierte a la edil: “No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer una solución”.

El problema —y eso no lo supieron hasta hace un par de semanas la presidenta Ayuso y su jefe de gabinete— es que todas esas conversaciones estaban siendo grabadas. Tras ocho meses intentando pedir ayuda, la concejal acabó dándose de baja en el partido y dimitiendo de todos los cargos en el Ayuntamiento. Y el pasado mes ha presentado una denuncia en los tribunales, no solo contra el alcalde, que según ella le hizo la vida imposible por desechar sus proposiciones sexuales, también a Serrano, a Millán y al gabinete de la presidenta por revelación de secretos: los emails que ella envió pidiendo ayuda al gabinete de la presidenta fueron filtrados a la prensa, incluidos sus datos personales. La Comunidad alegó que se trató de un error.

En la sede presidencial de la Puerta del Sol saben que tras esa denuncia que imputa cuatro delitos lo peor del caso está por llegar. Han decidido proteger al alcalde, quien ha dicho en público y en privado que no acosó a la concejal, y se apoyan en unas declaraciones del abogado de la denunciante en la cadena Ser en las que reconoció que el acoso sexual es siempre difícil de probar. Pero la presidenta y su jefe de gabinete están convencidos de que las cosas pueden empeorar. Y más peligro aún que la denuncia de acoso tiene la gestión que el número dos del PP hizo de este caso: si el relato de la edil deberá probarse en los tribunales, los intentos del partido por evitar la denuncia y enterrar el caso han aparecido en todos los periódicos y además están grabados. De momento, sobre lo que dijo en aquella cita Serrano se han publicado las transcripciones, pero el equipo de Ayuso sabe que es cuestión de tiempo que se emitan los audios. Grabaciones en las que su mano derecha, el hombre al que envió a sofocar la crisis, pide no denunciar, intenta enterrar el caso, hace todo lo contrario a lo que obligan los protocolos del PP y de la propia Comunidad de Madrid. Y eso tiene mala defensa.

Por si fuera poco, en la ronda de intervenciones que hizo Serrano en los medios para defenderse y en las que intentó desacreditar a la concejal, pronunció una de esas frases que se convierten en memes y que solo sirven para agravar las crisis. “¿Y tú cómo ligas?”, preguntó al periodista que en una rueda de prensa le hizo ver que él mismo y Ana Millán habían asumido en aquella cita que el trato del alcalde a la edil cambió cuando él le “tiró los tejos” y ella “le dio calabazas”.

Un sector del PP madrileño cree que una cosa es la defensa del alcalde en los tribunales sobre una denuncia que tratan de rebajar a un caso de acoso laboral (como si no fuera suficientemente grave en un cargo público). Y otra, la gestión que la cúpula del partido hizo de la denuncia, que los deja en muy mal lugar. Sobre todo, en un contexto en el que Ayuso había atacado con fiereza a la izquierda por los escándalos protagonizados por cargos como Paco Salazar en el PSOE e Íñigo Errejón en Más Madrid. Ambos fuera de sus puestos a las pocas horas de que se conociesen las acusaciones contra ellos.

En el supuesto de que el caso escale en el juzgado, donde de momento solo se ha presentado la denuncia, dirigentes del PP asumen que será Serrano el que quede en una posición muy frágil. Y dan por hecho que si hace falta un fusible para proteger a la presidenta, a Rodríguez no le temblará el pulso. Lo importante es “la niña”, suele repetir en sus círculos el jefe de gabinete, que en las últimas horas ha vuelto a enviar mensajes en este sentido. Todos los movimientos que ha hecho desde que se convirtió en asesor plenipotenciario van en la misma dirección. Que se lo pregunten a los consejeros del anterior Gobierno, el que llevó al PP a la mayoría absoluta en Madrid ocho años después. No repitió ninguno. Porque Ayuso es la viga maestra del edificio. Y la figura a proteger. Incluso cuando hizo falta tirar por la borda al presidente del partido, Pablo Casado.

Serrano tendrá además que acudir a otro juzgado que lo cita, de momento como testigo, por publicar en sus redes sociales un atestado confidencial de la Policía Municipal de Alcalá de Henares para vincular inmigración y delincuencia. Lo hizo en una respuesta a una información de elDiario.es en enero de 2024. Exhibió un documento confidencial que Serrano no podía tener en su poder y que apunta a una revelación de secretos en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que preside la alcaldesa Judith Piquet, otra dirigente cercana a Ayuso.

Las polémicas se le acumulan al número dos del PP madrileño y en las últimas horas ya se han publicado algunas informaciones que hacen ver que Serrano está en horas bajas, como lo demuestran los nuevos nombramientos en el grupo parlamentario para pasar página de la crisis de Los Pocholos. Según El País, los ascensos en el grupo de la Asamblea refuerzan al sector de quien es el portavoz, Carlos Díaz Pache, otro miembro de la guardia pretoriana de Ayuso con el que tiene muy buena relación desde que coincidieron en el gabinete de comunicación de Esperanza Aguirre.

Pero por más que en los alrededores del partido se especule con la existencia de bandos, hace años que el PP madrileño no tiene corrientes: todo el poder se ejerce por delegación. De Ayuso o de Miguel Ángel Rodríguez. Si es que no fueran lo mismo.

Mientras, la oposición martillea, desde la izquierda hasta Vox, contra los intentos del PP de sepultar una denuncia de acoso de una mujer del partido. “Mandó a sus secuaces a decirle que mejor la boquita cerrada”, repite la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar. “¿Y tú cómo ligas?”, replica la líder de Más Madrid la pregunta de Serrano en las sesiones parlamentarias.

La culpabilidad o no del alcalde la dirimirán los tribunales. Las maniobras de la cúpula del PP madrileño están grabadas en un teléfono móvil y aportadas al juzgado. Y a diferencia de Millán, que es íntima de Ayuso, Serrano es un peón que ahora aplaude a Ayuso, como antes había hecho desde ese mismo escaño a Ignacio González y a Granados. Una pieza prescindible para la presidenta y sobre todo para MAR en caso de que las cosas se tuerzan en el juzgado de Móstoles.

En el Pleno más relevante de la historia reciente de Móstoles hubo ausencias clamorosas. Para empezar, la de la exconcejal, el fichaje estrella del PP local en 2023 que renunció a la política y a su partido, tras ocho meses tratando de denunciar en los canales internos un doble acoso sexual y laboral por parte de su alcalde, Manuel Bautista. Tampoco pudieron entrar muchos vecinos, que se quedaron protestando fuera con pancartas, porque el aforo de 69 personas del salón del consistorio se llenó con cargos de confianza e incluso familiares del regidor. Medios de comunicación como elDiario.es y otros que solicitaron acreditación tampoco pudieron entrar. En ese contexto se celebró la sesión plenaria en la que la oposición al completo solicitó la renuncia del alcalde de la ciudad, a quien una edil denunció, primero en el PP sin éxito y hace unas semanas en los tribunales, por acoso sexual y laboral, durante el año y medio que permaneció en la corporación hasta que renunció a todo y se fue a su casa.

En ese período la edil pidió ayuda a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en ocho correos electrónicos, y vio como sus personas de confianza en el partido, el secretario general, Alfonso Serrano, y la de Organización, Ana Millán, la disuadieron para que no denunciase, se callase y se fuese a su casa con su marido.

Las palabras de Millán y Serrano, que aparecen en grabaciones en poder del juzgado, fueron repetidas hoy por concejales de la oposición. “Él te tiró los tejos, tú le diste calabazas y a partir de ahí todo cambia”, le dijo el número dos del PP en una de esas reuniones. “Todas hemos aguantado muchas cosas en política”, le dijo la número tres.

Cuatro partidos políticos, desde Podemos (en el grupo mixto) a Vox, pasando por Más Madrid y el PSOE exigieron a Bautista que se apartase del cargo y se defendiese en los tribunales. Todas las portavoces insistieron en que lo que se dilucidaba esta mañana en el consistorio no era la responsabilidad penal, que se dirimirá en la Justicia, sino su continuidad al frente de la institución durante el tiempo que dure el proceso.

“Usted está en su derecho a defender su inocencia, no desde ese sillón”, le dijo la portavoz de Más Madrid, Ana Tejero, quien dejó ver algo que ya está demostrado, que el Partido Popular no amparó a una mujer que acudió a denunciar un caso de acoso. “Este caso no empieza con venganza, empieza con la confianza que depositó en su partido. Una mujer que durante ocho meses solo ha pedido que se investigue internamente. Y que confiaba que en 2024 no le pasase lo que le pasó a Nevenka. Es un revival de una de las situaciones más bochornosas de la política española”, lamentó la edil de Más Madrid.

La edil de Ponferrada que hace 20 años tuvo que abandonar la política y el país por el acoso del entonces alcalde Ismael Álvarel, finalmente condenado en los tribunales, apareció citada en varias de las intervenciones. “La sociedad [entonces] tuvo que intervenir y la visibilidad mediática abrió camino a la justicia. Ella tuvo que irse y él se quedó”, trazó el paralelismo la concejala de Podemos Mónica Monterreal, quien se preguntó qué ha hecho el Ayuntamiento con este caso: “Si la concejalía de Igualdad no tiene nada que decir cuándo se investiga un presunto acoso en el ayuntamiento, ¿para qué está?. 

Fue la portavoz de Vox, Nieva Machín, socia de gobierno hasta hace unas semanas cuando la coalición saltó por los aires la que le recordó al alcalde lo que pedía él en ese mismo salón de plenos para los cargos de la izquierda: “Ustedes fueron implacables cuando afectaban a los políticos de la izquierda. Pidieron la dimisión de Errejón y de Monedero en su momento en este pleno. Ante cualquier señalamiento público. Lo hicieron evocando la ejemplaridad. No esperaron sentencias ni condenas. Bastaba la acusación para pedir su dimisión. Ese era el listón ético y moral de su partido. Apliquemos el código ético a usted que el que exigió a los demás. El mismo, ni más alto ni más bajo”.

La portavoz del PSOE, Susana López, apeló directamente a las compañeras de la edil dimitida, concejalas con Bautista que comparecieron a su lado el día que el regidor dio una rueda de prensa para defender su inocencia: “Nines, Cristina, Raquel, María Ángeles, Marta, tenían a su compañera hoy sentada. Hoy no está y sabemos por qué. ¿Se sienten cómodas?

El alcalde citó casi de carrerilla los nombre de los casos que afectan al Partido Socialista y que fueron apartados de sus cargos y suspendidos de militancia, habló de catálogos de prostitutas, y aseguró que todo corresponde a una “bomba de humo” urdida supuestamente desde La Moncloa a través de medios afines al Gobierno. También anunció querellas para defender su honor. Y aseguró que es “rastrero” comparar su caso con el del DAO de la policía que fue apartado de sus funciones al día siguiente de que el Ministerio del Interior conociese una denuncia contra él por violación. “No voy a dimitir, voy a defender mi honor, el de mi familia, mi presunción de inocencia ante todos y contra todos y este ayuntamiento va a salir reforzado de todo ello”. En su intervención plagada de alusiones al derecho constitucional a la presunción de inocencia y en la que anunció querellas contra medios de comunicación y rivales políticos, Bautista acusó directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que nadie había citado en el pleno de ser el “culpable de 46 muertes” en el accidente de tren de Adamuz.

El portavoz de su grupo, Alberto Rodríguez Rivera, hizo una defensa cerrada de su jefe de filas del que llegó a decir que es “la antítesis del machismo”. Justificó ese diagnóstico por los cargos de responsabilidad que tienen las concejalas del PP en Móstoles. Y hasta reprochó a la oposición que hubieran pedido la dimisión en su momento de la denunciante cuando estaba al frente de Nuevas Tecnologías.

Del resto de grupos, solo el concejal no adscrito, que dejó Vox hace unas semanas y ahora vota con el PP, ha defendido la continuidad del regidor frente a la “pena de telediario”.

Durante la hora larga que duró el pleno, toda la oposición censuró la gestión que hizo el PP de la denuncia de acoso, y el mensaje negativo que implica para las víctimas de casos de acoso: desincentivaron las denuncias y se trata de manchar la imagen de su compañera que denunció.

Desde los bancos del público se produjeron algunos aplausos al regidor cuando acabó su alegato en el que dijo ser inocente, y no estar siquiera querellado, puesto que no ha recibido la denuncia presentada en el juzgado.

En próximas sesiones ese mismo Pleno votará la creación de una comisión de investigación sobre el acoso a la que durante año y medio fue su concejal y que hoy está fuera del Ayuntamiento y del Partido Popular peleando para que los tribunales hagan justicia.

Los elementos folclóricos de la trama pueden despistar. Un dramaturgo amateur con tesis supremacistas y nostalgia del imperio español convertido en gurú de la presidenta de Madrid. Sus jóvenes pupilos, que gracias a su influencia, pasan de tocar el sacabuche o bailar en sus espectáculos a ser directores generales en la Comunidad de Madrid con sueldos de 100.000 euros. El apodo de 'los Pocholos' con el que alguien en el PP bautizó al grupo de Antonio Castillo Algarra, también conocido como Rasputín, uno de los asesores más poderosos durante años en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Pero la pregunta qué subyace a la mayor crisis del PP madrileño desde la caída de Cristina Cifuentes por su máster falso es en manos de quién han estado durante este mandato la Consejería de Educación, las universidades madrileñas y un presupuesto de 7.000 millones de euros cada año en Madrid. La respuesta corta es Emilio Viciana, un desconocido en el PP regional y también para la comunidad educativa, al que Ayuso hizo consejero en 2023 por recomendación de un asesor en la sombra y cuya carrera ha acabado de manera abrupta este lunes, destituido de forma fulminante sin ninguna explicación oficial.

Detalles pintorescos al margen, la principal consecuencia de su gestión es que la ley de universidades, uno de los proyectos estrella de la Comunidad de Madrid y que supuestamente se había estado elaborando en los últimos dos años, está muerta. Lo certificó el propio portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, este miércoles: “Tal y como está no va a salir”. Dos años perdidos en un contexto imposible para las seis universidades públicas de Madrid, a las que Ayuso -de eso no puede tener la culpa Viciana- ha asfixiado económicamente y en medio del avance de los centros privados que la propia presidenta se ha encargado de apadrinar.

El descontrol de la ley de universidades fue el último clavo en el ataúd de Viciana, pero las guerras de poder en el equipo de Ayuso habían empezado meses atrás. Enrique Ossorio, antecesor de Viciana en la consejería y hoy presidente de la Asamblea de Madrid, y la actual responsable de Hacienda, Rocío Albert, alto cargo con Ossorio en el anterior gobierno, nunca perdonaron al consejero que llevase a la fiscalía la denuncia que le hizo llegar un constructor sobre corrupción en la construcción de centros de Formación Profesional. Una nueva trama en el entorno de Ayuso que destapó elDiario.es.

Ossorio y Albert, temían entonces y también ahora que el sumario -con varios imputados y evidencias del fraccionamiento de facturas y el amaño de contratos- les acabe salpicando. Ambos dirigentes están aforados y solo pueden ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras la causa sigue escalando en el juzgado y las pruebas recopiladas apuntan a que semejante red de corrupción no pudieron urdirla a solas unos cuantos directores de instituto ni cargos intermedios como los que de momento están imputados.

Con una parte del núcleo duro de Ayuso enfrentado a Viciana por razones poco confesables y la ley estrella del Gobierno a medio hacer cuando ya ha transcurrido la mitad del mandato, la caída del consejero, el primero que destituye Ayuso en siete años, se precipitó este lunes. La cadena de dimisiones que sucedió a su cese evidenció el ingente poder que el clan de 'los Pocholos' había acumulado en la administración regional. Dos directores generales se fueron a las pocas horas: precisamente el responsable de Universidades, Nicolas Javier Casas y la de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Lera. El primero tocaba el trombón en la compañía de teatro de Castillo Algarra, el Rasputín de Ayuso, la segunda era la recepcionista de su academia de opositores, según adelantó El País.

El diputado que anunció el carrusel de dimisiones este martes en la Comisión de Educación de la Asamblea, Pablo Posse, ingeniero aeronáutico de formación, había hecho de regidor y microfonista en una obra de teatro de Algarra. Su compañera de escaño y de renuncia, Mónica Lavín, había sido actriz en la compañía y profesora en la academia. La tercera diputada que entregó el acta, Carlota Pasarón, pertenece también a ese mismo grupo.

Del clan de 'los Pocholos' también formaba parte la directora general de Juventud de la Comunidad, Laura Castilla, y el responsable de Enseñanzas Artísticas en la Consejería de Educación, Miguel Olive, que también fue bailarín en la compañía de Algarra. Estos dos no han dimitido de momento, pero en el Gobierno de Ayuso la mayoría los dan por amortizados.

Tras la reunión semanal del gabinete este miércoles, el portavoz Miguel Ángel García Martín, que intentó sin mucho éxito revestir la crisis de normalidad, no descartó nuevos ceses y pidió esperar a que la nueva responsable de Educación, Mercedes Zarzalejo, aterrizase en el puesto y conociese el equipo.

Así que de momento, lo que se sabe es que Castillo Algarra, alias Rasputín, había colocado en el Gobierno al consejero de Educación, a cuatro directores generales, además de tres diputados en el grupo parlamentario del PP y de garantizarse él mismo un asiento en el patronato del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, un organismo que Ayuso había creado a su medida y que ha recibido seis millones de euros de ayudas públicas en sus primeros tres años de vida.

Algarra renunció esta misma semana a su puesto y su despacho en la sede de los Teatros del Canal de Isabel II, en el distrito de Chamberí. Según su versión, dimitió el lunes, aunque el cese se conoció este miércoles. Varias fuentes confirman a elDiario.es que desde que supo de la destitución de Viciana, Algarra fue llamando uno a uno a todos sus discípulos, en el Gobierno y en el grupo parlamentario. “Tú verás lo que haces”, le dijo escuetamente a alguno de ellos, antes de colgar el teléfono. Mensajes parecidos recibieron los demás. El resultado es que cinco jóvenes sin apenas experiencia en política que habían visto lanzadas sus carreras en el PP madrileño con sueldos de entre 70.000 y 100.000 euros han dimitido obedeciendo las instrucciones de su mentor. Otros dos de momento intentan salvarse. Y en el partido cunde la sensación de que ese grupo bautizado con cierta inquina como 'los Pocholos' opera como una secta.

Una secta que acumuló mucho poder. Y un poder que le había dado Ayuso. Cómo si no, iban a acaparar puestos en el Gobierno y en el grupo parlamentario que la lideresa maneja con mano de hierro. La relación entre Rasputín y la presidenta empezó a fraguarse en la etapa en que todavía era candidata. En 2019 ya tienen alguna foto juntos. La dirigente acababa de recibir el encargo de Pablo Casado de ser cabeza de cartel en Madrid. Algarra empezó a asesorarla, le impartió lecciones de historia remasterizada por él que luego constituirían el corpus ideológico de su gobierno: la idea de la Hispanidad, que la Comunidad celebra la semana del 12 de octubre con inversiones millonarias, las diferencias entre la inmigración latinoamericana que es incluso recomendable y la de África, que no debe ser bienvenida, la preponderancia del castellano...

Algarra se ganó su confianza mientras echaba pestes contra algunas de las políticas de su antecesora, Cristina Cifuentes, especialmente por la ley trans y su programación cultural en los teatros. Revoloteó durante los primeros años de gobierno y se hizo imprescindible tras la mayoría absoluta de 2023. Cuentan algunas fuentes que compitió en influencia con Miguel Ángel Rodríguez y acabó perdiendo. Otros dirigentes aseguran que MAR siempre mandó más, pero que Algarra se hizo fuerte en áreas que al jefe de gabinete no le interesaban tanto: la educación y la cultura.

Rasputín, como se le conoce en el sector de la educación, ejercía en la sombra, sin despacho en el Gobierno ni cargos públicos, colocando a sus peones. Pese a ello logró armar una Consejería de Educación a su medida, con discípulos de su academia y colaboradores del teatro: jóvenes de familias bien, algunos muy formados académicamente, de ideología ultraconservadora pero sin experiencia política. A cambio de la lealtad, recibían puestos de privilegio, diputados con portavocía de área en la Asamblea General o directores generales con salarios que rondan los 100.000 euros.

Ese grupo de jóvenes, muy ideologizado, como demuestran algunas de sus intervenciones en la Asamblea de Madrid, no se limitaron a cobrar y a esperar su momento, querían mandar. Dirigentes que estuvieron sentados en reuniones con el consejero de Educación se quedaron estupefactos cuando vieron a uno de los diputados, Pablo Posse, el portavoz de área en la Asamblea, hablando en nombre de la consejería e interrumpiendo las explicaciones del propio Viciana.

El ascenso de 'los Pocholos' causó perplejidad en un sector del PP madrileño y la ascendencia de Rasputín incomodó a parte del Gobierno. Corrían anécdotas de cómo obligaba a algún viceconsejero de educación a ir a despachar con él a los Teatros del Canal de Isabel II, donde se había instalado, como codirector del Ballet Español, un capítulo al que llegaremos luego. En la consejería no se movía un papel sin que él lo tuviese controlado.

Se sabía, por ejemplo, que Rasputín estaba en contra del proyecto de educación bilingüe instaurado en la época de Esperanza Aguirre, pero no por las razones que invocaban los docentes, sino por su defensa del español y de las glorias pasadas del imperio.

Toda esa influencia empezó a mermar a raíz de un viaje de la presidenta a Florida con los rectores. Transmitieron a Ayuso que, diferencias ideológicas y financiación al margen, la ley estaba manga por hombro, que contenía errores graves y que parecía hecha por alguien sin relación con el mundo universitario. A la vuelta de vacaciones, la presidenta intervino de facto la consejería de Viciana. Colocó de viceconsejera a Mercedes Zarzalejo, una persona de su máxima confianza, que había sido alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, un pequeño pueblo de la región, y se había hecho famosa ya en la Asamblea de Madrid por un duro interrogatorio, repleto de bulos, a la esposa del presidente, Pedro Sánchez.

El portavoz del Gobierno, García Martín, intentó vender los cambios como un relevo normal en mitad de la legislatura. Para entonces, él mismo empezó a participar en algunas reuniones con los rectores, Zarzalejo y el propio Viciana. Fue cuando Ayuso constató que lo que decían los rectores era cierto y la ley no iba a salir. El consejero estuvo a punto de caer, según distintas fuentes, antes de navidad, pero la huelga masiva en las universidades madrileñas, le dio, paradójicamente, una bola extra: Ayuso no quería entregar su cabeza a los sindicatos.

Según fuentes que conocen cómo se fraguó el cese, la presidenta trasladó hace dos semanas a Viciana que su ley no iba a salir, y le pidió centrarse en un plan de financiación con el que salvar la cara mientras se multiplicaban las noticias sobre la asfixia de la universidad pública en Madrid. El contexto era adverso y el Gobierno tenía que responder en cada rueda de prensa sobre ello: a la Complutense le concedió la Comunidad de Madrid un crédito de 34 millones que deberá devolver con intereses y que le obligará a redoblar los recortes. Otros centros corren el riesgo de seguir el mismo camino.

Según las mismas fuentes, Viciana no se lo tomó bien. Y Algarra en su despacho de los Teatros del Canal todavía se lo tomó peor. Para pasmo de la presidenta Ayuso y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, el pasado 6 de febrero, un viernes, a las cinco de la tarde, el anteproyecto de ley de universidades de Viciana apareció colgado en el portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Duró menos de una hora. Hasta que el gabinete de Ayuso exigió retirarlo sin avisar a Viciana. El pulso total había estallado. Viciana tardó poco más de una semana en caer. Este lunes 16 de febrero a media tarde fue destituido.

En su perfil de la red social X, Algarra, que no da entrevistas ni hace declaraciones pero comenta todas las noticias que se publican sobre él, intentó hacer ver que se trataba de una dimisión y que Viciana se había ido con la cabeza alta, “por coherencia”. En la Puerta del Sol el portavoz del Gobierno de Ayuso se limitó a citar el cese publicado en el BOE cuando los periodistas le preguntaron por la versión de Algarra. La presidenta lo más que ha dicho es que se ha ido “un funcionario honrado” mientras la oposición clamaba contra su gestión en la Asamblea de Madrid.

El martes se sucedieron las dimisiones en el Gobierno y el grupo parlamentario. En los casi tres años de gestión de 'los Pocholos' las polémicas se han multiplicado: desde las multas de hasta 100.000 euros por protestas a los campus que pretendían introducir en la ley hasta el mandato para que las universidades captasen un 30% del presupuesto de las empresas privadas. No está claro que todas las ideas fuesen suyas, hay quien ve la mano de Ayuso sobre ciertos artículos de la norma.

El encargo de la presidenta a la recién nombrada consejera, Mercedes Zarzalejo, otra soldado de Ayuso, es lograr un plan de financiación plurianual para presentar a las seis universidades públicas que están al borde del colapso. Para la famosa ley no hay fecha. Nadie se atreve a garantizar que vaya a estar lista antes de las autonómicas de 2027. Y está por ver si el cambio de caras implica un cambio de política en la educación madrileña en una región donde todo lo decide la presidenta madrileña. Miembros del Gobierno que conocen el conflicto aseguran que el error de Viciana fue desafiarla y ven la sombra de Miguel Ángel Rodríguez en la destitución. Pero el presupuesto y las líneas maestras las imponía Ayuso. Y está el caso de corrupción de la FP en el que no se puede culpar a Viciana, porque ahí el ya exconsejero ejerció de denunciante.

El fin de la era de 'los Pocholos' se notará también en la Consejería de Cultura y en la programación teatral. La Comunidad llegó a programar varias obras de la compañía de Rasputín, de ahí salen las fotos en las que caracterizado como un dios en su adaptación de la obra de Calderón El gran teatro del mundo. En total fueron 106.000 euros. Algarra, que no responde a las preguntas de los periodistas pero comenta todo en sus redes sociales, asegura que perdió dinero representando obras para la Comunidad de Madrid.

Luego está el asunto de la fundación creada a su medida para poner en marcha el Ballet Español de la Comunidad de Madrid. España ya tenía un ballet nacional que depende del Instituto Nacional de Artes Escénicas, pero Rasputín convenció a Ayuso de que su Gobierno debía impulsar el suyo. Más guerra cultural. El primer espectáculo se estrenó, cómo no, el 12 de octubre de 2024: un programa doble compuesto por La Suite Española, de Albéniz y Epifanía de lo Flamenco. Su director artístico, Jesús Carmona, dimitió al poco tiempo sin dar muchas explicaciones.

Castillo Algarra se quedó al frente. Forma parte de la junta directiva de la fundación y también del patronato, donde colocó a otros miembros de 'los Pocholos', como el dimitido Viciana, el todavía director general de Enseñanzas Artísticas, Miguel Olite, y el consejero de Cultura, Mariano de Paco, que ha ido multiplicando las subvenciones al organismo. En el primer año fueron 1,3 millones, el segundo, 2,3 millones y para este ejercicio se han presupuestado, 2,5 millones.

El Rasputín de Ayuso dimitió de todo esta semana y movió sus piezas para provocar una crisis en el Gobierno y el grupo parlamentario de la misma presidenta y amiga que lo convirtió en gurú. En la Comunidad sobreviven aún dos discípulos suyos, los únicos que han decidido desobedecerle. Dicen las malas lenguas, y esta semana hay muchas en el PP de Madrid, que por poco tiempo.

Antonio Castillo Algarra conoció a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando ella era “parte del equipo” de Cristina Cifuentes (fue diputada y luego viceconsejera), según él mismo contó en una entrevista. Trabaron una amistad. Desde entonces, este dramaturgo, dueño de una empresa cultural y una academia de oposiciones, tuvo un trato privilegiado y cercano con Ayuso, que contó con sus consejos y recomendaciones en materia educativa y cultural cuando fue elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, según confirman fuentes cercanas al gobierno y que ya no pertenecen a él.

Fue especialmente en la segunda legislatura, la de 2023, cuando cristalizó más la influencia de Castillo Algarra, apodado por el ala dura del PP como Rasputín por su larga barba y cercanía al poder presidencial. De hecho, es en esa legislatura cuando Emilio Viciana, una persona cercana a Algarra, fue nombrado consejero de Educación. Con él también entraron altos cargos y varios diputados algarristas en la Asamblea de Madrid, que incluso habían trabajado en algún espectáculo del gurú educativo, como publicó El País. En el PP de Madrid clásico los llamaban despectivamente los 'Pocholos' por su juventud y su manera de vestir.

Hoy, todos ellos han salido del gobierno y del grupo parlamentario de Ayuso, una rebelión concertada y motivada por el cese de Viciana el pasado lunes. La asonada ha evidenciado que había una brecha dentro del PP de Madrid entre esta facción y el ala dura clásica, que dirige como cabeza visible el todopoderoso jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Contratos con la Comunidad de Madrid

Además de la cercanía política y estratégica, Castillo Algarra también ha tenido una cercanía económica con la Comunidad de Madrid en los años que ha asesorado informalmente a la presidenta. Mientras que su presencia cerca de Ayuso era notoria, su empresa, For the fun of it SL, fue contratada por la Consejería de Cultura y Turismo y por la empresa pública Madrid Cultura y Turismo, S.A.U., según consta en el Portal de Contratación.

Se trata de cinco contratos menores –es decir, que no salen a concurso público y se dan a dedo, con un límite de 15.000 euros según la ley– y dos del tipo “negociado sin publicidad”, un procedimiento. En este caso, el importe es más alto, como permite la ley. Algarra se llevó más de 31.000 euros en cada uno de estos contratos. En total, siete contratos con la administración madrileña con los que Algarra obtuvo 106.947 euros por la representación de varias obras. En el ámbito cultural, es habitual este tipo de contratos no licitados, ya que la administración puede querer a un proveedor concreto, es decir, un espectáculo específico que solo pueda prestar una empresa elegida de antemano.

Entre los espectáculos que contrató Madrid, El teatro del mundo, la puesta en escena de Más acá de los romances o San Juan desde San Juan en San Lorenzo de El Escorial o el cabaret barroco Oro y plata de Ramón, representado en Alcalá por 7.200 euros y en los Teatros del Canal por 14.500. Todo ello entre octubre de 2020 y el 17 de julio de 2025, el último contrato de la Comunidad de Madrid con Antonio Castillo. Según consta en el registro, la empresa de Algarra se fundó en 2010, pero los contratos públicos con la Comunidad de Madrid, según los datos recogidos en el Portal de la Contratación, empiezan en 2020, cuando ya tiene una relación personal con la Puerta del Sol.

También ha sido contratado recientemente por la Fundación del Teatro Real, un organismo del que es parte la propia Comunidad de Madrid. La formalización del contrato se produjo cuatro días antes del cese de Viciana, para representar de nuevo la obra Más acá de los romances, en este caso por más de 26.000 euros.

Pero no solo ha recibido contratos públicos, la compañía de Algarra también ha tenido subvenciones culturales, algo habitual también en el sector. Una de ellas, en 2022, de la propia Comunidad de Madrid por un importe de 13.000 euros a fondo perdido. Del Ayuntamiento de Madrid ha recibido más de 24.000 euros entre 2024 y 2025 y del Estado, 8.000 euros. Las cuentas presentadas por la empresa contabilizan subvenciones regionales en 2015 y 2020 y varias más con motivo de las ayudas por la Covid.

Antonio Castillo, además de asesor informal y contratista de la Comunidad de Madrid, ha sido hasta el martes patrono y miembro de la Junta Directiva del Ballet Español, una entidad creada por Isabel Díaz Ayuso en febrero de 2024 que estaba enmarcada en los Teatros del Canal. En diciembre de ese mismo año, la propia Comunidad de Madrid informaba en una nota de prensa de la inclusión de Algarra en la junta directiva del Ballet: “La Fundación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid estrena además nueva dirección colegiada con una Junta Directiva de tres miembros compuesta por Gala Vivancos, Mónica Fernández y Antonio Castillo Algarra”. Fuentes de la Consejería de Cultura han especificado que Castillo no ha cobrado por esa función.

La Fundación, creada a su medida, ha recibido más de seis millones de euros de la Comunidad de Madrid en los últimos años a través de subvenciones. En su primer ejercicio (2024) recibió una de la Consejería de Cultura que dirige Mariano de Paco, de 1,3 millones de euros. El año siguiente, la ayuda pública creció hasta los 2,3 millones, con un incremento del 76%. Y para este 2026 hay presupuestados 2,5 millones.

En la fundación, Castillo Algarra figuraba hasta este miércoles como miembro de la junta directiva y también como patrono, donde compartía asiento con el consejero de Cultura, Mariano de Paco, y con su discípulo, el dimitido responsable de Educación, Emilio Viciana, así como con otro de los miembros del grupo de Los Pocholos, Miguel Olite, que continúa como director general de Enseñanzas Artísticas en el departamento de Cultura, y cuya continuidad está en duda. El Ballet Español de la Comunidad de Madrid tuvo como primer director artístico a Jesús Carmona, que dimitió en diciembre de 2024 sin explicar las razones.

Cuando la diputada de Más Madrid Marisa Escalante le afeó en la Asamblea de Madrid estas relaciones al consejero de Cultura, Mariano de Paco defendió la trayectoria de Castillo Algarra, y alegó que deberían “ponerle una alfombra roja”.

Con la marcha de Viciana y Antonio Castillo Algarra, el ala dura del PP de Madrid retoma puestos clave, el más importante, la Consejería de Educación, y deja fuera a Los Pocholos, después de varios meses de choques y desconfianzas que han acabado con la facción que inspiró las políticas educativas y culturales de la presidencia de la Comunidad de Madrid.

La Consejería de Cultura, la contratista, ha puntualizado que este tipo de contrato sin licitación es normal y legal y que el precio de los espectáculos estaban “ajustados a mercado”. elDiario.es ha preguntado a Castillo Algarra por estos contratos con la Comunidad de Madrid sin haber obtenido respuesta, aunque horas después ha defendido en la red social X su relación contractual con la Comunidad, calificando de “mentiras” el artículo: “Todo lo que he hecho con la Comunidad de Madrid siempre me ha costado dinero (mucho)”.

El Pleno de la Asamblea de Madrid arrancó este jueves con la toma de posesión de tres nuevos diputados en la bancada del PP. Eva María Gallego Berzal, Irene Zamora Sánchez y Paul Rubio juraron sus cargos antes de que empezase la sesión de control. En el banco del Gobierno había posado la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Pese a los intentos de la Comunidad de Madrid y del PP, el elefante estaba en la habitación. La crisis de 'los Pocholos', un extravagante clan que se había hecho con las riendas de la Consejería de Educación y que ha influido mucho en las políticas de cultura del Gobierno de Ayuso estos últimos años, sacude al gabinete de la presidenta y también a su grupo parlamentario. Por primera vez desde que llegó a la presidencia en 2019, Ayuso ha tenido una rebelión interna con importantes consecuencias políticas. De entrada, ha visto frustrado uno de los proyectos estrella de la legislatura, la ley de universidades, con los seis centros madrileños en una situación crítica, asfixiados económicamente.

Aunque el orden del día del Pleno estaba cerrado antes de que estallase la bronca interna en el PP, tanto Más Madrid como el PSOE pidieron en la sesión de control explicaciones a Ayuso sobre la crisis su partido y las consecuencias que tendrá para las políticas educativas. Su portavoz, Mar Espinar, en su turno, recordó que la Complutense va a tener que recortar un 35% el gasto para pagar el crédito a la institución que debía protegerla, la propia Comunidad de Madrid, y advirtió que ese grave problema no se soluciona “cambiando a Pocholos por pitbull”, en referencia a la consejera recién nombrada.

Desde Más Madrid, su portavoz, Manuela Bergerot, fue aún más dura: aseguró que la caída de Emilio Viciana, consejero hasta este lunes, no se debe al mal camino de la ley de educación sino a las denuncias que presentó en la fiscalía sobre la corrupción en la FP, un caso que investiga un juzgado de Madrid que acumula varios imputados por fraccionar facturas y amañar contratos en los Gobiernos de Ayuso y otros anteriores. Desde el sillón de presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, consejero de Educación en la época que se investiga, escuchó las acusaciones de Bergerot sin interrumpirla. En la fila del Gobierno, la consejera de Economía, Rocío Albert, alto cargo de Ossorio en aquel momento, hacía lo mismo.

La pregunta de Bergerot iba sobre los millones de euros que la Comunidad gasta cada año en publicidad institucional para primar a sus medios amigos, pero se desvió hacia la educación y el cese del consejero: “No lo han echado por incompetente, que lo es, lo han echado por denunciar el caso FP”. “Lo han cesado por la única línea roja que no se puede cruzar en el Partido Popular, denunciar la corrupción en el entorno de Ayuso”.

En su réplica, la presidenta respondió con una pregunta retórica. “Si iba tan mal la educación y doy un cambio, ¿también está mal? Aclárense un poco, sea coherente”, dijo Ayuso. La presidenta dedicó una única frase para defender a los caídos. Del consejero destituido dijo que era “un funcionario honrado” y de los tres diputados que renunciaron, Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, a quien algunos en el PP apodaron como 'los pocholos', destacó su formación: un ingeniero aeroespacial, administradores civiles del Estado, licenciados en Derecho.

Los comparó con lo que tiene en la izquierda “trae a la política” y ahí citó, “acróbatas a caballo, quemacajeros, personas que gestionaban saunas, porteros de puticlub y saltimbanquis”. Y acusó a PSOE y Más Madrid de pretender una universidad “con pancartas de Herri Batasuna, zozobra” e “ideología sectaria que las está carcomiendo”.

El resto de su intervención ya fueron ataques a la oposición y al Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta de Madrid y su partido tratan de cerrar la crisis abierta mientras la oposición habla abiertamente de una “guerra de clanes” en los populares madrileños. Y la comunidad educativa y las universidades lamentan los años perdidos en los que se entregó el control de la consejería a un extravagante gurú, Antonio Castillo Algarra, cuya caída en desgracia explica la crisis abierta esta última semana.

La crisis abierta en el Gobierno de Madrid con la destitución del consejero de Educación, Emilio Viciana, que ha propiciado la dimisión de dos altos cargos de su departamento y tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid, todos encuadrados en el denominado grupo de Los Pocholos, no está cerrada. De ese clan de jóvenes dirigentes apadrinados por quien fue todos estos años el gurú de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, para temas de educación, el dramaturgo y propietario de una cadena de preparación de oposiciónes, Antonio Castillo Algarra, quedan al menos dos en puestos de responsabilidad en el Gobierno de Madrid. La directora general de Juventud, Laura Castilla, y el de Enseñanzas Artísticas, Miguel Olite Lumbreras se han negado a dimitir y seguir la línea de su grupo de amigos, todos jóvenes con perfiles ultraconservadores alineados con Castillo Algarra.

También está en el aire la gestión del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, una entidad recién creada a imagen y semejanza de quien había sido desde 2019 uno de los principales asesores de la presidenta, no solo para temas de Educación, también sobre todo lo que tiene que ver con el concepto de Hispanidad. Castillo Algarra ha dimitido esta mañana del patronato de la institución recién creada en la Comunidad de Madrid. En su renuncia, alega “razones de coherencia política” y “por completo ajenas al ballet”.

Quienes han tratado a Castillo Algarra, apodado como Rasputín, le han escuchado defender tesis “supremacistas” sobre lo que fue el “imperio español” y aseguran que está detrás del relanzamiento de la semana de la hispanidad en la que la Comunidad de Madrid ha invertido estos últimos años varios millones de euros para conmemorar el 12 de octubre con actuaciones como la de Gloria Estefan.

La influencia por tanto del denominado como gurú de Ayuso no se acababa en la Consejería de Educación, donde era total, sino que se había extendido a la de Cultura, que preside Mariano de Paco, un dirigente que no forma parte del grupo de Los Pocholos pero que tiene en su mano la continuidad del Ballet Español, ya sin Algarra, y también la del director general de Enseñenzas Artísticas, Miguel Olite.

En su despedida del ballet, el dramaturgo y asesor de la presidenta ha agradecido al consejero su constante “apoyo, confianza, consejo y amistad”. Caído en desgracia todo su grupo, del que formaban parte los diputados Pablo Posse, Mónica Lavín, y Carlota Pasarón, dirigentes del PP de Madrid, se preguntaban en las últimas horas si era sostenible la continuidad de Castillo Algarra en una institución que se creó a su medida. Hasta esta semana, su criterio había condicionado la programación de los Teatros del Canal de Isabel II, donde se llegó a representar el último espectáculo que dirige y representa, El gran teatro del mundo, una adaptación de la obra de Calderón de la Barca.

Castillo Algarra no ha atendido las llamadas y mensajes de elDiario.es. Mientras la dirección del partido se esfuerza en simular normalidad tras la salida de Viciana del gobierno y su sustitución por una persona de la máxima confianza de Ayuso, Mercedes Zarzalejo, y asegura que el grupo parlamentario acabará reforzado con la llegada de tres perfiles asociados al mundo municipal y que tomarán posesión de sus actas en el próximo pleno de la Asamblea fijado para este jueves.

El portavoz del Gobierno de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este jueves en que la decisión del cese de Viciana lo adoptó la presidenta y ha dejado en manos de la nueva consejera futuros relevos en la Consejería de Educación. Aseguró que cuando Zarzalejo conozca al equipo y los proyectos en marcha, decidirá si mantiene o no a los actuales altos cargos.

Lo que sí ha descartado García Martín es que la ley de universidades vaya a salir “tal y como estaba redactada”. Dicho de otro modo, el que era uno de los proyectos estrella de Ayuso queda aparcado y sin fecha prevista de aprobación y ahora la prioridad es lograr “un plan de financiación plurianual” para las seis universidades madrileñas, que llevan años asfixiadas económicamente y que en el caso de la Complutense ha tenido que ser rescatada con un crédito de la Comunidad.

En la misma comparecencia, el portavoz de Ayuso ha tratado quitar hierro a la influencia del gurú de la presidenta en las políticas de educación de los últimos años, ha defendido que su gabinete escucha a todo el mundo, pero que las decisiones se toman en los despachos de los conseros.

También ha tratado de hacer ver que los ceses en cadena en el grupo parlamentario también entran dentro de “la normalidad”, ha agradecido el trabajo de los tres diputados salientes y ha asegurado que el Partido Popular “tiene cantera” para sustituirlos.

Por último ha avanzado que será el director de programación de los Teatros del Canal el que sustituya a Castillo Algarra al frente de la dirección del Ballet Español.

La salida del consejero de Educación de Madrid, Emilio Viciana, destituido de manera repentina por Isabel Díaz Ayuso este lunes, no solo ha propiciado una cadena de dimisiones y ceses en su departamento —donde han renunciado dos directores generales—, también ha contagiado al grupo parlamentario del PP en la Asamblea. Allí han renunciado a sus actas tres diputados: el portavoz de Educación, Pablo Posse; la de Política Social, Mónica Lavín; y la de Juventud, Carlota Pasarón. En el Gobierno han cesado a petición propia la directora General de Secundaria y Formación Profesional, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda, y también el responsable de Universidades, Nicolás Javier Casas Calvo.

Según las fuentes consultadas, la sangría podría continuar con la destitución de altos cargos en otras áreas del Gobierno como la Consejería de Cultura. De momento, ya se trata de la mayor crisis interna que ha vivido el Ejecutivo y el partido en Madrid desde que llegó al poder Isabel Díaz Ayuso. Y la razón última es que no se ha destituido a un consejero. Ha caído un clan, el denominado grupo de “los Pocholos”: diputados y altos cargos muy jóvenes, con perfiles ultraconservadores y sin apenas experiencia en la gestión ni en la política. Dirigentes que respondían ante el factótum de la Consejería de Educación, un hombre en la sombra que no tenía cargo en el Gobierno pero sí plenos poderes en el departamento. Sin despacho en la Comunidad, operaba desde la sede de los Teatros del Canal, en pleno barrio de Chamberí, donde dirige un organismo que el Gobierno de Ayuso había creado a su imagen y semejanza: el Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Antes, en el sector privado, dirigía una academia de preparación de opositores y había representado obras de teatro.

En esas manos ha estado durante los últimos años la Educación en Madrid, mientras las universidades se mantenían al borde del colapso financiero, el Gobierno tenía que rescatar a la Complutense con un crédito para que pudiese pagar las nóminas y un juzgado investiga un caso de corrupción en la adjudicación de obras para centros de Formación Profesional.

Quien de verdad ha caído en desgracia para la presidenta y sus asesores es un desconocido para el gran público: Antonio Castillo Algarra, a quien un reportaje de El País publicado el pasado noviembre bautizó como el “Rasputín de Ayuso”. Quienes conocen por dentro el engranaje de la Consejería de Educación aseguran que desde hace años no se movía un papel sin conocimiento de Castillo Algarra, y las mismas fuentes lo sitúan como ideólogo de algunos de los proyectos más polémicos del Gobierno, no solo la malograda ley de universidades, que el Ejecutivo no ha podido aprobar: también ven su mano tras la derogación de la ley trans que aprobaron en su día el PP de Cristina Cifuentes y Ciudadanos.

Según las mismas fuentes, el cese fulminante de Viciana lo interpretó Castillo Algarra como la señal de que su influencia en las políticas de la Puerta del Sol había acabado, y el Rasputín de Ayuso se decidió a mover sus piezas. Uno tras otro, los altos cargos que había colocado en la Consejería fueron dimitiendo, lo mismo que hicieron los tres diputados bajo su órbita en la Asamblea de Madrid.

Castillo Algarra no ha disimulado su malestar por la destitución de una de sus personas de confianza. Si había alguna duda sobre quién estaba moviendo los hilos de la Educación en Madrid, él mismo las disipó todas En su cuenta de la red X, durante la noche del lunes se dedicó a responder a las publicaciones de varios periódicos para defender que a Viciana no lo echan sino que se va “por coherencia”. Más allá de la opinión de Castillo Algarra, el consejero tenía como principal objetivo aprobar la ley de universidades, empresa en la que ha fracasado. La comunidad universitaria al completo rechaza su propuesta y tras una huelga que paralizó los campus hace unos meses se baraja una segunda.

A la mañana siguiente de los tuits, este martes, directores generales y diputados bajo su órbita fueron presentando sus dimisiones. Varios de ellos consternados por los pasillos de la Asamblea de Madrid. Quienes trataron de cerca con ese grupo, al que en la Asamblea y una parte del Gobierno regional se conocía como “los Pocholos”, describen escenas de lágrimas y lamentos por el final de sus carreras políticas.

El encargado de anticipar las dimisiones fue Pablo Posse, ingeniero de formación y diputado portavoz de Educación, quien en la comisión sectorial celebrada el martes leyó la despedida de los dos altos cargos de Educación que iban a dimitir. Y él mismo anunció que por “coherencia dejaba el acta”.

Antes del mediodía, renunció a su acta en la Asamblea y le siguieron dos diputadas muy cercanas, Monica Lavín, de Política Social, y Carlota Pasarón, de Juventud. El órdago de Rasputín estaba echado, mientras el Gobierno de Ayuso y el PP de Madrid se sumían en el desconcierto. La primera reacción del partido fue difundir que el grupo parlamentario se reforzaba con la entrada de tres perfiles municipalistas: Eva María Gallego Berzal, alcaldesa de Madarcos; Irene Zamora, exalcaldesa de Collado Mediano; y Paul Rubio, exconcejal de Villaviciosa de Odón. Según esas fuentes del PP, las dimisiones obedecen a “razones personales”.

En realidad, quienes conocen los entresijos de la Consejería sostienen que la caída de Rasputín y Viciana había empezado a fraguarse meses atrás. Durante uno de sus viajes a Florida, la presidenta escuchó de boca de los rectores que la ley que preparaba su gobierno era un desastre y estaba escrita por alguien que no entendía nada de universidades. También lanzaron en esas conversaciones privadas un mensaje de socorro que reclamaba más financiación. Nada que no hubieran dicho en público: los seis rectores, que hasta entonces habían optado por la no confrontación, en junio de 2024 explicaron en un acto que apenas tenían dinero para, literalmente, abrir los centros. Que la Comunidad de Madrid les daba menos dinero ese 2024 que en 2009.

Ayuso, que ya había tenido que rescatar a las universidades de la falta de financiación que ella misma había provocado, decidió entonces mover ficha: colocó como viceconsejera de Universidades a una persona de su máxima confianza: Mercedes Zarzalejo. En realidad, “estaba interviniendo la consejería de Viciana”, dice una fuente que conoce el departamento. Y a las reuniones con los rectores empezó a acudir también el consejero de Presidencia y portavoz, Miguel Ángel García Martín.

En los últimos meses la Consejería de Educación ha ido limando los aspectos más controvertidos del texto, pero la bola ya había echado a rodar y era demasiado grande para detenerla. A través de Martín y Zarzalejo, supieron Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que los rectores tenían razón y que la ansiada ley de universidades, la misma de la que ya tuvo que ser retirada la propuesta de establecer multas a quienes se manifestasen en los campus, estaba muy lejos de poder aprobarse. El final de Viciana como consejero estaba escrito y no se dio antes por la convocatoria de huelga en las universidades madrileñas, que registró un importante seguimiento a finales de noviembre. Si no se le destituyó entonces fue para que no pareciera una reacción a los paros, aseguran las mismas fuentes.

Finalmente cayó este lunes, y el martes su mentor y dramaturgo hizo rodar el resto de las piezas. El runrún en la Consejería es que Viciana fue profesor de la academia que dirigía Castillo Algarra y que Ayuso conoció a este paseando al perro en un parque de Chamberí. En el contexto actual es difícil distinguir los chascarrillos de la realidad en el Gobierno madrileño. Sí se sabe que el mando del gurú de la educación madrileña no acaba en esa Consejería: la directora general de Juventud, Laura Castilla, también es una persona de su confianza. Y que su influencia se extiende también a la Consejería de Cultura que preside Mariano de Paco Serrano.

El hombre que figura en los carteles de la obra vestido de dios está también, según las fuentes consultadas, en el origen de algunas guerras culturales de la presidenta madrileña: a él le atribuyen la idea de relanzar la fiesta de la Hispanidad y la reinterpretación que un sector del Gobierno de Ayuso invoca sobre la figura de Ramiro de Maetzu y las tesis colonialistas sobre América.

Tras varios años en la sombra pero con una influencia infinita, hasta el punto de hacer despachar a algún viceconsejero en la sede de los Teatros del Canal, Castillo Algarra, el hombre que ha hecho colgar el cartel de su última obra El gran teatro del Mundo en una parada de Metro de Madrid, donde confluyen las líneas 2 y 7, emerge para echar un pulso a Ayuso. En un día han caído dos directores generales y tres diputados. Y la sospecha en el Gobierno de la Comunidad es que todavía tiene más peones que mover.

El fracaso de Viciana

El consejero cesado desembarcó en Educación en junio de 2023 con un solo objetivo: aprobar una ley de universidades que pusiera fin a la crisis en la que están instalados los seis centros públicos de la Comunidad de Madrid desde hace años por la infrafinanciación que sufren desde hace años. Madrid es la comunidad más rica de España y la que peor financia a sus centros. Viciana llegó a decir en público que pretendía aprobar la norma el pasado diciembre. No solo no ha podido; tampoco ha logrado pacificar el sector.

Desde que se filtró el primer borrador del texto, que solo recogía un trozo de la ley, la comunidad universitaria en su conjunto se levantó en armas contra de la norma. Las medidas que se iban conociendo en sucesivas filtraciones dibujaban una ley a medio camino entre el ultraliberalismo y el conservadurismo, que forzaba a los rectorados a buscar el 30% de sus fondos en el mercado, les animaba a crear pequeños fondos de inversión para captar dinero, introducía una figura de control económico externa en lo que fue calificado de “asalto” a la autonomía universitaria y planteaba un régimen sancionador con multas de hasta 100.000 euros por escraches, entre otras medidas.

Los seis rectores, que hasta entonces habían optado por la no confrontación, han protestado desde entonces tres veces en público por las condiciones financieras que tienen y las que proponía la ley. Tras alzar la voz por primera vez en junio de 2024 y un proceso negociador infructuoso, repitieron la operación un año después y también el pasado diciembre: “Hay mucho que hacer”, intentaron un equilibrio entre la protesta formal y una cierta contención. Pero el acto rezumaba una fuerte insatisfacción contenida. El viaje a Miami en el que Ayuso consiguió embarcar a cuatro mandatarios para limar asperezas tampoco tuvo el efecto deseado.

En paralelo, profesorado, alumnado y personal técnico se echaron a la calle en protesta. Se formaron plataformas para coordinarse en los seis centros públicos. El movimiento hizo pasacampus, asambleas, manifestaciones y culminó el proceso en una gran huelga que paralizó las seis universidades madrileñas.

Ahora esa tarea, la de enderezar la ley y sanear las universidades, compete ya a la sustituta de Viciana, Mercedes Zarzalejo, una exdiputada íntima de Ayuso sin pasado en el ámbito educativo que se ganó su confianza con su interrogatorio plagado de ataques (y también de bulos) a la esposa de Pedro Sánchez en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. Queda la incógnita de si Zarzalejo logrará calmar a la comunidad educativa en Madrid... Y el papel que jugará Rasputín en la nueva era.

Es la respuesta a la destitución fulminante del consejero de Educación Emilio Viciana. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, lo ha fulminado para tratar de solventar la crisis que viven las universidades madrileñas. Y como respuesta, tres diputados de la máxima confianza de quien era el consejero han dimitido en la Asamblea de Madrid. Se trata del portavoz que llevaba el área de Educación, Pablo Posse; Mónica Lavín, que se ocupaba de Política Social, y Carlota Pasarón, de Juventud. Los tres han presentado su renuncia por “coherencia”. Todos forman parte del sector de “Los Pocholos”, como se conoce a este grupo de diputados en la Asamblea de Madrid.

Los hechos se han precipitado esta mañana en la comisión de educación del parlamento regional. En su último turno, el portavoz del PP, Pablo Posse, anticipó la dimisión de un director general del equipo de Viciana y anunció que también él presentaría su renuncia como diputado a lo largo del día.

Otras dos diputadas de ese mismo grupo, Lavín y Pasaron, han contado a otros dirigentes del partido su intención de dimitir, según fuentes cercanas, y finalmente han renunciado. Desde el PP de Madrid han explicado por la tarde que el grupo parlamentario en la Asamblea “se reforzará gracias a la incorporación de tres nuevos diputados con perfiles muy municipalistas”. Serán Eva María Gallego Berzal, alcaldesa de Madarcos; Irene Zamora Sánchez, exalcaldesa de Collado Mediano; y Paul Rubio Falvey, exconcejal de Villaviciosa de Odón y actual coordinador de Seguridad y Emergencias de Móstoles.

Tras la renuncia, el malestar en el seno del grupo parlamentario es palpable. Y a alguna de las diputadas se la ha visto llorando por los pasillos de la Asamblea. El diputado Posse, en su última intervención esta mañana en la comisión de Educación, dio por hechas también las salidas de la Directora General de Secundaria y Formación Profesional, María Luz Rodríguez de Llera, Tejeda, y también del responsable de Universidades, Nicolás Javier Casas Calvo.

Se trata de la mayor crisis abierta en un Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con la renuncia de tres diputados. Todos forman parte de un grupo muy alineado con el consejero de Educación.

La destitución de Viciana se produce en el peor momento del departamento con las universidades en pie de guerra, por falta de financiación (hasta el punto de que la Complutense ha tenido que ser rescatada con un crédito del Gobierno regional) y sin que haya visto la luz la prometida ley que anunció la presidenta. Además, un juzgado investiga prácticas corruptas en la construcción de los centros de Formación Profesional, con contratos troceados y adjudicaciones a dedo.

Las reacciones de Más Madrid y PSOE

En lugar de Viciana, Ayuso ha elegido a una persona de su máxima confianza, la exdiputada regional y exalcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Zarzalejos, que se ganó la confianza de la presidenta madrileña tras su duro interrogatorio a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, en la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Tras esa intervención, Ayuso la ascendió a viceconsejera el pasado octubre y ahora le entrega todo el poder en el departamento de Educación, dotado con un presupuesto de 7.000 millones de euros, el 22% del total de la Comunidad de Madrid.

En un tuit, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha señalado que con las dimisiones “caen los ejecutores de la política educativa de Ayuso ante el fracaso de Ayuso en universidades y en todos los ámbitos de la educación pública madrileña”. “Es el reconocimiento de la debilidad del PP madrileño y la falta de resultados. Lo que debe cambiar ahora son las políticas”, ha zanjado.

Además, el líder del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha considerado que “el consejero de educación de la comunidad de Madrid es la primera víctima del Ayusazgo universitario”. “Pero lo importante no es que cese a un consejero para poner a una consejera más sectaria. Lo importante es lo que está haciendo con la universidad pública madrileña, a la que está asfixiando económicamente y contra la que ha querido hacer la peor ley universitaria de la historia”, ha señalado.

Suena la canción 'Había una vez un circo' y aparece en pantalla un presentador con una careta de payaso. No es el inicio de un chiste de los ochenta, es un programa de debate político en la Telemadrid de Ayuso. El de la careta es Antonio Naranjo, tertuliano afín al PP madrileño desde tiempos inmemoriales y hoy conductor del programa El Análisis: Diario de la noche. Pedro Sánchez había reprochado ese día al Partido Popular que hubiesen convertido en un circo el Senado con sus comisiones de investigación y Naranjo se lo tomó al pie de la letra, con otra diatriba contra el presidente del Gobierno como las que lanza en el programa En Boca de Todos, en Cuatro, que presenta Nacho Abad. Podría decirse que durante el día Naranjo opina en la tele privada lo mucho que mejora la vida de los madrileños con Ayuso y lo malos que son los sociocomunistas y cuando cae la noche informa en la tele autonómica sobre lo mucho que mejora la vida de los madrileños con Ayuso y lo malos que son los sociocomunistas.

Se trata de uno de los programas más controvertidos de Telemadrid. Los analistas a los que invita oscilan entre la derecha y la derecha extrema porque, y eso lo dice su director, no atiende a cuotas, simplemente selecciona a “los mejores”. Esos “mejores” suelen llegar a Telemadrid de diarios como The Objective, Libertad Digital, El Debate o El Mundo.

Además, a finales de enero, se ha incorporado como refuerzo a la cadena Carlos Cuesta para liderar el nuevo espacio de actualidad Hablamos de Madrid. Cuesta es otro exponente de la TDT Party, director adjunto del grupo Libertad Digital que lidera Federico Jiménez Losantos y con tertulia en Es Radio. Esos nuevos espacios de actualidad, que proliferan por las parrillas de todos los canales, incluida TVE, complementan la oferta informativa de los Telenoticias, también bajo sospecha y con el mismo sesgo favorable a Ayuso y en contra de la izquierda en general. En los últimos meses Telemadrid, a través de sus servicios informativos, ha replicado noticias falsas difundidas por medios como The Objective en contra de la familia del presidente del Gobierno y ha minimizado hasta el extremo los escándalos que sacuden a la presidenta madrileña. El canal invierte cantidades millonarias en coberturas taurinas y programas sobre la Casa Real que apenas tienen seguimiento.

Cuesta, Naranjo y la panoplia de tertulianos siempre de derechas no cayeron en las sillas de los platós del canal autonómico tras un meteorito. Antes se produjo la toma de control del PP en la radiotelevisión autonómica, tras años de insólita pluralidad durante el mandato de Cristina Cifuentes, quien pactó con Ciudadanos una ley que obligó a que la dirección del ente se eligiese por consenso. El primer Gobierno de Ayuso convivió a duras penas con la dirección de Telemadrid que había tenido un respaldo mayoritario la legislatura anterior. Tan pronto como Ciudadanos desapareció de la ecuación y Vox lo sustituyó como socio, todo eso saltó por los aires. El primero, José Pablo López, un profesional reputado que el Gobierno de Cifuentes había seleccionado por concurso y que hoy es presidente de RTVE. Ayuso había sufrido en sus carnes los disgustos que le daban periodistas libres haciéndole preguntas en un canal que considera suyo. Así que tiró de un viejo conocido del PP para tenerlo todo bajo control.

Es en 2021 cuando entra en juego José Antonio Sánchez, otro miembro clave de la guardia de corps de la presidenta madrileña. Si Enrique Ossorio mantiene a raya a la Asamblea de Madrid, y Miguel Ángel Rodríguez ejerce de solucionador de problemas varios mientras engrasa las relaciones con los medios privados a través de la partida de publicidad, Sánchez (José Antonio) es su hombre en la tele autonómica.

El elegido no llegó de nuevas: acumula 20 años al frente de canales públicos siempre bajo encargo de dirigentes populares. Fue director general de RTVE entre 2002 y 2004, durante la mitad del último mandato de José María Aznar, entre las protestas de la oposición que puso el grito en el cielo por la cobertura de las grandes crisis que vivió aquel Gobierno: desde la catástrofe del Prestige, a la guerra de Iraq y sobre todo los atentados del 11 de marzo de 2004. Se le relevó tras la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a Moncloa, cuando cambió la ley de RTVE para hacerla más plural y la televisión y la radio vivieron la época de mayor independencia de la democracia.

Pero volvió a casa tras otro cambio legal en 2014 con Mariano Rajoy como presidente entre 2014 y 2018 que lo designó con los únicos votos de su partido. Durante esa etapa en que presidió los medios públicos, la oposición, los sindicatos y los consejos de informativos le reprochaban el sectarismo de TVE, él se jactaba de ser votante del PP.

En Telemadrid, Sánchez ya había sido director general en 2012 durante uno de los episodios más rocambolescos de la historia de la televisión madrileña. El entonces presentador y hoy eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, grabó su crónica sobre la huelga general convocada contra Rajoy, antes de que se produjese. En su locución, Tertsch daba por hecho el fracaso del paro y afirmaba que 24 horas después España seguía teniendo los mismos problemas. Cuando se conoció que había grabado la crónica antes del día de la huelga, Tertsch alegó que lo hizo para evitar que el “totalitarismo sindical” impidiese su emisión. Los sindicatos, la plataforma Salvemos Telemadrid y la oposición política denunciaron el escándalo como el summum de la manipulación de la cadena. José Antonio Sánchez no movió un dedo. No hubo dimisiones, tampoco se pidieron disculpas y Tertsch siguió presentado el Diario de la Noche.

La filosofía y el nombre de ese programa se mantienen una década después, ahora bajo la dirección de Naranjo. En ese formato, que se vende como informativo, ha intervenido varias veces como “especialista en cuidado de la piel” una empresaria con clínicas de belleza llamada Cristina Galniche, a la que Naranjo entrevista para comentar el aspecto físico de Pedro Sánchez y supuestas operaciones estéticas del presidente, que la entrevistada da por seguras. El día siguiente a la última entrevista a Pedro Sánchez en TVE, donde el presidente tuvo que responder a varias preguntas comprometidas formuladas por la directora del Telediario de la noche, Pepa Bueno, Naranjo decidió analizar la entrevista con la citada “especialista en el cuidado de la piel”. Ese día los espectadores de Telemadrid asistieron a diálogos como el que sigue.

Antonio Naranjo: “Yo es que le veo y me preocupo por él, yo conozco a Pedro Sánchez desde hace muchos años y pensaré políticamete lo que sea, pero, hombre, es un ser humano y yo lo que le veo es cada vez más enjuto, más demacrado, tiene unas marcas raras en la cara, parece que se cae el rostro. ¿Eso a qué obedece, qué se ha hecho en la cara el presidente?”.

Cristina Galniche. “Eso obedece a que la cara es el espejo del alma y aunque se ha hecho diferentes tratamientos, aun así se sigue viendo cómo tiene su rostro. Opino que ha puesto hilo y que el pómulo se lo ha trabajado con ácido hialurónico, que eso se hace con unas infiltraciones, pero no deja de manifestarse lo que lleva dentro, se manifiesta perfectamente”.

A continuación Naranjo dio paso a un psiquiatra forense para analizar, esto es literal, “el desgaste físico y la mirada de Pedro Sánchez”. El psiquiatra forense José Cabrera aseguró sobre el presidente del Gobierno en la tele pública madrileña: “Él cómo persona en la vida no tiene ningún diagnóstico, él como persona para un psiquiatra no tiene ningún interés, es un mediocre no ha hecho nada en la vida interesante, lo único que lleva varios años de presidente del Gobierno de un país y ahí anda con sus zancandileos. Pero no es una persona de la que podamos decir 'es que tiene una iluminación especial y por lo tanto por ahí y por allá', ni es un psicópata, la gente dice 'es un psicópata, no tiene sentimientos'. ¿Cómo no va a tener sentimientos? Si está enamorado de su mujer, lo ha dicho por escrito, la coge de la mano y no creo que eso sea un escenario. No hay un diagnóstico psiquiátrico, no insistamos, lo único que hay es un hombre que tiene una resistencia interior, que quiere un sillón donde estar sentado y para eso es capaz de todo, de pactar con la gente que odia a España, de repartir dinero a las comunidades autónomas, de hacer el pino con la nariz. En eso es hábil, es un hombre extremadamente hábil del que se puede aprender muchas habilidades sociales”.

No se trata de episodios aislados, es la norma en Telemadrid. Mientras el Partido Popular pone en la diana a Televisión Española por los nuevos espacios de infoentretemiento externalizados a través de productoras privadas y que también ha criticado el Consejo de Informativos, en Telemadrid los populares campan a sus anchas tras haber cambiado la ley para imponer a la dirección y sin ningún contrapeso profesional, como los que sí tiene TVE.

José Antonio Sánchez y su equipo han puesto la parrilla al servicio de Ayuso, desde los informativos, a los programas, pasando por las retransmisiones especiales, como los toros. Para pasmo de muchos profesionales de la cadena, Telemadrid también decidió cortar la programación para retransmitir en directo la boda del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. No solo eso, se emitieron avances informativos sobre el enlace.

A la presidenta de Madrid, directamente se le coloca la alfombra, como sucedió durante un encuentro supuestamente casual del reportero José Antonio Masegosa a la llegada de la presidenta al desfile militar del 12 de octubre, plagado de preguntas orientadas para atacar a Pedro Sánchez; o el tratamiento informativo que se le da a sus giras internacionales, que llegó a su cénit durante la cobertura de su viaje a Nueva York.

Todo lo contrario a lo que sucede en el tratamiento informativo del Gobierno central. Sánchez fue víctima de un vídeo manipulado, que se emitió con su voz distorsionada en el Telenoticias y que, tras las críticas, desde el informativo achacaron a un “error técnico involuntario”. Fuera de los servicios informativos, el presidente también se ha convertido en la diana de los tertulianos, que no escatiman ataques: Mariló Montero ha llegado a decir de él que “ha secuestrado España” y que “estamos camino de la dictadura”. Vicente Gil, ex presentador de informativos y actual tertuliano, le llamó directamente “rata miserable” en Buenos días, Madrid.

Los argumentarios del PP se trasladan directamente a las escaletas de los informativos y así se trata la investigación por fraude fiscal a Alberto González Amador, como parte de una campaña para tapar 'el caso Koldo'. En los Telenoticias nunca se llegó a emitir el “hijo de puta” que Ayuso profirió contra Pedro en la tribuna del Congreso, pero se acusó al presidente del Gobierno de “ensañarse especialmente” con ella durante ese debate. Los servicios informativos difundieron un titular falso sobre Mónica García y Hamás por el que tuvieron que pedir disculpas. Y a la diputada trans Carla Antonelli se la rotuló en masculino. De la mujer de Pedro Sánchez contaron en la apertura de un informativo que había recibido una subvención del Gobierno para un negocio de hostelería. Era otra Begoña Gómez que vivía en Cantabria. La fuente de la exclusiva era The Objective. La cadena pública madrileña se ha lanzado también contra RTVE por su comentado mensaje sobre la paz durante la retransmisión del último festival de Eurovisión.

En los espacios no informativos también es habitual que el canal se alinee con las guerras culturales de la presidenta madrileña. Ya en 2022, la cadena abandonó la emisión íntegra de la manifestación del Orgullo LGTBI por primera vez en ocho años para centrarse en un maratón taurino. En 2025, Telemadrid duplicó su presupuesto destinado a los toros y anunció movimientos de programación llamativos para reemitir corridas como la del 12 de octubre. Ahí en los toros confluyen los gustos de Ayuso y del propio Sánchez, taurino reconocido que ya durante su etapa al frente de Televisión Española motivó algunos desencuentros con los periodistas. En los pasillos todavía se recuerdan sus quejas airadas tras una pieza en un telediario sobre cogidas a toreros que él criticó por su falta de épica y porque la locución advertía que el toreo era una práctica controvertida.

“Tres millones para toros, 2,5 millones para la productora de Ana Rosa Quintana, han convertido Telemadrid en el cajero automático de sus amiguetes”, clamó en uno de sus últimos plenos el diputado socialista Horacio Díez Contreras, mientras el Gobierno de Ayuso en las réplicas atacaba a TVE.

Cuando Más Madrid preguntó en la Asamblea a Sánchez si estaba conforme con la inversión en el programa monográfico semanal sobre la Casa Real, dijo que solo a medias, que en realidad él preferiría un mayor seguimiento. Y a continuación se puso a glosar la cantidad de funciones que la Constitución asigna a la monarquía, ante el asombro de los diputados.

Sus comparecencias parlamentarias las despeja con todo tipo de displicencias a la oposición cuando enfila su quinto año como guardián de Telemadrid. Aterrizó en 2021, tres años después de salir de RTVE, para tomar el relevo de José Pablo López —actual presidente de RTVE—, y de una etapa en la que el PP no tenía mayoría absoluta y Cristina Cifuentes se vio obligada a pactar con Ciudadanos para regenerar la televisión pública, que recuperó cierta credibilidad tras una década con la imagen por los suelos.

La primera decisión de Sánchez tras su toma de posesión fue fulminar al completo a la cúpula de Telemadrid (y Onda Madrid), entre ellos al director de Informativos de la cadena Jon Ariztimuño y a su adjunto Jaime García Treceño, al director de Contenidos Paco Díaz Ujados, y al director de Comunicación Daniel Forcada. Desdibujó así el organigrama que impulsó el cambio en la pública madrileña y que recuperó la confianza de los espectadores.

Desde entonces, y a pesar de la inyección económica que el Ejecutivo de Ayuso ejecutó en 2024, aportando 2,5 millones en publicidad institucional para sanear las cuentas y salvar a su presidente, Telemadrid ha vuelto a desandar el camino de su época anterior en reputación y audiencias y se mantuvo el año pasado en un 5,1% de media, lo que lleva a la oposición a repetir en la Asamblea regional que los madrileños cuando quieren informarse acuden a TVE.

Cronología de sus idas y venidas entre RTVE y Telemadrid

Esta es la segunda era de José Antonio Sánchez en Telemadrid. La anterior vez lo reclutó Esperanza Aguirre para hacerlo director general del ente público entre julio de 2011 y octubre de 2014. La manipulación informativa alcanzó entonces niveles escandalosos hasta el punto de que la cadena fue rebautizada coloquialmente como TeleEspe. Durante su mandato, Sánchez privatizó el funcionamiento del canal, impulsó un ERE en el que despidió a más de 800 trabajadores, la audiencia se desplomó a mínimos históricos, acumuló pérdidas de cientos de millones de euros e hizo que los ciudadanos perdieran la confianza en sus informaciones. Sánchez fue imputado por vulnerar la ley laboral y la normativa de contratación y él mismo se declaró a favor de cerrar la cadena. La mitad de los espectadores desconectaron durante aquellos años de la televisión autonómica que pasó de tener una audiencia anual del 8% en 2010 al 4,2% solo cuatro más tarde.

Pese a su cuestionable gestión, José Antonio Sánchez emprendió ahí el camino de vuelta a la dirección Radio Televisión Española. Entonces fue como presidente de la Corporación RTVE después de que Leopoldo González-Echenique presentara su dimisión. Ocurrió durante los últimos años de Rajoy en La Moncloa, y su nombramiento tampoco se libró de polémicas: no fue bien acogido por ningún grupo parlamentario salvo por el PP, que había impuesto su nombramiento, que precisó de tres plenos —dos de ellos extraordinarios—.

Comenzaba entonces en TVE otra era repleta de protestas tanto por su gestión como por sus intervenciones en las comisiones de control del Congreso. Una de las más recordadas la protagonizó cuando se le vinculó con los papeles de Bárcenas como perceptor de un millón de pesetas (6.000 euros) por dos supuestos pagos del PP en 1994 y 1995. Podemos se lo afeó en el Congreso y Sánchez respondió así: “Yo no estoy ni en los papeles de Irán, ahí donde se cuelga en grúas a los homosexuales o se mata a pedradas a las niñas por darse un revolcón con el novio, ni donde se asesina a 150 personas por manifestarse en una calle como en Caracas... Yo estoy en los papeles de Bárcenas, en los papeles manchados de sangre nunca estaré”, expresó.

Pese a semejante declaración, mantuvo su trono en la televisión pública. En otras de sus singulares comparecencias como presidente de RTVE también predicó abiertamente su sentido de voto: “Voto al PP y seguiré votando al PP. A quién no he votado nunca ni voy a votar en mi vida es a Izquierda Unida”, afirmó en junio de 2015 durante otra comparecencia en el Congreso.

En Televisión Española los viejos del lugar recuerdan su intento de montar una redacción paralela al servicio del Partido Popular. Bajo su etapa se produjo uno de los episodios más escandalosos del ente público con la comparecencia del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Audiencia Nacional como testigo en el caso Gürtel en septiembre de 2017. “Todas las demás cadenas estaban retransmitiéndola en directo y nosotros estábamos con un programa de cocina sobre croquetas”, recuerda un veterano de la casa. Pero lo peor llegó cuando hubo que hacer la pieza para el telediario: una directiva exigió a la redactora que el enfoque de la noticia siguiera las tesis del PP y llegó a entregarle un argumentario con las siglas del partido.

Su ciclo en una televisión pública se había cerrado en 2018 con la caída de Mariano Rajoy tras la moción de censura. También entonces decidió dejar frases para la hemeroteca. Sus interlocutores recuerdan el tono chulesco de su despedida cuando quiso sacar pecho por su gestión en RTVE: “Por imperativo legal tengo que dejar la presidencia. Dejo una casa mejor de la que encontré”. No es el diagnóstico que hicieron los trabajadores, que mantuvieron fuertes encontronazos con su dirección, entre convocatorias de paros parciales y las protestas de la plataforma Viernes Negros. Estas son algunas de las frases que marcaron su mandato.

Durante su gestión los audímetros de TVE apenas se movieron. Su primer año confirmó la tendencia descendente que llevaba experimentando La 1 desde que perdió el liderazgo anual en 2012, con la toma de control por el PP. Sus datos interanuales se mantuvieron estables, y apenas se movieron medio punto hasta el 10,5% de cuota de pantalla en 2018, cuando salió por la puerta de atrás de TVE.

Desde hace cinco años vuelve a tener todo el poder en Telemadrid. Fue nombrado cuando ya había reconocido haber cobrado de los papeles de Bárcenas, tras una condena en la vía laboral, después de haberse confesado votante del PP y de haber apoyado el cierre del canal. Ese fue el perfil elegido por Ayuso para dirigir los medios públicos. Un lustro más tarde, José Antonio Sánchez y la presidenta madrileña siguen pilotando Telemadrid mientras miran de reojo al Tribunal Constitucional, que está estudiando un recurso de la oposición contra el cambio de la ley que permitió al PP asaltar de nuevo Telemadrid.

Miguel Ángel Rodríguez no estuvo allí. En siete años como jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso y alto cargo de la Comunidad se niega a rendir cuentas en la Asamblea de Madrid con el respaldo de los diputados del Partido Popular. Tampoco acudió este jueves, cuando la asamblea regional debatía sobre su reprobación por insultar y amenazar a periodistas de elDiario.es y de otros medios. El debate llega dos años tarde porque solo fue posible después de que el Tribunal Constitucional certificase en una sentencia firmada por magistrados conservadores y progresistas que la Asamblea de Madrid estaba vulnerando la Constitución al cercenar los derechos políticos de Más Madrid y el PSOE. Durante todo ese tiempo, la Mesa de la Asamblea, con la mayoría del PP y la presidencia de Ossorio, rechazaron una tras otra las peticiones de la oposición.

Así que 23 meses después de que el jefe de gabinete respondiese a las exclusivas de este medio sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso amenazando con cerrarlo y triturar a los periodistas, la Asamblea de Madrid, pudo debatir por fin sobre el cese del jefe de gabinete.

Y lo que se produjo fue una defensa cerrada del Partido Popular. Su portavoz parlamentario, Carlos Díaz Pache, ensalzó a Rodríguez como pocas veces se había hecho en un parlamento durante sus largos años de experiencia política: “Qué bien les vendría tener a un Miguel Ángel Rodríguez a su favor, pues no lo tienen. [...] Un compañero fiel, un tipo brillante, sagaz, optimista, terriblemente divertido, una de esas personas que te ayudan a mirar lejos y que hacen de la política un lugar más mejor, más bonito y más útil , así que ustedes no se lo van a quitar”. El mismo portavoz había descrito a Rodríguez como una especie de eminencia de la comunicación, citado sus nueve libros y tres obras de teatro, las elecciones que Aznar ganó a Felipe González, su época de portavoz en el gobierno posterior y su supuesta influencia en América [sic]. “Así que hay que tener un poquito más de nivel para tratar a una persona con esa trayectoria”.

Sirvió la respuesta de la oposición en bandeja: ¿por qué una persona con esas altísimas capacidades se ha negado durante siete años a comparecer en la Asamblea Regional. Se lo preguntó Más Madrid, el PSOE e incluso la diputada de Vox Ana María Velasco, con un tono mucho más cariñoso: “No tengan miedo”.

Díaz Pache intentó rebajar los insultos y amenazas que Rodríguez vertió contra este medio a una conversación entre dos conocidos, Miguel Ángel Rodríguez y la periodista Esther Palomera, la tesis desplegada por el jefe de gabinete cuando elDiario.es reveló su intento de intimidación. Palomera explicó entonces en un extenso artículo que no tenía una relación de amistad con el jefe de gabinete y que su cadena de insultos no se produjo en medio de un debate, sino que fue Rodríguez unilateralmente el que envió una sucesión de mensajes telefónicos cuando vio publicada la segunda entrega sobre la investigación a los negocios de Ayuso en la que Palomera ni siquiera había participado.

Más Madrid, responsable de la proposicion no de ley, rebajó los supuestos superpoderes de Rodríguez. Su portavoz, Manuela Bergerot: “No es un genio de la estrategia es un gestor de la propaganda pagado con el dinero de todos”. “Es el 'koldo del PP' y un cobarde que no se atreve a comparecer para las cuatro preguntas que le hagamos”. “Muy valiente para insultar en redes sociales pero muy cobarde cuando se trata de venir donde toca”. La portavoz de Más Madrid insistió en que su partido no pretende solo reprobar a la mano derecha de Ayuso, sino “impugnar una forma de hacer política basada en la mentira, en la intoxicación, en el insulto, la intimidación y la compra de voluntades”. Ayuso y Rodríguez son exactamente lo mismo, dijo la portavoz de Más Madrid durante un debate en el que ni la presidenta ni su asesor quisieron estar presentes: “Rodríguez no es nada sin ayuso, sin los jefes, sin la tupida red del Partido Popular con el poder judicial, el mundo del dinero y los medios de comunicación y no es absolutamente nada sin el dinero de la Comunidad de Madrid con el que compran las voluntades de los periódicos y panfletos que difunden sus bulos”.

Bergerot recordó también que entre las misiones de Rodríguez estuvo también “difamar a las familias de las víctimas de los protocolos de la vergüenza” y recordó algo que el portavoz popular pasó por alto en su panegírico del jefe de gabinete: la doble condena por difamar al doctor Luis Montes, ya fallecido, jefe de Urgencias del Hopistal Severo Ochoa de Leganés, al que Rodríguez llamó “nazi” varias veces en plena campaña del PP de Esperanza Aguirre contra él.

En el turno del PSOE, la diputada Aitana Jiménez Liébana reprochó al PP y a su presidenta que manoseen la palabra “libertad” mientras censuran desde la Asamblea y desde la Presidencia de Madrid. “Venimos a debatir si en Madrid vamos a normalizar que desde el corazón del poder se amenace a periodistas cuando publican una información incómoda para la presidenta”. “Ha tenido que decirles el Constitucional que están vulnerando derechos al impedir el debate y a recordarles que no es su cortijo ni la versión madrileña de Mara Lago”. La parlamentaria socialista censuró que desde su puesto público el jefe de gabinete “planifica y ejecuta la defensa de la pareja de Ayuso”. Y cerró con la pregunta que se hace toda la oposición en la Asamblea: “¿Por qué no permiten que Rodríguez venga a esta asamblea a dar explicaciones, dónde está esa bravuconería en wasap, la épica tuitear, a ver si es verdad lo que dice Vox de la derechita conservadora”. Incluso la portavoz de Vox, con un tono mucho más comprensivo hacia el PP y entre duras críticas a la izquierda y alusiones a ETA, les recomendó a los populares que “no tengan miedo” y permitan a Rodríguez comparecer en el parlamento regional.

Durante todo el debate el PP atribuyó la censura de la oposición al jefe de gabinete a la “envidia”. Vino a decir que todos los partidos querrían contar con alguien así en la sala de máquinas. Incluso reprochó a la oposición “bajar al barro” contra el jefe de gabinete y ejercer contra él una “crítica personal” ya que no pueden cuestionar su “trayectoria profesional”. Su portavoz Díaz Pache asumió en voz alta, desde la Asamblea de Madrid que ese Gobierno, el que supuestamente debería representar a todos los madrileños, “va contra Sánchez”. Y también contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Bergerot desde Más Madrid, le afeó “el papelón” de este debate parlamentario y concluyó: “El mérito de miguel ángel rodríguez es ser la primera línea de defensa cuando el clan Ayuso comete delitos”. “Defienden al matón número uno del Partido Popular, al Koldo del Partido Popular”, clamó desde su escaño.

La respuesta del portavoz de Ayuso, Carlos Díaz Pache, a que el jefe de gabinete no haya pisado la Asamblea de Madrid en estos siete años y no vaya a hacerlo en el futuro es que Rodríguez estaría encantado de acudir pero no lo hace porque el PP no quiere “un circo”. ¿Por qué el PP permite que otros cargos de la Comunidad comparezcan y Rodríguez no alegando que sería un circo (cuando los diputados de la oposición son los mismos)? Es una pregunta que quedó en el aire en el debate. Los votos en contra del PP que festejaron con una ovación y puestos en pie las loas de su portavoz a Rodríguez impidieron que la Asamblea de Madrid reprobase a la mano derecha de Ayuso.

Pablo Motos: Pero he estado viendo la tele y he puesto Cuatro y he oído a una tertuliana después de estas declaraciones decir que Felipe Gónzález era un traidor.

Juan Del Val: Sí, lo dice bastante gente, Felipe Gónzález...

Rosa Belmonte: ¿Esa que es mitad tonta, mitad tetas?

Pablo Motos: No me acuerdo.

Rosa Belmonte: Es una frase de la serie La maravillosa señora Maisel.

Silencio, risas incómodas, en el plató de El Hormiguero. (De toda la mesa, también de las hormigas).

Nadie la corrigió. Hubo más risas nerviosas y lo más que acertó a decir otro de los tertulianos, Rubén Amón, fue: “Rosa, sabes que se va a viralizar, ¿no?”.

Todo en prime time, en la mesa de ¿debate? de El Hormiguero este martes. La buena noticia es que no eructó nadie. Al menos no literalmente. La mala es que el comentario, con semejante aroma a brandy, carajillo, manchas de grasa y palillos de sobremesa, tratase de disfrazarse con un supuesto halo cultural. “Que es una frase de la serie 'La Maravillosa señora Maisel'”. Así que lo de la tonta de las tetas, para referirse a otra compañera de tertulias, no sería tanto un exabrupto, sino casi información de servicio para consumidores de series minoritarias. (Está en Amazon Prime, por cierto, y va de una mujer de mediana edad que tras separarse se descubre, ella y el mundo que la rodea, su talento para la comedia y se hace monologuista).

Dejemos a la señora Maisel tranquila y volvamos a lo de El Hormiguero. Podría ser una anécdota más si no fuera porque Sarah Santaolalla, analista y tertuliana en varios programas de televisión, de la 1 y también de Cuatro, lleva semanas recibiendo amenazas, persecuciones de ultras por la calle y ataques organizados en redes. Que nadie crea que es casualidad. Forma parte de una estrategia muy estudiada que busca interacciones en redes para elevar el ruido. Nada nuevo, bajo el sol de X y Tik Tok.

Vamos ahora con las obviedades: Santaolalla, que ha multiplicado su presencia en los platós durante los últimos meses y suele defender posiciones de izquierdas y proferir algunas sentencias polémicas (como todos los tertulianos que acumulan horas y más horas de platós), debe estar, como todas las figuras públicas, sometida a la crítica. Solo faltaría. En todo este tiempo en distintas televisiones ha realizado afirmaciones dudosas, algunas fáciles de rebatir, junto a otras que son irrefutables.

Lo sepan o no en El Hormiguero, que Felipe González ha traicionado a su partido lo piensa un porcentaje bastante alto de la militancia socialista. Pero no viene de ahora, viene, como casi todo en el PSOE, de 2016 y de aquella ruptura traumática, cuando el oficialismo del partido decidió abstenerse y permitir la investidura de Mariano Rajoy. La organización se partió en dos y el final de la historia es conocido: venció con un porcentaje amplio Pedro Sánchez, que había encabezado el no a Rajoy, y que volvió a convertirse en secretario general contra las maniobras de todo el aparato y después en presidente del Gobierno. Es desde aquella época, hace ya diez años, cuando Felipe González pasó a convertirse en un traidor para muchos compañeros de partido. Sus apariciones de los última etapa junto a su otrora archienemigo José María Aznar, y los ataques continuos a la dirección del PSOE, que contrastan con sus tibias alusiones a la extrema derecha, no han contribuido a apaciguar a esas bases que se desencantaron con él hace una década, o incluso antes, con los gravísimos casos de corrupción que sacudieron a sus gobiernos. Terrorismo de Estado, incluido.

Pero nada de lo anterior impide que se pueda confrontar sobre eso o sobre cualquier otra cosa con Santaolalla e incluso atacar sus argumentos con la misma beligerancia con que ella los defiende. Sucede que si para rebatir a Santaolalla, o a cualquier otra mujer (si es joven, mejor), alguien tiene que aludir a su cuerpo, eso es machismo.

Pasó lo mismo con Vinicius, el delantero del Real Madrid. Cabe opinar que es individualista, que se tira demasiado, que provoca a las aficiones y jugadores rivales o pensar que es todo lo contrario y merece el balón de oro. Cuando desde el fondo de un estadio hordas enteras de ultras deciden llamarle negro o simular el ruido del mono, eso es racismo.

Hasta ahora entraba dentro de lo previsible que hubiera que hacérselo ver a los fondos de los campos de fútbol: para eso se colocaban advertencias en los videomarcadores y se lanzaban alertas por megafonía. En los casos más graves se han suspendido partidos. (Pocos).

Lo que resulta más llamativo es que haya que recordárselo a figuras públicas que gozan de formidables audiencias en privilegiados espacios de radio, televisión y prensa. Comunicadores a a quienes se suponía una mínima responsabilidad. O al menos educación. En este sentido, es ilustrativo que nadie en la mesa de El Hormiguero se atreviera a advertir que la frase de las tetas y la tonta no es el camino. Ilustrativo, pero nada casual.

Muchos analistas, algún tratado de comunicación y el anuncio navideño de Campofrío llaman a esto “polarización”. Definen así el espacio de debate donde agitadores ultras de derechas se permiten amenazar incluso físicamente a periodistas y políticos sin ninguna consecuencia más que multiplicar su número de seguidores, mientras humoristas de izquierdas que hacen parodia de un programa de televisión tienen que abandonar las redes y sus espacios. Si es polarización, el campo está clamorosamente inclinado hacia la derecha: no se ve a agitadores de izquierdas persiguiendo por la calle entre empujones y bronca continua a políticos conservadores o ultras ni a comunicadores de su cuerda. La extrema derecha, sí. Con acreditación en el Congreso de los Diputados. Y fuera. A ministros, diputados, políticos rasos e incluso a periodistas. Todo para generar contenido, gasolina para prender las redes.

Analistas que intentaron pronosticar que los nuevos canales de comunicación acabarían civilizándose con el paso del tiempo se han dado de bruces con estudios que concluyen lo contrario: el odio es una mercancía muy rentable como para dejarla sin explotar. Los dueños de las plataformas lo saben y quienes diseñan los algoritmos lo potencian mientras silencian opiniones más moderadas. Y el contagio está ya en los medios de comunicación, aunque algunos ya traían lo suyo de casa mucho antes de que se soñase la primera red social.

Decía Iñaki Gabilondo hace años al hilo de la deriva de alguna prensa que hubo un momento en que los trenes dejaron de llevar carteles de “prohibido escupir en el suelo” no porque ya se pudiera escupir, sino porque todo el mundo había aprendido a no hacerlo. No descartemos que llegue un día en que haya que recuperar aquellos carteles. En los trenes. Y también en algunos platós.

Post Data: 20 horas después de finalizar el programa y tras centenares de reproches sobre su comentario en las redes, Rosa Belmonte emitió una especie de disculpa en su cuenta de X bajo la socorrida fórmula: “a quien haya molestado”. Calificó de “inconveniente” su comentario y subrayó que su intención -cuando llamó “mitad tonta, mitad tetas” a Santaolalla- no era ofender ni molestar a nadie.

Este es su mensaje completo: “Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en ‘El Hormiguero’. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención”.

En el inicio del programa del miércoles, también Pablo Motos pidió perdón por “un comentario desafortunado que hizo ayer Rosa Belmonte en la tertulia”. “A veces, pasa”, dijo el presentador, “que con la velocidad del directo a la vez que estás diciendo algo estás pensando no deberías haberlo dicho. Pero eso no quita que metimos la pata y como no es el estilo de Rosa ni del programa, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas, gracias por entendernos y nos esforzaremos para que no vuelva a suceder”. Aplausos de fondo.

Isabel Díaz Ayuso recibió el 26 de febrero de 2024 un correo de una concejala de Móstoles por “una discriminación muy grave que no ha cesado y se está incrementando”. La mujer le pedía una reunión a través de un mail enviado al gabinete de la Presidencia con el objetivo de contarle lo que estaba sufriendo, para que mediara, poder mantener el asunto con discreción y “que no tengan que intervenir otros organismos”. En ese primer momento no dio más detalles, pero pronto los daría por correo y en persona: estaba sufriendo acoso sexual y laboral por parte del alcalde de la localidad.

Ayuso no la recibió alegando problemas de agenda, pero puso al frente de la crisis que se le abría en su municipio-bastión a sus dos pesos pesados: Ana Millán, número tres y persona de la máxima confianza de la presidenta, y Alfonso Serrano, número dos del partido en Madrid y quien arregla casi todos los asuntos para Ayuso. De hecho, Serrano intervino en ese mismo tiempo en el caso de fraude de su novio, con quien precisamente se reunió en una cafetería en los mismos meses en que saltaba el caso de la concejala de Móstoles, encuentro del que da testimonio una polémica foto.

Aunque la presidenta nunca recibió a la denunciante, sí se reunió a la semana de recibir el correo con el alcalde de Móstoles. Oficialmente, la Comunidad de Madrid informó a los medios de que la cita estaba enmarcada “en la habitual ronda de contactos que la jefa del Ejecutivo autonómico mantiene con los regidores de los municipios madrileños”. No hubo rueda de prensa posterior. Siete días después, Ana Millán y Alfonso Serrano organizaron una reunión con la denunciante.

Fue el 11 de marzo de 2024, pocos días después de ese primer correo, cuando Ana Millán y Alfonso Serrano citaron a la concejala en la sede del PP en Madrid para escuchar lo que tenía que decir. Allí, por las detalladas declaraciones que la propia denunciante tiene y trasladó al gabinete de la presidenta, se contó que el alcalde Manuel Bautista había intentado flirtear con ella y, al no conseguir su objetivo, la había degradado profesionalmente. “Aquí lo que estamos hablando es que te ficha Manuel, te pone de número dos, hay un conflicto entre lo personal y profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿estamos hablando de esto?”, dice Serrano en ese encuentro. Millán va más allá y le pone nombre a lo que está escuchando: “Ese amparo que pides pasa porque te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia. Vamos a parar esto. Esto es un acoso de manual”. Lo califica como acoso, pero insiste en que la concejala no denuncie. Durante ese encuentro se intenta desincentivar a la mujer a que tome medidas o las exija. “No es cuestión de tapar, es que una denuncia pública o judicial, te afectaría a ti”, le dice el número dos del PP de Madrid.

Mientras esto pasa en un despacho de Génova 13, elDiario.es está a punto de revelar, a la seis de la mañana del día siguiente, el caso de fraude fiscal del novio de la presidenta: La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla, tituló el 12 de marzo este medio. El PP de Madrid entra en modo búnker y los pesos pesados de Ayuso salen a defender a la presidenta, que acabará acusando a Hacienda de deberle dinero a su pareja, algo que se ha demostrado falso.

Alfonso Serrano y Ana Millán hacen declaraciones utilizando el argumento de que se trata de un ataque machista, es decir, un ataque del mismo espectro que ha denunciado la concejala apenas 12 horas antes y que han recomendado acallar. “Aquí un ministro del Gobierno de España. Feministas de pancarta”, pone en la red social X Millán a los tres días de la reunión con la concejala.

Serrano llama directamente “machista” a Óscar Puente en un programa de televisión al día siguiente de la reunión con la denunciante de Móstoles y luego añade que es un “misógino” a través de sus redes sociales por atacar a Ayuso a cuenta del fraude fiscal de su pareja. La concejala a la que acaba de atender tendrá aún que esperar siete meses y enviar nueve correos para que alguien del PP de Madrid le conteste o le proponga alguna acción, algo que no llega a suceder. La concejala acabó dimitiendo y dándose de baja del PP en octubre de ese mismo año.

Ante la insistencia de la denunciante y la ausencia de medidas, hubo una segunda reunión con Ana Millán y Lucía Paniagua, miembro de la ejecutiva del PP madrileño, que siguió sin apoyar a la concejala y sin tomar ninguna medida. En octubre, Ana Millán directamente la amenaza con llevarla al Comité de Garantías por estar, supuestamente, pasando información al PSOE, como se escucha en unos audios que ha publicado elDiario.es. Ese mes, la concejala dimite, se da de baja del partido y denuncia los mismos hechos, pero ahora ante el Partido Popular Nacional, que investigó hasta el 25 de abril de 2025 y luego dio carpetazo al asunto alegando que no se habían aportado pruebas, sin llamar a la denunciante (aunque sí a Bautista) ni a los testigos que ella citaba en su escrito de 20 páginas.

A pesar de que el alcalde de Móstoles estaba inmerso en una investigación por acoso sexual y laboral, tanto Isabel Díaz Ayuso como Ana Millán y Alfonso Serrano continuaron apoyándole con normalidad. Por ejemplo, el 2 de diciembre –con el instructor del caso recién nombrado en el PP de Feijóo– se inauguró la sede del PP en la localidad que dirige Manuel Bautista con toda la plana mayor, incluida la presidenta: “Hoy hemos celebrado Comité Ejecutivo y Junta Directiva en Móstoles, ciudad magníficamente dirigida por Manuel Bautista”, decía Serrano en sus redes sociales. El 17 de diciembre también se prodigó en fotos y halagos con Bautista, el “gran alcalde”.

La presidenta de la Comunidad, pese a la constancia de que Manuel Bautista estaba siendo investigado por el Comité de Garantías de su partido, también fue al municipio a apoyar al alcalde en diciembre de 2024, le agradeció su trabajo y le acompañó en la inauguración de la sede del PP de Móstoles. Bautista fue una apuesta personal de Ayuso como candidato a la alcaldía en esta localidad de 200.000 habitantes en las elecciones municipales de 2023. La decisión provocó un motín y una carta de 400 militantes que se quejaron a la presidenta por elegir a un “desconocido” en el municipio. Hasta ser candidato a la alcaldía, Bautista había sido viceconsejero de Infraestructuras en la Consejería de Educación, mientras la lideraba Enrique Ossorio. Es precisamente el periodo en el que se produjo el escándalo de la FP que investiga un juzgado de instrucción por presunta prevaricación por el que ha sido imputado de momento un exalto cargo de la presidenta.

Nueve correos de auxilio a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Dos reuniones y media con la cúpula del PP de Madrid. Un escrito de 20 páginas al comité de Derechos y Garantías del PP nacional. El carrusel de ocho meses de gestiones ante todas las instancias del PP para frenar el “acoso sexual y laboral” que la denunciante atribuye al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, no ha dado ningún resultado. Ni un expediente, ni un protocolo antiacoso. Nada. El caso, 25 años después, recuerda al de Nevenka Fernández. La concejala que denuncia abandona la política. El alcalde sigue en su puesto. Sus superiores en el PP lo respaldan.

Lo que sigue es un repaso a la gincana de reuniones, correos y llamadas telefónicas de una concejala que debutó como candidata en 2023 para servir a sus vecinos de Móstoles y que acabó arrasada año y medio después, desengañada de la política y del partido. Ahora se dispone a denunciarlo todo en los tribunales.

Otoño de 2022. Una militante de base, profesora de profesión, empieza a acudir como voluntaria a la sede del PP en Móstoles, partido al que se había afiliado muy joven, antes de cumplir los 30, durante 2010, en plena crisis económica, con el Gobierno de Zapatero en sus últimos meses y el PSOE hundido en las encuestas. Pasados 12 años, en otoño de 2022, la mujer, de familia conservadora en el municipio madrileño, casada y con dos hijos, había decidido involucrarse en el día a día de su partido. Acudía a las sedes como voluntaria al salir de trabajar. Poco antes del verano, el dedo de Isabel Díaz Ayuso había designado como candidato en Móstoles a un paracaidista: Manuel Bautista, alto cargo de su Gobierno donde llevaba unos meses ejerciendo de director General de Educación Concertada. Bautista ya había sido concejal en Fuenlabrada y estaba ante su gran oportunidad. Corrían nuevos tiempos en el PP mostoleño, porque Ayuso y su equipo habían visto la oportunidad de hacerse con un feudo socialista en el sur. El mandato de la alcaldesa, Noelia Pose, había estado plagado de escándalos, con la contratación de familiares directos como asesores y problemas varios en los tribunales: acabó condenada por vulnerar los derechos de dos funcionarias.

El candidato debutante, que llegaba de nuevas a la agrupación, confeccionó su propio equipo y ofreció a la voluntaria que pasaba las tardes en la sede ser su número dos en la lista. No tenía experiencia institucional, pero Bautista elogió su tenacidad, su capacidad de trabajo y para organizar equipos.

Mayo de 2023. El PP de Móstoles desarrolla su campaña electoral con el viento de cola. El PP está disparado en las encuestas, Ayuso se encamina hacia su primera mayoría absoluta y a cuatro días de las municipales y autonómicas celebra un mitin junto a Bautista, con Elías Bendodo como artista invitado de la dirección nacional.

Ayuso se sube al atril y despliega su discurso favorito, carga sin compasión contra el “feminismo de la izquierda”. “Nos tratan como si fuéramos tontas”, clama ante un público entregado: “Porque soy mujer, soy víctima. No, gracias. No se trataba de eso. Se trataba de que fuéramos iguales”. La candidata novel aplaude desde la primera fila. Cuatro días después, Bautista se convierte, virtualmente, en alcalde de Móstoles. No tiene mayoría absoluta, pero servirá el apoyo de los tres concejales de Vox.

Ahí empieza el calvario del fichaje estrella del PP local. Según el relato que ha ido haciendo en sucesivas comunicaciones a su partido, al que pidió amparo, primero fue el acoso sexual: con proposiciones, comentarios continuos sobre su físico, alusiones sexuales del alcalde que la invitaba a acompañarlo a todos sus actos. Los piropos no se quedaban entre los dos, personas de su entorno han ratificado “la obsesión tremenda” de Bautista con su subordinada. Según El País, el medio que destapó las denuncias el pasado miércoles, compañeros de la edil aseguraron que el regidor presumía de acostarse con ella y que profería todo tipo de comentarios sobre la nueva concejal: “Está buenísima, esta es solo para mí”, “esta mujer nos alegra el día y más me lo va a alegrar”.

Ese ambiente y el falso rumor de que tenían una relación llevó a la mujer a cortar por lo sano. Le pidió que no contase mentiras sobre ambos y advirtió una vez más que no iban a tener más relación que la profesional y política. No se iba a acostar con él. Por mucho que él le pidiese “dejarse llevar” y le dijese que la echaba de menos cuando no estaban juntos.

A partir de entonces, comenzó lo que la concejal del PP calificó como un “acoso profesional reiterado”. Meses de desplantes, humillaciones, de hacerle el vacío y relegarla de sus funciones en el Ayuntamiento. De no convocarla a actos, de expulsarla de algunos en los que estaba y de no dejarla intervenir en los plenos. Tras decir no, quedaba relegada al ostracismo. El País cita testigos entre el personal del Ayuntamiento de Móstoles que ratifican ese vacío.

26 de febrero de 2024. Nueve meses después de haber sido elegida concejal, sin ningún papel en el Ayuntamiento y haciendo de atrezo en los plenos municipales, la concejal decide pedir ayuda a la presidenta de la Comunidad y del PP en Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Le escribe un correo a través del gabinete para que intervenga ante “la discriminación muy grave” que lleva sufriendo desde mayo de 2023. Reclama una reunión a Ayuso para que pueda “mediar” y “que no tengan que intervenir otros organismos”.

27 de febrero de 2024. El gabinete responde también por mail que la presidenta no va a reunirse con ella. Alega “motivos de agenda”, aunque no se había propuesto ninguna fecha. Pero el equipo de Ayuso dejaba el caso en manos de su mano derecha, Alfonso Serrano, número dos del PP de Madrid y diputado en la Asamblea. A la vuelta de ese correo, la concejal plantea citarse “a la mayor brevedad” con Serrano para que pueda trasladarle su situación a la presidenta. En el texto recuerda por segunda vez que está viviendo “una situación insostenible de discriminación”.

28 de febrero de 2024. El gabinete de Ayuso acusa recibo del mail anterior y comunica que lo ha reenviado a Serrano “para su conocimiento y consideración”.

4 de marzo de 2024. Ante la falta de noticias, la edil de Móstoles vuelve a escribir por tercera vez al gabinete de la presidenta madrileña. Recuerda que la semana anterior solicitó una cita con ella para “informarle de una situación muy grave” por la que está pasando en Móstoles, y que tras derivarse su petición al secretario general del PP, nadie se ha puesto en contacto con ella. “Entiendo que es difícil debido a tu agenda, pero es una situación muy grave que debéis conocer. Solicito de nuevo tener una reunión con la mayor brevedad posible, mi disponibilidad es absoluta”, escribe la concejal, que se despide agradeciendo la atención.

Ese mismo 4 de marzo, cinco días después de haber recibido el primer escrito, Ayuso acoge en su despacho de la Puerta del Sol al alcalde de Móstoles. Sin prensa ni cámaras. El departamento de comunicación de la Comunidad de Madrid lo presentó después como un encuentro enmarcado “en la habitual ronda de contactos que la jefa del Ejecutivo autonómico mantiene con los regidores de los municipios madrileños”. Así lo recogieron agencias como Servimedia y Europa Press. No hubo rueda de prensa posterior. La información que facilitó a la prensa el gabinete de Ayuso apuntaba a que la presidenta y el alcalde “abordaron los proyectos comunes de ambas administraciones, desde una perspectiva de colaboración institucional en beneficio de la prestación de unos servicios públicos de calidad que demandan los ciudadanos”. Sobre su conversación, puertas adentro, no trascendió nada más que eso. Las acusaciones contra Bautista en ese momento eran un secreto que conocían muy pocos en el PP.

11 de marzo de 2024. Una semana después del último mail y del encuentro entre Ayuso y el alcalde de Móstoles, la concejala es recibida por primera vez en la sede del PP regional. Su interlocutora es Ana Millán, número tres del PP de Madrid, vicepresidenta de la Asamblea, y persona de la máxima confianza de Ayuso. La edil le describe su infierno, las insinuaciones del alcalde y las represalias en el Ayuntamiento tras negarse a sus pretensiones sexuales. Según el relato que hará meses después en su denuncia interna, Millán le llega a reconocer que se trata de un “caso de acoso de manual”. En un momento de la reunión, se incorpora Alfonso Serrano, en quien había descargado Ayuso la gestión del conflicto. Millán, que había estado escuchando la historia de su concejal, lo pone en antecedentes. El número dos del PP resume la situación con una pregunta: “Aquí lo que estamos hablando es que te ficha Manuel, te pone de número dos, hay un conflicto entre lo personal y profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿Estamos hablando de eso?”.

En ese mismo encuentro, en el que la edil traslada a dos de las máximas autoridades del PP madrileño sus penurias, muy afectada, tanto Serrano como Millán se comprometen a echarle una mano. “Estamos aquí para ayudarte, podemos hablar contigo”, dice Serrano. “El Partido Popular estamos para ayudarte” recalca Millán. Pero ambos insisten en que cualquier solución pasa por mantenerlo todo en secreto, y por supuesto por no acudir a los tribunales. Ambos dirigentes apelan al sufrimiento que conllevaría para ella hacer público su caso. Al peso que supondría a su familia. “Eso te va a hundir”, le dice Ana Millán, que deja una frase más: “Ese amparo que pides pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia. Vamos a parar esto. Esto es un acoso de manual”.

En la misma sala de Génova 13, Serrano pide a la denunciante ideas para solucionarlo. Lo hace a su manera: “¿Qué podemos hacer? No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución”. Pero también acaba subrayando: “No es cuestión de tapar, es que una denuncia pública o judicial, te afectaría a ti”. Tanto la exconcejal como su abogado aseguran ahora tener pruebas de que la conversación, mucho más larga, transcurrió en estos términos y con esas expresiones literales. Los interlocutores quedan en mantener otra reunión pronto.

14 de marzo de 2024. Tres días más tarde, la concejal llama por teléfono para buscar una fecha para esa cita. No obtiene respuesta.

15 de marzo de 2024. La edil manda el cuarto correo en tres semanas al gabinete de Ayuso. Recuerda que había pactado una segunda reunión con Serrano y Millán. Insiste en que la situación “es muy grave” y que solicita otra cita a la mayor brevedad para conocer “la postura e intervención” de la dirección de Ayuso.

18 de marzo de 2024. Lunes. El gabinete presidencial responde que ha recibido el correo y que lo reenvía al secretario general del PP, Alfonso Serrano.

22 de marzo de 2024. Casi un mes después de su primera comunicación, tras cuatro correos y una reunión infructuosa, la concejal solicita en otro mail al gabinete de la presidenta que se active el “Protocolo General de Prevención y Actuación frente a todos los tipos de acoso”. Lo escribe así: “Todos los tipos de acoso”. Invoca un acuerdo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del 9 de mayo de 2017 que abre esa vía para atajar todos los tipos de acoso en la Administración de la Comunidad de Madrid y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella“. La edil propone esta medida tras recordar que ya han pasado 11 días desde su reunión con los altos cargos del PP, a los que contó la situación que estaba sufriendo. Pide celeridad, dada ”la situación de indefensión“ en que se encuentra.

10 de abril de 2024. La concejal escribe un sexto mail al equipo de la presidenta. Recuerda el compromiso adquirido por Serrano y Millán para facilitarle “ayuda y amparo”. “No está siendo así”, recuerda. “Me he puesto en contacto de nuevo con vosotros en tres ocasiones solicitando que se valoren actuaciones y se me informe de la intervención que vais a plantear ante esta situación de la que sois conocedores y no he obtenido ninguna respuesta”, lamenta. Se despide recordando que representa al PP en Móstoles como concejal y vuelve a implorar amparo e intervención por parte de la dirección de Ayuso. “La situación no ha cambiado”, recuerda.

16 de abril de 2024. Seis días después del último correo al gabinete de Ayuso, tiene lugar la segunda reunión de la concejal con emisarios de la presidenta. En esta ocasión, quienes la reciben son Ana Millán, la secretaria de Organización del PP y amiga personal de la presidenta, y Lucía Paniagua, secretaria de Municipios en la Ejecutiva del PP y teniente alcalde en Villanueva de la Cañada. Durante esa cita, celebrada como la anterior en la sede del PP y de la que constan pruebas documentales, Millán le explica a su compañera que el protocolo antiacoso no rige para ella, puesto que no es funcionaria ni trabajadora del partido. “Tú no tienes una relación laboral, tú no eres una empleada del Partido Popular”.

Paniagua, con asiento en la Ejecutiva del PP madrileño, llega a proponer a la edil de Móstoles un pacto “amistoso” con Bautista. “Que alguno de los dos tiene que dar un paso atrás”. La responsable de Municipios del PP regional la anima a tener “un perfil bajo” y dejar pasar el tiempo.

Millán, como secretaria de Organización, fue más taxativa: “Yo no sé qué entiendes tú por amparo, nuestro amparo fue decirte: 'vete a casa, habla con tu marido'”. Le aconsejó también dar un paso atrás pensando en su padre (fallecido hace unos meses, pero entonces muy conocido en el PP local) y acabó espetándole: “Todas hemos aguantado muchas cosas en política”. Tal y como había hecho en la primera reunión el 11 de marzo, volvió a desaconsejarle acudir a los tribunales: “La denuncia judicial, que luego se haría pública, no te beneficiaría”. También le advirtió que de hacerlo, no podría “seguir trabajando allí”.

17 de junio de 2024. La concejal de Móstoles envía el séptimo mail al gabinete de la presidenta. Recuerda que dos meses después de la última cita en Génova 13 “no se ha tomado ninguna medida”. “La situación, lejos de mejorar, ha empeorado debido a que el tratamiento de la información manifestada en las reuniones que hemos mantenido no se ha tratado con la confidencialidad y respeto que corresponde”, lamenta. Por último reclama que, tal y como se habían comprometido en la última reunión, se le informe de las “actuaciones realizadas”.

25 de junio de 2024.

Ocho días después del último mail, el gabinete de Ayuso responde que da traslado al PP de la Comunidad de Madrid. Ya no menciona a su secretario general, Alfonso Serrano, sino al partido.

Según fuentes conocedoras de la denuncia interna, durante el verano de 2024 no sucede nada diferente. La edil sigue viviendo humillaciones y desplantes en el Ayuntamiento, un ocaso que atribuye a haberle parado los pies al alcalde. Desde el PP se le convoca a la edil a una reunión de un día para otro y ella alega que no puede acudir con tanta premura.

24 de septiembre de 2024.

El octavo mail pidiendo ayuda a la presidenta de Madrid lo firma ya un abogado en nombre de la edil, “para tratar la situación de presunto acoso sexual y/o profesional padecida por la misma en Móstoles”. El escrito recuerda a la dirección del PP las múltiples veces que la concejal se ha puesto en contacto con ellos, “pidiendo amparo debido a la situación que están sufriendo” y de la que son “sobradamente conocedores” sin que nadie haya actuado. El letrado lamenta que no se hayan garantizado los derechos de su defendida ni se haya tomado ninguna medida preventiva para corregir la situación que viene sufriendo.

El escrito solicita pregunta por qué no se han tomado “medidas preventivas hacia la víctima” ni se ha abierto ningún protocolo en el PP o en la Comunidad de Madrid y cita dos capítulos del código de conducta del Partido Popular: el que alude al respeto a la dignidad de las personas y se compromete a no tolerar ningún tipo de violencia, abuso o conducta que lesione derechos; y el del entorno laboral que garantiza velar por la igualdad de oportunidades y la no discriminación. El abogado acaba advirtiendo que la intención de la edil es “evitar un desagradable procedimiento penal y causar el menor daño posible al partido”. Han pasado siete meses desde su primera alerta.

2 de octubre de 2024.

La concejal de Móstoles acude por tercera vez a la sede del PP en Génova 13. Ya no va sola. Le acompaña su abogado. Una secretaria le recuerda a la entrada que Millán solo se sentará con ella. La reunión no llega a celebrarse. Antes se produce un tira y afloja donde la número tres de Ayuso le reprocha haber dirigido sus escritos a la presidenta, en lugar de acudir al partido. Eso despúes de haber estado sentada contándole a la secretaria de Organización y al secretario general, Alfonso Serrano, la persecución que sufre. Millán pronuncia entonces su amenaza: comunica a la edil, con su abogado como testigo, que es el partido el que la va a denunciar a ella por haber filtrado información al PSOE. Una grabación a la que ha tenido acceso elDiario.es recoge ese momento.

En esa breve charla, Millán tras admitir que las dos reuniones con los máximos responsables del partido y los ocho correos electrónicos a la presidenta regional no habían servido para activar ningún procedimiento, reconoció su afinidad personal con el alcalde de Móstoles. Y alegó que precisamente por eso la edil no había sido relegada en la remodelación de gobierno local. El diálogo acabó de manera abrupta.

3 de octubre de 2024. La edil presenta su dimisión en el ayuntamiento y registra un escrito en el que solicita al comité de afiliaciones la baja como militante en el PP. En su despedida explica los motivos, el calvario que ha sufrido en el Ayuntamiento y que, pese a pedir auxilio a través de diferentes cauces, nadie la ha ayudado en el partido.

10 de octubre de 2024. El comité de afiliaciones del PP de Madrid tarda una semana en responder. Y cuando lo hace le ratifica que ha causado baja como militante y le responde que no puede valorar su comunicación como una denuncia porque “la situación parece haberse producido en el seno de una corporación municipal y no en el ámbito del Partido Popular”.

12 de octubre de 2024. Ya sin cargo en el Ayuntamiento de Móstoles y como exmilitante del PP, la denunciante vuelve a escribir al gabinete de Díaz Ayuso. Resume sus ocho meses de intentos por sentirse amparada y las respuestas que ha recibido de los emisarios que la presidenta envió a reunirse con ella. Entrecomilla frases en las que Serrano y Millán la presionan para no denunciar ni hacer pública su situación. Dice sentirse humillada por la última respuesta del comité de afiliaciones donde se le responde que no puede intervenir por no ser afiliada. Insiste en que su única intención era pedir “amparo” para trabajar por el partido en Móstoles. Se despide pidiendo que se “depuren responsabilidades”.

Fuera de la política, en el mes de diciembre, presenta un escrito de 20 páginas al Comité de Derechos y Garantías del PP Nacional. Se trata de un resumen de lo vivido en el ayuntamiento y también de los ocho meses en que pidió ayuda a los máximos responsables del partido en Madrid. Revela el horror que ha sufrido, el daño económico y el coste personal que le supuso el último año y medio al lado del alcalde, Manuel Bautista.

La respuesta del órgano interno fue que no podían cursar el procedimiento porque ella había iniciado un procedimiento en el juzgado. Aludían a una denuncia que la exconcejala presentó para averiguar quién había borrado la bandeja de los correos electrónicos que remitió al gabinete de Ayuso desde la cuenta que utiliza como profesora, adscrita a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. La denuncia no aludía al acoso, solo a la intrusión en su correo. La archivó provisionalmente un juzgado que no pudo identificar al autor y ahora será la Audiencia de Madrid quien determine si se ha de seguir investigando ese episodio. El comité de garantías del PP no volvió a dar señales de vida.

Poco antes de esas navidades, Ayuso escenifica su cercanía con el dirigente al que una concejal había atribuido acoso sexual en varias comunicaciones, verbales y por escrito. Acude a inaugurar la nueva sede del PP en Móstoles. En el vídeo todo son brindis y risas. Junto al regidor aparece también Serrano, el secretario general. El que había preguntado a la edil si tras dar calabazas a su jefe, el que le había tirado los tejos, la empezó a tratar mal. De fiesta con su alcalde.

4 de febrero de 2026. Dieciséis meses después de abandonarlo todo, El País desvela la denuncia interna de la exconcejal con el siguiente titular: El PP de Madrid presionó a una edil para tapar una acusación de acoso contra el alcalde de Móstoles: “El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia”. Las comillas son de la secretaria de Organización del PP, Ana Millán, la frase que dijo en la primera reunión el 11 de septiembre. El artículo hace un repaso sobre su carrera de obstáculos para obtener el amparo del partido.

5 de febrero de 2026. La oposición en la Asamblea de Madrid exige la dimisión del alcalde de Móstoles y de los cargos del partido que presionaron a la concejal, Millán y Serrano, ambos presentes en el Pleno. PSOE y Más Madrid recuerdan donde puso el listón Ayuso con otras denuncias como las que se presentaron contra Paco Salazar en el PSOE o Íñigo Errejón en Más Madrid. En aquellos casos la presidenta fue implacable. En la sesión de control, donde hasta Vox pregunta por Móstoles, Ayuso se muestra huidiza. Trufa todo su discurso de ataques a la izquierda, como siempre, y al final suelta una frase: “Se trata de un caso fabricado contra el PP”.

El alcalde comparece en Móstoles rodeado de su equipo de gobierno para negarlo todo. Sostiene que es una venganza de su concejal por no haber sido nombrado vicealcaldesa. La acusación tardaría en desmoronarse menos de 24 horas.

En la Puerta del Sol el aparato de propaganda se pone en marcha. Desde el equipo de Ayuso se filtran los correos de las denuncias de acoso que la concejal envió en su día al gabinete de Ayuso. En varios medios aparecen transcritos con la identidad de la concejal. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, responderá después que fue un error y que los correos, datos confidenciales de un cargo del partido que denunció acoso, se filtraron “por transparencia”.

El líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, da por buena la actuación de Ayuso. Y asegura que el PP archivó el caso porque no encontró pruebas tras “escuchar a los afectados”. Y pronuncia otra frase que choca con todo lo que había dicho durante semanas sobre el caso Salazar y que traslada a las víctimas toda la responsabilidad: “Las mujeres tienen todo el derecho, y en mi opinión, también el deber de acudir a la Justicia”.

Esa noche, en el programa Horizonte, de Iker Jiménez, un tertuliano lee en el móvil un mensaje que según dice le envía una persona “muy cercana a la presidenta en la Comunidad de Madrid”. Dice que la concejal ya había denunciado por acoso a un compañero en un instituto. Pone en duda su testimonio. Argumentarios similares tratando de desacreditar a la exedil se remiten desde el entorno de Ayuso a otros medios de comunicación. El Debate lo acabará publicando con la foto de la denunciante.

6 de febrero de 2026. Diferentes medios de comunicación emiten audios que desmontan la versión del alcalde de Móstoles: en uno aparece él reconociéndole a la edil que ella nunca le pidió nada en el Ayuntamiento. En otros sale la voz de Ana Millán amenazando a la concejal con denunciarla por pasar información al PSOE. El abogado confirma que presentará una denuncia por acoso contra el regidor de Móstoles, pero también contra Millán y Serrano, a quienes acusa de presionar para evitar una denuncia.

El portavoz del PSOE, Óscar López, insinúa que su partido también podría denunciar por revelación de secretos: la filtración de los correos de la denunciante. Todos piden la dimisión del alcalde de Móstoles.

Serrano mientras hace ronda por las televisiones e intenta alegar que los audios están recortados y manipulados. Defiende que él no intentó tapar nada. La víspera incluso llegó a decir que que de encontrar alguna prueba él mismo habría acompañado a la concejal al juzgado. El mismo dirigente que el 11 de septiembre avisó a la concejal: “No es cuestión de tapar, es que una denuncia pública o judicial, te afectaría a ti”. Mientras su compañera Ana Millán reconocía que era “un acoso de manual”. En medio del carrusel de entrevistas, Serrano deja una frase que resume su gestión. Responde a un periodista con otra pregunta: “¿Y tú cómo ligas?

El equipo de Ayuso insiste mientras tanto en que no hay acoso sexual y trata de derivar la polémica a un debate semántico. Que un alcalde haya hecho la vida imposible a una concejal tras negarse esta a tener relaciones con él y que la cúpula del partido lo conociese y haya presionado a la edil para que no lo hiciese público no le parece grave. Bautista se presenta como víctima y amenaza también con denunciar a quien le difame.

El Partido Popular nacional reconoce que archivó la denuncia tras escuchar las explicaciones del alcalde. Desde el comité de Derechos y Garantías no se citó a nadie más, no se convocó a testigos. Caso cerrado para el PP. Mientras el abogado de la concejal promete nuevas entregas de audios que demuestran cómo la cúpula del Partido Popular de Madrid, la misma que sigue defendiendo al alcalde de Móstoles, intentó enterrar una denuncia de acoso. Y en Móstoles, que ha vuelto a saltar estos días a los telediarios nacionales, resuenan aquellas palabras de Ayuso en el mitin de 2023 frente a la candidata debutante: “Porque soy mujer, soy víctima. No, gracias”.

Después de escribir varias veces a la presidenta de la Comunidad y de su partido, Isabel Díaz Ayuso, de intercambiar nueve correos electrónicos con su gabinete, de reunirse en la sede del PP con la cúpula regional, su secretario general Alfonso Serrano, y su secretaria de organización, Ana Millán (con esta última en dos ocasiones), de remitir un escrito de 20 páginas al comité de Garantías del PP nacional, la concejala que denunció al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral, no logró que nadie en su formación le prestase amparo.

En ocho meses, nadie activó el protocolo de acoso y tampoco se abrió un expediente al regidor. Y eso que la 'número tres' del partido, Ana Millán, asumió tras escuchar el relato de la edil y las humillaciones a la que estaba siendo sometida por el alcalde, que se trató de un “caso de acoso de manual”, durante una conversación mantenida el 11 de septiembre de 2024 en la sede de Génova 13. En el mismo encuentro, la mano derecha de Ayuso, Alfonso Serrano, admitió también ante la edil la razón por la que fue relegada de sus funciones en el Gobierno municipal, dejó de intervenir en los Plenos y de tener responsabilidades “Te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿estamos hablando de esto?”, le dijo Serrano tras escuchar su relato.

Las conclusiones que sacaron ambos de su conversación con la edil no impulsaron ninguna investigación en el partido. De hecho, pese a reconocer la injusticia, ambos durante la charla trataron de evitar que la concejal presentase una denuncia o hiciese públicos los hechos. Todo está documentado en nueve correos electrónicos y una carta de despedida, en la que la edil renuncia a su cargo público y se da de baja en el partido.

La correspondencia con Ayuso evidencia que la presidenta no tuvo interés en recibirla, cuando le mandó el primer correo electrónico el 26 de febrero de 2024 en el que le contaba la “situación laboral” que estaba pasando, “una discriminación muy grave que no ha cesado y se está incrementando”. En la misiva reclamaba la mediación de Ayuso “para que no tengan que intervenir otros organismos”. La presidenta alegó “cuestiones de agenda” y la derivó a su mano derecha en el partido, Alfonso Serrano.

Cinco días después de recibir el mail, Ayuso sí recibió en su despacho al alcalde de Móstoles. Su equipo de comunicación presentó la cita como una más en la ronda de contactos con los regidores madrileños. No hubo rueda de prensa ni comunicado, la Comunidad explicó que en la cita ambos dirigentes abordaron “proyectos comunes de ambas administraciones, desde una perspectiva de colaboración institucional en beneficio de la prestación de unos servicios públicos de calidad que demandan los ciudadanos”.

Rechazo “a cualquier tipo de denuncia”

Una semana más tarde, la guardia pretoriana de Ayuso, Millán y Serrano, recibieron a la concejal, escucharon su relato le pidieron de todas las formas posibles que no hiciera pública su denuncia y que tampoco acudiese al juzgado. La retahíla de frases con que la presionaron figura en el noveno correo, también dirigido a la presidenta madrileña donde se queja de cómo todo su partido la ignoró durante ocho meses consecutivos en los que fue relatando ante diferentes instancias el calvario que vivía al lado del alcalde y presidente del PP en Móstoles, Manuel Bautista, tras negarse a tener relaciones sexuales con él.

Tras admitir que a la edil le está “costando la salud” la actitud de su alcalde, Ana Millán le insiste varias veces en que no debe denunciar y le habla del daño que eso puede suponer a su familia. “Ese amparo que pides pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le dice la número tres de Ayuso. El número dos insiste: ¿Qué podemos hacer? No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución“. Las afirmaciones que recopiló la entonces concejal de Móstoles de los dos interlocutores enviados por Ayuso permiten concluir que ni Millán ni Serrano dudan del relato de su edil y a la vez, que ambos la presionan para que no denuncie.

Tras esa charla donde quedó patente el origen de los desencuentros con el regidor, la edil todavía envío seis correos más al equipo de la presidenta. Todos están documentados, y fuentes conocedoras de la denuncia interna presentada por la edil aseguran a elDiario.es que dispone de material probatorio para sustentar sus acusaciones y desmentir las afirmaciones del PP y del regidor de Móstoles, quien este jueves atribuyó todo a una supuesta venganza de su concejal por no ser ascendida en el Gobierno municipal.

El último mail remitido a Ayuso lo firma ya como exconcejal: ocho meses después de pedir ayuda por primera vez, había renunciado al cargo de concejal y también a su condición de militante. Pero todavía escribiría una vez más para denunciar su caso ya ante un órgano del PP nacional, el comité de derechos y garantías. También sin éxito. El PP concluyó que no hay causa, que no existieron pruebas. Pero la presidenta Ayuso fue mucho más allá: dijo directamente que se trataba de un caso “fabricado contra el PP”. Y a esa tesis se apuntaron los dirigentes más cercanos. El mismo Serrano que la presionó para que no denunciase contó este jueves en un programa de Cuatro que no había pruebas y que si las hubiese, él mismo la habría “acompañado al juzgado”.

El gabinete de la presidenta, al que recurrió la edil para que mediase con el alcalde, acabó filtrando a algunos medios de comunicación este jueves los correos en los que denunciaba el acoso al que estaba siendo sometida. En varios diarios llegó a aparecer el nombre de la concejal. El primero en difundir la totalidad de los mails fue El Debate.

Petición de explicaciones

Las presiones del equipo de Ayuso a la edil para que no denunciase a su alcalde, adelantadas el miércoles por El País, centraron la sesión de control en la Asamblea de Madrid. La oposición en pleno preguntó por ello: Vox, Más Madrid y PSOE. La izquierda exigió la renuncia del alcalde pero también de Alfonso Serrano y Ana Millán ambos presentes en el Pleno.

Ayuso, que se había mostrado muy beligerante en el caso de las denuncias contra el alto cargo de Moncloa, Paco Salazar, optó esta vez por pedir que se creyese a las mujeres y que se aplicase la presunción de inocencia, para sí misma. Desde Más Madrid le recodó Manuela Bergerot que en un caso de acoso sexual ella no es la víctima. En el PSOE, Mar Espinar, acusó de “mandar a sus secuaces” para que la concejal mantuviese “la boquita cerrada”.

El presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, no fue tan lejos, pero cerró filas con su baronesa. En una rueda de prensa en Calanda (Teruel) que “el PP de Madrid ha investigado, y después de investigar ha considerado que no había indicios suficientes y racionales para actuar”. El líder de la oposición también aseguró que “el Comité de Garantías [nacional] llamó a las personas afectadas y se mantuvo la investigación de Madrid como una investigación veraz”.

La referencia al Comité de Derechos y Garantías implica que la denuncia de la concejala de Móstoles escaló a los órganos nacionales del partido. Desde el equipo de Feijóo confirman a elDiario.es que “se abrió un procedimiento de información”. Las mismas fuentes apuntan que “aunque [la denuncia] llegó sin ser afiliada” el comité “abre el procedimiento”.

Las explicaciones desde la dirección del PP se acaban ahí. El equipo de Feijóo no ha querido responder a si, por ejemplo, cuando su líder sostiene que el comité “llamó a las personas afectadas” se refiere a que hubo entrevistas personales, bien presenciales o por teléfono, ni con quién. Si la concejala fue contactada solo por correo electrónico, tal y como refiere ‘El País’ en la información que desveló el caso, y si se contrastó con el alcalde, Manuel Bautista, lo denunciado.

El PP tampoco ha respondido a otras cuestiones sobre sus propias normas internas de cumplimiento obligatorio. Porque el partido de Feijóo presume de atender a la denunciante “pese a no ser afiliada”, cuando los propios Estatutos del PP establecen en su artículo 52.3 que “los respectivos Comités extenderán sus competencias a los empleados del partido y cualquier persona incluida en el ámbito de aplicación de las normas de cumplimiento, aunque no tenga la condición de afiliado al PP”. También el Código Ético establece que “el PP no tolerará ningún tipo de violencia, acoso, abuso (...) tendente a lesionar los derechos personales de sus miembros o terceros”. Y prohíbe expresamente “en el entorno laboral del PP actos de acoso conforme a la normativa interna”.

Esa normativa interna es el Protocolo de prevención del acoso laboral, un documento al que ha tenido acceso elDiario.es y que hace referencia expresa al “acoso sexual” en el marco de la Ley de Igualdad. “Toda persona que considere que ha sido objeto de acoso tiene derecho a solicitar la aplicación” del protocolo, continúa el texto, “bien por sí misma o a través de sus representantes legales”.

La normativa interna del PP establece la obligación de crear una “comisión instructora” que presida la persona al frente de la Dirección de Recursos Humanos. Antes, eso sí, esta misma persona y el Órgano de Cumplimiento Normativo (OCN) decidirán por sí mismos si se admite o no a trámite la denuncia.

El PP tampoco ha detallado cuáles de estos pasos se llegaron a dar ni cuál fue el papel exacto de la Comisión de Derechos y Garantías. Según los Estatutos, recae sobre el secretario general, Miguel Tellado, “la dirección de todos los servicios del partido y la jefatura de su personal”.

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Los correos electrónicos de la edil de Móstoles que denunció a través de canales internos el acoso del alcalde, Manuel Bautista, primero sexual y después laboral, cuando ella se negó a tener una relación extraprofesional con el político, desmontan las explicaciones de la dirección del PP madrileño, que ha defendido en las últimas horas que la edil en ningún momento habló de acoso sexual. El número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, ha llegado a decir en una entrevista en el programa En Boca de Todos de Cuatro que él mismo “hubiera acompañado a su compañera de partido al juzgado”, de existir pruebas.

La tesis de que no hubo acoso sexual también la ha defendido la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la primera persona a la que la edil de Móstoles pidió ayuda a través de una carta, y que ha calificado todo como un “caso fabricado contra el PP”. El portavoz parlamentario en la Asamblea Regional, Carlos Díaz Pache, ha llegado a decir que en el momento en que se produjeron los hechos ni Ayuso era presidenta, ni Bautista candidato del PP. elDiario.es ha intentado sin éxito que el PP nacional responda a preguntas sobre este caso.

Todas esas informaciones difundidas por el PP son falsas, a tenor de los correos de la denunciante que el Gobierno de Ayuso ha filtrado esta tarde a distintos medios de comunicación y que ha adelantado El Debate. En varios de los emails, la denunciante —que ha pedido proteger su identidad— y su abogado solicitan medidas de protección contra un caso de acoso sexual. Lo dice explícitamente el letrado de la denunciante en el escrito remitido al gabinete de Ayuso el 24 de septiembre de 2024, ocho meses después de lanzar la primera llamada de auxilio (el 26 de febrero del mismo año). La misiva arranca así: “Buenos días, me pongo en contacto con ustedes como letrado defensor de [...] para tratar la situación de presunto acoso sexual y/o profesional padecida por la misma en Móstoles. Son muchas las veces que se ha puesto en contacto con ustedes pidiendo amparo debido a la situación que está sufriendo y de la que ustedes son sobradamente conocedores, que nos conste acción correctora”.

En esa carta, el abogado de la concejal pregunta por qué tras dos reuniones con miembros de la dirección del PP madrileño en las que participaron el secretario general, Alfonso Serrano, y la secretaria de Organización, Ana Millán, “no se han abierto los protocolos internos del Partido Popular respecto del comité de garantías, por qué no se han tomado medidas preventivas hacia la víctima ante esta situación, por qué no se ha abierto el protocolo de acoso que rige en la Comunidad de Madrid” y “por qué Ana Millán, conocedora y responsable de gstionar esta situación, no ha tomado ninguna medida preventiva y no ha gestionado ningún tipo de protocolo”. En la parte final de la carta el letrado de la concejal que escribe al gabinete de Ayuso cita el código ético del Partido Popular, que se compromete a no tolerar “ningún tipo de violencia, acoso, abuso o cualquier otra conducta tendente a lesionar los derechos personales de sus miembros o de terceros”.

En la despedida del correo, se aclara que la intención de la edil es intentar evitar un desagradable procedimiento penal y causar el menor daño al partido.

Se trata del noveno email que la concejal remitió al equipo de Ayuso entre febrero y septiembre de 2024. El noveno se produjo el 12 de octubre de ese mismo año. Y en él, la concejal detalla que tras tres reuniones en la sede del PP con los más altos cargos del partido de Ayuso, y seis escritos pidiendo apoyo, “no se ha activado ningún protocolo”. En el repaso que hace de sus llamadas de socorro, la concejal recuerda lo que le dijo en un encuentro celebrado en Génova 13 el número dos de Ayuso, Alfonso Serrano: “Aquí lo que estamos hablando es que te ficha Manuel [...] hay un conflicto entre lo personal y el profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿estamos hablando de esto?”.

En otro tramo de la conversación, la edil cuenta que el propio Serrano le dijo: “No es cuetión de tapar, es que una denuncia pública o judicial te afectaría a ti”.

En esas frases que constan en el noveno correo electrónico remitido al gabinete de Ayuso y que, según la ya exconcejal del PP, Serrano afirmó en esa reunión queda patente que no se trataba solo de una cuestión laboral, tal y como ha intentado hacer ver el entorno de la presidenta de Madrid en las últimas horas, sino que ya evidencia el interés sexual del regidor. En el mismo correo figura otra frase pronunciada que la denunciante atribuye a Ana Millán, donde la número 3 del PP, le admite: “Esto es un acoso de manual”. Y a continuación le advierte: “Tienes que protegerte a ti, y protegerte es no hacer nada”.

Frente a estos entrecomillados, la mano derecha de Ayuso, Alfonso Alonso, ha llegado a decir en el programa En Boca de Todos, que emite Cuatro, que la edil no presentó ninguna prueba. “De ser así, yo mismo la hubiera acompañado al juzgado”, dijo Serrano en el programa de Mediaset, en una interevención que partido ha tuiteado.

Según figura en los correos electrónicos, lejos de ofrecerle ayuda para denunciar, la dirección del PP pidió a su edil que no hiciese nada, supuestamente para protegerse a sí misma y a su familia.

En varios de los correos, la denunciante alude a comportamientos del regidor que contó ya durante la primera reunión del 11 de septiembre a los emisarios de Ayuso. En el primer mail, antes de esa cita con los altos cargos del PP madrileño, la edil alude a “la situación laboral” por la que está pasando. Y en los siguiente repite varias veces expresiones como “la situación muy grave por la que estoy pasando en Móstoles”, “la situación que estoy sufriendo”, y otras similares.

El Partido Popular decidió cerrar el expediente alegando que la edil no presentó pruebas después de que ella renunciase a todos sus cargos y pidiese la baja como militante, en octubre de 2024. El alcalde, entretanto, se niega a dimitir, dado que su partido cerró el caso sin ver irregularides y en una comparecencia junto a su actual equipo de gobierno acusó este jueves a su exconcejala de que su exconcejala respondió así porque pretendía un puesto más alto en el Gobierno municipal.

El equipo de Ayuso ha ido más lejos y ha concluido que se ha “fabricado un caso contra el Partido Popular”. Mientras los grupos de la oposición han exigido la dimisión del alcalde de Móstoles y también las de los altos cargos que presionaron a la exconcejala del PP para que no denunciase a su regidor.

Fuentes conocedoras de la denuncia interna presentada por la edil aseguran a elDiario.es que dispone de material probatorio para sustentar sus acusaciones y desmentir las afirmaciones del PP y del regidor de Móstoles.

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Isabel Díaz Ayuso se había colocado su propio listón en diciembre de 2025. En ese mismo escenario, en la Asamblea de Madrid, a raíz de que elDiario.es publicase las denuncias de acoso de varias subordinadas contra el socialista Paco Salazar, la presidenta de Madrid clamó en el parlamento regional contra la portavoz del PSOE, Mar Espinar: “Viendo los gustos de los socialistas que están yendo a prisión, ¿a quién van a poner al frente del PSOE, a Rocco Siffredi [un conocido actor porno]? ¿Cuál es el siguiente? Pero, ¿qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres? Si lo hacen así con sus compañeras, cómo no lo van a hacer con mi vida personal. Usted no salió de ninguna urna, usted no salió de ningún congreso, la pusieron a dedo los señoros de La Moncloa, aquellos que acosaron a sus compañeras, que se subían la bragueta en su cara y pedían verles el escote, que borraron todas las denuncias de los canales de acoso”.

Y continuaba: “¿Cómo es posible que no haya dicho una sola palabra clara de la defensa de las mujeres, de las políticas de su propio partido? No digamos de las del resto, a las que no sabe valorar por el trabajo que realizamos. Con quién duermo, mi sofá, dónde se supone que vivo... Son profundamente machistas. ¿Cómo puede ser tan dócil como mujer ante los episodios de acoso sexual en la Moncloa? Teme acabar como Tomás Gómez, Leguina, Nicolás Redondo, Felipe González, Lambán, Page.. ¿Cuánto va a tragar usted por un puesto que le debe a ese entorno tan machista, cuánto tiempo va a vivir del feminismo de pancarta y haciendo negocio con las mujeres? Soy socialista porque soy feminista, ¡anda ya!”

Fue el pasado 11 de diciembre. En el escaño de detrás, su número dos, Alfonso Serrano, aplaudía eufórico.

Apenas dos meses más tarde, Ayuso y Serrano se enfrentaban a otra sesión parlamentaria. Esta vez en los titulares sobre un caso de acoso, adelantado por El País, estaban ellos mismos pero en otro papel. Según la denuncia interna presentada por una edil de Móstoles, no hicieron nada cuando pidió ayuda al partido, en marzo de 2024, para erradicar el acoso sexual y laboral que sufría por parte del alcalde popular, Manuel Bautista. Según el relato de la mujer, Ayuso no la recibió pero encargó la gestión del caso a sus escuderos en el partido, el propio Serrano y su amiga, la número 3, Ana Millán secretaria de Organización. Ambos la presionaron para que no denunciase en una reunión celebrada el 11 de marzo.

Por el medio, Ayuso, que en 9 meses nunca recibió a la edil, citó en su despacho en la Puerta del Sol al regidor mostoleño. Oficialmente, para hablar de proyectos de gobierno relacionados con la ciudad. Ese era el contexto cuando Ayuso y Serrano se presemtaron en la Asamblea de Madrid este jueves, en que se reiniciaba el periódo de sesiones tras el parón navideño con la sesión de control al Gobierno.

Todos los portavoces de la oposición citaron el caso de Móstoles. A Isabel Pérez-Moniño, de Vox, no le contestó. Al Partido Socialista y a Más Madrid, Díaz Ayuso les mentó “las saunas” del suegro de Pedro Sánchez para acabar concluyendo que se trata de un “caso fabricado contra el Partido Popular”. Restó credibilidad a la excompañera de partido que acudió a ella solicitando auxilio, a diferencia de lo que hizo con las denuncias presentadas contra el dirigente socialista. “Yo no vengo aquí a hacerle la campaña a Pilar Alegría que se está hundiendo en Aragón mientras Salazar está yendo al Senado y están utilizando un caso fabricado contra el Partido Popular”, replicó a la dirigente del PSOE cuando esta le recordó todo lo que le había dicho en el pleno de diciembre a propósito del caso Salazar. Espinar llamó directamente “mala persona” a Ayuso, por colocarse siempre del lado equivocado. Le acusó de mandar a “sus secuaces” para decirle que mejor “la boquita cerrada” a una mujer que se había dirigido a ella para pedirle ayuda.

La presidenta madrileña esta vez casi no aludió al tema. Se limitó a responder a Más Madrid, cuando Manuela Bergerot se solidarizó con la exconcejal del PP y le pidió colocarse del lado de la víctima, que también ella tenía “presunción de inocencia”. “Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, ¿dónde queda mi presunción de inocencia ante sus ataques diarios?”.

Bergerot le hizo ver que en un caso de acoso sexual y laboral, Ayuso no es la víctima. E igual que Espinar le recordó que en lugar de haber atendido a la edil, se reunió con su presunto agresor. La portavoz de Más Madrid también le reprochó haber “mandado a esos dos”, mientras señalaba a la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, y al propio Serrano. Pero Ayuso ya no respondió. Sí lo hizo, en su nombre, el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, en una intervención que tendría que estar dirigida a la presidenta regional. Pache usó su segundo turno para atacar a la oposición. “Quieren empatar la desvergüenza socialista y de la izquierda con una noticia de unos supuestos hechos que se produjeron cuando la presidenta ni siquiera era presidenta, cuando Bautista no era ni siquiera candidato en Móstoles, y después de instruir el expediente no había ninguna prueba. Ustedes dicen que tiene que creerse a las mujeres, pero solo son mujeres a las que hay que creer las que ustedes quieren utilizar políticamente, porque Ayuso no es mujer, Millán no es mujer... Solo son mujeres que hay que creer las que ustedes quieren utilizar”. A su lado, Alfonso Serrano arrancó a aplaudir, como el resto de la bancada popular.

Minutos antes, en los pasillos de la Asamblea, también el secretario general del PP había cuestionado el relato de su concejal en Móstoles. “La denuncia objeto de la información carecía de sustento alguno, los órganos del partido funcionaron, el Comité de Hechos y Garantías actuó, analizó, investigó y archivó”. “Es falso que el Partido Popular de Madrid presionara a nadie para tapar absolutamente nada. En el Partido Popular de Madrid ni se tapa ni se ocultan denuncias. Las tramitamos, se instruyen y cuando corresponde se actúa”, ha dicho Serrano. Además, él ha remarcado que “en este caso se ha mantenido un escrupuloso respeto y seguimiento de una denuncia, así como de la presunción de inocencia de cualquier persona”. “Esto no se nos presenta como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal”, añadió.

A diferencia de lo que manifestó Díaz Pache desde su escaño, lo que dice el escrito presentado por la edil del PP que denunció el acoso, sin que nadie en el partido le arropase, es que su año de calvario por no acceder a las pretensiones sexuales del regidor de Móstoles, empezó en mayo de 2023 cuando era candidato, Ayuso presidenta, y que se extendió durante los meses siguientes.

A lo largo del Pleno, diputados del PSOE y Más Madrid, recordaron el episodio en sus preguntas parlamentarias, mientras los dirigentes del PP, sacaban a colación el negocio de saunas del suegro ya fallecido de Pedro Sánchez y la denuncia por agresión sexual contra el exdirigente de Más Madrid, que fue finalmente retirada.

El listón que Ayuso y el PP se habían impuesto sobre las denuncias de acoso es historia en la Asamblea de Madrid.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, evitó recibir a la concejal de Móstoles que se dirigió a ella para informarle del acoso sexual y laboral que estaba sufriendo por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, pero seis días después de recibir el primer escrito sí citó en su despacho de la Puerta del Sol al regidor.

Según la cronología que hace El País, el diario que ha destapado este caso, la primera carta que la mujer dirige al gabinete de la presidenta de Madrid se fecha el 26 de febrero de 2024. La entonces edil de Móstoles, según el citado diario, escribe a Ayuso: “Desde mayo de 2023 llevo sufriendo una discriminación muy grave que no ha cesado y se está incrementando. Me gustaría poder mantener una reunión contigo para que conozcas la situación y puedas mediar para que no tengan que intervenir otros organismos”.

Al día siguiente, el 27 de febrero de 2024, el gabinete de la presidenta madrileña hace acuse de recibo: responde que Ayuso no la podrá recibir pero fija como interlocutor a su mano derecha, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid. Días después la concejala es citada para el 11 de marzo a una reunión en el edificio de Génova 13, la sede del Partido Popular. Allí es recibida por la secretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, y después se incorpora al encuentro el propio Alfonso Serrano. Es en esa reunión cuando ambos le hacen ver a la edil de Móstoles que no debe denunciar en los tribunales. Se le recomienda callar y no hacer ruido, supuestamente porque le puede pasar factura a ella y a su familia. En esa cita Millán, tras admitir que estaban ante “un caso de acoso de manual”, pronuncia frases como estas: “El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le dijo Ana Millán. “Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada”.

En ese encuentro, celebrado en la sede del PP, Serrano intervino en la misma dirección. “No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer una solución”, la avisó en ese mismo encuentro el secretario general del PP, quien preguntó a la mujer qué podía hacer el partido, dejando claro que la denuncia no era una opción.

Entre el 27 de febrero de 2024, que la edil pide ayuda por escrito a su presidenca, y el 11 de marzo del mismo año, en que sus personas de máxima confianza en el partido, Serrano y Millán, reciben a la concejala en Génova 13, es Ayuso quien cita al alcalde de Móstoles en su despacho en la Puerta del Sol.

La reunión se produce el 4 de marzo de 2024 en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, solo cinco días después de que la presidenta de Madrid hubiese recibido la llamada de auxilio de su concejal. Oficialmente, la Comunidad de Madrid informó a los medios de que la cita estaba enmarcada “en la habitual ronda de contactos que la jefa del Ejecutivo autonómico mantiene con los regidores de los municipios madrileños”. Así lo recogieron agencias como Servimedia y Europa Press. No hubo rueda de prensa posterior. Toda la información que se facilitó a la prensa fue que “Ayuso y Bautista abordaron los proyectos comunes de ambas administraciones, desde una perspectiva de colaboración institucional en beneficio de la prestación de unos servicios públicos de calidad que demandan los ciudadanos”.

Sin ayuda para la concejala, apoyo al alcalde

Oficialmente, eso fue todo. En los 9 meses, entre marzo de 2024 y diciembre de ese mismo año, en que la concejal trató de recibir ayuda de su partido, al que envió seis escritos, incluido uno de 20 folios relatando su calvario al comité de Garantías del PP nacional, la presidenta nunca recibió a la concejala que denunció el acoso sexual y laboral.

Las dos reuniones que mantuvo la denunciante con su equipo de confianza solo le sirvieron, según relata El País, para disuadirla y que no denunciase ni hiciese público el comportamiento del alcalde de Móstoles. Finalmente, en octubre, la edil renunció a su acta de concejal y solicitó la baja como militante en el partido.

Según las fechas que cita El País y que se basan en la denuncia interna, entre noviembre y diciembre de 2024, la edil presenta un escrito de 20 folios ante el comité de garantías del PP nacional donde relata un calvario de un año en el que sufrió acoso sexual y laboral por parte del regidor.

El trato dispensado por la dirección del PP a la concejal, ignorando sus denuncias y negándose a prestarle ayuda, según su propio relato, contrasta con el que dispensó al alcalde de Móstoles, que mantuvo la plena confianza de la dirección para seguir al frente del Ayuntamiento y también de la agrupación de Móstoles.

En la mismas fechas en las que la edil presentaba su escrito ante el comité de garantías, Ayuso acudía a inaugurar, el 2 de dicembre de 2024, la sede del PP local y se fotografiaba, entre risas con el regidor y con el propio Alfonso Serrano, que conoció de primera mano las denuncias de acoso. El acto quedó inmortalizado porque lo publicitó en su propias redes sociales. Allí ambos descubrieron la bandera de España que tapaba la placa con la fecha de la apertura de la sede.

El periódico local Móstoles Diario tiene varios vídeos publicados donde se ve a Ayuso a Serrano y a Bautista entre risas, junto al grupo municipal, en el que ya no estaba la edil que denunció el acoso. El propio Alfonso Serrano, que fue uno de los interlocutores de la dirección de Ayuso con la concejala, compartió otro vídeo con momentos de la inauguración junto al alcalde.

Este jueves, después de que la oposición le haya pedido explicaciones en la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso trató de desacreditar el testimonio de la exconcejal de su partido y culpó a la oposición de “fabricar un caso contra el PP”. Y en la misma línea se manifestó su número dos, Alfonso Serrano, una de las personas a las que la edil contó de primera mano su calvario en el Ayuntamiento.

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El relato es calcado al de Nevenka Fernández en Ponferrada. Una mujer joven y cualificada de una familia conservadora que vio en el PP, el partido con el que simpatizaban sus padres, el camino para implicarse en política y mejorar la vida de sus vecinos de Móstoles. Empezó muy joven a acudir por la sede y en vísperas de las últimas municipales, el candidato, Manuel Bautista la reclutó para las listas electorales. La convenció alabando su tenacidad, su capacidad para gestionar equipos y la forma que tenía de trabajar.

De aquellos comicios, en mayo de 2023, Bautista salió alcalde. Ella, mucho más joven que él, tomó posesión del acta de concejala y fue presentada como el fichaje estrella del nuevo gobierno. El alcalde empezó a pedirle que lo acompañase a todo tipo de actos y reuniones. Y ahí, el mismo mes de los comicios, empezaron las insinuaciónes del regidor, las alusiones al físico de la edil, las invitaciones para quedar fuera del marco de trabajo, las conversaciones de índole sexual. Y también las negativas de ella a mantener cualquier relación ajena a la política o el trabajo del ayuntamiento.

Según la documentación aportada en la denuncia interna presentada ante el PP que ha adelantado este miércoles El País, el alcalde hizo correr el rumor en el Ayuntamiento de que tenían una relación con la nueva concejala. Cuando ella se enteró, quiso zanjarlo todo hablando directamente con su jefe. Le insistió, como había hecho otras veces, en que su relación era profesional y política, que nunca habría vínculos sentimentales ni de ningún otro tipo. Según relata la mujer en la documentación aportada al partido, entonces arrancó otro tipo de acoso, el laboral: desplantes, faltas de respeto, desconsideraciones. El regidor le hizo el vacío. No le dejaba intervernir en los plenos municipales. Su trabajo dejó de contar.

Fue entonces cuando decidió pedir auxilio a la dirección regional de su partido. Escribió a Isabel Díaz Ayuso una primera carta el 26 de febrero de 2024. Y en los meses siguientes buscó la ayuda del PP madrileño hasta en seis ocasiones: tres cartas, dos reuniones y una cita que no se llegó a producir. Nadie hizo nada. Le pidieron silencio. No solo eso, según el escrito que cita El País, personas de la máxima confianza de Ayuso, como su número dos en el PP regional, Alfonso Serrano, y la secretaria de Organización, Ana Millán, la presionaron varias veces para que no denunciase.

El País ha reunido a varios testigos que corroboran la versión de la denunciante. Cita a trabajadores municipales que dicen haber visto los desplantes y el cambio de actitud del alcalde con la que había sido su fichaje estrella en el Gobierno municipal. Esas voces, que según el periódico piden mantener su anonimato, igual que la denunciante, aseguran que todo era vox populi en el ayuntamiento. Según la información, el alcalde no ha querido hacer comentarios y se escuda en el comité de garantías. El comité de garantías del PP nacional cerró el caso sin entrevistar a los testigos que proponía la denunciante.

Pero antes de acudir al PP nacional, la concejala trató durante varios meses que le ayudase la presidenta del partido en Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Le escribió al menos dos cartas relatándole el infierno que le había hecho sufrir el alcalde. Ayuso nunca la recibió y tampoco contestó a sus escritos. Sí lo hicieron dos de las personas de su máxima confianza: el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, también vicepresidenta de la Asamblea regional.

Según el relato que hace la denunciante de las reuniones, ambos dirigentes le recomendaron callar y trataron de disuadirla, de que bajo ningún concepto acudiese a los tribunales.

“El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le dijo Ana Millán. “Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada”, añadió la número tres del PP en Madrid en una cita que mantuvieron el 11 de marzo de 2024, apenas 15 días después de que la denunciante escribiese a Ayuso.

Según las citas que se recogen de ese encuentro, Millán admitió que se trataba de un caso de “acoso de manual”, pero desaconsejó varias veces que se presentase una denuncia y le pidió: “Quítatelo de la cabeza”. La secretaria de Organización, actualmente imputada en un caso de corrupción, invocó el daño que podrían sufrir sus padres, y su familia.

Cuando se incorporó a la cita, Alfonso Serrano aseguró a la edil que estaban ahí para ayudarla pero también le desaconsejó la denuncia: Una denuncia pública o judicial te afectaría a ti, le dijo el número dos de Ayuso, según figura en la documentación presentada. “No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer una solución”, advirtió en ese encuentro el secretario general del PP, quien preguntó a la mujer qué podía hacer el partido, dejando claro que la denuncia no era una opción.

Nadie decidió nada. El secretario general del PP de Madrid y la responsable de Organización se comprometieron a volver a sentarse con ella, pero pasaban los días y no lo hicieron. El 22 de marzo, once días después de esa cita, la mujer volvió a dirigirse al gabinete de Ayuso solicitando la apertura de un protocolo de acoso. Tres semanas más tarde, el 16 de abril Ana Millán volvió a sentarse con ella e insistió en que no debía denunciar. “La denuncia judicial que luego se haría pública no te beneficiaría, yo no sé que entiendes tú por amparo, nuestro amparo fue decirte, vete a casa, habla con tu marido”.

Millán, una de las personas más cercanas a Ayuso en el PP de Madrid, le dijo que no podría seguir trabajando en el Ayuntamiento de Móstoles tras denunciar, subrayó que muchas mujeres han “aguantado muchas cosas en política” y que tal vez le convendría “dar un paso atrás”.

Otra dirigente del PP madrileño, Lucía Paniagua, presente en este segundo encuentro llegó a aconsejarle buscar “un acuerdo amistoso” con el alcalde. Y ambas le dijeron que no podían abrir el protocolo de acoso porque no se trataba de una empleada del PP, sino que se circunscribía al ámbito del Ayuntamiento, pese a ser tanto la denunciante como el denunciado militantes del Partido Popular y compartir candidatura en la lista de Móstoles.

El 17 de junio de ese mismo año, 2024, escribió de nuevo al gabinete de Ayuso, tras haber pasado dos meses sin recibir noticias del partido. La citaron en julio, con solo un día de antelación, y la mujer no pudo acudir. Dejó pasar el verano, y el 23 de septiembre ya escribió su abogado para interesarse por las medidas de protección que el partido había implementado. En octubre de 2024, volvieron a citarla y al acudir con sus abogados, ya no la recibieron.

Decidió dimitir de sus cargos y solicitar la baja en el PP. El 10 de octubre el comite de afiliación del PP confirmó la baja y, pese a que en la petición constaban los motivos, descartó adoptar alguna medida. Alegó que no podía considerar su escrito una denuncia y subrayó que además los hechos se habían producido en la corporación municipal y no en el Partido Popular.

Ya sin el acta de concejal, la mujer denunció en el juzgado una intromisión en el correo electrónico desde el que había enviado las solicitudes de amparo al gabinete de Díaz Ayuso.

Entre noviembre y diciembre de 2024, la exconcejala y su abogado presentaron un escrito de 20 páginas ante el Comité de Garantías del PP nacional. Adjuntaba documentación y citaba a testigos a los que se podía preguntar por la situación que vivió en el Ayuntamiento, y que define como más de un año de acoso sexual y laboral. Según El País, el comité de garantías del PP no interrogó a nadie. Y un portavoz autorizado confirmó que el caso se había cerrado porque no había “elementos probatorios”. Este jueves Serrano ha dicho que “carecía de sustento” y la presidente de la Comunidad de Madrid lo ha calificado de “caso fabricado contra el Partido Popular”.

La concejala está ya fuera de la política. Manuel Bautista sigue como alcalde y presidente del PP de Móstoles.

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Nadie a plena vista podría diferenciar un mitin del PP y las ruedas de prensa del Gobierno de Madrid. Desde la sede de la presidencia de la Comunidad, en la Puerta del Sol, se piden dimisiones de ministros, se acusa a Pedro Sánchez de complicidades con el terrorismo y se afea que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acuda a las visitas de promociones de pisos públicos que financia el Gobierno. Todo en una convocatoria, supuestamente para anunciar los acuerdos adoptados en la reunión del gabinete autonómico.

En la de este miércoles se ha aprobado una partida de 80 millones para vacunas, un informe sobre la evolución del turismo en la región y hasta la declaración del cocido como Bien de Interés Cultural en la categoría de patrimonio inmaterial. Con todo, la presentación de los acuerdos de Gobierno arrancó, tras una breve introducción sobre la situación del temporal, con la aprobación de una partida de indemnizaciones a víctimas del terrorismo, que complemente las que aporta el Gobierno central. Se anuncia este miércoles, pero el plazo para pedirlas expira este mismo viernes. La fecha se hace coincidir con el 30º aniversario del asesinato del dirigente socialista Fernando Mújica en San Sebastián. Así que el portavoz del Gobierno de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, vinculó directamente a Sánchez con los herederos de ETA. Lo hizo así: “En estos 30 años han pasado de luchar por la libertad y llorar a sus víctimas a pactar cn los herederos de Eta y abrirles de para en par las puertas del palacio de La Moncloa y también de todas y cada una de las instituciones. Bildu es el socio preferente y más fiel de Sánchez, que ha traspasado todas las líneas rojas, también en la lucha contra el terrorismo”.

Eso antes de empezar el turno de preguntas. Luego los medios le preguntaron por las palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en TVE, donde un par de horas antes había dicho que le “encantaría intervenir con un 155 [el artículo de la Constitución que se utilizó para suspender la autonomía de Catalunya en pleno procés] a la Comunidad de Madrid, que no está cumpliendo sus obligaciones en materia de vivienda”, pero no puede “porque no tiene mayoría en el Senado”. García Martín replicó que lo que se pretende es “meter en la cárcel” al Gobierno de Ayuso. “Como no nos ganan en las urnas, nos quieren meter en la cárcel, pero los que están la cárcel son ellos”, dijo en alusión al caso Ábalos, que ha llevado a prisión a los dos últimos secretarios de organización del PSOE.

A renglón seguido ha acusado a la ministra Isabel Rodríguez de haberse “acoplado” a las visitas institucionales de la Comunidad de Madrid a las promociones en marcha y citó una prevista para mañana. García Martín se refiere a un acto convocado por el Ministerio de Vivienda sobre un desarrollo de 400 viviendas en Aranjuez que el Gobierno central financia con un 25% de los fondos, en el que los promotores inmobiliarios aportan un 75% y la Comunidad de Madrid cede el suelo. Según fuentes del ministerio, el pasado lunes se pactó con la Comunidad de Madrid una visita conjunta a las obras. La tesis del Gobierno de Ayuso es que la ministra “se acopla” a sus actos institucionales, cuando en realidad, la iniciativa de invitar al consejero madrileño partió del Gobierno central, informa David Noriega. García Martín obvió los compromisos de Ayuso que en 2019, en su primera campaña electoral, prometió 25.000 viviendas, de las que solo ha entregado 5.000 y varios cientos han sido devueltas por los adjudicatarios, pero cargó contra el Gobierno de Sánchez: “las 130.000 viviendas que prometió son una estafa”.

El resto de la rueda de prensa siguió la misma senda. Sobre el anuncio de prohibir las redes sociales a menores, el portavoz de Ayuso desconfía: “Todo lo que propone el presidente Sánchez es una trampa[...], no busca la protección de los menores, está buscando el control de los contenidos de las redes sociales porque una persona que tiene vocación de autócrata le gustaría controlarlo todo, las instituciones, como está haciendo, los propios medios de comunicación y ahora también las redes sociales”.

Cuando se le pidió su opinión sobre la regularización de migrantes, el portavoz de Ayuso se apuntó al bulo de que lo que se pretende es aprovechar sus votos, cuando ya se sabe que los regularizados no podrían votar en los siguientes procesos electorales: “Es un auténtico despropósito, detrás de todo esto lo único que pretende el presidente Sánchez más allá de lanzar un globo sonda es alterar los censos electorales, es lo que está detrás del propósito de esta medida”.

Acerca de las explicaciones del ministro de Fomento, Óscar Puente, sobre el accidente de Adamuz: “Es la falta de previsión y de inversión de su ministerio, había dinero para las sobrinas de Ábalos, había dinero para hacer seguimiento en las redes sociales de aquellos que criticaban al ministro Puente pero no había dinero para inversión y mantenimiento. Óscar puente debe abandonar el Ministerio y enseñar la puerta de salida al señor Sánchez”.

El mismo tono empleó en el resto de respuestas a la prensa. Cuando se le inquirió sobre varias protestas sanitarias en Madrid, desvío el tiro hacia la huelga de médicos que según García Martín generó “la incompetencia” de la ministra Mónica García con el estatuto marco.

En su pronóstico sobre el nuevo período de sesiones que se abre en la Asamblea de Madrid después de que el Tribunal Constitucional haya certificado que los vetos de la mayoría del PP conculcaron los derechos políticos de Más Madrid y PSOE, García Martín aseguró que no espera “nada” de la oposición, a la que llamó “palmeros de Sánchez” y entre los que también incluyó a Vox.

Mintió en el Tribunal Supremo. Insulta cada semana al presidente del Gobierno. Amenaza con cerrar medios de comunicación. Y sigue en su cargo público como jefe de gabinete de la presidenta autonómica con más poder e influencia en la política española. Se llama Miguel Ángel Rodríguez, aunque amigos y exégetas lo apodan MAR, lleva media vida en política y hoy es la segunda persona con más autoridad en la Comunidad de Madrid. Algunos dicen que la primera, por delante de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la política que lo reclutó para su campaña electoral de 2019 después de que Pablo Casado la designase —para sorpresa de muchos— cabeza de cartel en la Comunidad. La misma que le puso un sueldo público a Rodríguez en enero de 2020, meses después de aterrizar —para sorpresa de muchos más— en la presidencia de Madrid. Sin haber sido la lista más votada, con el peor resultado en décadas del PP de Madrid y tras haber pactado con Vox y Ciudadanos al mismo tiempo.

Miguel Ángel Rodríguez percibe un salario de 100.000 euros como alto cargo de la Comunidad, según el portal de Transparencia. Pero nadie que lo conozca defenderá que fue esa nómina la que motivó su regreso a la política dos décadas después de haber cesado como portavoz del Gobierno de José María Aznar. Aquella salida se vendió como una dimisión y probablemente lo fuese. También es cierto que Jordi Pujol, socio del PP entonces, había exigido a Aznar un cambio de tono en las declaraciones de Rodríguez, en especial sobre las reivindicaciones catalanistas después de que MAR dijese en público que los catalanes acabarían jugando a las canicas.

Habíamos quedado en que Rodríguez no regresó a la primera línea política por dinero. 100.000 euros es calderilla para un experiodista con un patrimonio que ronda los seis millones, con cinco pisos repartidos entre Madrid y Valladolid, una nave industrial en Toledo, acciones en empresas, cuentas corrientes, vehículos de alta gama y picos de alguna herencia.

Con 22 años ya se permitía decirle al director de su periódico en El Norte de Castilla qué partido iba a cubrir en las elecciones regionales de 1987. Eligió Alianza Popular, viajó a mítines en el coche con el candidato Aznar, junto a su esposa Ana Botella, y de aquella campaña que acabó en sorpresa electoral ya no salió como cronista sino como portavoz del nuevo Gobierno de Castilla y León. Al redactor veinteañero el periodismo ya se le había quedado corto y las siguientes llamadas a los directores de medios para contarles cómo enfocar las campañas las haría ya desde sus despachos en la política. A eso se dedicó la siguiente década, primero en Valladolid y después en la Moncloa.

Podría escribirse que su éxito se debe al dominio de las relaciones con la prensa. Sería una frase redonda, y como casi todas, también inexacta. Habría que medir ese talento sin la chequera de la publicidad institucional y los presupuestos millonarios que maneja (primero en el Gobierno de Aznar y ahora en el de Ayuso). Cuando quien llama a un director para abordar cuestiones informativas es el mismo que reparte la tarta del dinero de los anuncios todo se vuelve más sencillo. A Rodríguez se le atribuye la frase de que “no hace falta comprar un medio de comunicación, basta con ser su mejor cliente”. Pudiera ser parte de la leyenda que lo acompaña. Él nunca la ha desmentido.

Medios como Infolibre han hecho aproximaciones sobre el gasto en propaganda de la Comunidad de Madrid, 24 millones de euros el año pasado en 4.284 pagos (más de once al día, incluyendo domingos, festivos y vacaciones). La oposición en pleno, desde Más Madrid hasta Vox, pasando por el PSOE aseguran que es una bolsa para comprar voluntades y algunos diputados que han escrutado las cuentas del Gobierno de Ayuso sostienen que en esa partida de gastos no están todos los que son.

Tanto como sus infalibles dotes para la comunicación, esa partida presupuestaria explica el tratamiento de alguna prensa sobre los escándalos que rodean a Ayuso, las comisiones cobradas por su hermano y el fraude fiscal de su pareja. Sobre todo después de que las tretas de Rodríguez hayan quedado al aire en el Supremo. Su comparecencia ante el tribunal en el caso que acabó condenando al fiscal general por revelación de secretos dejó a la vista de todos las mentiras que contó a medios de comunicación que, sin recibir ninguna prueba, titularon como pedía el jefe de gabinete. La publicación de una supuesta propuesta de negociación de la Fiscalía a la pareja de Ayuso (que no se había producido) y de las órdenes de arriba para frenarla (que también eran falsas) salieron del teléfono móvil de MAR horas después de que elDiario.es publicase el escándalo de las comisiones millonarias y el fraude fiscal de la pareja de Ayuso.

El jefe de gabinete urdió su gran bulo y a la vez una de las victorias más contundentes del tándem Rodríguez & Ayuso. Donde Hacienda primero y la Fiscalía después habían visto un fraude fiscal de libro con facturas falsas y empresas pantalla, tan de libro que llegó a confesarlo por escrito el propio investigado a través de su abogado, Ayuso y MAR se inventaron una confabulación de poderes del Estado contra la presidenta de Madrid.

“Lo sé porque tengo el pelo blanco”, dijo en la fase de instrucción en el Supremo, cuando ya habían quedado claras las patrañas que contó a sus medios amigos y que chocan con la verdadera secuencia de los correos electrónicos. “Soy periodista o trabajo en política, no soy un notario que necesite una compulsa”, intentó disculpar meses después sus falsedades ya en el juicio cuando se le preguntó de dónde habían salido sus intoxicaciones.

Ningún medio de comunicación ha pedido perdón por publicar las invenciones de Rodríguez. Y eso que las reprodujeron media docena de diarios y alguna radio. La mayoría ni siquiera citó fuentes, asumió como propio el relato falso. Rodríguez sigue en su puesto tras haber mentido a la prensa y al propio Supremo cuando dijo que nadie de elDiario.es le había llamado para pedir su versión sobre el fraude fiscal. En la fase de instrucción y durante el juicio. Su impunidad no se quedó ahí: el más alto tribunal del país le permitió insultar a periodistas de esta redacción, calificarlos de “violentos” y “escandalosos”.

Esos ataques ya habían formado parte de sus maniobras de distracción cuando elDiario.es publicó las primeras exclusivas sobre la pareja de Ayuso, no solo sobre su fraude, también sobre las casas que disfrutaba la pareja. Rodríguez aseguró a varios medios que dos periodistas encapuchados de elDiario.es habían intentado entrar por la fuerza en casa de la presidenta. De otros dos redactores de El País, que realizaban indagaciones sobre la vivienda donde reside Ayuso, dijo que habían estado “acosando a menores” en las inmediaciones de la casa.

Algunas de sus acusaciones (y los datos confidenciales de las identificaciones rutinarias de periodistas que hizo el servicio de contravigilancia de la presidenta) acabaron en la denuncia que presentó González Amador en el juzgado. Cómo llegaron esos datos que solo puede manejar la policía a una denuncia de un particular, precisamente por revelación de secretos, es algo que nadie ha explicado.

Sea por su destreza a la hora de fabricar relatos, por lo cautivos que siguen algunos de los medios por sus campañas de publicidad, o por ambas cosas, a Miguel Ángel Rodríguez apenas le han pasado factura barbaridades que dejarían a cualquier otro cargo público fuera de juego. Ni siquiera cuando amenazó con cerrar elDiario.es y triturar a sus periodistas. Su jefa, Isabel Díaz Ayuso, no solo lo respalda sino que se permite hacer alegatos a favor de “la prensa libre” frente a la dictadura que ella ve en España. En el PP nacional nadie tose a Ayuso y por delegación, tampoco a su jefe de gabinete.

Tienen fresco lo que pasó con Pablo Casado. Ya apenas se recuerda, pero su decapitación se inició con otra mascarada de la factoría Rodríguez & Ayuso. Cuando supieron que circulaba por varias redacciones pero también por la sede nacional de su partido la comisión de 234.000 euros que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta, había cobrado de una empresa a la que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid había pagado millón y medio de euros a cambio de conseguir mascarillas chinas en lo peor de la pandemia, MAR improvisó una película de espías. Aseguró que en el PP nacional alguien había tratado de espiar a Isabel Díaz Ayuso. Con la colaboración de medios y periodistas de su confianza, logró convertir el pago de una empresa al hermano de la misma presidenta que le había adjudicado un contrato público durante lo peor de la pandemia en otra gestapillo interna de las que había antecedentes en el PP de Madrid.

Casado, que mantenía un fuerte enfrentamiento con Ayuso por el control del PP regional, acudió a la Cope y lanzó una pregunta criminal que, paradójicamente, acabó enterrándolo a él y no a la presidenta: “La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Yo creo que no es ejemplar. Yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado por mi Consejo de Gobierno”.

Enfurecida con el dirigente que le había dado su gran oportunidad política, Ayuso pactó con los barones la caída de Casado y su sustitución por Feijóo. El resto de la historia es conocida: ABC y El Mundo publicaron dos editoriales que daban por muerto al primer líder del PP elegido en primarias, a las pocas horas se montó una manifestación en domingo a las puertas de Génova 13 y uno a uno los miembros de la dirección nacional fueron traicionando a Casado durante un fin de semana. La decapitación de Casado duró menos de siete días.

En el entorno del expresidente del PP se dieron entonces cuenta de que los estatutos del partido están bien, pero no tienen nada que hacer ante quien puede repartir cantidades millonarias en publicidad institucional.

¿Qué fue de aquella trama de espías que el universo Ayuso denunciaba con tanta gravedad? Eso es lo de menos. Muerto Casado, Ayuso, Rodríguez y sus diarios más afines saltaron ya al siguiente capítulo en la serie del PP: que en Madrid solo hubiera una presidenta para todo. Gobierno y partido. Por supuesto, Feijóo dijo que sí. Y desde entonces, por si acaso, se cuida mucho de desairar a la baronesa.

Con el control total del PP y la mayoría absoluta en la Comunidad, Ayuso ya no pide permiso a nadie, ni en el partido y menos aún a su gobierno, y ya solo confronta con Sánchez. Esa máxima la estableció Rodríguez nada más llegar a la Puerta del Sol, eligió el despacho más pegado a la presidenta y dejó claro quién mandaba allí. Dirigentes que se han reunido con él varias veces aseguran que se refiere a Ayuso como “la niña”. Que no muestra demasiado interés por la gestión del día a día, ya que lo que importa es el relato. En más de una ocasión se ha jactado de no conocer el nombre de algún consejero. Todos han ido cambiando de gobierno a gobierno. Del anterior mandato que derivó en la actual mayoría absoluta, no queda ninguno. El mensaje es obvio: la única importante es la presidenta... Y el jefe de gabinete que también sigue y no solo para controlar la comunicación, se ocupa de la política... si es que para él no fueran la misma cosa.

Despreció a Ciudadanos cuando eran socios de Ayuso. Minimizó a Vox. Y publicó algunos tuits que pasaron rozando a Núñez Feijóo. Solo responde ante la presidenta y la presidenta hace seis años que le deja hacer. En su entorno hay personas convencidas de que su objetivo es repetir la misma hazaña de Aznar en 1996 y llevarla hasta La Moncloa. La estrategia es calcada a la que ya empleó en las postrimerías del felipismo. “Paro, despilfarro y corrupción”, “váyase señor González”, clamaba entonces Aznar. Con menos sutilezas aún, Ayuso y su guardia de corps llama directamente “hijo de puta” a Pedro Sánchez usando el eufemismo de “me gusta la fruta” que la fábrica Rodríguez se inventó cuando una cámara captó a Díaz Ayuso llamándoselo al presidente, mientras Sánchez aludía a las comisiones de su familia.

Cada rueda de prensa de cada consejero de Madrid arranca con ataques al Gobierno central. Antes incluso del turno de preguntas. Ya desde la pandemia el jefe de gabinete impuso que la estrategia de Madrid iba a ser el antisanchismo. Mientras el resto de comunidades españolas, incluso Catalunya, gobernada entonces por independentistas, seguía las recomendaciones de Moncloa y su comité de expertos para combatir la Covid, Ayuso desafiaba las restricciones y proclamaba “la libertad” de salir a tomar cañas y de la vida “a la madrileña”.

No le hizo falta mucho más para arrasar en las elecciones. En las primeras, que anticipó, se libró de Ciudadanos. En las segundas, que se celebraron cuanto tocaban, se deshizo de Vox. Cuando se pregunta qué hay detrás de los éxitos de Ayuso, la respuesta más obvia es el antisanchismo: en una región eminentemente conservadora, que acumula tres décadas ininterrumpidas de Gobiernos del PP, Ayuso se presenta como la némesis del presidente, con un discurso provocador capaz de retener a esos votantes aún más a la derecha que en otras elecciones apuestan por Vox. “Para algunos segmentos de población, es una estrella de rock, gusta a los jóvenes, pero también a los mayores”, decía poco después de su mayoría absoluta una socióloga que lleva décadas analizando encuestas.

¿Cómo se explica el fenómeno Ayuso?

Desde luego no es por su gestión, la dirigente curtida en las juventudes del PP apenas había pasado por un par de puestos menores en los gobiernos de Madrid: ejerció unos meses como viceconsejera de Presidencia con Ángel Garrido y tuvo cargos insignificantes en el partido. En los Consejos de Gobierno apenas aprueba proyectos de relevancia, la sanidad está hecha unos zorros y se ha tenido que rescatar a la Universidad Complutense, al borde de la quiebra.

Mientras todo eso sucede en las áreas donde tiene competencias, Rodríguez explota la bronca continua contra Sánchez donde no las tiene con frases que ningún otro dirigente se atreve a pronunciar en el PP. La fórmula se completa con buenas dosis de guerras culturales y un interminable álbum de fotos.

La esclerótica gestión de su Gobierno pivota sobre grandes eventos, con el regreso de la Fórmula 1 a Madrid como gran atractivo y aquellos otros proyectos susceptibles de acaparar focos: la semana de la Hispanidad junto a Gloria Stefan, el partido de la NFL en el Bernabéu, un programa para concienciar contra las drogas y el acoso escolar, que presentó con Ilia Topuria. La estrategia de MAR es inundarlo todo con titulares de Ayuso, ya sea con su atrabiliario discurso o incluso cuando calla, con obsequiosos reportajes fotográficos sobre lo bien elegida que está la blusa, el top, o el abrigo de la lideresa en algún evento al que acuda.

Rodríguez, por el contrario, se resguarda todo lo posible. A diferencia de su sobreexposición en el Gobierno de Aznar, cuando ejercía de portavoz del gabinete y alimentaba todo tipo de polémicas que le valieron un personaje en los famosos Guiñoles de Canal +, el MAR de 2026 opera en la sombra, desde la trastienda del poder. No concede entrevistas y solo ha hecho alguna excepción con medios amigos. Y tampoco rinde cuentas en la Asamblea de Madrid, donde la Mesa, con mayoría del PP, ha vetado una tras otra las peticiones de comparecencias y preguntas que la oposición formula sobre el jefe de gabinete. Diputados del grupo de Ayuso han llegado a alegar que no es alto cargo, pese a figurar así en el organigrama de la Comunidad. El Tribunal Constitucional acaba de concluir que el parlamento regional vulneró los derechos políticos de la oposición con esos vetos. Está por ver si la mayoría del PP rectifica y Rodríguez acude a dar explicaciones a la cámara. En los seis años que lleva a sueldo de la Comunidad de Madrid no lo ha hecho.

Las largas que siempre ha dado a la Asamblea contrastan con su locuacidad en las redes sociales. Desde su perfil de X, donde se presenta con una única frase —“me entristece el cada vez más bajo nivel de la política española”— da rienda suelta a sus obsesiones. Llama dictador a Sánchez y augura que todo su entorno acabará en la cárcel.

Todo vale para defender a su jefa. Así han sido estos seis años. No es algo de ahora. El dirigente político que dice apenarse por “el bajo nivel de la vida pública española” publica tuits de este tenor: “Dije Pá'lante y se cumplió. Digo Tán'cagaos y lo huelo”.

Ya en 2011 fue condenado por llamar nazi al doctor Luis Montes, entonces jefe de urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés, cesado por la Comunidad de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre, bajo acusaciones falsas de malas praxis y de dejar morir a sus pacientes. Montes fue investigado y el caso se quedó en nada. Rodríguez, que lo había insultado en varios programas de televisión, fue condenado por injurias graves en primera instancia y la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la pena. Para que pagase la indemnización, de 40.000 euros, otro juzgado tuvo que ejecutar un embargo en 2013.

En 2020 cerró durante un tiempo su cuenta de Twitter tras insultar en ella al vicepresidente y compañero de Gobierno de Ayuso, Ignacio Aguado. Sin socios de los que depender, ni más jefa que Ayuso, Rodríguez ya no se para con nada ni con nadie. Tiene todo el poder. La pregunta que se hace alguien que ha vivido muy de cerca sus maniobras es si se va a conformar con manejar la Presidencia de Madrid o si con 62 años recién cumplidos tiene ansias mayores.