Hoy empieza junio. París, sin que estemos ni siquiera en verano meteorológico, ya ha registrado este año más días con una temperatura máxima de 32 grados, como mínimo, de lo que registra su media histórica desde 1991 a 2020. La media histórica es de 6,73 días. Lleva 8. Récord de temperatura para un mes de mayo en Madrid, Valladolid, Segovia, Guadalajara, Toledo, Lleida, Huesca, Menorca, León, Zamora, Álava, Teruel, Ourense, Gipuzkoa, Cantabria… y la lista sigue. Llegará la semana que viene, bajarán las temperaturas, respiraremos aliviados, habrá un olvido momentáneo; llegará agosto, llegarán los incendios, dejaremos de olvidar. En 2022, cuando aún se hablaba de crisis climática y de ecologismo, se popularizó un eslogan algo mordaz, un poco satírico: ‘bienvenido al verano más fresco del resto de tu vida’. Me recuerda a la inscripción que se lee a las puertas del Infierno de Dante: ¡Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza! Aquí no hay opción de entrar o no, porque no hay un vosotros que entre y otro que se salve: en este infierno estamos todos. Pero hubo un tiempo en el que quisimos combatirlo y hasta llegamos a esforzarnos por cambiarlo.

Ya hay quien advierte de la posibilidad de un colapso de la AMOC, Circulación de Retorno del Atlántico Meridional: llegaría antes de 2100 y un mal funcionamiento de la corriente, encargada de regular el clima al transportar el agua caliente del trópico, podría conducir a Europa a inviernos más extremos, en los análisis más radicales, a una glaciación, al ser también esta corriente la que impide otra congelación de Europa; contraintuitivamente, el infierno de calor de hoy sería la semilla para el hielo infinito del mañana. Si en televisión o en prensa han oído o leído hablar de un fenómeno El Niño o incluso de un ‘súper El Niño’, la cosa va por ahí: un fenómeno climático extremo, llevado a su paroxismo, que podría desencadenar sequías, inundaciones, olas de calor, huracanes.

La forma de explicar nuestro tiempo en 2026 poco tiene que ver con la de las marchas por el clima de la juventud, ni las protestas de Greta Thunberg. En lo que llevamos de década, también culturalmente, la sociedad se ha derechizado a marchas forzadas. La sucesión de guerras, en plural, con la invasión rusa de Ucrania o la situación en Oriente Próximo; la crisis de la vivienda, la pandemia, la inestabilidad existencial, la incapacidad para proyectarse ni siquiera en el corto plazo: tantos elementos de la situación global que cristalizan en una demanda de orden, seguridad, autoridad vertical, certezas, dirección, a la cual difícilmente ha sabido cómo dar respuesta la izquierda global. No existe ningún tipo de seguridad, ni contra la guerra ni contra nada, si no hay un planeta en el que vivir; eso no significa que desde los discursos de izquierda se haya logrado vincular ambas cosas, que haya calado en la gente que sin futuro mundial no hay futuro individual. La década de 2010, en reacción a la crisis financiera y agotamiento del capitalismo financiarizado, fue una década de movilizaciones. La de 2020, en cambio, aparece como un tiempo de repliegue: en ese repliegue se vuelve a cualquier institución, a cualquier comunidad; se busca el clavo ardiendo que quede más a mano.

En medio de todo esto, el pasado 29 de mayo, el histórico grupo de música electrónica —entre el ambient y la intelligent dance music, en concreto— Boards of Canada lanzaba su primer disco en trece años, Inferno. Casi una hora y diez minutos de invocaciones espectrales, referencias a lo oculto y la religión, como una amenaza siniestra que retrocede en el tiempo y el espacio. ¿Sonará a algo muy de nicho que hable de un grupo así en esta columna? Téngase en cuenta otro síntoma de época, un gesto importante: un día antes de que el álbum saliera, la Casa Blanca, por Trump tomada, publicó en sus redes sociales un vídeo donde utilizaba la estética del álbum y música de Boards of Canada, con el fin de que sirviera para su propaganda. El sello musical que edita al dúo lo denunció como una apropiación indebida, ¿pero qué nos dice sobre este momento que hasta este tipo de creaciones artísticas, tan conectadas con la atmósfera del tiempo, sean antes reapropiadas por la derecha que por la izquierda? Este fin de semana se ha estrenado en los Estados Unidos la película Backrooms, que origina en un creepypasta divulgado en el imageboard 4chan, años atrás: algo que también suena muy, muy de nicho. Pues bien: ha sido el mejor estreno en la historia de su distribuidora, A24, ha recaudado 81 millones de dólares en su primer fin de semana y el 88% de su público han sido menores de 35 años.

Si queremos que el infierno no sea inevitable, combatir el infierno, o hacer otra cosa que el infierno —ya ni siquiera hallar en él algo que no lo sea, como escribía Calvino—, quizá sea necesario, en algún momento, tratar de entender los estilos, formas, manifestaciones de lo contemporáneo, que poco tienen que ver con las recetas de todo tiempo anterior. Hacer algo por la crisis climática es tan urgente hoy como en 2022: es, de hecho, más urgente. Pero los eslóganes de 2022 no están escritos con el espíritu del tiempo que hace falta hoy. ¿No atormenta pensar en lo imposible que es salir a la calle sin derretirse, cómo cada año la experiencia del verano se vuelve un poco peor, y reconocer, al mismo tiempo, que ya nadie lo politiza, que ya nadie habla de ello, si no es directamente para invocar la imagen del apocalipsis? Se trata de repolitizar el infierno: tarea mucho más urgente, y se me perdonará el exabrupto, que las crisis contingentes de la izquierda de estos meses. 

Imaginen llegar a la oficina en un mes de junio, con 35 grados en la calle, y que no haya aire acondicionado. Ni ese día, ni el siguiente, ni al otro. Que en los despachos, fábricas y tiendas no existiera climatización ni sombra donde refugiarse en una ola de calor. De manera estructural. Lo que en la esfera de oficina y comercial es impensable, es una realidad en el trabajo al aire libre y en las aulas de toda España, que claman estos días de temperaturas extremas por planes serios, sostenidos y urgentes para adaptar las escuelas desde Infantil a Bachillerato, donde convive población considerada vulnerable a las altas temperaturas. En palabras de Ismael Palacín, director de la entidad Equitat.org, impulsora de uno de los pocos estudios que pone cifras al problema, “las escuelas del país fueron diseñadas para un clima que ya no existe”.

La temperatura media de junio de 1990 y la de 2025 tienen dos grados de diferencia. Esto, en la práctica, ha supuesto que los niños de Morón de la Frontera o Córdoba tuvieran que aprender y jugar a 43 grados al final del curso pasado. Las direcciones de los colegios muchas veces improvisan o buscan soluciones caseras de urgencia.

En Madrid, este viernes se alcanzaban 30 grados a las 9.30 de la mañana en algunas escuelas, como el centro de infantil y primaria Ermita del Santo, en el distrito de Latina. En el Instituto de Secundaria La Morería de Mislata (València), se superaban los 30 grados a primera hora de la mañana y los alumnos hacían Educación Física a 40 grados en un patio sin la sombra prometida.

El problema ya no se circunscribe a una zona concreta del país. Tampoco a los meses de verano, porque hay olas de calor también a finales de mayo, en junio o septiembre, en la vuelta al cole. El norte de España está sufriendo especialmente este mes de mayo. Por ejemplo, la Consejería de Educación de Asturias ha tenido que autorizar esta semana a dos centros públicos a cerrar por el calor —no lo pueden mitigar y admiten que no hay un presupuesto de climatización por su elevado coste, que calculan llegaría al 20% de la obra—. El gobierno vasco ha enviado una carta a todos los colegios “especificando medidas” y “activando recomendaciones” después de que una niña de cuatro años tuviera que ser atendida por una ambulancia en su colegio por un golpe de calor. En Navarra, el gobierno señala que va a destinar de manera puntual un millón de euros para escuelas con alumnado vulnerable, pero admiten que el problema del calor en junio es nuevo allí y no hay un plan, que aseguran que pondrán en marcha si se repite, algo que las predicciones científicas auguran para los próximos años. En Cantabria han enviado “una ficha de información de riesgos por temperatura extrema que recoge los riesgos de estrés térmico y medidas preventivas y pautas de actuación” a los colegios ante las inusuales temperaturas.

Planes por hacer o por completar

En la mayoría de comunidades autónomas —que son las que tienen transferidas las competencias y gestionan la educación e infraestructuras desde Infantil a Bachillerato, FP y los conservatorios de música y danza— ni siquiera hay cifras actualizadas de cuántos colegios están climatizados, adaptados o una radiografía precisa de necesidades o inversiones, un calendario conocido o una previsión de cuándo se completará. Con algunas excepciones. El Ministerio de Educación, que no tiene competencias en esta gestión, apunta a elDiario.es que tiene dos programas de ayuda a la climatización de centros públicos de todo tipo, de más de mil millones, y que pueden ser solicitados por ayuntamientos y autonomías.

Pero climatizar no es solo instalar aire acondicionado. “Lo primero es tomar medidas pasivas, que no consumen energía”, explica Carmen Alonso, investigadora del Instituto Torroja del CSIC. “Por ejemplo, poner toldos en ventanas, aislar las cubiertas del edificio sobre todo —que además es bastante fácil y económico en los colegios de techo plano— y poner sombras y vegetación en los patios”. De esta manera, el aire es más fresco y eso tiene impacto en el edificio. “También es importante que los acabados de superficie sean de color claro. Si no, pueden llegar a coger 60 grados”. La experta explica que “cuando tienes esto, tienes menos demanda de energía, necesitas equipos de refrigeración más pequeños y son más eficientes”. La tercera pata de una buena adaptación climática en los colegios es que estos equipos estén alimentados por renovables.

La realidad es que, cuando la solución no llega por la Administración, son las Ampas o la colaboración de profesores y vecinos la que ayuda a comprar aparatos de aire o ventiladores, que es solo una parte de la solución. Por ejemplo, las familias del CEIP Ana Caicedo, en Lorca, han decidido directamente organizar una rifa para recaudar fondos y poder instalar aire acondicionado en el colegio ante la falta de respuesta administrativa. Han repartido 10.000 papeletas a dos euros cada una con la esperanza, casi cumplida, de reunir los 50.000 euros necesarios para completar la climatización del centro.

Para intervenir en el patio, poner árboles, toldos (como se ponen en calles comerciales), aislar o instalar fuentes de agua se necesita la implicación y financiación de las consejerías de Educación de cada autonomía o de los ayuntamientos.

Cuando la solución no llega por la Administración, son las Ampas o la colaboración de profesores y vecinos la que ayuda a comprar aparatos de aire o ventiladores

La mayoría de gobiernos autonómicos anuncian inversiones millonarias puntuales cada año, normalmente en el mes de mayo, que ya estaban previstas en los presupuestos presentados. No son partidas extraordinarias. Pese al clamor de familias, profesores y sindicatos, o no hay un plan estratégico en marcha o, si lo hay, no avanza proporcionalmente a las rápidas subidas de temperatura. Incluso a veces, como en la Comunidad de Madrid, el gobierno frena iniciativas surgidas de la comunidad educativa. Vox y PP impidieron en 2025 que se tramitara una Iniciativa Legislativa Popular apoyada por 72.000 firmas que pedía el aislamiento y climatización de los centros públicos. Ese mismo año, el Gobierno de Ayuso anunció 13 millones para este capítulo y calculó en 300 el número de las actuaciones climáticas hechas (hay 1.600 centros de infantil, primaria e institutos en la región).

A veces son los ayuntamientos, que tienen también parte de responsabilidad sobre la infraestructura, los que toman las riendas. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), destina parte de los ingresos de la tasa turística a climatizar 30 colegios de la ciudad cada año. Con otra perspectiva, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), acaba de lanzar una petición a empresas para que ayuden a “renaturalizar” colegios y patios: “Con aportaciones a partir de 10.000 euros, las empresas que así lo deseen pueden colaborar para la renaturalización de Escuelas Infantil, Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, así como otros edificios públicos. La empresa o entidad hace la aportación y en el Ayuntamiento nos encargamos de todo lo demás”, dice el anuncio. El presupuesto del Ayuntamiento, el más grande de España, es de 6.500 millones. Es el mismo alcalde que zanjó la queja por calor que un colegio puso en septiembre instalando aire solo en la conserjería del colegio.

La velocidad en las iniciativas de confort climático son muy variables. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, aunque invierte de manera puntual, se anunció en enero de este año un plan que “se encuentra en una fase de diagnóstico de las instalaciones educativas. Tras la fase de diagnóstico, se planificarán las actuaciones para conseguir unas condiciones térmicas que garanticen el bienestar del alumnado y del personal”. Es decir, falta tiempo para que se vea el resultado en los colegios, que se van arreglando con parches o por iniciativa privada, a la vista de que junio es parte ya de fenómenos de olas de calor. A final de este año prevé que haya un diagnóstico. Una de las reivindicaciones de la huelga indefinida de profesores valencianos, que cumple su tercera semana, es que las aulas de la comunidad estén climatizadas y adaptadas al frío y al calor.

En el mismo punto está Aragón, que ha lanzado una consulta pública para “avanzar en el desarrollo del plan de mejora climática”, aunque lo hace después de recibir numerosas denuncias por las altas temperaturas en las clases. La del sindicato CGT aporta registros de hasta 37 grados en, al menos, 45 espacios educativos y acusa al gobierno autonómico de no adoptar medidas eficaces durante el último año, motivo por el cual han acudido a la Inspección de Trabajo. Algunos de los casos se logran por el derecho de los trabajadores consolidado en la legislación, no por el derecho del alumnado.

El problema cotidiano para millones de niños, adolescentes y profesores, incardinado desde hace años, ha escalado hasta el Defensor del Pueblo, que ha contestado a las quejas que recibe de ciudadanos. El informe de 2025 de esta institución explica que se habían reabierto “las actuaciones de oficio iniciadas en 2023 ante las comunidades autónomas afectadas por las elevadas temperaturas, con el fin de actualizar la información sobre el grado de ejecución de los planes de acondicionamiento de los centros”. Es decir, si lo prometido se ha cumplido o si la administración autonómica ha puesto solución.

Toldos en la feria, pero no en el colegio

La Junta de Andalucía sí tiene un plan desarrollado. Ha impulsado su propio Plan de Bioclimatización, centrado en la instalación de sistemas de refrigeración adiabática —basados en la evaporación de agua— junto con paneles solares fotovoltaicos para abastecerlos de energía renovable. Este modelo ha generado controversia entre las familias, que cuestionan que se trate de un sistema diseñado para usos industriales, no contemplado en el marco legislativo para centros escolares. Según datos de la Consejería, el plan suma 532 actuaciones ejecutadas y una segunda fase en marcha que alcanza a otros 80 centros educativos. Pero el ritmo no llega todo lo rápido que se necesita a los casi 5.000 centros públicos. El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba acaba de evidenciar la incongruencia que supone que el alcalde haya puesto toldo a todo el recinto de la Feria para bajar “hasta 18 grados” la sensación térmica, pero que haya colegios donde el sol cae a plomo: “Tienen sombras en la Feria pero no en sus colegios”, denuncia Enrique Guerra. La principal reivindicación de las familias andaluzas es el cumplimiento de la Ley de Bioclimatización aprobada en 2020. En Baleares también tienen un plan específico y ha licitado una primera fase de actuaciones en doce centros con obras previstas por más de 16 millones.

En Extremadura, el nuevo gobierno PP Vox ha prometido este mes de mayo un plan que mantenga entre 23 y 27 grados la temperatura en todos los colegios. Hasta entonces, y de momento está solo el anuncio, son los equipos directivos quienes deben decidir las medidas para que los niños no padezcan: cambiar las clases de sitio, no salir al patio o reducir jornadas para evitar las horas centrales, con la pérdida de carga lectiva que eso supone.

Además de la salud y el bienestar, el calor tiene un impacto en la concentración y el rendimiento —igual que pasa con los adultos en el mercado laboral—. El informe de Equitat.org también recoge investigaciones que confirman peores resultados en el informe PISA del alumnado más expuesto al calor: las puntuaciones caen un 0,18% por cada día con más de 26,7 °C, mientras que el rendimiento mejora cuando se reduce la temperatura. Este informe, que ha analizado las aulas catalanas con investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya, señala que casi la mitad de los edificios del sistema educativo público, 1.220 de 2.500, son anteriores al año 2000 y, por tanto, sin criterios de adaptación climática. Calcula en 130 millones la inversión necesaria en Catalunya para que los niños y sus profesores dejen de sufrir por calor, un problema que se agrava cada año y que sigue a la espera de una solución global y estructural. De momento, son los alumnos y docentes —en lugar de los edificios escolares— los que se han adaptado a las temperaturas severas.

Con información de las ediciones de elDiario.es en Cantabria, Asturias, Navarra, Andalucía, Aragón, Baleares, Euskadi y Castilla y León.

La estación meteorológica de Aemet en Zumaia es la que más récords de calor ha batido en España en lo que va de año, cuatro en 150 días. La cuarta es la de Elgoibar, también en Gipuzkoa. En Álava, cerca del aeropuerto de Foronda, en Vitoria, este jueves fue el día de mayo más caluroso desde que hay registros. En realidad, la plusmarca anterior era recentísima, de este mismo miércoles. En general, todos los territorios vascos están viviendo el año más cálido en décadas, y eso que no ha arrancado ni el verano meteorológico (1 de junio) ni el real (21 de junio). Todas las estadísticas se extraen del especial del equipo de datos de elDiario.es.

Álava es la segunda provincia de España con subidas de temperatura más altas que la media, con un crecimiento de 2,8 grados centígrados este año. Sólo Girona tiene peores registros. En Bizkaia y en Gipuzkoa la subida es de 2,2, también elevadísima. Después de una semana de ola de calor, este jueves fue especialmente sofocante, con Álava y Bizkaia en valores máximos que superaron en 15 grados lo que sería habitual en la época del año en sus respectivos climas. La media de máximas en Bizkaia fue de 35,8 grados, con picos que lo superaron en algunos puntos. Más en detalle, en la estación del aeropuerto de Foronda, en todo 2026, la media de máximas ha saltado de 13,3 grados a 16,2. En el caso de Bilbao, ha subido de 16,5 a 18,7. En Gipuzkoa hay tres fuentes de datos. En el aeropuerto, en Hondarribia, la subida es de 16,1 a 18,3, en Igeldo, en Donostia, de 13,5 a 15,4, y en Elgoibar de 15 a 18,3.

2026 está superando los récords de calor de 2023 y 2024, los años más cálidos de la serie histórica. 2025 estuvo también por encima de la media, aunque con registros más contenidos. Desde 2013 no hay un año más fresco de lo habitual en Álava, por ejemplo. Vitoria vive un año en el que ya se superaron varias veces los 20 grados en febrero y se rozaron los 30 en abril. Zumaia, localidad costera de Gipuzkoa, tuvo noches tropicales en abril. Este fenómeno es cuando la mínima no desciende de la barrera de los 20 grados y se ha repetido en esta fuerte ola del final de mayo. En Donostia, con un observatorio de 1927 casi centenario, el lunes se midieron 24,5 grados de mínima, una plusmarca histórica.

En los últimos días, a falta de datos cerrados, las autoridades han indicado que una quincena de personas habrían podido fallecer como consecuencia de las altas temperaturas. El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha venido dando esta semana partes diarios de personas atendidas por este motivo. Fueron 25 el jueves, 31 el miércoles, 17 el martes o 25 el lunes. Como si fuera agosto, se ha recomendado poner especial atención a bebés y personas mayores, a embarazadas o enfermos crónicos. Se ha recomendado limitar la actividad física en exteriores en las horas centrales del día.

La diferencia es que la ola ha llegado con el curso escolar aún en marcha. Decenas de colegios no climatizados han sufrido los rigores de las altas temperaturas, con especial incidencia en Bilbao, donde una ambulancia tuvo que ir a atender a una niña de 4 años. También se ha denunciado el calor sofocante en los hospitales y ambulatorios. Vitoria sí abrió la temporada de baño en sus pisicinas municipales, pero en muchas zonas de playa arranca como tal este lunes, con el cambio de mes. ¿Qué implica eso? Que los bañistas han ido llegando para combatir el calor pero no ha habido servicios de vigilancia o socorristas. En Donostia una persona ha resultado ahogada y en Zarautz, por ejemplo, los surfistas han dejado sus tablas en la orilla para ayudar en caso de emergencia. El riesgo de incendios también se ha disparado. De hecho, el Gobierno vasco ha coordinado un simulacro este viernes en la zona de Besaide.

El viaje del avión propiedad del futbolista Sergio Ramos que coincide con los partidos de la Eurocopa es uno de los ejemplos más claros del uso intensivo de aviones privados como si fueran taxis, pero no el único.

Imagina un avión que despega de Pamplona al amanecer, llega a Cádiz antes del mediodía, a Madrid sobre las cuatro de la tarde y a las cinco ya está en Murcia, de donde sale a tiempo para regresar de nuevo a la capital navarra antes de las nueve de la noche. Es lo que hizo por ejemplo el Cessna Citation propiedad de Eduardo Anitua, dentista y amigo del Rey Juan Carlos I. Seis vuelos en un solo día, todos duraron menos de una hora. 

Estos viajes son tan solo un par de ejemplos que ilustran la realidad detrás de la investigación de elDiario.es, que revela el impacto ambiental del uso intensivo de los jets registrados en España entre 2024 y 2025. Más de la mitad de los 17.000 vuelos –el 55%– duraron menos de una hora. Uno de cada diez, menos de 30 minutos.

Los cálculos provienen de datos públicos proporcionados por Airplanes.Live, una plataforma de receptores independientes de señales ADS-B/Mode S/MLAT que no filtran las posiciones de los aviones privados que piden ocultar sus movimientos, una práctica cada vez más demandada. Las cifras son conservadoras ya que la cobertura de los datos es limitada en algunas zonas y algunos vuelos o partes de trayectos pueden no haber sido registrados por los receptores de Airplanes.Live.

Aunque estos aviones son propiedad de estas corporaciones, no son siempre los dueños o directivos quienes utilizan la aeronave. Según explican fuentes del sector a elDiario.es, el sistema funciona así: en la mayoría de los casos, el propietario firma un contrato para ceder el aparato a una compañía aérea especializada. Esta compañía se encarga de operar el avión y lo alquila a otras personas cuando el dueño no lo utiliza pero garantizándole un uso prioritario. 

En el siguiente gráfico puedes ver como de media la mayoría de trayectos de jets privados cubren una distancia de 424 km por vuelo. La mitad de los desplazamientos duraron menos de una hora y no llegaron a abandonar la Península. En cambio, los vuelos más largos, son inferiores y tienden a ser desplazamientos transatlánticos.

¿Por qué es relevante que los vuelos duren poco? Porque las fases de despegue y aterrizaje exigen más demanda de carburante que la fase de crucero. Por ejemplo, para un Bombardier Global Express, diez viajes de 500 kilómetros emitirían un 70% más que recorrer la misma distancia (un total de 5.000 kilómetros en un solo trayecto), según los datos de Eurocontrol a partir de muestras de consumo de combustible con vuelos reales. “Los trayectos cortos contaminan por la misma intensidad de los aviones”, argumenta Pablo Muñoz, coordinador del área de movilidad sostenible de Ecologistas en Acción. “Proporcionalmente, en las fases de despegue y aterrizaje son las de más intensidad en consumo de combustible”, añade. 

Se trata de vuelos de donde el jet privado funciona como un taxi al servicio de quien lo utiliza y que acaban siendo los que más contaminan por la demanda de carburante que exigen. Así, los jets propiedad de grandes empresas y fortunas españolas entre los que se encuentran el futbolista Sergio Ramos, el dentista de Juan Carlos I, Mercadona, grupo Damm, la familia Riberas o Inditex, contaminaron en dos años lo mismo que un millón de pasajeros comerciales. Rutas de dos horas en coche o tren en un avión privado pasan a durar tan solo 20 minutos, incluyendo los tiempos de despegue y aterrizaje. 

Madrid-Barcelona, el recorrido favorito

El recorrido favorito de los altos directivos y grandes fortunas ha sido la ruta Madrid-Barcelona (de 620 kilómetros de trayecto) con más de 1.000 vuelos acumulados para los años 2024 y 2025. Un recorrido que “no es normal”, según tildan desde Ecologistas en Acción. “Sobre todo en un sitio como España, donde no solo hay una infraestructura de alta velocidad muy desarrollada, sino que hay un transporte terrestre de autovías, autopistas que harían innecesarios muchos vuelos privados, teniendo en cuenta el impacto que tienen”, destacan desde la organización. 

España tiene muy buenas carreteras, tiene muy buenos trenes de alta velocidad. Eso hace que las alternativas a la aviación ejecutiva sean también muy buenas

Carlos Matallana — Director nacional de la empresa de alquiler de aeronaves LunaJets

En ese punto coincide Carlos Matallana, director nacional de la empresa de alquiler de aeronaves LunaJets. “España tiene muy buenas carreteras, tiene muy buenos trenes de alta velocidad. Eso hace que las alternativas a la aviación ejecutiva sean también muy buenas”, señala el broker. 

A pesar de ello, el 57% de los trayectos que se realizaron tuvieron como origen y destino un aeropuerto español. De hecho, un mismo avión ha llegado a recorrer en un día hasta cuatro veces la ruta Madrid-Valladolid, el trayecto entre Madrid-Santander o Barcelona-Valencia. Trayectos que no superan los 500 kilómetros de distancia. 

La mayoría de las rutas conectan directamente con la capital o con destinos como Sevilla o Mallorca. Otras directamente unen la ciudad condal con Ibiza o Valencia y, entre las más recurrentes, también figura la conexión Valencia–Oporto.

Frente a los trayectos de corta duración, los de larga distancia son excepcionales para quienes hacen uso de los jets privados. El siguiente gráfico muestra como los trayectos de más de tres horas de duración representan solo el 5% de los 17.000 vuelos realizados en los últimos dos años.

Entonces, ¿cuándo se considera necesario el uso de aviones privados? “Cuando es la única manera por tiempo para hacer las cosas. Esa es la parte de negocios, hablamos de gente cuyo tiempo vale mucho dinero”, argumenta Matallana. Ante uso del avión como si fuera un taxi también deriva otra consecuencia: cuatro de cada diez vuelos despegan sin pasajeros. Aunque se estima que un vuelo privado lleva unas cinco personas de media, el 41% irían sin viajeros, según los datos del propio sector.

Es lo que en el sector se denomina empty leg. “Son vuelos que van vacíos en los que yo necesito meter a personas para aprovecharlos. (...) Sí que se tiene en cuenta a la hora de alquilar que ese avión no haga un vuelo vacío. Hay que evitar todo eso por un tema de economicidad y por un tema de sostenibilidad, también”, detalla el directivo de alquiler de aeronaves.

Los datos analizados por este medio parecen confirmarlo, un tercio de los jets despega antes de las cuatro horas de haber aterrizado. Algunos tardan incluso menos, uno de cada diez despega antes de llevar una hora en tierra.

“Los vuelos privados deberían prohibirse cuando existan alternativas”

Según la European Business Aviation Association (EBAA), la aviación privada solo supone el 1% de las emisiones de todo el sector de la aviación y un 0,04% de las emisiones totales en la Unión Europea. “Es evidente que las emisiones de los aviones privados son una minoría de la aviación global. Lo que pasa es que corresponden a una parte muchísimo menor de la población mundial”, explican desde Ecologistas en Acción. “Al final, cada uno de los 17.000 vuelos supone lo mismo que todo lo que emite una sola persona en España en todo un año”, comenta Pablo Muñoz, representante del área de movilidad sostenible de la organización. Por su parte, la organización Transport & Environment (T&E) reclaman que los vuelos privados deberían prohibirse cuando existan alternativas, “como o vuelos comerciales o tren que no aumenten la duración del viaje en más de dos horas y media”.

El bróker Matallana asegura, sin embargo, que se utilizan solo cuando son necesarios: “Quien conoce la aviación ejecutiva desde dentro, se da cuenta de que ejerce un papel logístico mucho más mundano”, argumenta “pero creo que la mala fama le viene por la completamente equivocada visión de esto como el show off [exhibicionismo, en inglés] y la ostentación”. 

Asimismo, empresas del sector defienden sus iniciativas para reducir el impacto ambiental, como el uso de combustible que reduce los gases de efecto invernadero — el Sustainable Aviation Fuel (SAF) — el pago para compensar las emisiones generadas (bajo el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE) o el alquiler de vuelos a precio más barato para evitar que vayan vacíos, conocidos como “empty jets”

La empresa que dirige Matallana en España comenzó vendiendo este tipo de vuelos. “La pura venta de empty jets en sí es una acción tremendamente sostenible”, argumenta. Es, asegura, uno de los factores que hace que compañías como la suya hayan conseguido, “y lo digo con mucho orgullo, que la aviación ejecutiva no sea solo cosa de multimillonarios. Porque 1.000 € es mucho dinero, por supuesto, pero una clase media se lo puede permitir en un caso de necesidad extrema. Por ejemplo, se ha caído mi madre, se ha roto la cadera y tengo que ir corriendo...”.

Aunque matiza que no está diciendo que sea para todo el mundo: “Yo estoy convencido, y he hecho mis números, de que una familia que ingrese entre todas sus partes en torno a 150-160 mil euros anuales, es una familia que puede, sin lugar a dudas, plantearse la opción de la aviación privada de manera ocasional”. Según los datos de 2024 de la Encuesta de Condiciones de Vida, un hogar con esos ingresos brutos estaría en el 2% más rico de España. 

El sector defiende sus iniciativas para reducir el impacto ambiental

Las empresas que usan estos jets aseguran cumplir con las medidas de protección del medioambiente requeridas. Por ejemplo, Prosegur asegura que “integra la sostenibilidad como un pilar estratégico de su actividad (...) con un firme compromiso en la reducción del impacto medioambiental”, según remite a su ‘Plan Director de Sostenibilidad’ como prueba de la materialización de su compromiso. 

Mercadona afirma pagar sus derechos de emisión de CO2 acorde a la normativa vigente “en la que los operadores aéreos están obligados a medir sus emisiones de CO2 y entregar derechos de emisión equivalentes.” E Inditex, aunque rechaza hacer comentarios por “el carácter reservado de los datos”, señala que en sus memorias anuales se aprecia el “el avance en la reducción logrado” en sus emisiones. 

Ante esta modalidad de compensación de las emisiones, la organización Transport & Environment (T&E) reclama que “nunca será suficiente para hacer frente a las emisiones del sector del transporte más contaminante del mundo” y que “las únicas formas de reducir las emisiones generadas por los aviones privados son volar menos es invertir en ampliar la producción de combustibles más limpios, en particular el e-queroseno, así como en el desarrollo de aviones de hidrógeno y eléctricos”.

Otras figuras mencionadas en esta investigación como Nortia, cuya web está encabezada por la frase “comprometidos con un futuro sostenible”, Telefónica, Eduardo Anitua o Luis Gil han declinado hacer comentarios a elDiario.es. El resto no han respondido hasta el momento de esta publicación. 

El debate sobre los impuestos de los jets privados

La compra, alquiler y uso de un jet privado conlleva el pago de diferentes impuestos. Respecto al uso de carburante, el sector aéreo no está obligado a pagar impuestos sobre el combustible (queroseno principalmente) cuando los viajes no son “de recreo” y siempre que se justifique ante Hacienda que estos viajes son vuelos de negocios. Fuentes cercanas al sector aseguran que los propietarios prefieren pagar el impuesto antes que someterse a los controles que implicaría demostrar un uso exclusivamente profesional del jet. 

Esta excepción sobre el impuesto sobre los hidrocarburos es a nivel europeo, donde el debate sobre el pago del combustible llegó en 2021, cuando la Unión Europea comenzó a estudiar una propuesta para gravar los combustibles según su distinto impacto ambiental. Y ha llegado también a la política española. 

En 2025 Sumar presentó una proposición no de ley para crear un impuesto que grave las emisiones de CO2 generadas por el uso de “transportes de lujo” y Pedro Sánchez declaró en la cumbre del clima, COP2025, que estaban “avanzando junto a otros países para gravar los vuelos de clase premium y jets privados”. “Es lo justo que, quien más tiene, más contamina, pague por tanto lo que le corresponde”, recalcó. 

Los jets privados registrados en España por millonarios, grandes corporaciones y fortunas volaron más de 16 millones de kilómetros entre 2024 y 2025. El equivalente a dar 414 vueltas al mundo. La huella ambiental de esos vuelos —17.034 en total— es la misma que la de un millón de pasajeros en trayectos comerciales.

En total, los aviones propiedad de grandes empresas como Mercadona, Banco Santander, Inditex, grupo Damm, Prosegur o Telefónica, fortunas españolas como las familias Botín, Lao o Riberas; o celebridades como Sergio Ramos y el dentista de Juan Carlos I emitieron 81.253 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera.

Una investigación de elDiario.es revela por primera vez el impacto ambiental de 61 jets privados registrados en España y el uso intensivo de la aviación ejecutiva por parte de la jet set española: vuelos cortos de muy pocos kilómetros, un aumento de la actividad en los meses de verano, cientos de traslados a grandes eventos de ocio o repetición habitual de rutas en pocos días. 

Los cálculos provienen de datos públicos proporcionados por la plataforma Airplanes.Live, una comunidad de receptores independientes de señales ADS-B/Mode S/MLAT que no filtran los aviones privados que piden ocultar sus movimientos. Las cifras de horas de vuelo y emisión de CO₂ han sido estimadas a partir de más de 155 millones de posiciones recibidas por todos los modelos de jets —clasificados por la European Business Aviation Association (EBAA)— que estuvieron registrados en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea entre 2021 y 2025. Ver metodología completa.

El siguiente mapa muestra todos y cada uno de los trayectos realizados por estos aviones privados entre 2024 y 2025. Las cifras son conservadoras ya que la cobertura de los datos es limitada en algunas zonas y algunos vuelos o partes de trayectos pueden no haber sido registrados por los receptores de Airplanes.Live.

De los 61 aviones privados analizados, los 20 que más kilómetros han recorrido son los responsables del 60% de las emisiones de las aeronaves analizadas. Este medio ha identificado a sus propietarios a partir de los registros oficiales: compañías del Ibex-35, mega corporaciones, sociedades patrimoniales y grandes fortunas están detrás de los aparatos más contaminantes.

Entre ellos encontramos el Bombardier Global Express propiedad del Banco Santander, presidido por Ana Patricia Botín, que recorrió más de 646.000 kilómetros en 304 vuelos en esos dos años. La mayoría, en trayectos transatlánticos.

No es la única entidad vinculada a la familia Botín con intereses en la aviación privada. Javier Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea, consejero del banco y hermano de Ana Patricia Botín, también es propietario de un avión privado (modelo Cessna Citation XLS) a través de una sociedad —Grey Wind Investments SL— que forma parte de su ‘holding’ patrimonial, Agropecuaria El Castaño. Entre los aeropuertos más transitados por este avión está el aeródromo privado “El Castaño” en Ciudad Real, un trayecto de unos 20 minutos de vuelo desde Madrid.

Mercadona, de la familia Roig, tiene en propiedad al menos dos aviones privados (modelos Bombardier Global 5000 y 6000) que han realizado 1.457 viajes y han emitido lo mismo que 107.000 pasajeros haciendo esos mismos trayectos en rutas comerciales.

Además de Mercadona y del Banco Santander, otras grandes compañías españolas como Telefónica, grupo Damm, Inditex o Prosegur figuran entre algunos de los aviones con más kilómetros recorridos entre 2024 y 2025.

Aunque estos aviones son propiedad de estas corporaciones, no siempre los dueños o directivos viajan en la aeronave. Tal y como explican fuentes del sector a elDiario.es, el sistema funciona así: en la mayoría de los casos, el propietario firma un contrato para ceder el aparato a una compañía aérea especializada. Esta compañía se encarga de operar el avión y lo alquila a otras personas cuando el dueño no lo utiliza pero garantizándole un uso prioritario.

De los 20 con más kilómetros recorridos, 13 están cedidos a la aerolínea Gestair, centrada en la aviación ejecutiva, según los registros oficiales. Desde 2025, la compañía pertenece al fondo de capital riesgo Hyperion Fund, liderado por Pablo Casado, expresidente del PP, y el sobrino de Ana Botín, Ricardo Gómez-Acebo Botín.

“El sistema habitual es que una corporación multinacional compra un avión y lo cede a un operador aéreo. Cuando la empresa lo necesita lo utiliza y cuando no, lo alquila”, explica Miguel Ángel Sierra, abogado del despacho LegalLey, especializado en yates, aviones y sector inmobiliario. “Es un activo porque les permite comprar tiempo pero da pérdidas siempre. No es un capricho”, detalla.

Amancio Ortega, con un patrimonio estimado de 100.000 millones de euros según la revista Forbes, es la mayor fortuna de España, primer accionista y fundador de Inditex y habitual en el Top 10 de mayores fortunas mundiales. La compañía textil es propietaria de dos aviones privados que han volado 459 veces y han emitido el equivalente a 63.000 pasajeros de vuelos comerciales.

El Gulfstream G500 propiedad de la familia Riberas, octava mayor fortuna de España según el ranking de El Mundo y principales accionistas de la empresa de componentes de automoción Gestamp, ha recorrido más de 622.000 kilómetros en apenas 239 vuelos. Su avión privado figura a nombre de Caixabank y la sociedad patrimonial de la familia aparece como arrendatario financiero, una fórmula habitual usada en el sector para registrar aviones a través de un leasing para financiar la aeronave, según explican fuentes jurídicas a elDiario.es.

Mismo caso que el jet privado del exjugador de fútbol Sergio Ramos, que está registrado a nombre del Banco Santander como propietario aunque una sociedad del grupo patrimonial del futbolista (Davina Spain, S.L.) figura como arrendataria financiera. Con más de 600 vuelos en dos años, el avión privado del futbolista, que ha pasado por clubes como el Real Madrid, Sevilla o Paris Saint Germain, ha recorrido más de 500.000 kilómetros.

La familia Lao, históricamente vinculada al sector del juego (son los antiguos propietarios de Cirsa) y que figura también en la lista de mayores fortunas españolas con un patrimonio de 1.300 millones de euros, es propietaria de un Cessna Citation Latitude que ha emitido 2.338 toneladas de CO₂ en 700 vuelos en dos años. Fuentes de Nortia, cuya web está encabezada por la frase “comprometidos con un futuro sostenible”, han declinado hacer comentarios a elDiario.es.

Prosegur, controlada por la familia Revoredo a través del holding patrimonial Gubel S.L. y presidida por Helena Revoredo, es propietaria de un Dassault Falcon 2000 que ha recorrido más de 414.000 kilómetros en 251 vuelos. Entre ellos, varios trayectos entre España y Argentina, tierra natal de la familia. Desde la compañía de seguridad señalan que “la operativa de la aeronave está sujeta a un contrato de alquiler con Gestair que gestiona activamente la disponibilidad y comercialización de la aeronave cuando esta no está prestando servicio para la empresa”.

Entre las personalidades y fortunas menos conocidas que son propietarias de un jet privado también figura Luis Gil, fundador de Securitas Direct España. El avión, un Cessna Citation XLS, figura a nombre de Fast Aviation S.L., que tiene como administradora única a la esposa del empresario. 

El doctor Eduardo Anitua, conocido por ser dentista y amigo del rey emérito Juan Carlos, también es propietario de un jet privado a través de su compañía aérea NordJet Airlines. Según publicó El Mundo, el rey emérito utilizó este avión el 23 de septiembre de 2024 para viajar entre Cascais, Vitoria —donde está la clínica del doctor Anitua— y Vigo, para acudir a las regatas que se celebran en Sanxenxo. El avión, uno de los más activos, ha recorrido más de 400.000 kilómetros en 816 vuelos en apenas dos años.

Otro de los aviones analizados es propiedad de Baihas Baghdadi, empresario español de origen sirio y fundador de Baghdadi Capital, fondo que presume de ser el primer vehículo de inversión basado en la ley islámica y principal patrocinador de la Real Sociedad. Aunque no existen demasiados detalles en torno a su figura, trayectoria y procedencia, a través de su holding es propietario de un jet privado (modelo Gulfstream G200) que perteneció a Cristiano Ronaldo. La adquisición se firmó en agosto de 2024, según los registros oficiales, y en los dos últimos años ha volado 404 veces y recorrido 423.000 kilómetros.

Entre los aviones con más kilómetros figuran también el del Grupo Piñero, dueño de los hoteles Bahía Príncipe y Soltour, con decenas de trayectos entre Baleares y el Caribe; el de la farmacéutica Insud Pharma, que ha volado 308 veces en los dos últimos años; el de Aluminios Cortizo, uno de los mayores grupos industriales de Galicia; y los de empresas de alquiler de aviación ejecutiva como WeloJets o Clipper Jets.

Contaminaron lo mismo que un millón de pasajeros

Los 17.034 vuelos realizados por medio centenar de aviones privados entre 2024 y 2025 emitieron 81.253 toneladas de CO₂, según una estimación de elDiario.es usando la herramienta SET de Eurocontrol, que utiliza muestras de consumo de combustible de cada modelo de avión. Esta estimación se hace incluyendo los periodos de despegue y aterrizaje, que suelen consumir mucho más combustible que la fase de crucero. 

Estas emisiones equivalen a lo que habrían generado más de un millón de pasajeros comerciales en esos dos años, según los cálculos realizados por este medio a partir de los datos de Agencia Europea de Seguridad Aérea —83 gramos de CO₂ por kilómetro y pasajero— teniendo en cuenta el trayecto medio de los jets privados analizados: 974 kilómetros. 

¿Cuál fue el avión que más CO₂ emitió? El Bombardier Global 5000 de Mercadona. El avión propiedad de la compañía presidida por Juan Roig realizó un total de 789 viajes, la mayoría dentro de la Península, y contaminó lo mismo que casi 60.000 pasajeros entre 2024 y 2025.

Fuentes de la compañía explican a elDiario.es que “Mercadona utiliza el avión como una herramienta de trabajo más para el desplazamiento de sus trabajadores (igual que también tiene coches o furgonetas)”. “Lo más importante para la compañía es que esas horas que ahorran sus trabajadores, frente a la planificación en vuelos comerciales, puedan dedicarse a la conciliación personal y con sus familias”, añaden.

Según la European Business Aviation Association (EBAA), la aviación privada solo supone el 1% de las emisiones de todo el sector de la aviación y un 0,04% de las emisiones totales en la Unión Europea. “Es evidente que las emisiones de los aviones privados son una minoría de la aviación global. Lo que pasa es que corresponden a una parte muchísimo menor de la población mundial”, explica Pablo Muñoz, coordinador del área de movilidad sostenible de Ecologistas en Acción. “Al final, cada uno de los 17.000 vuelos supone lo mismo que todo lo que emite una sola persona en España en todo un año”, comenta.

“A medida que la sociedad aborda el cambio climático, es obvio que hay que cuestionar los vuelos privados, ya que transportan a pocos pasajeros a un coste medioambiental muy elevado”, defiende Denise Auclair, responsable de la campaña «Travel Smart» de la organización Transport&Environment. Según un estudio académico, las emisiones mundiales de la aviación privada aumentaron un 46 % entre 2019 y 2023.

El avión privado como transporte de recreo

El análisis de los patrones de uso de los jets privados apuntan al ocio como uno de los motores de su actividad. El primer indicador es su pico estacional: julio y agosto son los meses con más trasiego de viajes, según los datos analizados por elDiario.es. En julio de 2025 se registraron 1.009 vuelos que emitieron 4.257 toneladas de CO₂. En enero del mismo año, la cifra baja a la mitad. 

No es una excepción. Los informes mensuales de EBAA muestran cómo la aviación privada en Europa también se concentra en los meses de junio y julio y una reciente investigación de Nature (2024) documentó el mismo pico de llegadas a Ibiza y Niza durante el verano.

A la estacionalidad se suman los grandes eventos. En junio de 2024, ocho de los aviones analizados volaron a Reino Unido en los días previos a la final de la Champions League de fútbol en la que el Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund.

El aumento se deja ver también en los destinos vacacionales como Ibiza: el 83% de los vuelos privados a la isla en los últimos dos años se realizaron en verano (entre el 1 de junio y el 30 de septiembre). Lo mismo ocurre con Menorca, que recibió 141 vuelos de 185 en los meses de calor. 

Los días y horas de salida apuntan en la misma dirección. Jueves y domingos están entre los días con mayor actividad de los jets privados registrados en España. Una actividad que concentra muchos despegues a primera hora de la mañana y a última de la tarde.

Carlos Matallana, director de LunaJets en España, una empresa de ‘brokers’ de jets privados en Europa, destaca el viraje en el modelo de negocio. “Es muy difícil tener datos contrastados. Pero yo en Madrid hice números el año pasado y estimo que en torno al 60% de nuestras operaciones son vuelos de negocio y 40% personales. ¿Qué ocurre? Que eso ha cambiado. El personal está ganando cuota en el mercado”, explica.

En el siguiente gráfico se muestran las horas de salidas de los 17.034 vuelos realizados entre 2024 y 2025 por los jets privados registrados en España. El sábado es el día que menos se vuela de la semana y el domingo, la mayoría de vuelos se concentran por la tarde.

El uso intensivo de los jets privados

Algunas rutas muestran mejor el uso real de los jets privados. El jet del grupo Damm —controlado por la familia Carceller— realizó en mayo de 2024, en el plazo de solo una semana, un viaje desde España a Estados Unidos, regresó pasando por Niza, volvió a Madrid y voló inmediatamente a Londres donde se celebraba la final de la Champions League.

El mismo avión se usó para viajar en fechas navideñas desde Madrid a la isla de Barbados y volver al día siguiente a la capital española.

Uno de los dos aviones de Inditex, un GulfStream G650, dio una vuelta al mundo en apenas 12 días. Recorrió más de 47.000 km para ir a Singapur, volvió a España, cruzó el Atlántico hacia San Francisco y Los Ángeles y tres días después regresó a Galicia.

Pero estos vuelos de larga distancia son la excepción: la mayoría de los desplazamientos de jets privados analizados por este medio suelen ser para trayectos cortos en vuelos nacionales y dentro de Europa. 

Es el caso de Mercadona: en un solo mes de 2024, uno de los jets de la cadena de supermercados voló 51 veces. La mayoría, en trayectos dentro de la Península Ibérica. O la familia Lao: en otro mes de 2025, el jet propiedad de su holding, Nortia Capital Investment, realizó 47 vuelos y recorrió 33.000 kilómetros. Entre los destinos que visitó su Cessna Citation Latitude están los aeropuertos de Malta, Menorca, Ibiza, Barcelona, Madrid, Azores, Málaga o Cannes.

La opacidad de la actividad de los jets privados

En los últimos años, los propietarios han aumentado los esfuerzos para bloquear el seguimiento público de sus vuelos. En 2022, el informático Jack Sweeney saltó a los titulares cuando Elon Musk, CEO de Tesla y de X, le ofreció 5.000 dólares por borrar la cuenta que seguía en directo la ubicación de su avión privado. La cuenta, ahora suspendida, rastreaba también los aviones privados de Jay-Z o Taylor Swift.

Desde entonces, se ha multiplicado el uso de un programa federal en Estados Unidos llamado Limiting Aircraft Data Displayed (LADD) que permite solicitar a las principales plataformas que bloqueen la información que publican plataformas como FlightRadar24.

De hecho, el seguimiento de los aviones privados de Mercadona, Banco Santander, Inditex, grupo Damm, Telefónica o Prosegur “no está disponible para rastreo público a pedido del propietario/operador” en la plataforma FlightAware. A diferencia de estas plataformas comerciales, que suelen filtrar los datos de los aviones privados que piden privacidad, Airplanes.Live no filtra ni bloquea las señales de ninguno de estos aviones.

A la escasa transparencia sobre la actividad de los jets, se une la polémica sobre sus niveles de contaminación y el debate sobre la fiscalidad. Desde el sector defienden sus iniciativas para reducir el impacto ambiental, como el uso de un combustible que reduce los gases de efecto invernadero, el Sustainable Aviation Fuel (SAF), la compra de derechos de emisión y la compensación de esas emisiones. A la espera del desarrollo de tecnologías más limpias, desde Transport&Environment defienden que las empresas y los particulares “deberían reducir sustancialmente el uso de aviones privados”.

Aun así, el debate ha llegado también a la política española. En mayo de 2025, Sumar presentó una proposición no de ley para crear un impuesto que grave las emisiones de CO₂ generadas por el uso de “transportes de lujo”. Ese mismo año, Pedro Sánchez declaró en la COP que estaban “avanzando junto a otros países para gravar los vuelos de clase premium y jets privados (...) Es lo justo que, quien más tiene, más contamina, pague por tanto lo que le corresponde”.

Se plantean tres cuestiones relevantes que es necesario tener en cuenta tras el ciclo de borrascas que han barrido la península ibérica en las últimas semanas: su evidente vínculo con el cambio climático; los impactos sobre diferentes sectores considerando perdidas y daños en infraestructuras, agricultura y otros recursos económicos y materiales; y por último, la necesidad de prepararnos si estos fenómenos extraordinarios van a ser la norma a partir de ahora.

El impacto del cambio climático

El agua es una bendición para el campo. Pero no de esta forma, por favor. Las organizaciones agrícolas cifran en más de 2.500 millones de euros las pérdidas del sector debido al paso del tren de borrascas por nuestro país. Otros sectores productivos como el turismo o las propias infraestructuras han sufrido este fenómeno y está por ver el cálculo total de perdidas.

Hay que culpar a alguien de este desastre, y aunque lo fácil sería, y más en estos tiempos, culpar al Gobierno, vamos a apuntar al cielo y a nuestros gases de efecto invernadero y, por tanto, al cambio climático, porque todo lo que sube… baja.

Si no ha leído o escuchado ya las explicaciones que explican este fenómeno de borrascas, deberían hacerlo, pero permítanme hacer un breve resumen.

Las puertas del Atlántico se han abierto hacia la península, debido a que 'nuestro guardián' que es el anticiclón de las Azores se ha debilitado y desplazado de su posición habitual. Esto permite que la corriente en chorro (jet stream), que normalmente guía las borrascas hacia el norte de Europa, circule más al sur y dirija de forma persistente los frentes hacia la península 'bérica.

Otro elemento añadido es como en zonas del Atlántico tropical y el Caribe las temperaturas superficiales del mar están anómalamente altas, lo que conlleva a una mayor evaporación de agua. Cuando ese aire húmedo se traslada y conecta con las borrascas, estas se vuelven mucho más intensas de lo habitual para la época del año en la que estamos.

Por tanto, la influencia del cambio climático ante la ocurrencia de este fenómeno, aún más allá de la necesidad de disponer de estudios que permitan cuantificar su influencia, se antoja como fundamental.

Podemos plantearnos si este patrón tan húmedo y persistente se repetirá el próximo año. ¿Estamos ante un episodio excepcional o ante una nueva normalidad en los inviernos de la península ibérica?

De momento lo que observamos es que desde 2024 hay una tendencia clara y en aumento a experimentar borrascas más frecuentes y con mayor impacto. Los episodios de lluvia son más persistentes y con acumulados muy superiores a la media histórica y con una mayor duración.

Pero también debemos entender que entre las características del cambio climático está la de su carácter incierto. Hemos entrado en un terreno desconocido provocado por nosotros mismos al cambiar las reglas habituales del clima.

Los patrones del pasado, basados en un clima estable, ya no sirven para anticipar con seguridad lo que ocurrirá en el futuro.

El impacto en infraestructuras, agricultura y otros sectores

Resulta difícil resumir en poco espacio la cantidad de pérdidas y daños que han causado las lluvias de las últimas semanas, pero se pueden identificar diferentes sectores especialmente expuestos por su función estratégica y su vulnerabilidad a episodios extremos. Analizar su impacto de forma diferenciada permite dimensionar mejor los riesgos y anticipar medidas de adaptación y refuerzo.

Estamos viendo como la red viaria, con carreteras, autovías o puentes, están sufriendo deslizamientos, cortes prolongados y daños estructurales por crecidas; la red ferroviaria, ya fuera convencional o de alta velocidad, está sufriendo desde la inundación de sus plataformas, corrimientos de tierras y en general interrupciones prolongadas del servicio; otro caso es el de los fuertes vientos que están provocando problemas en el suministro de la red eléctrica; en cuanto al saneamiento y drenaje urbano, ya estamos observando el desbordamiento de alcantarillado o inundaciones urbanas; otro de los principales problemas es el relativo a la gestión de las presas, con una gestión más compleja de desembalses o el estrés que están sufriendo esas estructuras sobre todo en el caso de las más antiguas.

Los puertos e infraestructuras costeras sufren daños por temporales marítimos más frecuentes, sobrecarga en diques y problemas operativos continuos; los hospitales y otros centros críticos están en riesgo ya fuera por inundaciones, accesos anegados o posibles fallos eléctricos; las telecomunicaciones pueden sufrir cortes de fibra y suministro eléctrico que afectan a la conectividad en amplias zonas; el problema en viviendas y urbanismo en zonas inundables conlleva un incremento de daños estructurales, inhabitabilidad recurrente y encarecimiento de seguros o pérdida de asegurabilidad.

La cuestión de los seguros también es relevante en el caso de la agricultura. Este último sector ha sufrido especialmente los últimos fenómenos climatológicos, con pérdidas millonarias en el sector con cultivos anegados durante semanas, pérdida o deterioro de caminos rurales, daños en sistemas de regadío y drenajes o daños en instalaciones físicas entre otros. Estas afecciones no solo comprometen la producción inmediata, sino que pueden reducir la capacidad productiva de las explotaciones durante varias campañas, encareciendo costes y dificultando la recuperación del sector.

Necesidad de elevar el nivel de protección y adaptación ante una nueva normalidad

Imaginemos que estos periodos lluviosos en invierno se van a repetir cada año con la misma o mayor intensidad que los dos últimos. Este escenario también sería una expresión clara del cambio climático, aunque no tuviera que ver directamente con las cada vez más altas temperaturas del verano. El cambio climático no es solo calor: es alteración de patrones, de ritmos y de equilibrios que dábamos por estables.

Conviene recordarlo frente a quienes, como Donald Trump y otros negacionistas patrios, confunden el tiempo de un día concreto con el clima de décadas. El clima se mide en tendencias largas y comportamientos repetidos, no en episodios aislados de frío o lluvia. Por eso, hablar de cambio climático es hablar también de borrascas más persistentes, de inviernos más extremos o de fenómenos que se encadenan con mayor frecuencia.

Si proyectamos esta tendencia hacia los próximos años, y las borrascas se intensifican aún más, el desafío dejaría de ser coyuntural para convertirse en estructural. Nuestra atención debe centrarse en las infraestructuras y recursos críticos -energía, transporte, agua, agricultura- y en la necesidad de reforzarlos y adaptarlos ante un futuro más incierto y exigente.

Ante ese escenario, la respuesta no puede ser improvisada, sino estratégica y multinivel: planes de adaptación coordinados entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios, alineados con los marcos europeos y sectoriales.

Será necesario actualizar planes de emergencia, invertir en infraestructuras resilientes, revisar normativas urbanísticas y reforzar los servicios públicos que sostienen la respuesta en crisis -protección civil, sanidad, gestión del agua y energía- frente a las dinámicas de privatización que no hacen sino debilitar su capacidad operativa. Además, la adaptación debe incorporar a la ciudadanía, al tejido productivo y a la comunidad científica en procesos participativos que generen corresponsabilidad, prevención y cultura del riesgo.

Pero también hay una cuestión que debemos tener en cuenta y es cómo nos va a afectar esta nueva normalidad, tanto a nivel colectivo como individual. Como sociedad, pondrá a prueba nuestra capacidad de organización, solidaridad y apoyo mutuo ante unas emergencias cada vez más frecuentes, así como la equidad en la distribución de ayudas y recursos.

Y en el plano individual, la repetición de episodios extremos, la incertidumbre constante y las pérdidas materiales pueden generar ansiedad, fatiga emocional y sensación de vulnerabilidad, convirtiendo la salud mental en un factor clave de resiliencia colectiva.

Tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero hubo un tiempo en que solo hablábamos del tiempo para llenar el incómodo silencio del ascensor. Teníamos inviernos fríos, veranos calurosos, otoños lluviosos y primaveras locas. No sabíamos qué era una Dana, ni poníamos nombre a las borrascas. La información meteorológica en la tele era breve y sencilla, sin tecnicismos ni mapas de colores, solo graciosos huevos fritos para el sol. De vez en cuando se desbordaba un río —y dejaba decenas de muertos, sí—, se paralizaba una provincia entera por la nieve o batíamos un récord histórico de temperatura; pero en general no se alteraba mucho nuestra vida, no sabíamos quién era el responsable de emergencias en nuestra comunidad, las televisiones no hacían directos con periodistas a punto de ahogarse o de morir congelados, y la información del tiempo era eso, información, no espectáculo. No es un ejercicio de nostalgia, solo recuerdo de dónde venimos y dónde estamos.

La nueva normalidad meteorológica es vivir esperando el próximo ES-Alert, planear viajes que no sabemos si podremos hacer, organizar eventos que se suspenden solo un día antes, ver a tu alcalde o presidente autonómico con chaleco reflectante día sí y día también, o que te avisen por la noche de que se suspenden las clases al día siguiente y qué haces con tus hijos. En toda mi vida de escolar no recuerdo que ni una sola vez nos cancelasen clases por mal tiempo; mis hijas acumulan varias cada curso, ya sea por calor, lluvia o viento. Tampoco he tenido tantos cambios de planes y viajes anulados a última hora como en los últimos meses. Y lo mismo digo con los parques cerrados, los partidos de fútbol suspendidos y el estado de emergencia discontinua en que vivimos.

Por supuesto está la Dana de Valencia, cuya negligente respuesta hace que hoy hasta el último alcalde prefiera pasarse de frenada antes que ser acusado de inacción. Y no menosprecio lo mucho que hemos mejorado en prevención y respuesta ante fenómenos extremos; yo también prefiero que se pasen a que nos dejen tirados. Hablo de la combinación de una meteorología alterada, con una sociedad muy vulnerable y que exige riesgo cero.

En cuanto a lo primero, los expertos dirán si la reiteración de catastróficas borrascas y olas históricas de calor o frío son, como parece, consecuencia de la emergencia climática, y serán nuestra anormal normalidad en adelante. Mazón y su inepto equipo pudieron provocar más de doscientos muertos, pero los daños materiales se habrían producido igualmente aunque hubiesen avisado a tiempo (recordemos, 120.000 coches destrozados, que se dice pronto). De ser así, si esto es lo que nos espera, tendremos que replantear todo, desde los transportes y el mantenimiento de infraestructuras, al coste económico para administraciones, aseguradoras, empresas y ciudadanos.

En cuanto a lo segundo, la vulnerabilidad, ya la pandemia nos desnudó como una sociedad tan compleja, interconectada y dependiente de la movilidad de personas y mercancías, que se tambalea ante cualquier imprevisto. La meteorología adversa, en su reiteración, trastoca todo y nos paraliza. Y añadimos algo que, lejos de ser un inconveniente, es un avance, pero que lo hace todo más difícil: en la medida de lo posible queremos minimizar todo riesgo, y castigamos duramente al gobernante que no ponga todos los medios disponibles -que siempre serán pocos- para protegernos.

Así que empezamos nueva semana a la espera del próximo ES-Alert, que no tardará en llegar, pues su uso se ha multiplicado. De las críticas y burlas por los primeros avisos hace solo tres años, hemos pasado al envío casi semanal que algunos gobiernos practican. Tanto, que a este paso acabará perdiendo su carácter extraordinario, los dejaremos de atender y habrá que inventar otro sistema de alerta. Ánimo.

En un mercado de moda saturado de conceptos como ‘eco’, ‘orgánico’ o ‘consciente’, es fácil olvidar que la industria textil es responsable del 10% de las emisiones globales de carbono, según datos de Naciones Unidas. “Los consumidores confiamos en que las marcas se ocupen de hacer las cosas bien (...) Olvidamos esa herramienta diabólica de marketing llamada ‘greenwashing’: una empresa anuncia su compromiso medioambiental pero no lleva a cabo ningún gran cambio significativo, solo busca blanquear su imagen”, recoge en ‘La moda justa’ Marta D. Riezu. 

“Para mí, ser respetuosos con el medio ambiente en temas de moda no significa comprar ropa con etiquetas que utilizan palabras que al consumidor le cuesta descifrar su significado real y que solo sirven para limpiar nuestra conciencia consumista”, afirma Asun Domínguez, patronista y directora de Asun Domínguez Escuela de Moda. “Lo verdaderamente importante es que el consumidor asuma la responsabilidad de qué y cómo consume”, añade.

Reducir el consumo

La sostenibilidad no solo reside en el tejido, sino en qué y cómo se consume. “Lo único consciente que podemos hacer como consumidores es comprar con responsabilidad y evitar la compra impulsiva”, admite Domínguez, que asegura que el primero que nos lo agradecerá será nuestro bolsillo. 

La mayoría de artículos y expertos sobre el tema coinciden en que no comprar y utilizar lo que ya se tiene es siempre la opción más sostenible. “Pero esto no interesa, porque las industrias necesitan ese consumismo impulsivo y si para ello necesitan sacar una etiqueta ‘green’, la sacan”, opina la experta, que recomienda pensar varios días si realmente necesitamos una prenda antes de comprarla. 

Domínguez también subraya la importancia de tomarse el tiempo para pensar cómo combinar las prendas con el objetivo de reutilizarlas: “Invirtiendo un poco de tiempo en ver cómo introducirlas en nuevos ‘looks’, podamos darles una nueva vida”. Así como de “donar, regalar o vender lo que definitivamente no te vas a poner”.

Evitar el ‘fast fashion’

“No nos engañemos: el ‘fast fashion’ barato y la sostenibilidad no son compatibles”, zanja Domínguez, que defiende que no hay opciones verdaderamente ecológicas y baratas. “Es un tema demasiado amplio y las redes están llenas de artículos sobre el tema, pero la realidad es que lo realmente ecológico es costoso”, resume.

La importancia de los materiales

Cada material tiene sus ventajas dependiendo de las prioridades ambientales de cada uno, advierte la experta. “Todos tienen sus pros y contras: el algodón es mejor si te preocupa la contaminación de los océanos y los residuos; mientras que el poliéster es mejor si te preocupa la huella de carbono y la durabilidad”, explica Domínguez. “El poliéster es casi indestructible, una camiseta te puede durar 10 años sin deformarse, mientras que la de algodón se suele gastar antes”, aclara.

En su caso, explica, “más que evitar uno concreto, busco calidad, me fijo en los acabados, que no destiñan ni se deformen y que se puedan lavar y planchar en casa”.

El Gobierno presentó hace dos semanas el segundo borrador del Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática. Entre sus ejes, una red estatal de refugios climáticos frente a las olas de calor, varias medidas para prevenir los incendios, nuevas oportunidades para el medio rural o una Respuesta Nacional que aumente la resiliencia hídrica del país ante sequías e inundaciones.

Cuatro meses atrás, en medio de la oleada de incendios que acongojó al país durante el verano por su abrumadora ferocidad, Pedro Sánchez pronunció estas palabras: “Necesitamos una estrategia que anticipe una mejor respuesta [...] ante el agravamiento y la aceleración de los efectos de la emergencia climática en nuestro país. Y eso exige un gran pacto de Estado [...]”. El PP se apresuró a tachar la propuesta de “cortina de humo” y Vox de “fanatismo climático”, pero en los próximos meses tendrán que dar más explicaciones acerca de este rechazo, ya que el siguiente paso de este documento es el de ser debatido en el Congreso.

Y es que la región mediterránea es un “punto caliente” del cambio climático, en palabras del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Es por ello que órganos como las asambleas ciudadanas climáticas llevan tiempo demandando algo así.

En su elaboración han participado entidades científicas e investigadores, organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales, así como representantes del sector agrario, pesquero, o entidades rurales y urbanas. Entre los implicados ha estado Greenpeace España. Ahora que el segundo borrador es ya una realidad, Eva Saldaña, Directora Ejecutiva de la ONG, valora la trascendencia de esta propuesta.

¿Cómo explicaría la importancia de un Pacto de Estado, teniendo en cuenta que no se trata de un documento vinculante?

Creo que su importancia es la de lograr un gran acuerdo social y político que establezca que tenemos claro que hay una crisis actual enfrente muy grande en la que la respuesta y las soluciones no pasan por las ideologías políticas. Una crisis en la que la especie humana está poniendo en jaque su supervivencia. Lograrlo implicaría que estamos todos y todas en ello, de alguna forma, participando, sintiéndonos responsables y colaborando en las soluciones.

El documento incorpora el reconocimiento al sector primario. Hasta ahora estaba muy invisibilizado 

Si desde Greenpeace tuviesen que ponerle una nota a este último borrador del Pacto, ¿qué nota le darían?

Me voy a situar en un siete. Por un lado, porque avanza de forma importante con respecto al primer borrador. Por otro, porque incorpora el reconocimiento de que la ganadería, la agricultura y la pesca son sectores que pueden transformarse, contribuir a la mitigación del cambio climático, proteger la soberanía alimentaria y lograr ser resilientes a estas crisis. El sector primario hasta ahora estaba muy invisibilizado, pero va a jugar un papel muy relevante en los próximos años. 

También hemos celebrado que incorpora áreas clave como la biodiversidad, los ecosistemas marinos y costeros, el refuerzo al conocimiento científico en todas las políticas públicas, y la parte de lucha contra la desinformación climática. Otros puntos importantes son el del Plan de Empleo Verde, además de esa gran apuesta por los refugios climáticos y el tratamiento de la salud con enfoque integral. No obstante, todavía faltan cosas, como un mayor compromiso con la mitigación. La adaptación y la mitigación son dos caras de la misma moneda.

¿En qué otros aspectos considera que hay que trabajar para que este documento no se quede tan solo en un conjunto de buenas intenciones?

En todo lo que tiene que ver con la gobernanza y con una participación ciudadana efectiva y basada en la ciencia. Creo que, aparte del reto de convencer a todo el espectro parlamentario, este aspecto es lo que puede hacer que se blinde como un pacto de Estado real, en el que la ciudadanía sea absolutamente protagonista. Y el segundo aspecto es la coherencia de políticas. Es muy importante —y empieza a verse que esa es la orientación que se le quiere dar a este Pacto— que haya coherencia entre los ministerios y a nivel nacional, regional y local. Que no sea visto como un asunto que solo es cosa del Ministerio de Transición Ecológica.

Por otro lado, creo que sería crucial que quede reflejado un apartado relacionado con gravar y eliminar ayudas a quienes contaminan para que se dediquen esos recursos a las transformaciones necesarias para mitigar y adaptarnos.

Entiendo que puede haber acuerdos más fuertes o menos fuertes, pero hay ciertas cosas que hay que blindar [...]. De lo contrario nos vamos a ver en situaciones mucho más complejas que la dana de Valencia

Cuando ve al PP y a Vox desdeñar o rechazar públicamente este Pacto, ¿qué piensa?

Pues creo que es una irresponsabilidad absoluta y también una inmoralidad, porque ya estamos en la mitad de la década que la comunidad científica marca como decisiva, y ya hemos visto muchas muertes muy cerca, como en Valencia. Hemos vivido, además, uno de los peores años en las últimas décadas de incendios, con pueblos y regiones enteras absolutamente destrozadas. 

Creo que las personas, el planeta y la democracia tienen que estar en el centro, que este pacto tiene que conseguir justo eso, y que todo lo que sean ideologías se tienen que dejar a un lado. Entiendo que puede haber acuerdos más fuertes o menos fuertes, pero hay ciertas cosas que hay que blindar por las generaciones presentes y futuras. De lo contrario nos vamos a ver en situaciones mucho más complejas que la dana de Valencia.

¿Cree que se puede conseguir la firma del PP? ¿Qué piensa que tendría que ocurrir para que así fuera?

Yo creo que el PP debería firmarlo, ya que es una responsabilidad no solo política, sino ahora también jurídica. Y creo que la ciudadanía tiene que empujar para que eso suceda, porque es una emergencia que nos toca a todos y todas. No entiende de colores políticos, de lugares de procedencia, de estatus económicos. Tienen que firmarlo: es una obligación moral con toda la ciudadanía. Si no, habrá que recurrir a los espacios de los tribunales, que estamos viendo que también están trayéndonos victorias y pasos adelante.

¿Cree que ha llegado ya el momento, o que así será de forma inminente, en el que no apoyar la causa climática podrá perjudicar seriamente a los partidos?

Yo creo que tendría que haber llegado y me gustaría poder decir que así es. Sin embargo, estamos viendo un panorama europeo y mundial que no nos dice eso, de momento. Pero estoy convencida de que esto con el tiempo se va a decantar y va a caer por su propio peso, porque nos estamos jugando mucho. Ya no solo son todas las pérdidas económicas, sino también las vidas humanas. Y creo que esto la gente lo está sintiendo en su piel con situaciones familiares muy complejas o de pueblos enteros afectados.

Queremos que el Plan de Empleo Verde asegure la reconversión justa de sectores que están en declive y que contribuya a abordar los retos demográficos en las áreas rurales

¿Cómo un Pacto como este puede impactar positivamente en la realidad cotidiana de las personas?

Este tipo de pactos, aunque de momento no estén en el sobresaliente, sí nos pueden mejorar la vida. Esto tiene que ver con tener viviendas dignas y sostenibles gracias a una climatización adecuada para el invierno y para el verano; con sostener a esos trabajadores del sector primario, que son los que nos alimentan; con una alimentación saludable, sostenible, y asequible para nuestros bolsillos; con que la energía que llegue a nuestras casas sea más barata; con nuestra salud en primer término, con el aire que respiramos.

En ese sentido, ¿podría detenerse en la propuesta del Plan de Empleo Verde Rural?

En el documento está reflejado como algo aún ambiguo. Necesitaríamos entender mucho más cuál es la propuesta que está sobre la mesa. Lo que sí que vamos a pedir y por lo que vamos a luchar es por que se garantice la perspectiva de género y que el plan consiga impulsar empleos sostenibles de calidad en áreas como son la restauración de ecosistemas, la agricultura y ganadería extensivas, la agroecología, la pesca artesanal, la bioeconomía local, la innovación social…

Yo creo que hay mucho espacio para generar empleo que, además, llegue a la gente joven y que pueda ser una bolsa de empleo para las personas que lleguen a esas zonas rurales. Queremos que asegure la reconversión justa de sectores que están en declive y que contribuya a abordar los retos demográficos en las áreas rurales, como son la despoblación, el envejecimiento de la población, las dificultades para mantener servicios públicos. 

Ha mencionado antes la importancia de que por fin se reconozca al sector primario. ¿Este Pacto tiene el potencial de contribuir a limar las asperezas entre este sector y la causa climática? ¿Se corre el riesgo, por otro lado, de que ocurra lo contrario?

Yo creo que sí, que esta es una oportunidad muy grande para ello. De hecho, en los procesos de participación y de diálogo en los que hemos podido estar —que espero que haya más, se consoliden, y vayamos a por parlamentos ciudadanos permanentes— hemos estado de la mano con los sindicatos agrarios y creo que tenemos mucho en común con lo que avanzar, y este puede ser un gran espacio de diálogo. Por eso decía que es tan importante que sea un acuerdo social y político. Tienen que estar representados todos estos sectores, porque juegan un papel fundamental y lo único que hay que hacer es apoyarles para que puedan transitar. Hay que hacer unas transiciones paulatinas en las que se valore el trabajo que hacen y puedan vivir en condiciones completamente dignas, como pedimos para el resto de la sociedad.

De las medidas para criminalizar a la inmigración a la condena del Pacto Verde Europeo. Hace una semana el grupo parlamentario Vox en las Corts planteó una Proposición No de Ley (PNL) que, entre otras cosas, plantea una serie de medidas que vinculan a los inmigrantes con delincuencia, una suerte de primer peaje al PP por haber apoyado la investidura del presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca.

Este miércoles llegó el segundo de los peajes con la presentación de una segunda PNL (documento completo al final de la información) que ataca el Pacto Verde Europeo. En su discurso para ser elegido presidente, Pérez Llorca ya advirtió de que el Pacto Verde Europeo ha sido “impuesto por élites europeas de despacho”, cuando la realidad es que lo pactó el propio PP Europeo con el apoyo de los socialistas en Bruselas.

El jefe del Consell asumió de lleno los postulados de la extrema derecha cuando afirmó: “Desde Bruselas condenan a nuestro campo a cargar con más costes y mientras dejan entrar productos de otros países que no cumplen las mismas medidas, eso es incompetencia y desequilibrio. Exigimos una política firme contra lo que discriminan nuestros productos. Pedimos rigor y sentido común, nada más, un debate que debemos afrontar de forma sosegada y no con desinformación. Vamos a defender nuestro sector primario frente a las condiciones de Bruselas y una impostura ecologista que las élites europeas quieren convertir en un dogma”.

Ahora, las palabras se deberán traducir en hechos cuando se lleve la PNL a votación en el pleno de las Corts entre febrero y marzo. Entre otras cosas, el documento insta al Consell a “suprimir, mantener eliminadas, o en todo caso, reformar, todas aquellas cargas fiscales y tasas autonómicas derivadas de la imposición del Pacto Verde y que condenan a nuestro sector primario privándoles de un correcto desarrollo laboral y económico” y a “condenar de manera explícita el Pacto Verde Europeo promovido en el año 2020 por las élites de Bruselas”.

Al mismo tiempo se pide al ejecutivo valenciano “compensar al sector primario valenciano a través de medios económicos las posibles imposiciones ideológicas de Bruselas y multas derivadas de los requisitos imposibles y desproporcionados que afectan gravemente a nuestra agricultura”.

Del mismo modo se exige al Gobierno central que inste a la Comisión Europea a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a que realice “una flexibilización de los requisitos y normas imposibles de cumplir de manera plena y efectiva por parte de nuestros agricultores” y nuevamente que rechace “de manera clara y contundente el Pacto Verde Europeo aprobado por las élites de Bruselas en el año 2020”.

La emergencia climática y su repercusión en el entorno urbano ya no es una cuestión de segundo orden. En nuestras ciudades vivimos, trabajamos y respiramos. Y con el arranque del nuevo siglo se ha instalado una ocupación intensiva del territorio que ha dado la espalda a la naturaleza, al medio ambiente, al agua y a todo aquello que permite una habitabilidad donde la superpoblación se impone a los corredores verdes y a una integración del clima, el paisaje y los ecosistemas.

No es un contexto que pase desapercibido para expertos e investigadores de la regeneración urbana. Y ese es el caso del grupo de investigación ‘Eco-Futuring. Laboratorio de diseño para la ciudad verde’, reconocido como grupo de Alto Rendimiento por la Universidad de Alcalá (UAH). Nació hace 15 años debido a la preocupación de un grupo de profesores y profesoras que ya habían puesto en marcha el Máster en Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad.

El motivo de sus inquietudes: la emergencia climática, las cuestiones medioambientales y su repercusión en el entorno urbano. Conscientes de que uno de los mayores desafíos del siglo XXI es precisamente redefinir el modelo de ciudad, trabajan en comprender cómo los retos ambientales, sociales y económicos afectan al entorno urbano y requieren iniciativas que integren el clima, el paisaje y los ecosistemas en el núcleo del diseño arquitectónico y urbano.

Hay que evitar el divorcio entre la naturaleza y el entorno construido

Rosa Cervera — Profesora Emérita de Arquitectura de la Universidad de Alcalá

Lo explica Rosa Cervera, profesora emérita de Arquitectura y coordinadora del grupo de investigación. Según detalla, en el origen de un futuro insostenible en las grandes ciudades se encuentra la elevada demanda energética de la urbe contemporánea, los efectos de las emisiones nocivas derivadas de los edificios y del transporte, y el “divorcio entre naturaleza y entorno construido”.

Toda esta situación exige explorar “nuevas alternativas que permitan recuperar el equilibrio con el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”. Pero ¿cómo hacerlo?

Para ello es fundamental ser conscientes de que el modo de desarrollo urbano aún dominante se basa en la extensión y “ocupación intensiva” del territorio, una dinámica que califica de “depredadora” por la degradación sistemática del entorno natural y los ecosistemas, olvidando que “sin él la vida humana no es posible”.

En este contexto, uno de los objetivos prioritarios del grupo de investigación es revisar los modelos de tramas y redes urbanas, evaluando sus consumos y emisiones, así como profundizar en el estudio de indicadores de sostenibilidad para valorar su pertinencia y proponer nuevas soluciones.

Esos nuevos enfoques de diseño urbano se basan en soluciones de “inspiración natural”, como, por ejemplo, la potenciación de corredores verdes (con vegetación relevante) o azules y verdes (con agua y vegetación), que son “capaces de reducir de forma efectiva el efecto isla de calor y mejoran la salud y bienestar del ciudadano”.

“El objetivo es transitar de un sistema urbano basado en el consumo intensivo de energía y territorio a uno orientado a la producción energética, la resiliencia, la prevención de desastres naturales y el equilibrio ecológico, fomentando un urbanismo más sostenible y saludable para la ciudadanía”.

La experta hace hincapié en que se trata de cuestiones transversales a la mayoría de las ciudades del mundo, pero que tienen matices muy distintos según la densidad de población o según estén o no construidas con algún tipo de regulación o “formalidad”.

Hay ejemplos sobre la mesa. Porque esta indagación ha llevado a los investigadores a estudiar aplicaciones prácticas. Es el caso del estudio de la ciudad de autoconstrucción 'Satélite Norte' en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), que le ha permitido desarrollar análisis y propuestas en cooperación con los vecinos que llegaron a materializarse y fueron reconocidos con el Premio a la Transferencia del Conocimiento de la UAH en 2017.

Asimismo, trabajan en la investigación sobre los slums de Mumbai (India), cuyos resultados se plasmaron en el libro ‘Mumbai Ciudad Reciclada, interpretando el Slum’.

Rosa Cervera indagó especialmente en el tema de la ciudad superpoblada, es decir, una megaurbe de más de 20 millones de habitantes. Puso la lupa en el desarrollo de la Ciudad Jardín Vertical 'Torre Biónica', concebida con una altura de un kilómetro.

Pensada para Shanghái, en China, señala que esta propuesta plantea un modelo de urbanismo vertical capaz de albergar a 100.000 personas, organizadas en barrios que se desarrollan en altura, “evitando la expansión ilimitada del tejido urbano”. Además, incorpora plazas públicas y parques distribuidos a diferentes niveles, promoviendo espacios verdes y de recreo.

Este modelo de ciudad vertical es “completamente autosuficiente energéticamente”, integrando tecnologías de energía renovable y sistemas de gestión eficiente de recursos. Incluso cuenta con un barrio-granja que produce alimentos in situ, “garantizando seguridad alimentaria y reduciendo la huella ecológica de sus habitantes”. La Torre Biónica también contempla estrategias de movilidad vertical y horizontal sostenibles.

Así, con un modelo de urbanismo que integra densidad poblacional, eficiencia energética y espacios verdes en un solo ecosistema urbano vertical, queda demostrado que es posible “concebir ciudades resilientes y habitables frente a los retos de la superpoblación, la crisis ambiental y la necesidad de reconectar la vida urbana con la naturaleza”.

Microalgas: de sumidero de CO2 a fertilizante

El grupo de investigación sabe que la implicación de las administraciones públicas es fundamental para avanzar hacia este modelo y su coordinadora considera que las instituciones están avanzando hacia una “mayor conciencia ambiental”. Siempre con la práctica en el horizonte, actualmente lleva a cabo un proyecto experimental y “altamente rupturista” en colaboración con la Empresa de Servicios Municipales (ESMASA) del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid).

¿En qué consiste? El grupo de la UAH ha realizado y construido una fachada que incorpora el cultivo de microalgas. El objetivo es generar un efecto sumidero de CO2, contribuyendo a la mejora de la contaminación urbana; y producir biomasa, que en este caso se emplea como fertilizante cien por cien biológico, eliminando los nitratos de alto coste energético.

Esta iniciativa, que tuvo su origen en un proyecto de I+D+i financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), evolucionó desde la investigación científica básica hasta su materialización en soluciones arquitectónicas construidas. “Tras un año en funcionamiento, el proyecto demuestra que esta línea de investigación ofrece una alternativa real, prometedora y económicamente viable, capaz de introducir una nueva estética arquitectónica verde y abrir posibilidades para un urbanismo más sostenible”, señala Cervera.

A lo largo de estos 15 años, el grupo ha trabajado también en diferentes líneas que además coinciden con el interés y especialización de los diferentes miembros que lo componen.

Una de ellas se centra en el entorno rural y la emergencia poblacional, con el objetivo de “resignificar el patrimonio” y los modos de habitar como estrategia frente a la despoblación. Lo curioso es que no se limita a la conservación, sino que busca innovar a partir de las preexistencias, explorando nuevas formas de activar el territorio.

Actualmente, colaboran con el Ayuntamiento de Budia, en Guadalajara, desarrollando tanto estudios integrales del tejido urbano como talleres y proyectos-atractores que “evidencian el potencial del medio rural como un espacio contemporáneo de belleza productiva y sostenible”.

El estudio de 'ciudades extremas'

Otra de sus líneas de investigación, ya muy avanzada y que se materializará próximamente en un libro, se centra en el estudio de ciudades extremas, es decir, aquellas sometidas a máximas tensiones ambientales, sociales o económicas.

“Se trata de urbes que enfrentan desafíos extraordinarios: algunas están amenazadas por la subida del nivel del mar, otras soportan temperaturas extremas o incendios cíclicos; algunas se encuentran sobre permafrost y se hunden progresivamente debido al deshielo; otras padecen escasez endémica de agua o recursos críticos”.

Aunque muchas de estas condiciones se deben directamente al cambio climático, otras derivan de fenómenos sociales o geopolíticos, como migraciones masivas, conflictos armados o transformaciones económicas abruptas.

El objetivo de esta línea, concluye la profesora, es analizar cómo estas ciudades responden a “tensiones extremas”. Para ello, estudian sus estrategias de adaptación y resiliencia, y extraen lecciones aplicables a la planificación urbana y al diseño arquitectónico en “contextos críticos”, anticipando “escenarios futuros de riesgo ambiental y social”.

En definitiva, estos expertos y expertas quieren dejar claro que otras ciudades son posibles. Que contra esta “depredación” urbanística, hay alternativas viables para un futuro conectado con el entorno natura, la movilidad sostenible y la calidad de vida.

Ante el desafío de la emergencia climática, cada vez más gobiernos de ámbito estatal, autonómico o municipal están apostando por la deliberación ciudadana a través de asambleas y otros ejercicios de organización democrática. En Europa, distintos países, entre ellos Francia, Reino Unido, Irlanda, Escocia, Alemania o Dinamarca, han puesto en marcha mecanismos de deliberación para asegurar que la transición ecológica se haga en clave de justicia social. 

En el caso del Estado español, la Asamblea Ciudadana para el Clima es una experiencia de democracia deliberativa que ampara la Ley de Cambio Climático de 2021, y cuyo mandato, iniciado en diciembre del 2021 y concluido un año después, consistió en elaborar recomendaciones para “lograr una sociedad más justa y segura frente al cambio climático”. Compuesta por 100 personas seleccionadas al azar para representar a la sociedad, y tras varias sesiones de trabajo, asesoradas por personas expertas, desarrollaron un documento final con 172 recomendaciones que se presentó al Congreso de los Diputados.

Además de la Asamblea Ciudadana para el Clima a nivel estatal, se han llevado a cabo otras asambleas a diferentes escalas, como son las de Illes Balears, de Gipuzkoa y Navarra, la más reciente, y de capitales como Bilbao y Barcelona, entre otras.

Una Asamblea ciudadana climática es un ejercicio de democracia deliberativa que permite escuchar la opinión formada sobre la emergencia climática de una muestra representativa de la ciudadanía que encarna el conjunto de intereses existente en la sociedad, con el objetivo de emitir recomendaciones y/o propuestas de política pública al Gobierno, al Parlamento y a la sociedad en general.

La OCDE, en colaboración con un grupo internacional de importantes profesionales de la administración pública, la sociedad civil y la universidad, ha publicado los criterios de mejores prácticas en los procesos deliberativos de toma de decisiones públicas, algunos de los cuales son: 

En lo que respecta a Navarra, la Asamblea Ciudadana del Clima se desarrolló desde febrero hasta mediados de junio del presente año y su constitución es un compromiso recogido en la Ley Foral 4/2022 de Cambio Climático y Transición Energética. 

La Asamblea Ciudadana del Clima de Navarra, en la que formé parte del Grupo de Personas Expertas (GPE), no cumplió algunas de las características que he señalado anteriormente, aunque en otras sí. Así, por ejemplo, no se contempló que sus decisiones fueran vinculantes, y las 30 personas participantes -en un inicio iban a ser 50- que finalmente representaron la diversidad del territorio en cuanto a edad, género, nivel de estudios o lugar de residencia, no fueron escogidas mediante un sorteo cívico aleatorio de ciudadanos y ciudadanas, un requisito fundamental para este tipo de procesos deliberativos.

La asamblea a partir de la pregunta “¿qué debemos hacer en Navarra ante el cambio climático de manera efectiva y socialmente justa?”, y a lo largo de once sesiones desarrolló propuestas que tengan en cuenta el cambio climático en áreas como la ordenación territorial, la agricultura y ganadería, el consumo, la movilidad, la energía, la biodiversidad y ecosistemas, la responsabilidad empresarial…, que concluyeron con la aprobación por votación de 106 propuestas. El próximo día 16 de diciembre la Asamblea Ciudadana de Cambio Climático presentará ante el Parlamento de Navarra el informe de recomendaciones y propuestas, y a partir de ahí serán las administraciones quiénes decidan si se aplican o no.  

De estas 106 propuestas, se priorizaron quince por su importancia y prioridad, que van desde la reducción del uso de energía, materiales y consumo además de impulsar “políticas de decrecimiento”, hasta la renaturalización y restauración ecológica de espacios degradados, aplicación de una fiscalidad ambiental efectiva mediante impuestos y otras medidas que desincentivan la contaminación y promueven prácticas sostenibles, regulación de explotaciones y macrogranjas, incremento del presupuesto y personal para medio ambiente y biodiversidad…

En lo que respecta a Euskadi, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición Energética y Cambio Climático, el Gobierno Vasco debe configurar “una Asamblea Ciudadana en Euskadi que sea un foro para generar reflexión y conocimiento colectivo en materia de transición energética y cambio climático”. 

La composición, organización y funcionamiento de la Asamblea Ciudadana de Euskadi serán reguladas mediante un decreto tal y como establece la ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático, y deberá seguir las directrices sobre participación ciudadana de diversos organismos internaciones, anteriormente enumeradas. En este sentido difiere de la Asamblea Ciudadana del Clima en Navarra, en la cual las personas participantes no fueron escogidas mediante un sorteo cívico aleatorio de ciudadanos y ciudadanas, un requisito fundamental para este tipo de procesos deliberativos.

En lo qué si las dos Asambleas Ciudadanas del Clima coinciden, la vasca y la navarra, es en que las propuestas que se hagan por parte de los asambleístas no contemplan que sus decisiones sean vinculantes, a partir de lograr un nivel de consenso cualificado tal y como reclamaron las organizaciones ecologistas y otros organismos.

Ante el cambio climático, es más necesario que nunca establecer herramientas de participación democrática reales de forma estable, representativas de la diversidad social y con capacidad vinculante. Un espacio institucionalizado donde ciudadanía, actores sociales y comunidad científica diseñen, supervisen y controlen cuestiones tan relevantes como la reducción de emisiones o las políticas de adaptación.

El futuro del Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada (OBSNEV) corre peligro. Así lo denuncian cientos de investigadores y científicos vinculados a esta institución, creada hace 20 años para estudiar los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas, en un espacio tan singular como lo es la montaña granadina. Desde noviembre de 2024 no existe un convenio que regule su funcionamiento, dejando en el aire su continuidad y provocando preocupación en toda la comunidad científica.

Mientras la Junta de Andalucía asegura que trabaja en la creación de un nuevo marco de colaboración con la Universidad de Granada (UGR), la otra institución que compone el OBSNEV, los investigadores no ocultan su inquietud. Hace más de un año que el convenio expiró y, según ellos, esta parálisis institucional coloca al observatorio en una “situación crítica”, pese a que la Consejería de Sostenibilidad lo ha señalado públicamente como ejemplo de buena práctica y referente científico internacional.

Casi 800 científicos y académicos, liderados por Regino Zamora, coordinador del OBSNEV y catedrático de Ecología de la UGR, han firmado una carta de apoyo en la que alertan de que la falta de respaldo institucional y económico amenaza una infraestructura científica que no solo genera conocimiento, sino que conecta ciencia, gestión y ciudadanía. En ese sentido, el observatorio ha desarrollado herramientas de gestión adaptativa, sistemas de información ambiental como Biblionevada, Climanevada, Histonevada o MonitorEO, y ha promovido precisamente la participación de la ciudadanía en la conservación de ríos y lagunas de Sierra Nevada.

Un proyecto referente

El OBSNEV es también un referente internacional. Tanto que fue vital para el Diploma Europeo de Áreas Protegidas otorgado al Parque Nacional de Sierra Nevada. Según la Consejería de Sostenibilidad, la existencia del observatorio fue clave para alcanzar el galardón. Además, gracias a proyectos como Smart EcoMountains, PRESINMED, Life Adaptamed o EVEREST, ha desarrollado seguimientos a largo plazo sobre nieve, productividad de la vegetación, polvo sahariano y clima, generando información que permite anticipar impactos ambientales y diseñar respuestas adaptativas.

La importancia de estos seguimientos ecológicos a largo plazo es esencial: permiten distinguir tendencias reales de fluctuaciones temporales, evaluar eventos extremos como olas de calor, sequías o turismo masivo y ofrecer datos fiables para la toma de decisiones. Los investigadores recuerdan que la continuidad institucional y científica es imprescindible para que estos datos sigan siendo útiles, así como la colaboración entre científicos, técnicos y gestores. Sin ello, advierten, se corre el riesgo de perder décadas de conocimiento acumulado y de interrumpir la infraestructura de investigación más sólida de Andalucía sobre cambio climático en montañas mediterráneas.

Pese a ello, es paradójica también la situación actual del observatorio porque la propia Junta de Andalucía estaba siendo una de sus principales impulsoras. Sin ir más lejos, además del reconocimiento por el Diploma Europeo de Áreas Protegidas, la Consejería de Sostenibilidad pretendía llevar la experiencia y conocimientos del proyecto al recién creado Parque Nacional de la Sierra de las Nieves en Málaga. Además, desde que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno gestiona Andalucía, la inversión total en Sierra Nevada ha crecido año tras año. Sin embargo, en junio de este mismo año se le comunicó a los responsables del observatorio que el convenio que había regido hasta noviembre de 2024 no iba a poder continuar de la misma manera.

Sin acuerdo entre las partes

No obstante, desde la Universidad de Granada explican que se mantienen a la espera de los pasos que dé la Junta para la renovación del acuerdo que permite su funcionamiento. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, por su parte, afirma que está trabajando en la adaptación del convenio para adecuarlo a las nuevas necesidades del Parque Nacional y a los marcos financieros actuales. Según explican, el personal de campo (técnicos de AMAYA y agentes de medio ambiente) sigue colaborando con la UGR y no hay intención de que deje de hacerlo. Además, se están implementando otros mecanismos de financiación, como una orden de ayudas de I+D+i por 2,4 millones de euros, publicada en consultas públicas el 5 de noviembre, destinada a proyectos desarrollados por el observatorio.

Pese a la buena voluntad que dicen mostrar las instituciones, Regino Zamora alerta de que la situación sigue bloqueada. Según él, tanto la Consejería como el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que ha emergido como mediador para asegurar la continuidad del proyecto, reconocen la importancia del OBSNEV y su carácter de referente internacional, pero ninguna de las dos instituciones ha encontrado una solución concreta para garantizar su continuidad. “Estamos pendientes de una conversación entre MITECO y la Consejera para ver si son capaces de desbloquear el tema. Ambos dicen que están muy preocupados, y a la vez, no son capaces de encontrar una solución”, explica Zamora.

El propio MITECO ha confirmado a elDiario.es Andalucía que está estudiando fórmulas para intervenir y evitar que el OBSNEV desaparezca ante “el abandono de la Junta”. Según el Ejecutivo nacional, el proceso está en marcha. No en vano, como deslizan los científicos firmantes de la carta: no se trata solo de preocupación académica, sino de un riesgo tangible de pérdida de una infraestructura científica clave para la gestión ambiental en España.

Los investigadores insisten en que la continuidad del OBSNEV requiere voluntad política real y financiación estable a largo plazo, tal y como señalan los principios fundamentales de los programas de seguimiento ecológico. Entre ellos destacan: definir objetivos claros, mantener protocolos comparables en el tiempo, asegurar la calidad y continuidad de los datos, adaptarse a nuevas preguntas y eventos extremos, garantizar la participación de científicos y ciudadanía, y mantener la financiación como base indispensable.

Si el OBSNEV desaparece, advierten los científicos, se perdería un instrumento clave para la gestión de los ecosistemas de montaña frente al cambio global, justo cuando la necesidad de información científica sólida y aplicada es más urgente que nunca. La ciencia que protege Sierra Nevada, dicen, no puede depender únicamente de la voluntad política del momento, sino de compromisos claros que aseguren su supervivencia en el futuro.

Activistas del grupo ecologista 'Extinction Rebellion' tiñeron este sábado de verde el Gran Canal de Venecia (norte de Italia) como parte de una protesta contra las “políticas ecocidas” del Gobierno italiano y los efectos del cambio climático, en el marco de las últimas jornadas de la COP30 en Belém, Brasil.

La manifestación, que contó con la participación de la activista sueca Greta Thunberg, se enmarca dentro de una serie de acciones simultáneas en varias ciudades italianas bajo el lema “Detener el Ecocidio”.

Además de Venecia, otras nueve ciudades italianas acogieron manifestaciones similares. En Turín (norte) se tiñó el río Po en los Murazzi, en Bolonia (centro) el río Reno en el Canal de las Molinas, en Milán (norte) la Darsena de los Navigli, en Parma (norte) el arroyo de Parma y en Taranto (sur) el río Tara.

“Mientras el Gobierno italiano sigue bloqueando las medidas más ambiciosas, el mundo se enfrenta a un colapso climático irreversible”, denunciaron los organizadores de la protesta en un comunicado, donde aclararon que la sustancia utilizada, la fluoresceína, es una sal no tóxica que desaparece rápidamente.

“La fluoresceína desaparecerá en poco tiempo, pero los efectos del colapso climático no”, escribieron los activistas en redes sociales.

La protesta de este sábado llega casi dos años después de una acción similar, en 2023, cuando Extinction Rebellion también tiñó de verde el Gran Canal de Venecia para denunciar la inacción durante la COP28, bajo el lema “Mientras el gobierno habla, nosotros pendemos de un hilo”.

En esta ocasión, los organizadores destacaron que, desde entonces, el planeta “ha alcanzado nuevos récords de temperatura, nuevos eventos climáticos extremos han causado más víctimas y generado daños incalculables en todo el territorio”.

Por su parte, el presidente de la región del Véneto, Luca Zaia, criticó la protesta y la calificó como “un gesto que hiere la ciudad”.

“No es con acciones vandálicas como se defiende el medio ambiente. Son gestos que dañan Venecia, obligan a intervenciones de restauración y, paradójicamente, generan contaminación”.

Al menos una persona falleció y otras 28 resultaron heridas, entre ellas españoles, portugueses y británicos, como consecuencia de fenómenos extremos de viento fuerte en el sur de Portugal, que provocaron este sábado la caída de un techo en un restaurante y estragos en un camping de Albufeira.

El comandante regional del Algarve de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Vitor Vaz Pinto, en rueda de prensa, confirmó que dos de los heridos se encuentran en estado grave.

Vaz Pinto también informó que los heridos tienen edades entre los 6 y los 85 años. La víctima mortal, una mujer británica de 84 años, estaba en un camping de Albufeira.

En ese camping fue donde resultaron heridos cuatro españoles, según la ANEPC, de edades comprendidas entre los 9 y los 54 años. Tres de ellos resultaron heridos leves, mientras que un hombre permanece hospitalizado en el Hospital de Faro tras resultar herido “ligero”, según confirmó una fuente de la ANPEC.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó a través de una nota publicada en web de la Presidencia su solidaridad con los familiares de la víctima mortal, consecuencia del paso de la depresión Claudia, esta mañana en Albufeira. Asimismo, deseó una “pronta recuperación a los ciudadanos heridos”.

Otras dos personas murieron el jueves en la zona de Seixal, en el área metropolitana de Lisboa, después de que la vivienda en la que se encontraban se inundara por la lluvia.

El jueves 32 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas debido a las inundaciones en los municipios de Abrantes, Salvaterra de Magos, Seixal y Pombal.

Desde el miércoles, la ANEPC ha registrado 3.363 incidencias relacionadas con la situación meteorológica, entre ellas inundaciones, caídas de árboles y estructuras y deslizamientos.

Se espera que el temporal se alargue durante el fin de semana, al menos hasta la madrugada del lunes.

Intensas lluvias y fuertes rachas de viento en varias zonas de la Península

En la provincia de Huelva tanto la capital como la localidad de Nerva han sufrido inundaciones por las intensas precipitaciones que han caído durante este sábado.

En Nerva, además, las inundaciones se han incrementado por el desbordamiento de un barranco cercano.

La tromba de agua que ha caído en Córdoba capital sobre las 14:20 de este sábado, acompañada en algunas zonas por fuerte rachas de viento, ha provocado caída de árboles y de postes eléctricos. El temporal ha arrancado el techo de un comercio en el Sector Sur.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en aviso amarillo a Castilla y León, incluida la provincia de Ávila, que pasó la jornada del jueves en nivel rojo por acumulación de más de 120 litros por metro cuadrado.

En la localidad de Barco de Ávila el río Tormes llegó a desbordarse, inundando el municipio y las zonas cercanas.

La tormenta Claudia también deja lluvias intensas e inundaciones en Reino Unido y en Irlanda

La tormenta Claudia dejó este sábado lluvias intensas y provocó graves inundaciones a su paso por el Reino Unido, en especial en Inglaterra y el sur de Gales, así como en algunas partes de Irlanda.

La Agencia Ambiental de Inglaterra (EA, por sus siglas en inglés), indicó en un comunicado emitido poco antes del mediodía del sábado que había vigentes más de 200 avisos y alertas por riesgos de inundación.

El organismo medioambiental informó asimismo de que, por el momento, una veintena de viviendas se han inundado a causa de la tormenta Claudia, incluyendo algunas en la zona de Cumbria (noroeste inglés) que ya habían sufrido inundaciones por lluvias antes, mientras que unas 12.000 propiedades han podido ser protegidas con defensas temporales tras la intervención de los agentes de la EA.

“Lamentamos profundamente las inundaciones sufridas en los últimos días. Si bien solo han afectado a un pequeño número de viviendas, no deja de ser devastador para quienes se han visto perjudicados”, dijo en la nota el responsable de turno de inundaciones de la EA, Joe Cuthbertson.

Una de las áreas más perjudicadas por la tormenta Claudia ha sido Gales, donde se ha declarado un “incidente grave” en la zona de Monmouth, al sur, y el Gobierno regional ha pedido a los vecinos que eviten cualquier tipo de desplazamiento para despejar las carreteras y ayudar a las labores de los servicios de emergencia.

La diputada del partido populista de derechas Reform UK en el Parlamento galés Laura Anne Jones agregó en la red social X que también se han provocado cortes de luz en Monmouth y que los damnificados han sido evacuados al polideportivo de la localidad.

Y ha alentado a la población a realizar donaciones para “quienes no tuvieron tiempo de recoger sus pertenencias”.

Las imágenes difundidas por los medios británicos y a través de las redes sociales muestran coches, casas y negocios completamente sumergidos en el agua, así como a los efectivos atravesando las calles para rescatar a las personas aisladas por las inundaciones.

Según los datos difundidos este sábado por la Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office), un pluviómetro en Tafalog in Gwent, Gales, registró una acumulación de 119,6 milímetros (mm) de lluvia entre la tarde del jueves y la primera hora de la mañana del sábado y otro de Suckley (centro de Inglaterra) 80,6 mm en el mismo periodo.

La tormenta también causó estragos en Irlanda, principalmente en el condado de Wexford, al sureste de la isla, donde las lluvias han inundado locales y viviendas y han dejado a más de 3.000 personas sin electricidad.

La Agencia de Medio Ambiente de Reino Unido recuerda que si el agua está a una altura de al menos 30 centímetros los coches flotarán, por lo que es muy peligroso conducir en esas condiciones.

“El planeta, en la cuerda floja”. Este es el mensaje que ha desplegado una activista de Greenpeace en una cinta suspendida a 30 metros de altura entre dos edificios en pleno centro de Madrid. Su objetivo es visibilizar su demanda de “justicia climática” con motivo del inicio de la Cumbre del Clima (COP30) este lunes en Belém, corazón de la Amazonía brasileña, y advertir que esta cita es “una oportunidad única para frenar la deforestación y exigir justicia climática en una década crítica”,

La activista ha caminado a primera hora de la mañana de este lunes entre dos edificios de la plaza de España, en la esquina con la calle Princesa, a 30 metros de altura y sobre una cinta de highline de 55 metros de largo. “Caminar sobre la cuerda floja simboliza la urgencia de avanzar con firmeza hacia adelante y no dejar de dar pasos firmes en la dirección correcta”, explican desde Greenpeace que también recuerda que el Gobierno de España debe liderar “una postura ambiciosa y valiente en esta COP, sin ceder ante los pasos en falso del retardismo climático de la Unión Europea o el negacionismo global de líderes como Donald Trump, que pueden precipitar al planeta al abismo del cambio climático”.

Con esta acción inédita, Greenpeace advertir a los gobiernos reunidos en Brasil y exigirles “fechas para el fin del uso del carbón, gas y petróleo, nuevos impuestos a la industria fósil y un plan para acabar con la deforestación antes de 2030”. “Aunque el planeta se encuentra en un frágil equilibrio ecológico y se acumulan las señales de alerta en forma de danas, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos extremos, tenemos las herramientas necesarias para evitar los peores escenarios”, ha señalado a EFE la directora ejecutiva de Greenpeace España-Portugal, Eva Saldaña.

Saldaña, que estará presente en la COP30, ha insistido en que “solo hace falta voluntad política y cooperación internacional para anteponer la protección de la vida a los intereses económicos particulares”, por lo que “la COP30 es una oportunidad clave para detener esta crisis ecológica global de forma valiente”.

En el caso de España, Greenpeace recuerda que es imposible olvidar los efectos de algunos fenómenos meteorológicos extremos agravados por el cambio climático que han tenido un impacto demoledor sobre la población, los medios de vida y los ecosistemas. Por ejemplo, la dramática dana de 2024 o la ola de incendios forestales de este mismo verano. “Intentamos no perder el equilibrio y tener esperanza, pero la clase política en lugar de incrementar la acción climática da ahora pasos más lentos, más inciertos, más dubitativos”, explican.

Desde la organización ecologista destacan en un comunicado que la 30ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará hasta el 21 de noviembre de 2025 en Belém llega “en un momento crítico para la acción climática mundial”.

En este sentido recuerdan que, a 10 años de la aprobación del Acuerdo de París, por el que los países se comprometían a evitar que el calentamiento global superase 1,5 ºC, es “la primera COP desde que las temperaturas medias globales superaron ese límite físico en 2024, un indicador alarmante de la aceleración de la crisis climática”. “El mundo se encuentra en mitad de lo que la comunidad científica ha llamado una década decisiva frente a la emergencia climática. Es urgente que los líderes mundiales mejoren los planes climáticos presentados en la COP30 de Belém”, reiteran desde Greenpeace, alertando también sobre los compromisos actuales.

De esta manera, aseguran que, incluso aunque cumplieran los compromisos actuales, el calentamiento global se dirige a un preocupante aumento de entre 2,3 ºC y 2,5 ºC, unas cifras muy alejadas del límite de 1,5 ºC del Acuerdo de París, por lo que ven como paso clave “acabar con el uso de los combustibles fósiles”.

Desde el colectivo ecologista también han hecho llegar sus principales demandas de cara a esta COP30, solicitando especialmente “un plan de respuesta global para abordar la brecha de ambición que separa lo que los gobiernos están haciendo respecto a lo que deberían hacer para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC”.

Por ello, reclaman acelerar la reducción de emisiones, especialmente en sectores clave como la energía (incluida la transición para abandonar los combustibles fósiles), la agricultura, los bosques y el uso de la tierra, en consonancia con los principios de equidad, justicia y transición justa.

También solicitan un nuevo Plan de Acción por los Bosques de cinco años dentro del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para “detener y revertir la deforestación y la degradación forestal antes de 2030”.

Por último, demandan el establecimiento de un nuevo punto permanente en la agenda de la COP30, para “aumentar la financiación pública internacional que los países del Norte global deben aportar, y promover una fiscalidad basada en el principio de ”quien contamina paga“ para desbloquear una mayor financiación pública para los países del Sur global”.

A punto de cumplirse diez años del histórico Acuerdo de París del 15 de diciembre de 2015 nos encontramos con la 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima que se celebra del 6 al 21 de noviembre de 2025 en Belém, Brasil. El reto es, si de una vez por todas se va a poner en marcha las promesas hechas en el pasado.

Diez años después, las emisiones y temperaturas globales se mantienen en máximos históricos, y en 2024 se sobrepasó 1,5ºC, que era el límite que el Acuerdo de París venía a plantear para 2.100. 

Los datos no invitan a ese optimismo a día de hoy, ya que los compromisos de reducción hasta ahora presentados por los países nos llevarían a aumentos de temperatura cercanos a los 3 grados, muy lejos del objetivo marcado para evitar un cambio climático catastrófico. 

La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París es muy grave. Es responsable de más del 11% de las emisiones globales y el principal emisor histórico. Pero conviene recordar que ya lo hizo en 2017 cuando por primera vez fue presidente Trump, y el mundo siguió avanzando. Sin embargo, la diferencia ahora es que, en esta ocasión, no hay esa decisión para seguir adelante en muchos países clave. A diferencia de hace unos años, el trumpismo de hoy no se queda sólo en Estados Unidos.

La Unión Europea, por ejemplo, que fue líder en la lucha contra el cambio climático, hoy ha abandonado esa posición. Nadie contrarresta el negacionismo de Trump con la decisión necesaria que requiere la gravedad de la emergencia climática en la que estamos inmersos. Y, el problema es que ya son demasiadas COPs en las que sólo con mantener las negociaciones parece una victoria. Y eso es muy poquita cosa. 

Y, ¿cómo están las cosas en Euskadi? En 2024, Euskadi ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero un 18% respecto a 1990, aunque hay que decir que el objetivo marcado por la UE para 2030 es de una reducción del 55%. O sea, estamos lejos, aunque el objetivo de reducción de los GEIS de la Ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático, aprobada por el Parlamento Vasco en la pasada legislatura, tras el acuerdo de PNV, PSE y EH Bildu, fue de una reducción de un 44% en 2030. Es decir, más bajo que lo planteado por la UE. Por tanto, hay mucho trabajo por hacer.  

Pero siendo la mitigación muy importante y debemos hacer mucho más en Euskadi, no nos podemos olvidar del otro pilar de la lucha contra la crisis climática, la adaptación frente al cambio climático.

En nuestra comunidad se han dado avances en planes de adaptación, pero no basta con declararlos. Se deben evaluar los riesgos, priorizar la protección de los sectores más vulnerables y garantizar que las medidas se implementen correctamente. Esto incluye infraestructuras verdes, refugios climáticos accesibles, rehabilitación de viviendas, eficiencia energética, planes de concienciación ciudadana… Voy a poner un ejemplo con los refugios climáticos. De nada servirán si no hay accesibilidad, y deben ser fáciles de alcanzar para todas las personas, incluyendo a aquellos con movilidad reducida; deben tener cierto confort térmico y ser confortables, donde la gente pueda descansar o socializar; deben incorporar elementos como vegetación, agua y materiales que reflejan el calor para ayudar a regular la temperatura y abiertos al público, que se pueden usar de forma libre y gratuita, sin estar ligados al consumo.

Se suele decir que la esperanza es lo último que se pierde. El hecho de que ningún país haya seguido el ejemplo de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo de París es esperanzador, pero quedan muchas incertidumbres con respecto a las emisiones de China e India y tenemos la debilidad política de la UE. Si no se consiguen avances importantes, va a ser imposible alcanzar el objetivo de 1,5 grados del Acuerdo de París.

También hay que pensar que es necesaria una revisión fundamental de las COPs. Como han manifestado un grupo de destacados científicos en una carta dirigida al secretario ejecutivo de Cambio Climático de la ONU, Simon Stiell, en estas reuniones se debe pasar de la negociación a la aplicación para poder cumplir los compromisos acordados y garantizar la eliminación progresiva de la energía fósil. Y, que haya una representación equitativa en las conferencias, dado que los lobistas de los combustibles fósiles superan en número a los representantes científicos, indígenas y de las naciones vulnerables al clima.

No nos queda mucho tiempo para evitar una catástrofe que ponga en peligro la supervivencia humana en este planeta. Y, al contrario de lo que piensan los habitantes de Marte como Elon Musk, no hay planeta B. Si en la COP 30 de Belém (Brasil) no se alcanzan avances sustanciales, como ha ocurrido en las últimas COPs, esto hará que se produzca sólo la supervivencia de las negociaciones que últimamente aparece como una victoria. Y eso, no es suficiente, ni mucho menos. Es un resultado muy raquítico. 

Al mismo tiempo, en el marco de la COP30 en Belém, se celebra una Cumbre de los Pueblos, un espacio de la sociedad civil donde ecologistas, indígenas, feministas y otros movimientos sociales exigirán justicia climática y alternativas al sistema actual, protestando por la inacción gubernamental. Esta cumbre paralela busca influir en las negociaciones oficiales, presentar soluciones desde la base y afirmar la necesidad de un cambio profundo frente a la crisis ecológica. 

El cambio climático no depende solo de los líderes gubernamentales. En una buena proporción de la sociedad civil, de sus gentes que se movilizan, que demandan justicia y alzan la voz por un futuro habitable.

Ya lo habían expresado miembros del Gobierno, pero este viernes, aprovechando además su presencia en la cumbre internacional de lucha contra el cambio climático por antonomasia (la COP30 que se celebra en Brasil), el presidente ha querido dejar claro su temor a que un acuerdo entre PP y Vox en la Comunitat Valenciana ponga aún más en riesgo los esfuerzos por la lucha contra la emergencia climática en esa región, especialmente golpeada por fenómenos como la dana, que dejó 229 muertos hace un año. Pedro Sánchez ha reclamado elecciones: “Si hay que temer algo es al negacionismo de Abascal y de Vox. Y lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana”.

“Como presidente del Gobierno manifiesto mi preocupación porque las negociaciones que se están produciendo y celebrando entre el Partido Popular y Vox deriven en un desmantelamiento de toda la agenda climática, de toda la arquitectura institucional y presupuestaria para hacer frente a la emergencia climática en una zona, el Mediterráneo, en particular la Comunitat Valenciana, que claramente se ha visto afectada por las consecuencias de esta emergencia climática”, ha afirmado.

“El problema no ha sido únicamente el expresidente Carlos Mazón. El problema también ha sido una mayoría parlamentaria negacionista que ha banalizado, frivolizado y debilitado la respuesta desde la Comunitat Valenciana a los efectos de la emergencia climática. Y ha sido más de 230 personas las que han sufrido las consecuencias de la negligencia, pero también de ese negacionismo”, ha agregado Sánchez en referencia al acuerdo que Mazón rubricó con Vox en 2023 para hacerse con el poder y que, entre otras cosas, acababa con la recién creada Unidad de Emergencias Valenciana (UVE) que puso en marcha Ximo Puig.

El presidente ha circunscrito esa petición de elecciones para “romper esa mayoría negacionista y para que pueda haber un futuro diferente, más comprometido con la ciencia, con la razón, con políticas públicas que incrementen la seguridad de la Comunitat Valenciana ante un hecho evidente que son que es la emergencia climática”.

Las palabras de Sánchez se producen en el marco de la COP30, a la que el tirón antiecológico llega con cierta fuerza tras haber logrado descafeinar la posición de la UE, que mantiene, eso sí, el compromiso de reducir los gases de efecto invernadero en un 90% para 2040, y con la certeza de que Donald Trump hará oídos sordos. El presidente, no obstante, ha evitado las críticas directas a Trump. “No es noticia que la nueva Administración de EEUU se está retirando de mucha de la agenda multilateral. Desde el punto de vista de otras potencias, el compromiso es firme”, ha dicho el presidente, que se ha referido al acuerdo alcanzando en la UE: “Me debo a lo que hace Europa, a lo que está liderando España y no opino sobre lo que puedan hacer otras administraciones”.

“Diálogo” como “receta” pese al portazo de Junts

Sánchez se reafirmado en que puede agotar la legislatura con los Presupuestos de 2023 prorrogados y se aferra a la “receta” del “diálogo, de comprensión, de compromiso, de voluntad, de llegar a acuerdos, de no imponer, sino de construir y compartir” para seguir adelante pese al portazo que este jueves volvió a darle Junts al asegurar que rechazará todas las leyes que el Gobierno tenga o lleve al Congreso a partir de ahora. “Me tomo muy en serio, lógicamente, lo que dicen los grupos parlamentarios, pero creo que el esfuerzo merece la pena y que debemos perseverar en este empeño porque los resultados están ahí”, ha dicho el presidente sobre el crecimiento económico y del empleo que le llevan a asegurar que España vive “su mejor momento en los últimos 45 años”.

“Lo hemos logrado con mucho esfuerzo, con mucha convicción, con mucha tenacidad, con mucha capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos”, ha asegurado Sánchez en una rueda de prensa en Belem (Brasil) tras participar en la COP30. El presidente se ha referido a los datos macroeconómicos, pero también a la “proyección internacional” de España, en un momento en el que saca pecho por el “liderazgo” en materia medioambiental, la “paz social”, por los acuerdos alcanzados con sindicatos y empresarios, y “paz territorial”, en referencia al conflicto político en Catalunya.

“El Gobierno de España va a ser el primero en arrimar el hombro, en tomarse en serio el cumplimiento de sus compromisos. Y lo que yo espero es que todos los grupos parlamentarios pongan de su parte, porque creo que el esfuerzo merece la pena”, ha rematado.

“Con nuevos presupuestos, sin nuevos presupuestos” hasta 2027

El mensaje que envía el presidente es que tiene margen para seguir gobernando, a pesar de que el 'no' de los siete diputados de Junts a todas sus iniciativas provoque en la práctica un bloqueo de la legislatura. De hecho, Sánchez ha admitido que seguirá adelante aunque las cuentas públicas no se aprueben. “Sobre los Presupuestos Generales del Estado hay tres certezas. La primera de ellas es que el Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado. La segunda es que sudaremos la camiseta, como creo que la estamos sudando hoy todos aquí por el calor que hace. Y en tercer lugar, que con nuevos presupuestos, sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027”, ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre si la legislatura está en vía muerta como dicen Junts y otros socios, entre ellos el PNV.

También se ha mostrado convencido de que se podrán seguir empleando los fondos europeos del plan de recuperación de la pandemia, que vencen en agosto de 2026.

“El tiempo pondrá las cosas en su lugar”

Preguntado por la apertura de juicio oral para su hermano, que se sentará en banquillo entre el 9 y el 14 de febrero, acusados de prevaricación y tráfico de influencias junto con el actual secretario general del PSOE en Extremadura por su contratación a través de la Diputación de Badajoz, Sánchez ha asegurado que “el tiempo pondrá las cosas en su sitio”. “Evidentemente, yo defenderé siempre la inocencia, en este caso de mi hermano, como defiendo también la inocencia de mi mujer”, ha afirmado.

El presidente ha dado una contestación idéntica para el caso del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo juicio se está celebrando estos días por la filtración del correo sobre el acuerdo que solicitó la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por un fraude fiscal. “Cuenta con nuestra confianza. Creemos en su inocencia”, ha dicho Sánchez, que ha mostrado el respeto por la labor de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Supremo. “Espero que el tiempo ponga las cosas en su sitio”, ha apostillado.

“Yo no sé si usted será una persona deshonesta, pero su argumentación sí lo es, y es peligrosa para el país, es irresponsable y puede costar vidas”. Así de tajante respondió a los argumentos negacionistas de Vox el doctor en Antropología y científico del CSIC Emilio Santiago.

Durante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico celebrada el pasado jueves en el Congreso, la diputada de Vox Patricia Rueda Perelló vinculó las energías renovables con un posible apagón —pese a que los expertos europeos no presentan evidencias al respecto y no han señalado por ahora responsables del incidente—, aseguró que las olas de calor son “ciclos” y criticó el “ecologismo pijo”.

“Cuando usted recurre a mentiras, como que las olas de calor son ciclos, de verdad, yo no voy a elevar el bulo a la categoría de argumento dándole respuesta”, comenzó el experto, y añadió: “Creo que necesitamos escuchar la voz de la España más conservadora en esta cuestión, la necesitamos y es perfectamente legítima. Lo que no es legítimo es intoxicar el debate con bulo”.

A pesar de su negativa a “elevar el bulo a categoría de argumento”, Santiago abordó la cuestión de las renovables, porque “son dudas que pueden compartir otros grupos”, además de la extrema derecha. En este sentido, realzó que los integrantes de Vox se identifiquen como “patriotas” mientras abogan por energías que dependen de países externos, al no ser España un país productor de petróleo, gas o uranio.

“Entonces, esta hostilidad como patriotas a las renovables es significativa cuando las renovables son la única posibilidad técnica de configurar la soberanía energética de nuestro país. ¡Qué patriotismo más extraño! Es un patriotismo un poco confuso. O quizás es un patriotismo que prefiere primar intereses claramente antiespañoles. ¿Qué queremos, traer el gas licuado de los Estados Unidos?”, reseñó el científico.

A este respecto, matizó que “en la península ibérica, soberanía es igual a renovables, prosperidad es igual a renovables y seguridad climática es igual a renovables”. “Sin duda, hay muchísimas maneras de discutir una implementación más justa, y deberíamos estar en esa discusión, pero no hay ninguna manera de frenarlas sin que sea un error estratégico para los pueblos de la península ibérica”, concluyó.

Además, se refirió a la alineación de Vox con las políticas de Donald Trump “en muchos aspectos” y mostró su deseo de que “no traigan” a España “de vuelta el retorno del sarampión o la prohibición del paracetamol a las embarazadas”.

Quan despenja el telèfon, Joan Josep Estrany Bertos va directe al gra:

–Les precipitacions que van caure sobre Eivissa són homologables a les de Sant Llorenç pel que fa a intensitat i quantitat acumulada. L’única diferència és que, en el cas eivissenc, la pluja va caure en dues tongades diferents i es va concentrar a la franja costanera. Si hagués caigut només dos o tres quilòmetres terra endins (la mateixa quantitat i intensitat), hi hauria hagut problemes greus. Molt greus.

Aquest expert –doctor en Geografia, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), compromès amb desentranyar els misteris de les inundacions des que la Mallorca de la seva adolescència patí fortes riuades a la fi de l’estiu de 1989, amb tres morts a Felanitx– no cita per caprici el temporal que va causar dotze víctimes i un desaparegut a Sant Llorenç des Cardassar l’octubre de 2018. Primer, perquè després d’aquella tragèdia –un xoc per a la societat mallorquina– es van començar a moure les fitxes per crear l’Observatori de Riscos i Emergències de les Illes Balears (RiscBal), que ell mateix dirigeix. Segon, perquè entre dilluns i dimarts de la setmana passada els responsables d’aquella àgora –que proporciona informació actualitzada al segon de manera lliure a través del seu web– no van deixar de revisar i mesurar les conseqüències de la fúria amb què l’extempesta Gabrielle va descarregar 254 litres sobre la ciutat d’Eivissa i la seua perifèria, dades mai vistes en aquest segle. Les primeres hores del 30 de setembre van ser llargues. De matinada, el RiscBal ja publicava un avís: les inundacions picaven a les portes de la capital eivissenca.

“Quan hi ha morts”, explica el geògraf Estrany, “és perquè la velocitat de l’aigua supera els tres o quatre metres per segon. Aquest és el llindar perquè arrossegui, no dic ja una persona, sinó un vehicle (quedar-se dins d’un cotxe en un episodi així dona una falsa sensació de seguretat, pot ser fatídic). A Eivissa hem tengut sort que no hi hagi hagut una resposta hidrològica a les lleres i escorrenties que envolten el Pla de Vila. En aquell cas estaríem parlant d’una torrentada en lloc d’unes inundacions”.

Quan hi ha morts és perquè la velocitat de l’aigua supera els tres o quatre metres per segon. Aquest és el llindar perquè arrossegui, no dic ja una persona, sinó un vehicle (quedar-se dins d’un cotxe en un episodi així dóna una falsa sensació de seguretat, pot ser fatídic)

Joan Josep Estrany Bertos — Geògraf

A prop de la gran inundació

L’anàlisi d’Estrany coincideix força amb la de Miquel Grimalt Gelabert, un altre geògraf de la UIB que, igual que el seu col·lega (a qui va avaluar la tesi, centrada en les sedimentacions de na Borges, el torrent més llarg de Mallorca), també va dedicar el seu doctorat a qüestions hídriques. En el seu cas, a estudiar les inundacions documentades a la seua illa des del segle XIII.

Mentre a Eivissa el primer balanç institucional apuntava alguns ferits –cap de greu– i cap mort, la veu de Grimalt va ser la primera d’un especialista que va sonar a IB3 Televisió. Per assenyalar, sense anomenar-los, el principal agreujant de les gotes fredes: els embuts i embussos que provoca el ciment.

“Evidentment, ha plogut molt i és natural que una zona baixa s’inundi”, va dir Grimalt, durant l’informatiu nocturn de la cadena pública, en directe, “però si feim un passeig marítim que fa de frontera d’un territori que havia estat una albufera, amb unes sèquies que, antigament, l’irrigaven i acabaven traient l’aigua cap a la mar... li hem posat un tap. Hem estat molt a prop de la tempesta perfecta per provocar una gran inundació. No ho ha arribat a ser perquè s’ha quedat al litoral i no ha arribat a les muntanyes de l’interior. En aquell cas, hauria estat una autèntica...”.

'Hem estat molt a prop de la tempesta perfecta per provocar una gran inundació. No ho ha arribat a ser perquè s’ha quedat al litoral i no ha arribat a les muntanyes de l’interior. En aquell cas, hauria estat una autèntica…', va dir Miquel Grimalt Gelabert, geògraf, a IB3

La frase del geògraf va quedar suspesa perquè el presentador del telenotícies li va preguntar per altres zones de l’arxipèlag vulnerables. Inundables. Grimalt va citar el districte de Llevant, els barris –en el seu origen– obrers que van permetre créixer Palma cap a l’est a base d’urbanitzar horts creats després d’assecar marjals. Una rèplica gegantina d’es Pratet, el barri eivissenc que, en aquells instants, més patia les inundacions. Després, la connexió va anar fins al parc de bombers d’Eivissa, on els responsables polítics atenien els periodistes.

Tots –Govern, Consell, ajuntaments–, del PP, amb l’única excepció del socialista Alfonso Rodríguez, delegat del Govern. Marga Prohens, presidenta del Govern balear; Vicent Marí, president del Consell d’Eivissa, i Rafael Triguero Costa, alcalde de la capital insular, van insistir en la “ràpida coordinació”; en els “reforços” de bombers i militars, que van desembarcar des de Mallorca i València; en la “incapacitat de les infraestructures” per absorbir un aiguat així; en què, “per primera vegada”, s’havia activat a la comunitat l’alerta ES-Alert, i en el compromís de “les forces de l’ordre” per evitar una tragèdia humana. Com si volgués remarcar aquest últim punt, l’alcalde Triguero duia posada la jaqueta groga de la policia local amb què va aparèixer a les xarxes socials de l’ajuntament durant tota la jornada.

Silenci polític

Ni en aquella primera compareixença, ni en les que s’han succeït els dies següents, els dirigents populars han fet al·lusió a la manca de planificació urbanística o a l’especulació immobiliària com a factors de risc. El més semblant han estat unes declaracions, al Periódico de Ibiza, on Mariano Juan, conseller eivissenc de Territori, i Vicent Roig, alcalde de Sant Josep de sa Talaia, critiquen la manca de drenatge dels passos subterranis que es van excavar per construir l’autovia de l’aeroport. Ometent que, fa dos dècades, van ser majories absolutes del PP –Jaume Matas, al Govern; Pere Palau, al Consell– les que van tirar endavant un projecte que va provocar una enorme resposta social i uns sobrecostos milionaris. “S’ha demostrat que aquest model faraònic de túnels i trinxeres posa en perill la seguretat de les persones”, va respondre la federació eivissenca del PSOE mitjançant un comunicat.

Ni en la seua primera compareixença, ni en les que s’han succeït els dies següents, els polítics del PP han fet al·lusió a la manca de planificació urbanística o a l’especulació immobiliària com a factors de risc

El ple extraordinari convocat per l’Ajuntament d’Eivissa es va centrar a sol·licitar, per unanimitat, a la Moncloa l’estatus de zona catastròfica per a la ciutat. Un Reial Decret significa sous públics per reparar destrosses i pèrdues. Més d’un establiment –des de comerços fins a grans hotels de cinc estrelles– ha hagut d’avançar de manera forçada la fi de la temporada turística i, una setmana després, a habitatges, magatzems i garatges encara se’n treu el fang. Els càrrecs públics del PP tampoc no han citat el creixement demogràfic i turístic com el fil que enllaça les causes del desastre. El 1977 i el 1992, quan també es van registrar inundacions importants, la capital rondava els 20.000 i 30.000 habitants, respectivament. Ara frega els 54.000 –sense comptar les 17.000 places turístiques legals ni els habitants dels poblats de barraques que envolten el nucli urbà– i, essent un terme minúscul, s’ha convertit en una petita urbs. Eivissa té la mateixa densitat de població que una gran capital com Sevilla.

Eivissa té la mateixa densitat de població que una capital com Sevilla. Els càrrecs públics del PP tampoc no han esmentat el creixement demogràfic i turístic com el fil que enllaça les causes del desastre. L’expansió no hauria estat possible sense construir damunt horta i marjal

De vila a ciutat

L’expansió no hauria estat possible sense construir damunt horta i maresma. El geògraf Grimalt va recordar durant la seua intervenció a IB3 que l’emplaçament original d’Eivissa es va triar, precisament, perquè era un puig, a la boca d’una badia, envoltat d’aiguamolls. Un lloc fàcil de defensar a dos passes d’una plana: finques fèrtils –quan els torrents es desbordaven, el sòl s’enriquia– que, abans i després de la conquesta cristiana, treballaven esclaus, administraven majorals i posseïen nobles. Però allò que un dia va ser la fortalesa d’un indret al qual, pel seu tamany, sempre s’ha dit vila i no ciutat, avui és el seu taló d’Aquil·les. Hi ha naus, fàbriques, cinturons de circumval·lació, hotels, discoteques, restaurants, ports deportius i més edificis en obres en allò que des de sempre ha estat una zona inundable.

El paisatge de bancals, parets i murs, sèquies, molins, ametllers i garrovers que durant segles havia protegit dels desastres naturals els pocs milers de vesins que vivien a un costat i a l’altre de les murades va desaparèixer en tot just unes dècades. La vila es convertia en ciutat. Era més gran, però més feble: un tobogan que no infiltra l’aigua, un gegant amb peus de fang. L’antítesi d’aquesta comarca inundable serien altres racons de l’illa on va ploure gairebé el mateix la setmana passada, però no hi va haver aiguats. L’arquitectura agrícola en va minimitzar l’impacte.

Allò que un dia va ser la fortalesa d’un indret al qual, pel seu tamany, sempre se li ha dit vila –i no ciutat– avui és el seu taló d’Aquil·les. Hi ha naus, fàbriques, cinturons de circumval·lació, hotels, discoteques, restaurants, ports deportius i més edificis en obres en allò que des de sempre ha estat una zona inundable

El PP no prohibeix construir en zona inundable

Aquesta amenaça ja la va detallar –com recordava aquesta setmana el digital Noudiari– un mapa elaborat per la Conselleria de Medi Ambient durant el primer Govern de Francesc Antich (2001) i la corroboren els estudis dels historiadors locals: hi ha documentació sobre inundacions a l’Edat Mitjana i a l’Edat Moderna. Sobretot, a ses Salines, on les riuades que ara engoleix l’autovia de l’aeroport colpejaven aleshores la indústria que extreia mineral dels estanys.

Malgrat tots aquests precedents, el boom turístic –en dictadura– i els primers plans d’ordenació urbana –ja en democràcia, a finals dels vuitanta– van fomentar i normalitzar una pràctica que Marga Prohens, pressionada per Vox, es resisteix a prohibir de manera taxativa: la construcció en zones inundables. Fa una setmana, la presidenta autonòmica analitzava els efectes del temporal mentre tenia darrere seu un alcalde, Marcos Serra, que planteja aprovar un nou planejament urbanístic que manté la possibilitat de construir hotels vora la desembocadura de dos torrents a Sant Antoni de Portmany.

Aquest dimecres, el Govern està convidat a seure a la taula de diàleg on l’Aliança per l’Aigua intenta reunir periòdicament tots els actors de la societat civil: institucions públiques, patronals, ecologistes, entitats culturals, científics. “La primera prevenció hauria de ser no construir en zones inundables: no es poden repetir en un futur imatges com les de Platja d’en Bossa –turistes sortint d’un hotel que s’ha inundat– a la badia de Sant Antoni. Demanarem solucions urgents. És un perill –i ho vam veure al barranc del Poio, a la DANA de València– quan s’encaixen rius i rambles, se’n cimenta la llera, i deixen d’estar vinculats al seu territori fluvial: això augmenta el risc d’una crescuda sobtada del cabal”, anticipa Juan Calvo.

El coordinador de l’Aliança per l’Aigua confessa que, a vegades, se sent atrapat al Dia de la Marmota. Com si, en lloc de biòleg i doctor en Ecologia, fos una mena de trasllat d’aquell reporter que, a principis dels noranta, va encarnar Bill Murray en un dels seus papers més celebrats. La raó? Sant Llorenç des Cardassar i Eivissa tornen a connectar-se: a l’octubre del 2018 va enviar a la premsa insular un article –molt d’anàlisi, poca opinió– gairebé calcat al que ha escrit l’octubre del 2025.

És un perill –i ho vam veure al barranc del Poio, a la DANA de València– quan s’encaixen rius i rambles, se’n cimenta la llera, i deixen d’estar vinculats al seu territori fluvial: això augmenta el risc d’una crescuda sobtada del cabal

Juan Calvo — Coordinador d'Aliança per l’Aigua

– Això vol dir que la major part dels anuncis que es fan després d’una desgràcia queden al tinter per l’estructura governativa que tenim. Tant se val el partit que governi, tot es demora moltíssim, i la realitat ens passa per damunt. El mateix passa amb la sequera: no cal esperar que se’n repeteixi una com la que acabem de viure per aplicar mesures. Em rellegesc i pens: si és que dic el mateix que fa vuit anys!

Calvo diu que, malgrat tot, és optimista. Considera que es pot instal·lar una xarxa de dipòsits de tempesta “lluny de la cota zero” que alleugereixin el que ja existeix al port –1.800 metres cúbics, completament superat el 30 de setembre– en els dies clau, i continua insistint, sobretot, que ses Feixes –des Prat de ses Monges i des Prat de Vila: ocupaven 60 hectàrees, ara menys de la meitat– es poden recuperar.

“Per ser un espai-esponja”, diu Calvo, i exposa la qüestió de manera molt gràfica: “Encara conservam una part dels aiguamolls que envolten la ciutat. S’ha d’evitar que continuïn degradant-se. Com? Reconnectant-los amb les escorrenties i els torrents que, de manera natural, hi desemboquen. Amb la proposta per a ses Feixes no estam inventant la roda: tenim un exemple molt evident a Alacant, on es va recuperar una albufera convertint-la en parc urbà. Si féssim això a Eivissa, aconseguiríem tres coses: crearíem un espai on el ciutadà pogués gaudir diàriament, recuperaríem biodiversitat (amb el canvi climàtic hem de renaturalitzar les nostres ciutats) i augmentaríem la nostra capacitat de recollida d’aigües”.

Els plantejaments del coordinador de l’Aliança per l’Aigua tenen un enemic: l’altíssim valor del sòl. El PGOU que va aprovar el govern municipal de la capital eivissenca el 2023, després d’anys i anys de tràmits. El nou full de ruta urbanística va eliminar la possibilitat d’edificar a ses Feixes des Prat de Vila, gairebé un descampat, en estar empresonades entre avingudes i rondes, i mig cobertes per un aparcament gegant, que continuava negat vint-i-quatre hores després de la darrera tempesta. La reacció no es va fer esperar: la comunitat de propietaris de la marjal va presentar un contenciós administratiu contra l’Ajuntament d’Eivissa. No volien renunciar al dret de construir dins l’aiguamoll.