La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial por la llegada de la tercera ola de calor del verano. Según la agencia, “las temperaturas podrán alcanzar valores extremos, superando incluso puntualmente 44 o 45 °C el miércoles y jueves”.

El territorio afectado será bastante amplio. La AEMET indica que incluirá al tercio suroriental, a los valles del Guadalquivir y del Ebro, a las depresiones del nordeste, a los valles de los Pirineos y al interior de Mallorca.

Se estima que el episodio durará como mínimo hasta el próximo jueves 23, “si bien la incertidumbre es muy elevada” y el calor podría prolongarse más allá de esa fecha, señala la agencia, que añade que “actualizará mañana esta información y recomienda un seguimiento detallado y actualizado de esta situación a través de sus predicciones y avisos de fenómenos meteorológicos adversos en www.aemet.es”.

La segunda ola de calor del verano, que tuvo lugar en los primeros días de julio, dejó en nuestro país un saldo mortal de 622 personas en apenas cinco días.

La situación también es alarmante en el resto de Europa: entre el 22 y el 28 de junio, la agencia Santé publique France calculó de manera provisional 2.025 fallecimientos adicionales por las altas temperaturas en el país galo. La cifra será mucho mayor, pues los especialistas recuerdan que la presión sobre el sistema hospitalario suele prolongarse varios días después de cada ola de calor, dado que los efectos de las altas temperaturas se acumulan en el organismo.

Como explicaba la responsable del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) en el Centro Nacional de Epidemiología, Diana Gómez Barroso, estas muertes no se producen necesariamente “por un golpe de calor, sino por patologías que se agravan”.

Mientras, una evaluación científica ha señalado al causante “inequívoco” de la ola de calor que arrasa Europa: el cambio climático, producido a su vez por las emisiones fósiles.

La Dirección General de Agenda 2030 del Principado de Asturias dará financiación para veinticuatro planes municipales contra la emergencia climática, que permitirán poner en marcha acciones como la creación de un obrador comunitario en Parres, el saneamiento de aguas en Quirós o la planificación de un refugio climático para los vecinos de Allande.

La iniciativa ha sido presentada este jueves por el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, quien ha afirmado que esta es una manera de “hacer efectiva” la Agenda 2030 “en cada municipio de Asturias”.

Acompañado del director general de Agenda 2030, Juan Ponte, el consejero ha explicado que el proyecto tiene una inversión total de 600.000 euros de fondos europeos repartidos por concurso, con una financiación máxima de 40.000 euros por municipio en dos anualidades repartidas entre 2026 y 2027.

El consejero ha añadido que los parámetros del concurso “valoran más a los ayuntamientos con menor volumen de población”, por lo que mayoría de beneficiarios son municipios pequeños.

También ha destacado que “la mitad de los ayuntamientos de Asturias (39)” diseñaron un plan para la convocatoria, lo que demuestra que “hay demanda para continuar avanzando con estas políticas”.

Además, Zapico ha resaltado la “transversalidad ideológica total” en los gobiernos de los municipios que han optado y recibido las dotaciones del plan, entre los que se encuentran corporaciones con mayorías del PSOE, del PP, de Foro o de independientes.

Los municipios beneficiarios son Allande, Amieva, Castropol, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Las Regueras, Morcín, Nava, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Pesoz, Pravia, Quirós, Ribera de Arriba, Salas, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Sariego, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Taramundi y Villanueva de Oscos.

Otras de las iniciativas que se van a financiar con esta iniciativa son Cuchillería de Taramundi 2030: economía circular y arte-industria desde el territorio; el Plan Integral de Infraestructura Verde y Activación Comunitaria de Pesoz; la integración de los servicios ecosistémicos en la planificación municipal de Santa Eulalia de Oscos; la Oficina 2030 de apoyo al asentamiento sostenible de Villanueva de Oscos, y la Estrategia de Reconversión de Terrenos para la Agroecología y la Biodiversidad de San Tirso de Abres.

Al 70% de la población le preocupa mucho o bastante el cambio climático, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Con olas de calor más intensas y tempranas, días con las temperaturas más altas y noches tórridas, incendios que arrasan miles de hectáreas y ponen en peligro a poblaciones enteras, la emergencia global que supone la crisis climática es una evidencia que constata la ciencia. Los divulgadores tratan ahora de que la sociedad “una los puntos”.

Esta temática se ha abordado en el coloquio 'Descarbonizar el futuro: cómo comunicar la emergencia climática', organizado por elDiario.es en colaboración con Acciona. Un encuentro en el que se ha apostado por informar desde las soluciones y se ha trasladado un mensaje optimista: la ciencia sabe cómo paliar la crisis.

“Alarmar, meter miedo, ya no funciona”, explicaba la divulgadora Carmen Huidobro, la mitad de Climabar, quien apuesta por “las soluciones que, además, nos hagan la vida mejor a todos”, en lugar de transmitir lo sostenible “como un rollo” o una obligación. Su compañera, Belén Hinojar, reclama que esa transición se haga sin dejar a nadie atrás, incluyendo “a todas las capas, no solo a unos pocos que viven en el centro de la ciudad o que pueden comprarse un coche eléctrico” y escapando de paradojas como la 'gentrificación verde': “Que aislen los edificios y luego te echen del piso o te suban el alquiler”.

Edith Guedella, la Responsable de Sostenibilidad del Negocio de Construcción de Acciona y divulgadora científica, también coincide en esa estrategia de las soluciones. “Cuando demuestras que es factible, que se puede hacer... es cuando generas más confianza”. Esta experta trabaja midiendo la huella de carbono en un sector donde es “bastante elevada”, por lo que se centra en “poner el foco” donde esta es mayor.

“Desde las empresas, tenemos que demostrar que las tecnologías funcionan, incorporar diseños que puedan hacer que la temperatura disminuya sin necesidad de ahora acondicionado, utilizar aerotermia y trabajar en las certificaciones que surgieron en materia de sostenibilidad”, indica. Guedella, que trabaja divulgando internamente, explica que son los trabajadores los primeros que valoran los cambios, como “el operario de las máquinas eléctricas que ve que solo tiene ventajas, no tiene ruido, ni emisiones y solo tiene que acostumbrarse a cargarla mientras se toma el bocadillo”.

Hacia afuera, la experta de Acciona apuesta por la “transparencia” y los datos frente al greenwashing. “Afortunadamente, tenemos una normativa muy exigente”, celebra Guedella, que defiende que las empresas trabajen para que “la sociedad realmente perciba que estamos aportando”, más allá de un informe de sostenibilidad de cientos de páginas.

El meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo Hernández, coincide en que aunque “los datos son abrumadores”, en ocasiones, “de tanto repetirlos no invita demasiado a la acción”. Desde la AEMET, que ha estado en el punto de mira de bulos y desinformación científica —“mucho más de lo que nos hubiese gustado”, apunta el experto—, han comprendido que generar solo información técnica ya no es suficiente: “Hemos tenido que aprender a traducir esa información, que no siempre es sencilla, y a defender el trabajo que hacen nuestros compañeros y compañeras”.

Del Campo es óptimista, porque “las soluciones ya existen”. “No tenemos que inventar una máquina que chupe CO₂ o irnos a otro planeta. Las soluciones ya están aquí, lo que tenemos que hacer es implementarlas. Tengo la esperanza de que esto no está perdido y que puede hacer que las comunidades puedan vivir mejor, que nos cuidamos más y cambiar el paradigma”.

En la tarea hacen falta referentes en todos los ámbitos. “Mi abuela, a la que llevo dándole la brasa muchos años con el cambio climático, no me ha escuchado jamás”, recuerda Belén, “hasta que un día dijo que había que proteger el planeta porque los había dicho el Papa [Francisco]”. “Creía que me estaba vacilando”, bromea. Pero, con esa anécdota, descubrió que se necesitan diferentes voces: “¡Incluso a Bertín Osborne explicando que si nos quedamos sin bellotas no tendremos jamón!”

Para las fundadoras de Climabar, una de las principales barreras a la hora de difundir información sobre la emergencia climática es el algoritmo de las redes sociales, que premia aquellos contenidos que generan conversación y tienen potencial para viralizarse. Y, en ese terreno, los bulos tienen ventaja: un estudio publicado hace unas semanas señaló que las noticias falsas sobre cremas solares tienen mucha más difusión en Tiktok que la información científica sobre sus beneficios. Ellas tienen claro cómo educar al algoritmo en estos casos: “Cierra la app”.

Victoria González (20 años) acaba de conseguir su primer empleo. Estudia Arquitectura y vive junto a sus padres en San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid. Confeccionó su primer currículum, lo imprimió y salió a repartirlo por todos los comercios de su barrio. “¿Vives por aquí?”, le preguntó la encargada de una cadena de comida rápida. “A la vuelta”, respondió Victoria. “La cercanía es un plus, estás contratada”, le dijo la mujer. Victoria cobra 700 euros por 20 horas semanales. Trabajará hasta septiembre, cuando comience el nuevo curso universitario. Su caso no es una excepción. Más del 45% del empleo juvenil creado en verano en el país se concentra en la restauración y la hostelería, según las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Ministerio de Trabajo. El salario medio de los jóvenes menores de 24 años es de 1200 brutos mensuales.

Elton Björkholm (17 años) también ha conseguido este verano su primer trabajo remunerado. Vive al norte de Estocolmo, en Suecia, en la región de Uppland. Su situación es similar a la de Victoria: universitario, no emancipado y con necesidad de ganar algo de dinero durante las vacaciones. Pero su primera incursión en el mundo laboral es bastante diferente. Trabaja en medio de la naturaleza, construyendo casas para pájaros, necesarias para la cría de los polluelos por la tala masiva de árboles por la industria maderera. Su salario es de 40.000 coronas suecas, unos 3.600 euros (el salario medio para los jóvenes menores de 24 años en ese país es de unos 3.200 euros al mes).

Elton forma parte del proyecto Jóvenes Guardianes del Planeta (YPS, por sus siglas en inglés), una iniciativa pionera en Europa en trabajo juvenil de verano. La organización ambiental Upplandsbygd, financiada por cinco municipios y por la UE, hace de nexo entre aquellos jóvenes con necesidad de empleo e instituciones locales sin muchos recursos para, por ejemplo, fomentar la reproducción de las aves.

Suecia tiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas de la UE. Casi el 25% de los suecos de entre 16 y 24 años no tiene empleo. Hanna Koivukangas, una de las directivas de Upplandsbygd, cuenta que el déficit es muy acentuado en el sector ambiental y natural. Ante este diagnóstico, en una asamblea de esta organización alguien dijo: “Si los jóvenes necesitan trabajo, si la naturaleza necesita ayuda: ¿por qué no crear estos empleos?”.

“Así nació el proyecto y Elton y otros nueve jóvenes se han convertido en los primeros jóvenes guardianes del planeta”, explica Koivukangas. La misión pasa por crear puestos de trabajo que contribuyan a la sostenibilidad ecológica. ¿Cómo funciona? Los jóvenes interesados, de 16 a 24 años, presentan una solicitud en la que especifican trabajos que les gustaría realizar. La organización busca coincidencias con las necesidades de las distintas entidades locales que se dedican a la preservación de la naturaleza. Conecta unos con otros.

“Tenemos diversos proyectos que incluyen el aumento de la biodiversidad en ciertas áreas, acciones contra las especies invasoras, talleres sobre el clima, el inventario de robles, la construcción de casas para pájaros y la creación de senderos para caminatas”, cuenta Koivukangas. La remuneración, agrega, oscila entre 140 y 170 coronas por hora (13/14 euros). Alcanza para un mes de trabajo a tiempo completo o dos meses de trabajo a tiempo parcial.

Crisis climática, desesperanza y falta de oportunidades

El programa Jóvenes Guardianes del Planeta busca cerrar la brecha que existe entre la crisis climática, la desesperanza y la incertidumbre que sienten muchos jóvenes por el futuro y la falta de empleos. “En lugar de limitarse a hablar de problemas ambientales, por ejemplo, se les brinda a los participantes la oportunidad de trabajar directamente en soluciones en su contexto local. Esto puede ayudar a transformar la sensación de impotencia en empoderamiento”, afirma Koivukangas.

Conectar el trabajo, el aprendizaje y el contacto con la naturaleza “añade otra dimensión” a esta triple problemática. Por eso, el proyecto no es un programa de empleo. El objetivo es “desarrollar las capacidades y habilidades prácticas de conservación de la naturaleza, además de fomentar su optimismo hacia el futuro”.

Mirar al futuro con otros ojos

Clara Vikberg (18 años) es otra participante en este programa. Su trabajo consiste en colocar carteles informativos a lo largo de las rutas de senderismo de un histórico campamento de verano de la zona. Los viejos letreros están siendo sustituidos por otros digitales, con códigos QR, para que la información pueda actualizarse constantemente.

Clara ha instalado carteles en los caminos de un bosque en el que se informa sobre todos los beneficios para la biodiversidad que supone dejar los troncos de los árboles en su hábitat natural. “El hecho de saber que hay mucha gente que se preocupa por el medio ambiente y que ayuda activamente, además de permitirnos participar, nos llena de esperanza sobre el futuro, tanto para nosotros como para el planeta”, cuenta la joven tras las primeras semanas de trabajo.

Elton reconoce que su ánimo y perspectiva han cambiado mucho desde que recibe una remuneración por construir casas para los pájaros. “Hasta este verano, mi visión del mundo era bastante negativa. Había visto demasiadas injusticias, sobre todo en lo que respecta al clima”, dice.

Admite que una pregunta le perturbaba con frecuencia: “¿Qué puedo hacer yo como individuo contra todo esto?”. Ahora ha encontrado la respuesta: “Si me organizo en un grupo más grande, las posibilidades son infinitas. Me he dado cuenta de que realmente tenemos el poder de hacer grandes cosas juntos y cooperar entre nosotros”.

Elton se topa con voces escépticas que minimizan el impacto global de un pequeño proyecto que emplea a jóvenes de una pequeña región de Suecia, una superficie minúscula en el mapa mundial. “En Suecia tenemos el proverbio många bäckar små gör en stor å, que se traduce algo así como: Muchos arroyos pequeños forman un gran río”.

No es solo el calor pegajoso, un sol implacable o las noches sin dormir. Los episodios de altas temperaturas que han ido encadenándose en las últimas semanas han provocado cientos de fallecimientos en España. Según los últimos datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), desde el 1 de mayo se han producido 1.682 muertes atribuibles al calor.

La segunda ola de calor del verano, que se alargó desde el pasado fin de semana hasta este jueves, ha dejado un saldo mortal de 622 personas en apenas cinco días. Solo el jueves, se registraron 138 decesos atribuidos a las temperaturas y el miércoles, 123.

La primera ola, con noches “muy cálidas en amplias zonas del país”, arrojó 278 muertes entre el domingo 20 y el jueves 25 de junio, según la Agencia Estatal de Meteorología.

El MoMo se puso en marcha en 2004, tras el gran episodio de calor del año anterior que fulminó a 70.000 personas en todo el continente, 6.500 de ellas en España. Desde 2015, el primer ejercicio del que hay registros, solo ha habido un junio más mortífero por las temperaturas que el que se acaba de despedir: el de 2017, con un millar de decesos atribuibles al calor. En estos 11 años, la media para junio ha sido de 249 defunciones. Este último mes han sido 937.

En cualquier caso, los resultados del MoMo “no son un conteo de muertes”, aclara su responsable en el Centro Nacional de Epidemiología, Diana Gómez Barroso, sino “fallecimientos que, mediante un modelo estadístico —con lo que ha ocurrido en los diez años anteriores— atribuimos que pueden deberse a las altas temperaturas”. “No significa que sea una muerte por un golpe de calor, sino por patologías que se agravan”, explica la experta.

Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas mayores. De hecho, la inmensa mayoría de los fallecimientos atribuidos al calor por la estadística del MoMo corresponden a mayores de 85 años: 632 de los 937 de todo el mes. En el grupo entre 75 y 84 años, se registraron 220 estimadas.

Las personas mayores se ven más afectas porque “termorregulan peor por motivos fisiológicos o por la propia degeneración de la edad, que hace que las glándulas sudoríparas funcionen peor”, explica la coordinadora de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) Divulgación, Rosa Pérez. Pero las altas temperaturas afectan también a aquellos pacientes con patologías crónicas, principalmente con problemas cardiovasculares, renales o respiratorios, diabetes o demencias, a bebés y a mujeres embarazadas, sobre todo en el primer trimestre.

La afectación por calor se nota también en las urgencias hospitalarias y las consultas. “De unos años para aquí, sobre todo en la gran ola de calor del año pasado y este, tenemos muchísimo más trabajo, sobre todo en grandes ciudades y en zonas de costa, donde se mueve mucha gente”, explica la doctora Pérez.

Según los datos del informe Calor extremo, salud en riesgo, realizado por el Observatorio DKV de Salud y Medioambiente y coordinado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, a nivel nacional, “la probabilidad de hospitalización general durante el periodo estival aumenta aproximadamente un 13,5% en asociación con temperaturas extremas”, pero la tasa se dispara hasta el 25,4% en población pediátrica. En 2022, en Francia, “las visitas a urgencias por patologías térmicas se duplicaron y las consultas en atención primaria se triplicaron”. Y en Portugal “los ingresos hospitalarios diarios aumentaron un 18,9% durante los días clasificados como ola de calor”, indica el informe.

Un análisis de 11 millones de admisiones en urgencias en 48 provincias españolas entre 2006 y 2019, realizado por investigadores del IS Global, ya señalaba que las asistencias por trastornos metabólicos y relacionados con la obesidad se duplicaron, las insuficiencias renales crecieron un 77,7%, la infección de tracto urinario un 74,6% y la sepsis un 54,3%.

Y las predicciones sobre el calor no son buenas. “La proyección es que cada vez vamos a vivir más olas de calor, con más noches cálidas y tropicales”, advierte la coordinadora del hub de preparación del IS Global de Barcelona, la doctora Elizabeth Diago Navarro, que apunta a problemas en zonas tradicionalmente cálidas, pero también a aquellas donde el calor es menos habitual, el cuerpo no está preparado y tampoco hay recursos materiales habilitados.

Un ejemplo es la ola de calor que asoló Euskadi en junio y disparó la venta de ventiladores. Pero las altas temperaturas se expanden por el calendario. Pese a las nieves primaverales, a finales de mayo ya se habían batido 12 récords diarios de calor. Ese mes, el sistema registró 123 muertes atribuibles a las altas temperaturas, más que en el mismo mes de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 juntos. Y eso que en esos días “no ha habido olas de calor, pero si jornadas puntuales con altas de temperaturas” que también afectan a la salud, advierte Gómez Barroso.

Un sistema “incapaz de llegar a todo”

Más calor, durante más tiempo, con más problemas de salud asociados y más visitas a los hospitales y los centros de salud comprometen al propio sistema. Sobre todo cuando esta sobrecarga se produce en un momento de plantillas mermadas por las vacaciones. “El conjunto de estos factores puede comprometer los tiempos de respuesta, los circuitos de atención y la capacidad de priorización clínica, especialmente cuando los episodios de calor son prolongados o coinciden con otros factores estresores del sistema”, señala el informe.

Por eso, Diago Navarro insiste en la importancia de dotar de recursos a un sistema, “incapaz de llegar a todo”, para que pueda identificar previamente a “aquellos pacientes más vulnerables y revisar o cambiarles la medicación”. De hecho, algunos fármacos dificultan la termorregulación y compromete a los pacientes en picos de calor, como los diuréticos, los ansiolíticos y los antidepresivos —que toman un 19 y un 15% de las mujeres y un 10 y un 6% de los hombres, respectivamente—.

Todas las voces expertas consultadas señalan además a otros factores del cambio climático como posibles tensores del sistema y un riesgo para la salud de la población. “Estamos viendo cómo cada día aumentan los eventos meteorológicos adversos, que son cada vez más largos e intensos; las enfermedades infecciosas, que cambian su lugar de distribución; lluvias torrenciales, inundaciones y tormentas devastadoras, que tienen un impacto en la salud”, apunta Gómez Barroso.

Desde Semes advierten que los efectos del calor son físicos y personales, pero también colectivos. “También afectan al conjunto de la sociedad. A veces hay problemas de suministro, los transportes se ven afectados o se generan desigualdades”, apunta la doctora Pérez.

Para los riesgos personales, la coordinadora de la sociedad de médicos de urgencias y emergencias hace las recomendaciones habituales: evitar salir a la calle en las horas centrales del día, buscar la sombra y lugares donde poder refrescarse, vestir tejidos naturales y cubrirse la cabeza y no realizar actividad física durante los tramos de más calor —tampoco bricolaje, jardinería o cocinar—. Además, recomienda ventilar la vivienda o buscar refugios climáticos si no es posible —buena parte de las asistencias por calor se producen en los domicilios—, hidratarse aunque no se tenga sed y no abandonar la actividad física, con paseos moderados cuando cae el sol.

Los incendios de los últimos 70 días, avivados por las temperaturas extremas, producto a su vez de la crisis climática, ya han calcinado 34.000 hectáreas.

Más de 6.600 de ellas se encuentran en la zona de Los Gallardos (Almería). El territorio calcinado es visible desde el satélite.

El incendio almeriense es hasta ahora el más mortífero en lo que va de siglo en España y el más grave de la historia de Andalucía, con 12 muertos y 23 desaparecidos, además de decenas de evacuados.

Un calor continuo ha ido secando el monte durante meses, al tiempo que las precipitaciones se detenían. Cuando, finalmente, han llegado las olas con temperaturas extremadamente altas, los incendios forestales han ido sucediéndose. De los siniestros simultáneos en Catalunya, a los fuegos de Huelva y Huesca, hasta el más mortífero que se recuerda en Andalucía, con 12 fallecidos y 23 personas sin localizar, en la provincia de Almería.

Los datos reflejan que, desde que el calor severo se instaló sobre la península ibérica en mayo, la superficie arrasada por el fuego ha pasado de 27.000 hectáreas a principios de ese mes, a unas 61.000, según el análisis a partir de las últimas imágenes por satélite del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (Effis), tomadas este mismo viernes. Un acelerón de 34.000 hectáreas que han ardido en 70 días en incendios avivados por las temperaturas extremas.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, la superficie quemada a estas alturas del año está por encima del doble de la media de las últimas dos décadas: 61.000 hectáreas arrasadas, frente a un promedio de 25.000. A 10 de julio, solo habían ardido más bosques y montes en 2012, 2022 y 2023.

Detrás de esas cifras están las personas que, este jueves, han perdido la vida en Los Gallardos, los vecinos sin localizar en poblaciones muy dispersas y miles de evacuados —un millar de ellos solo en ese municipio— en esas comarcas almerienses.

“Nos hemos acostumbrado a hablar de récords de temperatura, de olas de calor y de incendios extremos, pero esto es una crisis en la que el cambio climático es una clave fundamental”, reflexiona la responsable de incendios en Greenpeace, Mónica Parrilla. Tras el siniestro en Almería, esta ingeniera forestal añade que “los fuegos han evolucionado de un problema ambiental y social a un problema de protección civil”.

Según los registros provisionales del Ministerio de Transición Ecológica —que van más retrasados—, al comenzar mayo, la superficie afectada por las llamas estaba un 30% por debajo de la media de la década para esa fecha. A 28 de junio, que es el último dato publicado, estaba ya un 18% por encima de ese promedio, con 43.000 frente a 36.000 hectáreas.

“En la región mediterránea, periodos pronunciadamente húmedos pueden generar una producción de biomasa por encima de la media, que lleve a tener más combustible cuando se dan otros secos, lo que resultará en incendios más extremos”, explica un análisis de las precondiciones para los incendios forestales del Instituto de Ciencia Climática y Atmosférica de Zúrich, que analizó todas las temporadas de fuego entre 2000 y 2023.

Dicho de otra manera: cuando las plantas han podido crecer mucho por las lluvias y un calor prolongado las va secando —quitando la humedad—, se crean las condiciones propicias para un fuego violento y rápido.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha estrenado este año un nuevo índice de peligro de incendio en el que, a las variables meteorológicas, le ha añadido información sobre el estado de la vegetación y la humedad del suelo.

El calor aumenta, el campo se seca

Si la ola repentina de incendios de 2025 tuvo entre sus detonantes la denominada sequía flash, este año la situación responde más al proceso habitual descrito en el trabajo de la institución suiza. El invierno en España fue, “en su conjunto, muy húmedo en cuanto a precipitaciones”, según lo calificó la Aemet. Llovió un 140% respecto a la media.

Sin embargo, a partir de entonces, se han ido encadenando semanas y semanas, básicamente, cada vez más cálidas y más secas, siguiendo el patrón que está imponiendo el cambio climático. La primavera meteorológica —marzo, abril y mayo– resultó muy cálida, la segunda más calurosa desde que hay registros. Se dio ya un episodio de temperaturas “inusualmente altas” con valores de verano. A eso se le añadió que fueron meses secos. Llovió un 25% menos que el promedio, según los datos de la Aemet.

Después llegó un mes de junio “extremadamente cálido”, el segundo más caluroso desde que hay registros, 3,2ºC por encima de lo normal y apenas llovió un 39% de lo que suele ser habitual en esta época del año. El día 21 de ese mes llegó la primera ola de calor de 2026.

Es urgente avanzar en autoprotección para que los municipios sean zonas seguras. Y, a corto plazo, invertir en prevención social, es decir, que la población sepa cómo actuar en caso de incendio

Lourdes Hernández — Experta en incendios de WWF

La cuestión es que el cambio climático está generando unas condiciones meteorológicas y del propio medio natural más propicias para que los incendios empeoren una vez que algo o alguien los enciende. En el caso del incendio de Almería, la única hipótesis que se baraja por el momento es que el fuego surgiera por la caída de un poste eléctrico. Eso sería la chispa que hace estallar la dinamita de un monte seco sometido a altas temperaturas.

A eso se le suma la expansión de la llamada interfaz urbano-forestal, en la que cada vez más viviendas se incrustan en el monte e incrementa la vulnerabilidad al fuego.

“En los incendios forestales hay un componente humano que es tan importante como lo meteorológico y el combustible”, aclara la catedrática y experta en ordenación del territorio Cristina Montiel. La investigadora subraya que “estamos en un momento complejo, porque el riesgo depende hoy aún más de la preparación, no solo del sistema de defensa, también de la sociedad”.

En este sentido, la experta en incendios de WWF, Lourdes Hernández, insiste en que “es urgente avanzar en autoprotección para que los municipios sean zonas seguras. Y, a corto plazo, invertir en prevención social, es decir, que la población sepa cómo actuar en caso de incendio”.

Mónica Parrilla aporta que “para evitar este desastre humano, ambiental, social y económico hay que reducir la siniestralidad, es decir, los incendios provocados por accidentes o negligencias, además de rebajar la vulnerabilidad del territorio por el que avanzan las llamas”. Y añade un tercer pilar: “Es imprescindible la planificación urbanística que tenga en cuenta el riesgo de incendio durante los últimos años”.

Mientras el mundo se sofoca bajo un calor cada vez más peligroso, ¿por qué se sigue permitiendo que las compañías petroleras aumenten la producción de combustibles fósiles en lugar de asumir el coste de las consecuencias de su codicia?

Esa pregunta es la que todo deberíamos hacernos en medio de los sofocantes domos de calor que cubren gran parte del hemisferio norte, de los récords de temperatura que se baten día tras día, de los niños que mueren encerrados en coches, de los hospitales que se llenan de pacientes con golpes de calor y de los servicios de emergencia que luchan contra los incendios forestales.

No cabe duda de que las empresas de petróleo, gas y carbón ya soportan una parte desproporcionada de la responsabilidad y, sin embargo, tienen un incentivo económico para seguir agravando el cambio climático. Estos incentivos perversos persistirán mientras los generosos subsidios gubernamentales que reciben no sean sustituidos por impuestos extraordinarios sobre sus beneficios.

Existe un consenso científico abrumador sobre que cuanto más se queman combustibles fósiles, más se calentará el planeta. El estudio de atribución más reciente concluye que «la ola de calor más intensa y extensa que jamás haya afectado a una región tan amplia de Europa» no habría podido producirse sin el cambio climático provocado por la actividad humana.

Sin embargo, las grandes compañías petroleras planean empeorar una situación que ya es crítica, porque cuanto más combustible se quema, mayores son sus ganancias. El reciente aumento de sus beneficios, impulsado por los elevados precios del petróleo derivados de las guerras en Oriente Medio, incluida la de Irán, irá seguido de una oleada de inversiones en nuevos pozos de extracción.

En la dirección opuesta

Un nuevo análisis muestra que las empresas petroleras compiten entre sí por extraer cada vez más petróleo y gas del subsuelo. Según el Centro para la Transición Climática de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE), Shell, ExxonMobil, Chevron y otras siete empresas que cotizan en bolsa tienen como objetivo aumentar su producción, de media, un 14% entre 2024 y 2030.

Más combustibles fósiles es, precisamente, lo último que necesita un planeta ya sobrecalentado. Aumentar su producción empuja al mundo en la dirección opuesta a los objetivos establecidos por el Acuerdo de París sobre el clima, con los que muchas de estas empresas prometieron alinearse.

Para limitar el calentamiento global a entre 1,5 y 2 °C de aquí a 2100, la producción de petróleo debería disminuir durante esta década. Sin embargo, la expansión prevista es mucho peor que el ya pesimista escenario de continuidad elaborado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que prevé un aumento del 5,9% en la producción de petróleo y gas durante esta década, lo que conduciría a un catastrófico incremento de 2,9 °C en la temperatura media global a finales de siglo.

La AIE no podría haber sido más clara: para que el mundo pueda cumplir el objetivo del Acuerdo de París de mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C, no debe ponerse en marcha ningún nuevo proyecto de exploración o desarrollo de petróleo y gas con una vida útil a largo plazo.

¿Por qué, entonces, las empresas de combustibles fósiles planean extraer más petróleo y gas que nunca? Porque sus directivos se ven obligados a operar en un universo distinto, donde la brújula ética apunta a maximizar el valor para los accionistas en lugar de preservar la habitabilidad del planeta. Para mantener esta situación perversa, los inversores y quienes respaldan a la industria desde determinados medios de comunicación han ganado influencia y han logrado reorientar el debate mundial sobre el clima.

Hace apenas seis años, la industria petrolera estaba a la defensiva. Greta Thunberg y millones de jóvenes del movimiento por el clima se manifestaban en las calles de todo el mundo contra los combustibles fósiles. Los responsables de la OPEP llegaron a advertir que aquellas protestas constituían «la mayor amenaza» a la que la industria se había enfrentado jamás, porque los propios ejecutivos del sector eran cuestionados por sus hijos dentro de sus hogares. El impulso hacia el cambio crecía. Numerosos gobiernos habían fijado objetivos de descarbonización para alcanzar las emisiones netas cero, y las instituciones financieras se comprometían con metas cada vez más ambiciosas en materia de gobernanza ambiental.

Algunas compañías petroleras, principalmente europeas, trataron de alinearse con el Acuerdo de París. BP fue entonces una de las más ambiciosas: prometió reducir su producción de petróleo y gas en un 40% y multiplicar por diez su inversión en energías renovables. Su entonces director ejecutivo, Bernard Looney, aseguró que BP se convertiría en «una fuerza para el bien, además de un proveedor de rentabilidades competitivas».

Aquellas promesas, formuladas en términos grandilocuentes y con plazos lejanos, nunca fueron suficientes para ajustarse plenamente al objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C, ya que dependían de soluciones aún no demostradas a gran escala, como la captura y el almacenamiento de carbono. Sin embargo, sirvieron para apaciguar a la opinión pública hasta que las protestas de los activistas climáticos desaparecieron de las calles. Más tarde, cuando llegó el momento de adoptar medidas concretas para convertir en realidad incluso esos objetivos imprecisos, muchas empresas petroleras comenzaron a dar marcha atrás.

BP es un claro ejemplo de ello. Looney fue destituido en 2023, el mismo año en que la compañía rebajó su compromiso de reducir en un 40% la producción de combustibles fósiles a un 25%. Dos años después, anunció un cambio estratégico: recortó en 2.625 millones de euros sus inversiones en energías renovables y elevó hasta 8.750 millones anuales su gasto en petróleo y gas.

La actual directora ejecutiva, Meg O’Neill, ha continuado este repliegue de las inversiones en tecnologías de bajas emisiones con una estrategia bautizada como «más simple y más fuerte», que en la práctica supone un regreso al modelo tradicional del negocio petrolero. El valor para los accionistas, y no la responsabilidad social y ambiental, vuelve a ser la prioridad de la empresa. Así, mientras el planeta se calentaba y los conflictos se intensificaban, los beneficios de BP se duplicaron con creces durante el último trimestre.

Una historia similar se repite en otros lugares. Las seis grandes petroleras europeas incrementaron conjuntamente sus beneficios un 43% en el mismo periodo, hasta superar los 19.250 millones de euros, la cifra más alta desde 2022. En los últimos años, la mayoría ha dado marcha atrás en sus compromisos con las energías limpias y ha intensificado sus planes de expansión de la producción. La empresa estatal noruega Equinor ha elevado en un 6% su objetivo de producción de petróleo y gas para 2030. La brasileña Petrobras aspira a aumentar su suministro de petróleo en un 21% para ese mismo año. Parece que casi todos los países y empresas compiten por extraer el último barril de petróleo.

En Estados Unidos —el mayor productor mundial de petróleo y gas, con una extracción superior a la suma de Arabia Saudí y Rusia— muchas compañías petroleras ni siquiera se molestaron en asumir compromisos de descarbonización. Con la administración de Donald Trump actuando en defensa de sus intereses, cuentan con respaldo político para aumentar la producción —Exxon en un asombroso 25% y Chevron en un 15% de aquí a 2030— y ampliar sus mercados por cualquier medio necesario. Mientras tanto, sus inversores y aliados están impulsando a Europa en la misma dirección mediante el activismo accionarial o financiando a políticos de extrema derecha y centros de pensamiento que hacen campaña contra las políticas de emisiones netas cero.

Si se suman todos estos factores —el encarecimiento del petróleo, el cambio de prioridades en los consejos de administración, la captura del Estado por intereses privados, la cobertura política y la inyección de recursos para llenar las calles de manifestantes de extrema derecha contrarios a las políticas de emisiones netas cero, en lugar de jóvenes activistas por el clima— se obtiene la combinación perfecta para que la industria petrolera siga echando más combustible al incendio global. Una tormenta perfecta para provocar tormentas cada vez más extremas.

Con la confirmación de un nuevo episodio de El Niño, que se prevé será uno de los más intensos de las últimas décadas, esta estrategia constituye una insensatez de consecuencias potencialmente catastróficas a escala mundial. La Amazonía se prepara para afrontar nuevos incendios y sequías sin haber tenido tiempo de recuperarse de la devastación provocada por el anterior fenómeno de El Niño, que convirtió los cielos habitualmente despejados de la selva en un gris ahumado propio de una ciudad industrial, provocó la reducción drástica del caudal de algunos de los mayores ríos del mundo y ocasionó la muerte masiva de delfines y de otras especies.

Las regiones polares sufrirán un mayor deshielo de la nieve y el hielo que normalmente reflejan el calor solar de vuelta al espacio. Al mismo tiempo, otros componentes esenciales del sistema que sostiene la vida en la Tierra se acercarán a peligrosos puntos de no retorno. Las consecuencias catastróficas son cada vez más probables.

Nunca tuvo que ser así y no tiene por qué seguir siéndolo en el futuro. Es necesario cambiar nuestros valores. Hay que modificar los incentivos. Los combustibles fósiles, que durante tanto tiempo resultaron beneficiosos para la humanidad, deben ser reconocidos como lo que hoy son: un veneno. Y las compañías petroleras deben asumir las consecuencias de haber incumplido sus promesas y de haber antepuesto los dividendos de sus accionistas a la salud del planeta y al bienestar de las personas.

Las altas temperaturas pueden tener graves consecuencias para la salud si no se toman las precauciones adecuadas. Ante los episodios de calor intenso, el Gobierno de Canarias, a traves de la Dirección de Seguridad y Emergencias y en aplicación del Plan Especifico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) ha difundido una serie de recomendaciones para prevenir golpes de calor, deshidratacion y otros problemas asociados.

Entre las medidas de prevención se encuentran: evitar la exposicion al sol en las horas de más calor, evitar bebidas alcohólicas o azucaradas o visitar diariamente a familiares, vecinos o conocidos que puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad para comprobar que se encuentran en buen estado. A continuación mostramos nueve medidas para protegerse de las altas temperaturas en Canarias.

9 consejos para protegerse del calor en Canarias

Las administraciones recomiendan permanecer el mayor tiempo posible en lugares protegidos del sol y en las estancias más frescas del hogar. Si es necesario salir al exterior, lo más aconsejable es hacerlo fuera de las horas centrales del día, cuando las temperaturas alcanzan sus valores más elevados.

Al caminar por la calle es preferible hacerlo por zonas de sombra, utilizar sombrillas en la playa o descansar en espacios climatizados cuando sea posible.

Para reducir la temperatura en el interior de la vivienda, se aconseja bajar las persianas de las ventanas sobre las que incida directamente el sol y evitar abrirlas durante las horas de más calor.

Durante la noche, cuando la temperatura exterior descienda, conviene abrir las ventanas para favorecer la ventilación y refrescar la casa.

Asimismo, se recomienda utilizar ventiladores o sistemas de aire acondicionado de forma racional para mantener un ambiente confortable, teniendo en cuenta que los cambios bruscos de temperatura al entrar o salir de espacios climatizados pueden afectar al organismo.

Uno de los consejos más importantes es beber agua de manera frecuente, incluso aunque no se tenga sensación de sed, salvo que exista alguna contraindicación médica.

Tanto el Gobierno de Canarias como el Ministerio de Sanidad insisten en evitar las bebidas alcohólicas, así como las muy azucaradas. Sanidad también aconseja limitar el consumo de café y té por su efecto diurético.

Además, llevar una botella de agua cuando se sale de casa ayuda a mantener una hidratación constante.

Para minimizar los efectos del calor, se recomienda vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, además de utilizar un calzado cómodo y transpirable.

También es aconsejable proteger la cabeza con una gorra o sombrero, utilizar gafas con filtro ultravioleta y aplicar protector solar adecuado para prevenir los daños derivados de la radiación solar.

Las actividades físicas intensas deben evitarse durante las horas de mayor calor. Si es imprescindible realizarlas, conviene extremar las precauciones, reducir la intensidad del ejercicio y realizar descansos frecuentes en lugares frescos.

Las comidas copiosas y muy calóricas pueden dificultar la adaptación del organismo a las altas temperaturas.

Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan consumir alimentos ricos en agua y sales minerales, como frutas, verduras, ensaladas o zumos naturales, que ayudan a reponer los líquidos perdidos a través del sudor.

El Ministerio de Sanidad aconseja ducharse con frecuencia o, simplemente, mojarse el cuerpo para favorecer la disminución de la temperatura corporal durante los episodios de calor intenso.

Uno de los mensajes más importantes es no dejar nunca a niños, personas mayores o personas dependientes en el interior de un coche estacionado, aunque sea durante pocos minutos. La temperatura dentro de un vehículo puede aumentar rápidamente hasta niveles muy peligrosos.

Las personas mayores, quienes padecen enfermedades crónicas, los menores y quienes viven solos son especialmente sensibles al calor extremo.

El Gobierno de Canarias recomienda visitar diariamente a familiares, vecinos o conocidos que puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad para comprobar que se encuentran bien e hidratados.

Asimismo, las personas que toman medicación habitual deberían consultar con su médico si el tratamiento puede afectar a la regulación de la temperatura corporal o requiere algún ajuste durante los episodios de altas temperaturas.

Dónde solicitar información

El Gobierno de Canarias recuerda que, para cualquier consulta o solicitud de información relacionada con estos episodios, la ciudadanía puede contactar con el teléfono de información 012.

Primero fueron los pavimentos experimentales en la calle para comprobar si reducen el calor, y ahora es el turno de las azoteas. El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un plan piloto para evaluar distintos revestimientos de cubiertas de edificios, con diversos tipos de pintura y pigmentos reflectantes, para comprobar si consiguen no solo mejorar el confort térmico de los inmuebles, sino también reducir el efecto “isla de calor” en la calle. 

El ensayo, que se lleva a cabo desde la Oficina de Cambio Climático, conlleva pintar la azote de una escuela, el Institut Escola Tres Fonts del distrito de Les Corts, además de dos casetas de azotea. Barcelona sigue de esta forma la estela de ciudades como Nueva York, con el proyecto NYC CoolRoofs, o Los Ángeles, donde trabajan para extender las pinturas reflectantes en las cubiertas de edificios. 

La prueba en el Instituto Escuela Les Tres Fonts consiste en pintar los 150 m2 de cubierta del equipamiento con tres pinturas distintas. Una pintura blanca, una de terracota con pigmentos reflectantes, y una tercera simplemente de terracota, para hacer la comparación. “Aunque pintura blanca ”suele tener una reflectancia solar más elevada“, afirma el consistorio en un comunicado, la de terracota con pigmento permitiría mantener la estética de una cubierta tradicional con capacidad para reflejar la radiación solar. 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha encargado a la empresa Vibrantz Technologies otra parte de la prueba: medir “con más precisión” el impacto del revestimiento de terracota con pigmento reflectante, en este caso con dos casetas de azotea como muestra. En el interior de ambas se colocará un aparato de aire acondicionado para mantenerlas a un máximo de 27 ºC, con lo que se podrá analizar cuánto consume cada una de ellas para lograrlo. 

“Esto permitirá determinar hasta qué punto los pigmentos reflectantes contribuyen a reducir la energía necesaria para refrigerar el edificio sin modificar su aspecto exterior”, valoran. 

Durante todo el verano, los técnicos del consistorio y de Vibrantz supervisarán la temperatura ambiental, la de la superficie, la humedad, la irradiancia solar, además del consumo eléctrico en las casetas. Con este monitoreo y visitas puntuales para tomar medidas, añaden, “se dispondrá de una base de datos más robusta para evaluar con precisión la eficacia de cada tecnología”. 

Barrio de Entrevías. 17 de junio a las 18.00 horas. El termómetro marca 34 grados. Los viandantes buscan cobijo en la sombra que proporciona el escaso arbolado de la calle Pedroches. Previsiblemente, quien camina por el barrio a estas horas y con esta temperatura no lo hace por gusto, aunque quedarse en casa tampoco es una opción viable para muchos de los vecinos del distrito de Puente de Vallecas. El 27,3% no tienen recursos para mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

En este contexto, contar con espacios que sirvan como refugio climático resulta imprescindible, sobre todo para niños y personas mayores, dos grupos que resultan especialmente vulnerables en lo que al calor respecta. Más aún cuando, según datos de 2023, solo un 36,2% de la población de Puente de Vallecas puede permitirse una semana de vacaciones al año.

Pasar el verano en el barrio puede convertirse en un desafío cuando las altas temperaturas limitan tanto la estancia en el espacio público como la comodidad dentro de las viviendas. Sin embargo, para miles de madrileños esa es la realidad. En distritos como Puente de Vallecas, donde una parte importante de la población no puede permitirse salir de vacaciones y muchas viviendas no reúnen condiciones adecuadas para afrontar las olas de calor, encontrar un lugar fresco donde pasar las horas centrales del día se convierte en una necesidad.

La plaza del Mercado de Mediodía, en Entrevías, es uno de esos pocos rincones donde el calor parece dar una tregua. Bajo las carpas instaladas para la ocasión, entre mesas con fruta fresca, limonada y actividades acuáticas para niños, Más Madrid eligió el miércoles pasado este espacio para presentar su alternativa frente a las altas temperaturas: una red de oasis climáticos repartidos por toda la ciudad.

La formación propone desplegar una red de 181 oasis climáticos aprovechando espacios públicos y equipamientos ya existentes. Bibliotecas, centros culturales, colegios, mercados, instalaciones deportivas, parques o plazas pasarían a formar parte de una infraestructura de proximidad pensada para ofrecer sombra, agua, vegetación, descanso y actividades comunitarias durante los meses más calurosos del año.

El objetivo, explican desde Más Madrid, es que cualquier vecino pueda encontrar a pocos minutos de su casa un lugar donde refugiarse del calor, socializar y disfrutar del espacio público. “No se trata solo de tener un sitio donde estar fresquito”, advierte en conversación con Somos Madrid el concejal y portavoz de Medio Ambiente de la formación, José Luis Nieto.

Poco tiene que ver con el plan contra el calor presentado por Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida hace unas semanas. Un paquete de medidas que incluye la apertura de algunos centros de mayores durante el verano, cuatro nuevos nebulizadores en toda la ciudad y la consideración de determinados mercados municipales como refugios climáticos. Para Más Madrid, se trata de actuaciones insuficientes frente a una realidad cada vez más evidente: los veranos son más largos, más intensos y golpean con mayor dureza a quienes tienen menos recursos para protegerse de ellos.

La red de oasis urbanos se enmarca en un contexto de aumento sostenido de las temperaturas en la ciudad. Según los escenarios climáticos citados por la formación, Madrid experimentará veranos cada vez más extremos, con un clima progresivamente más similar al de ciudades como Sevilla en la próxima década y cercano al de Marrakech hacia 2055, con aumentos de temperatura de entre 2,5 y 3,5 grados, más días de calor extremo y menos precipitaciones.

Más Madrid sostiene que estos cambios ya están afectando a la vida cotidiana de la ciudad. Las altas temperaturas obligan cada vez más a modificar horarios para evitar las horas centrales del día, buscar recorridos alternativos con más sombra o limitar actividades cotidianas como hacer la compra, acudir al trabajo o desplazarse por el barrio. En este sentido, la formación acusa al gobierno municipal de no haber actuado con suficiente contundencia frente al avance de la isla de calor urbana.

Paliar la desigualdad climática desde lo público

El impacto del calor no se distribuye de forma homogénea en Madrid. Según los datos proporcionados a este periódico por Más Madrid, el 15% de los hogares de la ciudad no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, pero este porcentaje aumenta notablemente en algunos distritos del sur y del este.

En barrios como Carabanchel, Latina, Usera o Villaverde, la proporción de hogares que no pueden garantizar condiciones térmicas adecuadas en verano supera en algunos casos el 30%. En contraste, distritos como Salamanca, Chamartín o Retiro presentan niveles significativamente más bajos.

A ello se suma la dificultad para salir de la ciudad durante el verano. En 2023, el 22,7% de los hogares madrileños no podía permitirse una semana de vacaciones al año, cifra que asciende al 23,9% si se mide en términos de población.

Las diferencias por distritos son especialmente significativas. En Puente de Vallecas, por ejemplo, el 37,2% de los hogares no puede costear unas vacaciones anuales, mientras que en Usera la cifra se sitúa en el 35,3%. En Carabanchel alcanza el 34,4%. En el extremo opuesto, distritos como Salamanca (11%), Chamartín (12,8%) o Retiro (12,1%) presentan niveles mucho más bajos.

Estos datos, según la oposición, evidencian una “desigualdad térmica y social” que agrava los efectos del calor en los barrios más vulnerables. Es precisamente en estos distritos donde Más Madrid considera que una red de oasis climáticos puede desempeñar un papel clave, al garantizar espacios frescos, gratuitos y accesibles a pocos minutos de cualquier vivienda.

En este sentido, la portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, defiende la propuesta como una medida de aprovechamiento del espacio público ya existente: “La propuesta aprovecha el espacio público que ya tenemos, no hay que inventarse nada nuevo, simplemente ponerlo a funcionar”. El plan es ambicioso, Maestre explica que la idea es “llevarlo a toda la ciudad, con más de 180 localizaciones”.

181 oasis para los 131 barrios de Madrid

La Red de Oasis Climáticos es una propuesta para transformar 181 espacios públicos ya existentes en Madrid en refugios frente al calor extremo, distribuidos por los 131 barrios de la ciudad. Todos funcionarán como espacios accesibles y gratuitos para toda la ciudadanía.

Según la formación impulsora, un oasis climático es mucho más que un lugar fresco: es un espacio donde protegerse de las altas temperaturas y, al mismo tiempo, hacer vida de barrio. Combina sombra, vegetación, agua, confort térmico en exteriores y climatización en interiores, con actividades gratuitas, zonas de descanso, juego, estudio y encuentro comunitario. La idea es que estos espacios se conviertan en un servicio público esencial durante los meses de calor.

La red distingue entre oasis interiores y exteriores. Entre los interiores se incluyen equipamientos como la Biblioteca Municipal José Hierro (San Blas-Canillejas), la Biblioteca de Canillejas, el Mercado de Tirso de Molina (Latina), el CEIP Isaac Peral (Carabanchel), el Centro Deportivo Municipal Ciudad de los Poetas (Moncloa-Aravaca), la Estación de Atocha (Arganzuela), el Mercado de Maravillas (Tetuán), la Biblioteca Dámaso Alonso (Chamartín), el Mercado de Chamberí, la Caja Mágica (Usera), el Mercado de La Cebada (Centro) o el Centro Deportivo Municipal Daoíz y Velarde (Retiro), entre muchos otros.

En cuanto a los oasis exteriores, la red incorpora parques, plazas y zonas verdes como Madrid Río (Arganzuela), el Parque del Retiro (entorno Niño Jesús), los Jardines del Descubrimiento (Salamanca), el Parque de Berlín (Chamartín), el Parque de Santander (Chamberí), la Dehesa de la Villa y el Parque del Oeste (Moncloa-Aravaca), la Plaza de la Remonta (Tetuán), la Plaza de Oporto (Carabanchel), el Parque El Calero (Ciudad Lineal), el Parque Lineal del Manzanares (Villaverde) o el Parque Juan Carlos I (Barajas), entre otros muchos puntos distribuidos por toda la ciudad. Todos se pueden consultar en un mapa elaborado por la formación en colaboración con Zuloark y Montera34.

El objetivo es que cualquier vecino o vecina pueda identificar un oasis cercano a su casa y acceder a él caminando, creando una red de proximidad que conecte equipamientos ya existentes y espacios públicos abiertos para hacer frente a los episodios de calor extremo. Además, desde Más Madrid subrayan que se trata de una iniciativa construida de forma conjunta con asociaciones vecinales y con las distintas organizaciones de cada barrio que quieran participar en su desarrollo y programación.

En el caso del proyecto piloto de Entrevías, por ejemplo, en el que la red Somos Tribu VK, un colectivo de apoyo mutuo y solidaridad vecinal nacido durante la pandemia, fue la encargada de dinamizar la jornada, proporcionando agua, limonada y fruta, además de organizar un intercambio de plantas. La concejala y portavoz de Economía de Más Madrid, Sara Ladra Álvarez, indica que la propuesta también busca crear un espacio común para los residentes de cada barrio: “Es un trabajo conjunto con las asociaciones vecinales del entorno, para no solo definir el espacio, sino ver cómo llenarlo de actividad durante todo el verano”.

Por su parte, Rita Maestre considera que se trata de una medida sencilla que, a su juicio, debería formar parte de la gestión ordinaria del Consistorio: “Es una cosa muy sencilla que sería ideal que no tuviéramos que hacer desde la oposición, mientras nos condenan a achicharrarnos”. Subraya además el papel del sector público en la protección frente al calor: “Hay que asumir que lo público tiene que cuidar a lo público”, y pone el foco en la infancia y las desigualdades de acceso al ocio estival: “Sobre todo para los niños pequeños, ahora que empiezan las vacaciones y mucha gente no puede permitirse pagar la entrada de una piscina municipal”

La propuesta de los oasis climáticos llega después de la presentación del plan contra el calor del Ayuntamiento de Madrid. Más Madrid considera que las medidas anunciadas son “limitadas” y de escaso impacto real. Entre las actuaciones municipales destacan la apertura de uno o dos centros de mayores adicionales por distrito durante el verano, la instalación de cuatro nebulizadores en toda la ciudad, uno de ellos ya fuera de servicio, según la oposición, y la habilitación de la sede del Samur Social como refugio para personas en situación de calle.

También se incluyen descuentos en cines en horario de tarde, una medida que Más Madrid ironiza por su limitada eficacia en las horas de mayor calor, y el programa Veranos de la Villa, que ofrece 54 actividades, de las cuales solo 11 son gratuitas, con precios que oscilan entre 15 y 25 euros. La oposición critica además que el Ayuntamiento presente los mercados municipales como refugios climáticos cuando muchos cierran a mediodía y solo 43 de los 131 barrios cuentan con este recurso.

Frente a ese modelo, Más Madrid defiende que la adaptación al calor no puede resolverse con medidas puntuales ni simbólicas, sino con una red estable de espacios públicos de proximidad que garantice refugio en todos los barrios de la ciudad durante los meses de temperaturas extremas. En una ciudad donde los veranos son cada vez más largos y duros, la formación defiende que el espacio público debe convertirse, también, en una herramienta activa para proteger a quienes más lo sufren.

El medio natural de Natalia Rodríguez es el agua. A los cuatro años contempló por primera vez el paso de los cachalotes en el Estrecho de Gibraltar, observó las ondulaciones en el mar, la línea de sus lomos y, aunque no lograba comprender tal imagen, supo que marcaría su devenir. “Sabía que era importante”, sonríe la adolescente de 17 años. Hace poco, logró bucear por primera vez junto a un tiburón en los fondos marinos de la isla de Tenerife, donde acompañó a un angelote que durante días se había escondido de la mirada de sus compañeros de ruta“. Se sumerge bajo la superficie, pero cada vez que asciende defiende el medioambiente. Esta pasión la llevó a ser nombrada como embajadora del Pacto Europeo por el Clima, un cargo dispensado por la Comisión Europea para el que tiene varias tareas que cumplir este 2026, como la protección de la vida marina en las costas andaluzas.

La protección por la biodiversidad marina viene de lejos, casi que desde que aprendió a hablar. Con el empeño de aprender a bucear, logró que sus padres la apuntaran al curso de iniciación después de recaudar el dinero de la inscripción mediante la venta de los collares de arcilla que hacía con forma de animales acuáticos. “Mi padre creía que con eso ya se me quitaría... Pero fue todo lo contrario”. El tesón que refleja la joven de Cádiz la llevó a ampliar sus conocimientos sobre el cuidado del ecosistema y divulgarlo a través de sus redes sociales. De tal manera, el cargo simbólico que ostenta a nivel europeo le ha permitido a lo largo de estos primeros seis meses desarrollar una labor encomiable que ha servido como inspiración para su generación y la ha llevado, entre otras cuestiones, a ser homenajeada en la Gala WITH Mujeres Líderes 2026, que celebró recientemente su cuarta edición en el Real Alcázar de Sevilla.

Amplía redes allá donde va con un propósito claro: “Proteger a los tiburones”. Esta especie, ubicada en lo alto de la cadena trófica, tiene un rol fundamental en la regulación de la vida acuática y en el control de la sobrepoblación de peces, sin embargo, está en peligro de extinción. Frente a los temores de la población, cuyo imaginario ha sido alimentado por toda una cultura popular en donde películas como Tiburón o sagas en los que muestran una faceta sanguinolenta eran protagonistas, Rodríguez prefiere “concienciar”. Para ello, escribió e ilustró el libro Sin aletas no hay paraíso, en el que profundiza sobre la práctica del finning en la que se corta las aletas a los animales para su consumo y luego se devuelven al mar. “Pronto saldrá la campaña de crowfunding para su publicación y, también, está proyectado otro cuento para los más pequeños que pude estrenar en un colegio”, indica.

“Una ITV del mar” en el Estrecho

Otra iniciativa puesta en marcha por la activista medioambiental es una petición en Change.org para el control del ruido de los fast ferris en el Estrecho de Gibraltar que provocan grandes perjuicios para los cetáceos. Con unas 1.500 firmas, la intención es dirigir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una petición para que se reduzcan las velocidades de las embarcaciones y, por tanto, del ruido de las hélices con el fin de rebajar la contaminación acústica a la que se ven sometidos los delfines, las orcas, los cachalotes o los rorcuales en esta “autopista vital” de vida marina. “Como consecuencia, los cetáceos no se pueden comunicar adecuadamente entre ellos, se pierden y desorientan”, provocando la muerte de los especímenes.

Con picos que sobrepasan hasta los 132 decibelios, el ruido al que se ven sometidos en esta área clave para el tráfico mercantil es una “exposición crónica e insoportable que anula sus sentidos y los hace vulnerables”. Es más, no pide que se frene el ir y venir de los barcos, sino tan solo reducir las marchas a entre 10 y 12 nudos en tramos concretos y establecer “una ITV del mar” para comprobar que el daño a la biosfera no aumenta. Al respecto, toma ejemplos de acciones ya cometidas en el pasado, como las decisiones tomadas en 2004 cuando España aprobó una moratoria sobre los sónares militares en Canarias y erradicó los varamientos masivos de zifios.

Rodríguez ha sufrido más de una vez la infantilización debido a su edad en los entornos científicos o colaborativos en los que se ha presentado. Pese a ello, reconoce que “he tenido suerte” porque, a pesar del sobresfuerzo, poco a poco ha adquirido un reconocimiento cada vez mayor entre quienes investigan y obran por que haya un cambio en la comunidad. En busca de nuevas vías para contribuir desde su campo de actuación en un tablero geopolítico en el que las cumbres climáticas batallan para sacar acuerdos con los que frenar el sobrecalentamiento del planeta, estudia un ciclo de grado medio de cultivos en acuicultura que le deja conocer más de cerca prácticas sostenibles.

Frente al negacionismo

Habla de Cádiz, como podría hablar de cualquier ciudad: “Se podría hacer mucho más por el medioambiente, como más actividades al aire libre. Más allá de la Noche Europea de los Investigadores, por ejemplo, se podrían diseñar este tipo de actividades a lo largo del año”. Más en un momento en el que, cuando publica un vídeo en cualquiera de sus redes sociales, se encuentra con los comentarios de quienes niegan la crisis climática. “Sé que no puedo convencer a todo el mundo, pero intento hacer algo”. Además, conoce los peligros que entraña la defensa del entorno frente a los intereses mercantilistas y nombra al también joven activista Francisco Vera, quien tuvo que huir de Colombia por las amenazas recibidas y con el que ha logrado hablar sobre su estado actual. “Ojalá avanzáramos más y lográramos convivir todos de forma segura”, comenta la joven.

De su joven compañero de viaje extrae un término que la acompaña allá donde va: la ecoesperanza. “Si no fuera por la esperanza, no estaríamos aquí”, mantiene frente al catastrofismo y el pesimismo que recorren a su generación y la venidera. No da nada por perdido, todavía menos cuando conecta con quienes comparten su preocupación y su motivación para seguir actuando en mejorar las condiciones de sus regiones, como con los compañeros de Sea Shepherd France, un movimiento internacional de acción directa para la conservación de los océanos. “Estuve con ellos en Barbate, donde trabajan para proteger a la orca ibérica frente a los veleros que las dañan con bombas u objetos similares cada vez que se acercan a ellos. Vigilan el hábitat y avisan con tiempo a los veleros para que no pase nada”, comenta. Un trabajo conjunto para el que espera que pronto haya una respuesta de la administración. Mientras, Natalia continúa cada día viviendo y ofreciendo experiencias y conocimiento sobre el cuidado del mundo marino.

La emergencia climática y los desastres naturales le han costado 65.085 millones de euros al Estado, ya sea en obras, ayudas o indemnizaciones, en apenas 20 años, de acuerdo con los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), unos fenómenos que cada vez son más frecuentes y pueden tener un mayor impacto en las cuentas públicas.

El supervisor de las cuentas públicas ha publicado este miércoles su segunda Opinión sobre riesgos fiscales, en el que analiza los efectos sobre la sostenibilidad presupuestaria que pueden tener diversos factores, desde macroeconómicos a aquellos vinculados por sentencias judiciales, con el ejemplo de los mutualistas como el más reciente.

Según han detallado fuentes de la AIReF, si bien los riesgos macroeconómicos (por ejemplo, una subida abrupta de los precios de la energía o el endurecimiento de las condiciones financieras) son los que tienen un mayor potencial de golpear a los Presupuestos españoles, hay una “evidencia” de que los factores ambientes son cada vez más frecuentes e intensos, con una tendencia a concentrarse. Por lo que su factura podría dispararse en los próximos años.

Los cálculos del supervisor apuntan que, entre 2005 y 2025, los riesgos ambientales le han costado 65.085 millones a las arcas públicas. Esos desastres naturales han sido sequías, incendios forestales, inundaciones u otros fenómenos meteorológicos. En esta rúbrica incluyen riesgos geofísicos (como el volcán de La Palma, en 2021) o biológicos (la pandemia de COVID-19).

El ejemplo más claro de cómo estos riesgos se materializan con cada vez más fuerza es que solo la DANA de Valencia del año 2024 ha supuesto un coste de 8.000 millones de euros en aplicaciones del Fondo de Contingencia, así como 4.200 millones en indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

En total, el Estado ha desembolsado, desde 2005, 16.500 millones de euros a obras de emergencia y ayudas a damnificados, 12.800 millones en compensaciones del CCS, y 35.000 millones de euros en otros costes de respuesta, donde la AIReF incluye también aquellos vinculados a la pandemia.

“Estas cifras ponen de manifiesto que los riesgos ambientales constituyen una de las principales fuentes de materialización efectiva de riesgos fiscales en España”, aduce el organismo en la Opinión, en el que subraya que esto es solo “una aproximación”. 

Además de la información presupuestaria y de las bases de datos del CCS, la AIReF ha diseñado una herramienta con Inteligencia Artificial que analiza las referencias del Consejo de Ministros, el resumen de las principales medidas adoptadas por la reunión semanal del gabinete. Entre ellas, han detectado 437 desastres y 1.555 asuntos, desde el terremoto de Lorca de 2011 a la Borrasca Filomena en 2021.

La AIReF apunta que “la elevada frecuencia” con la que se materializan los desastres naturales y el coste fiscal vinculado “aconsejan una gestión activa de estos riesgos”. En este sentido, recomienda al Ejecutivo mejorar las fuentes de datos, avanzar en la cuantificación de los costes fiscales y establecer una estrategia de mitigación de estos riesgos.

14.000 millones de pago en sentencias en 2024 y 2025

Otros riesgos cada vez más relevantes que señala la AIReF son aquellos vinculados a las sentencias contra el Estado. Solo en dos años, 2024 y 2025, las acciones legales tuvieron un impacto de 14.400 millones de euros, principalmente por la sentencia de los mutualistas (5.936 millones) y las devoluciones por el Impuesto de Sociedades (3.048 millones).

En términos acumulados, el gasto acumulado en concepto de sentencias desde 2014 es 19.407 millones de euros.

El análisis de la AIReF incorpora, por primera vez, las garantías públicas, una figura que ha cobrado un notable protagonismo en los últimos años gracias al papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y sus avales para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y otras crisis sobrevenidas. Si bien la Autoridad Fiscal reconoce que estas medidas no tienen un impacto presupuestario inmediato, pueden tenerlo en el caso de que que lleguen a ejecutarse.

De acuerdo con sus datos, a cierre de 2025 había 24.000 millones de euros en saldo vivo de las líneas COVID, de las que 7.500 millones se encontraban en riesgo mora.

Las altas temperaturas aprietan cada vez con más fuerza y llegan antes a los centros educativos. En el último mes, las aulas del Instituto Margarida Xirgu, de L’Hospitalet de Llobregat, han superado durante diez días los 27 grados de media a lo largo de la jornada —el máximo que fija la normativa para entornos laborales—. Si se atiende a los picos de calor, el umbral se ha rebasado casi a diario.

“A 27 grados puedes dar clase, pero a 34 o 35, que es a lo que hemos llegado, los alumnos se quejan, no están concentrados y se generan problemas de convivencia”, describe Gorka Marchal, tutor de Primero de la ESO de este centro. 

Este docente es el responsable del sistema de sensores que monitorizan las temperaturas en su centro. Como el Margarida Xirgu, ya son 270 las escuelas e institutos que se han organizado para medir y denunciar cómo el calor supera los límites establecidos por normativa. Lo más llamativo es que el método que han ideado para hacerlo requiere emplear los kits de robótica que la Generalitat distribuyó a los institutos hace unos años. 

“Es pura poesía, es un ejemplo de creatividad”, celebra Marchal. El resultado de esta iniciativa es Aules que cremen (aulas que queman), una plataforma que en su web recoge en directo las condiciones térmicas de todos centros que participan. La campaña pretende demostrar, con datos verificables, cómo la falta de climatización deja a menudo a las escuelas con temperaturas por encima de los 30 o incluso los 35 grados. 

Con olas de calor cada vez más alejadas del verano, ya en mayo o septiembre, los docentes aguardan unos planes de climatización de la Administración que no acaban de llegar. Educación ha instalado en los últimos cursos algunos aires acondicionados en espacios comunes, pero para las aulas solo ha mandado una cifra insuficiente de ventiladores. Este curso se destinan 20 millones para instalar ventiladores de techo en 500 centros, además de los 100 millones contemplados en el pacto de Presupuestos con ERC para climatizar otros 100 centros. 

Pero los equipamientos educativos, entre escuelas e institutos, ascienden a 2.530 en Catalunya. Y el 50% son edificaciones anteriores a 1960. 

El 'kit' al servicio de la denuncia

Pau Sánchez, profesor en Secundaria en un instituto barcelonés, es el padre de Aules que cremen, coordinado ahora por un grupo de media docena de docentes de Tecnología. A mediados de marzo, mientras leía en un centro médico un cartel sobre condiciones de confort térmico, se le encendió la bombilla. “¿Y si utilizo los kits de robótica que uso en Bachillerato para denunciar esta situación?”, se dijo. 

Con las placas electrónicas ESP32 STEAMakers que les envió con los fondos europeos el Departament, y con las que enseña robótica a sus pupilos, Sánchez ideó el sistema. Conectada la placa con unos sensores que distribuyó en distintos puntos de su centro, empezó a enviar los datos casi al minuto al servidor. Así arrancó un proyecto que ha enrolado a 281 centros que emplean a su vez 605 dispositivos esparcidos por aulas, talleres y bibliotecas.

“Además de mostrar la realidad de las aulas, es un ejercicio de derechos laborales en un entorno de trabajo; cualquier profesor puede emplear esos datos para acudir a la Inspección de Trabajo o a la Administración”, defiende Sánchez. 

Como los recursos pedagógicos de robótica de este tipo solo se enviaron a institutos, los centros de Primaria que se han sumado a la iniciativa lo han hecho comprando las placas por su cuenta. Así lo hicieron en la escuela Sant Josep de Calassanç de Lleida. “Estaba tan cabreada con este asunto que vi el proyecto y fui a comprar el dispositivo de mi bolsillo”, explica la jefa de estudios del centro, Pili Trenado.

“El año pasado vinieron de riesgos laborales a comprobar las temperaturas, pero justo ese día no hacía tanto calor. Así, cuando me vuelvan a decir que solo llegamos a 30 grados, mostraré el registro”, afirma.

Supervivencia y mareos

Las consecuencias del calor en unas aulas que nunca han estado climatizadas preocupan desde siempre a docentes y alumnos. El problema es que, a raíz de la emergencia climática, las olas de calor no solo golpean a los centros los últimos días de clase en junio, sino también en mayo y en septiembre.

“Es un momento de supervivencia; como docente, no he vivido nunca una situación tan desagradable. No te puedes ir, pero tampoco puedes estar dando clase. Se supone que debes hacerlo, pero parece que a nadie le importa”, se lamenta Sánchez. “Los mareos son habituales y hay alumnos que tienen que abandonar la clase”, relata. 

Con escasos ventiladores de pie repartidos por algunas aulas –nunca llega para todas– es ya normal en muchos institutos que cada alumno tenga su pequeño ventilador de mano en el pupitre. 

Algunos sindicatos defienden que si las temperaturas superan los 27 grados, hay que parar la actividad lectiva. Pero no es tan sencillo. Los centros no pueden mandar a casa a los alumnos. El instituto Margarida Xirgu lo hizo hace un año, en plena ola de calor, pero la Inspección educativa les advirtió que es una falta grave, ya que en ese horario son responsables de la guardia y custodia de los menores. 

“Este curso hemos pedido autorización a las familias y el 80% la firmaron”, señala Marchal. El viernes 29 de mayo, con una máxima que superó los 34 grados, enviaron a casa a los que tenían aval familiar. 

El día a día en el Instituto Margarida Xirgu, considerado de “máxima complejidad” –con elevados niveles de pobreza e inmigración–, ya es de por sí complicado. Pero el calor sofocante no hace más que dificultar la tarea docente.

“Los docentes somos funcionarios, deberíamos tener las mismas condiciones laborales de climatización que todos los demás, es algo que duele”, se lamenta Trenado. En su escuela pública de Lleida no tienen sistemas de ventilación ni aire acondicionado en ningún espacio, apenas nueve ventiladores de pie (de los cuales pagaron cinco con los gastos de centro). 

“Yo invito a la gente a que en su puesto de trabajo apague el aire acondicionado y se ponga un día entero a trabajar con ese ambiente, y luego que piense en cómo lo haría junto a 30 adolescentes”, argumenta Sánchez. “Lo que nos dice esta situación es que la población que habita los centros educativos es la que no puede votar”, zanja el promotor de Aules que cremen.

Hoy empieza junio. París, sin que estemos ni siquiera en verano meteorológico, ya ha registrado este año más días con una temperatura máxima de 32 grados, como mínimo, de lo que registra su media histórica desde 1991 a 2020. La media histórica es de 6,73 días. Lleva 8. Récord de temperatura para un mes de mayo en Madrid, Valladolid, Segovia, Guadalajara, Toledo, Lleida, Huesca, Menorca, León, Zamora, Álava, Teruel, Ourense, Gipuzkoa, Cantabria… y la lista sigue. Llegará la semana que viene, bajarán las temperaturas, respiraremos aliviados, habrá un olvido momentáneo; llegará agosto, llegarán los incendios, dejaremos de olvidar. En 2022, cuando aún se hablaba de crisis climática y de ecologismo, se popularizó un eslogan algo mordaz, un poco satírico: ‘bienvenido al verano más fresco del resto de tu vida’. Me recuerda a la inscripción que se lee a las puertas del Infierno de Dante: ¡Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza! Aquí no hay opción de entrar o no, porque no hay un vosotros que entre y otro que se salve: en este infierno estamos todos. Pero hubo un tiempo en el que quisimos combatirlo y hasta llegamos a esforzarnos por cambiarlo.

Ya hay quien advierte de la posibilidad de un colapso de la AMOC, Circulación de Retorno del Atlántico Meridional: llegaría antes de 2100 y un mal funcionamiento de la corriente, encargada de regular el clima al transportar el agua caliente del trópico, podría conducir a Europa a inviernos más extremos, en los análisis más radicales, a una glaciación, al ser también esta corriente la que impide otra congelación de Europa; contraintuitivamente, el infierno de calor de hoy sería la semilla para el hielo infinito del mañana. Si en televisión o en prensa han oído o leído hablar de un fenómeno El Niño o incluso de un ‘súper El Niño’, la cosa va por ahí: un fenómeno climático extremo, llevado a su paroxismo, que podría desencadenar sequías, inundaciones, olas de calor, huracanes.

La forma de explicar nuestro tiempo en 2026 poco tiene que ver con la de las marchas por el clima de la juventud, ni las protestas de Greta Thunberg. En lo que llevamos de década, también culturalmente, la sociedad se ha derechizado a marchas forzadas. La sucesión de guerras, en plural, con la invasión rusa de Ucrania o la situación en Oriente Próximo; la crisis de la vivienda, la pandemia, la inestabilidad existencial, la incapacidad para proyectarse ni siquiera en el corto plazo: tantos elementos de la situación global que cristalizan en una demanda de orden, seguridad, autoridad vertical, certezas, dirección, a la cual difícilmente ha sabido cómo dar respuesta la izquierda global. No existe ningún tipo de seguridad, ni contra la guerra ni contra nada, si no hay un planeta en el que vivir; eso no significa que desde los discursos de izquierda se haya logrado vincular ambas cosas, que haya calado en la gente que sin futuro mundial no hay futuro individual. La década de 2010, en reacción a la crisis financiera y agotamiento del capitalismo financiarizado, fue una década de movilizaciones. La de 2020, en cambio, aparece como un tiempo de repliegue: en ese repliegue se vuelve a cualquier institución, a cualquier comunidad; se busca el clavo ardiendo que quede más a mano.

En medio de todo esto, el pasado 29 de mayo, el histórico grupo de música electrónica —entre el ambient y la intelligent dance music, en concreto— Boards of Canada lanzaba su primer disco en trece años, Inferno. Casi una hora y diez minutos de invocaciones espectrales, referencias a lo oculto y la religión, como una amenaza siniestra que retrocede en el tiempo y el espacio. ¿Sonará a algo muy de nicho que hable de un grupo así en esta columna? Téngase en cuenta otro síntoma de época, un gesto importante: un día antes de que el álbum saliera, la Casa Blanca, por Trump tomada, publicó en sus redes sociales un vídeo donde utilizaba la estética del álbum y música de Boards of Canada, con el fin de que sirviera para su propaganda. El sello musical que edita al dúo lo denunció como una apropiación indebida, ¿pero qué nos dice sobre este momento que hasta este tipo de creaciones artísticas, tan conectadas con la atmósfera del tiempo, sean antes reapropiadas por la derecha que por la izquierda? Este fin de semana se ha estrenado en los Estados Unidos la película Backrooms, que origina en un creepypasta divulgado en el imageboard 4chan, años atrás: algo que también suena muy, muy de nicho. Pues bien: ha sido el mejor estreno en la historia de su distribuidora, A24, ha recaudado 81 millones de dólares en su primer fin de semana y el 88% de su público han sido menores de 35 años.

Si queremos que el infierno no sea inevitable, combatir el infierno, o hacer otra cosa que el infierno —ya ni siquiera hallar en él algo que no lo sea, como escribía Calvino—, quizá sea necesario, en algún momento, tratar de entender los estilos, formas, manifestaciones de lo contemporáneo, que poco tienen que ver con las recetas de todo tiempo anterior. Hacer algo por la crisis climática es tan urgente hoy como en 2022: es, de hecho, más urgente. Pero los eslóganes de 2022 no están escritos con el espíritu del tiempo que hace falta hoy. ¿No atormenta pensar en lo imposible que es salir a la calle sin derretirse, cómo cada año la experiencia del verano se vuelve un poco peor, y reconocer, al mismo tiempo, que ya nadie lo politiza, que ya nadie habla de ello, si no es directamente para invocar la imagen del apocalipsis? Se trata de repolitizar el infierno: tarea mucho más urgente, y se me perdonará el exabrupto, que las crisis contingentes de la izquierda de estos meses. 

Imaginen llegar a la oficina en un mes de junio, con 35 grados en la calle, y que no haya aire acondicionado. Ni ese día, ni el siguiente, ni al otro. Que en los despachos, fábricas y tiendas no existiera climatización ni sombra donde refugiarse en una ola de calor. De manera estructural. Lo que en la esfera de oficina y comercial es impensable, es una realidad en el trabajo al aire libre y en las aulas de toda España, que claman estos días de temperaturas extremas por planes serios, sostenidos y urgentes para adaptar las escuelas desde Infantil a Bachillerato, donde convive población considerada vulnerable a las altas temperaturas. En palabras de Ismael Palacín, director de la entidad Equitat.org, impulsora de uno de los pocos estudios que pone cifras al problema, “las escuelas del país fueron diseñadas para un clima que ya no existe”.

La temperatura media de junio de 1990 y la de 2025 tienen dos grados de diferencia. Esto, en la práctica, ha supuesto que los niños de Morón de la Frontera o Córdoba tuvieran que aprender y jugar a 43 grados al final del curso pasado. Las direcciones de los colegios muchas veces improvisan o buscan soluciones caseras de urgencia.

En Madrid, este viernes se alcanzaban 30 grados a las 9.30 de la mañana en algunas escuelas, como el centro de infantil y primaria Ermita del Santo, en el distrito de Latina. En el Instituto de Secundaria La Morería de Mislata (València), se superaban los 30 grados a primera hora de la mañana y los alumnos hacían Educación Física a 40 grados en un patio sin la sombra prometida.

El problema ya no se circunscribe a una zona concreta del país. Tampoco a los meses de verano, porque hay olas de calor también a finales de mayo, en junio o septiembre, en la vuelta al cole. El norte de España está sufriendo especialmente este mes de mayo. Por ejemplo, la Consejería de Educación de Asturias ha tenido que autorizar esta semana a dos centros públicos a cerrar por el calor —no lo pueden mitigar y admiten que no hay un presupuesto de climatización por su elevado coste, que calculan llegaría al 20% de la obra—. El gobierno vasco ha enviado una carta a todos los colegios “especificando medidas” y “activando recomendaciones” después de que una niña de cuatro años tuviera que ser atendida por una ambulancia en su colegio por un golpe de calor. En Navarra, el gobierno señala que va a destinar de manera puntual un millón de euros para escuelas con alumnado vulnerable, pero admiten que el problema del calor en junio es nuevo allí y no hay un plan, que aseguran que pondrán en marcha si se repite, algo que las predicciones científicas auguran para los próximos años. En Cantabria han enviado “una ficha de información de riesgos por temperatura extrema que recoge los riesgos de estrés térmico y medidas preventivas y pautas de actuación” a los colegios ante las inusuales temperaturas.

Planes por hacer o por completar

En la mayoría de comunidades autónomas —que son las que tienen transferidas las competencias y gestionan la educación e infraestructuras desde Infantil a Bachillerato, FP y los conservatorios de música y danza— ni siquiera hay cifras actualizadas de cuántos colegios están climatizados, adaptados o una radiografía precisa de necesidades o inversiones, un calendario conocido o una previsión de cuándo se completará. Con algunas excepciones. El Ministerio de Educación, que no tiene competencias en esta gestión, apunta a elDiario.es que tiene dos programas de ayuda a la climatización de centros públicos de todo tipo, de más de mil millones, y que pueden ser solicitados por ayuntamientos y autonomías.

Pero climatizar no es solo instalar aire acondicionado. “Lo primero es tomar medidas pasivas, que no consumen energía”, explica Carmen Alonso, investigadora del Instituto Torroja del CSIC. “Por ejemplo, poner toldos en ventanas, aislar las cubiertas del edificio sobre todo —que además es bastante fácil y económico en los colegios de techo plano— y poner sombras y vegetación en los patios”. De esta manera, el aire es más fresco y eso tiene impacto en el edificio. “También es importante que los acabados de superficie sean de color claro. Si no, pueden llegar a coger 60 grados”. La experta explica que “cuando tienes esto, tienes menos demanda de energía, necesitas equipos de refrigeración más pequeños y son más eficientes”. La tercera pata de una buena adaptación climática en los colegios es que estos equipos estén alimentados por renovables.

La realidad es que, cuando la solución no llega por la Administración, son las Ampas o la colaboración de profesores y vecinos la que ayuda a comprar aparatos de aire o ventiladores, que es solo una parte de la solución. Por ejemplo, las familias del CEIP Ana Caicedo, en Lorca, han decidido directamente organizar una rifa para recaudar fondos y poder instalar aire acondicionado en el colegio ante la falta de respuesta administrativa. Han repartido 10.000 papeletas a dos euros cada una con la esperanza, casi cumplida, de reunir los 50.000 euros necesarios para completar la climatización del centro.

Para intervenir en el patio, poner árboles, toldos (como se ponen en calles comerciales), aislar o instalar fuentes de agua se necesita la implicación y financiación de las consejerías de Educación de cada autonomía o de los ayuntamientos.

Cuando la solución no llega por la Administración, son las Ampas o la colaboración de profesores y vecinos la que ayuda a comprar aparatos de aire o ventiladores

La mayoría de gobiernos autonómicos anuncian inversiones millonarias puntuales cada año, normalmente en el mes de mayo, que ya estaban previstas en los presupuestos presentados. No son partidas extraordinarias. Pese al clamor de familias, profesores y sindicatos, o no hay un plan estratégico en marcha o, si lo hay, no avanza proporcionalmente a las rápidas subidas de temperatura. Incluso a veces, como en la Comunidad de Madrid, el gobierno frena iniciativas surgidas de la comunidad educativa. Vox y PP impidieron en 2025 que se tramitara una Iniciativa Legislativa Popular apoyada por 72.000 firmas que pedía el aislamiento y climatización de los centros públicos. Ese mismo año, el Gobierno de Ayuso anunció 13 millones para este capítulo y calculó en 300 el número de las actuaciones climáticas hechas (hay 1.600 centros de infantil, primaria e institutos en la región).

A veces son los ayuntamientos, que tienen también parte de responsabilidad sobre la infraestructura, los que toman las riendas. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), destina parte de los ingresos de la tasa turística a climatizar 30 colegios de la ciudad cada año. Con otra perspectiva, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), acaba de lanzar una petición a empresas para que ayuden a “renaturalizar” colegios y patios: “Con aportaciones a partir de 10.000 euros, las empresas que así lo deseen pueden colaborar para la renaturalización de Escuelas Infantil, Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, así como otros edificios públicos. La empresa o entidad hace la aportación y en el Ayuntamiento nos encargamos de todo lo demás”, dice el anuncio. El presupuesto del Ayuntamiento, el más grande de España, es de 6.500 millones. Es el mismo alcalde que zanjó la queja por calor que un colegio puso en septiembre instalando aire solo en la conserjería del colegio.

La velocidad en las iniciativas de confort climático son muy variables. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, aunque invierte de manera puntual, se anunció en enero de este año un plan que “se encuentra en una fase de diagnóstico de las instalaciones educativas. Tras la fase de diagnóstico, se planificarán las actuaciones para conseguir unas condiciones térmicas que garanticen el bienestar del alumnado y del personal”. Es decir, falta tiempo para que se vea el resultado en los colegios, que se van arreglando con parches o por iniciativa privada, a la vista de que junio es parte ya de fenómenos de olas de calor. A final de este año prevé que haya un diagnóstico. Una de las reivindicaciones de la huelga indefinida de profesores valencianos, que cumple su tercera semana, es que las aulas de la comunidad estén climatizadas y adaptadas al frío y al calor.

En el mismo punto está Aragón, que ha lanzado una consulta pública para “avanzar en el desarrollo del plan de mejora climática”, aunque lo hace después de recibir numerosas denuncias por las altas temperaturas en las clases. La del sindicato CGT aporta registros de hasta 37 grados en, al menos, 45 espacios educativos y acusa al gobierno autonómico de no adoptar medidas eficaces durante el último año, motivo por el cual han acudido a la Inspección de Trabajo. Algunos de los casos se logran por el derecho de los trabajadores consolidado en la legislación, no por el derecho del alumnado.

El problema cotidiano para millones de niños, adolescentes y profesores, incardinado desde hace años, ha escalado hasta el Defensor del Pueblo, que ha contestado a las quejas que recibe de ciudadanos. El informe de 2025 de esta institución explica que se habían reabierto “las actuaciones de oficio iniciadas en 2023 ante las comunidades autónomas afectadas por las elevadas temperaturas, con el fin de actualizar la información sobre el grado de ejecución de los planes de acondicionamiento de los centros”. Es decir, si lo prometido se ha cumplido o si la administración autonómica ha puesto solución.

Toldos en la feria, pero no en el colegio

La Junta de Andalucía sí tiene un plan desarrollado. Ha impulsado su propio Plan de Bioclimatización, centrado en la instalación de sistemas de refrigeración adiabática —basados en la evaporación de agua— junto con paneles solares fotovoltaicos para abastecerlos de energía renovable. Este modelo ha generado controversia entre las familias, que cuestionan que se trate de un sistema diseñado para usos industriales, no contemplado en el marco legislativo para centros escolares. Según datos de la Consejería, el plan suma 532 actuaciones ejecutadas y una segunda fase en marcha que alcanza a otros 80 centros educativos. Pero el ritmo no llega todo lo rápido que se necesita a los casi 5.000 centros públicos. El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba acaba de evidenciar la incongruencia que supone que el alcalde haya puesto toldo a todo el recinto de la Feria para bajar “hasta 18 grados” la sensación térmica, pero que haya colegios donde el sol cae a plomo: “Tienen sombras en la Feria pero no en sus colegios”, denuncia Enrique Guerra. La principal reivindicación de las familias andaluzas es el cumplimiento de la Ley de Bioclimatización aprobada en 2020. En Baleares también tienen un plan específico y ha licitado una primera fase de actuaciones en doce centros con obras previstas por más de 16 millones.

En Extremadura, el nuevo gobierno PP Vox ha prometido este mes de mayo un plan que mantenga entre 23 y 27 grados la temperatura en todos los colegios. Hasta entonces, y de momento está solo el anuncio, son los equipos directivos quienes deben decidir las medidas para que los niños no padezcan: cambiar las clases de sitio, no salir al patio o reducir jornadas para evitar las horas centrales, con la pérdida de carga lectiva que eso supone.

Además de la salud y el bienestar, el calor tiene un impacto en la concentración y el rendimiento —igual que pasa con los adultos en el mercado laboral—. El informe de Equitat.org también recoge investigaciones que confirman peores resultados en el informe PISA del alumnado más expuesto al calor: las puntuaciones caen un 0,18% por cada día con más de 26,7 °C, mientras que el rendimiento mejora cuando se reduce la temperatura. Este informe, que ha analizado las aulas catalanas con investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya, señala que casi la mitad de los edificios del sistema educativo público, 1.220 de 2.500, son anteriores al año 2000 y, por tanto, sin criterios de adaptación climática. Calcula en 130 millones la inversión necesaria en Catalunya para que los niños y sus profesores dejen de sufrir por calor, un problema que se agrava cada año y que sigue a la espera de una solución global y estructural. De momento, son los alumnos y docentes —en lugar de los edificios escolares— los que se han adaptado a las temperaturas severas.

Con información de las ediciones de elDiario.es en Cantabria, Asturias, Navarra, Andalucía, Aragón, Baleares, Euskadi y Castilla y León.

La estación meteorológica de Aemet en Zumaia es la que más récords de calor ha batido en España en lo que va de año, cuatro en 150 días. La cuarta es la de Elgoibar, también en Gipuzkoa. En Álava, cerca del aeropuerto de Foronda, en Vitoria, este jueves fue el día de mayo más caluroso desde que hay registros. En realidad, la plusmarca anterior era recentísima, de este mismo miércoles. En general, todos los territorios vascos están viviendo el año más cálido en décadas, y eso que no ha arrancado ni el verano meteorológico (1 de junio) ni el real (21 de junio). Todas las estadísticas se extraen del especial del equipo de datos de elDiario.es.

Álava es la segunda provincia de España con subidas de temperatura más altas que la media, con un crecimiento de 2,8 grados centígrados este año. Sólo Girona tiene peores registros. En Bizkaia y en Gipuzkoa la subida es de 2,2, también elevadísima. Después de una semana de ola de calor, este jueves fue especialmente sofocante, con Álava y Bizkaia en valores máximos que superaron en 15 grados lo que sería habitual en la época del año en sus respectivos climas. La media de máximas en Bizkaia fue de 35,8 grados, con picos que lo superaron en algunos puntos. Más en detalle, en la estación del aeropuerto de Foronda, en todo 2026, la media de máximas ha saltado de 13,3 grados a 16,2. En el caso de Bilbao, ha subido de 16,5 a 18,7. En Gipuzkoa hay tres fuentes de datos. En el aeropuerto, en Hondarribia, la subida es de 16,1 a 18,3, en Igeldo, en Donostia, de 13,5 a 15,4, y en Elgoibar de 15 a 18,3.

2026 está superando los récords de calor de 2023 y 2024, los años más cálidos de la serie histórica. 2025 estuvo también por encima de la media, aunque con registros más contenidos. Desde 2013 no hay un año más fresco de lo habitual en Álava, por ejemplo. Vitoria vive un año en el que ya se superaron varias veces los 20 grados en febrero y se rozaron los 30 en abril. Zumaia, localidad costera de Gipuzkoa, tuvo noches tropicales en abril. Este fenómeno es cuando la mínima no desciende de la barrera de los 20 grados y se ha repetido en esta fuerte ola del final de mayo. En Donostia, con un observatorio de 1927 casi centenario, el lunes se midieron 24,5 grados de mínima, una plusmarca histórica.

En los últimos días, a falta de datos cerrados, las autoridades han indicado que una quincena de personas habrían podido fallecer como consecuencia de las altas temperaturas. El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha venido dando esta semana partes diarios de personas atendidas por este motivo. Fueron 25 el jueves, 31 el miércoles, 17 el martes o 25 el lunes. Como si fuera agosto, se ha recomendado poner especial atención a bebés y personas mayores, a embarazadas o enfermos crónicos. Se ha recomendado limitar la actividad física en exteriores en las horas centrales del día.

La diferencia es que la ola ha llegado con el curso escolar aún en marcha. Decenas de colegios no climatizados han sufrido los rigores de las altas temperaturas, con especial incidencia en Bilbao, donde una ambulancia tuvo que ir a atender a una niña de 4 años. También se ha denunciado el calor sofocante en los hospitales y ambulatorios. Vitoria sí abrió la temporada de baño en sus pisicinas municipales, pero en muchas zonas de playa arranca como tal este lunes, con el cambio de mes. ¿Qué implica eso? Que los bañistas han ido llegando para combatir el calor pero no ha habido servicios de vigilancia o socorristas. En Donostia una persona ha resultado ahogada y en Zarautz, por ejemplo, los surfistas han dejado sus tablas en la orilla para ayudar en caso de emergencia. El riesgo de incendios también se ha disparado. De hecho, el Gobierno vasco ha coordinado un simulacro este viernes en la zona de Besaide.

El viaje del avión propiedad del futbolista Sergio Ramos que coincide con los partidos de la Eurocopa es uno de los ejemplos más claros del uso intensivo de aviones privados como si fueran taxis, pero no el único.

Imagina un avión que despega de Pamplona al amanecer, llega a Cádiz antes del mediodía, a Madrid sobre las cuatro de la tarde y a las cinco ya está en Murcia, de donde sale a tiempo para regresar de nuevo a la capital navarra antes de las nueve de la noche. Es lo que hizo por ejemplo el Cessna Citation propiedad de Eduardo Anitua, dentista y amigo del Rey Juan Carlos I. Seis vuelos en un solo día, todos duraron menos de una hora. 

Estos viajes son tan solo un par de ejemplos que ilustran la realidad detrás de la investigación de elDiario.es, que revela el impacto ambiental del uso intensivo de los jets registrados en España entre 2024 y 2025. Más de la mitad de los 17.000 vuelos –el 55%– duraron menos de una hora. Uno de cada diez, menos de 30 minutos.

Los cálculos provienen de datos públicos proporcionados por Airplanes.Live, una plataforma de receptores independientes de señales ADS-B/Mode S/MLAT que no filtran las posiciones de los aviones privados que piden ocultar sus movimientos, una práctica cada vez más demandada. Las cifras son conservadoras ya que la cobertura de los datos es limitada en algunas zonas y algunos vuelos o partes de trayectos pueden no haber sido registrados por los receptores de Airplanes.Live.

Aunque estos aviones son propiedad de estas corporaciones, no son siempre los dueños o directivos quienes utilizan la aeronave. Según explican fuentes del sector a elDiario.es, el sistema funciona así: en la mayoría de los casos, el propietario firma un contrato para ceder el aparato a una compañía aérea especializada. Esta compañía se encarga de operar el avión y lo alquila a otras personas cuando el dueño no lo utiliza pero garantizándole un uso prioritario. 

En el siguiente gráfico puedes ver como de media la mayoría de trayectos de jets privados cubren una distancia de 424 km por vuelo. La mitad de los desplazamientos duraron menos de una hora y no llegaron a abandonar la Península. En cambio, los vuelos más largos, son inferiores y tienden a ser desplazamientos transatlánticos.

¿Por qué es relevante que los vuelos duren poco? Porque las fases de despegue y aterrizaje exigen más demanda de carburante que la fase de crucero. Por ejemplo, para un Bombardier Global Express, diez viajes de 500 kilómetros emitirían un 70% más que recorrer la misma distancia (un total de 5.000 kilómetros en un solo trayecto), según los datos de Eurocontrol a partir de muestras de consumo de combustible con vuelos reales. “Los trayectos cortos contaminan por la misma intensidad de los aviones”, argumenta Pablo Muñoz, coordinador del área de movilidad sostenible de Ecologistas en Acción. “Proporcionalmente, en las fases de despegue y aterrizaje son las de más intensidad en consumo de combustible”, añade. 

Se trata de vuelos de donde el jet privado funciona como un taxi al servicio de quien lo utiliza y que acaban siendo los que más contaminan por la demanda de carburante que exigen. Así, los jets propiedad de grandes empresas y fortunas españolas entre los que se encuentran el futbolista Sergio Ramos, el dentista de Juan Carlos I, Mercadona, grupo Damm, la familia Riberas o Inditex, contaminaron en dos años lo mismo que un millón de pasajeros comerciales. Rutas de dos horas en coche o tren en un avión privado pasan a durar tan solo 20 minutos, incluyendo los tiempos de despegue y aterrizaje. 

Madrid-Barcelona, el recorrido favorito

El recorrido favorito de los altos directivos y grandes fortunas ha sido la ruta Madrid-Barcelona (de 620 kilómetros de trayecto) con más de 1.000 vuelos acumulados para los años 2024 y 2025. Un recorrido que “no es normal”, según tildan desde Ecologistas en Acción. “Sobre todo en un sitio como España, donde no solo hay una infraestructura de alta velocidad muy desarrollada, sino que hay un transporte terrestre de autovías, autopistas que harían innecesarios muchos vuelos privados, teniendo en cuenta el impacto que tienen”, destacan desde la organización. 

España tiene muy buenas carreteras, tiene muy buenos trenes de alta velocidad. Eso hace que las alternativas a la aviación ejecutiva sean también muy buenas

Carlos Matallana — Director nacional de la empresa de alquiler de aeronaves LunaJets

En ese punto coincide Carlos Matallana, director nacional de la empresa de alquiler de aeronaves LunaJets. “España tiene muy buenas carreteras, tiene muy buenos trenes de alta velocidad. Eso hace que las alternativas a la aviación ejecutiva sean también muy buenas”, señala el broker. 

A pesar de ello, el 57% de los trayectos que se realizaron tuvieron como origen y destino un aeropuerto español. De hecho, un mismo avión ha llegado a recorrer en un día hasta cuatro veces la ruta Madrid-Valladolid, el trayecto entre Madrid-Santander o Barcelona-Valencia. Trayectos que no superan los 500 kilómetros de distancia. 

La mayoría de las rutas conectan directamente con la capital o con destinos como Sevilla o Mallorca. Otras directamente unen la ciudad condal con Ibiza o Valencia y, entre las más recurrentes, también figura la conexión Valencia–Oporto.

Frente a los trayectos de corta duración, los de larga distancia son excepcionales para quienes hacen uso de los jets privados. El siguiente gráfico muestra como los trayectos de más de tres horas de duración representan solo el 5% de los 17.000 vuelos realizados en los últimos dos años.

Entonces, ¿cuándo se considera necesario el uso de aviones privados? “Cuando es la única manera por tiempo para hacer las cosas. Esa es la parte de negocios, hablamos de gente cuyo tiempo vale mucho dinero”, argumenta Matallana. Ante uso del avión como si fuera un taxi también deriva otra consecuencia: cuatro de cada diez vuelos despegan sin pasajeros. Aunque se estima que un vuelo privado lleva unas cinco personas de media, el 41% irían sin viajeros, según los datos del propio sector.

Es lo que en el sector se denomina empty leg. “Son vuelos que van vacíos en los que yo necesito meter a personas para aprovecharlos. (...) Sí que se tiene en cuenta a la hora de alquilar que ese avión no haga un vuelo vacío. Hay que evitar todo eso por un tema de economicidad y por un tema de sostenibilidad, también”, detalla el directivo de alquiler de aeronaves.

Los datos analizados por este medio parecen confirmarlo, un tercio de los jets despega antes de las cuatro horas de haber aterrizado. Algunos tardan incluso menos, uno de cada diez despega antes de llevar una hora en tierra.

“Los vuelos privados deberían prohibirse cuando existan alternativas”

Según la European Business Aviation Association (EBAA), la aviación privada solo supone el 1% de las emisiones de todo el sector de la aviación y un 0,04% de las emisiones totales en la Unión Europea. “Es evidente que las emisiones de los aviones privados son una minoría de la aviación global. Lo que pasa es que corresponden a una parte muchísimo menor de la población mundial”, explican desde Ecologistas en Acción. “Al final, cada uno de los 17.000 vuelos supone lo mismo que todo lo que emite una sola persona en España en todo un año”, comenta Pablo Muñoz, representante del área de movilidad sostenible de la organización. Por su parte, la organización Transport & Environment (T&E) reclaman que los vuelos privados deberían prohibirse cuando existan alternativas, “como o vuelos comerciales o tren que no aumenten la duración del viaje en más de dos horas y media”.

El bróker Matallana asegura, sin embargo, que se utilizan solo cuando son necesarios: “Quien conoce la aviación ejecutiva desde dentro, se da cuenta de que ejerce un papel logístico mucho más mundano”, argumenta “pero creo que la mala fama le viene por la completamente equivocada visión de esto como el show off [exhibicionismo, en inglés] y la ostentación”. 

Asimismo, empresas del sector defienden sus iniciativas para reducir el impacto ambiental, como el uso de combustible que reduce los gases de efecto invernadero — el Sustainable Aviation Fuel (SAF) — el pago para compensar las emisiones generadas (bajo el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE) o el alquiler de vuelos a precio más barato para evitar que vayan vacíos, conocidos como “empty jets”

La empresa que dirige Matallana en España comenzó vendiendo este tipo de vuelos. “La pura venta de empty jets en sí es una acción tremendamente sostenible”, argumenta. Es, asegura, uno de los factores que hace que compañías como la suya hayan conseguido, “y lo digo con mucho orgullo, que la aviación ejecutiva no sea solo cosa de multimillonarios. Porque 1.000 € es mucho dinero, por supuesto, pero una clase media se lo puede permitir en un caso de necesidad extrema. Por ejemplo, se ha caído mi madre, se ha roto la cadera y tengo que ir corriendo...”.

Aunque matiza que no está diciendo que sea para todo el mundo: “Yo estoy convencido, y he hecho mis números, de que una familia que ingrese entre todas sus partes en torno a 150-160 mil euros anuales, es una familia que puede, sin lugar a dudas, plantearse la opción de la aviación privada de manera ocasional”. Según los datos de 2024 de la Encuesta de Condiciones de Vida, un hogar con esos ingresos brutos estaría en el 2% más rico de España. 

El sector defiende sus iniciativas para reducir el impacto ambiental

Las empresas que usan estos jets aseguran cumplir con las medidas de protección del medioambiente requeridas. Por ejemplo, Prosegur asegura que “integra la sostenibilidad como un pilar estratégico de su actividad (...) con un firme compromiso en la reducción del impacto medioambiental”, según remite a su ‘Plan Director de Sostenibilidad’ como prueba de la materialización de su compromiso. 

Mercadona afirma pagar sus derechos de emisión de CO2 acorde a la normativa vigente “en la que los operadores aéreos están obligados a medir sus emisiones de CO2 y entregar derechos de emisión equivalentes.” E Inditex, aunque rechaza hacer comentarios por “el carácter reservado de los datos”, señala que en sus memorias anuales se aprecia el “el avance en la reducción logrado” en sus emisiones. 

Ante esta modalidad de compensación de las emisiones, la organización Transport & Environment (T&E) reclama que “nunca será suficiente para hacer frente a las emisiones del sector del transporte más contaminante del mundo” y que “las únicas formas de reducir las emisiones generadas por los aviones privados son volar menos es invertir en ampliar la producción de combustibles más limpios, en particular el e-queroseno, así como en el desarrollo de aviones de hidrógeno y eléctricos”.

Otras figuras mencionadas en esta investigación como Nortia, cuya web está encabezada por la frase “comprometidos con un futuro sostenible”, Telefónica, Eduardo Anitua o Luis Gil han declinado hacer comentarios a elDiario.es. El resto no han respondido hasta el momento de esta publicación. 

El debate sobre los impuestos de los jets privados

La compra, alquiler y uso de un jet privado conlleva el pago de diferentes impuestos. Respecto al uso de carburante, el sector aéreo no está obligado a pagar impuestos sobre el combustible (queroseno principalmente) cuando los viajes no son “de recreo” y siempre que se justifique ante Hacienda que estos viajes son vuelos de negocios. Fuentes cercanas al sector aseguran que los propietarios prefieren pagar el impuesto antes que someterse a los controles que implicaría demostrar un uso exclusivamente profesional del jet. 

Esta excepción sobre el impuesto sobre los hidrocarburos es a nivel europeo, donde el debate sobre el pago del combustible llegó en 2021, cuando la Unión Europea comenzó a estudiar una propuesta para gravar los combustibles según su distinto impacto ambiental. Y ha llegado también a la política española. 

En 2025 Sumar presentó una proposición no de ley para crear un impuesto que grave las emisiones de CO2 generadas por el uso de “transportes de lujo” y Pedro Sánchez declaró en la cumbre del clima, COP2025, que estaban “avanzando junto a otros países para gravar los vuelos de clase premium y jets privados”. “Es lo justo que, quien más tiene, más contamina, pague por tanto lo que le corresponde”, recalcó. 

Los jets privados registrados en España por millonarios, grandes corporaciones y fortunas volaron más de 16 millones de kilómetros entre 2024 y 2025. El equivalente a dar 414 vueltas al mundo. La huella ambiental de esos vuelos —17.034 en total— es la misma que la de un millón de pasajeros en trayectos comerciales.

En total, los aviones propiedad de grandes empresas como Mercadona, Banco Santander, Inditex, grupo Damm, Prosegur o Telefónica, fortunas españolas como las familias Botín, Lao o Riberas; o celebridades como Sergio Ramos y el dentista de Juan Carlos I emitieron 81.253 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera.

Una investigación de elDiario.es revela por primera vez el impacto ambiental de 61 jets privados registrados en España y el uso intensivo de la aviación ejecutiva por parte de la jet set española: vuelos cortos de muy pocos kilómetros, un aumento de la actividad en los meses de verano, cientos de traslados a grandes eventos de ocio o repetición habitual de rutas en pocos días. 

Los cálculos provienen de datos públicos proporcionados por la plataforma Airplanes.Live, una comunidad de receptores independientes de señales ADS-B/Mode S/MLAT que no filtran los aviones privados que piden ocultar sus movimientos. Las cifras de horas de vuelo y emisión de CO₂ han sido estimadas a partir de más de 155 millones de posiciones recibidas por todos los modelos de jets —clasificados por la European Business Aviation Association (EBAA)— que estuvieron registrados en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea entre 2021 y 2025. Ver metodología completa.

El siguiente mapa muestra todos y cada uno de los trayectos realizados por estos aviones privados entre 2024 y 2025. Las cifras son conservadoras ya que la cobertura de los datos es limitada en algunas zonas y algunos vuelos o partes de trayectos pueden no haber sido registrados por los receptores de Airplanes.Live.

De los 61 aviones privados analizados, los 20 que más kilómetros han recorrido son los responsables del 60% de las emisiones de las aeronaves analizadas. Este medio ha identificado a sus propietarios a partir de los registros oficiales: compañías del Ibex-35, mega corporaciones, sociedades patrimoniales y grandes fortunas están detrás de los aparatos más contaminantes.

Entre ellos encontramos el Bombardier Global Express propiedad del Banco Santander, presidido por Ana Patricia Botín, que recorrió más de 646.000 kilómetros en 304 vuelos en esos dos años. La mayoría, en trayectos transatlánticos.

No es la única entidad vinculada a la familia Botín con intereses en la aviación privada. Javier Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea, consejero del banco y hermano de Ana Patricia Botín, también es propietario de un avión privado (modelo Cessna Citation XLS) a través de una sociedad —Grey Wind Investments SL— que forma parte de su ‘holding’ patrimonial, Agropecuaria El Castaño. Entre los aeropuertos más transitados por este avión está el aeródromo privado “El Castaño” en Ciudad Real, un trayecto de unos 20 minutos de vuelo desde Madrid.

Mercadona, de la familia Roig, tiene en propiedad al menos dos aviones privados (modelos Bombardier Global 5000 y 6000) que han realizado 1.457 viajes y han emitido lo mismo que 107.000 pasajeros haciendo esos mismos trayectos en rutas comerciales.

Además de Mercadona y del Banco Santander, otras grandes compañías españolas como Telefónica, grupo Damm, Inditex o Prosegur figuran entre algunos de los aviones con más kilómetros recorridos entre 2024 y 2025.

Aunque estos aviones son propiedad de estas corporaciones, no siempre los dueños o directivos viajan en la aeronave. Tal y como explican fuentes del sector a elDiario.es, el sistema funciona así: en la mayoría de los casos, el propietario firma un contrato para ceder el aparato a una compañía aérea especializada. Esta compañía se encarga de operar el avión y lo alquila a otras personas cuando el dueño no lo utiliza pero garantizándole un uso prioritario.

De los 20 con más kilómetros recorridos, 13 están cedidos a la aerolínea Gestair, centrada en la aviación ejecutiva, según los registros oficiales. Desde 2025, la compañía pertenece al fondo de capital riesgo Hyperion Fund, liderado por Pablo Casado, expresidente del PP, y el sobrino de Ana Botín, Ricardo Gómez-Acebo Botín.

“El sistema habitual es que una corporación multinacional compra un avión y lo cede a un operador aéreo. Cuando la empresa lo necesita lo utiliza y cuando no, lo alquila”, explica Miguel Ángel Sierra, abogado del despacho LegalLey, especializado en yates, aviones y sector inmobiliario. “Es un activo porque les permite comprar tiempo pero da pérdidas siempre. No es un capricho”, detalla.

Amancio Ortega, con un patrimonio estimado de 100.000 millones de euros según la revista Forbes, es la mayor fortuna de España, primer accionista y fundador de Inditex y habitual en el Top 10 de mayores fortunas mundiales. La compañía textil es propietaria de dos aviones privados que han volado 459 veces y han emitido el equivalente a 63.000 pasajeros de vuelos comerciales.

El Gulfstream G500 propiedad de la familia Riberas, octava mayor fortuna de España según el ranking de El Mundo y principales accionistas de la empresa de componentes de automoción Gestamp, ha recorrido más de 622.000 kilómetros en apenas 239 vuelos. Su avión privado figura a nombre de Caixabank y la sociedad patrimonial de la familia aparece como arrendatario financiero, una fórmula habitual usada en el sector para registrar aviones a través de un leasing para financiar la aeronave, según explican fuentes jurídicas a elDiario.es.

Mismo caso que el jet privado del exjugador de fútbol Sergio Ramos, que está registrado a nombre del Banco Santander como propietario aunque una sociedad del grupo patrimonial del futbolista (Davina Spain, S.L.) figura como arrendataria financiera. Con más de 600 vuelos en dos años, el avión privado del futbolista, que ha pasado por clubes como el Real Madrid, Sevilla o Paris Saint Germain, ha recorrido más de 500.000 kilómetros.

La familia Lao, históricamente vinculada al sector del juego (son los antiguos propietarios de Cirsa) y que figura también en la lista de mayores fortunas españolas con un patrimonio de 1.300 millones de euros, es propietaria de un Cessna Citation Latitude que ha emitido 2.338 toneladas de CO₂ en 700 vuelos en dos años. Fuentes de Nortia, cuya web está encabezada por la frase “comprometidos con un futuro sostenible”, han declinado hacer comentarios a elDiario.es.

Prosegur, controlada por la familia Revoredo a través del holding patrimonial Gubel S.L. y presidida por Helena Revoredo, es propietaria de un Dassault Falcon 2000 que ha recorrido más de 414.000 kilómetros en 251 vuelos. Entre ellos, varios trayectos entre España y Argentina, tierra natal de la familia. Desde la compañía de seguridad señalan que “la operativa de la aeronave está sujeta a un contrato de alquiler con Gestair que gestiona activamente la disponibilidad y comercialización de la aeronave cuando esta no está prestando servicio para la empresa”.

Entre las personalidades y fortunas menos conocidas que son propietarias de un jet privado también figura Luis Gil, fundador de Securitas Direct España. El avión, un Cessna Citation XLS, figura a nombre de Fast Aviation S.L., que tiene como administradora única a la esposa del empresario. 

El doctor Eduardo Anitua, conocido por ser dentista y amigo del rey emérito Juan Carlos, también es propietario de un jet privado a través de su compañía aérea NordJet Airlines. Según publicó El Mundo, el rey emérito utilizó este avión el 23 de septiembre de 2024 para viajar entre Cascais, Vitoria —donde está la clínica del doctor Anitua— y Vigo, para acudir a las regatas que se celebran en Sanxenxo. El avión, uno de los más activos, ha recorrido más de 400.000 kilómetros en 816 vuelos en apenas dos años.

Otro de los aviones analizados es propiedad de Baihas Baghdadi, empresario español de origen sirio y fundador de Baghdadi Capital, fondo que presume de ser el primer vehículo de inversión basado en la ley islámica y principal patrocinador de la Real Sociedad. Aunque no existen demasiados detalles en torno a su figura, trayectoria y procedencia, a través de su holding es propietario de un jet privado (modelo Gulfstream G200) que perteneció a Cristiano Ronaldo. La adquisición se firmó en agosto de 2024, según los registros oficiales, y en los dos últimos años ha volado 404 veces y recorrido 423.000 kilómetros.

Entre los aviones con más kilómetros figuran también el del Grupo Piñero, dueño de los hoteles Bahía Príncipe y Soltour, con decenas de trayectos entre Baleares y el Caribe; el de la farmacéutica Insud Pharma, que ha volado 308 veces en los dos últimos años; el de Aluminios Cortizo, uno de los mayores grupos industriales de Galicia; y los de empresas de alquiler de aviación ejecutiva como WeloJets o Clipper Jets.

Contaminaron lo mismo que un millón de pasajeros

Los 17.034 vuelos realizados por medio centenar de aviones privados entre 2024 y 2025 emitieron 81.253 toneladas de CO₂, según una estimación de elDiario.es usando la herramienta SET de Eurocontrol, que utiliza muestras de consumo de combustible de cada modelo de avión. Esta estimación se hace incluyendo los periodos de despegue y aterrizaje, que suelen consumir mucho más combustible que la fase de crucero. 

Estas emisiones equivalen a lo que habrían generado más de un millón de pasajeros comerciales en esos dos años, según los cálculos realizados por este medio a partir de los datos de Agencia Europea de Seguridad Aérea —83 gramos de CO₂ por kilómetro y pasajero— teniendo en cuenta el trayecto medio de los jets privados analizados: 974 kilómetros. 

¿Cuál fue el avión que más CO₂ emitió? El Bombardier Global 5000 de Mercadona. El avión propiedad de la compañía presidida por Juan Roig realizó un total de 789 viajes, la mayoría dentro de la Península, y contaminó lo mismo que casi 60.000 pasajeros entre 2024 y 2025.

Fuentes de la compañía explican a elDiario.es que “Mercadona utiliza el avión como una herramienta de trabajo más para el desplazamiento de sus trabajadores (igual que también tiene coches o furgonetas)”. “Lo más importante para la compañía es que esas horas que ahorran sus trabajadores, frente a la planificación en vuelos comerciales, puedan dedicarse a la conciliación personal y con sus familias”, añaden.

Según la European Business Aviation Association (EBAA), la aviación privada solo supone el 1% de las emisiones de todo el sector de la aviación y un 0,04% de las emisiones totales en la Unión Europea. “Es evidente que las emisiones de los aviones privados son una minoría de la aviación global. Lo que pasa es que corresponden a una parte muchísimo menor de la población mundial”, explica Pablo Muñoz, coordinador del área de movilidad sostenible de Ecologistas en Acción. “Al final, cada uno de los 17.000 vuelos supone lo mismo que todo lo que emite una sola persona en España en todo un año”, comenta.

“A medida que la sociedad aborda el cambio climático, es obvio que hay que cuestionar los vuelos privados, ya que transportan a pocos pasajeros a un coste medioambiental muy elevado”, defiende Denise Auclair, responsable de la campaña «Travel Smart» de la organización Transport&Environment. Según un estudio académico, las emisiones mundiales de la aviación privada aumentaron un 46 % entre 2019 y 2023.

El avión privado como transporte de recreo

El análisis de los patrones de uso de los jets privados apuntan al ocio como uno de los motores de su actividad. El primer indicador es su pico estacional: julio y agosto son los meses con más trasiego de viajes, según los datos analizados por elDiario.es. En julio de 2025 se registraron 1.009 vuelos que emitieron 4.257 toneladas de CO₂. En enero del mismo año, la cifra baja a la mitad. 

No es una excepción. Los informes mensuales de EBAA muestran cómo la aviación privada en Europa también se concentra en los meses de junio y julio y una reciente investigación de Nature (2024) documentó el mismo pico de llegadas a Ibiza y Niza durante el verano.

A la estacionalidad se suman los grandes eventos. En junio de 2024, ocho de los aviones analizados volaron a Reino Unido en los días previos a la final de la Champions League de fútbol en la que el Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund.

El aumento se deja ver también en los destinos vacacionales como Ibiza: el 83% de los vuelos privados a la isla en los últimos dos años se realizaron en verano (entre el 1 de junio y el 30 de septiembre). Lo mismo ocurre con Menorca, que recibió 141 vuelos de 185 en los meses de calor. 

Los días y horas de salida apuntan en la misma dirección. Jueves y domingos están entre los días con mayor actividad de los jets privados registrados en España. Una actividad que concentra muchos despegues a primera hora de la mañana y a última de la tarde.

Carlos Matallana, director de LunaJets en España, una empresa de ‘brokers’ de jets privados en Europa, destaca el viraje en el modelo de negocio. “Es muy difícil tener datos contrastados. Pero yo en Madrid hice números el año pasado y estimo que en torno al 60% de nuestras operaciones son vuelos de negocio y 40% personales. ¿Qué ocurre? Que eso ha cambiado. El personal está ganando cuota en el mercado”, explica.

En el siguiente gráfico se muestran las horas de salidas de los 17.034 vuelos realizados entre 2024 y 2025 por los jets privados registrados en España. El sábado es el día que menos se vuela de la semana y el domingo, la mayoría de vuelos se concentran por la tarde.

El uso intensivo de los jets privados

Algunas rutas muestran mejor el uso real de los jets privados. El jet del grupo Damm —controlado por la familia Carceller— realizó en mayo de 2024, en el plazo de solo una semana, un viaje desde España a Estados Unidos, regresó pasando por Niza, volvió a Madrid y voló inmediatamente a Londres donde se celebraba la final de la Champions League.

El mismo avión se usó para viajar en fechas navideñas desde Madrid a la isla de Barbados y volver al día siguiente a la capital española.

Uno de los dos aviones de Inditex, un GulfStream G650, dio una vuelta al mundo en apenas 12 días. Recorrió más de 47.000 km para ir a Singapur, volvió a España, cruzó el Atlántico hacia San Francisco y Los Ángeles y tres días después regresó a Galicia.

Pero estos vuelos de larga distancia son la excepción: la mayoría de los desplazamientos de jets privados analizados por este medio suelen ser para trayectos cortos en vuelos nacionales y dentro de Europa. 

Es el caso de Mercadona: en un solo mes de 2024, uno de los jets de la cadena de supermercados voló 51 veces. La mayoría, en trayectos dentro de la Península Ibérica. O la familia Lao: en otro mes de 2025, el jet propiedad de su holding, Nortia Capital Investment, realizó 47 vuelos y recorrió 33.000 kilómetros. Entre los destinos que visitó su Cessna Citation Latitude están los aeropuertos de Malta, Menorca, Ibiza, Barcelona, Madrid, Azores, Málaga o Cannes.

La opacidad de la actividad de los jets privados

En los últimos años, los propietarios han aumentado los esfuerzos para bloquear el seguimiento público de sus vuelos. En 2022, el informático Jack Sweeney saltó a los titulares cuando Elon Musk, CEO de Tesla y de X, le ofreció 5.000 dólares por borrar la cuenta que seguía en directo la ubicación de su avión privado. La cuenta, ahora suspendida, rastreaba también los aviones privados de Jay-Z o Taylor Swift.

Desde entonces, se ha multiplicado el uso de un programa federal en Estados Unidos llamado Limiting Aircraft Data Displayed (LADD) que permite solicitar a las principales plataformas que bloqueen la información que publican plataformas como FlightRadar24.

De hecho, el seguimiento de los aviones privados de Mercadona, Banco Santander, Inditex, grupo Damm, Telefónica o Prosegur “no está disponible para rastreo público a pedido del propietario/operador” en la plataforma FlightAware. A diferencia de estas plataformas comerciales, que suelen filtrar los datos de los aviones privados que piden privacidad, Airplanes.Live no filtra ni bloquea las señales de ninguno de estos aviones.

A la escasa transparencia sobre la actividad de los jets, se une la polémica sobre sus niveles de contaminación y el debate sobre la fiscalidad. Desde el sector defienden sus iniciativas para reducir el impacto ambiental, como el uso de un combustible que reduce los gases de efecto invernadero, el Sustainable Aviation Fuel (SAF), la compra de derechos de emisión y la compensación de esas emisiones. A la espera del desarrollo de tecnologías más limpias, desde Transport&Environment defienden que las empresas y los particulares “deberían reducir sustancialmente el uso de aviones privados”.

Aun así, el debate ha llegado también a la política española. En mayo de 2025, Sumar presentó una proposición no de ley para crear un impuesto que grave las emisiones de CO₂ generadas por el uso de “transportes de lujo”. Ese mismo año, Pedro Sánchez declaró en la COP que estaban “avanzando junto a otros países para gravar los vuelos de clase premium y jets privados (...) Es lo justo que, quien más tiene, más contamina, pague por tanto lo que le corresponde”.

Se plantean tres cuestiones relevantes que es necesario tener en cuenta tras el ciclo de borrascas que han barrido la península ibérica en las últimas semanas: su evidente vínculo con el cambio climático; los impactos sobre diferentes sectores considerando perdidas y daños en infraestructuras, agricultura y otros recursos económicos y materiales; y por último, la necesidad de prepararnos si estos fenómenos extraordinarios van a ser la norma a partir de ahora.

El impacto del cambio climático

El agua es una bendición para el campo. Pero no de esta forma, por favor. Las organizaciones agrícolas cifran en más de 2.500 millones de euros las pérdidas del sector debido al paso del tren de borrascas por nuestro país. Otros sectores productivos como el turismo o las propias infraestructuras han sufrido este fenómeno y está por ver el cálculo total de perdidas.

Hay que culpar a alguien de este desastre, y aunque lo fácil sería, y más en estos tiempos, culpar al Gobierno, vamos a apuntar al cielo y a nuestros gases de efecto invernadero y, por tanto, al cambio climático, porque todo lo que sube… baja.

Si no ha leído o escuchado ya las explicaciones que explican este fenómeno de borrascas, deberían hacerlo, pero permítanme hacer un breve resumen.

Las puertas del Atlántico se han abierto hacia la península, debido a que 'nuestro guardián' que es el anticiclón de las Azores se ha debilitado y desplazado de su posición habitual. Esto permite que la corriente en chorro (jet stream), que normalmente guía las borrascas hacia el norte de Europa, circule más al sur y dirija de forma persistente los frentes hacia la península 'bérica.

Otro elemento añadido es como en zonas del Atlántico tropical y el Caribe las temperaturas superficiales del mar están anómalamente altas, lo que conlleva a una mayor evaporación de agua. Cuando ese aire húmedo se traslada y conecta con las borrascas, estas se vuelven mucho más intensas de lo habitual para la época del año en la que estamos.

Por tanto, la influencia del cambio climático ante la ocurrencia de este fenómeno, aún más allá de la necesidad de disponer de estudios que permitan cuantificar su influencia, se antoja como fundamental.

Podemos plantearnos si este patrón tan húmedo y persistente se repetirá el próximo año. ¿Estamos ante un episodio excepcional o ante una nueva normalidad en los inviernos de la península ibérica?

De momento lo que observamos es que desde 2024 hay una tendencia clara y en aumento a experimentar borrascas más frecuentes y con mayor impacto. Los episodios de lluvia son más persistentes y con acumulados muy superiores a la media histórica y con una mayor duración.

Pero también debemos entender que entre las características del cambio climático está la de su carácter incierto. Hemos entrado en un terreno desconocido provocado por nosotros mismos al cambiar las reglas habituales del clima.

Los patrones del pasado, basados en un clima estable, ya no sirven para anticipar con seguridad lo que ocurrirá en el futuro.

El impacto en infraestructuras, agricultura y otros sectores

Resulta difícil resumir en poco espacio la cantidad de pérdidas y daños que han causado las lluvias de las últimas semanas, pero se pueden identificar diferentes sectores especialmente expuestos por su función estratégica y su vulnerabilidad a episodios extremos. Analizar su impacto de forma diferenciada permite dimensionar mejor los riesgos y anticipar medidas de adaptación y refuerzo.

Estamos viendo como la red viaria, con carreteras, autovías o puentes, están sufriendo deslizamientos, cortes prolongados y daños estructurales por crecidas; la red ferroviaria, ya fuera convencional o de alta velocidad, está sufriendo desde la inundación de sus plataformas, corrimientos de tierras y en general interrupciones prolongadas del servicio; otro caso es el de los fuertes vientos que están provocando problemas en el suministro de la red eléctrica; en cuanto al saneamiento y drenaje urbano, ya estamos observando el desbordamiento de alcantarillado o inundaciones urbanas; otro de los principales problemas es el relativo a la gestión de las presas, con una gestión más compleja de desembalses o el estrés que están sufriendo esas estructuras sobre todo en el caso de las más antiguas.

Los puertos e infraestructuras costeras sufren daños por temporales marítimos más frecuentes, sobrecarga en diques y problemas operativos continuos; los hospitales y otros centros críticos están en riesgo ya fuera por inundaciones, accesos anegados o posibles fallos eléctricos; las telecomunicaciones pueden sufrir cortes de fibra y suministro eléctrico que afectan a la conectividad en amplias zonas; el problema en viviendas y urbanismo en zonas inundables conlleva un incremento de daños estructurales, inhabitabilidad recurrente y encarecimiento de seguros o pérdida de asegurabilidad.

La cuestión de los seguros también es relevante en el caso de la agricultura. Este último sector ha sufrido especialmente los últimos fenómenos climatológicos, con pérdidas millonarias en el sector con cultivos anegados durante semanas, pérdida o deterioro de caminos rurales, daños en sistemas de regadío y drenajes o daños en instalaciones físicas entre otros. Estas afecciones no solo comprometen la producción inmediata, sino que pueden reducir la capacidad productiva de las explotaciones durante varias campañas, encareciendo costes y dificultando la recuperación del sector.

Necesidad de elevar el nivel de protección y adaptación ante una nueva normalidad

Imaginemos que estos periodos lluviosos en invierno se van a repetir cada año con la misma o mayor intensidad que los dos últimos. Este escenario también sería una expresión clara del cambio climático, aunque no tuviera que ver directamente con las cada vez más altas temperaturas del verano. El cambio climático no es solo calor: es alteración de patrones, de ritmos y de equilibrios que dábamos por estables.

Conviene recordarlo frente a quienes, como Donald Trump y otros negacionistas patrios, confunden el tiempo de un día concreto con el clima de décadas. El clima se mide en tendencias largas y comportamientos repetidos, no en episodios aislados de frío o lluvia. Por eso, hablar de cambio climático es hablar también de borrascas más persistentes, de inviernos más extremos o de fenómenos que se encadenan con mayor frecuencia.

Si proyectamos esta tendencia hacia los próximos años, y las borrascas se intensifican aún más, el desafío dejaría de ser coyuntural para convertirse en estructural. Nuestra atención debe centrarse en las infraestructuras y recursos críticos -energía, transporte, agua, agricultura- y en la necesidad de reforzarlos y adaptarlos ante un futuro más incierto y exigente.

Ante ese escenario, la respuesta no puede ser improvisada, sino estratégica y multinivel: planes de adaptación coordinados entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios, alineados con los marcos europeos y sectoriales.

Será necesario actualizar planes de emergencia, invertir en infraestructuras resilientes, revisar normativas urbanísticas y reforzar los servicios públicos que sostienen la respuesta en crisis -protección civil, sanidad, gestión del agua y energía- frente a las dinámicas de privatización que no hacen sino debilitar su capacidad operativa. Además, la adaptación debe incorporar a la ciudadanía, al tejido productivo y a la comunidad científica en procesos participativos que generen corresponsabilidad, prevención y cultura del riesgo.

Pero también hay una cuestión que debemos tener en cuenta y es cómo nos va a afectar esta nueva normalidad, tanto a nivel colectivo como individual. Como sociedad, pondrá a prueba nuestra capacidad de organización, solidaridad y apoyo mutuo ante unas emergencias cada vez más frecuentes, así como la equidad en la distribución de ayudas y recursos.

Y en el plano individual, la repetición de episodios extremos, la incertidumbre constante y las pérdidas materiales pueden generar ansiedad, fatiga emocional y sensación de vulnerabilidad, convirtiendo la salud mental en un factor clave de resiliencia colectiva.