Se plantean tres cuestiones relevantes que es necesario tener en cuenta tras el ciclo de borrascas que han barrido la península ibérica en las últimas semanas: su evidente vínculo con el cambio climático; los impactos sobre diferentes sectores considerando perdidas y daños en infraestructuras, agricultura y otros recursos económicos y materiales; y por último, la necesidad de prepararnos si estos fenómenos extraordinarios van a ser la norma a partir de ahora.

El impacto del cambio climático

El agua es una bendición para el campo. Pero no de esta forma, por favor. Las organizaciones agrícolas cifran en más de 2.500 millones de euros las pérdidas del sector debido al paso del tren de borrascas por nuestro país. Otros sectores productivos como el turismo o las propias infraestructuras han sufrido este fenómeno y está por ver el cálculo total de perdidas.

Hay que culpar a alguien de este desastre, y aunque lo fácil sería, y más en estos tiempos, culpar al Gobierno, vamos a apuntar al cielo y a nuestros gases de efecto invernadero y, por tanto, al cambio climático, porque todo lo que sube… baja.

Si no ha leído o escuchado ya las explicaciones que explican este fenómeno de borrascas, deberían hacerlo, pero permítanme hacer un breve resumen.

Las puertas del Atlántico se han abierto hacia la península, debido a que 'nuestro guardián' que es el anticiclón de las Azores se ha debilitado y desplazado de su posición habitual. Esto permite que la corriente en chorro (jet stream), que normalmente guía las borrascas hacia el norte de Europa, circule más al sur y dirija de forma persistente los frentes hacia la península 'bérica.

Otro elemento añadido es como en zonas del Atlántico tropical y el Caribe las temperaturas superficiales del mar están anómalamente altas, lo que conlleva a una mayor evaporación de agua. Cuando ese aire húmedo se traslada y conecta con las borrascas, estas se vuelven mucho más intensas de lo habitual para la época del año en la que estamos.

Por tanto, la influencia del cambio climático ante la ocurrencia de este fenómeno, aún más allá de la necesidad de disponer de estudios que permitan cuantificar su influencia, se antoja como fundamental.

Podemos plantearnos si este patrón tan húmedo y persistente se repetirá el próximo año. ¿Estamos ante un episodio excepcional o ante una nueva normalidad en los inviernos de la península ibérica?

De momento lo que observamos es que desde 2024 hay una tendencia clara y en aumento a experimentar borrascas más frecuentes y con mayor impacto. Los episodios de lluvia son más persistentes y con acumulados muy superiores a la media histórica y con una mayor duración.

Pero también debemos entender que entre las características del cambio climático está la de su carácter incierto. Hemos entrado en un terreno desconocido provocado por nosotros mismos al cambiar las reglas habituales del clima.

Los patrones del pasado, basados en un clima estable, ya no sirven para anticipar con seguridad lo que ocurrirá en el futuro.

El impacto en infraestructuras, agricultura y otros sectores

Resulta difícil resumir en poco espacio la cantidad de pérdidas y daños que han causado las lluvias de las últimas semanas, pero se pueden identificar diferentes sectores especialmente expuestos por su función estratégica y su vulnerabilidad a episodios extremos. Analizar su impacto de forma diferenciada permite dimensionar mejor los riesgos y anticipar medidas de adaptación y refuerzo.

Estamos viendo como la red viaria, con carreteras, autovías o puentes, están sufriendo deslizamientos, cortes prolongados y daños estructurales por crecidas; la red ferroviaria, ya fuera convencional o de alta velocidad, está sufriendo desde la inundación de sus plataformas, corrimientos de tierras y en general interrupciones prolongadas del servicio; otro caso es el de los fuertes vientos que están provocando problemas en el suministro de la red eléctrica; en cuanto al saneamiento y drenaje urbano, ya estamos observando el desbordamiento de alcantarillado o inundaciones urbanas; otro de los principales problemas es el relativo a la gestión de las presas, con una gestión más compleja de desembalses o el estrés que están sufriendo esas estructuras sobre todo en el caso de las más antiguas.

Los puertos e infraestructuras costeras sufren daños por temporales marítimos más frecuentes, sobrecarga en diques y problemas operativos continuos; los hospitales y otros centros críticos están en riesgo ya fuera por inundaciones, accesos anegados o posibles fallos eléctricos; las telecomunicaciones pueden sufrir cortes de fibra y suministro eléctrico que afectan a la conectividad en amplias zonas; el problema en viviendas y urbanismo en zonas inundables conlleva un incremento de daños estructurales, inhabitabilidad recurrente y encarecimiento de seguros o pérdida de asegurabilidad.

La cuestión de los seguros también es relevante en el caso de la agricultura. Este último sector ha sufrido especialmente los últimos fenómenos climatológicos, con pérdidas millonarias en el sector con cultivos anegados durante semanas, pérdida o deterioro de caminos rurales, daños en sistemas de regadío y drenajes o daños en instalaciones físicas entre otros. Estas afecciones no solo comprometen la producción inmediata, sino que pueden reducir la capacidad productiva de las explotaciones durante varias campañas, encareciendo costes y dificultando la recuperación del sector.

Necesidad de elevar el nivel de protección y adaptación ante una nueva normalidad

Imaginemos que estos periodos lluviosos en invierno se van a repetir cada año con la misma o mayor intensidad que los dos últimos. Este escenario también sería una expresión clara del cambio climático, aunque no tuviera que ver directamente con las cada vez más altas temperaturas del verano. El cambio climático no es solo calor: es alteración de patrones, de ritmos y de equilibrios que dábamos por estables.

Conviene recordarlo frente a quienes, como Donald Trump y otros negacionistas patrios, confunden el tiempo de un día concreto con el clima de décadas. El clima se mide en tendencias largas y comportamientos repetidos, no en episodios aislados de frío o lluvia. Por eso, hablar de cambio climático es hablar también de borrascas más persistentes, de inviernos más extremos o de fenómenos que se encadenan con mayor frecuencia.

Si proyectamos esta tendencia hacia los próximos años, y las borrascas se intensifican aún más, el desafío dejaría de ser coyuntural para convertirse en estructural. Nuestra atención debe centrarse en las infraestructuras y recursos críticos -energía, transporte, agua, agricultura- y en la necesidad de reforzarlos y adaptarlos ante un futuro más incierto y exigente.

Ante ese escenario, la respuesta no puede ser improvisada, sino estratégica y multinivel: planes de adaptación coordinados entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios, alineados con los marcos europeos y sectoriales.

Será necesario actualizar planes de emergencia, invertir en infraestructuras resilientes, revisar normativas urbanísticas y reforzar los servicios públicos que sostienen la respuesta en crisis -protección civil, sanidad, gestión del agua y energía- frente a las dinámicas de privatización que no hacen sino debilitar su capacidad operativa. Además, la adaptación debe incorporar a la ciudadanía, al tejido productivo y a la comunidad científica en procesos participativos que generen corresponsabilidad, prevención y cultura del riesgo.

Pero también hay una cuestión que debemos tener en cuenta y es cómo nos va a afectar esta nueva normalidad, tanto a nivel colectivo como individual. Como sociedad, pondrá a prueba nuestra capacidad de organización, solidaridad y apoyo mutuo ante unas emergencias cada vez más frecuentes, así como la equidad en la distribución de ayudas y recursos.

Y en el plano individual, la repetición de episodios extremos, la incertidumbre constante y las pérdidas materiales pueden generar ansiedad, fatiga emocional y sensación de vulnerabilidad, convirtiendo la salud mental en un factor clave de resiliencia colectiva.

Tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero hubo un tiempo en que solo hablábamos del tiempo para llenar el incómodo silencio del ascensor. Teníamos inviernos fríos, veranos calurosos, otoños lluviosos y primaveras locas. No sabíamos qué era una Dana, ni poníamos nombre a las borrascas. La información meteorológica en la tele era breve y sencilla, sin tecnicismos ni mapas de colores, solo graciosos huevos fritos para el sol. De vez en cuando se desbordaba un río —y dejaba decenas de muertos, sí—, se paralizaba una provincia entera por la nieve o batíamos un récord histórico de temperatura; pero en general no se alteraba mucho nuestra vida, no sabíamos quién era el responsable de emergencias en nuestra comunidad, las televisiones no hacían directos con periodistas a punto de ahogarse o de morir congelados, y la información del tiempo era eso, información, no espectáculo. No es un ejercicio de nostalgia, solo recuerdo de dónde venimos y dónde estamos.

La nueva normalidad meteorológica es vivir esperando el próximo ES-Alert, planear viajes que no sabemos si podremos hacer, organizar eventos que se suspenden solo un día antes, ver a tu alcalde o presidente autonómico con chaleco reflectante día sí y día también, o que te avisen por la noche de que se suspenden las clases al día siguiente y qué haces con tus hijos. En toda mi vida de escolar no recuerdo que ni una sola vez nos cancelasen clases por mal tiempo; mis hijas acumulan varias cada curso, ya sea por calor, lluvia o viento. Tampoco he tenido tantos cambios de planes y viajes anulados a última hora como en los últimos meses. Y lo mismo digo con los parques cerrados, los partidos de fútbol suspendidos y el estado de emergencia discontinua en que vivimos.

Por supuesto está la Dana de Valencia, cuya negligente respuesta hace que hoy hasta el último alcalde prefiera pasarse de frenada antes que ser acusado de inacción. Y no menosprecio lo mucho que hemos mejorado en prevención y respuesta ante fenómenos extremos; yo también prefiero que se pasen a que nos dejen tirados. Hablo de la combinación de una meteorología alterada, con una sociedad muy vulnerable y que exige riesgo cero.

En cuanto a lo primero, los expertos dirán si la reiteración de catastróficas borrascas y olas históricas de calor o frío son, como parece, consecuencia de la emergencia climática, y serán nuestra anormal normalidad en adelante. Mazón y su inepto equipo pudieron provocar más de doscientos muertos, pero los daños materiales se habrían producido igualmente aunque hubiesen avisado a tiempo (recordemos, 120.000 coches destrozados, que se dice pronto). De ser así, si esto es lo que nos espera, tendremos que replantear todo, desde los transportes y el mantenimiento de infraestructuras, al coste económico para administraciones, aseguradoras, empresas y ciudadanos.

En cuanto a lo segundo, la vulnerabilidad, ya la pandemia nos desnudó como una sociedad tan compleja, interconectada y dependiente de la movilidad de personas y mercancías, que se tambalea ante cualquier imprevisto. La meteorología adversa, en su reiteración, trastoca todo y nos paraliza. Y añadimos algo que, lejos de ser un inconveniente, es un avance, pero que lo hace todo más difícil: en la medida de lo posible queremos minimizar todo riesgo, y castigamos duramente al gobernante que no ponga todos los medios disponibles -que siempre serán pocos- para protegernos.

Así que empezamos nueva semana a la espera del próximo ES-Alert, que no tardará en llegar, pues su uso se ha multiplicado. De las críticas y burlas por los primeros avisos hace solo tres años, hemos pasado al envío casi semanal que algunos gobiernos practican. Tanto, que a este paso acabará perdiendo su carácter extraordinario, los dejaremos de atender y habrá que inventar otro sistema de alerta. Ánimo.

En un mercado de moda saturado de conceptos como ‘eco’, ‘orgánico’ o ‘consciente’, es fácil olvidar que la industria textil es responsable del 10% de las emisiones globales de carbono, según datos de Naciones Unidas. “Los consumidores confiamos en que las marcas se ocupen de hacer las cosas bien (...) Olvidamos esa herramienta diabólica de marketing llamada ‘greenwashing’: una empresa anuncia su compromiso medioambiental pero no lleva a cabo ningún gran cambio significativo, solo busca blanquear su imagen”, recoge en ‘La moda justa’ Marta D. Riezu. 

“Para mí, ser respetuosos con el medio ambiente en temas de moda no significa comprar ropa con etiquetas que utilizan palabras que al consumidor le cuesta descifrar su significado real y que solo sirven para limpiar nuestra conciencia consumista”, afirma Asun Domínguez, patronista y directora de Asun Domínguez Escuela de Moda. “Lo verdaderamente importante es que el consumidor asuma la responsabilidad de qué y cómo consume”, añade.

Reducir el consumo

La sostenibilidad no solo reside en el tejido, sino en qué y cómo se consume. “Lo único consciente que podemos hacer como consumidores es comprar con responsabilidad y evitar la compra impulsiva”, admite Domínguez, que asegura que el primero que nos lo agradecerá será nuestro bolsillo. 

La mayoría de artículos y expertos sobre el tema coinciden en que no comprar y utilizar lo que ya se tiene es siempre la opción más sostenible. “Pero esto no interesa, porque las industrias necesitan ese consumismo impulsivo y si para ello necesitan sacar una etiqueta ‘green’, la sacan”, opina la experta, que recomienda pensar varios días si realmente necesitamos una prenda antes de comprarla. 

Domínguez también subraya la importancia de tomarse el tiempo para pensar cómo combinar las prendas con el objetivo de reutilizarlas: “Invirtiendo un poco de tiempo en ver cómo introducirlas en nuevos ‘looks’, podamos darles una nueva vida”. Así como de “donar, regalar o vender lo que definitivamente no te vas a poner”.

Evitar el ‘fast fashion’

“No nos engañemos: el ‘fast fashion’ barato y la sostenibilidad no son compatibles”, zanja Domínguez, que defiende que no hay opciones verdaderamente ecológicas y baratas. “Es un tema demasiado amplio y las redes están llenas de artículos sobre el tema, pero la realidad es que lo realmente ecológico es costoso”, resume.

La importancia de los materiales

Cada material tiene sus ventajas dependiendo de las prioridades ambientales de cada uno, advierte la experta. “Todos tienen sus pros y contras: el algodón es mejor si te preocupa la contaminación de los océanos y los residuos; mientras que el poliéster es mejor si te preocupa la huella de carbono y la durabilidad”, explica Domínguez. “El poliéster es casi indestructible, una camiseta te puede durar 10 años sin deformarse, mientras que la de algodón se suele gastar antes”, aclara.

En su caso, explica, “más que evitar uno concreto, busco calidad, me fijo en los acabados, que no destiñan ni se deformen y que se puedan lavar y planchar en casa”.

El Gobierno presentó hace dos semanas el segundo borrador del Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática. Entre sus ejes, una red estatal de refugios climáticos frente a las olas de calor, varias medidas para prevenir los incendios, nuevas oportunidades para el medio rural o una Respuesta Nacional que aumente la resiliencia hídrica del país ante sequías e inundaciones.

Cuatro meses atrás, en medio de la oleada de incendios que acongojó al país durante el verano por su abrumadora ferocidad, Pedro Sánchez pronunció estas palabras: “Necesitamos una estrategia que anticipe una mejor respuesta [...] ante el agravamiento y la aceleración de los efectos de la emergencia climática en nuestro país. Y eso exige un gran pacto de Estado [...]”. El PP se apresuró a tachar la propuesta de “cortina de humo” y Vox de “fanatismo climático”, pero en los próximos meses tendrán que dar más explicaciones acerca de este rechazo, ya que el siguiente paso de este documento es el de ser debatido en el Congreso.

Y es que la región mediterránea es un “punto caliente” del cambio climático, en palabras del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Es por ello que órganos como las asambleas ciudadanas climáticas llevan tiempo demandando algo así.

En su elaboración han participado entidades científicas e investigadores, organizaciones sociales, ambientales, empresariales y sindicales, así como representantes del sector agrario, pesquero, o entidades rurales y urbanas. Entre los implicados ha estado Greenpeace España. Ahora que el segundo borrador es ya una realidad, Eva Saldaña, Directora Ejecutiva de la ONG, valora la trascendencia de esta propuesta.

¿Cómo explicaría la importancia de un Pacto de Estado, teniendo en cuenta que no se trata de un documento vinculante?

Creo que su importancia es la de lograr un gran acuerdo social y político que establezca que tenemos claro que hay una crisis actual enfrente muy grande en la que la respuesta y las soluciones no pasan por las ideologías políticas. Una crisis en la que la especie humana está poniendo en jaque su supervivencia. Lograrlo implicaría que estamos todos y todas en ello, de alguna forma, participando, sintiéndonos responsables y colaborando en las soluciones.

El documento incorpora el reconocimiento al sector primario. Hasta ahora estaba muy invisibilizado 

Si desde Greenpeace tuviesen que ponerle una nota a este último borrador del Pacto, ¿qué nota le darían?

Me voy a situar en un siete. Por un lado, porque avanza de forma importante con respecto al primer borrador. Por otro, porque incorpora el reconocimiento de que la ganadería, la agricultura y la pesca son sectores que pueden transformarse, contribuir a la mitigación del cambio climático, proteger la soberanía alimentaria y lograr ser resilientes a estas crisis. El sector primario hasta ahora estaba muy invisibilizado, pero va a jugar un papel muy relevante en los próximos años. 

También hemos celebrado que incorpora áreas clave como la biodiversidad, los ecosistemas marinos y costeros, el refuerzo al conocimiento científico en todas las políticas públicas, y la parte de lucha contra la desinformación climática. Otros puntos importantes son el del Plan de Empleo Verde, además de esa gran apuesta por los refugios climáticos y el tratamiento de la salud con enfoque integral. No obstante, todavía faltan cosas, como un mayor compromiso con la mitigación. La adaptación y la mitigación son dos caras de la misma moneda.

¿En qué otros aspectos considera que hay que trabajar para que este documento no se quede tan solo en un conjunto de buenas intenciones?

En todo lo que tiene que ver con la gobernanza y con una participación ciudadana efectiva y basada en la ciencia. Creo que, aparte del reto de convencer a todo el espectro parlamentario, este aspecto es lo que puede hacer que se blinde como un pacto de Estado real, en el que la ciudadanía sea absolutamente protagonista. Y el segundo aspecto es la coherencia de políticas. Es muy importante —y empieza a verse que esa es la orientación que se le quiere dar a este Pacto— que haya coherencia entre los ministerios y a nivel nacional, regional y local. Que no sea visto como un asunto que solo es cosa del Ministerio de Transición Ecológica.

Por otro lado, creo que sería crucial que quede reflejado un apartado relacionado con gravar y eliminar ayudas a quienes contaminan para que se dediquen esos recursos a las transformaciones necesarias para mitigar y adaptarnos.

Entiendo que puede haber acuerdos más fuertes o menos fuertes, pero hay ciertas cosas que hay que blindar [...]. De lo contrario nos vamos a ver en situaciones mucho más complejas que la dana de Valencia

Cuando ve al PP y a Vox desdeñar o rechazar públicamente este Pacto, ¿qué piensa?

Pues creo que es una irresponsabilidad absoluta y también una inmoralidad, porque ya estamos en la mitad de la década que la comunidad científica marca como decisiva, y ya hemos visto muchas muertes muy cerca, como en Valencia. Hemos vivido, además, uno de los peores años en las últimas décadas de incendios, con pueblos y regiones enteras absolutamente destrozadas. 

Creo que las personas, el planeta y la democracia tienen que estar en el centro, que este pacto tiene que conseguir justo eso, y que todo lo que sean ideologías se tienen que dejar a un lado. Entiendo que puede haber acuerdos más fuertes o menos fuertes, pero hay ciertas cosas que hay que blindar por las generaciones presentes y futuras. De lo contrario nos vamos a ver en situaciones mucho más complejas que la dana de Valencia.

¿Cree que se puede conseguir la firma del PP? ¿Qué piensa que tendría que ocurrir para que así fuera?

Yo creo que el PP debería firmarlo, ya que es una responsabilidad no solo política, sino ahora también jurídica. Y creo que la ciudadanía tiene que empujar para que eso suceda, porque es una emergencia que nos toca a todos y todas. No entiende de colores políticos, de lugares de procedencia, de estatus económicos. Tienen que firmarlo: es una obligación moral con toda la ciudadanía. Si no, habrá que recurrir a los espacios de los tribunales, que estamos viendo que también están trayéndonos victorias y pasos adelante.

¿Cree que ha llegado ya el momento, o que así será de forma inminente, en el que no apoyar la causa climática podrá perjudicar seriamente a los partidos?

Yo creo que tendría que haber llegado y me gustaría poder decir que así es. Sin embargo, estamos viendo un panorama europeo y mundial que no nos dice eso, de momento. Pero estoy convencida de que esto con el tiempo se va a decantar y va a caer por su propio peso, porque nos estamos jugando mucho. Ya no solo son todas las pérdidas económicas, sino también las vidas humanas. Y creo que esto la gente lo está sintiendo en su piel con situaciones familiares muy complejas o de pueblos enteros afectados.

Queremos que el Plan de Empleo Verde asegure la reconversión justa de sectores que están en declive y que contribuya a abordar los retos demográficos en las áreas rurales

¿Cómo un Pacto como este puede impactar positivamente en la realidad cotidiana de las personas?

Este tipo de pactos, aunque de momento no estén en el sobresaliente, sí nos pueden mejorar la vida. Esto tiene que ver con tener viviendas dignas y sostenibles gracias a una climatización adecuada para el invierno y para el verano; con sostener a esos trabajadores del sector primario, que son los que nos alimentan; con una alimentación saludable, sostenible, y asequible para nuestros bolsillos; con que la energía que llegue a nuestras casas sea más barata; con nuestra salud en primer término, con el aire que respiramos.

En ese sentido, ¿podría detenerse en la propuesta del Plan de Empleo Verde Rural?

En el documento está reflejado como algo aún ambiguo. Necesitaríamos entender mucho más cuál es la propuesta que está sobre la mesa. Lo que sí que vamos a pedir y por lo que vamos a luchar es por que se garantice la perspectiva de género y que el plan consiga impulsar empleos sostenibles de calidad en áreas como son la restauración de ecosistemas, la agricultura y ganadería extensivas, la agroecología, la pesca artesanal, la bioeconomía local, la innovación social…

Yo creo que hay mucho espacio para generar empleo que, además, llegue a la gente joven y que pueda ser una bolsa de empleo para las personas que lleguen a esas zonas rurales. Queremos que asegure la reconversión justa de sectores que están en declive y que contribuya a abordar los retos demográficos en las áreas rurales, como son la despoblación, el envejecimiento de la población, las dificultades para mantener servicios públicos. 

Ha mencionado antes la importancia de que por fin se reconozca al sector primario. ¿Este Pacto tiene el potencial de contribuir a limar las asperezas entre este sector y la causa climática? ¿Se corre el riesgo, por otro lado, de que ocurra lo contrario?

Yo creo que sí, que esta es una oportunidad muy grande para ello. De hecho, en los procesos de participación y de diálogo en los que hemos podido estar —que espero que haya más, se consoliden, y vayamos a por parlamentos ciudadanos permanentes— hemos estado de la mano con los sindicatos agrarios y creo que tenemos mucho en común con lo que avanzar, y este puede ser un gran espacio de diálogo. Por eso decía que es tan importante que sea un acuerdo social y político. Tienen que estar representados todos estos sectores, porque juegan un papel fundamental y lo único que hay que hacer es apoyarles para que puedan transitar. Hay que hacer unas transiciones paulatinas en las que se valore el trabajo que hacen y puedan vivir en condiciones completamente dignas, como pedimos para el resto de la sociedad.

De las medidas para criminalizar a la inmigración a la condena del Pacto Verde Europeo. Hace una semana el grupo parlamentario Vox en las Corts planteó una Proposición No de Ley (PNL) que, entre otras cosas, plantea una serie de medidas que vinculan a los inmigrantes con delincuencia, una suerte de primer peaje al PP por haber apoyado la investidura del presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca.

Este miércoles llegó el segundo de los peajes con la presentación de una segunda PNL (documento completo al final de la información) que ataca el Pacto Verde Europeo. En su discurso para ser elegido presidente, Pérez Llorca ya advirtió de que el Pacto Verde Europeo ha sido “impuesto por élites europeas de despacho”, cuando la realidad es que lo pactó el propio PP Europeo con el apoyo de los socialistas en Bruselas.

El jefe del Consell asumió de lleno los postulados de la extrema derecha cuando afirmó: “Desde Bruselas condenan a nuestro campo a cargar con más costes y mientras dejan entrar productos de otros países que no cumplen las mismas medidas, eso es incompetencia y desequilibrio. Exigimos una política firme contra lo que discriminan nuestros productos. Pedimos rigor y sentido común, nada más, un debate que debemos afrontar de forma sosegada y no con desinformación. Vamos a defender nuestro sector primario frente a las condiciones de Bruselas y una impostura ecologista que las élites europeas quieren convertir en un dogma”.

Ahora, las palabras se deberán traducir en hechos cuando se lleve la PNL a votación en el pleno de las Corts entre febrero y marzo. Entre otras cosas, el documento insta al Consell a “suprimir, mantener eliminadas, o en todo caso, reformar, todas aquellas cargas fiscales y tasas autonómicas derivadas de la imposición del Pacto Verde y que condenan a nuestro sector primario privándoles de un correcto desarrollo laboral y económico” y a “condenar de manera explícita el Pacto Verde Europeo promovido en el año 2020 por las élites de Bruselas”.

Al mismo tiempo se pide al ejecutivo valenciano “compensar al sector primario valenciano a través de medios económicos las posibles imposiciones ideológicas de Bruselas y multas derivadas de los requisitos imposibles y desproporcionados que afectan gravemente a nuestra agricultura”.

Del mismo modo se exige al Gobierno central que inste a la Comisión Europea a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a que realice “una flexibilización de los requisitos y normas imposibles de cumplir de manera plena y efectiva por parte de nuestros agricultores” y nuevamente que rechace “de manera clara y contundente el Pacto Verde Europeo aprobado por las élites de Bruselas en el año 2020”.

La emergencia climática y su repercusión en el entorno urbano ya no es una cuestión de segundo orden. En nuestras ciudades vivimos, trabajamos y respiramos. Y con el arranque del nuevo siglo se ha instalado una ocupación intensiva del territorio que ha dado la espalda a la naturaleza, al medio ambiente, al agua y a todo aquello que permite una habitabilidad donde la superpoblación se impone a los corredores verdes y a una integración del clima, el paisaje y los ecosistemas.

No es un contexto que pase desapercibido para expertos e investigadores de la regeneración urbana. Y ese es el caso del grupo de investigación ‘Eco-Futuring. Laboratorio de diseño para la ciudad verde’, reconocido como grupo de Alto Rendimiento por la Universidad de Alcalá (UAH). Nació hace 15 años debido a la preocupación de un grupo de profesores y profesoras que ya habían puesto en marcha el Máster en Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad.

El motivo de sus inquietudes: la emergencia climática, las cuestiones medioambientales y su repercusión en el entorno urbano. Conscientes de que uno de los mayores desafíos del siglo XXI es precisamente redefinir el modelo de ciudad, trabajan en comprender cómo los retos ambientales, sociales y económicos afectan al entorno urbano y requieren iniciativas que integren el clima, el paisaje y los ecosistemas en el núcleo del diseño arquitectónico y urbano.

Hay que evitar el divorcio entre la naturaleza y el entorno construido

Rosa Cervera — Profesora Emérita de Arquitectura de la Universidad de Alcalá

Lo explica Rosa Cervera, profesora emérita de Arquitectura y coordinadora del grupo de investigación. Según detalla, en el origen de un futuro insostenible en las grandes ciudades se encuentra la elevada demanda energética de la urbe contemporánea, los efectos de las emisiones nocivas derivadas de los edificios y del transporte, y el “divorcio entre naturaleza y entorno construido”.

Toda esta situación exige explorar “nuevas alternativas que permitan recuperar el equilibrio con el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”. Pero ¿cómo hacerlo?

Para ello es fundamental ser conscientes de que el modo de desarrollo urbano aún dominante se basa en la extensión y “ocupación intensiva” del territorio, una dinámica que califica de “depredadora” por la degradación sistemática del entorno natural y los ecosistemas, olvidando que “sin él la vida humana no es posible”.

En este contexto, uno de los objetivos prioritarios del grupo de investigación es revisar los modelos de tramas y redes urbanas, evaluando sus consumos y emisiones, así como profundizar en el estudio de indicadores de sostenibilidad para valorar su pertinencia y proponer nuevas soluciones.

Esos nuevos enfoques de diseño urbano se basan en soluciones de “inspiración natural”, como, por ejemplo, la potenciación de corredores verdes (con vegetación relevante) o azules y verdes (con agua y vegetación), que son “capaces de reducir de forma efectiva el efecto isla de calor y mejoran la salud y bienestar del ciudadano”.

“El objetivo es transitar de un sistema urbano basado en el consumo intensivo de energía y territorio a uno orientado a la producción energética, la resiliencia, la prevención de desastres naturales y el equilibrio ecológico, fomentando un urbanismo más sostenible y saludable para la ciudadanía”.

La experta hace hincapié en que se trata de cuestiones transversales a la mayoría de las ciudades del mundo, pero que tienen matices muy distintos según la densidad de población o según estén o no construidas con algún tipo de regulación o “formalidad”.

Hay ejemplos sobre la mesa. Porque esta indagación ha llevado a los investigadores a estudiar aplicaciones prácticas. Es el caso del estudio de la ciudad de autoconstrucción 'Satélite Norte' en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), que le ha permitido desarrollar análisis y propuestas en cooperación con los vecinos que llegaron a materializarse y fueron reconocidos con el Premio a la Transferencia del Conocimiento de la UAH en 2017.

Asimismo, trabajan en la investigación sobre los slums de Mumbai (India), cuyos resultados se plasmaron en el libro ‘Mumbai Ciudad Reciclada, interpretando el Slum’.

Rosa Cervera indagó especialmente en el tema de la ciudad superpoblada, es decir, una megaurbe de más de 20 millones de habitantes. Puso la lupa en el desarrollo de la Ciudad Jardín Vertical 'Torre Biónica', concebida con una altura de un kilómetro.

Pensada para Shanghái, en China, señala que esta propuesta plantea un modelo de urbanismo vertical capaz de albergar a 100.000 personas, organizadas en barrios que se desarrollan en altura, “evitando la expansión ilimitada del tejido urbano”. Además, incorpora plazas públicas y parques distribuidos a diferentes niveles, promoviendo espacios verdes y de recreo.

Este modelo de ciudad vertical es “completamente autosuficiente energéticamente”, integrando tecnologías de energía renovable y sistemas de gestión eficiente de recursos. Incluso cuenta con un barrio-granja que produce alimentos in situ, “garantizando seguridad alimentaria y reduciendo la huella ecológica de sus habitantes”. La Torre Biónica también contempla estrategias de movilidad vertical y horizontal sostenibles.

Así, con un modelo de urbanismo que integra densidad poblacional, eficiencia energética y espacios verdes en un solo ecosistema urbano vertical, queda demostrado que es posible “concebir ciudades resilientes y habitables frente a los retos de la superpoblación, la crisis ambiental y la necesidad de reconectar la vida urbana con la naturaleza”.

Microalgas: de sumidero de CO2 a fertilizante

El grupo de investigación sabe que la implicación de las administraciones públicas es fundamental para avanzar hacia este modelo y su coordinadora considera que las instituciones están avanzando hacia una “mayor conciencia ambiental”. Siempre con la práctica en el horizonte, actualmente lleva a cabo un proyecto experimental y “altamente rupturista” en colaboración con la Empresa de Servicios Municipales (ESMASA) del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid).

¿En qué consiste? El grupo de la UAH ha realizado y construido una fachada que incorpora el cultivo de microalgas. El objetivo es generar un efecto sumidero de CO2, contribuyendo a la mejora de la contaminación urbana; y producir biomasa, que en este caso se emplea como fertilizante cien por cien biológico, eliminando los nitratos de alto coste energético.

Esta iniciativa, que tuvo su origen en un proyecto de I+D+i financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), evolucionó desde la investigación científica básica hasta su materialización en soluciones arquitectónicas construidas. “Tras un año en funcionamiento, el proyecto demuestra que esta línea de investigación ofrece una alternativa real, prometedora y económicamente viable, capaz de introducir una nueva estética arquitectónica verde y abrir posibilidades para un urbanismo más sostenible”, señala Cervera.

A lo largo de estos 15 años, el grupo ha trabajado también en diferentes líneas que además coinciden con el interés y especialización de los diferentes miembros que lo componen.

Una de ellas se centra en el entorno rural y la emergencia poblacional, con el objetivo de “resignificar el patrimonio” y los modos de habitar como estrategia frente a la despoblación. Lo curioso es que no se limita a la conservación, sino que busca innovar a partir de las preexistencias, explorando nuevas formas de activar el territorio.

Actualmente, colaboran con el Ayuntamiento de Budia, en Guadalajara, desarrollando tanto estudios integrales del tejido urbano como talleres y proyectos-atractores que “evidencian el potencial del medio rural como un espacio contemporáneo de belleza productiva y sostenible”.

El estudio de 'ciudades extremas'

Otra de sus líneas de investigación, ya muy avanzada y que se materializará próximamente en un libro, se centra en el estudio de ciudades extremas, es decir, aquellas sometidas a máximas tensiones ambientales, sociales o económicas.

“Se trata de urbes que enfrentan desafíos extraordinarios: algunas están amenazadas por la subida del nivel del mar, otras soportan temperaturas extremas o incendios cíclicos; algunas se encuentran sobre permafrost y se hunden progresivamente debido al deshielo; otras padecen escasez endémica de agua o recursos críticos”.

Aunque muchas de estas condiciones se deben directamente al cambio climático, otras derivan de fenómenos sociales o geopolíticos, como migraciones masivas, conflictos armados o transformaciones económicas abruptas.

El objetivo de esta línea, concluye la profesora, es analizar cómo estas ciudades responden a “tensiones extremas”. Para ello, estudian sus estrategias de adaptación y resiliencia, y extraen lecciones aplicables a la planificación urbana y al diseño arquitectónico en “contextos críticos”, anticipando “escenarios futuros de riesgo ambiental y social”.

En definitiva, estos expertos y expertas quieren dejar claro que otras ciudades son posibles. Que contra esta “depredación” urbanística, hay alternativas viables para un futuro conectado con el entorno natura, la movilidad sostenible y la calidad de vida.

Ante el desafío de la emergencia climática, cada vez más gobiernos de ámbito estatal, autonómico o municipal están apostando por la deliberación ciudadana a través de asambleas y otros ejercicios de organización democrática. En Europa, distintos países, entre ellos Francia, Reino Unido, Irlanda, Escocia, Alemania o Dinamarca, han puesto en marcha mecanismos de deliberación para asegurar que la transición ecológica se haga en clave de justicia social. 

En el caso del Estado español, la Asamblea Ciudadana para el Clima es una experiencia de democracia deliberativa que ampara la Ley de Cambio Climático de 2021, y cuyo mandato, iniciado en diciembre del 2021 y concluido un año después, consistió en elaborar recomendaciones para “lograr una sociedad más justa y segura frente al cambio climático”. Compuesta por 100 personas seleccionadas al azar para representar a la sociedad, y tras varias sesiones de trabajo, asesoradas por personas expertas, desarrollaron un documento final con 172 recomendaciones que se presentó al Congreso de los Diputados.

Además de la Asamblea Ciudadana para el Clima a nivel estatal, se han llevado a cabo otras asambleas a diferentes escalas, como son las de Illes Balears, de Gipuzkoa y Navarra, la más reciente, y de capitales como Bilbao y Barcelona, entre otras.

Una Asamblea ciudadana climática es un ejercicio de democracia deliberativa que permite escuchar la opinión formada sobre la emergencia climática de una muestra representativa de la ciudadanía que encarna el conjunto de intereses existente en la sociedad, con el objetivo de emitir recomendaciones y/o propuestas de política pública al Gobierno, al Parlamento y a la sociedad en general.

La OCDE, en colaboración con un grupo internacional de importantes profesionales de la administración pública, la sociedad civil y la universidad, ha publicado los criterios de mejores prácticas en los procesos deliberativos de toma de decisiones públicas, algunos de los cuales son: 

En lo que respecta a Navarra, la Asamblea Ciudadana del Clima se desarrolló desde febrero hasta mediados de junio del presente año y su constitución es un compromiso recogido en la Ley Foral 4/2022 de Cambio Climático y Transición Energética. 

La Asamblea Ciudadana del Clima de Navarra, en la que formé parte del Grupo de Personas Expertas (GPE), no cumplió algunas de las características que he señalado anteriormente, aunque en otras sí. Así, por ejemplo, no se contempló que sus decisiones fueran vinculantes, y las 30 personas participantes -en un inicio iban a ser 50- que finalmente representaron la diversidad del territorio en cuanto a edad, género, nivel de estudios o lugar de residencia, no fueron escogidas mediante un sorteo cívico aleatorio de ciudadanos y ciudadanas, un requisito fundamental para este tipo de procesos deliberativos.

La asamblea a partir de la pregunta “¿qué debemos hacer en Navarra ante el cambio climático de manera efectiva y socialmente justa?”, y a lo largo de once sesiones desarrolló propuestas que tengan en cuenta el cambio climático en áreas como la ordenación territorial, la agricultura y ganadería, el consumo, la movilidad, la energía, la biodiversidad y ecosistemas, la responsabilidad empresarial…, que concluyeron con la aprobación por votación de 106 propuestas. El próximo día 16 de diciembre la Asamblea Ciudadana de Cambio Climático presentará ante el Parlamento de Navarra el informe de recomendaciones y propuestas, y a partir de ahí serán las administraciones quiénes decidan si se aplican o no.  

De estas 106 propuestas, se priorizaron quince por su importancia y prioridad, que van desde la reducción del uso de energía, materiales y consumo además de impulsar “políticas de decrecimiento”, hasta la renaturalización y restauración ecológica de espacios degradados, aplicación de una fiscalidad ambiental efectiva mediante impuestos y otras medidas que desincentivan la contaminación y promueven prácticas sostenibles, regulación de explotaciones y macrogranjas, incremento del presupuesto y personal para medio ambiente y biodiversidad…

En lo que respecta a Euskadi, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición Energética y Cambio Climático, el Gobierno Vasco debe configurar “una Asamblea Ciudadana en Euskadi que sea un foro para generar reflexión y conocimiento colectivo en materia de transición energética y cambio climático”. 

La composición, organización y funcionamiento de la Asamblea Ciudadana de Euskadi serán reguladas mediante un decreto tal y como establece la ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático, y deberá seguir las directrices sobre participación ciudadana de diversos organismos internaciones, anteriormente enumeradas. En este sentido difiere de la Asamblea Ciudadana del Clima en Navarra, en la cual las personas participantes no fueron escogidas mediante un sorteo cívico aleatorio de ciudadanos y ciudadanas, un requisito fundamental para este tipo de procesos deliberativos.

En lo qué si las dos Asambleas Ciudadanas del Clima coinciden, la vasca y la navarra, es en que las propuestas que se hagan por parte de los asambleístas no contemplan que sus decisiones sean vinculantes, a partir de lograr un nivel de consenso cualificado tal y como reclamaron las organizaciones ecologistas y otros organismos.

Ante el cambio climático, es más necesario que nunca establecer herramientas de participación democrática reales de forma estable, representativas de la diversidad social y con capacidad vinculante. Un espacio institucionalizado donde ciudadanía, actores sociales y comunidad científica diseñen, supervisen y controlen cuestiones tan relevantes como la reducción de emisiones o las políticas de adaptación.

El futuro del Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada (OBSNEV) corre peligro. Así lo denuncian cientos de investigadores y científicos vinculados a esta institución, creada hace 20 años para estudiar los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas, en un espacio tan singular como lo es la montaña granadina. Desde noviembre de 2024 no existe un convenio que regule su funcionamiento, dejando en el aire su continuidad y provocando preocupación en toda la comunidad científica.

Mientras la Junta de Andalucía asegura que trabaja en la creación de un nuevo marco de colaboración con la Universidad de Granada (UGR), la otra institución que compone el OBSNEV, los investigadores no ocultan su inquietud. Hace más de un año que el convenio expiró y, según ellos, esta parálisis institucional coloca al observatorio en una “situación crítica”, pese a que la Consejería de Sostenibilidad lo ha señalado públicamente como ejemplo de buena práctica y referente científico internacional.

Casi 800 científicos y académicos, liderados por Regino Zamora, coordinador del OBSNEV y catedrático de Ecología de la UGR, han firmado una carta de apoyo en la que alertan de que la falta de respaldo institucional y económico amenaza una infraestructura científica que no solo genera conocimiento, sino que conecta ciencia, gestión y ciudadanía. En ese sentido, el observatorio ha desarrollado herramientas de gestión adaptativa, sistemas de información ambiental como Biblionevada, Climanevada, Histonevada o MonitorEO, y ha promovido precisamente la participación de la ciudadanía en la conservación de ríos y lagunas de Sierra Nevada.

Un proyecto referente

El OBSNEV es también un referente internacional. Tanto que fue vital para el Diploma Europeo de Áreas Protegidas otorgado al Parque Nacional de Sierra Nevada. Según la Consejería de Sostenibilidad, la existencia del observatorio fue clave para alcanzar el galardón. Además, gracias a proyectos como Smart EcoMountains, PRESINMED, Life Adaptamed o EVEREST, ha desarrollado seguimientos a largo plazo sobre nieve, productividad de la vegetación, polvo sahariano y clima, generando información que permite anticipar impactos ambientales y diseñar respuestas adaptativas.

La importancia de estos seguimientos ecológicos a largo plazo es esencial: permiten distinguir tendencias reales de fluctuaciones temporales, evaluar eventos extremos como olas de calor, sequías o turismo masivo y ofrecer datos fiables para la toma de decisiones. Los investigadores recuerdan que la continuidad institucional y científica es imprescindible para que estos datos sigan siendo útiles, así como la colaboración entre científicos, técnicos y gestores. Sin ello, advierten, se corre el riesgo de perder décadas de conocimiento acumulado y de interrumpir la infraestructura de investigación más sólida de Andalucía sobre cambio climático en montañas mediterráneas.

Pese a ello, es paradójica también la situación actual del observatorio porque la propia Junta de Andalucía estaba siendo una de sus principales impulsoras. Sin ir más lejos, además del reconocimiento por el Diploma Europeo de Áreas Protegidas, la Consejería de Sostenibilidad pretendía llevar la experiencia y conocimientos del proyecto al recién creado Parque Nacional de la Sierra de las Nieves en Málaga. Además, desde que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno gestiona Andalucía, la inversión total en Sierra Nevada ha crecido año tras año. Sin embargo, en junio de este mismo año se le comunicó a los responsables del observatorio que el convenio que había regido hasta noviembre de 2024 no iba a poder continuar de la misma manera.

Sin acuerdo entre las partes

No obstante, desde la Universidad de Granada explican que se mantienen a la espera de los pasos que dé la Junta para la renovación del acuerdo que permite su funcionamiento. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, por su parte, afirma que está trabajando en la adaptación del convenio para adecuarlo a las nuevas necesidades del Parque Nacional y a los marcos financieros actuales. Según explican, el personal de campo (técnicos de AMAYA y agentes de medio ambiente) sigue colaborando con la UGR y no hay intención de que deje de hacerlo. Además, se están implementando otros mecanismos de financiación, como una orden de ayudas de I+D+i por 2,4 millones de euros, publicada en consultas públicas el 5 de noviembre, destinada a proyectos desarrollados por el observatorio.

Pese a la buena voluntad que dicen mostrar las instituciones, Regino Zamora alerta de que la situación sigue bloqueada. Según él, tanto la Consejería como el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que ha emergido como mediador para asegurar la continuidad del proyecto, reconocen la importancia del OBSNEV y su carácter de referente internacional, pero ninguna de las dos instituciones ha encontrado una solución concreta para garantizar su continuidad. “Estamos pendientes de una conversación entre MITECO y la Consejera para ver si son capaces de desbloquear el tema. Ambos dicen que están muy preocupados, y a la vez, no son capaces de encontrar una solución”, explica Zamora.

El propio MITECO ha confirmado a elDiario.es Andalucía que está estudiando fórmulas para intervenir y evitar que el OBSNEV desaparezca ante “el abandono de la Junta”. Según el Ejecutivo nacional, el proceso está en marcha. No en vano, como deslizan los científicos firmantes de la carta: no se trata solo de preocupación académica, sino de un riesgo tangible de pérdida de una infraestructura científica clave para la gestión ambiental en España.

Los investigadores insisten en que la continuidad del OBSNEV requiere voluntad política real y financiación estable a largo plazo, tal y como señalan los principios fundamentales de los programas de seguimiento ecológico. Entre ellos destacan: definir objetivos claros, mantener protocolos comparables en el tiempo, asegurar la calidad y continuidad de los datos, adaptarse a nuevas preguntas y eventos extremos, garantizar la participación de científicos y ciudadanía, y mantener la financiación como base indispensable.

Si el OBSNEV desaparece, advierten los científicos, se perdería un instrumento clave para la gestión de los ecosistemas de montaña frente al cambio global, justo cuando la necesidad de información científica sólida y aplicada es más urgente que nunca. La ciencia que protege Sierra Nevada, dicen, no puede depender únicamente de la voluntad política del momento, sino de compromisos claros que aseguren su supervivencia en el futuro.

Activistas del grupo ecologista 'Extinction Rebellion' tiñeron este sábado de verde el Gran Canal de Venecia (norte de Italia) como parte de una protesta contra las “políticas ecocidas” del Gobierno italiano y los efectos del cambio climático, en el marco de las últimas jornadas de la COP30 en Belém, Brasil.

La manifestación, que contó con la participación de la activista sueca Greta Thunberg, se enmarca dentro de una serie de acciones simultáneas en varias ciudades italianas bajo el lema “Detener el Ecocidio”.

Además de Venecia, otras nueve ciudades italianas acogieron manifestaciones similares. En Turín (norte) se tiñó el río Po en los Murazzi, en Bolonia (centro) el río Reno en el Canal de las Molinas, en Milán (norte) la Darsena de los Navigli, en Parma (norte) el arroyo de Parma y en Taranto (sur) el río Tara.

“Mientras el Gobierno italiano sigue bloqueando las medidas más ambiciosas, el mundo se enfrenta a un colapso climático irreversible”, denunciaron los organizadores de la protesta en un comunicado, donde aclararon que la sustancia utilizada, la fluoresceína, es una sal no tóxica que desaparece rápidamente.

“La fluoresceína desaparecerá en poco tiempo, pero los efectos del colapso climático no”, escribieron los activistas en redes sociales.

La protesta de este sábado llega casi dos años después de una acción similar, en 2023, cuando Extinction Rebellion también tiñó de verde el Gran Canal de Venecia para denunciar la inacción durante la COP28, bajo el lema “Mientras el gobierno habla, nosotros pendemos de un hilo”.

En esta ocasión, los organizadores destacaron que, desde entonces, el planeta “ha alcanzado nuevos récords de temperatura, nuevos eventos climáticos extremos han causado más víctimas y generado daños incalculables en todo el territorio”.

Por su parte, el presidente de la región del Véneto, Luca Zaia, criticó la protesta y la calificó como “un gesto que hiere la ciudad”.

“No es con acciones vandálicas como se defiende el medio ambiente. Son gestos que dañan Venecia, obligan a intervenciones de restauración y, paradójicamente, generan contaminación”.

Al menos una persona falleció y otras 28 resultaron heridas, entre ellas españoles, portugueses y británicos, como consecuencia de fenómenos extremos de viento fuerte en el sur de Portugal, que provocaron este sábado la caída de un techo en un restaurante y estragos en un camping de Albufeira.

El comandante regional del Algarve de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Vitor Vaz Pinto, en rueda de prensa, confirmó que dos de los heridos se encuentran en estado grave.

Vaz Pinto también informó que los heridos tienen edades entre los 6 y los 85 años. La víctima mortal, una mujer británica de 84 años, estaba en un camping de Albufeira.

En ese camping fue donde resultaron heridos cuatro españoles, según la ANEPC, de edades comprendidas entre los 9 y los 54 años. Tres de ellos resultaron heridos leves, mientras que un hombre permanece hospitalizado en el Hospital de Faro tras resultar herido “ligero”, según confirmó una fuente de la ANPEC.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó a través de una nota publicada en web de la Presidencia su solidaridad con los familiares de la víctima mortal, consecuencia del paso de la depresión Claudia, esta mañana en Albufeira. Asimismo, deseó una “pronta recuperación a los ciudadanos heridos”.

Otras dos personas murieron el jueves en la zona de Seixal, en el área metropolitana de Lisboa, después de que la vivienda en la que se encontraban se inundara por la lluvia.

El jueves 32 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas debido a las inundaciones en los municipios de Abrantes, Salvaterra de Magos, Seixal y Pombal.

Desde el miércoles, la ANEPC ha registrado 3.363 incidencias relacionadas con la situación meteorológica, entre ellas inundaciones, caídas de árboles y estructuras y deslizamientos.

Se espera que el temporal se alargue durante el fin de semana, al menos hasta la madrugada del lunes.

Intensas lluvias y fuertes rachas de viento en varias zonas de la Península

En la provincia de Huelva tanto la capital como la localidad de Nerva han sufrido inundaciones por las intensas precipitaciones que han caído durante este sábado.

En Nerva, además, las inundaciones se han incrementado por el desbordamiento de un barranco cercano.

La tromba de agua que ha caído en Córdoba capital sobre las 14:20 de este sábado, acompañada en algunas zonas por fuerte rachas de viento, ha provocado caída de árboles y de postes eléctricos. El temporal ha arrancado el techo de un comercio en el Sector Sur.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en aviso amarillo a Castilla y León, incluida la provincia de Ávila, que pasó la jornada del jueves en nivel rojo por acumulación de más de 120 litros por metro cuadrado.

En la localidad de Barco de Ávila el río Tormes llegó a desbordarse, inundando el municipio y las zonas cercanas.

La tormenta Claudia también deja lluvias intensas e inundaciones en Reino Unido y en Irlanda

La tormenta Claudia dejó este sábado lluvias intensas y provocó graves inundaciones a su paso por el Reino Unido, en especial en Inglaterra y el sur de Gales, así como en algunas partes de Irlanda.

La Agencia Ambiental de Inglaterra (EA, por sus siglas en inglés), indicó en un comunicado emitido poco antes del mediodía del sábado que había vigentes más de 200 avisos y alertas por riesgos de inundación.

El organismo medioambiental informó asimismo de que, por el momento, una veintena de viviendas se han inundado a causa de la tormenta Claudia, incluyendo algunas en la zona de Cumbria (noroeste inglés) que ya habían sufrido inundaciones por lluvias antes, mientras que unas 12.000 propiedades han podido ser protegidas con defensas temporales tras la intervención de los agentes de la EA.

“Lamentamos profundamente las inundaciones sufridas en los últimos días. Si bien solo han afectado a un pequeño número de viviendas, no deja de ser devastador para quienes se han visto perjudicados”, dijo en la nota el responsable de turno de inundaciones de la EA, Joe Cuthbertson.

Una de las áreas más perjudicadas por la tormenta Claudia ha sido Gales, donde se ha declarado un “incidente grave” en la zona de Monmouth, al sur, y el Gobierno regional ha pedido a los vecinos que eviten cualquier tipo de desplazamiento para despejar las carreteras y ayudar a las labores de los servicios de emergencia.

La diputada del partido populista de derechas Reform UK en el Parlamento galés Laura Anne Jones agregó en la red social X que también se han provocado cortes de luz en Monmouth y que los damnificados han sido evacuados al polideportivo de la localidad.

Y ha alentado a la población a realizar donaciones para “quienes no tuvieron tiempo de recoger sus pertenencias”.

Las imágenes difundidas por los medios británicos y a través de las redes sociales muestran coches, casas y negocios completamente sumergidos en el agua, así como a los efectivos atravesando las calles para rescatar a las personas aisladas por las inundaciones.

Según los datos difundidos este sábado por la Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office), un pluviómetro en Tafalog in Gwent, Gales, registró una acumulación de 119,6 milímetros (mm) de lluvia entre la tarde del jueves y la primera hora de la mañana del sábado y otro de Suckley (centro de Inglaterra) 80,6 mm en el mismo periodo.

La tormenta también causó estragos en Irlanda, principalmente en el condado de Wexford, al sureste de la isla, donde las lluvias han inundado locales y viviendas y han dejado a más de 3.000 personas sin electricidad.

La Agencia de Medio Ambiente de Reino Unido recuerda que si el agua está a una altura de al menos 30 centímetros los coches flotarán, por lo que es muy peligroso conducir en esas condiciones.

“El planeta, en la cuerda floja”. Este es el mensaje que ha desplegado una activista de Greenpeace en una cinta suspendida a 30 metros de altura entre dos edificios en pleno centro de Madrid. Su objetivo es visibilizar su demanda de “justicia climática” con motivo del inicio de la Cumbre del Clima (COP30) este lunes en Belém, corazón de la Amazonía brasileña, y advertir que esta cita es “una oportunidad única para frenar la deforestación y exigir justicia climática en una década crítica”,

La activista ha caminado a primera hora de la mañana de este lunes entre dos edificios de la plaza de España, en la esquina con la calle Princesa, a 30 metros de altura y sobre una cinta de highline de 55 metros de largo. “Caminar sobre la cuerda floja simboliza la urgencia de avanzar con firmeza hacia adelante y no dejar de dar pasos firmes en la dirección correcta”, explican desde Greenpeace que también recuerda que el Gobierno de España debe liderar “una postura ambiciosa y valiente en esta COP, sin ceder ante los pasos en falso del retardismo climático de la Unión Europea o el negacionismo global de líderes como Donald Trump, que pueden precipitar al planeta al abismo del cambio climático”.

Con esta acción inédita, Greenpeace advertir a los gobiernos reunidos en Brasil y exigirles “fechas para el fin del uso del carbón, gas y petróleo, nuevos impuestos a la industria fósil y un plan para acabar con la deforestación antes de 2030”. “Aunque el planeta se encuentra en un frágil equilibrio ecológico y se acumulan las señales de alerta en forma de danas, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos extremos, tenemos las herramientas necesarias para evitar los peores escenarios”, ha señalado a EFE la directora ejecutiva de Greenpeace España-Portugal, Eva Saldaña.

Saldaña, que estará presente en la COP30, ha insistido en que “solo hace falta voluntad política y cooperación internacional para anteponer la protección de la vida a los intereses económicos particulares”, por lo que “la COP30 es una oportunidad clave para detener esta crisis ecológica global de forma valiente”.

En el caso de España, Greenpeace recuerda que es imposible olvidar los efectos de algunos fenómenos meteorológicos extremos agravados por el cambio climático que han tenido un impacto demoledor sobre la población, los medios de vida y los ecosistemas. Por ejemplo, la dramática dana de 2024 o la ola de incendios forestales de este mismo verano. “Intentamos no perder el equilibrio y tener esperanza, pero la clase política en lugar de incrementar la acción climática da ahora pasos más lentos, más inciertos, más dubitativos”, explican.

Desde la organización ecologista destacan en un comunicado que la 30ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará hasta el 21 de noviembre de 2025 en Belém llega “en un momento crítico para la acción climática mundial”.

En este sentido recuerdan que, a 10 años de la aprobación del Acuerdo de París, por el que los países se comprometían a evitar que el calentamiento global superase 1,5 ºC, es “la primera COP desde que las temperaturas medias globales superaron ese límite físico en 2024, un indicador alarmante de la aceleración de la crisis climática”. “El mundo se encuentra en mitad de lo que la comunidad científica ha llamado una década decisiva frente a la emergencia climática. Es urgente que los líderes mundiales mejoren los planes climáticos presentados en la COP30 de Belém”, reiteran desde Greenpeace, alertando también sobre los compromisos actuales.

De esta manera, aseguran que, incluso aunque cumplieran los compromisos actuales, el calentamiento global se dirige a un preocupante aumento de entre 2,3 ºC y 2,5 ºC, unas cifras muy alejadas del límite de 1,5 ºC del Acuerdo de París, por lo que ven como paso clave “acabar con el uso de los combustibles fósiles”.

Desde el colectivo ecologista también han hecho llegar sus principales demandas de cara a esta COP30, solicitando especialmente “un plan de respuesta global para abordar la brecha de ambición que separa lo que los gobiernos están haciendo respecto a lo que deberían hacer para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC”.

Por ello, reclaman acelerar la reducción de emisiones, especialmente en sectores clave como la energía (incluida la transición para abandonar los combustibles fósiles), la agricultura, los bosques y el uso de la tierra, en consonancia con los principios de equidad, justicia y transición justa.

También solicitan un nuevo Plan de Acción por los Bosques de cinco años dentro del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para “detener y revertir la deforestación y la degradación forestal antes de 2030”.

Por último, demandan el establecimiento de un nuevo punto permanente en la agenda de la COP30, para “aumentar la financiación pública internacional que los países del Norte global deben aportar, y promover una fiscalidad basada en el principio de ”quien contamina paga“ para desbloquear una mayor financiación pública para los países del Sur global”.

A punto de cumplirse diez años del histórico Acuerdo de París del 15 de diciembre de 2015 nos encontramos con la 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima que se celebra del 6 al 21 de noviembre de 2025 en Belém, Brasil. El reto es, si de una vez por todas se va a poner en marcha las promesas hechas en el pasado.

Diez años después, las emisiones y temperaturas globales se mantienen en máximos históricos, y en 2024 se sobrepasó 1,5ºC, que era el límite que el Acuerdo de París venía a plantear para 2.100. 

Los datos no invitan a ese optimismo a día de hoy, ya que los compromisos de reducción hasta ahora presentados por los países nos llevarían a aumentos de temperatura cercanos a los 3 grados, muy lejos del objetivo marcado para evitar un cambio climático catastrófico. 

La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París es muy grave. Es responsable de más del 11% de las emisiones globales y el principal emisor histórico. Pero conviene recordar que ya lo hizo en 2017 cuando por primera vez fue presidente Trump, y el mundo siguió avanzando. Sin embargo, la diferencia ahora es que, en esta ocasión, no hay esa decisión para seguir adelante en muchos países clave. A diferencia de hace unos años, el trumpismo de hoy no se queda sólo en Estados Unidos.

La Unión Europea, por ejemplo, que fue líder en la lucha contra el cambio climático, hoy ha abandonado esa posición. Nadie contrarresta el negacionismo de Trump con la decisión necesaria que requiere la gravedad de la emergencia climática en la que estamos inmersos. Y, el problema es que ya son demasiadas COPs en las que sólo con mantener las negociaciones parece una victoria. Y eso es muy poquita cosa. 

Y, ¿cómo están las cosas en Euskadi? En 2024, Euskadi ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero un 18% respecto a 1990, aunque hay que decir que el objetivo marcado por la UE para 2030 es de una reducción del 55%. O sea, estamos lejos, aunque el objetivo de reducción de los GEIS de la Ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático, aprobada por el Parlamento Vasco en la pasada legislatura, tras el acuerdo de PNV, PSE y EH Bildu, fue de una reducción de un 44% en 2030. Es decir, más bajo que lo planteado por la UE. Por tanto, hay mucho trabajo por hacer.  

Pero siendo la mitigación muy importante y debemos hacer mucho más en Euskadi, no nos podemos olvidar del otro pilar de la lucha contra la crisis climática, la adaptación frente al cambio climático.

En nuestra comunidad se han dado avances en planes de adaptación, pero no basta con declararlos. Se deben evaluar los riesgos, priorizar la protección de los sectores más vulnerables y garantizar que las medidas se implementen correctamente. Esto incluye infraestructuras verdes, refugios climáticos accesibles, rehabilitación de viviendas, eficiencia energética, planes de concienciación ciudadana… Voy a poner un ejemplo con los refugios climáticos. De nada servirán si no hay accesibilidad, y deben ser fáciles de alcanzar para todas las personas, incluyendo a aquellos con movilidad reducida; deben tener cierto confort térmico y ser confortables, donde la gente pueda descansar o socializar; deben incorporar elementos como vegetación, agua y materiales que reflejan el calor para ayudar a regular la temperatura y abiertos al público, que se pueden usar de forma libre y gratuita, sin estar ligados al consumo.

Se suele decir que la esperanza es lo último que se pierde. El hecho de que ningún país haya seguido el ejemplo de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo de París es esperanzador, pero quedan muchas incertidumbres con respecto a las emisiones de China e India y tenemos la debilidad política de la UE. Si no se consiguen avances importantes, va a ser imposible alcanzar el objetivo de 1,5 grados del Acuerdo de París.

También hay que pensar que es necesaria una revisión fundamental de las COPs. Como han manifestado un grupo de destacados científicos en una carta dirigida al secretario ejecutivo de Cambio Climático de la ONU, Simon Stiell, en estas reuniones se debe pasar de la negociación a la aplicación para poder cumplir los compromisos acordados y garantizar la eliminación progresiva de la energía fósil. Y, que haya una representación equitativa en las conferencias, dado que los lobistas de los combustibles fósiles superan en número a los representantes científicos, indígenas y de las naciones vulnerables al clima.

No nos queda mucho tiempo para evitar una catástrofe que ponga en peligro la supervivencia humana en este planeta. Y, al contrario de lo que piensan los habitantes de Marte como Elon Musk, no hay planeta B. Si en la COP 30 de Belém (Brasil) no se alcanzan avances sustanciales, como ha ocurrido en las últimas COPs, esto hará que se produzca sólo la supervivencia de las negociaciones que últimamente aparece como una victoria. Y eso, no es suficiente, ni mucho menos. Es un resultado muy raquítico. 

Al mismo tiempo, en el marco de la COP30 en Belém, se celebra una Cumbre de los Pueblos, un espacio de la sociedad civil donde ecologistas, indígenas, feministas y otros movimientos sociales exigirán justicia climática y alternativas al sistema actual, protestando por la inacción gubernamental. Esta cumbre paralela busca influir en las negociaciones oficiales, presentar soluciones desde la base y afirmar la necesidad de un cambio profundo frente a la crisis ecológica. 

El cambio climático no depende solo de los líderes gubernamentales. En una buena proporción de la sociedad civil, de sus gentes que se movilizan, que demandan justicia y alzan la voz por un futuro habitable.

Ya lo habían expresado miembros del Gobierno, pero este viernes, aprovechando además su presencia en la cumbre internacional de lucha contra el cambio climático por antonomasia (la COP30 que se celebra en Brasil), el presidente ha querido dejar claro su temor a que un acuerdo entre PP y Vox en la Comunitat Valenciana ponga aún más en riesgo los esfuerzos por la lucha contra la emergencia climática en esa región, especialmente golpeada por fenómenos como la dana, que dejó 229 muertos hace un año. Pedro Sánchez ha reclamado elecciones: “Si hay que temer algo es al negacionismo de Abascal y de Vox. Y lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana”.

“Como presidente del Gobierno manifiesto mi preocupación porque las negociaciones que se están produciendo y celebrando entre el Partido Popular y Vox deriven en un desmantelamiento de toda la agenda climática, de toda la arquitectura institucional y presupuestaria para hacer frente a la emergencia climática en una zona, el Mediterráneo, en particular la Comunitat Valenciana, que claramente se ha visto afectada por las consecuencias de esta emergencia climática”, ha afirmado.

“El problema no ha sido únicamente el expresidente Carlos Mazón. El problema también ha sido una mayoría parlamentaria negacionista que ha banalizado, frivolizado y debilitado la respuesta desde la Comunitat Valenciana a los efectos de la emergencia climática. Y ha sido más de 230 personas las que han sufrido las consecuencias de la negligencia, pero también de ese negacionismo”, ha agregado Sánchez en referencia al acuerdo que Mazón rubricó con Vox en 2023 para hacerse con el poder y que, entre otras cosas, acababa con la recién creada Unidad de Emergencias Valenciana (UVE) que puso en marcha Ximo Puig.

El presidente ha circunscrito esa petición de elecciones para “romper esa mayoría negacionista y para que pueda haber un futuro diferente, más comprometido con la ciencia, con la razón, con políticas públicas que incrementen la seguridad de la Comunitat Valenciana ante un hecho evidente que son que es la emergencia climática”.

Las palabras de Sánchez se producen en el marco de la COP30, a la que el tirón antiecológico llega con cierta fuerza tras haber logrado descafeinar la posición de la UE, que mantiene, eso sí, el compromiso de reducir los gases de efecto invernadero en un 90% para 2040, y con la certeza de que Donald Trump hará oídos sordos. El presidente, no obstante, ha evitado las críticas directas a Trump. “No es noticia que la nueva Administración de EEUU se está retirando de mucha de la agenda multilateral. Desde el punto de vista de otras potencias, el compromiso es firme”, ha dicho el presidente, que se ha referido al acuerdo alcanzando en la UE: “Me debo a lo que hace Europa, a lo que está liderando España y no opino sobre lo que puedan hacer otras administraciones”.

“Diálogo” como “receta” pese al portazo de Junts

Sánchez se reafirmado en que puede agotar la legislatura con los Presupuestos de 2023 prorrogados y se aferra a la “receta” del “diálogo, de comprensión, de compromiso, de voluntad, de llegar a acuerdos, de no imponer, sino de construir y compartir” para seguir adelante pese al portazo que este jueves volvió a darle Junts al asegurar que rechazará todas las leyes que el Gobierno tenga o lleve al Congreso a partir de ahora. “Me tomo muy en serio, lógicamente, lo que dicen los grupos parlamentarios, pero creo que el esfuerzo merece la pena y que debemos perseverar en este empeño porque los resultados están ahí”, ha dicho el presidente sobre el crecimiento económico y del empleo que le llevan a asegurar que España vive “su mejor momento en los últimos 45 años”.

“Lo hemos logrado con mucho esfuerzo, con mucha convicción, con mucha tenacidad, con mucha capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos”, ha asegurado Sánchez en una rueda de prensa en Belem (Brasil) tras participar en la COP30. El presidente se ha referido a los datos macroeconómicos, pero también a la “proyección internacional” de España, en un momento en el que saca pecho por el “liderazgo” en materia medioambiental, la “paz social”, por los acuerdos alcanzados con sindicatos y empresarios, y “paz territorial”, en referencia al conflicto político en Catalunya.

“El Gobierno de España va a ser el primero en arrimar el hombro, en tomarse en serio el cumplimiento de sus compromisos. Y lo que yo espero es que todos los grupos parlamentarios pongan de su parte, porque creo que el esfuerzo merece la pena”, ha rematado.

“Con nuevos presupuestos, sin nuevos presupuestos” hasta 2027

El mensaje que envía el presidente es que tiene margen para seguir gobernando, a pesar de que el 'no' de los siete diputados de Junts a todas sus iniciativas provoque en la práctica un bloqueo de la legislatura. De hecho, Sánchez ha admitido que seguirá adelante aunque las cuentas públicas no se aprueben. “Sobre los Presupuestos Generales del Estado hay tres certezas. La primera de ellas es que el Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado. La segunda es que sudaremos la camiseta, como creo que la estamos sudando hoy todos aquí por el calor que hace. Y en tercer lugar, que con nuevos presupuestos, sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027”, ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre si la legislatura está en vía muerta como dicen Junts y otros socios, entre ellos el PNV.

También se ha mostrado convencido de que se podrán seguir empleando los fondos europeos del plan de recuperación de la pandemia, que vencen en agosto de 2026.

“El tiempo pondrá las cosas en su lugar”

Preguntado por la apertura de juicio oral para su hermano, que se sentará en banquillo entre el 9 y el 14 de febrero, acusados de prevaricación y tráfico de influencias junto con el actual secretario general del PSOE en Extremadura por su contratación a través de la Diputación de Badajoz, Sánchez ha asegurado que “el tiempo pondrá las cosas en su sitio”. “Evidentemente, yo defenderé siempre la inocencia, en este caso de mi hermano, como defiendo también la inocencia de mi mujer”, ha afirmado.

El presidente ha dado una contestación idéntica para el caso del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo juicio se está celebrando estos días por la filtración del correo sobre el acuerdo que solicitó la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por un fraude fiscal. “Cuenta con nuestra confianza. Creemos en su inocencia”, ha dicho Sánchez, que ha mostrado el respeto por la labor de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Supremo. “Espero que el tiempo ponga las cosas en su sitio”, ha apostillado.

“Yo no sé si usted será una persona deshonesta, pero su argumentación sí lo es, y es peligrosa para el país, es irresponsable y puede costar vidas”. Así de tajante respondió a los argumentos negacionistas de Vox el doctor en Antropología y científico del CSIC Emilio Santiago.

Durante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico celebrada el pasado jueves en el Congreso, la diputada de Vox Patricia Rueda Perelló vinculó las energías renovables con un posible apagón —pese a que los expertos europeos no presentan evidencias al respecto y no han señalado por ahora responsables del incidente—, aseguró que las olas de calor son “ciclos” y criticó el “ecologismo pijo”.

“Cuando usted recurre a mentiras, como que las olas de calor son ciclos, de verdad, yo no voy a elevar el bulo a la categoría de argumento dándole respuesta”, comenzó el experto, y añadió: “Creo que necesitamos escuchar la voz de la España más conservadora en esta cuestión, la necesitamos y es perfectamente legítima. Lo que no es legítimo es intoxicar el debate con bulo”.

A pesar de su negativa a “elevar el bulo a categoría de argumento”, Santiago abordó la cuestión de las renovables, porque “son dudas que pueden compartir otros grupos”, además de la extrema derecha. En este sentido, realzó que los integrantes de Vox se identifiquen como “patriotas” mientras abogan por energías que dependen de países externos, al no ser España un país productor de petróleo, gas o uranio.

“Entonces, esta hostilidad como patriotas a las renovables es significativa cuando las renovables son la única posibilidad técnica de configurar la soberanía energética de nuestro país. ¡Qué patriotismo más extraño! Es un patriotismo un poco confuso. O quizás es un patriotismo que prefiere primar intereses claramente antiespañoles. ¿Qué queremos, traer el gas licuado de los Estados Unidos?”, reseñó el científico.

A este respecto, matizó que “en la península ibérica, soberanía es igual a renovables, prosperidad es igual a renovables y seguridad climática es igual a renovables”. “Sin duda, hay muchísimas maneras de discutir una implementación más justa, y deberíamos estar en esa discusión, pero no hay ninguna manera de frenarlas sin que sea un error estratégico para los pueblos de la península ibérica”, concluyó.

Además, se refirió a la alineación de Vox con las políticas de Donald Trump “en muchos aspectos” y mostró su deseo de que “no traigan” a España “de vuelta el retorno del sarampión o la prohibición del paracetamol a las embarazadas”.

Quan despenja el telèfon, Joan Josep Estrany Bertos va directe al gra:

–Les precipitacions que van caure sobre Eivissa són homologables a les de Sant Llorenç pel que fa a intensitat i quantitat acumulada. L’única diferència és que, en el cas eivissenc, la pluja va caure en dues tongades diferents i es va concentrar a la franja costanera. Si hagués caigut només dos o tres quilòmetres terra endins (la mateixa quantitat i intensitat), hi hauria hagut problemes greus. Molt greus.

Aquest expert –doctor en Geografia, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), compromès amb desentranyar els misteris de les inundacions des que la Mallorca de la seva adolescència patí fortes riuades a la fi de l’estiu de 1989, amb tres morts a Felanitx– no cita per caprici el temporal que va causar dotze víctimes i un desaparegut a Sant Llorenç des Cardassar l’octubre de 2018. Primer, perquè després d’aquella tragèdia –un xoc per a la societat mallorquina– es van començar a moure les fitxes per crear l’Observatori de Riscos i Emergències de les Illes Balears (RiscBal), que ell mateix dirigeix. Segon, perquè entre dilluns i dimarts de la setmana passada els responsables d’aquella àgora –que proporciona informació actualitzada al segon de manera lliure a través del seu web– no van deixar de revisar i mesurar les conseqüències de la fúria amb què l’extempesta Gabrielle va descarregar 254 litres sobre la ciutat d’Eivissa i la seua perifèria, dades mai vistes en aquest segle. Les primeres hores del 30 de setembre van ser llargues. De matinada, el RiscBal ja publicava un avís: les inundacions picaven a les portes de la capital eivissenca.

“Quan hi ha morts”, explica el geògraf Estrany, “és perquè la velocitat de l’aigua supera els tres o quatre metres per segon. Aquest és el llindar perquè arrossegui, no dic ja una persona, sinó un vehicle (quedar-se dins d’un cotxe en un episodi així dona una falsa sensació de seguretat, pot ser fatídic). A Eivissa hem tengut sort que no hi hagi hagut una resposta hidrològica a les lleres i escorrenties que envolten el Pla de Vila. En aquell cas estaríem parlant d’una torrentada en lloc d’unes inundacions”.

Quan hi ha morts és perquè la velocitat de l’aigua supera els tres o quatre metres per segon. Aquest és el llindar perquè arrossegui, no dic ja una persona, sinó un vehicle (quedar-se dins d’un cotxe en un episodi així dóna una falsa sensació de seguretat, pot ser fatídic)

Joan Josep Estrany Bertos — Geògraf

A prop de la gran inundació

L’anàlisi d’Estrany coincideix força amb la de Miquel Grimalt Gelabert, un altre geògraf de la UIB que, igual que el seu col·lega (a qui va avaluar la tesi, centrada en les sedimentacions de na Borges, el torrent més llarg de Mallorca), també va dedicar el seu doctorat a qüestions hídriques. En el seu cas, a estudiar les inundacions documentades a la seua illa des del segle XIII.

Mentre a Eivissa el primer balanç institucional apuntava alguns ferits –cap de greu– i cap mort, la veu de Grimalt va ser la primera d’un especialista que va sonar a IB3 Televisió. Per assenyalar, sense anomenar-los, el principal agreujant de les gotes fredes: els embuts i embussos que provoca el ciment.

“Evidentment, ha plogut molt i és natural que una zona baixa s’inundi”, va dir Grimalt, durant l’informatiu nocturn de la cadena pública, en directe, “però si feim un passeig marítim que fa de frontera d’un territori que havia estat una albufera, amb unes sèquies que, antigament, l’irrigaven i acabaven traient l’aigua cap a la mar... li hem posat un tap. Hem estat molt a prop de la tempesta perfecta per provocar una gran inundació. No ho ha arribat a ser perquè s’ha quedat al litoral i no ha arribat a les muntanyes de l’interior. En aquell cas, hauria estat una autèntica...”.

'Hem estat molt a prop de la tempesta perfecta per provocar una gran inundació. No ho ha arribat a ser perquè s’ha quedat al litoral i no ha arribat a les muntanyes de l’interior. En aquell cas, hauria estat una autèntica…', va dir Miquel Grimalt Gelabert, geògraf, a IB3

La frase del geògraf va quedar suspesa perquè el presentador del telenotícies li va preguntar per altres zones de l’arxipèlag vulnerables. Inundables. Grimalt va citar el districte de Llevant, els barris –en el seu origen– obrers que van permetre créixer Palma cap a l’est a base d’urbanitzar horts creats després d’assecar marjals. Una rèplica gegantina d’es Pratet, el barri eivissenc que, en aquells instants, més patia les inundacions. Després, la connexió va anar fins al parc de bombers d’Eivissa, on els responsables polítics atenien els periodistes.

Tots –Govern, Consell, ajuntaments–, del PP, amb l’única excepció del socialista Alfonso Rodríguez, delegat del Govern. Marga Prohens, presidenta del Govern balear; Vicent Marí, president del Consell d’Eivissa, i Rafael Triguero Costa, alcalde de la capital insular, van insistir en la “ràpida coordinació”; en els “reforços” de bombers i militars, que van desembarcar des de Mallorca i València; en la “incapacitat de les infraestructures” per absorbir un aiguat així; en què, “per primera vegada”, s’havia activat a la comunitat l’alerta ES-Alert, i en el compromís de “les forces de l’ordre” per evitar una tragèdia humana. Com si volgués remarcar aquest últim punt, l’alcalde Triguero duia posada la jaqueta groga de la policia local amb què va aparèixer a les xarxes socials de l’ajuntament durant tota la jornada.

Silenci polític

Ni en aquella primera compareixença, ni en les que s’han succeït els dies següents, els dirigents populars han fet al·lusió a la manca de planificació urbanística o a l’especulació immobiliària com a factors de risc. El més semblant han estat unes declaracions, al Periódico de Ibiza, on Mariano Juan, conseller eivissenc de Territori, i Vicent Roig, alcalde de Sant Josep de sa Talaia, critiquen la manca de drenatge dels passos subterranis que es van excavar per construir l’autovia de l’aeroport. Ometent que, fa dos dècades, van ser majories absolutes del PP –Jaume Matas, al Govern; Pere Palau, al Consell– les que van tirar endavant un projecte que va provocar una enorme resposta social i uns sobrecostos milionaris. “S’ha demostrat que aquest model faraònic de túnels i trinxeres posa en perill la seguretat de les persones”, va respondre la federació eivissenca del PSOE mitjançant un comunicat.

Ni en la seua primera compareixença, ni en les que s’han succeït els dies següents, els polítics del PP han fet al·lusió a la manca de planificació urbanística o a l’especulació immobiliària com a factors de risc

El ple extraordinari convocat per l’Ajuntament d’Eivissa es va centrar a sol·licitar, per unanimitat, a la Moncloa l’estatus de zona catastròfica per a la ciutat. Un Reial Decret significa sous públics per reparar destrosses i pèrdues. Més d’un establiment –des de comerços fins a grans hotels de cinc estrelles– ha hagut d’avançar de manera forçada la fi de la temporada turística i, una setmana després, a habitatges, magatzems i garatges encara se’n treu el fang. Els càrrecs públics del PP tampoc no han citat el creixement demogràfic i turístic com el fil que enllaça les causes del desastre. El 1977 i el 1992, quan també es van registrar inundacions importants, la capital rondava els 20.000 i 30.000 habitants, respectivament. Ara frega els 54.000 –sense comptar les 17.000 places turístiques legals ni els habitants dels poblats de barraques que envolten el nucli urbà– i, essent un terme minúscul, s’ha convertit en una petita urbs. Eivissa té la mateixa densitat de població que una gran capital com Sevilla.

Eivissa té la mateixa densitat de població que una capital com Sevilla. Els càrrecs públics del PP tampoc no han esmentat el creixement demogràfic i turístic com el fil que enllaça les causes del desastre. L’expansió no hauria estat possible sense construir damunt horta i marjal

De vila a ciutat

L’expansió no hauria estat possible sense construir damunt horta i maresma. El geògraf Grimalt va recordar durant la seua intervenció a IB3 que l’emplaçament original d’Eivissa es va triar, precisament, perquè era un puig, a la boca d’una badia, envoltat d’aiguamolls. Un lloc fàcil de defensar a dos passes d’una plana: finques fèrtils –quan els torrents es desbordaven, el sòl s’enriquia– que, abans i després de la conquesta cristiana, treballaven esclaus, administraven majorals i posseïen nobles. Però allò que un dia va ser la fortalesa d’un indret al qual, pel seu tamany, sempre s’ha dit vila i no ciutat, avui és el seu taló d’Aquil·les. Hi ha naus, fàbriques, cinturons de circumval·lació, hotels, discoteques, restaurants, ports deportius i més edificis en obres en allò que des de sempre ha estat una zona inundable.

El paisatge de bancals, parets i murs, sèquies, molins, ametllers i garrovers que durant segles havia protegit dels desastres naturals els pocs milers de vesins que vivien a un costat i a l’altre de les murades va desaparèixer en tot just unes dècades. La vila es convertia en ciutat. Era més gran, però més feble: un tobogan que no infiltra l’aigua, un gegant amb peus de fang. L’antítesi d’aquesta comarca inundable serien altres racons de l’illa on va ploure gairebé el mateix la setmana passada, però no hi va haver aiguats. L’arquitectura agrícola en va minimitzar l’impacte.

Allò que un dia va ser la fortalesa d’un indret al qual, pel seu tamany, sempre se li ha dit vila –i no ciutat– avui és el seu taló d’Aquil·les. Hi ha naus, fàbriques, cinturons de circumval·lació, hotels, discoteques, restaurants, ports deportius i més edificis en obres en allò que des de sempre ha estat una zona inundable

El PP no prohibeix construir en zona inundable

Aquesta amenaça ja la va detallar –com recordava aquesta setmana el digital Noudiari– un mapa elaborat per la Conselleria de Medi Ambient durant el primer Govern de Francesc Antich (2001) i la corroboren els estudis dels historiadors locals: hi ha documentació sobre inundacions a l’Edat Mitjana i a l’Edat Moderna. Sobretot, a ses Salines, on les riuades que ara engoleix l’autovia de l’aeroport colpejaven aleshores la indústria que extreia mineral dels estanys.

Malgrat tots aquests precedents, el boom turístic –en dictadura– i els primers plans d’ordenació urbana –ja en democràcia, a finals dels vuitanta– van fomentar i normalitzar una pràctica que Marga Prohens, pressionada per Vox, es resisteix a prohibir de manera taxativa: la construcció en zones inundables. Fa una setmana, la presidenta autonòmica analitzava els efectes del temporal mentre tenia darrere seu un alcalde, Marcos Serra, que planteja aprovar un nou planejament urbanístic que manté la possibilitat de construir hotels vora la desembocadura de dos torrents a Sant Antoni de Portmany.

Aquest dimecres, el Govern està convidat a seure a la taula de diàleg on l’Aliança per l’Aigua intenta reunir periòdicament tots els actors de la societat civil: institucions públiques, patronals, ecologistes, entitats culturals, científics. “La primera prevenció hauria de ser no construir en zones inundables: no es poden repetir en un futur imatges com les de Platja d’en Bossa –turistes sortint d’un hotel que s’ha inundat– a la badia de Sant Antoni. Demanarem solucions urgents. És un perill –i ho vam veure al barranc del Poio, a la DANA de València– quan s’encaixen rius i rambles, se’n cimenta la llera, i deixen d’estar vinculats al seu territori fluvial: això augmenta el risc d’una crescuda sobtada del cabal”, anticipa Juan Calvo.

El coordinador de l’Aliança per l’Aigua confessa que, a vegades, se sent atrapat al Dia de la Marmota. Com si, en lloc de biòleg i doctor en Ecologia, fos una mena de trasllat d’aquell reporter que, a principis dels noranta, va encarnar Bill Murray en un dels seus papers més celebrats. La raó? Sant Llorenç des Cardassar i Eivissa tornen a connectar-se: a l’octubre del 2018 va enviar a la premsa insular un article –molt d’anàlisi, poca opinió– gairebé calcat al que ha escrit l’octubre del 2025.

És un perill –i ho vam veure al barranc del Poio, a la DANA de València– quan s’encaixen rius i rambles, se’n cimenta la llera, i deixen d’estar vinculats al seu territori fluvial: això augmenta el risc d’una crescuda sobtada del cabal

Juan Calvo — Coordinador d'Aliança per l’Aigua

– Això vol dir que la major part dels anuncis que es fan després d’una desgràcia queden al tinter per l’estructura governativa que tenim. Tant se val el partit que governi, tot es demora moltíssim, i la realitat ens passa per damunt. El mateix passa amb la sequera: no cal esperar que se’n repeteixi una com la que acabem de viure per aplicar mesures. Em rellegesc i pens: si és que dic el mateix que fa vuit anys!

Calvo diu que, malgrat tot, és optimista. Considera que es pot instal·lar una xarxa de dipòsits de tempesta “lluny de la cota zero” que alleugereixin el que ja existeix al port –1.800 metres cúbics, completament superat el 30 de setembre– en els dies clau, i continua insistint, sobretot, que ses Feixes –des Prat de ses Monges i des Prat de Vila: ocupaven 60 hectàrees, ara menys de la meitat– es poden recuperar.

“Per ser un espai-esponja”, diu Calvo, i exposa la qüestió de manera molt gràfica: “Encara conservam una part dels aiguamolls que envolten la ciutat. S’ha d’evitar que continuïn degradant-se. Com? Reconnectant-los amb les escorrenties i els torrents que, de manera natural, hi desemboquen. Amb la proposta per a ses Feixes no estam inventant la roda: tenim un exemple molt evident a Alacant, on es va recuperar una albufera convertint-la en parc urbà. Si féssim això a Eivissa, aconseguiríem tres coses: crearíem un espai on el ciutadà pogués gaudir diàriament, recuperaríem biodiversitat (amb el canvi climàtic hem de renaturalitzar les nostres ciutats) i augmentaríem la nostra capacitat de recollida d’aigües”.

Els plantejaments del coordinador de l’Aliança per l’Aigua tenen un enemic: l’altíssim valor del sòl. El PGOU que va aprovar el govern municipal de la capital eivissenca el 2023, després d’anys i anys de tràmits. El nou full de ruta urbanística va eliminar la possibilitat d’edificar a ses Feixes des Prat de Vila, gairebé un descampat, en estar empresonades entre avingudes i rondes, i mig cobertes per un aparcament gegant, que continuava negat vint-i-quatre hores després de la darrera tempesta. La reacció no es va fer esperar: la comunitat de propietaris de la marjal va presentar un contenciós administratiu contra l’Ajuntament d’Eivissa. No volien renunciar al dret de construir dins l’aiguamoll.

Cuando descuelga el teléfono, Joan Josep Estrany Bertos va directo al grano:

–Las precipitaciones que cayeron sobre Eivissa son homologables a las de Sant Llorenç en cuanto a intensidad y cantidad acumuladas. La única diferencia es que, en el caso ibicenco, la lluvia cayó en dos tandas diferentes y se concentró en la franja costera. Si hubiera caído sólo dos o tres kilómetros tierra adentro (la misma cantidad e intensidad), habría habido problemas graves. Muy graves.

Este experto –doctor en Geografía, catedrático de la Universitat de les Illes Balears (UIB), comprometido con desentrañar los misterios de las inundaciones desde que la Mallorca de su adolescencia sufriera fuertes riadas al final del verano de 1989, tres muertos en Felanitx– no cita por capricho el temporal que causó ocho víctimas en Sant Llorenç des Cardassar en octubre de 2018. Primero, porque tras aquella tragedia –un shock para la sociedad mallorquina– empezaron a moverse las fichas para crear el Observatori de Riscos i Emergències de les Illes Balears (RiscBal), que él mismo dirige. Segundo, porque entre el lunes y el martes de la semana pasada los responsables de esa ágora –que proporciona información actualizada al segundo de forma libre a través de su web– no dejaron de revisar y medir las consecuencias de la furia con la que Ex Gabrielle descargó 254 litros sobre la ciudad de Eivissa y su periferia, datos nunca vistos en este siglo. Fueron largas las primeras horas del 30 de septiembre. De madrugada, el RiscBal ya publicó un aviso: las inundaciones estaban llamando a las puertas de la capital ibicenca.

“Cuando hay muertos”, explica el geógrafo Estrany, “es porque la velocidad del agua supera los tres o cuatro metros por segundos. Ese es el umbral para que arrastre, no digo ya a una persona, sino a un vehículo (quedarse dentro de un coche en un episodio así da una falsa sensación de seguridad, puede ser fatídico). En Eivissa hemos tenido suerte de que no haya habido una respuesta hidrológica en los cauces y las escorrentías que rodean al Pla de Vila. Estaríamos hablando entonces de una torrentada en vez de unas inundaciones”.

Cuando hay muertos es porque la velocidad del agua supera los tres o cuatro metros por segundos. Ese es el umbral para que arrastre, no digo ya a una persona, sino a un vehículo (quedarse dentro de un coche en un episodio así da una falsa sensación de seguridad, puede ser fatídico)

Joan Josep Estrany Bertos — Geógrafo

Cerca de la gran inundación

El análisis de Estrany coincide bastante con el de Miquel Grimalt Gelabert, otro geógrafo de la UIB que, igual que su colega (al que evaluó su tesis, centrada en las sedimentaciones de na Borges, el torrente más largo de Mallorca), también dedicó su doctorado a cuestiones hídricas. En su caso, a estudiar las inundaciones documentadas en su isla desde el siglo XIII. Mientras en Eivissa el primer balance institucional apuntaba algunos heridos –ninguno grave–, cero muertos, la voz de Grimalt fue la primera de un especialista que sonó en IB3 Televisió. Para apuntar, sin nombrarlos, al principal agravante de las gotas frías: los embudos y atascos que provoca el cemento.

“Evidentemente, ha llovido mucho y es natural que una área baja se inunde”, dijo Grimalt, durante el informativo nocturno de la cadena pública, en directo, “pero si hacemos un paseo marítimo que hace de frontera de un territorio que había sido una albufera, con unas acequias que, antiguamente, lo irrigaban y terminaban sacando el agua a la mar… le hemos puesto un tapón. Hemos estado muy cerca de la tormenta perfecta para provocar una gran inundación. No ha llegado a serlo porque se ha quedado en el litoral y no ha llegado a las montañas del interior. En ese caso, habría sido una auténtica…”

'Hemos estado muy cerca de la tormenta perfecta para provocar una gran inundación. No ha llegado a serlo porque se ha quedado en el litoral y no ha llegado a las montañas del interior. En ese caso, habría sido una auténtica...', dijo Miquel Grimalt Gelabert, geógrafo, en IB3

La frase del geógrafo se quedó flotando porque el presentador del telenoticias le preguntó por otras zonas del archipiélago vulnerables. Inundables. Grimalt citó el distrito de Llevant, las barriadas –en su origen– obreras que permitieron crecer a Palma hacia el este a base de urbanizar huertos que se habían creado desecando marjales. Una réplica gigantesca de es Pratet, el barrio ibicenco que, en esos instantes, más estaba sufriendo las inundaciones. Luego, la conexión se fue hasta el parque de bomberos de Eivissa, donde los responsables políticos atendían a los periodistas.

Todos –Govern, Consell, ayuntamientos–, del PP, con la única excepción del socialista Alfonso Rodríguez, delegado del Gobierno. Marga Prohens, presidenta del Govern balear, Vicent Marí, presidente del Consell d’Eivissa, y Rafael Triguero Costa, alcalde de la capital insular, hicieron hincapié en la “rápida coordinación”; en los “refuerzos” de bomberos y militares, que desembarcaron desde Mallorca y Valencia; en la “incapacidad de las infraestructuras” para absorber un aguacero así; en que, “por primera vez”, se había activado en la comunidad la alerta ES-Alert, en el compromiso de “las fuerzas del orden” para evitar una tragedia humana. Como si quisiera remarcar el último punto, el alcalde Triguero llevaba puesto el chaquetón amarillo de la policía local con el que apareció en las redes sociales del ayuntamiento durante toda la jornada.

Silencio político

Ni en aquella primera comparecencia, ni en las que se han sucedido en los días siguientes, los mandos populares han aludido a la falta de planificación urbanística o la especulación inmobiliaria como factores de riesgo. Lo más parecido han sido unas declaraciones, en Periódico de Ibiza, donde Mariano Juan, conseller ibicenco de Territori, y Vicent Roig, alcalde de Sant Josep de sa Talaia, critican la falta de drenaje de los pasos subterráneos que se cavaron para construir la autovía del aeropuerto. Obviando que, hace dos décadas, fueron mayorías absolutas del PP –Jaume Matas, en el Govern; Pere Palau, en el Consell– los que sacaron adelante un proyecto que provocó una enorme respuesta social y unos sobrecostes millonarios. “Se ha demostrado que ese modelo faraónico de túneles y trincheras pone en peligro la seguridad de las personas”, contestó la federación ibicenca del PSOE a través de un comunicado.

Ni en su primera comparecencia, ni en las que se han sucedido en los días siguientes, los políticos del PP han aludido a la falta de planificación urbanística o la especulación inmobiliaria como factores de riesgo

El pleno extraordinario convocado por el Ajuntament d'Eivissa se centró en solicitar, por unanimidad, a Moncloa el estatus de zona catastrófica para la ciudad. Un Real Decreto significa dinero público para reparar destrozos y pérdidas. Más de un establecimiento –desde comercios a grandes hoteles de cinco estrellas– ha tenido que anticipar de forma anticipada la temporada turística y, una semana después, en viviendas, almacenes y garajes se sigue sacando fango. Los cargos públicos del PP tampoco han citado el crecimiento demográfico y turístico como el hilo que enhebra las causas del desastre. En 1977 y 1992, cuando también se registraron inundaciones importantes, la capital rondaba los 20.000 y 30.000 habitantes, respectivamente. Ahora roza los 54.000 –sin contar las 17.000 plazas turísticas legales ni a los habitantes de los poblados de chabolas que rodean el núcleo urbano– y, siendo un término minúsculo, se ha convertido en una pequeña gran urbe. Eivissa tiene la misma densidad de población que una capital como Sevilla.

Eivissa tiene la misma densidad de población que una capital como Sevilla. Los cargos públicos del PP tampoco han citado el crecimiento demográfico y turístico como el hilo que enhebra las causas del desastre. La expansión no hubiera sido posible sin construir encima de huerta y marisma

De Villa a ciudad

La expansión no hubiera sido posible sin construir encima de huerta y marisma. El geógrafo Grimalt recordó durante su intervención en IB3 que el emplazamiento original de Eivissa se eligió, precisamente, por ser un cerro, en la boca de una bahía, que rodeaban humedales. Un lugar fácil de defender a dos pasos de una llanura: fincas fértiles –al desbordarse los torrentes, el suelo se enriquecía– que, antes y después de la conquista cristiana, trabajaban esclavos, administraban mayorales y poseían nobles. Pero lo que un día fue la fortaleza de un lugar al que, por su tamaño, siempre se le ha llamado vila –villa– y no ciutat –ciudad– hoy es su talón de Aquiles. Hay naves, fábricas, cinturones de circunvalación, hoteles, discotecas, restaurantes, puertos deportivos y más edificios en obras en lo que desde siempre ha sido una zona inundable. El paisaje de bancales, paredes y muros, acequias, molinos, almendros y algarrobos que durante siglos había protegido de las catástrofes naturales a los pocos miles de vecinos que vivían a un lado y otro de las murallas desapareció en apenas unas décadas. La villa se convertía en ciudad. Era más grande, pero más débil: un tobogán que no infiltra el agua, un gigante con pies de barro. La antítesis de esta comarca inundable serían otros rincones de la isla donde llovió casi lo mismo la semana pasada, pero no hubo aluviones. La arquitectura agrícola minimizó el impacto.

Lo que un día fue la fortaleza de un lugar al que, por su tamaño, siempre se le ha llamado vila –villa– y no ciutat –ciudad– hoy es su talón de Aquiles. Hay naves, fábricas, cinturones de circunvalación, hoteles, discotecas, restaurantes, puertos deportivos y más edificios en obras en lo que desde siempre ha sido una zona inundable

El PP no prohíbe construir en zona inundable

Esa amenaza ya la detalló –como recordaba esta semana el digital Noudiari– un mapa elaborado por la Conselleria de Medi Ambient durante el primer Govern de Francesc Antich (2001) y lo corroboran los estudios de los historiadores locales: hay documentación sobre inundaciones en la Edad Media y la Edad Moderna. Sobre todo, en ses Salines, donde las riadas que ahora se traga la autovía del aeropuerto golpeaban entonces a la industria que extraía mineral de los estanques. Pese a todos esos precedentes, el boom turístico –en dictadura– y los primeros planes de ordenación urbana –ya en democracia, a finales de los ochenta– fomentaron y normalizaron una práctica que Marga Prohens, presionada por Vox, se resiste a prohibir de forma tajante: la construcción en zonas inundables. Hace una semana, la presidenta autonómica analizaba los efectos del temporal mientras tenía a su espalda a un alcalde, Marcos Serra, que plantea aprobar un nuevo ordenamiento urbano que mantiene la posibilidad de construir hoteles junto a la desembocadura de dos torrentes en Sant Antoni de Portmany.

Este miércoles, el Govern está invitado a sentarse en la mesa de diálogo donde la Alianza por el Agua trata de reunir periódicamente a todos los actores de la sociedad civil: instituciones públicas, patronales, ecologistas, entidades culturales, científicos. “La primera prevención debería ser no construir en zonas inundables: no se pueden repetir en un futuro imágenes como las de Platja d’en Bossa –turistas saliendo de un hotel que se ha inundado– en la bahía de Sant Antoni. Vamos a pedir soluciones urgentes. Es un peligro –y lo vimos en el barranco del Poyo, en la dana de Valencia– cuando se encajonan ríos y ramblas, se cementa su lecho, y dejan de estar vinculados a su territorio fluvial: eso aumenta el riesgo de una crecida súbita del caudal”, anticipa Juan Calvo. El coordinador de la Alianza por el Agua confiesa que, a veces, se siente atrapado en el Día de la Marmota. Como si en vez de biólogo y doctor en Ecología fuera un trasunto de aquel reportero que, a principios de los noventa, encarnó Bill Murray en uno de sus papeles más celebrados. ¿La razón? Sant Llorenç des Cardassar y Eivissa vuelven a conectarse: en octubre de 2018 envió a la prensa insular un artículo –mucho análisis, poca opinión– casi calcado al que ha escrito en octubre de 2025.

Es un peligro –y lo vimos en el barranco del Poyo, en la DANA de Valencia– cuando se encajonan ríos y ramblas, se cimenta su lecho, y dejan de estar vinculados a su territorio fluvial: eso aumenta el riesgo de una crecida súbita del caudal

Juan Calvo — Coordinador de la Alianza por el Agua

– Eso quiere decir que la mayor parte de los anuncios que se hacen post desgracia quedan en el tintero por la estructura gubernativa que tenemos. Da igual el partido que gobierne, todo se demora muchísimo, y la realidad nos está pasando por encima. Lo mismo ocurre con la sequía: no hay que esperar a que se repita una como la que acabamos de pasar para aplicar medidas. Me releo y pienso: ¡si es que digo lo mismo que hace ocho años!

Dice Calvo que, pese a todo, es optimista. Considera que puede instalarse una red de tanques de tormentas “lejos de la cota cero” que alivien al que existe en el puerto –1.800 metros cúbicos, superado por completo el 30 de septiembre– en los días clave y sigue insistiendo, sobre todo, en que ses Feixes –des Prat de ses Monges y des Prat de Vila: ocuparon 60 hectáreas, ahora, menos de la mitad– pueden recuperarse.

“Para ser un espacio-esponja”, dice Calvo, y expone la cuestión de manera muy gráfica: “Conservamos todavía una parte de los humedales que rodean la ciudad. Hay que evitar que se siguen degradando. ¿Cómo? Reconectándonos con las escorrentías y los torrentes que, de forma natural, desaguan allí. Con la propuesta para ses Feixes no estamos inventando la rueda: tenemos un ejemplo muy obvio en Alicante, donde se recuperó una albufera convirtiéndola en parque urbano. Si hiciéramos eso en Eivissa lograríamos tres cosas: crearíamos un espacio donde el ciudadano pudiera disfrutar a diario, recuperaríamos biodiversidad (con el cambio climático debemos renaturalizar nuestras ciudades) y aumentaríamos nuestra capacidad de recogida de aguas”.

Los planteamientos del coordinador de la Alianza por el Agua tienen un enemigo: el altísimo valor del suelo. El PGOU que aprobó el gobierno municipal de la capital ibicenca en 2023, después de años y años de trámites. La nueva hoja de ruta urbanística eliminó la posibilidad de edificar en ses Feixes des Prat de Vila, casi un descampado al estar aprisionadas entre avenidas y rondas, y medio cubiertas por un aparcamiento gigante, que seguía anegado veinticuatro horas después de la última tormenta. La reacción no se hizo esperar: la comunidad de propietarios de la marisma presentó un contencioso-administrativo contra el Ajuntament d’Eivissa. No querían renunciar al derecho de construir dentro del humedal.

El Mar Balear s'ha escalfat +0,036 ºC a l'any des del 1982, amb anomalies rècord el 2022 i el 2023, segons mostra un nou estudi d'investigadores de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (Imedea, CSIC-UIB), que analitza com detectar les onades de calor marines al mar. L'organisme apunta que el Mediterrani occidental, i especialment el Mar Balear, travessa una de les etapes més càlides que s'han registrat mai.

L'estudi, realitzat per les investigadores Blanca Fernández-Álvarez, Bàrbara Barceló-Llull i Ananda Pascual, assenyala que el Mar Balear s'està escalfant i aquest escalfament afecta el mètode utilitzat per detectar onades de calor marines. L'article analitza més de 40 anys de dades de temperatura superficial del mar (1982-2023) per avaluar com han evolucionat les onades de calor marines i com la metodologia de detecció en pot alterar la identificació i la interpretació.

Què és una onada de calor marina?

Encara que no hi ha una definició universal, se sol considerar que una onada de calor marina passa quan la temperatura del mar supera certs llindars durant diversos dies. El problema és com es defineixen aquests llindars.

En aquest sentit, la investigació compara tres enfocaments diferents per detectar aquests esdeveniments extrems. D'una banda, la climatologia fixa --per exemple, usant com a referència el període 1982-2011--, la qual ressalta l'escalfament acumulat al llarg dels anys. De l'altra, la climatologia mòbil, que actualitza els valors llindar cada any, que és útil per detectar anomalies extremes dins d'un context en canvi constant. I, en tercer lloc, l'eliminació de la tendència abans d'aplicar el llindar per centrar-se només en desviacions sobtades i no en l'escalfament global de fons.

Què revelen les dades del Mar Balear?

Les autores mostren que el mar Balear s'ha escalfat a un ritme de +0,036 °C per any, una xifra un 10% més alta que estimacions anteriors, a causa de la inclusió dels anys extraordinàriament càlids 2022 i 2023.

L'estudi demostra que, segons el mètode utilitzat, els resultats varien notablement. Per exemple, només l'enfocament tradicional mostra un augment sostingut de la freqüència donades de calor marines. En canvi, els mètodes més adaptatius revelen que no necessàriament hi ha més esdeveniments extrems, sinó que la mar sencera està més calenta.

“El mètode que triem no és un detall tècnic: afecta com interpretem les conseqüències del canvi climàtic”, han explicat les investigadores de l'Imedea.

Més calor, més riscos

L'acumulació de calor al mar no és només una dada estadística. Un Mediterrani més càlid augmenta l'energia disponible per a la formació de tempestes severes, especialment a finals de l'estiu i principis de la tardor.

Per altra banda, les conseqüències ecològiques ja són visibles. Ecosistemes sensibles, com les praderies de 'Posidonia oceanica', els corals o les poblacions de peixos, enfronten condicions cada cop més estressants i difícils de sostenir. A zones com el mar Menor, les temperatures mitjanes han pujat més de tres graus des del 1986, amb platges com Las Palmeras assolint màxims històrics de 27 °C a l'estiu.

Des del canal de Suez fins a l'estret de Gibraltar, la conca mediterrània ha mostrat una tendència clara: temperatures per sota de la mitjana fins a finals dels 90, seguides per un escalfament accelerat les darreres dues dècades.

Aquest nou estudi insisteix que no n'hi ha prou de saber que el mar s'escalfa; cal saber com es mesura, com s'analitza, com s'interpreta i com s'adapten les estratègies de conservació.

El Mar Balear se ha calentado +0,036 ºC al año desde 1982, con anomalías récord en 2022 y 2023, según muestra un nuevo estudio de investigadoras del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea, CSIC-UIB), que analiza cómo detectar las olas de calor marinas en el Mediterráneo, en un mar cada vez más cálido. El organismo apunta que el Mediterráneo occidental, y en especial el Mar Balear, atraviesa una de las etapas más cálidas jamás registradas.

El estudio, realizado por las investigadoras Blanca Fernández-Álvarez, Bàrbara Barceló-Llull y Ananda Pascual, señala que el Mar Balear se está calentando y este calentamiento afecta al método utilizado para detectar olas de calor marinas. El artículo analiza más de 40 años de datos de temperatura superficial del mar (1982-2023) para evaluar cómo han evolucionado las olas de calor marinas y cómo la metodología de detección puede alterar su identificación e interpretación.

¿Qué es una ola de calor marina?

Aunque no existe una definición universal, se suele considerar que una ola de calor marina ocurre cuando la temperatura del mar supera ciertos umbrales durante varios días. El problema es cómo se definen esos umbrales.

En este sentido, la investigación compara tres enfoques distintos para detectar estos eventos extremos. Por un lado, la climatología fija --por ejemplo, usando como referencia el periodo 1982-2011--, la cual resalta el calentamiento acumulado a lo largo de los años. Por otro, la climatología móvil, que actualiza los valores umbral cada año, la cual es útil para detectar anomalías extremas dentro de un contexto en constante cambio. Y, en tercer lugar, la eliminación de la tendencia antes de aplicar el umbral, para centrarse solo en desviaciones súbitas y no en el calentamiento global de fondo.

¿Qué revelan los datos del Mar Balear?

Las autoras muestran que el mar Balear se ha calentado a un ritmo de +0,036 °C por año, una cifra un 10 por ciento más alta que estimaciones anteriores, debido a la inclusión de los años extraordinariamente cálidos 2022 y 2023.

El estudio demuestra que, dependiendo del método utilizado, los resultados varían notablemente. Por ejemplo, solo el enfoque tradicional muestra un aumento sostenido de la frecuencia de olas de calor marinas. En cambio, los métodos más adaptativos revelan que no necesariamente hay más eventos extremos, sino que el mar entero está más caliente.

“El método que elijamos no es un detalle técnico: afecta a cómo interpretamos las consecuencias del cambio climático ”, han explicado las investigadoras del Imedea.

Más calor, más riesgos

La acumulación de calor en el mar no es solo un dato estadístico. Un Mediterráneo más cálido aumenta la energía disponible para la formación de tormentas severas, especialmente a finales del verano y principios del otoño.

Por otro lado, las consecuencias ecológicas ya son visibles. Ecosistemas sensibles, como las praderas de 'Posidonia oceanica', los corales o las poblaciones de peces, enfrentan condiciones cada vez más estresantes y difíciles de sostener. En zonas como el mar Menor, las temperaturas medias han subido más de tres grados desde 1986, con playas como Las Palmeras alcanzando máximos históricos de 27 °C en verano.

Desde el canal de Suez hasta el estrecho de Gibraltar, la cuenca mediterránea ha mostrado una tendencia clara: temperaturas por debajo de la media hasta finales de los 90, seguidas por un calentamiento acelerado en las últimas dos décadas.

Este nuevo estudio insiste en que no basta con saber que el mar se calienta; hay que saber cómo se mide, cómo se analiza, cómo se interpreta y cómo se adaptan las estrategias de conservación.

En lo que va del siglo XXI, los cuatro últimos agostos, incluido éste, han sido los más cálidos. El quinto lo fue en 2003. Según AEMET, desde 1975 hemos sufrido en la Península y Baleares 77 olas de calor, siendo la de este agosto la más intensa. Entre los días 8 y 17 de agosto se sufrió la ola de calor más fuerte desde 1950. El aumento medio de la temperatura de estos últimos lustros sitúa a la región mediterránea en una situación de riesgo elevado. Estas evidencias, además de los informes científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas que se emiten desde hace décadas, ponen al cambio climático provocado por la actividad humana en el epicentro de las causas de los incendios que ya alcanzan con frecuencia la categoria de sexta generación, que surgen cuando los bosques están muy secos después de períodos de fuertes olas de calor y ausencia de lluvias, y originan pirocúmulos y tormentas de fuego que se expanden como proyectiles a decenas y centenares de metros.

Este mes de agosto los temas que han dominado la conversación y la discusión han sido los incendios forestales en España y el genocidio de Gaza, silenciado en parte por el fuego que asolaba los montes de Castilla-Leon, Galicia, Extremadura y Asturias, y algunos otros fuegos menores en Andalucía. Cuando esto escribo han sido arrasadas en España más de 400.000 hectáreas. Sólo España y Portugal concentran el 60% de los incendios de este verano en Europa. En toda la Unión Europea se ha superado el millón de hectáreas afectadas por el fuego.

Recordaremos este agosto como un verano infernal. Más de 400.000 hectáreas calcinadas, decenas de miles de personas desalojadas de sus lugares de residencia permanente o temporal, y varios fallecidos y heridos en su intento por sofocar las llamas.Trato de ponerme en el pellejo de las personas que no han podido dormir presa del pánico al ver el fuego cerca del pueblo donde viven habitualmente o al que han ido a pasar unos días de vacaciones. Y trato de ponerme en la piel de los bomberos forestales, aviadores, técnicos, personal de la UME, policías, guardia civil, voluntarios, vecinos, todos tratando de luchar contra el fuego.

Debe ser acongojante y doloroso ver cómo se destruye el paisaje de tu niñez y el de tu madurez, ver cómo el bosque y la montaña de tu vida y de tus sueños arden como la yesca. La solastalgia, término acuñado por el filósofo Glenn Albrecht, describe la angustia, la tristeza que se siente por el deteroro ambiental de nuestro entorno próximo o global. España dispone de más de 27 millones de hectáreas de superficie forestal, más del 55% del territorio y es el segundo país europeo con mayor superficie forestal. La superficie arbolada ocupa unos 18 millones de hectáreas y cerca de diez millones de hectáreas son matorral o pastizal. La dehesa ocupa el 15% de la superficie arbolada, los encinares un 14,5%, pinares de pino carrasco 11%, y masas forestales mixtas formadas por coníferas y especies arbóreas autóctonas, conforman una rica biodiversidad en ecosistemas forestales. El 70% de la superficie forestal en España es de titularidad privada.

Actividades silvícolas como la recogida de piñones y la entresaca de la madera del bosque, o la práctica de la apicultura, sirven para limpiar y controlar los bosques. La ganadería extensiva ejerce la función de bomberos preventivos. Vacas, ovejas, cabras, caballos, toros bravos, ciervos y gamos limpian el monte de pasto y vegetación

¿Qué hacer? Negar o minimizar la existencia del cambio climático es negar la evidencia científica, lo cual si me permiten es de imbéciles. El cambio climático nos obliga a repensar la gestión forestal en el siglo XXI y la importancia de mantener la actividad en el medio rural ante el peligro de despoblamiento. Muchos expertos, selvicultores e ingenieros forestales coinciden en señalar que los fuegos se apagan en invierno y que la prevención es mucho más rentable que la extinción. Las tareas preventivas pueden suponer unos 3.000 euros/ha, mientras que sofocar los incendios puede alcanzar los 20.000 euros/ha. El Plan Forestal Español 2022-2032 propone un aumento de la inversión anual de 300 a 600 millones de euros. Habría que mejorar la gestión forestal con podas y clareos del monte, abrir caminos y cortafuegos, crear mosaicos vegetales alternando especies distintas de árboles y campos de cultivo. Las encinas y alcornoques resisten muy bien el fuego, no así los eucaliptos debido a su alta inflamabilidad. Los pinos son inflamables, la parte aérea se quema, aunque el árbol resiste al paso del fuego y suele regenerarse. Deberíamos extremar las precauciones con la quema de rastrojos, colillas, barbacoas, desbrozadoras, soldadoras, etc. y endurecer las penas para todos aquellos que meten fuego al monte.

Actividades silvícolas como la recogida de piñones y la entresaca de la madera del bosque, o la práctica de la apicultura, sirven para limpiar y controlar los bosques. La ganadería extensiva ejerce la función de bomberos preventivos. Vacas, ovejas, cabras, caballos, toros bravos, ciervos y gamos limpian el monte de pasto y vegetación. He acompañado a ganaderos y pastores en jornadas de trashumancia, y compruebas la labor fundamental de los animales ungulados. El pastoreo en el medio rural es esencial. Desgraciadamente la edad media de los pastores que quedan es de 55 años. Falta relevo generacional. Habría que fomentar ese relevo. Y para mantener vivo el medio rural y luchar contra el despoblamiento hay que invertir en mejorar la vida en los pueblos y seguir con las actividades agrícolas, ganaderas y forestales con las que los paisanos controlan el bosque y la campiña.

El Gobierno aprobó la declaración de zonas catastróficas o afectadas por una emergencia para atender a los territorios destruidos por el fuego. El pacto de Estado que propone el presidente Sánchez es una magnífica oportunidad para aparcar las diferencias entre los partidos y sentarse a negociar y a colaborar entre todos para hacer frente a la emergencia climática, que es el principal problema que tiene la humanidad. Y para esa negociación tan necesaria no ayudan las declaraciones incendiarias de algunos dirigentes del PP, carentes de respeto y educación con todo el sufrimiento que estamos viendo en torno a los incendios forestales.

Ecologistas en Acción ha denunciado que el Ayuntamiento de Guadalajara “quiere acabar” con el bosque urbano del barrio de Aguas Vivas, después de que el pasado mes de julio el Ayuntamiento de Guadalajara cortase las dos bocas de riego con las que se regaba, a lo que después se han sumado “arranques y envenenamiento de más de 50 árboles”.

La organización ecologista dice que “tampoco ha desbrozado la parcela, con el consiguiente peligro de incendio” y que ha solicitado “formalmente” el restablecimiento urgente del riego y una reunión para tratar el asunto, sin que se haya recibido respuesta.

El Bosque Urbano es una iniciativa de los vecinos de Aguas Vivas que, en 2019, según explican, y contando con el permiso verbal del Ayuntamiento, plantaron más de 500 árboles, sobre todo de especies autóctonas, que desde entonces “proporcionan un refugio climático a los ciudadanos de Guadalajara y un lugar de descanso, alimentación y cría a numerosas especies de aves”.

Un centenar de voluntarios han acudido al llamamiento en redes sociales para apadrinar árboles y regar árboles manualmente en las últimas semanas, lo que está permitiendo, lamentan, “la supervivencia precaria del bosque”.

En su opinión, esta situación “constituye un ataque directo contra un espacio natural que aporta oxígeno, sombra y calidad de vida a Guadalajara. Además, el envenenamiento de árboles supone un peligro añadido para la fauna urbana y para los perros que transitan por la zona”.

El Ayuntamiento dice que “la parcela no ha sido cedida oficialmente” para la iniciativa

Desde el Ayuntamiento de Guadalajara, donde gobiernan PP y Vox, sostienen que la parcela en la que se encuentra este Bosque Urbano' “no ha sido cedida oficialmente” a los promotores del proyecto y que “no existe ningún convenio de colaboración firmado ni proyecto técnico aprobado que regule su uso como parque urbano”.

En este aspecto, añaden que “cualquier cesión de suelo público requiere un procedimiento legal y técnico que garantice la seguridad, el mantenimiento y la legalidad de las actuaciones” y por otro lado recuerda el consistorio en un comunicado que “el uso no autorizado del agua de canalizaciones públicas está expresamente prohibido por la ordenanza municipal de parques y jardines”.

Dicen también tener constancia de que, en el anterior mandato, los servicios técnicos de Medio Ambiente “ya advirtieron a los promotores que las actuaciones que estaban llevando a cabo eran contrarias a la normativa vigente”.

El actual concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, según las mismas fuentes, se reunió con los vecinos hace unas semanas para buscar una solución legal: “Les propusimos la firma de un convenio que permita regularizar la situación, siempre dentro del marco legal y técnico que exige la gestión de espacios públicos. El objetivo es canalizar su voluntad de colaboración de forma ordenada y segura para todos”, ha declarado Alguacil.

El Ayuntamiento reitera “su disposición al diálogo y a la colaboración ciudadana, pero siempre desde el respeto a la legalidad, la planificación técnica y la protección del interés general”.