El juicio por el supuesto amaño del campo de golf que el Partido Popular construyó en el centro de Madrid ha acogido este lunes la declaración como testigos de más de una decena de testigos, la mayoría de ellos vinculados al Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas sobre la que se levantó esa infraestructura deportiva ya demolida. 

Entre ellos, ha comparecido el que fuera consejero de Medioambiente durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, Mariano Zabía, quien ha negado la existencia de “intereses ocultos” en los contratos del Canal adjudicados a familiares de Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Zabía, quien era vicepresidente de Canal de Isabel II, ha dicho que no percibió de ninguna manera que hubiera interés en beneficiar a TCT, una empresa del hermano de Ignacio González, Pablo Manuel; su cuñado, Juan José Caballero; y un socio de estos últimos, quienes también se sientan en el banquillo.

Los hechos que se están enjuiciando se remontan a hace más de veinte años. En 2003, la empresa de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción del campo de golf. Pero, un año después, Ignacio González e Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal, modificaron el proyecto “con el fin de beneficiar a familiares” del entonces vicepresidente regional, según acreditó la investigación del juez Manuel García Castellón.  

Esas variaciones, añade su auto de apertura de juicio oral, eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación. Pero ambos “convinieron con Dragados” que el Canal le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a la citada TCT, que obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. 

Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas. Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambas contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.

Ante el tribunal, Zabía, al igual que otros testigos, ha dicho en reiteradas ocasiones que no podía recordar determinadas cuestiones planteadas por las acusaciones. “¿Usted recuerda que en ese Consejo de Administración se dijo algo de que esas empresas estaban vinculadas a Ignacio González? ¿Ese dato lo recuerda? ¿Le podía pasar desapercibido?”, le ha preguntado la fiscal. “Vamos a ver, ese dato no lo recuerdo. Es posible que me pasase desapercibido, digamos, pero no creo que me pasase desapercibido un dato en principio relevante. Pero insisto, no le puedo contestar taxativamente porque no lo recuerdo”, ha respondido el testigo. 

En la sesión de este lunes también ha comparecido Adrián Martín López de las Huertas, quien en la época de los hechos investigados era director de Ingeniería del Canal de Isabel II. Ante el tribunal, el testigo ha dicho que la idea de modificar el proyecto del Tercer Depósito para realizar un campo de golf “partió de Esperanza Aguirre”, quien entonces era presidenta de la Comunidad de Madrid. El testigo, que fue quien dio el visto bueno a ese proyecto, ha reiterado que “nunca” recibió presiones para firmar ese documento. 

“¿Alguien de Dragados le comentó que don Ignacio González estaba influyendo en el proyecto, estaba interviniendo, estaba inmiscuyéndose de alguna manera?”, le ha llegado a preguntar la fiscal. “No”, ha respondido el testigo, quien llegó a estar en prisión provisional por este caso aunque finalmente el caso fue archivado para él.

El tribunal ha comunicado que aplaza al jueves la declaración como testigo de Esperanza Aguirre, prevista inicialmente para este miércoles, debido a que este día finalmente no habrá jornada de juicio. 

En el año 2007, Ignacio González usó una empresa pública que él mismo presidía para denunciar en los tribunales a un grupo de vecinos que le resultaba molesto porque interfería en sus planes para construir un campo de golf en pleno centro de Madrid, sobre las instalaciones del Canal de Isabel II en Chamberí. Los llevó a la Justicia porque, en una de sus protestas, plantaron un árbol en las instalaciones de esta empresa pública, junto a las obras para levantar el recinto deportivo.

Este grupo de vecinos se había levantado en armas un año antes al descubrir que el proyecto de parque que Alberto Ruiz-Gallardón había ideado para el Tercer Depósito del Canal en Chamberí —una zona verde de 24.000 m² cerrada al público— había cambiado con la llegada a la Comunidad de Esperanza Aguirre y de su mano derecha, González. El presidente del Canal quería abrir allí un campo de prácticas de tiro de golf que ocuparía casi todo el terreno disponible, dejando a los vecinos sin el parque prometido.

Además de manifestaciones, recogidas de firmas y otras protestas clásicas, un grupo de residentes de la zona decidió plantar una morera en el parque Santander para reivindicar la necesidad de áreas verdes, en el espacio situado junto al campo de golf en construcción. Fueron parados por la seguridad privada del Canal, denunciados ante la Policía y llevados a los tribunales en un juicio de faltas surrealista por plantar un árbol, del que fueron absueltos. El proceso tuvo el efecto contrario al que hubiera deseado Ignacio González. Los vecinos utilizaron el episodio judicial para interpretar una pantomima en una de las fiestas con las que sufragaban sus acciones en los tribunales, que a la larga acabaron tumbando el proyecto. El salto a los medios del clan de la morera —como se autodenominaron— también sirvió para que otros chamberileros se unieran a la causa contra el campo de golf.

“Todo olía mucho a chamusquina” recuerda casi dos décadas después la portavoz de la asociación vecinal Parque Sí, que lideró la lucha para recuperar el parque y desmantelar el campo de golf. Mercedes Arce apunta a que los vecinos fueron los primeros que vieron movimientos extraños en el tejemaneje de empresas que se encargaron del proyecto, a partir de que Gallardón denegara la licencia urbanística para las obras: “Siempre sospechamos que algo raro había, pero no teníamos ninguna prueba”. Hasta que una noticia en Público hizo saltar las alarmas a principios de 2009. “La primera denuncia la pusimos a raíz del artículo de Manuel Rico sobre TCT. La firmamos 400 personas”, añade en conversación con este periódico.

Según el auto de apertura de juicio oral, que ha comenzado esta semana, Ignacio González adjudicó de forma encubierta una parte del proyecto a TCT (Tecnoconcret), empresa participada por su hermano y su cuñado. TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%, según el auto. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas. Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambos contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.

La asociación Parque Sí en Chamberí pone el foco en los efectos perjudiciales para el vecindario que tuvieron estas supuestas corruptelas. “Nos ha privado de un parque 16 años”, lamenta Mercedes Arce aludiendo al tiempo que pasó entre que el campo de golf fue construido y desmantelado, antes de que el parque actual fuera inaugurado. Cientos de vecinos dedicaron muchas horas de su tiempo a las protestas y a las acciones judiciales que acabaron tumbando el campo de golf por irregularidades urbanísticas, en un proceso judicial distinto del que ahora tiene lugar. “Solo para el informe técnico que se presentó al juez tuvimos que dedicar un año y medio de reuniones, todos los domingos”, recuerdan.

Indignados con la petición de penas de la Fiscalía

Por eso ahora este grupo vecinal se ha indignado al conocer que la Fiscalía pedirá solo seis años de cárcel por dos delitos de cohecho, atenuados por la dilación en el juicio. “La demora judicial no puede hacer olvidar el enorme perjuicio social causado a los vecinos, que tuvieron que esperar años para recuperar un espacio público que les correspondía”, explican en una carta que quieren hacer llegar a la entidad. “Es una persona que ha hecho mucho daño a los vecinos de Chamberí”, recalca Arce al recordar que su asociación interpuso hasta tres denuncias en la Fiscalía contra Ignacio González en los años 2007, 2009 y 2010, esta última querella por la vía penal. Las tres fueron archivadas por el entonces fiscal de Madrid, Manuel Moix, sin hacer ninguna indagación ni estudiar las pruebas presentadas. El mismo al que González, según conversaciones intervenidas por la Audiencia Nacional, quería ver convertido en Fiscal Anticorrupción.

La petición de penas de la Fiscalía será previsiblemente la más baja del proceso, ya que la Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, eleva esa petición a 16 años de prisión, y suma además delitos de malversación de caudales públicos y fraude a las Administraciones Públicas. También reclama una multa de 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid se suma a la petición de la Fiscalía, mientras que la acusación popular de PSOE y Adade reclama para él diez años de cárcel y Comisiones Obreras, ocho años. 

Los vecinos recuerdan ahora que Ignacio González se negó a recibirles cuando le escribieron intentando que rectificara su decisión: “Le escribimos muchísimas veces para que reconsiderara la construcción del campo de golf”, rememoran. La única relación con el expresidente del Canal, que luego llegó a presidente de la Comunidad de Madrid, fue la judicial a través de diversos procesos con los que acabaron demostrando la ilegalidad de las instalaciones. El primer presidente del Canal que les atendió fue Ángel Garrido, ya con la sentencia firme en la mano. “Él sí que fue cercano a los vecinos y dialogante, pero antes no nos recibió nadie”, recuerdan. Los 16 años de lucha vecinal hasta conseguir el actual parque de 55.000 metros cuadrados están narrados en el documental De interés general, estrenado en cines y que actualmente está disponible en Filmin.

El final del negocio del campo de golf llegó oficialmente con la sentencia ratificada en el año 2016, pero según los vecinos el cierre de las instalaciones llegó antes con la quiebra de TCT, que se encargaba de la gestión de las instalaciones y cuyo final de la actividad fue certificada por el administrador concursal. El coste para los ciudadanos fue elevado, ya que a las mordidas que se juzgan ahora Parque Sí añade otras partidas: 16 millones de euros de sobrecostes en el campo de golf y 300.000 euros para demolerlo después de la sentencia. Además de 20.000 euros que pagó la Comunidad de Madrid al despacho Cuatrecasas para que Ignacio González litigara contra los vecinos.

Aunque lo más importante para la asociación es el daño que sufrieron los miles de habitantes del entorno. A día de hoy siguen recibiendo testimonios de chamberileros que recuerdan cómo los niños de los colegios de la zona se hacinaban en un pequeño parque infantil mientras al lado diez personas jugaban al golf en la mayor parte del parque. “No basta con juzgar las posibles responsabilidades penales: también debe reconocerse el daño causado al interés general”, sentencian.

“Yo tuve la idea de ponerlo en el centro de Madrid. Mátenme a mí, pero la idea fue mía. Lo había visto en el extranjero”. La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre asumió en 2018 en una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que se trajo de un viaje a Japón la idea de levantar un campo de golf en el centro de Madrid, sobre los antiguos depósitos del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas. 

Casi una década después de aquellas palabras, esa infraestructura deportiva está demolida después que fuera declarada ilegal tras la oposición de los vecinos del barrio, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtieran en un parque público y no en un campo de golf. Y quien fuera su delfín Ignacio González se sienta en el banquillo acusado de urdir un sistema para que las adjudicaciones de ese proyecto “recayeran en algún momento en una empresa vinculada a sus familiares”. 

La Audiencia Nacional acoge a partir de este martes el primero de los tres juicios pendientes que tiene Ignacio González por el llamado caso Lezo, el macrosumario que durante casi siete meses de 2017 le hizo cambiar su chalé en el acomodado barrio de Aravaca por una celda de la prisión de Soto del Real.

En esos procedimientos se le acusa de haber cobrado mordidas millonarias y de haber amañado contratos durante la época en la que estuvo al frente del Canal de Isabel II. Presidió esa empresa pública encargada de suministrar agua a todos los madrileños entre 2003 y 2012, al tiempo que era vicepresidente autonómico. Después, a partir de 2012, sucedió en el cargo a Esperanza Aguirre. 

La vista oral que se inicia este martes deriva de la investigación por el supuesto amaño en la construcción del citado campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II. El auto de apertura de juicio oral recoge un compendio de actividades corruptas para favorecer a su hermano y su cuñado, a los que la empresa pública adjudicó de forma encubierta una parte del proyecto. 

La Fiscalía solicita en esta pieza para González seis años de cárcel por dos delitos de cohecho. La Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, eleva esa petición a 16 años de prisión, ya que suma además delitos de malversación de caudales públicos y fraude a las Administraciones Públicas. También reclama una multa de 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid se suma a la petición de la Fiscalía, mientras que la acusación popular de PSOE y Adade reclama para él diez años de cárcel y Comisiones Obreras, ocho años. 

Los hechos que se van a enjuiciar se remontan a hace más de veinte años. En 2003, la empresa de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción del campo de golf. Pero, un año después, Ignacio González e Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal, modificaron el proyecto “con el fin de beneficiar a familiares” del entonces vicepresidente regional, según acreditó la investigación del juez Manuel García Castellón.  

Esas variaciones, añade su auto de apertura de juicio oral, eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación. Pero ambos “convinieron con Dragados” que el Canal le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a TCT, una empresa del hermano de Ignacio González, Pablo Manuel; su cuñado, Juan José Caballero; y un socio de estos últimos. 

TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas. 

Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambas contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.

Ocho sesiones y medio centenar de testigos 

Según el calendario fijado por el tribunal, la vista se extenderá durante ocho sesiones. Acabará previsiblemente días antes de que se inicie la campaña electoral de las próximas elecciones generales. Está previsto que declaren casi medio centenar de testigos. Entre ellos, más de una decena de exmiembros del consejo de administración del Canal de Isabel II y altos cargos autonómicos y municipales durante el periodo investigado. Figuran en este listado la expresidenta Esperanza Aguirre o los exconsejeros de la Comunidad de Madrid Mariano Zabía, Engracia Hidalgo, Elvira Rodríguez o Fernando Merry que, a su vez, formaban parte en esa época del consejo de la empresa pública. 

También están citados hasta 22 técnicos, entre ingenieros, directores de proyecto y personal técnico que intervinieron en la tramitación, supervisión, informes y seguimiento de las obras. Algunos de ellos llegaron a estar imputados durante la investigación. Entre los citados como testigos figuran también casi una decena de directivos de las sociedades adjudicatarias de las obras (Dragados/ACS, UTE gestora Green Canal Golf, Soto Once e Iridium), así como de las mercantiles subcontratadas para la ejecución de los trabajos. 

Deberá comparecer, asimismo, Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González, a quien se le cita en relación con los presuntos beneficios económicos y comisiones derivadas del desvío de fondos a favor de los familiares del expresidente. 

La compra “inflada” de Emissão

El reparto de comisiones también sobrevuela otra de las piezas del caso Lezo que llevarán a González al banquillo en 2027. Se trata de la que indagó en la compra “inflada” de la sociedad brasileña Emissão por parte del Canal entre 2012 y 2014. La adquisición del 75% de esa compañía, que se supone que abría las puertas de la empresa pública al mercado brasileño, se cerró por 31 millones de dólares, pero su valoración cayó al poco tiempo hasta los cinco millones. Los investigadores calculan que esta operación generó un perjuicio de entre 6,4 y 9,6 millones de euros para las arcas públicas “debido al sobreprecio pagado”. 

En ese “sobreprecio” estaban incluidas las “ilícitas comisiones” que fueron a parar al bolsillo de los investigados, según detalla el auto de apertura de juicio oral, de marzo de 2020. Aquí González sí habría sido beneficiario directo de esa mordida. Y además habría sacado más tajada que sus colaboradores en un reparto de comisiones que supuestamente él mismo se encargó de hacer: mientras fijó para sí mismo una mordida de 1,8 millones de dólares, reservó para los otros cuatro imputados 900.000 dólares por cabeza.

Entre los que supuestamente recibieron mordidas está Edmundo Rodríguez Sobrino, testaferro confeso de González en esta operación y su hombre fuerte en Latinoamérica. La Fiscalía atribuye en esta causa al expresidente madrileño delitos de fraude a la Administración en concurso con malversación y solicita para él ocho años de cárcel. La Comunidad de Madrid eleva la petición a once años. 

Otra supuesta comisión —en este caso, 1,8 millones de euros a repartir con su mano derecha en el Canal, Ildefonso de Miguel— está detrás de la tercera pieza del ‘caso Lezo’ que sentará en el banquillo al expresidente madrileño. Es el dinero que supuestamente ambos habrían cobrado a cambio de la adjudicación en 2007 a OHL por 360 millones de euros del fallido proyecto del tren entre Móstoles y Navalcarnero. Según el auto de apertura de juicio oral, del 4 de junio, la constructora fundada por Juan Miguel Villar Mir obtuvo dicho contrato a través de un concierto criminal entre su consejero Javier López Madrid y el alto directivo Rafael Martín de Nicolás con González y De Miguel. 

La Fiscalía solicita que se condene a cuatro años de cárcel a González por delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo y falsedad en documentos mercantil. Según la resolución judicial, los directivos de OHL idearon un “plan” para hacerse con la licitación que consistía en presentar la oferta más baja en costes y asegurarse la concesión y también la posterior modificación del proyecto.

La idea era que compensarían la pérdida de ingresos por haber presentado una oferta tan baja por medio de la citada mordida de 2,5 millones de dólares (1,8 millones de euros al cambio de entonces). En el otro lado de la trama estaban González y De Miguel. Se trataba de que ambos influyeran en el consejero delegado del consorcio público Mintra, que debía conceder la adjudicación. 

Completan la presunta trama criminal otro cargo de OHL, Felicísimo Damián Ramos, director de Control de Gestión de la constructora, y Adrián de la Joya, histórico socio del comisario Villarejo con domicilio en Suiza. De la Joya movió el dinero entre distintas cuentas de su propiedad al tiempo que retiraba el dinero de la mordida, que acabó en las manos de De Miguel para su reparto. 

El Canal de Isabel II, propiedad de la Comunidad de Madrid, adquirió en 2001 por 73 millones de dólares el 75% de las acciones de Inassa, una empresa colombiana de aguas que atesoraba una concesión importante en el municipio de Barranquilla. Inassa dio beneficios al Canal de Isabel II hasta 2020 muy por encima del coste de la operación de compra, financiada en parte con un préstamo de 50 millones de dólares.

La Fiscalía Anticorrupción acusa por malversación y prevaricación a todos los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron en su día la operación. Muchos de ellos eran altos cargos del Gobierno regional presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, pero también había sindicalistas, representantes de la oposición y de los municipios madrileños.

Entre los procesados por el juez se encuentran dos exconsejeros del Ejecutivo madrileño, Pedro Calvo (Medio Ambiente) y Juan Bravo (Hacienda), quienes supuestamente conocieron como consejeros del Canal de Isabel II que la valoración de la compañía era muy inferior –entre 19 y 29 millones de dólares– al precio pagado finalmente, según señala la Fiscalía. Las defensas de los acusados lo niegan y presentan diversas auditorías previas a la compra que valoraban el precio de la empresa muy por encima del pagado realmente. El relato de la fiscal anticorrupción está “plagado de manifestaciones obsesivas, infundadas, repetidísimas, puramente subjetivas y voluntaristamente acusatorias”, señala en su escrito el abogado de Pedro Calvo, ex consejero de Medio Ambiente en el Ejecutivo de Ruiz-Gallardón que ejerció como presidente no ejecutivo del Canal de Isabel II.

El tribunal que juzga estos hechos 25 años después de producirse, 10 años después de abierta la investigación penal y seis años después de terminada la instrucción, oirá este martes en declaración como testigo a Alberto Ruiz-Gallardón, presidente del Gobierno madrileño que aprobó la operación en 2001 y que estuvo unos meses imputado por el juez instructor. Se trata de la primera causa del caso Lezo que se juzga en la Audiencia Nacional.

La batalla por la prescripción: una causa abierta 15 años después de los hechos

Los abogados de todos los acusados han reclamado en primer lugar al tribunal que anule toda la causa al considerar prescritos los delitos investigados. La investigación penal se abrió en noviembre de 2016 mientras que los hechos se remontan a noviembre de 2001. Los delitos graves de malversación prescriben a los 15 años y los abogados sostienen que las actuaciones contra sus clientes se iniciaron después de pasado ese tiempo. La Fiscalía Anticorrupción fija el inicio de la investigación penal unos meses antes de la fecha de prescripción.

Una operación amortizada por los beneficios empresariales y sin enriquecimiento personal

Las defensas de los acusados de malversación de fondos públicos insisten en que los informes patrimoniales que solicitó el juez para investigar si los miembros del consejo de administración habían obtenido beneficios irregulares han descartado esta posibilidad. “Todos los investigados/acusados tienen su patrimonio y sus ingresos en orden, sin que aparezca ningún aumento de patrimonio o de ingresos de forma indebida o/y sospechosa, ni que se puedan relacionar con los hechos supuestamente delictivos que se investigan”, señala una de las defensas. La Fiscalía Anticorrupción no cita en su escrito esta circunstancia ni hace referencia a los informes patrimoniales solicitados por el juez.

El abogado de Pedro Calvo destaca que en un proceso penal donde se denuncia el supuesto pago de un sobreprecio en la compra de una empresa debería valorarse también “si se mantiene y/o sube, a lo largo del tiempo, el valor de esa firma con relación a lo pagado y si da o no beneficios”. “Y si el futuro ya ha llegado (han pasado 19 años) ¿no se debería examinar y valorar lo que realmente ha ocurrido?”. El mismo abogado responde que la valoración de la empresa ha subido en este tiempo muy por encima del precio pagado y que los beneficios han superado el dinero desembolsado por la adquisición de Inassa. “El Canal de Isabel II ha recibido más dinero del que invirtió para su adquisición. Y el valor de la empresa hoy es muy superior al precio de la compra (...) Las diligencias muestran”, señala el abogado del exconsejero Pedro Calvo, “un desarrollo inmejorable de la decisión empresarial tomada el 14 de noviembre de 2001, con beneficios, incluso se ha pagado con los propios ingresos el crédito bancario, con el que se pagó la mayor parte del precio de la compra y que la empresa adquirida ha tenido, a lo largo del tiempo, un crecimiento permanente de su valor”. Y remacha: “Fue una decisión empresarial honesta. No obstante, aunque hubiera sido una decisión equivocada, basada en informes formalmente fiables, tampoco podría considerarse como delito: un negocio que termina mal, un mal negocio, no es delito; pero, además, el transcurso del tiempo ha mostrado que fue una decisión profundamente acertada, ni siquiera audaz. Los beneficios han sido tantos, y tan notorios para el Canal de Isabel II, no para los miembros del Consejo, que resulta sorprendente que ese extremo no haya sido manifestado ni por las conclusiones del representante del Ministerio Fiscal, ni por el informe de su unidad de apoyo en la Intervención General del Estado”.

“¿13 consejeros acusados sin intereses comunes y un acuerdo felón?”

Argumenta el abogado de Calvo que es imposible entender el relato de la fiscal para sentar en el banquillo por el mismo delito a 13 personas de distinta procedencia social e ideológica. “Me produce asombro que se pueda afirmar (desde la acusación), o aún pensar, que 13 personas que no se conocen (todas) entre sí, que tienen muy diversos orígenes, que pertenecen y representan a muy distintos organismos, partidos políticos y sindicatos, en muy pocos días, se concertaran para tomar un acuerdo felón, para sustraer fondos públicos, que no les causa beneficio de clase alguna, pero que, supuestamente beneficia a terceros, que no conocen; y que para cometer la supuesta felonía se hayan podido poner de acuerdo, en un acuerdo radicalmente imposible (desde un punto de vista fáctico, y de la realidad de los hechos y de lo que consta en las actuaciones) con firmas de reconocido e internacional prestigio (CAP, AFI, ROTHSCHILD, Garrigues&Andersen, y los propios técnicos del Canal)”.

La Fiscalía: “Una adquisición plagada de ilicitudes con una consciente dejación de funciones”.

La Fiscalía contesta que “la adquisición de INASSA estuvo plagada de ilicitudes”; y que los consejeros del Canal del Isabel II conocieron previamente el sobreprecio que se iba a pagar y lo autorizaron “a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar”. “La palmaria y consciente dejación de las funciones que los acusados tenían encomendadas en sus respectivos ámbitos de actuación como miembros del ente Canal de Isabel II para la protección de los intereses públicos, permitió que se desviaran cuantiosos fondos públicos a financiar una operación que causó indebidamente un menoscabo económico a dicha entidad en beneficio exclusivo de terceros. De esta forma, los acusados, cabalmente instruidos de los detalles de la operación y plenamente apercibidos de las onerosas consecuencias que ello supondría para el ente público, procediendo libremente en el ejercicio de las competencias que les estaban atribuidas, consintieron que la operación se llevara a cabo pagando un sobreprecio indebido de entre 19.066.500 euros y 29.013.109 euros con cargo a los fondos públicos cuya salvaguarda tenían encomendada, todo ello sin motivo alguno que lo justificase y en beneficio exclusivo de los vendedores”.

La Audiencia Nacional celebra este lunes el primer juicio del que se conoció como caso Lezo, que sienta en el banquillo a más de una veintena de acusados por la compra, con un presunto sobreprecio de al menos 19 millones de euros, de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001.

Más de diez años después de que arrancase la investigación, comienza a juzgarse el caso Lezo, por el que fue detenido en 2017 el expresidente madrileño Ignacio González, quien pasó unos seis meses en prisión preventiva y aún no ha sido juzgado. El también ex secretario general del PP de Madrid no se sienta de momento en el banquillo, al archivar el juez en 2019 esta pieza contra él, y será juzgado a partir del mes de octubre por otra de las ramificaciones de la investigación.

En el juicio que arranca este lunes, la Fiscalía Anticorrupción acusa a 22 personas, entre ellas Juan Bravo Rivera y Pedro Calvo, dos exconsejeros del Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón, según el escrito de conclusiones provisionales que presentó en el juzgado ya en 2019.

En dicho escrito, el ministerio público pide penas de entre 6 y 7 años de prisión y también acusa al expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña y exgerente del Canal Arturo Canalda y varios exconsejeros del Canal.

Según Anticorrupción, la compra del 75 % de Inassa, que fue aprobada el 29 de noviembre de 2001 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se efectuó por 73 millones de dólares y con un “sobreprecio indebido” de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros “con cargo a los fondos públicos cuya salvaguarda tenían encomendada, todo ello sin motivo alguno que lo justificase y en beneficio exclusivo de los vendedores”.

El juicio arranca este lunes, 7 de septiembre, y está previsto que se extienda hasta el 8 de octubre, en sesiones de mañana y tarde, si bien el calendario puede sufrir modificaciones a lo largo de la vista oral.

Mariano Rajoy ha presumido en sus últimas comparecencias públicas de haber actuado “contra la corrupción” durante su etapa al frente del PP (2004 - 2018) y del Gobierno (2011 - 2018). Lo dijo en el XXI Congreso Nacional de su partido, a principios de julio, entre aspavientos, mientras aseguraba que las investigaciones a la militante socialista Leire Díez o a Santos Cerdán son algo “increíble”, “alucinante” y hasta “asombroso”. “No se conocen precedentes de algo así ni parecido”, sostuvo.

Solo dos semanas después de que Rajoy pronunciara esas palabras en el congreso donde Feijóo lo puso de ejemplo, el que fue su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y todo el equipo de este durante su etapa en el Gobierno fueron imputados por un juez de Tarragona que le acusa de beneficiar presuntamente a empresas gasísticas desde el Ejecutivo. En el centro de la trama está Equipo Económico, el despacho de abogados que creó el propio Montoro, quien también fue ministro de Aznar, y al que luego habría beneficiado de forma ilegal durante su etapa al frente de Hacienda. Tal y como desveló este mismo sábado elDiario.es, organismos y empresas en manos de gobiernos del PP pagaron al menos 5,2 millones de euros entre 2008 y 2019 a Equipo Económico.

El caso, que acumula siete años de investigación, ahonda en el legado de corrupción que dejó el Gobierno de Rajoy, expulsado del poder por la moción de censura que presentó contra él el ahora presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en 2018, después de que una de las sentencias del caso Gürtel condenara al PP a título lucrativo por beneficiarse de esa trama corrupta.

Ese mismo Rajoy que hoy dice “alucinar” con las investigaciones de casos que afectan al PSOE fue el presidente de un Gobierno en el que, según los casos abiertos en los tribunales, espiaba presuntamente a rivales políticos a través de la llamada 'policía política' creada desde su Ministerio del Interior –con Jorge Fernández Díaz al frente–, mientras el departamento de Hacienda de Montoro también presuntamente adaptaba o aprobaba leyes para beneficiar a unas determinadas empresas a cambio de contrapartidas económicas. Y a todas esas prácticas se suman casos como Gürtel o Púnica que han implicado directamente a cargos del PP de la etapa presidida por Rajoy.

De la “policía patriótica” a Kitchen o Lezo

Según investiga la Audiencia Nacional, su gobierno organizó un grupo parapolicial a las órdenes de Fernández Díaz, que fabricó pruebas falsas contra adversarios internos y externos como dirigentes de Podemos o del independentismo catalán. Además, según la instrucción judicial, el mismo grupo parapolicial intentó destruir las pruebas del caso Gürtel que guardaba el que fuera tesorero de la formación, Luis Bárcenas. Estas operaciones ya han sido juzgadas por el Tribunal Supremo.

Además, Francisco Martínez, el 'número dos' de Interior con Rajoy, espera juicio por espiar a Bárcenas y ha vuelto a ser detenido en el marco de las investigaciones contra el pirata informático Alcasec. Y el propio exministro Jorge Fernández se enfrenta a una pena de hasta 15 años de cárcel.

Respecto a Gürtel, la Audiencia Nacional condenó al PP por beneficiarse de la trama bautizada así en honor al apellido del cabecilla de los empresarios, Francisco Correa. Con Rajoy al frente, el partido fue el primero señalado culpable por financiación ilegal en España. Después, el Tribunal Supremo certificó la hasta ahora única sentencia contra una formación política. Y luego llegaron otras dos. Hoy, hasta tres resoluciones judiciales condenan al PP como organización por corrupción.

La trama derivó en un puñado de piezas separadas y juicios de mayor o menor entidad, todos vinculados a la etapa de Rajoy al frente del PP. El último, hasta ahora, supuso el pasado mes de mayo condenas de hasta ocho años de cárcel. La sentencia de la Audiencia Nacional dice expresamente: “Desde al menos el año 1998 hasta 2009, Francisco Correa creó y dirigió una estructura jerárquica organizada en torno a él, conocida como 'grupo Correa', con la finalidad de enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos públicos mediante la obtención de contratos públicos tanto a través de sus empresas como de empresas de terceros previo pago, en este último caso, de la correspondiente comisión”.

Gürtel es el contenedor que aglutina a multitud de investigaciones y juicios que salpican al PP de Rajoy. Algunos fueron zanjados con absoluciones, como el de Francisco Camps, pero la mayoría han terminado en condenas. Además, han confirmado la existencia de una contabilidad paralela que gestionaba las comisiones que entregaban empresas a cambio de contratos públicos mientras el partido lo presidía Rajoy.

La trama fue el germen de otra causa que todavía se instruye en la Audiencia Nacional: la Kitchen. Lo que se investiga es el uso del andamiaje parapolicial en el que se incrustaba el también imputado José Manuel Villarejo para intentar destruir las pruebas que guardaba como autoprotección el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Se le llamó ‘kitchen’, “cocina” en inglés, porque la orden era entrar hasta el fondo. Se llegó incluso a recurrir a un falso cura que, según la Fiscalía, podría haber sido miembro o colaborador del CNI. Enrique Olivares García murió en 2022 sin que se hubiera desvelado la verdad.

Otros dirigentes coetáneos como Zaplana o Rato

La gran trama de corrupción juzgada en democracia todavía tiene pendiente de resolver algunos juicios en los próximos meses y la causa sobre el uso del Estado contra otros políticos no ha finalizado aún la instrucción. Además, se espera que a la vuelta del verano el PP enfrente en los tribunales los juicios de otros casos vinculados a la etapa de Rajoy.

El caso Lezo señala al PP de Madrid y a la corrupción generalizada en el Gobierno autonómico. El expresidente Ignacio González, heredero de Esperanza Aguirre, espera sentencia. Y uno de sus más duros rivales internos, el exvicepresidente Alfredo de Prada, ha sido condenado a siete años de cárcel por el fiasco de la Ciudad de la Justicia que dilapidó decenas de millones de euros. También está pendiente de resolverse el llamado ‘caso Erial’, que en octubre supuso una condena de 10 años de cárcel para el que fue presidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana, quien dijo que recurriría la sentencia.

En diciembre se conoció la condena para el que fue uno de los más estrechos colaboradores de Rajoy cuando era vicepresidente del Gobierno de José María Aznar. Se trata de Rodrigo Rato, otro de los vicepresidentes de Aznar y al que el propio Rajoy considera como autor de un “milagro económico” cuando estaba al frente del Ministerio de Economía.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Rato a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel en la causa por el origen de su fortuna, la última que tenía pendiente. Los magistrados de la Sección Séptima consideraron al que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares. Fue su segunda condena tras la que recibió por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid.

La entrada de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real se ha convertido en el último capítulo de la serie de políticos del más alto nivel que ingresan en prisión provisional por orden de un juez en una causa por corrupción. El nombre del exsecretario de organización del PSOE se suma al de ministros como Eduardo Zaplana, altos cargos como Rafael Vera o políticos autonómicos como Francisco Granados o Ignacio González que pasaron tiempo entre rejas mientras la investigación contra ellos estaba en marcha. El magistrado que investiga el caso Koldo entiende que Cerdán, ya sin cargos políticos u orgánicos dentro del partido, podría destruir pruebas sobre la trama de contratos amañados y comisiones en la que comparte imputación con José Luis Ábalos y Koldo García.

Las grandes causas de corrupción de la última década han venido acompañadas, en muchos casos, de grandes operaciones policiales con decenas de detenidos. El filtro judicial, tradicionalmente en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, aplica criterios muy concretos para decidir quién tiene que empezar la investigación entre rejas: si hay riesgo de que se fugue o de que destruya pruebas. En el caso de Cerdán, el juez Leopoldo Puente intuye que el “botín” de la trama tuvo que ser mucho más alto que el que ha detectado la Unidad Central Operativa (UCO) y hay un peligro real, alega, de que el exdiputado pueda destruir las potenciales pruebas.

Santos Cerdán ostentó el cargo más importante que puede tener alguien dentro de un partido político por debajo del secretario general. Fue el de secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025. Pero no es el único alto cargo enviado a prisión provisional durante una investigación. El preso preventivo con mayor rango político sigue siendo, a día de hoy, Eduardo Zaplana. Ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de José María Aznar en su última legislatura, Zaplana pasó ocho meses y medio en la cárcel de Picassent después del estallido del caso Erial. Abandonó la prisión antes del juicio y después de que los magistrados entendieran que debía permanecer en libertad para recibir tratamiento contra el cáncer que padece.

Zaplana, también expresident de la Generalitat Valenciana, pasó 259 días en prisión entre 2018 y 2019 en un caso Erial que ha terminado, a la espera de un pronunciamiento del Supremo, en una condena para él: diez años de cárcel y multa de 25 millones de euros por cobrar comisiones en un proceso de privatización de las ITV. El terremoto político por su entrada en prisión provisional fue de una intensidad bastante inferior al provocado por el encarcelamiento de Cerdán. Fue detenido unos días después del décimo aniversario de su salida de la política para fichar por Telefónica.

Muchos altos cargos de Gobiernos ligados sobre todo al PP han entrado en prisión, pero después de ser condenados, en primera o en segunda instancia. A nivel de la administración, otros antecedentes previos a Zaplana se remontan a la década de los 90, cuando Rafael Vera pasó varios meses la prisión de Alcalá de Henares por su implicación en el caso del terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y el secuestro de Segundo Marey. El exsecretario de Estado de Seguridad con Felipe González estuvo casi cinco meses entre rejas entre febrero y julio de 1995, de donde salió tras pagar una fianza de 200 millones de pesetas.

El Tribunal Supremo terminó confirmando condenas para Vera que sumaban más de 17 años de prisión por su relación con el secuestro y también con el uso de fondos reservados para pagar a dos policías de los GAL. El Gobierno de José María Aznar limitó su estancia en prisión por el primer caso tras indultar una parte importante de su condena y terminó entrando en la prisión de Segovia en 2005 para cumplir su segunda condena.

El listón de la prisión provisional también ha llegado en ocasiones al nivel parlamentario que también ocupó Santos Cerdán hasta pocos días antes de ser encarcelado. Luis Bárcenas, conocido y condenado por su actividad como tesorero del Partido Popular y gestor de la 'caja B' de la formación, sorteó la prisión provisional cuando era senador, estalló el caso Gürtel y el juez Antonio Pedreira entendió, tras dos años de imputación, que no había pruebas contra él. Su suerte cambió dos años después, cuando El País publicó su contabilidad paralela, que recogía las entradas y salidas de dinero negro de Génova 13, y el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional decidió enviarle a Soto del Real en el verano de 2013.

Bárcenas pasó 19 meses en prisión provisional hasta que salió en 2015 armado con su frase más lapidaria: “Luis ha sido fuerte de verdad”. Arrancó entonces para él un reguero de sanciones penales por corrupción, fraude fiscal y el pago de la reforma de la sede del PP en dinero negro que le devolvió a prisión aunque esta vez para cumplir condena. Quedó en libertad condicional en diciembre del año pasado, más de una década después de su primer ingreso en prisión.

La nómina de políticos encarcelados de forma preventiva por causas relacionadas con la corrupción se amplía descendiendo al nivel autonómico. Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, estuvo casi siete meses en prisión como cabecilla de la operación Lezo. Una causa por la que, ocho años después, sigue procesado y a la espera de juicio por corrupción en la construcción de un campo de golf o por cobrar una comisión de 1,8 millones cuando estaba al frente del Canal de Isabel II.

Francisco Granados, exsenador, pero sobre todo hombre fuerte de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, pasó dos años y medio en prisión preventiva por una trama Púnica cuyas piezas principales también están pendientes de juicio más de una década después del arranque de la operación. Años antes, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, el primero conseller y el segundo secretario general de Presidencia con Jordi Pujol, pasaron más de un mes en prisión provisional por el caso de corrupción urbanística 'Pretoria' por el que fueron finalmente condenados a casi dos años de cárcel tras reconocer que cobraron comisiones.

De los ministros de Aznar al procés

La lista de políticos que han pasado por la prisión crece drásticamente al analizar aquellos que han sido encarcelados después de ser condenados, todos evitando el presidio cuando la investigación todavía estaba en marcha. A nivel nacional, muchos de ellos integrantes de los gabinetes del PP y José María Aznar. Rodrigo Rato, uno de los hombres fuertes de los gobiernos del Partido Popular y considerado artífice del 'milagro económico español', fue detenido en 2015 durante los registros de su domicilio y su despacho, pero nunca fue enviado a prisión provisional.

El exvicepresidente del Gobierno no pasó por la prisión provisional, pero sí tuvo que entrar a cumplir condena por el uso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid y Bankia y está por ver si tiene que volver a hacerlo si los tribunales declaran firme su segunda condena de casi cinco años de cárcel por ocultar su fortuna a Hacienda.

Jaume Matas, ministro con José María Aznar y también presidente del Govern de Balears por el PP, también optó por empezar a pactar sus condenas con la Fiscalía ante la amenaza de causas judiciales que le llevaron a la cárcel sin que antes hubiera pasado por prisión provisional. Desde su primera condena en 2012 por pagar con dinero público a un periodista que escribía sus discursos hasta el macro caso Palma Arena y dos años y medio entre rejas.

El caso de los GAL y la guerra sucia contra ETA no solo llevó a prisión a Rafael Vera. El exministro del Interior socialista José Barrionuevo no fue encarcelado de forma provisional, pero sí entró a cumplir los 10 años de cárcel que le fueron impuestos por su papel en el secuestro de Segundo Marey. Vera tampoco es el único secretario de Estado de Seguridad que ha pasado por la cárcel de forma preventiva: Francisco Martínez, procesado en la operación Kitchen, estuvo menos de una semana en prisión por su supuesta implicación en la 'operación Borraska' sobre la actividad del hacker Alcasec.

No todos los políticos que han sido presos preventivos o condenados han estado encarcelados por delitos relacionados con causas de corrupción política. El cargo orgánico de un partido con más categoría dentro de su formación que ha pasado tiempo entre rejas es Oriol Junqueras, líder de ERC que estuvo en torno a dos años en prisión preventiva por el procés. Desde que la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, decidió enviar a este político y varios miembros del Govern depuesto de Carles Puigdemont en 2017 hasta que el Supremo firmó su condena de 13 años de prisión y su encarcelamiento dejó de ser preventivo.

Junto con Junqueras pasaron meses o incluso años en prisión provisional varios políticos catalanes que ocupaban cargos públicos o de partido en el Govern como consellers o en ERC y Junts. En su caso, tanto Lamela en primer lugar como Pablo Llarena posteriormente en el Tribunal Supremo cimentaron su decisión de mantenerles entre rejas en el riesgo de que se fugaran o, incluso, de que siguieran adelante con el desafío soberanista si eran dejados en libertad.

Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, también pasó tiempo en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional. Entró en octubre de 2009 por el caso Bateragune, la causa en la que los tribunales europeos determinaron que no había tenido un juicio justo. Previamente, también había pasado por prisión provisional por participar, dentro de la banda terrorista ETA, en el secuestro del director de la fábrica de Michelín en Vitoria, Luis Abaitua, en 1979. Fue preso preventivo desde 1987 hasta que fue condenado en 1989.

No hay corruptos sin corruptores. Y así lo han vuelto a poner de manifiesto las últimas revelaciones que cercan al PSOE. El informe de la Guardia Civil que apunta a la existencia de una “organización criminal” protagonizada por los dos últimos secretarios de Organización de los socialistas y el que fuera asesor Koldo García pone el foco también sobre las prácticas ilícitas de varias constructoras que habrían viciado licitaciones públicas gracias a sus sobornos a cargos con poder de decisión.

En el epicentro del caso figura la constructora Acciona, que acapara la mayoría de los contratos presuntamente amañados. Pero también otras como la navarra Servinabar y otras pequeñas constructoras que accedieron a contratos millonarios bajo sospecha. La Guardia Civil encontró un documento privado que atribuía a Santos Cerdán el control del 45% de Servinabar, pero su administrador Antxon Alonso, también imputado, asegura que no se elevó a escritura pública.

España tiene un largo historial de casos de corrupción, con gobiernos de uno y otro signo, en administraciones grandes, medianas y pequeñas. Y la mayoría de ellos —ya sentenciados o en fase de investigación—, tienen o han tenido entre sus protagonistas a cargos públicos, pero también a contratistas que se servían de comisiones disfrazadas de facturas falsas para ablandar las voluntades de esos políticos y asegurarse adjudicaciones. El atestado sobre la trama supuestamente urdida por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García revela un modus operandi similar de corruptos y corruptores. Es un engranaje perfecto en el que todos ganan.

A falta de conocer el rastro del dinero —por el momento, no hay indicios consistentes de financiación ilegal del PSOE—, las revelaciones conocidas en los últimos días devuelven al imaginario colectivo otras causas que coparon titulares tiempo atrás. Es el caso de Filesa, el escándalo de financiación ilegal del PSOE de finales de los ochenta, pero también de otros más recientes como las diferentes tramas que han asediado al Partido Popular en las últimas dos décadas: Gürtel, papeles de Bárcenas, Púnica, Lezo… Y otros como el caso Palau o del 3% sobre la financiación ilegal de Convergència.

Cada una de estas causas tiene sus particularidades, aunque en todas había corruptos y corruptores. No obstante, la suerte que corrieron estos últimos ha sido desigual. El Código Penal tiene mecanismos para sancionar con cárcel, multas y prohibición de acudir a concursos públicos a los empresarios o empresas que pagan para conseguir beneficios o tener una posición de ventaja en la concurrencia a contratos y licitaciones. El catálogo de delitos para castigar estas conductas incluye tipos como el cohecho activo (pagar dádivas a cambio de favores), fraudes y exacciones ilegales (conjurarse con un político para defraudar a un ente público) o tráfico de influencias (influir en un político para obtener un beneficio).

Pero hay elementos que a veces juegan a favor de excluir de la responsabilidad penal a las empresas o a sus más altos directivos. Entre ellos, la dificultad para trazar la conexión entre donativos y adjudicaciones concretas o las limitaciones para atribuir las conductas de algunos de sus trabajadores a la compañía en su conjunto. Desde 2017, las normas de contratación también permiten sancionar a empresas y empresarios con la prohibición temporal de acceder a adjudicaciones públicas, pero los requisitos que exige la normativa han hecho que sus efectos sean limitados.

Ese veto sólo es posible cuando existe una sentencia firme que recoja expresamente esa pena accesoria. Y, además, sólo en el caso de determinados delitos como financiación ilegal de partidos, tráfico de influencias, cohecho o fraude fiscal, entre otros. Eso explica que empresas de constructores condenados por financiar irregularmente al PP en la rama valenciana de la Gürtel hayan accedido a contratos millonarios para la reconstrucción de la Comunitat Valenciana tras la DANA. Esos empresarios fueron condenados por delitos que no forman parte de ese catálogo —delito electoral y falsedad documental— tras llegar a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción.

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el organismo que supervisa el funcionamiento de la contratación pública, reclamó en su último informe anual que se publique la relación de empresas vetadas como contratistas de la Administración, una información de “alto valor” para detectar riesgos “en materia de corrupción o cláusulas colusorias”

La responsabilidad de la empresa

Hasta hace tres lustros no era posible juzgar a una empresa pero sí a sus empleados. Dicho de otro modo, si una compañía pagaba sobornos, los responsables eran personas físicas, pero no la empresa en sí misma, aunque se hubiera beneficiado económicamente de esas prácticas. Ese cambio legal se introdujo en 2010. Pero cinco años después, el PP aprobó en solitario una reforma del Código Penal que limitaba sus efectos al eximir de esa responsabilidad a las empresas que pudieran demostrar haber implementado planes de control con anterioridad a la comisión de un delito.

A este precepto se acogió en marzo de 2021 el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cuando acordó exculpar a la tecnológica Indra en la ramificación del caso Púnica sobre la financiación irregular del PP de Madrid. En el auto de imputación, de septiembre de 2019, había definido a Indra como “parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PP madrileño para utilizar las arcas públicas de la entidad ICM [un organismo público] como fuente de ingresos del partido”. Y apuntó que había camuflado 1,13 millones de euros para campañas electorales de los populares.

Apenas año y medio después, sin embargo, decidió acoger los argumentos de la tecnológica, que alegó que contaba con un modelo de cumplimiento normativo implementado de forma eficaz y que durante la investigación se había acreditado que las conductas de algunos de sus empleados no podían ser atribuidas a la empresa en su conjunto. Finalmente, la única persona vinculada a Indra que se sentará en el banquillo es el exdirector de Sistemas Diego Mora Borobia.

El sumario del caso incluye fotografías del entonces director general de Indra, Santiago Roura, destituido por este escándalo, entregando 10.000 euros al conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro, en un aparcamiento de La Moraleja, una exclusiva urbanización de Madrid. Pero este directivo también quedó exonerado porque el pago estaba “desligado de una adjudicación ilegal” y, por lo tanto, “no genera responsabilidad penal”, tal y como dejó por escrito el juez García Castellón.

La vía del cohecho

Algo similar ocurrió con el caso que mejor ha ilustrado hasta la fecha la connivencia entre el poder político y económico en España: la pieza del caso Gürtel que investigaba las donaciones de empresarios al PP. Entre la primavera de 2013 y el invierno de 2014 un total de 22 responsables de las grandes compañías españolas, la mayoría constructoras, declararon como imputados ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. Sus nombres aparecían en los ‘papeles de Bárcenas’ como donantes de dinero en B a la formación conservadora cuando esta gobernaba y les otorgaba grandes contratos de obra civil pública.

En marzo de 2015, y pese al laborioso trabajo de un grupo de policías de la UDEF, el caso se vio abocado al archivo. Los indicios de que estos empresarios habían ingresado cantidades al PP eran sólidos, pero no así el hecho de que cada entrega fuera a cambio de una adjudicación. Este era el requisito para poderles atribuir el único delito por el que podían ser investigados, el de cohecho, dado que la financiación ilegal de partidos no era delito cuando se produjeron las donaciones. La financiación ilegal de partidos no se introdujo en el Código Penal hasta 2015, hace solo una década.

En 2017 el caso fue reabierto después de la declaración de Francisco Correa y de uno de esos donantes, el empresario Alfonso García Pozuelo, en el primer gran juicio de Gürtel. Formalmente, los empresarios volvieron a estar imputados. Hasta que en diciembre de 2022, el juez Santiago Pedraz decidió con apoyo de la Fiscalía que no había dónde sustentar seguir adelante a pesar de la “intensa” y “dilatada” investigación que se había realizado. “No existe una anotación, un correo electrónico, un documento, una conversación grabada, una declaración testifical,... que aporte dato incriminatorio alguno”, escribió el juez.

Pedraz se basó también en un informe de Hacienda que analizó la forma de contratación y las posibles incidencias en los distintos expedientes, pero que no halló “conexión” entre los contratos adjudicados y las donaciones que reflejó el tesorero en sus manuscritos. El detalle de esas anotaciones fue negado sistemáticamente por todos los empresarios. Algunos lo calificaron de invención e incluso amenazaron con querellas a quienes los habían publicado. Tres sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que han declarado acreditada la existencia de una contabilidad paralela en el PP.

El agujero de la prescripción

Para otros empresarios encausados por pagar mordidas, la impunidad llegó por la vía de la prescripción. La Audiencia de Barcelona consideró probado en enero de 2018 que la constructora Ferrovial pagó patrocinios al Palau que en realidad eran comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La resolución cifró esas mordidas en 6,6 millones de euros en total a cambio de “como mínimo” cuatro obras públicas adjudicadas en el último gobierno de Jordi Pujol (1999-2003). La Ciudad de la Justicia, una línea de metro o un pabellón deportivo, entre ellas.

Sin embargo, los dos únicos responsables de la constructora encausados consiguieron salir indemnes del proceso. La Audiencia de Barcelona, en una decisión que luego ratificó el Supremo, absolvió a los dos directivos encausados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, porque los hechos por los que estaban acusados estaban prescritos. El último ingreso de Ferrovial al Palau fue en febrero de 2006 y ambos no fueron procesados hasta seis años después, uno y tres años más tarde que el plazo de prescripción de los delitos de administración desleal y tráfico de influencias por los que fueron acusados.

Las multas por amaños

Al margen de la vía penal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también pone el foco sobre las alianzas de empresas que alteran concursos públicos vulnerando la ley de defensa de la competencia. El supervisor tiene un largo historial de sanciones a empresas por su participación en acuerdos secretos que alteran las condiciones del mercado.

En la mayoría de esas sanciones hay un nexo común y es que el perjudicado de estos cárteles suele ser el Estado y las administraciones públicas. Los acuerdos entre estas compañías se han realizado habitualmente como maniobras para repartirse licitaciones millonarias en grandes infraestructuras como las carreteras.

Filiales de las seis principales constructoras del país —Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr— fueron multadas en 2022 con 203,6 millones de euros por amañar concursos. Las compañías se reunían semanalmente desde 1992 y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas para la construcción de hospitales, puertos y aeropuertos y carreteras. Un año antes, otras filiales de ACS, FCC, Sacyr, Ferrovial y OHL habían sido sancionadas por formar un cártel para alterar licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento.

Lo habitual es que las compañías recurran esas sanciones ante la Audiencia Nacional y que, entre tanto, consigan suspender el pago de la multa hasta que haya una sentencia definitiva. La CNMC ha pedido vetar en licitaciones públicas por este tipo de sanciones a más de un centenar de empresas. Y el procedimiento se ha activado en más de una decena de expedientes. Todo, con el objetivo de que las prácticas corruptas tengan más consecuencias que las reputacionales.

El caso Koldo que investigan a medias la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se ha convertido en la primera gran causa de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó al poder en 2018. Una investigación que, a medida que trascienden informes, autos, grabaciones y mensajes, va sumando los ingredientes de las tramas habituales de corrupción de la vida pública: comisiones ilegales, adjudicaciones públicas de obras, grabaciones a escondidas y políticos imputados por usar su poder para, supuestamente, engrasar la maquinaria corrupta.

La conversación fue registrada por Koldo García en abril de 2019 sin que su interlocutor supiera que estaba siendo grabado. José Luis Ábalos no había cumplido aún 12 meses como ministro de Fomento, era secretario de organización del PSOE y faltaban pocos días para las primeras elecciones generales de las dos que hubo ese año.

Político y asesor hablaban, entre bromas, de negocios y beneficios. De las adjudicaciones de obras en Sevilla y Logroño que, según la Guardia Civil, se otorgaron irregularmente para sacar mordidas. Otras grabaciones incorporan a Santos Cerdán, el segundo secretario de Organización del PSOE implicado en el escándalo y a quien los investigadores acusan de haber ejercido como intermediario para que ese dinero fluyera entre las empresas y los cargos públicos. “No quiero que hables de eso”, reprocha cuando Koldo García empieza a mencionar el dinero de origen inconfesable.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) habla de una serie de obras en carreteras, ferrocarriles y el Puente del Centenario que sobrevuela el Guadalquivir en Sevilla cuyas adjudicaciones suman 637 millones de euros y de las que, supuestamente, salieron más de 600.000 euros en comisiones, algunos pendientes de cobro. Una fórmula que, lejos de ser inédita, es la más habitual en las grandes causas de corrupción investigadas y sentenciadas, muchas de ellas en firme, en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Tramas corruptas como Gürtel o Púnica se edificaron sobre esos mismos cimientos. Empresarios como Francisco Correa o David Marjaliza que se asentaron en regiones o municipios donde gobernaba el Partido Popular para untar con mordidas a cargos públicos a cambio de conseguir adjudicaciones, grandes y pequeñas, o cobrar su parte por convertirse en intermediarios para otros empresarios.

Las revelaciones que ya examina el magistrado Leopoldo Puente apuntan a la zona de confort de las tramas corruptas que hacen de las instituciones públicas su cortijo: cargos públicos que se corrompen a cambio de dinero o algún tipo de dádiva. El caso Koldo apunta a una particularidad. Mientras que en otros escándalos como la trama Gürtel de Arganda los jueces han declarado probado que los empresarios se convirtieron en un ayuntamiento paralelo para hacer y deshacer a su antojo, las grabaciones de esta nueva causa apuntan a que era Koldo García quien elegía obras, empresas y adjudicaciones para ir obteniendo comisiones y atendiendo sus necesidades económicas.

No faltan tampoco los chivatazos. Uno de los grandes objetivos de las organizaciones criminales, se dediquen a la corrupción política o al tráfico de drogas, es tener información del otro lado del pinchazo telefónico. Saber si están siendo investigados o si, al menos, han hecho saltar alguna alarma en la Policía o la Guardia Civil.

En la trama Púnica un guardia civil fue condenado por advertir a Francisco Granados que la Audiencia Nacional seguía sus pasos. En este caso Koldo, desde el estallido de las primeras detenciones hace un año, hay un guardia civil imputado bajo la acusación de dar un chivatazo y las grabaciones demuestran que Santos Cerdán sabía, o afirmaba saber, que alguien les seguía la pista.

Era diciembre de 2023 y todavía faltaban más de dos meses para que Koldo García fuera detenido por orden del juez Ismael Moreno. Pero para entonces la Fiscalía Anticorrupción ya había presentado su querella y la Audiencia Nacional llevaba semanas investigando bajo secreto a la trama. En las conversaciones, Koldo García da a entender que sabe que le están persiguiendo e incluso afirma haber hablado con mandos de la Guardia Civil.

Grabaciones y favores personales

Una de las herramientas más efectivas para investigar el crimen es poder escuchar en directo a los supuestos criminales pero los pinchazos telefónicos, autorización judicial mediante, no siempre llegan a tiempo para captar las pruebas clave. Otras veces son los propios implicados los que, con un teléfono o una grabadora camuflada, empiezan a grabar a sus socios a escondidas.

A veces el objetivo es tener munición con la que protegerse, a veces pruebas para denunciar la corrupción desde dentro y buscar un trato favorable y a veces intentar ganar el relato ante la opinión pública. El resultado siempre es similar: las grabaciones, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, acaban trascendiendo y juegan un papel fundamental en el proceso judicial.

La trama Gürtel se conoció gracias a que José Luis Peñas, entonces concejal del PP en Majadahonda, grabó durante horas y horas a Francisco Correa y sus compinches con el objetivo de ir a la Fiscalía y denunciar el entramado corrupto del que él mismo había formado parte y del que quería salir. Sin él, la Gürtel no se habría conocido.

El archivo del excomisario José Manuel Villarejo es, a día de hoy, un glosario de la corrupción además de un arma arrojadiza y en ocasiones un elemento de extorsión. Ahora el entorno de Koldo García ha explicado a varios medios que los audios que la Guardia Civil encontró en uno de sus dispositivos no son los únicos que hay y existe una posibilidad de que nuevas grabaciones lleven las réplicas del terremoto hasta la puerta del Palacio de la Moncloa.

No todo eran comisiones económicas en la operación Delorme. Las investigaciones hablan también de favores, de pagos en especie y la solución de problemas inmobiliarios a golpe de adjudicaciones y gestiones entre bambalinas. Un piso de lujo alquilado y un empleo para una pareja de José Luis Ábalos, puestos de trabajo en empresas públicas a personas de su entorno y, en definitiva, la influencia más allá del dinero contante y sonante.

El favor personal es el condimento esencial de todas las tramas corruptas que, en un momento dado, tienen que tratar a diario con cargos públicos que, el día de mañana, pueden favorecerles. De Koldo García pidiendo empleo para una mujer hasta Víctor de Aldama pagando miles de euros al mes al exasesor de Ábalos cuando ya no estaba en el Ministerio pero por si acaso en el futuro podía hacer algo por él.

La trama Gürtel de Francisco Correa demostró la importancia de saber dar atención personalizada a los amigos. El entramado llegó a pagar la fiesta de cumpleaños de los hijos de Ana Mato, posteriormente ministra con Mariano Rajoy pero entonces casada con el alcalde de Pozuelo de Alarcón, uno de los grandes aliados de los corruptos en Madrid esos años. Vacaciones, vuelos, viajes y hoteles.

Organismos centrales y financiación ilegal

La trama que gira en torno a José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama y ahora también Santos Cerdán cuenta con otra particularidad. En Gürtel, Púnica y Lezo –sota, caballo y rey de la corrupción española– los amaños, las irregularidades y las comisiones se ceñían al ámbito municipal o regional. Bastiones del PP como Majadahonda, Pozuelo, Arganda o Boadilla o la Comunidad de Madrid y la Generalitat Valenciana con la excepción de AENA, el gestor público aeroportuario.

La trama del caso Koldo, todavía bajo instrucción, se ciñe exclusivamente a organismos centrales y el ámbito estatal. Las obras públicas bajo sospecha salieron, sobre todo, de la Dirección General de Carreteras y del gestor ferroviario ADIF, las dos bajo el paraguas del Ministerio que entonces controlaba Ábalos. “Hay que hacer una con Acciona, otra con Sacyr, me dice que tiene que darle una a Ferrovial...”, enumeraba Koldo García en una de estas conversaciones. Acciona era, supuestamente, su principal pagador de comisiones. Tras estallar el escándalo la empresa ha hecho público un comunicado en el que alega que nunca supo de estos manejos y que el empleado que se menciona ya no trabaja en la compañía.

La ramificación de la operación Delorme que se investiga en el Tribunal Supremo tiene en la lista de imputados a dos personas que se han sentado a la diestra de Pedro Sánchez en la sede del PSOE en la calle Ferraz: secretarios de organización. Por el momento el juez no ha encontrado indicios que sí supusieron uno de los puntos más relevantes de casos como Gürtel: la financiación ilegal del Partido Popular.

Varias sentencias firmes, entre ellas la que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa en 2018 a través de una moción de censura, han declarado probado que el partido se financió con cientos de miles de euros de la trama corrupta en municipios como Majadahonda o Pozuelo de Alarcón. Una relación “simbiótica” según los investigadores entre el PP y la Gürtel que llevó al partido a ser condenado como responsable a título lucrativo en un momento en que no existía un delito específico para la financiación ilegal. Está por ver si el caso Koldo da ese salto sin que, por el momento, los investigadores hayan apuntado a una financiación irregular del PSOE.

Esperanza Aguirre tomó posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 y no la abandonó hasta casi nueve años después. En la primera de las tres veces en que juró el cargo, la lideresa prometió que contaba con “el mejor equipo” para gestionar la región de toda la “historia del estado autonómico de España”. Más de 20 años después, seis personas de su máxima confianza durante sus tres gobiernos han sido condenadas o están al borde del banquillo. Alfredo Prada, que entre 2003 y 2008 ocupó la segunda vicepresidencia y la Consejería de Justicia de su ejecutivo, acaba de sumarse a la lista que integran nombres como Francisco Granados o Ignacio González con una condena de siete años de cárcel por malversar 40 millones de euros públicos

Todos ocuparon algunos de los puestos de mayor responsabilidad que pueden ostentarse en un gobierno regional. Vicepresidencias a la diestra de la presidenta regional, consejeros de Presidencia y de Justicia, portavoces y gestores de empresas públicas por cuyas manos pasaban, año tras año, decenas de millones de euros. En el caso de Alfredo Prada, ocupó la cartera de Justicia y la vicepresidencia segunda desde el primer día de Aguirre en la Puerta del Sol hasta 2008, cuando apoyó a Mariano Rajoy en el congreso del PP en Valencia y se ganó su enemistad política sin matices.

Prada fue rápidamente puesto al frente de una de las grandes promesas electorales de Esperanza Aguirre: la Ciudad de la Justicia. Un complejo en Valdebebas, al norte de la región, para concentrar todos los juzgados y tribunales hasta entonces dispersos por la ciudad. El plan parecía no tener fisuras: la Comunidad conseguía los terrenos gratis, hacía caja vendiendo algunos edificios y levantaba una ciudad judicial a la altura de los que existen, por ejemplo, en Barcelona y Valencia.

Altos cargos de Esperanza Aguirre en la CAM condenados, o a la espera de juicio, por corrupción

Alberto López Viejo

Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007

Condenado a 27 años y 10 meses de cárcel por la pieza principal del caso Gürtel

Alfredo Prada

Vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2008

Condenado a 7 años de cárcel por la fallida Ciudad de la Justicia

Francisco Granados

Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid de 2004 a 2011

Condenado a 2 años de cárcel por el chivatazo de la Operación Púnica y a la espera de juicio en varias piezas de la trama

Ignacio González

Vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012

A la espera de juicio en varias piezas de la trama Lezo

Isabel Gallego

Directora general de Medios de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2015

A la espera de juicio en una pieza de la trama Púnica

Beltrán Gutiérrez

Gerente del PP de Madrid hasta 2014

A la espera de juicio en la trama Púnica y condenado a 8 meses de cárcel por las tarjetas black de Caja Madrid

Ildefonso de Miguel 

Director gerente del Canal de Isabel II desde 2003 hasta 2009

A la espera de juicio en varias piezas del caso Lezo

Altos cargos de Esperanza Aguirre en la CAM condenados, o a la espera de juicio, por corrupción

Alberto López Viejo

Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007

Condenado a 27 años y 10 meses de cárcel por la pieza principal del caso Gürtel

Alfredo Prada

Vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2008

Condenado a 7 años de cárcel por la fallida Ciudad de la Justicia

Francisco Granados

Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid de 2004 a 2011

Condenado a 2 años de cárcel por el chivatazo de la Operación Púnica y a la espera de juicio en varias piezas de la trama

Ignacio González

Vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012

A la espera de juicio en varias piezas de la trama Lezo

Isabel Gallego

Directora general de Medios de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2015

A la espera de juicio en una pieza de la trama Púnica

Beltrán Gutiérrez

Gerente del PP de Madrid hasta 2014

A la espera de juicio en la trama Púnica y condenado a 8 meses de cárcel por las tarjetas black de Caja Madrid

Ildefonso de Miguel 

Director gerente del Canal de Isabel II desde 2003 hasta 2009

A la espera de juicio en varias piezas del caso Lezo

Lo que sucedió en realidad, según la Audiencia Nacional, es que más de 40 millones de euros se invirtieron en promocionar y publicitar el proyecto mientras la Ciudad de la Justicia no era viable. Más de 13 millones de euros solo en contratar al arquitecto Norman Foster. Otros 100.000 euros más en presentar las maquetas. Más de un millón de euros en una exposición. Un autobús para recorrer Madrid dando a conocer el proyecto. Todo para que, al final, fuera abandonado.

La Audiencia Nacional hace máximo responsable a Alfredo Prada, no solo como consejero del ramo sino como gestor de la empresa creada para impulsar el proyecto, y le impone siete años de cárcel por prevaricación y malversación. Los jueces usan palabras como “esquilmar” o “suma gravedad” para definir lo que hicieron entonces Prada y sus colaboradores. En esos años, además, el vicepresidente de Aguirre ejercía de padrino político de Pablo Casado, que tuvo la idea de convertirle en el vigilante anticorrupción del PP poco antes de su imputación en esta causa.

La condena cuestiona de lleno una de las grandes promesas electorales del primer gobierno de Esperanza Aguirre. No solo por ser un proyecto fallido, sino por haberse hundido gracias a la malversación de sus responsables, que tendrán que poner 40 millones de su bolsillo para pagar el agujero. Y aunque los jueces destacan el “entusiasmo” de la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre ha conseguido atravesar sin peligro un nuevo campo sembrado de minas en sus años dorados al frente de la política madrileña. Tal y como ha conseguido hacer en los casos Gürtel, Púnica o Lezo, donde sí ha tenido que declarar en un juicio lo ha hecho como testigo, a salvo de cualquier condena.

Tanto en el juicio que ha terminado en la condena de Prada como después, Aguirre ha centrado sus esfuerzos en blindarse con dos argumentos: ella nunca conoció ninguna irregularidad y el proyecto era un clamor judicial y político, no una ocurrencia suya. Palabras que llevan a lo que ha afirmado en otros procesos penales donde sus subordinados han acabado procesados e incluso condenados.

Alberto López Viejo es el caso más añejo en la nómina de lo que ella misma denominó “ranas”. Viceconsejero de Presidencia hasta 2007 y después Consejero de Deportes, en la actualidad cumple una condena de 27 años y 10 meses de cárcel por aprovechar sus cargos –primero en el Ayuntamiento y después en la Comunidad– para favorecer a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones de cientos de miles de euros.

Buena parte de ese botín salió de los contratos que se adjudicaban para organizar actos a los que asistía Esperanza Aguirre. López Viejo, según los jueces, “diseñó una novedosa política de comunicación con mayor presencia de la presidenta”. Todos ganaban: ella tenía una visibilidad inédita y la trama Gürtel se llenaba los bolsillos. Entre varias decenas de actos, lleva el sello de la corrupción la toma de posesión de Esperanza Aguirre en junio de 2007 estrenando su primera mayoría absoluta. Ese día, según los apuntes del contable de la trama Gürtel, López Viejo se llevó una comisión del 50%.

Las distintas sentencias, autos de procesamiento y escritos de acusación de la Fiscalía apuntan en esa dirección: actos de corrupción que, supuestamente, beneficiaron la carrera política de Esperanza Aguirre sin que ella haya pisado un banquillo.

Francisco Granados también fue lo que en política se denomina “hombre fuerte” de Aguirre. Después de dominar la política en Valdemoro, al sur de Madrid, dio el salto al kilómetro cero como consejero, entre otras cosas, de Presidencia y Justicia. Fue detenido en 2014 como uno de los cabecillas de la bautizada como 'operación Púnica', término en latín que designa al granado.

En esa causa, por el momento, Granados ya ha recibido una sentencia firme: dos años de cárcel por intentar reventar la operación aprovechando un chivatazo de un guardia civil. Pero está a la espera de juicio en varias piezas separadas de la causa. Una por irregularidades en la adjudicaciones de suelo público de la Comunidad y otra por las ilegalidades que impulsaron económicamente la campaña con la que Esperanza Aguirre arrasó en las elecciones de 2011.

Granados, considerado uno de los grandes escuderos de Aguirre, dejó morir su relación con su antigua jefa a medida que avanzaba la causa judicial y empezó a lanzar acusaciones contra ella en las diligencias que investigaban si su campaña de 2011 se financió de forma irregular. Una causa en la que, a modo de excepción, el juez Manuel García Castellón imputó a Esperanza Aguirre antes de dejarla fuera del procesamiento y, en la práctica, a salvo de un juicio que todavía está por celebrar.

El auto de apertura de juicio oral, dictado hace unos meses y pendiente de ser ratificado en una futura sentencia, que el modus operandi del PP de Madrid en aquellos años era siempre el mismo cuando llegaban unas elecciones: autorizar gastos electorales que no eran declarados a la Cámara de Cuentas. Usar “empresarios afines” para hacer los trabajos pero después, con ingeniería contable, no hacer saltar las alarmas de las autoridades. Y todo a mayor gloria de una candidata que, según la Audiencia Nacional, no tenía por qué saber que cabalgaba a lomos de la supuesta corrupción de sus colaboradores.

El juicio estudiará cómo se pagó el buzoneo de sus papeletas, las banderas que ondeaban en sus mítines o el mismísimo coche usado para el transporte de Aguirre. Y en el banquillo no solo estará Granados. También estará Beltrán Gutiérrez, gerente del PP madrileño durante más de una década y condenado por las tarjetas black de Caja Madrid a quien el juez hace responsable de esta contabilidad ficticia, salvado por la prescripción de responder también por comicios anteriores. Encima de la mesa, entre otros, hay un delito electoral en su modalidad de falseamiento de las cuentas.

En la política no todo el poder está en las consejerías, las concejalías o los ministerios. Y en la Comunidad de Madrid, durante el reinado de nueve años de Esperanza Aguirre, la dirección general de medios también se ubicó a la diestra de la presidenta regional con Isabel Gallego a la cabeza, en ese departamento desde 2003 hasta 2015. En sus recursos y alegaciones, por ahora rechazados, Gallego se ha intentado desmarcar de esta 'caja B' del PP madrileño asegurando que “la encargada de Comunicación era Lucía Figar y la de redes sociales Isabel Díaz Ayuso”.

El último nombre de esta lista de altos cargos es el de Ignacio González. El único consejero que estaba allí el día en que Aguirre tomó posesión como presidenta por primera vez en 2003 y que seguía en Sol para, en 2012, coger el testigo después de su primera dimisión. González, presidente regional entre 2012 y 2015 después de Aguirre y antes de Cifuentes, fue detenido como uno de los cabecillas de la operación Lezo, sucesora de Gürtel y Púnica, centrada también en la Comunidad de Madrid pero en otros departamentos poco explorados por los jueces, sobre todo el Canal de Isabel II.

González tampoco ha sido condenado pero está a la espera de juicio en hasta tres piezas separadas del caso Lezo con la Fiscalía pidiendo condenas de cárcel para él. Después de ser exonerado en una causa por blanqueo, la Audiencia Nacional tiene pendiente juzgarle por la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao cobro de comisiones mediante, por las irregularidades en la construcción del eterno proyecto de llevar el tren a Navalcarnero y, finalmente, por las ilegalidades que también rodearon la construcción de un campo de Golf en Chamberí. Junto con él irá al banquillo Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal de Isabel II en esos años.

La detención de Ignacio González en 2017 fue la gota que colmó el vaso de la capacidad de Esperanza Aguirre para afirmar que ella había destapado tramas que, en realidad, si fuera por su actuación nunca habrían llegado a manos de la Justicia. A las puertas de la Audiencia Nacional, tras declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel donde Alberto López Viejo esperaba su condena, Aguirre rompió a llorar al ser preguntada por Ignacio González, otra de sus manos derechas engrilletadas: “Si es culpable, sería un gran palo”.

La declaración de Joaquín Barceló 'Pachano', testaferro confeso de Eduardo Zaplana, ha destapado otras derivadas presuntamente corruptas en el 'caso Lezo'. Pachano, amigo de la infancia de Zaplana, ha reconocido que la trama del 'caso Erial' compró un reloj valorado en 20.000 euros para el expresidente de la Generalitat Valenciana. La compra se hizo con el dinero sobrante de varias operaciones inmobiliarias que, en última instancia, provenía de comisiones escondidas en paraísos fiscales y retornadas a España. Sin embargo, el reloj acabó en manos de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid.

“Ese reloj se lo había regalado a Zaplana, no sé por qué lo tenia Ignacio González”, ha afirmado Barceló a preguntas del fiscal anticorrupción. El reloj lo adquirió, según ha declarado, Gregorio Fideo, histórico asistente de Eduardo Zaplana ya fallecido. Sin embargo, el cheque con el que se abonó lo entregó Pachano, testaferro confeso del exministro del PP.

Barceló ha desvelado que declaró como testigo en el marco del 'caso Lezo', una causa en la que Zaplana emergía en conversaciones telefónicas intervenidas con Ignacio González. Éste último y Zaplana mantenían una relación de amistad personal y de alianza interna en el seno del PP. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encargó de la investigación de ambas causas. “Ese reloj se lo cogieron al señor Ignacio González”.

Pachano reconoció ante la UCO —en el 'caso Lezo' y en condición de testigo— que ese reloj se había adquirido para Zaplana, a modo de regalo, pero desconocía por qué acabó en manos de González.

En su declaración, este martes ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, Zaplana destacó en varias ocasiones que nunca fue imputado en el 'caso Lezo' y enmarcó las conversaciones con Ignacio González en el ámbito político.

En el marco de la Operación Lezo, la Guardia Civil intervino conversaciones del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con Zaplana en las que quedaba patente el interés del político madrileño por tener a personas afines en la cúpula fiscal, concretamente en lo referido al fiscal General del Estado, al fiscal jefe en la Audiencia Nacional y al fiscal Anticorrupción. Hasta tal punto que los investigadores del caso consideraron que González actuó como el “crimen organizado” en sus maniobras sobre la justicia.

En el sumario del 'caso Lezo' la UCO también detectó una colección de relojes de lujo en el marco de su patrimonio oculto. Zaplana declaró que una vez estalló el 'caso Lezo', los miembros de la trama de 'Erial' se ponen nerviosos. “Cuando surge el 'caso Lezo', donde aprovecho para decir que nunca he sido citado como testigo, se filtran conversaciones de índole política con don Ignacio González, que había sido presidente de la Comunidad de Madrid”, relató el exministro del PP. “Tengo preocupación inicial por si me llamaban [a declarar]”, agregó.

“Francamente preocupados” por el 'caso Lezo'

En el sumario del 'caso Lezo' también emergió un personaje clave en 'Erial': el blanqueador uruguayo Fernando Belhot. “Estamos francamente preocupados porque en un titular en portada de un periódico importante nacional hemos salido Belhot y yo en el caso Lezo”. A partir de ese momento, Belhot y Zaplana contratan a una agencia de comunicación (a la que pagan cada uno más de 3.000 euros mensuales).

Las revelaciones de Lezo, antes de que estallara el 'caso Erial', pusieron en alerta a Zaplana. “Andamos seriamente preocupados”, relató. El expresidente valenciano lamentó el “daño” a su “imagen personal” del sumario del 'caso Lezo'.

Eduardo Zaplana explicó durante su declaración que contrató a la agencia de comunicación para “aclarar la verdad” y aseguró que “no tenia nada que ver con Lezo, como ha quedado demostrado”.

La utilización de la justicia para atacar al adversario político tiene su reverso en la protección de uno de los contendientes. La actuación de Manuel García Castellón recoge indicios de ambas versiones de la politización de la justicia en los últimos años, tanto en la actuación desproporcionada contra la izquierda y los independentistas como en la protección de la principal formación de la derecha, el Partido Popular. Alrededor de la dirección del partido, el magistrado trazó una infranqueable “línea roja” para evitar una investigación, según denunció la Fiscalía Anticorrupción en el caso Kitchen. Para 270 investigados en las causas de corrupción Púnica y Lezo, el juez dictó autos de archivo; un centenar de ellos corresponden a cargos públicos del PP. 

La negativa del juez a circunscribir la operación parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas al Ministerio del Interior delimitó las responsabilidades en personas ajenas al Partido Popular, ya fueran los policías investigados o los políticos Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. El ex ministro fue expulsado del partido; Martínez militó apenas dos años y rompió su carnet. Había indicios acumulados de que las maniobras contra el ex tesorero del PP eran conocidas -si no dirigidas- desde Génova, en cuyos despachos de la zona noble estaban los mayores interesados en que alcanzaran su objetivo. 

El juez dictó el fin de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, denominada Kitchen, el 29 de julio de 2021, último día laborable antes de las vacaciones estivales de aquel año. El recurso de la Fiscalía Anticorrupción llegó en septiembre. En él, los fiscales calificaban de “sorpresivo” el cierre de la investigación, cuando aún quedaban diligencias por practicar. Reconocían que los indicios contra los policías y los políticos de Interior eran más contundentes que contra la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el presidente Mariano Rajoy, pero ¿por qué no quería indagar el juez sobre los que apuntaban a la cúpula del PP?

En la página 67 del extenso recurso, Anticorrupción afirmó: “Lo que parece es que ese paso no se quiere dar. Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación. Kitchen, en la instrucción, no es más que esto, se llega a decir por el instructor después de describir los hechos que se conocían al inicio de la pieza separada número 7 [Kitchen]”.

En el momento de los hechos que se investigaban, Cospedal era presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, pero ni desempeñaba un puesto en el Gobierno ni mucho menos en el Ministerio del Interior. Pese a ello se reunió en múltiples ocasiones con Villarejo, un policía ajeno a la causa judicial de Gürtel y la caja B pero que presumía de haberla cortocircuitado para que no alcanzara a la cúpula del PP. Consta en las anotaciones de su agenda, a la que Asuntos Internos y Anticorrupción dan credibilidad tras constatarla con hechos que están acreditados. En ellas se recogen las visitas a la sede del PP del comisario, por el garaje, sin que nadie pudiera verlo. También, los pagos que habría recibido de Cospedal, a través del jefe de gabinete de esta. E incluso la grabación en la que la entonces número dos del partido y su marido encargan “trabajos puntuales” al policía. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó todos los recursos y apoyó el archivo de la causa. 

El cierre de la instrucción también afectaba a Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno y del Partido Popular. El juez había abierto una línea de investigación, mucho más incipiente, sobre si era cierto que Villarejo se comunicaba directamente con él, como el comisario había asegurado ante el Congreso de los Diputados. Cuando El País publicó meses después un audio en el que Cospedal pide por teléfono al comisario que “pare” la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad del dinero negro del partido, el juez tampoco vio motivos para reabrir la investigación. La instancia superior volvió a darle la razón. 

Los indicios de que Cospedal habría dirigido las actuaciones tendentes a anular las causas judiciales contra el partido renacen en una pieza que lleva instruyéndose poco más de un año y de la que solo se supo cuando la Sala de lo Penal, esta vez en contra del criterio del juez, le ordenó reabrirla. Los magistrados consideraban que García Castellón no había practicado las diligencias mínimas solicitada por el principal perjudicado y le obligaron a llamar a declarar, entre otros, a María Dolores de Cospedal como testigo. Ese perjudicado, el abogado Javier Gómez de Liaño, acaba de solicitar nuevas diligencias sobre las que el juez debe decidir. La pieza trata de esclarecer una maniobra para atribuir delitos al entonces letrado de Bárcenas por orden de un “lobby jurídico” detrás del cual estaría el PP y la propia Cospedal.

Púnica, Lezo y tres ex presidentes madrileños

Manuel García Castellón regresó a su plaza en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en 2017. En aquel momento, el juzgado estaba empantanado con dos voluminosos casos de corrupción sobre la gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid: Púnica y Lezo. Junto a los casos Gürtel y PP, se trataba de las causas que provocaban un mayor desgaste al partido: tres presidentes de la Comunidad de Madrid han estado imputados –Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González– así como el secretario general del PP provincial Francisco Granados. Los dos últimos han pasado largas temporadas en prisión.

En ambas causas de corrupción han resultado eximidos de responsabilidad 270 investigados, de los que un centenar son cargos del PP y otras personas vinculadas al partido, según un cálculo adelantado por El Plural. De las distintas piezas que componen las macrocausas hay una que ata a ambas y que destaca sobre el resto, la que investiga la financiación irregular del partido en Madrid. En la misma, García Castellón dictó el sobreseimiento provisional de 57 personas de las que 23 son cargos del PP.

En este cálculo se incluyen los archivos que fueron apoyados por la Fiscalía Anticorrupción o ratificados por la Sala de lo Penal, si bien algunos de los casos más destacados quedaron fuera de la causa con la oposición del Ministerio Público. Las fiscales del caso Púnica aspiraban al procesamiento de Esperanza Aguirre, pero una orden del fiscal jefe de Anticorrupción hizo que no firmaran el informe final en el que quedaba fuera la ex presidenta.

Hace casi 29 años el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, desaparecía del mapa. Buscado por liderar una trama de corrupción en el seno del Instituto Armado, fue finalmente condenado a 31 años de cárcel por, entre otras cosas, cobrar comisiones a constructoras a cambio de adjudicaciones. La última ramificación corrupta dentro del cuerpo, conocida como caso Cuarteles, investiga operativas similares a menor escala en un ejemplo de cómo las tramas de corrupción mutan, se adaptan al entorno, se atomizan pero siguen bebiendo de las mismas fuentes de dinero público y acudiendo a los mismos mecanismos para conseguir sus objetivos.

Las décadas de los años 1990 y 2000 fueron el caldo de cultivo de grandes tramas corruptas en administraciones públicas que, por norma general, controlaba el Partido Popular y cuyos políticos trenzaban alianzas subterráneas con empresarios que tenían siempre el mismo estribillo: regalos o comisiones para el político, trato de favor para el empresario en forma de adjudicaciones públicas amañadas y, como material superconductor de la corrupción, el intermediario que cobra por sentar a ambos en la misma mesa.

La última actualización se llama caso Mediador, con todos los ingredientes pero en una concentración mucho menor. El cable de mercurio es Marco Antonio Navarro Tacoronte, un exconvicto que grabó, fotografió y documentó cada paso que daba junto a políticos canarios del PSOE para cobrar de empresarios que aspiraban a verse beneficiados por pagarles fiestas y comisiones. La comparación de este y otros casos recientes con grandes tramas como Gürtel o Púnica no se sostiene más allá del andamiaje.

Una persona en prisión provisional, posibles comisiones que en el mejor de los casos suman 15.000 euros y una bajísima tasa de éxito entre los empresarios frente a las antiguas macrocausas cuyas sucesoras no pueden ni aspirar a reproducir sus números aunque toquen las mismas notas y aunque la corrupción siga siendo corrupción. La pieza principal de la Gürtel, una de las muchas en las que se desgajó el caso, dejó 29 condenados, casi 700 contratos públicos amañados por un valor de más de 140 millones de euros y un botín de más de tres millones entre comisiones y regalos para empresarios y políticos de la trama. Una podredumbre que se extendía desde el poder municipal hasta instituciones estatales como AENA.

Parece que la época de las grandes operaciones terminó, o al menos atraviesa una época de letargo. En 2009, cuando Mariano Rajoy y el PP defendían con aplomo que la trama Gürtel era una operación contra el partido y no del partido, la Audiencia Nacional imputó a 37 personas como primer plato de un menú con una decena de piezas separadas. En 2014 la operación Púnica lanzada desde la misma Audiencia arrancó con 35 detenidos y acumuló en una de sus piezas durante casi una década a más de 70 personas y empresas imputadas para después llevar a seis a juicio.

Ya en la transición entre ambas causas se apreció el cambio. Del ladrillo que había protagonizado la corrupción de la Marbella de Jesús Gil y Julián Muñoz o las 200 viviendas de obra pública amañadas por la Gürtel en Boadilla del Monte a los contratos para mejorar la imagen de los políticos en la trama Púnica, que también metió la cabeza en el negocio de los contratos públicos para la eficiencia energética de la mano con Cofely. La corrupción, como la vida en Jurassic Park, se abre camino y se adapta. Del Francisco Correa que iba a la boda de la hija del presidente José María Aznar al Alejandro de Pedro con el que hablaba hasta la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a quien ahora nadie parece conocer. Como sucede con Francisco Camps y Álvaro Pérez 'el Bigotes'.

Corruptos y corruptores no son la única marca de nacimiento que comparten esta causas. También está el papel de los partidos políticos y su financiación, prácticamente impune porque la financiación ilegal no fue considerada un delito hasta 2015, con muchas tramas ya descubiertas y a salvo de ese artículo del Código Penal. Pero desde la Filesa del PSOE sentenciada en 1997 hasta la Gürtel del PP con varias condenas económicas para el partido, pasando por la sanción similar impuesta por el Supremo a Convergència por el saqueo del Palau de la Música, la financiación de grandes partidos con dinero corrupto lleva muchos años presente en España.

Otro ejemplo reciente dejó sentenciado en firme un caso de prevaricación y malversación con unos números difícilmente igualables: los ERE de Andalucía. Con el expresidente José Antonio Griñán entre los condenados a prisión, el Supremo declaró probado que un sistema fraudulento de ayudas repartió de manera arbitraria e irregular más de 600 millones de euros durante años en Andalucía. Los condenados no se lo llevaron al bolsillo como en un caso clásico de corrupción pero malversaron una cantidad de dinero público, según el Supremo, que hace palidecer los números brutos del resto de causas.

La nueva corrupción que vuelve

Las causas han adelgazado, pero su espíritu es el mismo y el musical ya no se desarrolla solo en la Audiencia Nacional, sino en juzgados y tribunales de todo el país. En Cantabria, por ejemplo, un juzgado de Santander investiga si la Consejería de Obras Públicas alojó una trama corrupta que amañaba contratos para la construcción de carreteras, con varios altos cargos del ejecutivo de Miguel Ángel Revilla cesados o dimitidos y varios millones de euros supuestamente desviados a cuentas particulares. Y si Francisco Granados está acusado en la Púnica de esconder casi un millón de euros en el altillo de su suegro, el jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria está acusado de esconder 530.000 euros en efectivo en su casa junto con una máquina de contar dinero.

Quien también tenía dinero en efectivo en una caja de zapatos, en total 61.000 euros, era Francisco Javier Espinosa Navas, antiguo mando de la Guardia Civil y único preso preventivo del caso Mediador. Dinero en efectivo y, al más puro estilo Bárcenas, una contabilidad B. En esta causa, que lleva un juzgado de Canarias, la magistrada investiga si Navarro Tacoronte actuó de enlace entre políticos canarios del PSOE y empresarios para ayudarles a hacer negocio y hacer él mismo también negocio, con dádivas, fiesta y comisiones para los socialistas. El exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ya dimitido, está acusado de cobrar 15.000 euros por unas comisiones que él niega.

De isla a isla, en Palma un juzgado investiga el conocido como caso Puertos, con la lupa puesta en los supuestos amaños en la adjudicación de amarres por parte de la Autoridad Portuaria de Balears, dependiente del Govern. En Ibiza, otro juzgado investiga a Vicent Marí, el dirigente del Consell por el PP, por prevaricación en la adjudicación supuestamente irregular de un contrato para producir un cortometraje. En Córdoba, el caso conocido como Infraestructuras mantiene ocupados a tres juzgados investigando seis piezas separadas en torno a contratos de obras e, incluso, el pago con fondos públicos de la reforma de un garaje privado a las afueras de la ciudad. En el municipio vasco de Alonsotegi (2.900 habitantes) hay tres alcaldes del PNV imputados por distintas causas.

En Madrid, tal y como ha explicado elDiario.es, otro de los casos de supuesta corrupción con mayores implicaciones políticas se investiga en Arroyomolinos. Su alcaldesa y alto cargo del PP de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán, está investigada por cobrar 200.000 euros de un empresario al que había adjudicado más de 670.000 euros en contratos cuando ejercía como concejala. En Canarias la lista de supuestos casos de corrupción se remonta a más de dos décadas atrás en el tiempo con casos que abarcan casi todo el Código Penal.

Nuevas condenas y casos por juzgar

Los casos siguen siendo muchos, las comisiones y los contratos supuestamente amañados siguen ahí y las firmas que harían tiritar a cualquier funcionario honesto siguen apareciendo. Surgen como champiñones una década después del estallido de tramas como la Gürtel que hicieron accesibles al gran público las maniobras para torcer la voluntad de los poderes públicos y, llegado el caso, meter la mano en la caja.

Alberto Casero, diputado del PP hasta hace unas pocas semanas, está a la espera de ser juzgado por adjudicar cinco contratos pasando por encima de cualquier procedimiento administrativo y legal cuando era alcalde de Trujillo, por valor total de más de 90.000 euros. Pedro Antonio Sánchez, expresidente de la región de Murcia por el PP, acaba de ser condenado a tres años de cárcel por encargar un informe a un arquitecto verbalmente y sin expediente cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. La Fiscalía acaba de pedir dos años y diez meses de cárcel para Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona, por una instalación de antenas irregular en el municipio.

La lista adelgaza por el lado de los archivos pero crece, en clara desproporción, por el extremo de las nuevas aperturas, juicios y condenas. El Consejo General del Poder Judicial, que recopila datos sobre este tipo de procesos, explica que en 2021 los jueces de todo el país abrieron juicio por supuesta corrupción contra 273 personas, y se dictaron además un total de 65 sentencias con un balance de 44 condenas y 21 absoluciones.

Pendientes de juicio están algunos de los mayores casos de corrupción de la última década. Las principales piezas de la operación Púnica, con pesos pesados de la política como Francisco Granados y la financiación del PP de Madrid en el banquillo, o las de la operación Lezo, con el ex presidente madrileño Ignacio González como supuesto cabecilla del entramado. También el caso del 3% de Convergència, con la Fiscalía pidiendo condenas de hasta 21 años de cárcel. O la operación Kitchen, con responsables políticos como el exministro Jorge Fernández Díaz acusado de liderar una estrategia de uso de medios policiales para proteger al PP de sus propias causas de corrupción. Varias piezas de la trama Gürtel siguen pendientes de juicio o sentencia firme. La vieja y la menos vieja corrupción, por tanto, tienen todavía muchas temporadas por delante para seguir poniendo a prueba la capacidad de sorpresa de la ciudadanía y de los tribunales.

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La irrupción del caso Mediador (una investigación judicial que implica a un diputado del PSOE ya dimitido, algunos ex altos cargos de instituciones públicas canarias e incluso a la Guardia Civil) la ha aprovechado el PP para atacar a su principal rival electoral en uno de los temas que más daño ha hecho a los populares en los últimos años: la corrupción. La dirección de Alberto Núñez Feijóo se ha lanzado a intentar exprimir este escándalo e intentar convertirlo en un caso estatal que afecta al Gobierno y a Pedro Sánchez, pese a que ese salto todavía no lo ha dado la jueza que instruye la causa.

El PP trata de quitarse la etiqueta que lo relaciona con la corrupción. La acumulación de casos, y una sentencia condenatoria, llevó al Congreso a aprobar en 2018 por primera vez una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Contra ese estigma intentó actuar Pablo Casado, quien procuró dar una imagen de “limpieza” que le llevó a señalar por corrupción a Isabel Díaz Ayuso, lo que provocó su defenestración política. 

Ahora, con Feijóo sentado en la planta noble de la sede nacional, el PP confía en situar a su rival en un marco comunicativo relacionado con la corrupción. Pero bajo las alfombras del edificio situado en el 13 de la calle de Génova de Madrid se esconde todavía mucha mugre que se barrió deprisa y corriendo. Y algunos de esos casos siguen vivos y todavía pueden deparar alguna sorpresa a los actuales dirigentes.

70 policías para salvar al PP

La investigación sobre la Operación Kitchen ha dado un paso clave en su viaje al juicio oral: la Fiscalía Anticorrupción ha presentado sus conclusiones provisionales y ha pedido penas de hasta 15 años de cárcel para la cúpula de Interior y de la Policía Nacional durante el mandato del PP. Entre otros, el exministro Jorge Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez y varios mandos policiales. 

La petición más alta es para el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Anticorrupción considera probado que hace exactamente una década las máximas autoridades de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy pusieron en marcha un operativo ilegal para acceder a los archivos del extesorero Luis Bárcenas y retirar de la circulación pruebas que pudieran comprometer al PP. 

La causa ataca así el núcleo duro del Gobierno de Mariano Rajoy, uno de los padres políticos de Feijóo y un referente para el candidato del PP, según él mismo ha asegurado. Y eso que la investigación del juzgado de la Audiencia Nacional de Manuel García Castellón ha dejado fuera a la entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal, y a su marido, Ignacio López del Hierro. 

Rajoy telefoneó a Fernández Díaz cuando se conoció el escrito de acusación, tal y como informó El Periódico de Catalunya. Apenas un mes antes, compartía escenario con Feijóo en Valencia para apoyarlo en su carrera a la Moncloa.

Según la Fiscalía, el operativo parapolicial supuestamente impulsado por el PP empleó “recursos, técnicos y humanos” del Ministerio del Interior en beneficio del PP: ocho inspectores jefes de grupo, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 agentes de Policía Nacional especializados en seguimientos. Un total de 70 efectivos de Policía dedicados a evitar que la corrupción salpicara al partido. 

Además, se ha conocido una nueva ramificación de esta Operación Kitchen: las presiones ejercidas sobre Luis Bárcenas y su entonces abogado para no publicar informaciones perjudiciales para el PP. Según investiga la Audiencia Nacional, hubo “un encargo realizado por terceras personas vinculadas al PP a fin de conseguir que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el partido vinculadas con dicho sumario”. 

Los contratos ilegales de Alberto Casero

La petición de Anticorrupción para Jorge Fernández casi ha coincidido en el tiempo con la decisión del Tribunal Supremo de juzgar a Alberto Casero por prevaricación y malversación de caudales públicos, quien dejó la militancia en el PP y su escaño en el Congreso en dos veces tras conocerse la decisión del juez.

Casero se hizo famoso por equivocarse en la votación de la reforma laboral y permitir con su error la aprobación de la medida del Gobierno. El exalcalde de Trujillo (Cáceres) fue el número cuatro interno en el organigrama de Pablo Casado, cuando fue designado secretario de Organización del PP. A las órdenes de Teodoro García Egea y Ana Beltrán, Casero era el enviado de la dirección nacional a los territorios. Allí donde había un problema, llegaba él a intentar solucionarlo. 

El juez ha concluido que Casero adjudicó cinco contratos por un valor de 94.000 euros de manera ilegal cuando era regidor de la localidad. Contratos para organizar la Feria del Queso, para contratar un psicólogo o para poner en marcha un evento gastronómico de comida peruana. Él mismo reconoció en el Supremo que los procesos podían estar trufados de errores e irregularidades, pero que en ningún caso cometió un delito.

La renuncia a su escaño puede devolver el caso a los tribunales de Extremadura para ser juzgado allí, al haber perdido el aforamiento. 

Tres años de cárcel para el expresidente de Murcia

Tercera coincidencia temporal con el PP intentando sacarse de encima el estigma de la corrupción: el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha sido condenado a tres años de cárcel.

Cuando el PP reformó la ley para limitar el tiempo que la Justicia podía dedicar a una investigación penal, uno de los principales beneficiados fue precisamente Sánchez. Presidente de la Región de Murcia entre 2015 y 2017, se vio envuelto en varios casos de corrupción. Uno de ellos, que analizaba la contratación supuestamente ilegal para acondicionar la Rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras, quedó archivado porque muchas diligencias se pidieron fuera de plazo. 

Pero otro de esos casos, que también procede de su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras, ha pasado ese filtro y le ha costado una condena que, en caso de ser declarada firme, implicará su entrada en prisión: tres años de cárcel por prevaricación y falsedad documental en el conocido como caso Auditorio.

En este caso, sin expediente de contratación de por medio y de forma verbal, Sánchez encargó a un arquitecto un proyecto para las obras del auditorio municipal, evitando que otros arquitectos pudieran ganar ese concurso. Todo para justificar una subvención regional y evitar tener que devolver el dinero.

Sánchez dimitió en 2017, con Rajoy todavía en la Moncloa y Feijóo en la Xunta de Galicia. Pero quien ocupa hoy la Presidencia de Murcia, y uno de los principales barones del PP, salió entonces a defender a su jefe de filas. “Yo confío en Pedro Antonio”, dijo Fernando López Miras en un vídeo que sus rivales han recuperado ahora.

Pero no hay que irse tan lejos. En julio de 2022, López Miras fue reelegido presidente del PP de Murcia. En una intervención ante el pleno del congreso dijo en referencia expresa a Pedro Antonio Sánchez que él había “aprendido de los mejores”. En primera fila, destacados barones del PP y dirigentes autonómicos, así como la secretaria general, Cuca Gamarra. La ovación duró varios segundos. Ese mismo día, para la intervención final, apareció también el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo y un imputado de Ibiza comparten mantel

Otra ovación se llevó el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, el pasado fin de semana. En un acto de precampaña del PP balear, Marí compartió mesa y mantel con el presidente del partido en la isla, José Vicente Marí Bosó, la líder autonómica, Marga Prohens, y el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

El problema es que Vicent Marí está imputado, también por corrupción. En su discurso, Prohens dijo: “Los ibicencos te reconocen, te estiman y quieren que seas su presidente. Por eso yo y este partido necesitamos que sigas siendo el alcalde de alcaldes. Pero sobre todo que sigas siendo Vicent Marí”. El aplauso fue cerrado.

Ayuso: de Arroyomolinos a la comisión de su hermano

Muy actual es también la corrupción del PP de Madrid, que está inserta en la dirección autonómica del partido que lidera Isabel Díaz Ayuso. La lideresa cuenta en su organigrama con la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, también imputada por corrupción junto a un empresario que se habría beneficiado de unas contratos durante su anterior etapa como concejala en el Consistorio. 

Millán ocupa un puesto clave: la vicesecretaría de Organización Territorial. Pese a la imputación judicial, en mayo será de nuevo candidata del PP en Arroyomolinos. La alcaldesa reconoció el pasado 22 de abril ante un juez de Navalcarnero los pagos, aunque dijo que los ingresos que le realizó el empresario que recibía adjudicaciones de la concejalía que encabezó entre 2012 y 2016 porque correspondían al alquiler de un ático de su propiedad, con derecho a compra. En cuatro años, Millán recibió más de 44.000 euros de la empresa Neverland, propiedad del empresario Vicente Roselló, cuyas empresas recibieron contratos por valor de más de 660.000 euros.  

El otro gran caso que ha afectado a Ayuso tiene que ver con los negocios de su familia, su Gobierno y fue arma central en la mayor guerra civil vivida en la derecha española en las últimas décadas. “¿Cuando morían 700 personas al día puedes contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros?”, dijo un viernes el por entonces presidente del PP, Pablo Casado, en una entrevista en la cadena COPE. Cinco días después estaba muerto políticamente.

Se refería al hermano de Ayuso, que había cobrado al menos una sustanciosa comisión de una empresa que vendió material sanitario al Gobierno de Madrid durante la pandemia. Un pago que ha sido reconocido por la propia presidenta regional, pero que se llevó por delante a quien lo denunció. Casado fue defenestrado de su puesto. Los barones pusieron en su lugar a Feijóo.

Marbella: la alcaldesa que no conocía los negocios de su marido

De plena actualidad es también el proceso judicial que afecta a la familia de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quien ha visto como su marido (recientemente fallecido) y su hijastro eran procesados por la Audiencia Nacional por delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

Un cálculo de elDiario.es cifra en más de 12 millones de euros el patrimonio de la alcaldesa acumulado en tres décadas en política durante los cuales solo ha cobrado dietas del Consistorio Marbellí y su sueldo de parlamentaria nacional en dos legislaturas. 

Ante el Senado, Muñoz ha ocultado incrementos patrimoniales y ha reducido las numerosas propiedades que posee a las acciones que figuran a su nombre de las sociedades que ha utilizado para adquirirlas, lo que rebaja considerablemente el valor real de ese patrimonio declarado. 

Los jueces Alejandro Abascal y Manuel García Castellón han dejado fuera de la investigación las relaciones de la trama con el propio Ayuntamiento de Marbella, pese a los informes policiales que apuntaban indiciariamente en sentido contrario. Muñoz intenta acallar a elDiario.es en los tribunales por revelar toda esta información.

Pese a todo, el PP ha respaldado públicamente a Muñoz, quien volverá a ser la candidata en la ciudad malagueña el próximo 28 de mayo.

Salamanca y la “financiación ilegal” del PP de Mañueco

En el PP también hay sombras de corrupción interna. Uno de los barones de Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco, está en el centro de un proceso judicial por supuesta “financiación ilegal” del PP en su provincia, Salamanca, durante el proceso de primarias que le permitió liderar el partido, primero, y ser candidato a a Junta de Castilla y León, después.

La Operación 'Mañueco presidente' está pendiente de juicio. Y el congreso provincial acumula meses y meses de retraso sin que los órganos de garantías del PP hayan intervenido. Tampoco la dirección nacional, que ha dejado hacer a su líder autonómico pese a las dudas sobre el proceso que lo eligió.

La situación está tan enquistada que se ha producido otro conflicto judicial por el retraso de ese congreso, mientras sí se han celebrado las primarias para seleccionar a los candidatos el 28 de mayo. Un proceso interno otra vez salpicado de dudas por la aparición de cientos de afiliados nuevos en pocos días.

Los problemas judiciales del PP de Salamanca han llevado al partido a los tribunales, y la dirección nacional estaba llamada a comparecer. En concreto, la jueza citó a Feijóo. Pero el presidente no acudió y mandó a un representante, lo que provocó el enfado de la magistrada: “La persona que estaba citada, era el señor Feijóo, que hubiera venido y me hubiera dicho: no sé absolutamente nada, no puedo informarle de nada, no puedo ayudarle en nada. Era él el que estaba citado, no estaba citado el señor que está ahora enfrente de mí”.

No es el único caso judicializado en Castilla y León. El eexvicepresidente de la Diputación de Valladolid y alcalde del municipio de Olmedo, Alfonso Centeno, ha sido procesado en el llamado caso Meseta Ski, que investiga la construcción de una pista de esquí seco que proyectó el organismo público con un presupuesto inicial de cuatro millones de euros, que se disparó hasta los 12 y que hoy está desmantelada por orden judicial, al haberse construido en un monte quemado. Centeno se fue de viaje de placer con los promotores de la obra.

Pese al auto de procesamiento, el PP incumple sus propios Estatutos y no ha abierto un expediente sancionador contra el alcalde, que quiere repetir el 28M.

La corrupción del PP en València

Las administraciones valencianas fueron, durante años, uno de los grandes caladeros de negocio de la trama Gürtel y su relación simbiótica con el PP, que lideró el Ejecutivo regional desde 1995 hasta 2015. Algunos casos de supuesta corrupción están siendo juzgados en los tribunales valencianos. Uno de ellos es el caso Taula, donde el fiscal ha afirmado estos días durante el juicio que “asusta pensar lo que han podido hacer con ese dinero”. 

Se refiere el fiscal a los 40 millones de euros anuales que manejaba Marcos Benavent al frente de la empresa pública Imelsa, de la Diputación de Valencia que también presidía el PP con Alfonso Rus. La Fiscalía, que pide 12 años de cárcel para él, declara probado que en el seno de esta empresa pública existieron trabajadores zombies que cobraban sin trabajar o mientras trabajaban fuera de la empresa que les pagaba con dinero público. 

Otro caso, que también afecta a los socialistas valencianos, es el bautizado como Azud, donde una jueza investiga una trama de corrupción con epicentro en el Ayuntamiento de València en la época de Rita Barberá pero con ramificaciones que llegan a más de medio centenar de imputados y que afecta también a cargos del PSPV y a varias campañas de los socialistas, todo entre 1999 y 2013. En esta causa el foco está puesto en el empresario Jaime Febrer y los sobornos y comisiones que la trama pagaba, supuestamente, a cambio de acceder a obra pública. 

El horizonte judicial del PP

El PP de Alberto Núñez Feijóo tiene todavía por delante un campo de minas de causas de corrupción que afectan a su partido. En las próximas semanas, por ejemplo, el Tribunal Supremo hará pública su sentencia firme sobre una de las ramificaciones principales de la trama Gürtel: la corrupción que rodeó la organización de la visita del Papa a València en 2006. 

Varias piezas de la trama Gürtel, Púnica o Lezo también están pendientes de juicio o sentencia en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Una de ellas es la pieza separada que analizó y condenó la actividad de la trama en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, causa en la que el Partido Popular fue condenado como responsable a título lucrativo por los 204.198,64 euros que la trama corrupta usó para pagar sus campañas municipales entre 2003 y 2007 en una ciudad en la que gobierna ininterrumpidamente desde 1983. 

Otro de los casos pendientes de sentencia en este organismo central es la pieza sobre adjudicaciones irregulares a las empresas de Gürtel que atañe precisamente a Francisco Camps, entre otras cosas, para el expositor de esta administración en la edición de Fitur en 2009. Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel para él en un juicio en el que colaboradores de la trama como Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ han señalado sin dudar al expresidente valenciano. 

Sobre él dijo Feijóo el pasado mes de febrero en una entrevista: “Vamos a ver qué dicen los compañeros de Valencia, porque al final Paco Camps es un personaje de la política valenciana. Pero desde luego yo le mantengo el respeto (...). Está claro que las cosas que se le imputan, al menos el 90% de las mismas, han quedado resueltas satisfactoriamente.

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Hace más de cinco años Esperanza Aguirre rompía a llorar delante de los medios de comunicación, con decenas de micrófonos a pocos centímetros de su cara y con las principales televisiones y radios del país en directo. Lloraba porque su otrora mano derecha en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, había sido detenido en la operación Lezo y eso era “un palo muy muy duro” para ella. La todopoderosa lideresa del PP madrileño abandonaba en ese instante la Audiencia Nacional después de testificar en un juicio por corrupción, el de la trama Gürtel, en el que había esquivado un banquillo habitado por las 'ranas' de las que reniega, pero que comandó durante años desde la Puerta del Sol. La decisión del juez Manuel García Castellón de dejarla fuera del juicio por la financiación irregular del Partido Popular es un regate más de Aguirre en las causas judiciales que han investigado e incluso sentenciado la corrupción que durante años floreció a su alrededor.

En las últimas horas, el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional ha cerrado y dejado lista para juicio una parte clave de la operación Púnica de corrupción: la investigación sobre la financiación irregular del Partido Popular de Madrid. El que presidió Aguirre durante años y el que, según el juez, financió de manera irregular las campañas de 2007, 2008 y 2011, aunque las dos más antiguas ya hayan prescrito y solo se pueda juzgar la última.

En el banquillo sí estarán algunos de sus más estrechos colaboradores, como Francisco Granados o Beltrán Gutiérrez, pero no sentarán ni ella ni su sucesor, Ignacio González. Porque según el juez, esas campañas se financiaron irregularmente, pero ella no tenía por qué saberlo. Y si habló de ello con González y reconoció que “puede” que se hubieran pasado de presupuesto en una de las campañas, es porque podía sospecharlo, pero no saberlo a ciencia cierta.

Una dinámica de desconocimiento sobre lo que pasaba a pocos metros de su despacho y en sus propias campañas electorales que se suma a media decena de causas judiciales en las que Aguirre ha esquivado una acusación o en la que, directamente, ha visto desde la barrera de los testigos cómo sus más estrechos colaboradores recibían peticiones de prisión e incluso condenas firmes de cárcel.

Las 'ranas' de Gürtel

La trama Gürtel estalló en febrero de 2009. Diligencias previas y piezas separadas para investigar la actividad de empresarios y políticos corruptos en administraciones públicas controladas por el Partido Popular. Un entramado que empezó a funcionar a finales de la década de los años 90 y que anidó en los grandes feudos madrileños del PP mientras Esperanza Aguirre gobernaba la Comunidad y presidía la formación regional. Aguirre acuñó en 2010 su célebre afirmación sobre este caso: “Me siento especialmente satisfecha de haber sido una parte muy importante, la causante, de que este caso se destapara”.

Hubo corrupción en Madrid, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, según dice la sentencia firme del caso, y están pendientes varios juicios por las ramificaciones de Gürtel en Boadilla del Monte y Arganda del Rey. Y hubo corrupción también en el propio ejecutivo regional de Esperanza Aguirre de uno de sus máximos colaboradores, Alberto López Viejo, condenado en firme a casi 28 años de cárcel.

Según declaró probado en firme el Tribunal Supremo, López Viejo cobró comisiones a cambio de favorecer a Francisco Correa y sus empresas tanto en su etapa en el consistorio de la ciudad de Madrid como posteriormente en la Comunidad. En este segundo caso la Justicia focalizó la corrupción en “la adjudicación de los contratos relativos a actos institucionales o conmemorativos en que asistiera la Presidenta Esperanza Aguirre, a favor de las empresas” de la trama. Lo hizo “a cambio de unas gratificaciones que se repercutían como importe facturado a dichas empresas, encareciendo los servicios, con el consiguiente sobrecoste para ellas, y, consecuentemente, para la CAM”, dice la sentencia.

Aguirre nunca estuvo imputada en la trama Gürtel, pero sí ha tenido que testificar en uno de sus juicios. Lo hizo en el primer gran juicio de la trama, bautizado como 'Época I', en 2017, admitiendo sobrecostes en los actos de partido pero responsabilizando a López Viejo.

Las 'ranas' de Lezo

La operación Lezo, dirigida por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que también lleva las rienda de la trama Púnica, llevó a prisión provisional en 2017 a Ignacio González y proyectó la sombra de la sospecha sobre el Canal de Isabel II, el campo de golf construido en Canal y la Ciudad de la Justicia, entre otras cosas. Varias de estas piezas se encuentran ya a las puertas de juicio con la Fiscalía lanzando sus acusaciones y peticiones de cárcel contra ilegalidades cometidas, supuestamente, cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid y la administración regional impulsaba estos proyectos.

El año pasado, el juez del caso procesó a Ignacio González por adjudicaciones asociadas a la construcción del campo de golf del Canal de Isabel II. Un proyecto que contó con una fuerte oposición vecinal de los habitantes de la zona y que se desarrolló bajo los mandatos de Aguirre: las primeras adjudicaciones fueron realizadas en 2003 y las ampliaciones irregulares de capital entre 2006 y 2007, entre otras ilegalidades a las que apuntó el juez instructor. Solo entre 2006 y 2012, durante el mandato de Aguirre, hubo un botín de más de medio millón de euros.

El macroproyecto fallido de la Ciudad de la Justicia fue otra iniciativa que, aunque previa a Esperanza Aguirre, ha terminado en el banquillo por un rosario de ilegalidades cometidas, supuestamente, durante su etapa como presidenta regional. En el lateral de los acusados de la Audiencia Nacional estará Alfredo Prada, exconsejero del gobierno de Aguirre señalado por capitanear la estrategia para gestionar de manera oscura e irregular cientos de millones de euros en contratos y adjudicaciones para sacar adelante un proyecto faraónico que, más de una década después ha recuperado el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

El Hospital Puerta de Hierro

En el año 2008, Esperanza Aguirre inauguró el nuevo Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda delante de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia. Para entonces, según los investigadores, ya se habían cometido dos irregularidades: el centro hospitalario había sido puesto en marcha sin las licencias obligatorias y, además, más de un centenar de habitaciones dobles habían sido convertidas en habitaciones individuales.

El nombre de la expresidenta madrileña apareció en ambas causas y, salvo cambio de última hora, podrá seguir el desarrollo de las dos desde la barrera. En el caso de las licencias, la Fiscalía ha presentado ya su escrito de acusación en el que pide dos años y medio de presidio para el exalcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y otros dos concejales del gobierno municipal. Los acusados, según el Ministerio Público, no llevaron a cabo “ningún tipo de actuación o medida tendente a la protección o restauración de la legalidad urbanística infringida, ni sancionadora”, a pesar de que sabían que el hospital funcionaba sin dos licencias preceptivas.

También consiguió evitar la imputación que pedía Anticorrupción en el caso de las camas fantasma. El pasado mes de enero la Audiencia de Madrid confirmó la decisión del juzgado de instrucción de no imputar a la expresidenta, explicando que un responsable político no puede ser responsabilizado penalmente de una irregularidad “por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea”. Para la Fiscalía, sin embargo, la orden que hizo desaparecer 135 camas del Hospital de Majadahonda fue “dictada a requerimiento de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos”.

La fuga en Gran Vía

En abril de 2014, Esperanza Aguirre dejaba el coche en el carril de la Gran Vía madrileña reservado para los autobuses mientras sacaba dinero de un cajero automático. Varios agentes de la Policía Municipal le recriminaron su actitud y se dirigieron a multarla cuando ella arrancó y se marchó de allí, tirando en ese momento al suelo la moto de uno de los policías. “Vais a por mí porque soy famosa”, dijo a los agentes según la denuncia que ellos mismos presentaron.

La fuga dio muchas vueltas por los tribunales madrileños antes de terminar en el archivo definitivo. Un juzgado entendió que la expresidenta madrileña no sabía que estaba siendo perseguida por la Policía y que, por tanto, no podía ser incriminada, pero la Audiencia Provincial ordenó que el caso se tramitara como un juicio de faltas. Por el camino, la asociación Transparencia y Justicia vinculada al comisario jubilado José Manuel Villarejo ejerció la acusación popular y mantuvo contactos con ella para limitar la onda expansiva del caso.

El resultado fue un archivo por los efectos de la reforma judicial impulsada por el PP en 2015, un año después del incidente. Los cambios introducidos en el Código Penal por el Gobierno de Mariano Rajoy despenalizaron las faltas y el caso contra Aguirre, por tanto, quedaba fuera de la capacidad de acción de la Justicia.

El 'Goya' de Aguirre

Existe otro caso que se encuentra en fase de instrucción y cuyo futuro no es previsible. Tal y como ha informado elDiario.es, un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid investiga la venta de un cuadro de Goya del marido de la expresidenta, acusado por su hermano de simular la donación del cuadro y no repartir el dinero que obtuvo después. La jueza instructora decidió archivar el caso incluso antes de que se resolviera la recusación presentada por el querellante, el cuñado de Aguirre, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la reapertura y puso el foco, precisamente, sobre la actuación de la magistrada.

Se trata de una causa en la que la Fiscalía aprecia indicios de delito fiscal en la venta de la obra de arte, pero por ahora la jueza instructora ha rechazado esta posibilidad, aludiendo a que no existen informes de la Agencia Tributaria que apunten en esa dirección y rechazando una “investigación prospectiva” al marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Su auto de archivo, ahora revocado, exculpaba a Esperanza Aguirre y rechazaba que se hubiera infringido la normativa de protección del patrimonio artístico. “Resulta carente de todo fundamento”, dijo en ese auto, porque la supuesta influencia en lo relativo al cuadro de su marido “resulta incompatible con la necesaria tramitación que requiere toda norma y la previa delegación que exige en materia de decretos legislativos”.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entregado su informe definitivo sobre una de las piezas del caso de corrupción Lezo y las comisiones salidas del proyecto de llevar el tren hasta la localidad madrileña de Navalcarnero. Un documento, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso elDiario.es, que apuntala la acusación de que la constructora OHL pagó comisiones de más de un millón de euros destinadas al expresidente madrileño, Ignacio González, e Ildefonso de Miguel, exdirector del Canal de Isabel II, a cambio de la adjudicación.

La investigación sobre la corrupción que supuestamente rodeó la adjudicación de este proyecto fallido de llevar el tren hasta Navalcarnero, localidad de más de 30.000 habitantes del sur de la Comunidad de Madrid, es una de las que está a las puertas de juicio dentro de la causa Lezo. Anticorrupción ha pedido ya cuatro años de prisión para Ignacio González, tal y como adelantó elDiario.es en diciembre de 2020, además de seis años para Javier López Madrid, entonces consejero de la constructora.

Para la fiscal del caso, Ana Cuenca, la orden fue que OHL pagara 2,5 millones de dólares desde una cuenta de la empresa en el Banco Santander hasta sus cuentas en México poco después de que el proyecto fuera adjudicado a la constructora. Después fue Adrián de la Joya, según la Fiscalía, quien movió ese dinero por Panamá hasta Suiza para después retirarlo en efectivo y ponerlo en manos de Ildefonso de Miguel para que el botín fuera repartido en condiciones desconocidas. Para De Miguel, la Fiscalía pide cuatro años de presidio y para De la Joya tres años y medio.

El informe que la UCO ha aportado al procedimiento apuntala esta acusación. “Se trató de una operación gestada desde España y el hecho de que los fondos viajasen a Suiza a través de dos empresas mexicanas del grupo OHL permite inferir que se trató de evitar ordenar unas transferencias desde las cuentas de OHL en España a la cuenta en Suiza del intermediario en las comisiones para velar el rastro de los fondos”, dice el documento sobre el papel de OHL.

Los pagos, según este informe, eran comisiones y uno de sus destinatarios era el expresidente de la Comunidad de Madrid. “Se han recabado elementos que apuntan a Ignacio González como uno de los destinatarios”, dice la UCO. Entre otras cosas, apuntan a conversaciones entre Francisco Granados y Javier López Madrid, la declaración del empresario David Marjaliza o el conocimiento “extraño” que González tenía de toda la operativa corrupta.

González, explica la UCO, era el contacto con López Madrid en la Comunidad. El empresario pidió trato de favor, explica el informe, “como por ejemplo para tratar de sortear las presiones de la Comunidad de Madrid para que se iniciasen las obras del tren o en relación con la adjudicación del contrato de la Ciudad de la Justicia”.

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha propuesto juzgar por un delito de blanqueo de capitales en la pieza separada 5 del 'caso Lezo' al ex director gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, al tiempo que ha archivado esta línea de investigación para el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y otras tres personas.

A partir de ahora, en este procedimiento en el que se ha investigado la ocultación y afloramiento de capitales ilícitamente obtenidos, se da un plazo a las acusaciones de treinta días para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien soliciten el sobreseimiento.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 señala que entre los años 2011 y 2014, De Miguel realizó diversas maniobras con el fin de aflorar en España fondos de origen desconocido. Para ello, detalla, otorgó contratos simulados de préstamos en los que sus sociedades se interponían como prestamistas o prestatarias y realizó otras inversiones.

Asimismo, el instructor recuerda los seis delitos prescritos, que se habrían cometido entre los años 1999 a 2008, con los que De Miguel habría defraudado a la Hacienda Pública 1.517.027 euros, y por los que no se ha formulado acusación.

Gadea entiende que, de lo investigado, cabe inferir la actuación desplegada entre 1999 y 2014 por De Miguel –director gerente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2009– para “ocultar ganancias cuyo origen lícito se desconoce e introducirlas en el circuito legal dotándolas de apariencia lícita”.

El complicado ejercicio de reivindicar el legado político de sus antecesores y poner al tiempo distancia con los casos de corrupción que les afectan se antoja ahora más estéril que nunca para Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. La explosión del enfrentamiento entre ambos ha exhibido los elementos propios de la tradición política del PP madrileño: sospechas de corrupción, que en el pasado acabaron en la Audiencia Nacional; espionaje y juego sucio entre las facciones del partido; y un enconamiento propio de aquella máxima según la cual el adversario está fuera pero el verdadero enemigo habita en otra planta de la sede central.

Desde que Alberto Ruiz Gallardón aceptara el sacrificio que le propuso Aznar para cambiar la Comunidad de Madrid por el Ayuntamiento y salvar la capital para la derecha, ningún presidente autonómico ha salido pacíficamente de la Puerta del Sol, dejando al margen los breves periodos de Ángel Garrido y Pedro Rollán, puente entre los mandatos de Cifuentes y Díaz Ayuso. 

El ‘aguirrismo’ incubó dos grandes casos de corrupción, Púnica y Lezo, que reparten aún condiciones jurídicas entre los máximos responsables políticos de su época, empezando por Esperanza Aguirre, que sigue imputada. El también expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González está procesado, muy cerca del banquillo. El que fuera secretario general del PP madrileño y consejero de Justicia e Interior y de Presidencia, Francisco Granados, condenado y, dependiendo de las piezas todavía abiertas, procesado o imputado. Todos ellos dimitieron de sus cargos por la presunta corrupción del PP madrileño.

Los dos grandes protagonistas del actual enfrentamiento en el PP eran jóvenes con proyección en aquel partido. Ninguna acusación se ha dirigido nunca contra ellos, en lugares secundarios cuando se produjeron los hechos, siempre con un puesto de trabajo en el partido o en las instituciones gobernadas por este. Pero la magnitud de esas macrocausas ha hecho emerger en ellas el nombre de Isabel Díaz Ayuso, recordándole para quién trabajaba y a la sombra de qué dirigentes hizo carrera política. 

En el inabarcable sumario de Púnica, Isabel Díaz Ayuso aparece intercambiando mensajes con uno de los principales imputados de la causa, el experto informático y conseguidor Alejandro de Pedro. A él recurrió la actual presidenta madrileña para tapar en Internet noticias negativas de Ignacio González, emblema de la corrupción del PP madrileño, según desveló elDiario.es.

Absuelto en las urnas

Una información más reciente de este medio explica cómo Díaz Ayuso intentó adquirir dominios de Internet de las candidaturas ciudadanas próximas a Podemos para obstaculizar el crecimiento de este partido en la Comunidad de Madrid. La prueba aparece en el teléfono de Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP local y gestor de su caja B. Gutiérrez traslada en 2014 y 2015 a Díaz Ayuso las indicaciones de Ignacio González. El mismo Ignacio González acusado de saquear la empresa pública del Canal de Isabel II y que ha sido convenientemente borrado de la memoria del PP. De aquellas prácticas Díaz Ayuso y Casado aprendieron que en Madrid estos asuntos no tienen graves consecuencias electorales: en la Comunidad las urnas siempre absuelven al PP, que se mantiene en el poder desde hace 23 años.

Ignacio González denuncia que su caída en desgracia política y judicial es fruto de la actuación del comisario Villarejo, de quien dice actuó a las órdenes de sus “adversarios políticos”. González fue apartado de su aspiración a ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015 después de que dos medios de comunicación publicaran fragmentos sesgados de un encuentro entre González y el comisario a cuenta de su ático en Estepona. El expresidente madrileño considera también que el arranque de la operación Lezo es una maniobra de Villarejo con datos manipulados, por encargo de sus enemigos. 

Hablar de la trayectoria más turbia de Ignacio González es remontarse a un viaje en 2008 a Colombia, que sirvió para dar nombre a la operación Lezo (por el marino español en la batalla de Cartagena de Indias), y a un vídeo de González portando unas sospechosas bolsas que nunca se demostró que contuvieran dinero. Aquel vídeo fue grabado por un detective contratado por Julio Gutiez, dueño del Grupo Mira. Se trata de la misma agencia a la que han recurrido trece años después los enviados de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) que querían conocer todos los extremos del contrato y la comisión del hermano de Díaz Ayuso. 

Espionaje con dinero público

Pero si hay un ejemplo que plasme hasta dónde pueden llegar las familias del PP madrileño en una refriega, ese es el denominado ‘caso espías’. Tras diez años de investigación no hubo condenados, pero quedó demostrado que antiguos policías y guardias que trabajaban para la Comunidad de Madrid, en la consejería de Francisco Granados, hicieron seguimientos y vigilancias al vicealcalde Manuel Cobo, el vicepresidente Alfredo Prada y la diputada regional Carmen Flores. Todos los espiados pertenecían al círculo de Alberto Ruiz Gallardón, con quien Aguirre mantenía un abierto enfrentamiento. Cobo bautizó a aquel grupo de miembros de las Fuerzas de Seguridad y a sus jefes polílicos como “gestapillo”.

Otro de los perseguidos, Alfredo Prada, era el titular de la Consejería de Justicia. Por entonces, Prada contaba con un joven asesor, expresidente de Nuevas Generaciones de Madrid, que aún no había acabado la universidad y ya era también diputado autonómico. Su nombre es Pablo Casado. Pronto, en 2009, Casado dejó la política madrileña para saltar a la nacional y actuar como jefe de gabinete del diputado Manuel Pizarro. Luego repetiría en ese desempeño con José María Aznar. 

La única expresidenta de las mencionadas que a día de hoy no tiene cuentas con la justicia es Cristina Cifuentes, a quien el juez Manuel García Castellón archivó la causa en el caso de la financiación irregular del PP madrileño el pasado mes de abril. Cifuentes se sentó en el banquillo por el caso máster, pero resultó absuelta. En 2018 se vio obligada a dimitir por intentar justificar con un documento falsificado que realizó los citados estudios en la Universidad Rey Juan Carlos.

Los últimos días de su mandato se vieron empañados por un hecho donde vuelve a confluir la cloaca del mundo de la seguridad que gravita en torno al PP. Fue publicado un vídeo en el que la expresidenta aparece robando unas cremas en un supermercado próximo a la Asamblea de Madrid, cuando ejercía como vicepresidenta. Nunca se supo el origen del vídeo ni tampoco por qué una grabación de una cámara de seguridad había estado casi una década en un cajón esperando su momento.

En 1967 se creó el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia tras la unión de diecinueve municipios vizcaínos y la desaparecida Corporación Administrativa Gran Bilbao. Con los años, distintos municipios se han ido sumando hasta que 97 de los 112 pueblos existentes forman parte de él. Los últimos en unirse -desde el inicio de 2022- han sido los 16 municipios del Consorcio de Aguas de Busturialdea, tras una fusión que ha generado rivalidades entre los ayuntamientos a favor, gestionados por el PNV y los que se han posicionado en contra, como Ea, Muxika y Ajangiz, de EH Bildu. Carranza es uno de los pocos municipios que no se abastece del agua gestionada por el Consorcio. En su lugar, gestiona con sus propios medios las redes de abastecimiento y saneamiento de agua, algo que, según denuncia su alcalde independiente Raúl Palacio, hace que la Diputación de Bizkaia no destine el mismo dinero público a su ayuntamiento que a los que sí que conforman el Consorcio de Aguas.

Un documental de la productora independiente Ecoperiodismo revela los entresijos de las operaciones que han tenido lugar en los últimos años para crear “el monopolio del negocio del agua en Bizkaia”. “Monopolia”, como se titula la película, está dirigida por el periodista especializado en medio ambiente, Ricardo Gamaza, y, en ella, participan alcaldes como Palacio, la alcaldesa de Ea, Iratxe Arriola, expertos como el profesor e investigador de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) David Hoyos, el catedrático también de la UPV/EHU Iñaki Antigüedad y ecologistas como Alfonso Caño, entre otros. Según denuncia Gamaza con su documental, el interés del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia con hacerse con la gestión del agua radica en un intento de tener “un control político y económico” de todo el territorio.

“El Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia, que a pesar de tener titularidad pública tiene un comportamiento de empresa privada, tiene dos objetivos con estas operaciones. Por un lado, el control político. Le cortan el grifo de las subvenciones económicas a todos los ayuntamientos que no tienen el color político del PNV. Como controlan la Diputación, el Gobierno vasco y la Agencia Vasca del Agua (URA), presionan a los ayuntamientos a entrar al Consorcio porque si no, no reciben ningún dinero público. Esto roza la prevaricación porque están utilizando una institución pública para usos partidistas. Por otro lado está el control económico. Más de la mitad del dinero del Consorcio va a parar a subcontratas que la mayoría son multinacionales del agua”, explica a este periódico Gamaza.

El documental propone 'la diversificación de las fuentes de abastecimiento a nivel local' frente a las grandes infraestructuras

Su documental también critica que, desde el punto de vista medioambiental, el hecho de que el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia -el cual se rige por una asamblea general en la que están representados todos los ayuntamientos que lo integran, además de la Diputación de Bizkaia y el Gobierno vasco- dependa en un 70% de embalses del Zadorra, como el pantano de Ullibarri-Ganboa, puede llegar a tener “consecuencias ambientales negativas”. “Una de las cuestiones claves que marca la Directiva Marco del Agua es que la unidad de gestión es la cuenca. En Bizkaia prácticamente las cuencas coinciden con las comarcas, la gestión que se hace entonces, es por cuencas hidrográficas. Lo que quiere hacer el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia es saltarse ese concepto, que es esencial para la gestión del agua. Eso tiene consecuencias ambientales. Ellos lo que plantean es traerse la mayoría del agua del Zadorra desde el embalse de Ullibarri-Ganboa, que pertenece a la cuenca hidrográfica del Ebro. Ambientalmente el problema es que si te tienes que traer el agua desde lejos eso obliga a crear nuevas infraestructuras y aumentar el coste energético para poder moverla de un sitio a otro. Las canalizaciones, en el caso por ejemplo de Busturialdea, van a tener que tocar un espacio que es reserva de la biosfera. Otro problema todavía peor es el abandono de los recursos propios, por eso la Directiva Marco de Agua recomienda que se tienda a la cercanía del recurso. Si tienes el recurso, úsalo. Hay que potenciar los pequeños recursos del territorio”, señala el periodista que como solución propone “la diversificación de las fuentes de abastecimiento a nivel local y la protección de las cuencas vertientes a embalses”.

Según publica la Agencia Vasca del Agua (URA) Zadorra está compuesto por los embalses alaveses de Ulibarri-Ganboa, Urrunaga y Albina. Se trata de la mayor reserva de agua dulce de Euskadi y cuenta con con una capacidad de almacenamiento de 220 hm³ de agua, con lo que abastece de agua a la mitad de la población vasca. Tanto Vitoria como lo que se conoce como Gran Bilbao (que incluye una veintena de municipios que se encuentran a los lados del río Nervión) se abastecen del agua que se sustrae de esos embalses. Estos últimos también reciben agua del embalse de Undurraga, en Zeanuri.

Gamaza, en su documental denuncia que los costes económicos de llevar el agua desde Álava hasta Bizkaia mediante un trasvase obligando a crear grandes infraestructuras dotadas de largas canalizaciones, se perciben en las facturas que le llegan a la ciudadanía. Según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que se menciona en el documental, “la factura del agua en Bilbao es un 66% más cara que en Donostia y un 55% más cara que en Vitoria. Una diferencia que va a más cada año porque la factura del agua en la capital vizcaína fue del 9,9% desde 2016, mientras que en ese tiempo la alavesa subió solo un 1,7% y en la guipuzcoana se redujo un 3,5%”.

La 'aventura americana' del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

Más allá de las operaciones realizadas en los últimos años para tener el control de las aguas en Bizkaia, el documental viaja hasta el pasado del Consorcio, cuando en 1999 se hizo cargo a través de la empresa Uragua, compuesta por el Consorcio, Iberdrola y BBK, del saneamiento y abastecimiento de las aguas de 1,7 millones de personas de Buenos Aires en Argentina y de otros 375.000 habitantes de Punta del Este, Maldonado y Piriápolis, en Uruguay. En 2004 se aprobó un referéndum en Uruguay con el que el 60% de los uruguayos respaldó la llamada Reforma Constitucional en Defensa del agua, que consideraba el agua como un derecho humano, para que su gestión se realizase a partir de ese momento exclusivamente de forma “pública, participativa y sustentable”. A raíz de eso y de que el propio Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia admitiese que Uragua era inviable “económica y financieramente” en un informe publicado por El País en 2003, la conocida popularmente como 'aventura americana' vizcaína acabó.

En Uruguay privatizaron el agua, pero hubo un movimiento social muy activo que terminó en un referéndum con el que incluyeron el derecho al agua dentro de su Constitución

“Nos sorprendió mucho descubrir cómo Aguas de Bilbao se coaligaba con Iberdrola para montar una empresa privada en Uruguay para privatizar el agua de los uruguayos y uruguayas. ¿Qué pinta una empresa pública de aguas de Bilbao en Uruguay? Esto se ha contado poco. Nosotros localizamos en Uruguay a la activista que luchó por la defensa del agua, Adriana Marquisio, y nos contó que jamás pensaron que se tratara de una empresa pública, puesto que su comportamiento era de privada. A ellos les privatizaron el agua, pero hubo un movimiento social muy activo que terminó en un referéndum con el que incluyeron el derecho al agua dentro de su Constitución”, indica Gamaza.

Por ello, uno de los objetivos de este documental es “que la gente sepa cómo le afecta que el control del agua se lleve a cabo con criterios mercantiles”. A pesar del resultado de su investigación, Gamaza no busca plantear un panorama “desalentador” al público, sino “de esperanza” porque “se puede revertir la situación”. Como ejemplo de ello, además del de Uruguay, pone los casos de París o Valladolid. “París, que tenía el agua privada, hizo un proceso de remunicipalización y la gestión volvió a ser pública. Aquí, en España, ha pasado en Valladolid, que es el ejemplo de cómo se ha conseguido revertir la situación. Cuando el agua ha vuelto a ser pública, su precio ha bajado porque dejas de pagar cuestiones como las subcontratas”, señala el periodista.

Tras el estreno este martes en Bilbao de “Monopolia”, la película se proyectará en las próximas semanas en Gernika y Bermeo y viajará próximamente a Madrid, Sevilla y Montevideo, en Uruguay. El documental forma parte de una serie titulada ‘Cloacas: los negocios sucios del agua’, que comenzó en 2018 con la película ‘Trileros del agua’. Según confirma Gamaza, la serie la compondrán un total de seis documentales entre los que incluirá uno centrado en la gestión del las aguas de Canal de Isabel II y otro sobre el agua embotellada.

La sombra del comisario Villarejo, desplazándose de uno a otro de los casos de corrupción que condicionaron la política española durante años, pervive en los sumarios de esas causas judiciales y aún puede influir en su desenlace. El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha presentado su escrito de defensa para una de las piezas del caso Lezo, y en él denuncia que todo surgió de un montaje encargado por sus rivales políticos al hoy comisario jubilado. La prueba, aduce, está en las propias agendas incautadas a Villarejo. González no es el único que pide la nulidad por la participación irregular del expolicía en sus causas. Algo similar ocurre con el caso Ausbanc y en el de la familia Pujol. En dos audios, Villarejo confiesa en 2017 que el caso Gürtel no alcanzó a la cúpula del PP gracias a su intervención.

Caso Lezo

La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel para González por un delito de tráfico de influencias en concurso con otro de cohecho en el caso del tren a Navalcarnero, unas obras adjudicadas a OHL, que nunca se culminaron, y por la que González habría recibido una mordida. El juez envió a juicio el pasado junio a los acusados. La abogada del expresidente madrileño, Gema Martínez Galindo, pide la nulidad de las actuaciones en su escrito de defensa. En él acusa a la Guardia Civil y a la Fiscalía de emprender una investigación prospectiva a partir de un chivatazo que, por sus errores e inconsistencia, no justificaba tales diligencias. Al tiempo, niega los delitos de los que se acusa a González. 

Pero la sorpresa de su escrito llega cuando la letrada señala el origen de ese chivatazo. Cita la letrada las informaciones periodísticas acerca del comisario y que demostrarían que “aquella fuente anónima fue don José Manuel Villarejo, que actuó por encargo de personas, por ahora desconocidas, para crear una operación policial con informaciones falsas para hundir política y personalmente” a Ignacio González. Para ello, añade el escrito, “utilizó sus influencias en el ámbito policial, sin que su actuación estuviera ligada a ninguna investigación policial que le hubiera sido encomendada por su profesión, sino por personas que querían apartar a mi representado de la vida política”.

Para apoyar sus afirmaciones, la defensa de González recupera un pasaje del diario de Villarejo, incorporado a la causa que se sigue contra el comisario en la Audiencia Nacional. Allí aparecen una anotaciones que coinciden con el contenido del soplo que hizo arrancar la investigación de la Guardia Civil. La fecha de la anotación es anterior a que comenzaran las pesquisas sobre una cuenta en Suiza desde la que se habría transferido dinero al expresidente madrileño. 

Lo cierto es que Villarejo tenía en su punto de mira, a falta de esclarecerse por encargo de quién, a Ignacio González. Antes de que comenzaran sus problemas con la justicia, el comisario participó activamente en el final de su carrera política. El 6 de marzo de 2015, el Partido Popular anunció que Ignacio González no sería el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como él deseaba, y que la lista estaría encabezada por Cristina Cifuentes. La secretaria general del PP era María Dolores de Cospedal, con quien Villarejo mantenía encuentros desde el año 2009.

Cuatro días antes de que la cúpula del PP descartara a González, El Mundo había publicado una nota escrita tres años antes por Villarejo a sus superiores informando de que el político le había pedido tapar su investigación sobre el origen de su ático de lujo en Estepona, encuentro que el comisario grabó. El Mundo y la cadena Ser publicaron 48 horas después unos extractos de esa conversación que parecían ratificar la versión de Villarejo. Ignacio González da una versión radicalmente opuesta: el comisario habría ido a su encuentro para ofrecerle ayuda. Los problemas con la justicia de González tardarían todavía dos años en estallar, con su detención en abril de 2017 por la corrupción en la empresa pública de aguas Canal de Isabel II, el denominado caso Lezo. 

La defensa de González lamenta que el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, tardara más de dos años en responder a su solicitud de personación, y que lo hiciera finalmente para rechazarla. Así que recurre a las noticias sobre el sumario y concluye que hay más de 50 anotaciones de Villarejo que aluden a su cliente o a casos con los que está relacionado. Una de esas anotaciones, del 18 de febrero de 2013, dice: “Según Asturiano hay que dar caña a IG. Quedo en esperar OK del ministro”. Asturiano es, en las agendas de Villarejo y según concluye Asuntos Internos, Mariano Rajoy. IG es la denominación que utiliza el comisario para referirse a Ignacio González. 

“Resulta muy revelador (a los fines de comprender la manipulación que vicia el origen de la presente causa) que el señor Villarejo anotase en sus agendas que recibe un encargo para hundir a mi mandante, y que en abril de 2015 estuviera manejando el mismo número de una cuenta en Suiza y la misma referencia a la cuantía de 1,4 millones de euros que, unos meses después, una fuente anónima traslada a la UCO para denunciar una supuesta comisión por ese importe supuestamente ingresada en esa cuenta en Suiza”, defiende la abogada de González. La cuenta es del banco Anglo Irish Bank y lleva acompañada las anotaciones: “Sept. 2007 1.4 M euros. Sept. 2014 80.000”.

Caso Pujol

La sombra del comisario Villarejo por los citados casos de corrupción adquirió cuerpo con la detención del policía. Hasta ese momento su participación se reducía a alusiones inquietantes, como la que hizo Josep Pujol Ferrusola ante el juez Pablo Ruz. Josep Pujol explicó en sede judicial que había recibido una oferta de un tal comisario Villarejo para que su padre hiciera una declaración en contra del procés a cambio de que él reventara la causa judicial contra la familia. La oferta se produjo en el despacho de Javier Iglesias, el abogado que transita la cara oculta del PP en los tribunales. 

Con la detención de Villarejo y uno de sus principales colaboradores, Rafael Redondo, pudo conocerse quién fue el abogado que recogió a Victoria Álvarez en la estación de Atocha y la condujo a la sede de la UDEF para prestar la declaración con la que arrancó el caso Pujol. El letrado Redondo, hoy investigado por pertenencia a organización criminal, pudo presenciar la declaración de Álvarez sin ser policía ni ejercer su representación legal. 

En el escrito de personación que fue rechazado por el juez, el letrado Alberto Carrillo, defensor de Jordi Pujol Ferrusola, aseguraba: “Existen fundados indicios de que algunos de los investigados, y particularmente José Manuel Villarejo Pérez, actuando al margen de cualquier legalidad y sirviéndose de su condición de funcionario público, falsearon documentos de carácter mercantil, obtuvieron información de carácter íntimo respecto de Jordi Pujol Ferrusola y ofrecieron ventajas y cobertura económica y policial a distintos testigos para presentar declaraciones moldeadas de signo pretendidamente incriminador”.

La defensa de Jordi Pujol y sus siete hijos no se queda ahí. Para el juicio por delitos de corrupción que se celebre en la Audiencia Nacional ha pedido desclasificar todos los documentos relacionados con las maniobras parapoliciales del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy contra sus adversarios políticos, y que sus responsables policiales declaren en la vista como testigos, entre ellos el comisario Villarejo. 

Caso Ausbanc

El Tribunal Supremo tiene pendiente resolver el recurso de la defensa de Luis Pineda contra su condena en la Audiencia Nacional a ocho años de cárcel por extorsionar a entidades bancarias desde la supuesta asociación de consumidores que presidía, Ausbanc. En el arranque del juicio en la Audiencia Nacional, el abogado de Pineda, Miguel Durán, afirmó: “Villarejo montó el operativo con el BBVA y, con el concurso favorable de la UDEF, metieron la presión necesaria a la Fiscalía para que hiciera suya la denuncia y se pusiera en marcha la operación judicial”.

Las contrataciones del BBVA a Villarejo forman una de las piezas más relevantes del caso que investiga al comisario en la Audiencia Nacional. A diferencia de los Pujol, García Castellón sí ha permitido la personación de Pineda y su representación ha conseguido recientemente que sea citado a declarar en condición de investigado el policía que dirigía la UDEF Manuel Vázquez. 

En un audio incautado al comisario, Villarejo explica a un expolicía que colabora con él la relación que tiene con la UDEF: “Les damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos”. La conversación es de 2008, cuando la Unidad estaba dirigida por José Luis Olivera, otro comisario procesado en el caso Kitchen e histórico amigo de Villarejo. 

Caso Gürtel

Hasta ahora, las intervenciones de Villarejo no han provocado nulidades, pero hay otros posibles efectos, en parte ocultos, que podrían haber determinado el futuro de los casos de corrupción. El más relevante de ellos, Gürtel. En los audios incautados al comisario, Villarejo confiesa en dos conversaciones con distintos interlocutores cómo reventó el caso de corrupción para que no alcanzar a la cúpula del Partido Popular, incluido José María Aznar. Este fragmento pertenece a una de ellas, registrada el 25 de enero de 2017. Iglesias es el abogado Javier Iglesias, El Largo.

Villarejo: “Aparte de ser la persona más ideal (Olivera) es que se ha pasado toda la puta vida haciendo favores macho a esta gente, joder, que en el 2009, este señor y yo estuvimos jugándonosla esa pal Rubalcaba, estuvimos viéndole y éste (Olivera) emboscado en el puto coche para que no nos mordieran, macho, eh, para el tema de la Gürtel de los cojones… Que la Gürtel los podía haber, vamos, los podía haber mandado a todos a tomar por el culo si no llega a ser por éste… ¡y eso no se puede olvidar en la puta vida!”.

Iglesias: “Empezando por el jefe…”.

Villarejo: “Empezando por el mierda del jefe…”.

Iglesias: “Por el de los bigotes”.