Insinuar fraude sin pruebas puede no encajar hoy en un tipo penal, pero sí deteriora el bien común que hace posible la democracia: la confianza en las reglas del voto

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 unos ladrones arrancaron la caja fuerte de una oficina de Correos en Fuente de Cantos (Badajoz). Dentro había dinero en efectivo y también votos por correo ya emitidos. La caja apareció después calcinada, con las papeletas esparcidas, y la Junta Electoral Provincial habilitó un procedimiento para que las 124 personas afectadas pudieran votar de nuevo y no quedaran privadas de su derecho de sufragio a las puertas del 21-D. La Guardia Civil situó desde el inicio la investigación en el terreno de la delincuencia común: el objetivo del robo era el dinero.

Hasta aquí, un suceso grave, sí, pero con un perímetro claro y una respuesta institucional igualmente clara. Lo preocupante llegó cuando una parte de la política decidió reinterpretarlo no como un delito patrimonial, sino como el prólogo de una conspiración electoral. María Guardiola habló de “robo de la democracia” y sostuvo, en plena campaña, la insinuación del “pucherazo” como si el hecho de que existan mecanismos de reparación –y se activen con rapidez– fuera irrelevante frente al rédito de sembrar sospechas.

Que en una campaña se fiscalice el voto por correo y se exija transparencia es legítimo. Que se transforme un robo común en una acusación de fraude sistémico sin prueba alguna, y que se mantenga el relato incluso cuando las autoridades electorales y la investigación policial encauzan el incidente, es otra cosa: es una estrategia de deslegitimación. Basta con instalar una idea simple, emocional y pegajosa –“nos están manipulando el resultado”– para que el resultado, sea cual sea, quede bajo sospecha preventiva. No hace falta convencer a todo el mundo; basta con inocular la duda en los propios y en los indecisos, y con abrir la puerta a una impugnación social del veredicto de las urnas.

Aquí aparece el núcleo de la hipótesis: esto, hoy, no es delito… pero debería preocuparnos como si lo fuera. En España el Derecho penal se activa con razón cuando hay alteración material del proceso electoral: coacciones, falsedades, manipulaciones del recuento, compra de votos. Sin embargo, la difusión política de una imputación falsa de fraude –si no se traduce en una denuncia formal conscientemente falsa, o no encaja en figuras muy concretas– suele quedar fuera del castigo penal y se refugia en la nebulosa de la “batalla política”. El problema es que, cuando el objeto de la mentira no es un adversario sino la limpieza del procedimiento electoral, el bien lesionado no es solo el honor de alguien, sino la confianza colectiva en las reglas del juego.

Mercedes García Arán ha descrito con una frase la pendiente por la que resbala la democracia cuando el debate se degrada hasta buscar la “destrucción del adversario”: esa dinámica termina llevando a una “peligrosa descalificación del sistema democrático” por parte de la ciudadanía. El bulo de “pucherazo” es la versión más dañina de esa lógica, porque no se conforma con disputar políticas o liderazgos: pone en cuestión la fuente misma de legitimidad que permite gobernar y ser oposición.

Ahora bien, pedir un nuevo delito exige prudencia extrema. Tipificar “bulos” en abstracto sería incompatible con un Estado constitucional: abriría la puerta a tipos penales vagos, fácilmente utilizables contra la crítica política y con un efecto desaliento directo sobre la libertad de expresión. La salida, si se explora, solo puede ser estrecha y garantista. No se trataría de castigar opiniones, exageraciones o metáforas, sino la atribución de hechos falsos y verificables sobre el propio proceso electoral, difundidos con conocimiento de su falsedad —o con desprecio temerario por la verdad— por quienes tienen capacidad real de amplificación institucional, precisamente en el tramo temporal en que más frágil es la confianza pública. Y la respuesta, además, no tendría por qué ser la prisión: en democracia, cuando el abuso está ligado al ejercicio de lo público, las sanciones más coherentes suelen ser las que afectan al acceso y al desempeño de cargos, junto con multas proporcionadas, obligaciones de rectificación inmediata y, sobre todo, una cultura institucional de transparencia que desactive el rumor antes de que se convierta en dogma.

Mientras ese debate no exista, seguiremos atrapados en un incentivo perverso: mentir sobre las urnas sale barato. El desmentido llega tarde, circula menos y rara vez repara la corrosión. Por eso el episodio de Fuente de Cantos importa más allá de sus cifras. Importa porque muestra cómo, ante un hecho grave pero acotado, algunos prefieren el atajo de la sospecha total. Y porque recuerda algo elemental: perder forma parte del contrato democrático. Quien siembra “pucherazos” sin pruebas está rompiendo ese contrato, no con un gesto épico, sino con una erosión lenta y rentable.

El pucherazo electoral es un fantasma que la derecha española invoca o entierra en función de si las urnas les benefician o les perjudican. Después de varias citas electorales alertando abiertamente de un posible fraude en las votaciones de elecciones generales, autonómicas y municipales, tanto PP como Vox han dejado de lado sus bulos preventivos después de las europeas en las que ambos mejoraron sus resultados. Ahora es el ultra Luis 'Alvise' Pérez ha cogido el testigo y ha convertido la bandera de la conspiración en el eje central de la campaña que le ha dado tres asientos en el Parlamento Europeo, desarrollando una táctica electoral importada de Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina o Jair Bolsonaro en Brasil.

Las teorías de la conspiración sobre pucherazos e irregularidades en el recuento de votos suele tener, en primer lugar, una intención preventiva: alertar por adelantado del posible fraude electoral para movilizar al electorado. En los últimos años, tanto el PP de Alberto Núñez Feijóo como Vox se han subido al carro de cuestionar los resultados por adelantado y dejar caer el supuesto escándalo cuando termina la jornada electoral. En las últimas elecciones europeas la estrategia, directamente, ha decaído y en estos comicios no han encontrado motivos para cuestionar el sistema de voto español.

“Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo”, dijo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en el acto de cierre de campaña de las elecciones autonómicas de mayo del año pasado. Mes y medio después, a las puertas de las elecciones generales, el PP volvió a la carga, esta vez con el voto por correo. Feijóo llegó a dirigirse directamente a los carteros para que repartieran “todos los votos” pese “a sus jefes”. Una vez pasadas las diversas citas con las urnas de 2023, la derecha abandonó la teoría de la conspiración, basada sobre todo en la operación judicial contra Coalición por Melilla y las sospechas de fraude en el voto por correo en Mojácar que salpicaron a PSOE y PP.

La estrategia no es un invento de la derecha española. En Estados Unidos Donald Trump tiene un largo historial en cuestionar las elecciones, sobre todo si no le gusta el resultado. En la reelección de Barack Obama, en 2012, Trump invitó a sus miles de seguidores de Twitter a “marchar sobre Washington” para protestar contra la “parodia” electoral. En 2020, cuando claudicó ante Joe Biden y tuvo que abandonar la Casa Blanca, lo hizo antes y después de las votaciones: “La única manera de que perdamos estas elecciones es si son amañadas”, dijo. El voto por correo, afirmó en los días posteriores mientras su derrota se hacía cada vez más evidente, era un “sistema corrupto”.

En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro tiene una amplia experiencia en cuestionar los resultados electorales, sobre todo cuando implicaron que su gobierno iba a decaer en favor de Lula Da Silva. El líder político brasileño de extrema derecha ha sido condenado por cuestionar de forma infundada la fiabilidad del sistema electoral brasileño en los comicios de 2022. En Argentina, el presidente Javier Milei denunció un “fraude colosal” en la segunda vuelta de las elecciones argentinas de 2023. Poco después dio marcha atrás y retiró las acciones legales. Desde que preside el país no se han repetido las denuncias de corrupción electoral.

Vox también ha desarrollado esas técnicas en España y hasta fechas recientes. El pasado mes de marzo, los de Santiago Abascal propusieron una modificación de la ley electoral y que cambie el sistema de recuento del voto por Correo. La extrema derecha parlamentaria también lleva años alentando bulos electorales. En mayo de 2019, pocos días después de las elecciones generales, las primeras en las que consiguió representación en el Congreso. “Que se comprueben una a una todas las actas. En las elecciones autonómicas descubrimos un porcentaje muy importante de votos que estaban mal computados a través de las empresas contratadas por el Gobierno”, dijo Javier Ortega Smith.

En las últimas elecciones, un posible pucherazo electoral no formó parte de los miedos de los partidos de la derecha. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal evitaron agitar el temor a una maniobra del Gobierno para alterar los resultados de las urnas. El mensaje que protagonizó las campañas electorales de 2023 ha decaído ante la amnistía, la investigación judicial a Begoña Gómez y otros asuntos más rentables desde el punto de vista electoral. Y el testigo ha pasado a otras candidaturas y partidos a la derecha de la derecha que llevan años promoviendo este tipo de dudas.

“Seamos claros: ¿Pucherazo en España?”

En el nuevo panorama político español hay un candidato que lleva años alentando estas teorías conspirativas, mucho antes de presentarse a unas elecciones: Luis 'Alvise' Pérez. En su canal de Telegram el hoy eurodiputado electo por 'Se Acabó La Fiesta' lleva varios cursos difundiendo fraude electoral tras fraude electoral, a veces antes de que se celebren los comicios y a veces durante las votaciones, difundiendo fotos o vídeos sin contexto que, según cuenta a su medio millón de suscriptores, prueban maniobras encabezadas por Indra para manipular los resultados de las urnas.

Los ejemplos siguen vivos en su canal. “El PSOE subiendo en escaños. Seamos claros: ¿Pucherazo en España?” preguntó a sus seguidores cuando empezó el recuento de los votos de las últimas elecciones generales. “Las elecciones deben aplazarse y certificar el sistema electoral español con peritos dentro de Indra y sin votos por correo manipulables”, dijo unos días antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Las alusiones a la supuesta corrupción en el recuento de votos, el transporte de papeletas o la gestión del sufragio por correo son algo transversal a años de mensajes en el canal de Telegram de Alvise Pérez, pero el agitador ultra pisó el acelerador hace unos meses, cuando anunció que se presentaba a las elecciones europeas. Su gran reclamo de campaña ha sido aliarse con el perito informático Gabriel Araújo y afirmar que cuenta con algo llamado “Electo-VAR” y un software llamado “Scrutinia” para “controlar a Indra en el recuento de actas electorales”.

Desde el principio de las elecciones, las consignas de Alvise adelantaron por la derecha a cualquier teoría conspiranoica desplegada por líderes políticos a nivel mundial para cuestionar un resultado electoral. Pidió “no votar por Correos, es puro fraude” y centró su campaña en imprimir y repartir papeletas “para evitar el sabotaje electoral”. “Estamos viviendo decenas de delitos electorales en los recuentos electorales. Estamos grabándolo todo para denunciarlo en los tribunales”, dijo durante la jornada de votación.

Las urnas han dado a 'Se Acabó la Fiesta' unos resultados muy por encima de cualquier expectativa: tres eurodiputados y más de 800.000 votos. Pero eso no ha frenado a los colaboradores de Pérez a la hora de cuestionar, en lo que no tiene que ver con su candidatura, los resultados del pasado nueve de junio. Su perito colaborador ha pedido en la red social X que se retiren los escaños de Podemos, Junts y PNV. Pérez afirma, por su parte, que va a forzar el examen del escrutinio en “todos los municipios de este país” y, mientras tanto, ha difundido un pantallazo en el que afirma que el PSOE fue tercera fuerza por detrás de Vox y que su candidatura consiguió dos millones más de votos de los que salieron de las urnas.

No todo es golf y lujo en el Real Club de La Moraleja. En el último año este exclusivo club social, ubicado en el código postal con mayor renta per cápita de España, se ha visto envuelto en una guerra encarnizada entre sus miembros, con acusaciones de “pucherazo” por parte de algunos socios y accionistas al consejo de administración. Los 14 miembros de la directiva del Club, según ha sabido elDiario.es, tendrán que declarar como querellados en un juzgado entre abril y junio para aclarar, entre otras cosas, si la construcción millonaria de una casa club salió adelante con los votos de socios que ya habían fallecido. Por el momento, el Real Club de Golf La Moraleja no ha contestado a las preguntas de este periódico.

El Real Club de Golf La Moraleja fue inaugurado en 1976 y cuenta, en la actualidad, con cuatro campos de 18 hoyos diseñados por el estadouindense Jack Nicklaus, considerado uno de los mejores golfistas de la historia. “Un ambiente distinguido en un enclave único”, afirma su página web para describir sus pistas de pádel, tenis, croquet, su “chalet social” y su spa. Para convertirse en socio hay que pagar una cuota mensual, pero el primer peaje es comprar unas acciones que, según diversos medios de comunicación, cuestan varios miles de euros cada una.

La convivencia entre los socios del Club, presidido por Juan Pablo Ridruejo desde hace una década, se ha resquebrajado en el último año, hasta llegar a los tribunales. Una de las socias ha formado una asociación 'Pro Defensa Socios del Club La Moraleja' y se ha querellado contra el Consejo de Administración, acusándoles de un rosario de irregularidades que incluyen sacar adelante votaciones clave con firmas falsificadas o, incluso, usando el voto de personas fallecidas para alcanzar las mayorías necesarias.

La querella de esta socia, que acaba de ser admitida a trámite por un juzgado de Alcobendas, acusa a los miembros del consejo de administración de conseguir “mayorías ficticias” a través de “delegaciones fraudulentas” de votos, a través del “abuso de firma en blanco, de falsificaciones de la firma” o, incluso, de la delegación de “votos de fallecidos”. Esta socia también denuncia que fue sancionada sin poder utilizar las instalaciones durante tres años como represalia por sus peticiones de información.

Según la querella, que ha podido examinar elDiario.es, esas mayorías supuestamente irregulares se usaron para sacar adelante votaciones clave como las relativas a la construcción de una casa club por un valor de cinco millones de euros. El documento pone encima de la mesa delitos societarios de vulneración del derecho de información y al control de la actividad social, así como otro de imposición de acuerdos lesivos y, de forma subsidiaria, un tercer delito de falsedad documental.

El caso ha caído en manos de un juzgado de instrucción de Alcobendas, que en los últimos días ha decidido admitir a trámite la querella, incoar diligencias previas, poner la apertura del caso en conocimiento de la Fiscalía y llamar a declarar a todos los querellados. Un total de 14 miembros del consejo de administración de Golf La Moraleja S.A que tendrán que comparecer en varias tandas entre abril y junio de este año. Esa decisión todavía es recurrible.

“Al menos” 15 votos de socios muertos

La querella explica que esta socia y otros solicitaron, sin éxito, conocer la relación exacta de las delegaciones de voto, tardando varios años en obtener algunas de ellas y solo a través de un notario. Denuncia también “ciertas vinculaciones empresariales” entre los miembros del consejo y apunta a diversas informaciones periodísticas de El Independiente y El Mundo sobre el conflicto abierto en el Real Club de Golf para solicitar la apertura de una causa.

Estas irregularidades, afirma, arrancaron en una Junta de 2016, aunque esos votos sospechosos no fueron clave para sacar adelante los acuerdos, lo que según reconoce la propia querella le quita relevancia penal a los hechos. No pasa lo mismo con las votaciones de 2019 en las que el Club aprobó la construcción de una casa club nueva por cinco millones de euros.

Afirma tener constancia de “al menos” 15 votos de personas que, para entonces, ya habían fallecidos, y asegura estar en disposición de aportar hasta 40 testigos. Personas que afirmarán que “o bien no han efectuado ninguna delegación de voto a favor de los miembros del Consejo, o bien se ha abusado de su firma en blanco pues no se ha autorizado expresamente a votar a favor en este punto del orden del día de la construcción de la casa club”.

“De no contar con los votos delegados fraudulentos la propuesta no habría salido adelante y no se habría perjudicado a los socios con el endeudamiento y aumento de cuotas”, subraya la querella. “En unos casos o la delegación está en blanco solo con la firma, o la letra del texto no es del socio autorizando el voto favorable a este acuerdo”.

En su auto, la magistrada Lidia María Paloma afirma que esta exposición de hechos “presenta características que hacen presumir la posible existencia de delitos societarios” y abre diligencias para llamar a declarar al consejo de administración, aunque especifica que lo hace “no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido”.

El ecosistema político melillense tiene, desde hace casi tres décadas, uno de los especímenes parlamentarios más particulares que se pueden encontrar a uno y otro lado del Mar de Alborán. La Coalición por Melilla fundada en 1995 por Mustafá Aberchán ha gobernado la ciudad autónoma con aliados que van desde Jesús Gil hasta el PSOE y Ciudadanos, ha formado parte de Izquierda Unida y hasta hace unas horas estaba en la alineación del acuerdo del Turia. Ahora el partido y su fundador vuelven a estar, una vez más, bajo la lupa de la Justicia por un supuesto fraude electoral de cara a la cita con las urnas del próximo domingo. Una vez más, porque Aberchán ya fue condenado en firme en el pasado por manipular el sistema de voto por correo.

Mustafa Hamed Moh Mohamed Aberchán (Melilla, 1959) obtuvo la nacionalidad española, como miles de musulmanes y melillenses y ceutíes, en la segunda mitad de la década de los años ochenta, y una década después fundaba Coalición por Melilla (CpM). Un partido que se define a sí mismo como “progresista, localista, sin ataduras ni directrices nacionales” y que no tardó en mostrar su fuerza: ese mismo año se quedó a 1.200 votos del PSOE y cuatro años más tarde se ponía al frente del Ejecutivo.

Al timón, desde el principio, ha estado Mustafá Aberchán. Médico de profesión y procedente de las juventudes socialistas, su discurso político siempre ha pasado por encabezar un partido desconectado de Madrid y representativo de la variedad cultural y social melillense. Pero a lo largo de su existencia, el partido de Aberchán ha firmado unas alianzas políticas que rozan lo inédito en la democracia española.

La primera y más rocambolesca es la que le llevó a ser presidente de la ciudad autónoma entre julio de 1999 y ese mismo mes del año 2000. Coalición por Melilla fue el segundo partido más votado en esas elecciones por delante de PP y PSOE y solo por detrás del Grupo Independiente Liberal (GIL) que lideraba Jesús Gil, alcalde de Marbella que unos meses antes había sido encarcelado y para quien la Fiscalía pedía entonces más de tres décadas de prisión.

En la votación de investidura, Aberchán fue proclamado presidente con una de las combinaciones más improbables de la asamblea melillense: con los votos de su partido, del GIL, del Partido Independiente de Melilla y de dos diputados del PSOE que se saltaron las órdenes de Ferraz de no firmar pactos que incluyeran al partido del presidente del Atlético de Madrid.

Ese pacto duró un año. Aberchán abandonaba el bastón de mando cuando sus propios socios le daban la espalda y aupaban como presidente a Juan José Imbroda, entonces líder de Unión del Pueblo Melillense, puesto en el que permaneció hasta 2019 y al que aspira a volver como cabeza de lista del PP en las elecciones de este domingo. Ese año 2019 Coalición por Melilla volvió al Gobierno de la ciudad autónoma junto con PSOE y Ciudadanos. Desde 2003, el partido de Aberchán ha sido siempre el segundo más votado en los comicios melillenses.

Condenado por fraude electoral

Hasta aquí los números políticos y electorales de un partido que se define como progresista y que ha firmado acuerdos y alianzas con prácticamente la totalidad del arco parlamentario sin bajarse del podio electoral de Melilla en las últimas dos décadas. Y a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales el partido cuya lista ya no lidera Mustafá Aberchán se encuentra en uno de sus momentos más delicados, con al menos un candidato acusado de fraude electoral. Pero no es la primera vez que pasa y, de hecho, sus problemas con la Justicia le han impedido presentarse como cabeza de cartel.

La Justicia ha certificado que en el pasado Coalición por Melilla no ha jugado limpio. Tampoco el PSOE. Según certificó en firme el Tribunal Supremo, fue en 2008 cuando ambos partidos decidieron ir en coalición a las urnas y cuando pusieron en marcha un sistema fraudulento en el sistema de voto por correo para obtener más apoyos en la carrera hacia el Senado.

Según declaró probado el Tribunal Supremo hace dos cursos, el sistema era parecido al que investiga la Policía Nacional a día de hoy. Conseguir que la gente solicitara el voto por correo y que en el sobre fuera la papeleta de la coalición a cambio de promesas como ser contratado en planes de empleo en un momento en el que la tasa de paro melillense duplicaba la estatal.

El hoy líder pero no cabeza de lista por CpM, según dijo entonces el Tribunal Supremo, no se manchó las manos captando votantes, pero sí “dirigía y supervisaba lo que se hacía en la sede de su partido, habiendo acudido en alguna ocasión a Correos para interesarse por la marcha del plan”. El resultado, una condena firme de dos años de cárcel por falsedad documental y delitos electorales. Una condena en la que fue acompañado por Dionisio Muñoz, entonces al frente del PSOE melillense.

Esa condena, que no tuvo que cumplir entre rejas al carecer de antecedentes penales, llegó en un momento delicado. Era febrero de 2021 y Coalición por Melilla llevaba dos años en el ejecutivo de la ciudad autónoma. Su condena, además incluía 30 meses de inhabilitación. El gobierno tripartito aguantó con dos de sus componentes, PSOE y CpM, implicados en el escándalo de compra de votos de 2008. Dionisio Muñoz había dejado sus cargos en 2015.

En ese caso la condena de Aberchán llegó por varios testimonios que le ubicaban en la cúspide del sistema de compra de votos emitidos por correo, algo que él siempre negó. Dos de sus familiares más directos también forman parte de la lista de condenados en ese caso de fraude en el voto por correo. Un voto por correo que, dijo el Supremo, tiene unos trámites “fácilmente manipulables”.

“Han ordenado detenerme”

El fantasma del voto por correo volvió hace un mes a la ciudad autónoma. “Tráeme los votos que yo te los compro todos, ¿vale hermano? Yo no voto a CpM, yo voto al Partido Popular”. Es lo que se podía escuchar en un audio que Mustafá Aberchán expuso en rueda de prensa, afirmando que la voz pertenecía a alguien cercano al Partido Popular.

En medio del cruce de acusaciones llegaba la advertencia de Sabrina Moh, delegada del Gobierno en Melilla. La Policía Nacional mantenía abierta una investigación, una vez más, por un posible fraude en el voto por correo. En total 10.000 personas de 55.000 electores habían pedido el voto por correo, un porcentaje alto bajo sospecha, en el resto de España está en el 3%.

La causa está bajo secreto de sumario aunque este periódico ha ofrecido algunas claves en las últimas horas. Esta misma semana se han practicado hasta una decena de detenciones y uno de los arrestados, que ha quedado en libertad, es el consejero del gobierno melillense por CpM Mohamed Ahmed Al-lal, número tres en las listas de la formación para las elecciones del domingo. Otro es yerno de Mustafá Aberchán y, por ahora, los investigadores creen que el líder del partido, por segunda vez, está implicado en una trama de compra de voto por correo.

Aberchán, que por el momento no figura en la nómina de imputados por parte de la magistrada que lleva el caso, lo niega todo. “Hemos sido agredidos con una noticia”, dijo cuando elDiario.es reveló que estaba bajo la lupa de la Policía. Y llegó a afirmar que tenía conocimiento de que la delegada del Gobierno había ordenado “perseguir a CpM y detener al presidente de CpM” a mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Todo esto ha sucedido después de algo que sorprendió en Melilla y en Madrid. Coalición por Melilla y su líder Aberchán formaban parte del cartel de presentación del 'Acuerdo del Turia', la alianza trenzada entre partidos de izquierdas como Más País, Verdes Equo o Compromís que Yolanda Díaz pretende incluir en su coalición de Sumar. Apenas dos años después de la condena de su líder por encabezar una trama de compra de votos. Hace unos días, las formaciones que integran este grupo decidieron la expulsión del partido melillense.

Por ahora varias de las detenciones, empezando por el consejero Al-lal, están relacionadas con el parido de Aberchán aunque de momento la causa está bajo secreto y no se conoce qué acusación pesa sobre los imputados. Según ha sabido este periódico, por ahora y de manera indiciaria dos ilícitos que apuntan a una presunta trama: delito electoral y pertenencia a grupo criminal.

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La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, ha defendido que han sido “tremendamente escrupulosos” a la hora de elaborar el censo provisional para las elecciones al campo, que se celebrarán el 8 de mayo, pero Ciudadanos y PP han denunciado la desaparición de ese listado de 1.200 electores, lo que, a su juicio, parece “un pucherazo”.

Bernal ha comparecido en el pleno de la Asamblea para explicar el procedimiento electoral que determinará la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias legalmente constituidas en Extremadura, a instancias de Cs, en una propuesta impulsada conjuntamente con Unidas por Extremadura dada su condición de grupos minoritarios, si bien la coalición no comparte su contenido.

La titular de Agricultura ha detallado que el censo inicial facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social contiene 10.889 personas físicas mayores de edad, con vecindad en Extremadura, afiliadas a la Seguridad Social y en situación de alta como trabajadores agrarios por cuenta propia o autónomos. A este censo se han presentado 1.116 reclamaciones de personas físicas hasta la fecha, de las que se han resuelto favorablemente 739 que se han incluso ya en el censo provisional que asciende a 11.628 electores.

Se van a excluir por presentación fuera de plazo seis y someter a subsanación, por cometer errores o no aportar toda la documentación requerida 371, de las que 133 ya se han remitido, por lo que quedan por cursar 238 que se están enviando durante esta semana a esas personas físicas, ha precisado.

En cuanto a las personas jurídicas, cuyo plazo de inclusión finalizó el 14 de enero, frente a las 48 solicitudes registradas en las elecciones de 2017, a la consejera le llama la atención que para estas elecciones han pedido su inclusión alrededor de 470 y tras revisar unas 200 hasta la fecha, se han detectado solicitudes “duplicadas”, con objeto social que no es agrario, muchas de ellas de “venta de bebidas alcohólicas, construcción o energías renovables” o que no acreditan el 50 % de esta actividad.

“En todos estos casos hablamos de solicitudes presentadas por entidades colaboradoras como APAG Extremadura Asaja, Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos (APAG) y Agro Gestión Integral SL, y no acreditan su representación ni presentan solicitudes firmadas”, ha manifestado.

Reclamaciones al censo definitivo

García Bernal ha remarcado que al censo definitivo, que se publica a los 10 días del inicio del procedimiento electoral, también se pueden presentar reclamaciones, que deben estar resueltas en 10 días y que pueden ser recurridas en tres días. Se trata, ha dicho, de un proceso que ofrece “plenas garantías democráticas” y que persigue que “toda aquella persona que por su condición tenga derecho a ser electora en estas elecciones pueda hacerlo”.

Una vez que esta primera fase haya transcurrido, ha explicado, se procederá a la convocatoria del procedimiento electoral en un decreto aprobado en Consejo de Gobierno, al que seguirán todos los pasos que marca la ley, desde la formalización de la Comisión Central, Juntas Provinciales, hasta el cierre del censo, habilitación del voto por correo, relación de mesas electorales y presentación de candidaturas por parte de las organizaciones agrarias, en sus respectivos plazos.

Ante las críticas de la oposición, Begoña García ha aseverado que cuando “se habla de pucherazo, se habla de delito electoral”, por lo que ha invitado a Cs a retirar esta acusación o llevarla a los tribunales, a lo que el diputado de la formación naranja Fernando Baselga ha contestado que no lo descarte en caso de que no se incluyan y puedan votar las personas que han “desaparecido” del censo, “entre otros los directivos de Asaja”, en relación a las elecciones de 2017.

En su intervención, Baselga ha criticado falta de transparencia en este proceso por, entre otras cuestiones, la imposibilidad, según dice, de consultar el censo provisional y ha asegurado que su partido lo único que quiere es que “las elecciones se hagan con limpieza”.

La diputada del Grupo Popular Mercedes Morán, quien ha coincidido con Cs en la ausencia de 1.200 electores, “la mayoría votantes de Asaja”, ha afirmado también que “algo de pucherazo parece que hay”. “Solo le falta esconder una urna detrás de la cortina para que gane las elecciones el candidato amigo, porque quieren resultados que les sean cómodos”, ha dicho.

Desde Unidas por Extremadura, su portavoz, Irene de Miguel, ha explicado que no están de acuerdo con la propuesta de Ciudadanos pero creen en su derecho de poder presentarla de ahí que la hayan impulsada de forma conjunta por la aritmética parlamentaria, como han hecho otras muchas iniciativas.

“Decir que hay pucherazo y fraude electoral cuando estamos hablando de censo provisional me parece demasiado”, ha matizado De Miguel, según la cual su formación será la primera en denunciar si estas elecciones “no se desarrollan con garantías suficientes”, pero ha reclamado que “se deje de manipular, desinformar e instrumentalizar” al sector primario por “intereses partidistas”, porque “lo que se hace es perjudicar al campo”. 

PP, Cs y Unidas por Extremadura han denunciado este jueves en la Asamblea el intento de “pucherazo”, como ha denunciado el portavoz del PP, Hipólito Pacheco, de la Junta en las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, cuyo composición del pleno se ha modificado a través de un decreto ley.

Economía ha logrado sacar adelante, gracias a la mayoría absoluta del PSOE, la convalidación del decreto-ley 5/2021 que incorpora 106 millones de euros en ayudas directas a autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España. Pero en este documento también se han incluido aspectos tan dispares como ayudas urgentes para realizar actividades de ocio y tiempo libre y educación no formal para niñas y niños de 2 a 5 años, la aprobación de una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, ayudas financieras a autónomos y empresas, y, por último, la modificación de la Ley 3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios.

Este último capítulo es el que ha suscitado los mayores ataques de todos los grupos parlamentarios de la oposición y, a pesar de las diferencias ideológicas, han coincidido en sus argumentos.

Con la modificación de la ley extremeña de Cámaras de Comercio se abre por completo la puerta de ambas corporaciones de derecho público, tanto la de la provincia de Badajoz como la de Cáceres, a la “organización más representativa” del empresariado extremeño, es decir a la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), que a partir de ahora tendrá ocho asientos directos en los plenos de cada Cámara.

El portavoz del PP, Hipólito Pacheco, ha anunciado que el decreto “terminará en los tribunales” porque se modifica una ley “a palos y negando la posibilidad del debate parlamentario para que ni las empresas ni los medios se enteren del pucherazo”. Además, ha denunciado que las ocho vocalías que consigue la patronal son “en perjuicio de los sectores económicos más humildes y que son los más numerosos en Extremadura: las pymes y los autónomos”.

Por ello, Pacheco ha considerado que la CREEX llegará “dopada y con ventajas” a las próximas elecciones de las Cámaras, que deberán celebrarse en el segundo semestre del año que viene.

También ha recordado que la CREEX recibe alrededor de un millón de euros de ayudas públicas “sin control y sin rendir cuentas”.

El portavoz de Cs, David Salazar, ha calificado como un “abuso” la nueva representación en las Cámaras de Comercio y ha afirmado que responde a un “intercambio de favores y al pago de los servicios prestados” por la patronal a la Junta de Extremadura, a pesar de que va “contra la democracia, las instituciones y la independencia”.

Por su parte, el portavoz de Unidas por Extremadura, Álvaro Jaén, ha subrayado que la modificación de la Ley de Cámaras se produce a propuesta de la CREEX, como ha admitido el consejero de Economía, Rafael España, y también ha lamentado que las cuentas de la patronal extremeña no sean transparentes y públicas, a pesar de que se embolsa cerca de un millón de euros en ayudas. “¿Dónde está el dinero que cobra su secretario general? ¿Les damos ocho asientos para alterar el pleno de las Cámaras y que no den cuentas del dinero público que perciben?”, ha cuestionado.

Para Jaén es un “escándalo inadmisible”, pero “se puede decir que es un pago por el mantenimiento de lo que la Junta llama paz social”.

El PSOE ha tenido que salir en defensa de esta modificación en la ley y su portavoz, Rafael Lemus, ha asegurado que “a día de hoy, la CREEX está libre de toda acusación”, en relación al supuesto fraude en los cursos de formación que denunció el Gobierno de José Antonio Monago en en 2015.

Lemus ha acusado al PP de “señalar” una y otra vez a la CREEX y a los sindicatos buscando el enfrentamiento continuo“ y ha llamado la atención por la coincidencia de los argumentos del PP y de Unidas por Extremadura.

Cuando, a mediados de septiembre del año pasado, el juez que instruye la causa sobre el presunto pucherazo en las elecciones de 2015 y 2019 en el municipio grancanario de Mogán ordenó la entrada y registro en el Ayuntamiento sureño y en la sede del partido local Ciuca (Ciudadanos por el Cambio), ya había apreciado algo más que indicios de la existencia de una “organización criminal” dedicada a la compra y tramitación fraudulenta de votos. 

En el auto que autorizó esa intervención, el magistrado Francisco Javier Ramírez de Verger-Vargas define como “objetivos, accesibles y verificables” los hechos detallados en los últimos informes del equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, unos pormenores que, según sus propias palabras, sugieren “seriamente” la participación de la alcaldesa, Onalia Bueno, y de los otros dos concejales de ese partido detenidos en la operación, Mencey Navarro y Tania Alonso, en las actuaciones presuntamente delictivas. 

Las pesquisas no se limitan al delito electoral y contra la administración de Justicia. La investigación va más allá y relata, según el instructor, hechos que, de ser acreditados durante la fase de juicio, pueden ser constitutivos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. Tres delitos que habrían sido cometidos una vez que los integrantes de esa organización accedieron a los cargos públicos en el Consistorio sureño. 

Nueve meses después de las detenciones y registros, el juez ha citado a declarar a partir de este miércoles y hasta el próximo 12 de julio a las diez personas que permanecen investigadas en la causa (además de a un representante de Ciuca) y a 18 testigos que desfilarán por la sala 15 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, el espacio habilitado para estas comparecencias vespertinas (empezarán todas a partir de las 15.00 horas) ante la imposibilidad de hacerlo en las salas de vistas de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, sin aforo suficiente para albergar a más de una decena de abogados.

La ronda de declaraciones se iniciará con Francisco González. El exalcalde de Mogán y compañero de Onalia Bueno en el Partido Popular (PP) hasta la expulsión de la actual regidora de la formación conservadora en 2007, tras el estallido del caso Góndola de presunta corrupción, presentó el 17 de julio de 2015 la denuncia que propició la apertura de unas diligencias previas que fueron archivadas provisionalmente casi de inmediato. Sin embargo, apenas diez meses después Ramón Trujillo, conocido en el pueblo marinero de Arguineguín como el Perraya, contó que en 2015, tras dos años desempleado, trabajó a las órdenes de Onalia Bueno para captar a electores en situación de precariedad a cambio de 50 euros. Después de esos comicios, obtuvo un empleo “suscrito” al Ayuntamiento sureño. 

El testimonio de Trujillo dio pie a una investigación de la Guardia Civil que desembocó, ya en junio de 2019, en la reapertura de las actuaciones. El Perraya, que está citado a declarar el miércoles 7 de julio, no solo se ha ratificado en sus declaraciones y ha descrito la mecánica de ejecución de la compra de voluntades, tanto en la modalidad de voto por correo como de voto directo, sino que además ha denunciado haber recibido una oferta de trabajo y 3.000 euros desde el entorno de Onalia Bueno para que cambiara su versión de los hechos, lo que ha dado lugar a otro procedimiento judicial que se tramita en paralelo. 

Ese 7 de julio está previsto que comiencen las declaraciones de los imputados. Además de Trujillo (que es denunciante e investigado), comparecerán ante el juez la alcaldesa, Onalia Bueno; los concejales Mencey Navarro y Tania Alonso; el funcionario Salvador Álvarez, que ha ejercido como persona de confianza de la regidora y coordinador municipal durante los mandatos de Ciuca y tildado como el “intermediario o conseguidor”, y el empresario Luis Oller, presidente de Aguas de Arguineguín y considerado por los investigadores como uno de los presuntos financiadores de Ciuca para el fraude electoral. 

El lunes siguiente, 12 de julio, será el turno de otros cuatro investigados. Uno de ellos es José Monzón, Pepe el Japonés, un conocido colaborador de Ciuca que en una de las grabaciones que obran en el sumario relata al exalcalde Francisco González cómo era el proceso de compra de votos. Los otros son Marzouk Ghalidi, líder de la comunidad marroquí en la urbanización turística Puerto Rico S.A., y Yasmina Suárez y Carmen Lidia Caballero, simpatizantes de la formación local liderada por Onalia Bueno. Antes, los días 23, 25, 28 y 29 de junio, acudirán a los juzgados más de una decena de testigos que admitieron ante la Guardia Civil haber recibido ofertas para votar a Ciuca a cambio de una cantidad de dinero, de la promesa de un trabajo o de una vivienda de protección oficial. 

Aparte del delito electoral y contra la administración de justicia, de los hechos constreñidos a ese pucherazo, las pesquisas se extienden a las contrataciones, concesiones, autorizaciones de licencias, obras o proyectos urbanísticos concedidos por el gobierno municipal durante los mandatos de Bueno. De ahí que se hable de los posibles delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. Los investigadores tratan de determinar quiénes fueron los financiadores y beneficiarios de las actuaciones presuntamente delictivas de Ciuca y de su lideresa. Y es que el juez instructor ya advirtió en el auto de entrada y registro de que “existe un nexo y continuidad entre la presunta actividad criminal de compra y trámite fraudulento de votos con los delitos contra la administración pública que presuntamente se han producido con posterioridad”. Se trata, en definitiva, de dirimir si el grupo de gobierno concedió favores (empleos, autorizaciones) a quienes colaboraron en esa campaña, ya sea financiando la compra o votando a favor de la organización política.

Ciudadanos no acaba de zafarse de las sospechas de irregularidades que se ciernen aún sobre las primarias celebradas en marzo de 2019 para elegir a sus candidatos autonómicos. Pese a haber logrado enterrar el escándalo del pucherazo de Castilla y León, que finalmente dio la victoria en las primarias a Francisco Igea frente a a la exdirigente del PP, Silvia Clemente, el partido continúa teniendo dos casos abiertos en los tribunales, uno en Murcia y otro en Madrid.

En Murcia, el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha vuelto a requerir a la dirección del partido que entregue al juez de Cartagena la información que omitió referida al presunto fraude de las primarias que dieron la victoria a Isabel Franco, actual vicepresidenta del Gobierno murciano, frente a su rival, Leonardo Pérez, que denunció el caso.

En un informe de la UDEF, al que ha tenido acceso la edición regional de este periódico se especifica que el partido, presidido entonces por Albert Rivera, solo aportó documentación sobre dos de los cuatro puntos requeridos judicialmente en octubre del año pasado y dijo que no podía aportar directamente el listado completo de IPs (Protocolo de Internet) ni el de cada uno de los identificadores de voto, “pues según consta en el escrito aportado por Ciudadanos tales evidencias están en posesión de la entidad encargada de obtener las mismas, Lazarus Technology”, la empresa que supervisó el proceso telemático.

La Policía Nacional verificó el pasado octubre que Franco sumó al menos catorce votos de dos IP estáticas de otras comunidades en las primarias que la designaron candidata de Ciudadanos a las elecciones del 26M. Los indicios apuntan a un presunto fraude en dichas votaciones.

El lunes pasado, la portavoz adjunta de Ciudadanos, Lorena Roldán, aseguró que el partido, que intentó, sin éxito, personarse en el caso al sentirse “parte perjudicada”, siempre ha estado dispuesto a la “máxima colaboración” con la Justicia y entregará esa documentación. “Estamos a disposición de cualquier requerimiento que nos llegue del juzgado”, insistió. Pero de aquellas primarias han pasado nueve meses y siguen sin entregarla.

El otro caso todavía sin cerrar es el de las primarias celebradas en Madrid, que también fueron impugnadas -aunque por motivos totalmente diferentes- por uno de los 14 candidatos que se enfrentaron a Ignacio Aguado para la candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El demandante fue Juan Carlos Bermejo, el empresario y economista madrileño, afiliado de Las Rozas, que presentó una denuncia en el Juzgado 61 de Madrid por sentirse discriminado en el proceso del que pidió su nulidad. Entre otras cosas, Bermejo denunció que Aguado no respetó la 'jornada de reflexión' de la campaña de primarias y concedió entrevistas a varios medios de comunicación aprovechándose de su condición de portavoz y líder de Ciudadanos en Madrid. Además, unió a ello la falta de “neutralidad” demostrada por muchos dirigentes de la dirección de la formación que apoyaron sin tapujos al aspirante oficial.

Después de que se fijara fecha para la vista oral, antes de estallar la pandemia, tras la victoria de Arrimadas, el propio Bermejo inició negociaciones con la nueva dirección de Ciudadanos para intentar llegar a un “acuerdo amistoso” para zanjar la causa extrajudicialmente. Las condiciones que pone el empresario a cambio de dar carpetazo al tema son que se impulse un reglamento claro que mejore los mecanismos de control interno, que se garantice una mayor transparencia en el proceso, e igualdad entre todos los aspirantes al cargo, sin permitir la presentación de afiliados que no pertenezcan a la agrupación provincial, es decir, de 'cuneros'.

De paso, Bermejo ha pedido también a la nueva dirección que sustituya al actual secretario de Organización de Madrid, César Zafra, al que considera artífice del malestar interno que hay a nivel regional. También exige que se reduzcan a siete las Consejerías de la CAM “como en la época de Cifuentes”, y que acepten sus conocimientos como economista para trabajar como asesor externo para el partido “sin remuneración alguna”, puntualiza.

El caso quedó a la espera de fijar fecha para que ambas partes lo solventaran y evitar así el juicio. Sin embargo, al comprobar que en Murcia no había avances y que el partido seguía sin cumplir con los requerimientos del juzgado de Cartagena, el exrival de Aguado –muy molesto porque el partido, además, llegó a negar la negociación entre ambas partes–, amenazó con reactivar su denuncia si antes de que finalizara el lunes la dirección no cumplía su palabra y depositaba la documentación requerida. “La nueva Ejecutiva no puede crear dudas sobre su transparencia y honestidad”, señaló Bermejo en su perfil de Twitter tras alegrarse de las declaraciones de Lorena Roldán.

Aunque el madrileño considera “un buen gesto” las palabras de Roldán, está a la espera de que se hagan realidad. “No quiero convertir tampoco esto es un ultimátum, pero quedamos en darnos un plazo hasta el 16 de agosto para que se materialice el acuerdo. No obstante, si llegada esa fecha no han contestado a mis peticiones, reactivaré la denuncia”, advierte Bermejo en conversación con elDiario.es.

El Juzgado de Instrucción 4 de Burgos ha abierto diligencias previas sobre el proceso de primarias de Ciudadanos de Castilla y León tras la denuncia interpuesta por un grupo de particulares residentes en Burgos, según ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un comunicado.

El Juzgado, que instruye la causa a raíz de la denuncia formulada por un particular burgalés, toma la decisión a pocos días de que se cumpla un año del proceso electoral que enfrentó a Francisco Igea y a Silvia Clemente por el liderazgo de Ciudadanos en la Comunidad. Primarias que se saldaron con la victoria del actual vicepresidente de Castilla y León,tras descubrirse un presunto pucherazo. Según adelantó entonces este diario, había más votos contabilizados que votantes censados y además, estos se emitieron desde un mismo ordenador.

La Comisión de Valores y Garantías de Ciudadanos se vio obligada a dar la razón al entonces diputado y miembro de la Ejecutiva, Francisco Igea, y decidió invalidar la victoria de Silvia Clemente, candidata favorita del líder del partido, Albert Rivera, y que había sido hasta entonces presidenta de las Cortes de Castilla y León y consejera con el Partido Popular.

Ahora, cuando se va a cumplir un año del pucherazo y mientras Ciudadanos está inmerso en la elección de su nuevo líder en una competición entre Igea e Inés Arrimadas, la jueza de Burgos ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre si la competencia para instruir la causa debe llevarla un juzgado de Burgos o un órgano judicial de Valladolid.

Hace 40 años pasó algo similar: en Mogán votaron hasta los muertos. En 1979 hubo que repetir las primeras elecciones democráticas en este municipio del Sur de Gran Canaria ante las evidencias de pucherazo. Las sospechas de manipulación se han producido en otras citas electorales, pero este 26M pasará a la historia local como el domingo electoral más turbio de las últimas cuatro décadas. Tanto, que la sombra del fraude puede acabar con la repetición de elecciones en Mogán.

Así lo ha pedido formalmente Nueva Canarias a la Junta Electoral de zona, en Santa María de Guía. Ha impugnado el escrutinio y el proceso completo, las elecciones, para que se anulen y repitan como en 1979. El PP se ha sumado a esta reclamación horas después en los mismos términos. 

La presunta compra de votos y la grabación en la que se escucha a la alcaldesa bajo sospecha, Onalia Bueno (Ciuca, aliado de Coalición Canaria), explicar a un colaborador cómo manipular el voto por correo han sido indicios suficientes para que la Guardia Civil y la Fiscalía investiguen esas denuncias. Y para que esos atestados ya estén en manos de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana.

Las grabaciones son la parte fundamental de este presunto pucherazo. Tanto, que la Guardia Civil ha reclamado el audio original sin el corte de nombres y apellidos de vecinos que se ha difundido. En ese audio se escucha a la alcaldesa decir que “lo importante es que cuando el sobre llegue a casa [de cada vecino, para votar por correo] te llamen y no lo abran, para yo decirte cómo es el rollo”. Un indicio de que esos votos por correo no serían fruto del libre y secreto derecho al voto.

Es más, la alcaldesa de Mogán le explica a su interlocutor, que no está muy al tanto de cómo es el proceso, que “yo te mando a una persona para que te lo haga todo de una sentada”; “yo te lo puedo hacer, yo te lo hago. Hay una persona que te lo hace”.

A raíz de la publicación de esa conversación en Canarias Ahora el 9 de mayo, en la que también queda claro que la alcaldesa manejó el censo electoral antes de lo que permitía la ley, el 28 de abril [la fecha de creación del audio, 20 de abril, así lo demuestra], fue cuando se reactivaron las pesquisas por parte de la Guardia Civil. Dos empresarios muy conocidos en Arguineguín, el principal pueblo del municipio, denunciaron lo que veían con sus propios ojos delante de sus negocios: compra de votos, trapicheo entre presuntos traficantes de votos y concejales...

Esas diligencias policiales las instruye el equipo judicial de la Guardia Civil en el puesto de Puerto Rico, principal enclave turístico de Mogán. Y esos atestados han sido remitidos al juzgado de guardia de los de San Bartolomé de Tirajana, que a su vez los trasladó al Decanato para su reparto. La investigación, a la que también se ha unido la Fiscalía tras denunciar formalmente Nueva Canarias estos hechos en la Delegación del Gobierno, sigue su curso, explican las fuentes consultadas.

Durante las semanas previas al 26M han pasado a declarar por dependencias de la Guardia Civil colaboradores del partido de la alcaldesa, presuntos traficantes de votos, y otros denunciantes de los presuntos pucherazos anteriores, como el que todavía se instruye de 2015. En ese, también hubo denuncias y grabaciones, en las que se escuchaba a otro conseguidor de votos de la alcaldesa contarle a su rival , el exalcalde del PP Paco González, cómo compraron voluntades hace cuatro años.

Hay otros datos significativos que hacen creer que las elecciones en Mogán no han sido limpias este 2019. El voto por correo se ha triplicado con respecto al de 2015, con casi 1.500 papeletas no presenciales. En un municipio con un censo de poco más de 11.000 votantes y con una participación del 70% (votaron casi 8.000), el porcentaje es significativo. Lo hicieron por correo más del 18% de los votantes.

Esos datos contrastan con los de votos emitidos por correo en toda la provincia de Las Palmas, que fueron casi 15.000. Un 10%, por tanto, solo en Mogán, que cuenta con el 0,3% de los votos depositados en los municipios de las tres islas orientales.

Para los denunciantes, son suficientes indicios para paralizar el proceso, que siga la actual corporación de 2015 en funciones y que se aclaren todos estos extremos, en el caso de que la Junta Electoral rechace repetir elecciones. No en vano, la lista de la alcaldesa ha obtenido un resultado que pocos en Mogán se lo creen: nunca antes una candidatura obtuvo esos 4.300 votos del domingo pasado.

Ni siquiera cuando los ahora enemigos estaban todos juntos bajo las siglas del PP en 2007. En aquella ocasión en la que el exalcalde Paco González y su otrora mano derecha Onalia Bueno fueron detenidos en el marco de la operación Góndola, ese PP unido obtuvo esos mismos 10 de 17 concejales que ahora detenta Ciuca, su escisión tras la ruptura entre ambos, pero con 3.400 votos.

La Plataforma de Afectados por las Primarias de Ciudadanos ha presentado este viernes una denuncia contra el partido de Albert Rivera ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Madrid para que investigue y actúe contra la dirección nacional por los presuntos pucherazos cometidos en los procesos de primarias que tuvieron lugar el pasado mes de marzo.

Tras esos procesos, y ante las quejas de varios afectados, las únicas “irregularidades” reconocidas por Ciudadanos fueron las destapadas en Castilla y León, que terminaron invalidando la candidatura de Silvia Clemente -ex del PP fichada por el partido-, y dando por ganador al diputado Francisco Igea. Este caso está siendo investigado por la Fiscalía de Valladolid.

Esta nueva denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, que se ha materializado coincidiendo con el cierre de la campaña electoral del 26M, ha sido presentada por el representante del bufete de abogados Legal-Orbis, David González, y el portavoz de la Plataforma y concejal de Villaviciosa de Odón, Miguel Sáinz, ex edil de Cs y ahora candidato de Contigo. En ella aportan el informe particular que han realizado los peritos judiciales del bufete, por encargo de la Plataforma, en el que se considera que durante los procesos de primarias el partido pudo haber incurrido en presuntos delitos de “falsedad documental, corrupción entre particulares, revelación de secretos, y daños informáticos”.

Según los abogados, de confirmarse estos delitos y “haber una sentencia condenatoria”, podría suponer para Ciudadanos su disolución como partido, e incluso penas de cárcel para los dirigentes a los que se considerara responsables.

Tanto Sáinz como González han acusado al partido haber sido “cicateros” por haberles entregado “tarde y mal” los datos requeridos para elaborar su informe, como los listados de la IPs desde donde se emitieron los votos, “que nos los dieron incompletos”, así como “una serie de códigos de autenticación de la emisión teórica del voto, que no tienen por qué corresponder con el voto en sí”, afirman.

La Plataforma pidió a la Comisión de Garantías y Valores del partido que realizara una auditoria externa para dirimir si una vez que se destapó el pucherazo en Castilla y León había habido mala praxis también en otros procesos. Pero al ver que este órgano interno de Cs daba carpetazo al asunto los afectados decidieron investigar por su cuenta.

Según el citado informe, el partido se saltó “los trámites legales establecidos para el voto telemático, simulando y manipulando con engaño y temeridad el recuento y votación de los afiliados del partido”, por lo que entienden que “se habría incurrido en una responsabilidad penal del artículo 31 bis de nuestro Código Penal” al “actuar en nombre o por cuenta del partido político, para intereses ajenos y de terceros”.

También observan que “se ha omitido la adopción de medidas de precaución y control exigibles para garantizar el desarrollo legal de su actividad, sin prestar la debida y razonable diligencia”, y tampoco se han aplicado “las medidas técnicas, organizativas y personales fundamentalmente vinculadas a los protocolos de minimización de riesgos delictivos y a los códigos de ética y conducta recogidos en los propios estatutos del partido, sobre todo en lo concerniente a su artículo 12”.

Los demandantes han insistido en que la Fiscalía debe investigar “con celeridad” si hay “suficientes indicios de criminalidad” y hubo fraude en las primarias.

Ciudadanos en Castilla y León ha aclarado este viernes que continúa en su caso el proceso de investigación abierto por la Comisión de Garantías y Valores del partido a nivel nacional sobre el pucherazo en las primarias para elegir candidato a la Presidencia de la Junta por esta formación política. 

El procurador autonómico de Cs en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, ha explicado que en el caso del resto de las autonomías donde los candidatos habían pedido reclamaciones “no se ha encontrado absolutamente nada”, pero en lo que atañe a la candidatura de Silvia Clemente, esa investigación se mantiene. 

“En Castilla y León se sigue investigando”, ha remarcado Castaño a preguntas de los periodistas sobre la situación. Por tanto, la Comisión de Garantías y Valores continúa intentando averiguar quién está detrás de los 82 votos de más que no se correspondían con ningún afiliado y que dio, en primera instancia, la victoria en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León a la exmilitante del Partido Popular, Silvia Clemente. 

Su oponente en este proceso, Francisco Igea, reclamó horas después de conocer el resultado por indicios de fraude en la votación. Las primeras pesquisas corroboraron ese pucherazo por lo que la dirección nacional de Ciudadanos, que había apoyado la candidatura de Silvia Clemente, le dio sin embargo a victoria a Igea, proclamado ya de forma oficial como el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. 

Ciudadanos no quiere esperar más y ha decidido zanjar la polémica de los posibles pucherazos detectados en las primarias celebradas hace apenas unos días para elegir a los candidatos a las elecciones autonómicas y generales. En un informe de 12 páginas al que ha tenido acceso eldiario.es, la Comisión de Garantías del partido dictamina que en todos los procesos puestos en duda “se han cumplido todas las garantías exigidas sin que hubiera existido ningún tipo de incidencia valorable”.

Además, señala que en la mayoría de los casos, las reclamaciones se presentaron fuera de plazo, es decir, fuera de los “cinco días computados a partir del día siguiente a la votación”.

Tras las primarias, el partido recibió una decena de reclamaciones además de la de Francisco Igea en Castilla y León, donde la denuncia del diputado acabó provocando que se invalidara la victoria de la exdirigente del PP, Silvia Clemente, para reconocerle a él como ganador. Esta es precisamente la única excepción que reconoce el partido como denuncia “formal” admitiendo también que llegó dentro del plazo reglamentario. Pero se sigue sin investigar y aclarar quién o quiénes fueron los responsables de que aparecieran esos votos de más.

Una vez destapado este “error”, según lo calificó el partido, hubo otros afiliados que se habían presentado a otras primarias que reclamaron a la Comisión de Garantías detalles de las votaciones al considerar que podía haber fraude o anomalías. Fue el caso de Juan Carlos Bermejo, en la candidatura autonómica en Madrid, pero también en la de Castilla La Mancha, en la de Murcia y en la de Cantabria. Además, otros candidatos se unieron a estas solicitud de datos y aclaraciones, como en Aragón, en la alcaldía de Valencia, en las primarias de las generales de Cádiz, en las del cabildo insular de Gran Canaria, o por las candidaturas en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. El partido dictamina en todos estos caso prácticamente lo mismo. Nada raro. Todo en orden, dando por válidos los resultados.

Al final del informe, en los últimos párrafos, se advierte a los que han puesto en cuestión la limpieza de los procesos y así lo han denunciado en los medios de comunicación “que han podido crear una situación anómala y perjudicial para el partido” por lo que se les podría abrir un expediente disciplinario.

Fuentes de la dirección del partido aseguran a eldiario.es que dado que a la Comisión de Garantías no llegó ninguna denuncia formal excepto la reclamación de Igea, no ha lugar a que los demás afiliados “recurran nada”. “Los demás solo solicitaron información y se les ha facilitado. Por lo tanto, no hay recurso posible”, afirman.

Algunos de los candidatos que se han visto afectados por estos casos afirman que estudiarán los pasos a seguir ahora, sin cerrar ninguna puerta. Aunque lamentan que “por otros antecedentes, aquí el que discrepa, ya se sabe cómo acaba”.

El afiliado de Las Rozas, Juan Carlos Bermejo, que compitió contra Ignacio Aguado para la candidatura a la Comunidad de Madrid, ya lo ha dejado caer en su cuenta de Twitter.

Albert Rivera vive sus peores días al frente de Ciudadanos, en caída libre en las encuestas y atenazado por el escándalo de las primarias de Castilla y León, donde un intento de pucherazo para favorecer a Silvia Clemente ha provocado la primera gran crisis en el partido y la desautorización de los principales dirigentes que se implicaron en el fichaje de la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, uno de los rostros más reconocidos del PP en esa comunidad.

El escándalo del fraude en la votación interna no solo deja en un limbo a la propia Clemente, una de las incorporaciones rutilantes que el número dos del partido, José Manuel Villegas, se empeñó en presentar como la prueba de que Ciudadanos logra atraer talento de otras formaciones, también ha mostrado a un partido incapaz de responder a la crisis.

El propio Rivera fue el primero que no supo dar una explicación creíble a ese caso durante la entrevista en TVE con el periodista Carlos Franganillo, que arrancó por ahí la conversación. En su primera respuesta, el líder de Ciudadanos intentó desviar el tiro sobre lo sucedido y, en su afán por señalar a otros partidos, llegó a decir que los demás no celebran primarias y que incluso este mecanismo está “prohibido” en el PSOE. “En el PP esto no puede suceder, que haya un candidato que gane unas primarias porque está prohibido votar a candidatos para ser presidente del Gobierno. En el PSOE tampoco”, señaló, pasando por alto que fueron precisamente unas primarias las que devolvieron a Sánchez a la secretaría general tras las maniobras de los barones del partido para descabalgarlo y lograr la abstención en la investidura de Mariano Rajoy.

Los principales portavoces de la formación también se quedaron mudos ante las preguntas sobre el fiasco de Castilla y León. Inés Arrimadas llegó a intentar corregir a una periodista que le preguntó por el pucherazo alegando que ese es “un adjetivo” que ponía la prensa.

Nerviosismo entre los candidatos autonómicos

El nerviosismo por el daño que pueda hacer el caso del pucherazo de Castilla y León -y otros que se están investigando- a la imagen del partido se ha extendido entre algunos de los candidatos autonómicos.

En Cantabria, José López, el rival del diputado Felíx Alvarez, Felisuco, apoyado por la dirección, ha pedido también revisión de los resultados. Lo mismo ha hecho uno de los precandidatos que compitió contra Ignacio Aguado en Madrid, Juan Carlos Bermejo, aunque, como él mismo ha explicado, lo ha hecho solo para comprobar si el sistema es tan “robusto y transparente” como dicen en el partido, ya que él admite su derrota sin paliativos: perdió por 1.000 votos.

Lo cierto es que las dudas sobre la fiabilidad del sistema telemático no son nuevas. Llevan siendo denunciadas desde la IV Asamblea General, en donde la elección de compromisarios ya levantó ampollas. Una de las corrientes críticas, entonces muy activas, TranC'sparencia, fue muy beligerante con el sistema. También la eurodiputada Carolina Punset, hoy fuera de Ciudadanos. Otro de los que pusieron en duda la limpieza de estos procesos fue el hoy concejal de la ULEG (partido independiente del municipio madrileño de Leganés) Carlos Pulido Delgado, autor del libro 'Rivera es un lagarto de V', en el que desvela las irregularidades de estos procesos.

El que ha puesto el dedo en la llaga ha sido Javier Carpio, un informático de Benalmádena (Malaga) que presentó una denuncia en un juzgado de esta capital andaluza por las primarias autonómicas. En una entrevista con eldiario.es, Carpio ha explicado que el partido tiene acceso a las claves que utilizan los afiliados para votar en las primarias y cómo puede el partido favorecer a los candidatos afines al aparato.

También se acaba de saber que la empresa que trabajaba para el partido, Monomio Media SL, encargada de supervisar los recuentos, dejó de prestar sus servicios hace un año, con lo cual en estas controvertidas primarias ha sido el propio partido el que ha realizado ese trabajo sin ningún control externo, según reconocieron fuentes de la formación a eldiario.es. Sin embargo, a pesar de las quejas y las denuncias, la cúpula de la formación ha respondido que no piensa cambian el método.

El partido dice que se actúo con “rapidez”“

El discurso oficial al que sigue aferrada la cúpula de Ciudadanos es que el caso destapado en las primarias de Clemente-Igea ha sido un hecho “aislado” que no puede manchar la imagen de un partido “limpio y transparente” que ha celebrado “más de 300 primarias”. Además, insisten en que una vez detectadas las “irregularidades” se tomaron “medidas de manera inmediata” para corregirlas. “Me parece un éxito democrático y un ejercicio de transparencia”, zanjó desde el Congreso el pasado miércoles el secretario de Programas y Áreas Sectoriales, Toni Roldan. “El caso está en manos de una comisión independiente”, la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos, recalcó el diputado. Pero de no ser por Igea queda la duda de si el propio partido habría dado a conocer el error, como sostienen desde la dirección.

Este órgano interno concluyó este martes que no hubo “ninguna incidencia” en las primarias autonómicas de Madrid y Murcia - que también están en el punto de mira-, después de que dos de los candidatos perdedores solicitaran más información sobre los votos emitidos.

La crisis del pucherazo se ha intentado salvar con la renuncia de un dirigente de tercera fila, Pablo Yáñez, que dejó la secretaría de Comunicación de Castilla y León pero que en principio sigue como asesor del grupo parlamentario en el Congreso (el partido se niega a responder si va a ser relevado en su puesto).

Quejas por el abandono de medios conservadores

La cita con las urnas se acerca mientras en el partido ha empezado también a cundir cierta sensación de abandono por parte de algunos medios de comunicación conservadores que antes les apoyaban y les defendían. En Ciudadanos más de uno ha empezado a echar de menos ese calor que recibían cuando remaban con el viento a favor, como se reflejaba en el imparable crecimiento en las encuestas. Una de los cosas que últimamente más les ha dolido ha sido ver cómo el diario ABC sacaba en portada una sociedad en la que el marido de Begoña Villacís registró un chalé de lujo de ambos, una información que en el partido se interpreta como un ataque del entorno del PP a la candidata a la alcaldía de la capital.

El propio Rivera ha ironizado sobre ese abandono mediático en alguna de las reuniones internas. En una cita junto a sus colaboradores más estrechos aseguró que tenía dos noticias que darles, una buena y una mala: “La buena es que estamos cerca de llegar a la cima de los 8.000, y la mala es que nos hemos quedado sin sherpas [en alusión a ese abandono de algunos medios de comunicación que les habían sido afines]”.

Y todo esto coincide con las primeras críticas internas a Rivera, que ha tomado decisiones controvertidas durante las últimas semanas. Una de ellas, el fichaje de Clemente, que ha enfrentado a miembros de la dirección de Ciudadanos: el número dos del partido, José Manuel Villegas, ha respaldado a la expolítica del PP, mientras Luis Garicano, el padre del programa económico del partido, se mostraba en contra y alineado con el ganador de las primarias, el diputado Francisco Igea, miembro también de la Ejecutiva de Rivera.

Pero hay voces en el partido que tampoco acaban de ver bien la maniobra de sacar a Inés Arrimadas de Catalunya, donde ganó las elecciones, para situarla como candidata a las generales como cabeza de cartel en Barcelona.

Pero el movimiento que más dudas ha generado puertas adentro es el empeño de Rivera en anunciar que no pactará con Pedro Sánchez después de las generales, una promesa que ya hizo sobre el propio líder del PSOE y también sobre Rajoy y que el dirigente de Ciudadanos luego acabó saltándose.

Creen que acabarán remontando antes del 28A

Mientras algunos candidatos se muestran muy preocupados por las encuestas y por la sangría de votantes que se marchan a Vox, desde la dirección defienden que acabarán remontando, que se trata de una situación “coyuntural” y que en las semanas de campaña podrán recuperarse. Los más optimistas confían en doblar el número de escaños y adelantar al PP para poder liderar un Gobierno de coalición con el partido de Casado y el apoyo de Vox, un partido que va ser decisivo en las próximas generales para decantar la balanza hacia la derecha.

La celebración de las primarias, sin embargo, no retrata a un partido demasiado movilizado. La ausencia de debates internos y las pugnas desiguales entre los candidatos del aparato y el resto de aspirantes, que no reciben ayudas económicas para sus campañas ni tampoco el censo de militantes, no han animado demasiado los procesos.

La propias primarias de Rivera para la presidencia del Gobierno y de Inés Arrimadas como número uno por Barcelona al Congreso, han dejado al descubierto el escaso entusiasmo que están suscitando entre los afiliados. De hecho, Rivera logró tan solo 7.792 votos, con un 32% de participación de un censo cifrado en 25.364 militantes con derecho a voto. Y su portavoz nacional consiguió involucrar únicamente en el proceso al 19% de la militancia barcelonesa, su feudo. Y eso que para votar solo había que encender el ordenador.

Ambos dirigentes presumieron después de “respaldo” interno en el acto de presentación de Rivera como candidato oficial a la Moncloa. “Quienes no hacen primarias no saben lo que es sentir el respaldo de los compañeros que te dan su apoyo”, llegó a señalar Arrimadas.

Sus respectivos resultados fueron interpretados por algunos de los participantes en esos elecciones internas como un primer castigo al hiperliderazgo de Rivera y a su decisión de descabezar Catalunya en un momento tan delicado para el partido con el único fin de llevar a la portavoz nacional a Madrid para respaldar al líder y hacer campaña.

Es más, hay quien piensa de puertas adentro que es un síntoma de debilidad y de la falta de cuadros de Ciudadanos para afrontar un ciclo electoral en el que se lo juegan todo, primero el 28-A y un mes después en las autonómicas y municipales.

Aquí puedes repasar todas las tiras de Bernardo Vergara y Manel Fontdevila

La Comisión de Valores y Garantías de Ciudadanos ha dado la razón al diputado y miembro de la Ejecutiva, Francisco Igea, y ha invalidado la victoria de Silvia Clemente, su rival en las primarias para la candidatura a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Igea es el ganador. Así lo lo ha confirmado en una rueda de prensa ofrecida en la sede del partido el secretario general y número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que fue precisamente quién avaló la candidatura de la expresidenta del Parlamento regional y ex del PP como fichaje estrella de la dirección de Ciudadanos.

Según ha explicado, se ha podido constatar, y así lo recoge el dictamen de la Comisión de Garantías del partido, que tras las comprobaciones realizadas después del primer recuento “hay efectivamente 82 votos nulos y eso ha afectado al resultado final”. Villegas ha achacado esos fallos “a las prisas y a un error humano”, y al hecho de que era, además, domingo y una jornada en la que se celebraron muchos otros procesos internos.

Las primarias por lo tanto dan un vuelco y Francisco Igea será el próximo candidato autonómico en Castilla y León por 526 votos, mientras Clemente pasa a la segunda posición con 479 votos.

Villegas ha despejado las preguntas de los periodistas asegurando que esos 82 votos “irregulares” declarados ahora “nulos”, “no se pueden vincular a los afiliados”, adelantando solo que se está investigando aún su procedencia. Evidentemente, no ha querido hablar de “pucherazo”. Tampoco ha contestado si habrá dimisiones cuando se detecte a quién se puede atribuir la responsabilidad de los “errores”. Pero todo apunta a que no habrá asunción de responsabilidades internas.

Ahora, ha recalcado Villegas, una vez aceptado y subsanado el error, “todo el partido trabajará y apoyará a Igea para ganar las elecciones en Castilla y León”. Sobre el futuro de Clemente no ha concretado tampoco nada, limitándose a decir que todavía no se ha tomado ninguna decisión. No obstante, Villegas la ha felicitado por haber participado en las primarias.

Una diferencia de votos a favor de Clemente que sembró sospechas

La diferencia entre ambos aspirantes en las primarias que se celebraron el pasado sábado fue de solo 35 votos. Igea logró 526 y Clemente 561, mientras una tercera candidata solo obtuvo 7. Pero ante las dudas de la limpieza del proceso, Igea impugnó los resultados el mismo domingo ante el Comité de Garantías del partido tras descubrir que 82 votos habían salido del mismo ordenador en dos tandas.

El acta del Comité de Derechos y Garantías que cada afiliado puede consultar en el 'espacio naranja' de la web de Ciudadanos, mostraba que se habían emitido 1.013 votos, a pesar de que la suma de los resultados de los candidatos era de 1.087, sin contar los 7 votos que obtuvo una tercera aspirante, Vanessa Pérez. Las cuentas no cuadraban. Ante las sospechas de posibles irregularidades bajaron de la web el certificado de cada uno de los votos obtenidos.

Según comprobaron, 51 votos se emitieron a las tres de la madrugada del sábado, un momento en el que es muy complicado que coincidan varios afiliados, pero es que además tenían la misma dirección ip, por lo que ya no se podía hablar de casualidad. Fueron votos simultáneos, desde el mismo ordenador y con alguna maniobra informática que permitió colarlos.

Pero había más. Otros 30 votos se realizaron de la misma forma pero a las 7 de la mañana del sábado, 3 horas antes de cerrarse las primarias, y también desde el mismo ordenador que los 51 anteriores.

Ante la denuncia del diputado, este órgano se vio obligado a paralizar la proclamación definitiva de Clemente como candidata a la presidencia de la Junta de Castilla y León.

Clemente queda ahora en una situación imposible en el partido por el que fichó hace solo unas semanas tras pasar más de veinte años en distintos cargos relevantes en el PP. El aterrizaje de una política que lo fue todo en el Partido Popular -consejera de Agricultura y presidenta de Las Cortes de Castilla y León hasta que dimitió de manera sorpresiva hace unas semanas- había levantado muchas suspicacias en Ciudadanos.

Pero la crisis golpea también a los dirigentes del partido que han hecho campaña por ella, como el portavoz parlamentario del partido, Juan Carlos Girauta, el secretario general, Miguel Gutiérrez y el propio Villegas, su valedor, que viajó a Valladolid para respaldar su candidatura. Nadie en Ciudadanos cree que una operación como esta pudiera llevarse a cabo sin el visto bueno de Albert Rivera, que esta mañana en los actos de homenaje a las víctimas de los atentados del 11-M, confió en que la situación se resolvería “con celeridad”.

Las sombras sobre la gestión de Clemente en su etapa en el PP

La candidatura de Clemente ha causado una profunda crisis en el partido, ya que la expresidenta de las Cortes tiene tras de sí dos décadas de servicio en el gobierno del Partido Popular y muchas sombras en su gestión. Las suspicacias entre los afiliados aumentaron el pasado jueves, en pleno cierre de campaña. El Tribunal Superior de Justicia confirmó ese día que el marido de Clemente, un importante empresario del sector de la patata, no tenía derecho a una subvención que había intentado cobrar por dos vías distintas del Gobierno autonómico y que ademas había presentado un documento manipulado, por lo que se abría una vía penal para investigar los hechos.

Este pleito judicial del esposo con la Junta de Castilla y León había sido adelantado por este diario en una extensa investigación sobre las ayudas por 1,9 millones de euros que la Consejería de Agricultura había concedido al marido de Silvia Clemente cuando ella estaba al frente de este departamento.

La Justicia rastrea ahora documentos y expedientes desaparecidos después de que el equipo que sucedió a Clemente en Agricultura dentro del Gobierno de Juan Vicente Herrera anulase una de las ayudas concedidas a Clemente.

El Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas (CELP) comienza una nueva legislatura con Hortensia Calero al frente por cuarta vez consecutiva, sumando un total de doce años en la Presidencia. Sin embargo, “nunca ha habido otras opciones”, según el colectivo Más Enfermería, que señala estas elecciones como el último “pucherazo” del CELP.

“Desde hace 20 años, los colegiados y colegiadas no pueden ejercer su derecho al voto. Unas veces porque no hay tiempo para presentar candidaturas alternativas y otras porque la misma Junta de Gobierno en funciones las echa atrás alegando defectos de forma”, asevera Rita Mendoza, portavoz de la agrupación y única rival de Calero en el último proceso electoral, que concluyó este martes, y cuya propuesta fue desestimada. Este jueves, Más Enfermería recurre en los juzgados del contencioso-administrativo y estudia actuar por otras vías legales. Sin embargo, no pueden hacerlo hasta que el Colegio les facilite los documentos “que llevan pidiendo desde el día 25 de enero”. 

El proceso electoral 

El 16 de enero se convocaron las elecciones, dejando ocho días para presentar las candidaturas. Hortensia Calero y Rita Mendoza se postularon a la Presidencia, pero el día 25 concluyó el plazo y la Junta de Gobierno en funciones rechazó la propuesta de esta última por un error formal: no constaban en los archivos colegiales los títulos de especialistas de las candidatas a vocales y suplentes de las áreas de Salud Mental y Enfermería del Trabajo. El artículo 22 de los estatutos estipula que entre los candidatos a conformar el Pleno de la Junta de Gobierno debe haber ocho vocales y, entre ellos, uno de cada especialidad de enfermería legalmente reconocida. Pero el documento no incluye como requisito registrar el título de especialista en los archivos para poder formar parte de la Junta de Gobierno.

“Lo que alegan no existe”, reivindica Mendoza. Aún así, Más Enfermería presentó el 31 de enero un recurso (que fue desestimado) y las especialistas acudieron a registrar sus títulos, pero el plazo de presentación de candidaturas ya había concluido.

De este modo, Hortensia Calero quedó como única aspirante y tomó posesión de su cargo el 5 de febrero. La Presidenta valora que “las acusaciones no tienen ningún fundamento”, e insiste en que “si se ha cometido alguna infracción, para eso están los juzgados”.

La presidenta del CELP afirma que la plancha rival no pidió información al asesor jurídico sobre el procedimiento electoral o sobre cómo hacer las rectificaciones oportunas en fecha y forma. “El error se pudo haber solventado, como hice yo. Yo también erré, pero con asesoramiento jurídico rectifiqué y mi candidatura fue válida”, reivindica Calero. 

Recursos a contrarreloj 

“Los estatutos del Colegio están blindados para que no haya candidaturas alternativas porque dan muy poco tiempo para prepararlas y para recurrir”, sentencia Rita Mendoza.

La enfermera argumenta que es un procedimiento complejo como para poder completarlo en tan poco tiempo, ya que al ser un colegio provincial “hay que contar también con profesionales de Lanzarote y de Fuerteventura”. Desde que Calero tomó posesión del cargo el martes, Más Enfermería ha tenido tres días para recurrir ante los juzgados de lo contencioso-administrativo. Pero el colectivo no se va a quedar ahí, y tiene previsto emprender otras vías legales. “No tengo tiempo para otra cosa, he centrado todas mis energías en esto”, reconoce.

La actual presidenta, Hortensia Calero, valora que “el gran fallo de la otra candidatura ha sido no tener sinceridad y solo reconocer que se han equivocado a puertas cerradas” y tacha al colectivo de “fragmentar y no amar una profesión que vela por la salud de la sociedad”.

Podemos en la Comunidad Valenciana tiene un problema con la selección de personal. Al menos así lo ponen de manifiesto sus procesos internos. Con la investigación de las primarias en la ciudad de Valencia abierta estos días, son ya tres los escándalos por fraude que se han detectado en esta formación en los dos principales núcelos urbanos del territorio: las ciudades de Alicante y Valencia.

La secretaría de Organización que dirige Pablo Echenique acaba de abrir una investigación al detectar “irregularidades importantes” en la votación del secretario general en la capital valenciana. Un proceso en el que participaron cerca de 1.200 personas y en el que un millar lo hizo por vía telemática. La dirección no aclara qué se está investigando, si la votación o si los candidatos, aunque estos aseguran que no han recibido ninguna notificación, que sería lo habitual si fueran ellos el objeto de duda. Fuentes de la formación indican que ha habido reuniones entre la dirección autonómica, con el secretario general Antonio Estañ a la cabeza, y los responsables de la secretaría de Organización que coordina Pablo Echenique.

Según han informado a este diario, de contabilizar las papeletas se encarga la dirección valenciana, mientras que la estatal controla el proceso telemático que lleva a cabo una empresa. Desde el departamento de Organización autonómico emitieron este martes un comunicado en el que se señala que es la empresa que gestiona la votación la que ha detectado irregularidades y aconsejado “comprobaciones extra”. En su comunicado, la formación morada valenciana habla de “anomalías”, e “incidencias” y asegura que el proceso de comprobación es frecuente -existe un protocolo antifraude en todos los procedimientos internos- mientras que el equipo de Echenique habla de “graves irregularidades”. En el mismo texto, el partido morado explica que “en la mayoría de los casos estas anomalías se han resuelto favorablemente ”.

Sin embargo, en esta formación ya hay antecedentes de manipulación de los procesos de participación internos que fueron especialmente llamativos. El primero, por orden cronológico, fue el pucherazo en Alicante. La Comisión de Garantías Democráticas estatal determinó que el entonces líder, Jesús Bustos, y su entorno más cercano manipularon el censo electoral para conseguir la victoria. El expediente se saldó con la suspensión de militancia de diez miembros de la ejecutiva y su inhabilitación, además de con la expulsión de Covadonga Peremarch del partido y el grupo parlamentario por inscribir a menores en el censo e intentar desacreditar a compañeros desde cuentas falsas en redes sociales. La diputada se negó a abandonar el escaño, fue expulsada del partido por decisión del Consejo Ciudadano y se convirtió en la primera tránsfuga de las Corts Valencianes.

El segundo caso tenía un toque más típico de un telefilm o novela de ficción. Teléfonos rusos, facturas manipuladas y listados de la Junta de Andalucía fue el trío elegido para manipular la votación telemática que escogió a la cúpula de la plataforma que representa a Podemos en Valencia. València en Comú -una alianza electoral que ya se da por muerta- denunció este fraude en el juzgado para depurar responsabilidades penales. El fiscal pide dos años de cárcel y 3.000 euros de multa para los cinco acusados de inscribir con facturas manipuladas a votantes ficticios en una consulta electoral. Según el escrito del fiscal, uno de los acusados, informático de profesión, procedió a registrar a 83 votantes ficticios con las facturas manipuladas y las cuentas de correo electrónico creadas expresamente con tal fin. Un día después se hizo la votación, cuyos resultados no se hicieron públicos al haberse detectado “la manipulación fraudulenta”. Se les acusa de delito continuado de falsedad en documento mercantil. La formación morada ha ido expulsando a los responsables de los hechos cuando han ido saltando los escándalos. Por el momento, la elección del líder en Valencia sigue en el aire y crece la tensión. A este proceso se presentaron el diputado provincial Roberto Jaramillo; el actual líder, Jaime Paulino, y la activista Consuelo Poveda,