Podemos ha lidiado desde sus inicios con numerosos problemas para articularse en los territorios. La irrupción sin precedentes de un partido que llegó a colocarse con 69 escaños en el Congreso con apenas año y medio de vida nunca ha terminado de crear una estructura sólida a nivel autonómico pese a los buenos resultados que cosechó de la mano de las confluencias en plazas importantes como Galicia o Aragón en aquellos años. Ahora, en su momento más delicado en estos diez años de andadura, la dirección del partido se ha propuesto recomponer su estructura territorial después de una cascada de dimisiones y crisis internas en lugares relevantes como Madrid, Catalunya o Asturias. 

La secretaria general del partido, Ione Belarra, recordaba hace una semana en un acto en Madrid los problemas de implantación territorial que ha experimentado Podemos desde sus inicios y avanzaba que se iban a dedicar a partir de ahora en cuerpo y alma a poner remedio a ese problema. “En los próximos días llevaremos adelante las renovaciones de las direcciones autonómicas que están pendientes”, anunció en el mismo acto en el que propuso a Irene Montero como candidata para las elecciones europeas. 

El partido comenzará este mismo martes un proceso de primarias para renovar los liderazgos en prácticamente la mitad de los territorios. Son aquellos en los que los mandatos actuales caducaban por estatutos pero también los territorios en los que en los últimos meses se produjeron dimisiones o afrontan crisis internas desde hace tiempo. En concreto, Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana, Baleares, Aragón, Asturias, Murcia y Canarias afrontarán primarias en los próximos meses. 

Según explicó el lunes la coportavoz del partido María Teresa Pérez el proceso se iniciará el 26 de diciembre y finalizará el día 2 de febrero. En esos días se irán dando los pasos de cara a las asambleas ciudadanas autonómicas que culminarán la renovación de liderazgos: la inscripción de candidaturas individuales, la recogida de avales, la conformación de listas y el registro de documentos.

Apenas unos días después de que se conociera la decisión comenzaron los anuncios de candidaturas. De momento, cuatro personas han anunciado ya que se presentarán en sus respectivos territorios y las cuatro pertenecen a la dirección del partido. La primera en hacerlo fue el pasado lunes Isa Serra, portavoz estatal, que tratará de hacerse con el control de la formación en Madrid. También se ha postulado María Teresa Pérez para dirigir Podem en la Comunitat Valenciana; Conchi Abellán para Catalunya y el diputado en el Congreso Javier Sánchez Serna lo hará en Murcia. 

Todos esos nombres forman parte del secretariado, la ejecutiva del partido, y cuenta con la confianza de Ione Belarra. Aunque todavía queda otra mitad de los territorios y a las candidaturas ya anunciadas les pueden salir rivales, el objetivo de la dirección es ahora tratar de colocar perfiles del núcleo de confianza de la secretaria general en los territorios para tratar de alinear las estrategias, después de unos meses en que algunos líderes autonómicos han mostrado divergencias sobre la decisión de la dirección de romper con Sumar. 

Sin ir más lejos, el partido en Madrid ha quedado descabezado tras la dimisión de Jesús Santos, que argumentó su marcha del partido precisamente con críticas a la estrategia de ruptura con Sumar. “En vez de hacer valer su capital político para influir sobre el rumbo estratégico de esta nueva herramienta”, señaló en su despedida, en alusión al proyecto de Yolanda Díaz, “la dirección de Podemos entendió este proceso como una competición por la propiedad del espacio”.

Santos llegó a la dirección del partido en Madrid en 2020 como candidato de consenso de la dirección, pero se fue distanciando poco a poco. La brecha se ensanchó cuando Yolanda Díaz comenzó a hacer públicos sus planes de construir una nueva plataforma política y Podemos asumió ese proceso con suspicacias que después de dos años han terminado en una ruptura total. Esas divergencias también han terminado con la salida del partido de sus dos últimos candidatos: Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor. 

Si Serra consigue ganar las primarias, tendrá por delante una tarea muy delicada. El partido es extraparlamentario en la comunidad y en la ciudad tras los resultados del 28M y pelea electoralmente a la izquierda con una fuerza consolidada como Más Madrid. A su favor, la portavoz de Podemos vuelve a un terreno que le es conocido. En 2019, en medio de la repentina ruptura del sector errejonista para lanzar Más Madrid, Serra asumió la candidatura de su partido y logró evitar su salida de la Comunidad de Madrid con siete escaños. Fue portavoz allí hasta 2021, cuando dejó el puesto tras las elecciones del 4M en las que había sido candidato Pablo Iglesias.

Serra anunció en ese momento que pasaría a desempeñar funciones a nivel estatal. En esa decisión pesó seguramente la condena a un año y siete meses de inhabilitación para el sufragio pasivo que le había impuesto el TSJ de Madrid por unos altercados durante un desahucio en 2014 y que más tarde confirmaría el Tribunal Supremo. El pasado abril, el TSJ comunicó a Serra que ya no estaba inhabilitada y que podía presentarse a unas elecciones. 

En Catalunya la situación es diferente principalmente porque el partido está integrado en En Comú Podem, la coalición con los comunes de Ada Colau que tiene presencia en el Parlament. Pero en las últimas semanas la formación también ha entrado en crisis. Primero con la dimisión de la mitad de la ejecutiva, a raíz de un expediente del partido por publicar un comunicado sin consenso a favor de integrarse con Sumar durante las negociaciones de la coalición para las generales. 

Después, a raíz de la salida de Podemos al Grupo Mixto en el Congreso, sus perfiles más fuertes, aunque ya hace tiempo distanciados de la dirección, también anunciaron su dimisión: Jéssica Albiach, portavoz de ECP en el Parlament y el exdiputado Jaume Asens. 

Conchi Abellán, también muy cercana a la dirección y que de hecho ha participado en algunos de los actos con los que Podemos ha buscado relanzarse este otoño, ha anunciado ya que aspirará a hacerse con el liderazgo del partido allí. Y lo ha hecho después de lanzar en los últimos días mensajes duros sobre la autonomía de la formación y reforzando la idea de la prohibición de la doble militancia. 

Otro de los territorios descabezados tras las elecciones del 28M es la Comunitat Valenciana. Allí Podem se llevó un duro golpe con la salida de Les Corts y sin poder alcanzar un asiento en el ayuntamiento de la capital. La coordinadora autonómica entonces, Pilar Lima, presentó su dimisión tras esos resultados que supusieron además la salida del partido del Gobierno autonómico. María Teresa Pérez, también portavoz del partido, que durante la legislatura pasada fue directora del Injuve en el Ministerio de Derechos Sociales que conducía Ione Belarra, tratará ahora de recomponer el partido allí. 

También se presentará a las primarias en este proceso Javier Sánchez Serna, que aspira a revalidar su liderazgo en la Región de Murcia. Serna fue uno de los perfiles que eligió Belarra para las listas de Sumar al Congreso de los Diputados el 23J y acabó sacando el escaño precisamente por Murcia. También forma parte de la ejecutiva de Podemos como secretario de Educación. 

El partido también quedó en manos de una gestora en Baleares tras las elecciones de mayo con la dimisión de la dirección que encabezaba Antònia Jover. El partido pasó de tener una vicepresidencia en el Govern a quedar con un solo escaño en el Parlament, la diputada Cristina Gómez. Aunque todavía no se han anunciado candidaturas, la dirección cuenta allí con Lucía Muñoz, que fue diputada durante la legislatura pasada y que en las últimas municipales consiguió un escaño en el Ayuntamiento de Palma. 

Una plaza más difícil de gestionar será Asturias, donde el partido vive sumido en una crisis interna desde hace años, que ha derivado en la suspensión de militancia de su última candidata al Principado de Asturias y actualmente diputada autonómica, Covadonga Tomé, expulsada del partido este mismo fin de semana. El partido arrastra allí un conflicto desde la celebración de las últimas primarias de la Asamblea Ciudadana autonómica, que ganó la candidata de la dirección, Sofía Castañón, entre acusaciones de fraude por el bando perdedor. El partido lo conduce una gestora después de la dimisión el año pasado de la coordinadora autonómica. 

Podemos inicia esta recomposición territorial en un momento muy complicado a todos los niveles. Los resultados del 28M y después del 23J forzaron al partido a realizar un ERE que se llevó el 90% de las estructura autonómica, sin recursos tras abandonar cinco de los seis gobiernos en los que participaba durante la legislatura pasada y salir de algunos parlamentos autonómicos muy importantes como el de Madrid y Valencia. 

El partido encara este nuevo periodo desde el Grupo Mixto y ya fuera del Gobierno, pero fía su supervivencia política a las elecciones europeas que se celebrarán el próximo verano y en las que se presentará por separado, en competición con Sumar. Para preparar ese escenario, Irene Montero ya ha anunciado que se presentará a las primarias para ser candidata.

Isa Serra, portavoz estatal de Podemos y uno de los perfiles fuertes de la actual dirección, ha anunciado este martes que se presentará a las primarias para liderar el partido en la Comunidad de Madrid. El puesto de coordinador autonómico está vacante desde hace unas semanas, cuando Jesús Santos abandonó la formación ante las discrepancias con la ejecutiva sobre estrategia de ruptura con Sumar y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

“Estoy en este proyecto desde sus inicios, desde el Teatro del Barrio, y creo que Podemos es el mejor proyecto para defender los intereses de las mayorías sociales y para impulsar transformaciones y avances de derechos”, ha dicho Serra en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que ha apostado por construir un Madrid “feminista, ecologista, antirracista, igualitario y justo” y en el que ha recordado las luchas vecinales, la marea blanca, el 8M o el 15M como ancla para llevar a cabo esa tarea.

El paso de Serra se produce después de que el partido haya anunciado que pondrá en marcha el relevo de todas las direcciones autonómicas que en los últimos meses han sufrido dimisiones o crisis internas, así como de aquellos territorios donde por estatutos se acercaba el momento de renovar los liderazgos. Madrid tenía previsto celebrar una Asamblea Ciudadana autonómica el próximo verano, pero la dimisión de Santos hace apenas unas semanas ha acelerado los planes de la dirección para afrontar esas primarias.

Serra tiene por delante la tarea de reconstruir un partido que tanto en la ciudad como en la comunidad es extraparlamentario. En las últimas autonómicas, sus candidatos a esas dos plazas se quedaron a muy pocos votos de lograr entrar tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Asamblea. Alejandra Jacinto, que aspiraba a mantener allí la representación de Podemos, abandonó el partido hace unos meses y Roberto Sotomayor, el candidato al consistorio, imitó el movimiento días atrás.

La dirigente de Podemos vuelve a un terreno que le es conocido. En 2019, en medio de la repentina ruptura del sector errejonista para lanzar Más Madrid, Serra asumió la candidatura de su partido y logró evitar su salida de la Comunidad de Madrid con siete escaños. Fue portavoz allí hasta 2021, cuando dejó el puesto tras las elecciones del 4M en las que había sido candidato Pablo Iglesias.

Serra anunció en ese momento que pasaría a desempeñar funciones a nivel estatal y su puesto como portavoz lo asumió Alejandra Jacinto. En esa decisión pesó seguramente la condena a un año y siete meses de inhabilitación para el sufragio pasivo que le había impuesto el TSJ de Madrid por unos altercados durante un desahucio en 2014 y que más tarde confirmaría el Tribunal Supremo.

El pasado abril, el TSJ comunicó a Serra que ya no estaba inhabilitada y que podía presentarse a unas elecciones. En el último tiempo, además de formar parte de la dirección estatal y representar al partido como portavoz, la dirigente había ejercido como asesora en el Ministerio de Igualdad con Irene Montero.

Podemos se ha desvinculado este sábado del dictamen jurídico sobre la futura ley de amnistía que ha redactado Sumar, un documento que la formación morada no conoce, según ha indicado su portavoz, Isa Serra. “Es solamente de Yolanda Díaz”, ha apuntado al pedírsele opinión sobre esa propuesta.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios antes de tomar parte en un encuentro autonómico con militantes de Madrid en el que también participa la secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra.

“Es una propuesta solamente de Yolanda Díaz, no la conocíamos ni conocemos”, ha indicado Serra al ser preguntada por el dictamen jurídico que Sumar tiene previsto presentar oficialmente el martes en Barcelona. Según ha destacado Serra, Podemos sigue centrado en sus propuestas para conseguir que el país “siga avanzando en derechos sociales y democráticos”.

Irene Montero, al frente de Igualdad

En este contexto, ha vuelto a reivindicar medidas como el abaratamiento del transporte público, poner tope a los precios de los alquileres, impulsar reformas para la profundización democrática, acabar con el bloqueo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y derogar la conocida como 'Ley Mordaza'.

Asimismo, Serra ha insistido en que Irene Montero debe seguir al frente del Ministerio de Igualdad en el Gobierno de coalición que quieren reeditar con el PSOE, obviando así las intenciones de los socialistas de quedarse en esta ocasión con esa cartera.

“Es evidente que el reconocimiento internacional de los avances feministas tienen que ver con que España se ha situado al frente de los mismos”, ha dicho, mencionando la conocida como 'ley del sólo sí es sí', la reforma de la ley del aborto, la ley trans y Plan Corresponsables, pero destacando que esos avances también “tienen que ver” con el hecho de que Montero ha sido la ministra del ramo.

Relación parlamentaria

Serra ha explicado que Podemos ha enviado sus propuestas tanto a Sumar como al PSOE y que espera que, en los próximos días, cuando vayan avanzando las negociaciones para la reedición del Gobierno de coalición, estas dos formaciones les remitan una respuesta.

Además, ha circunscrito la interlocución entre Podemos y Sumar a la que tiene lugar en el seno del grupo parlamentario en el Congreso, añadiendo que no se han producido “más reuniones” entre sus dirigentes.

La propuesta de Sumar

La propuesta de Sumar recoge que se perdonen penalmente “todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Catalunya tipificadas como infracciones penales o administrativas que hubieran tenido lugar entre el 1 de enero de 2013 y el momento de la entrada en vigor de esta ley”, según avanzó este viernes El Periódico y confirmaron a este diario fuentes conocedoras de la propuesta. 

Isabel Serra (Madrid, 1989) atiende a este diario en la tarde de uno de los días más duros para el Ministerio de Igualdad y para Podemos desde el inicio de la legislatura. Hace pocas horas [la entrevista tiene lugar el jueves], el Congreso ha vivido una imagen insólita: la bancada del PP levantada para celebrar entre aplausos la aprobación de la propuesta socialista para reformar la ley del ‘solo sí es sí’. La coportavoz de Podemos y asesora de Igualdad acusa al PSOE de haberse apoyado en la derecha para volver al Código Penal de La Manada y cree que los organismos internacionales criticarán pronto este retroceso en derechos. 

Serra defiende la necesidad de un Podemos más fuerte en el próximo gobierno de coalición para recuperar derechos que se empiezan a perder, según entiende, con este cambio legal. Para ello, afirma que su partido sigue tendiendo la mano a Yolanda Díaz para un acuerdo. Lamenta que en la entrevista con Jordi Évole la vicepresidenta segunda se centrara tanto en Pablo Iglesias en lugar de hablar del programa y el proyecto de Sumar. Y promete que habrá Podemos durante muchos más tiempo: “Este proyecto político va a llegar más lejos que nunca en los próximos años”. 

¿Cómo ve lo que ha ocurrido este jueves en el Congreso de los Diputados?

Es un día triste para las feministas y para el conjunto de las mujeres de nuestro país. El Partido Socialista ha pactado con el Partido Popular un retroceso en los derechos de las mujeres. Durante todo este tiempo, en el Ministerio de Igualdad hemos tratado de encontrar todo tipo de acuerdos, hemos hecho todo tipo de propuestas y el Partido Socialista ha terminado cediendo ante una ofensiva política, mediática y judicial. Ha habido unos jueces que se han negado a aplicar la ley, que no la han aplicado correctamente. Y esto no lo decimos nosotras desde el Ministerio de Igualdad, lo ha dicho la Fiscalía General del Estado. Las revisiones no se adecúan a la ley del 'solo sí es sí' ni al derecho transitorio y por tanto hay que recurrirlas.

Antes de que haya un criterio del Tribunal Supremo, Sánchez y el Partido Socialista han decidido aliar sus votos a la derecha, que es contraria a los derechos de las mujeres y que tiene muchísimo interés no solamente en dañar el Ministerio de Igualdad sino fundamentalmente el feminismo. La derecha ha entendido perfectamente no solamente en nuestro país sino en el conjunto del mundo la potencia democratizadora que tiene el feminismo para los procesos populares y progresistas. Este gobierno no existiría sin ese movimiento feminista. 

Hay otro factor. Esto ha sido una operación concretamente contra el Ministerio de Igualdad. El Partido Socialista nunca ha llevado bien que el Ministerio de Igualdad cayese del lado del socio minoritario del Gobierno. Durante este tiempo hemos aprobado por parte del Ministerio Igualdad enormes avances reconocidos a nivel internacional, pero el Partido Socialista siempre ha puesto palos en las ruedas a esos avances o porque no ha compartido que el Ministerio de Igualdad lo dirija el socio minoritario o porque no ha entendido las coordenadas de la última ola del movimiento feminista. 

Ustedes plantean que la propuesta del PSOE vuelve a separar de facto los delitos de abuso y de violación. En su propuesta proponían que la violencia o la intimidación fuesen agravantes para subir las penas. ¿Dónde estaba la posibilidad del acuerdo? ¿Había un punto intermedio entre esas dos propuestas?

La propuesta del Partido Socialista que se ha votado hoy conjuntamente con el Partido Popular no tiene nada que ver con el problema que ha surgido a partir de las revisiones. Esto lo dice claramente la exposición de motivos que se ha votado en el Congreso. Ha habido una desconexión absoluta entre la campaña mediática y política contra la ley y lo que realmente ha pasado. Se ha aprobado una vuelta al Código Penal de la Manada, que vuelve a distinguir entre los viejos delitos de abuso y agresión. Da igual que lo llames a toda agresión. Las feministas no hemos peleado por un cambio de nombre. Es más, lo que hace es introducir la violencia o la intimidación como una condición o una definición de lo que es la agresión sexual. Cuando la ley [en vigor] lo que hace es entender que todo acto sin consentimiento es una agresión sexual. Lo que volvemos ahora es a definir la agresión sexual en función de si ha habido violencia o intimidación, que por cierto, es lo que está diciendo la defensa de Dani Alves.

Pero lo más importante es que en el tipo básico introducen un atenuante que hace que se aplique la mitad inferior, es decir, de 1 a 2 años, a la mayoría de agresiones que sufrimos las mujeres en nuestro país, que no son el paradigma de una violación en un descampado con violencia, sino agresiones sexuales en el transporte público por parte de personas conocidas. Esas agresiones sexuales que siempre han sido denominadas como abuso y quedaban impunes con el código anterior, con esta reforma van a quedar otra vez impunes. En este país se denuncian solamente el 8% de las violencias sexuales que sufren las mujeres frente al 92% que no se denuncian. 

El Partido Socialista tomó la decisión hace tiempo de no acordar

Nosotros lo que hemos ofrecido durante este tiempo es, en primer lugar, un plan de implementación para que el Estado acompañe el avance que significa la ley: formar operadores jurídicos, asistencia a las víctimas, juzgados especializados, que es lo que hizo [el expresidente José Luis Rodríguez] Zapatero cuando hubo una resistencia por parte de los jueces a la Ley contra la Violencia de Género por el cambio de paradigma que significaba, igual que el que significa esta ley ahora. Y después hemos ofrecido un cambio en el Código Penal como nos solicitaba el Partido Socialista, subir algunas penas e introducir la violencia y la intimidación en forma de agravantes. Ese planteamiento era una cesión por parte del Ministerio Igualdad, porque suponía un retroceso respecto al Convenio de Estambul, pero estábamos dispuestas a llegar a un acuerdo para tener una respuesta unitaria como gobierno.

Es decir, ¿no podían ir más allá de las enmiendas que habían presentado? Hasta el miércoles hubo llamadas para el acuerdo. ¿Eran para que el PSOE se moviese o había otra alternativa?

Nosotras hemos hecho muchas propuestas. Ha habido una parte de negociación en el seno del Gobierno absolutamente silenciosa, sin que se conociese a través de los medios de comunicación, para tratar de encontrar ese acuerdo y en el que planteábamos otras cuestiones, como que hubiese un agravante por ser persona conocida, porque el 85% de las agresiones sexuales las cometen personas conocidas de las víctimas. 

Durante este tiempo hemos hecho diferentes propuestas y finalmente, la que más nos acercaba al PSOE era esa, pero no estábamos dispuestas a acabar o dar nuestro voto a favor de un retroceso como el que ha significado finalmente esta reforma. Y una cuestión importante, el Partido Socialista ha introducido una disposición transitoria contraria al criterio de la Fiscalía, que dice que estaba aclarado el derecho transitorio y que no había que bajar la penas si cabían dentro de la nueva horquilla. Hemos alertado al Partido Socialista de que esto puede dar lugar a una nueva oleada de revisiones.

En los últimos meses, algunas figuras del Partido Socialista llegaron a sugerir que ustedes no tenían propuestas o que modificaban alguna coma. ¿Por qué no las enseñaron antes del trámite parlamentario?

Porque queríamos llegar a un acuerdo. No hubiese ayudado nada hacer pública una propuesta que tenía en sus manos el Partido Socialista. Otra cosa es que el Partido Socialista haya faltado a la verdad negando que tenía propuestas nuestras cuando las tenía desde hace meses. Lo han utilizado de cara al debate público. 

Hay una decisión por parte del Partido Socialista desde hace tiempo de no acordar y por eso se levantan de la mesa del Gobierno cuando estamos negociando e intercambiando propuestas. La propuesta del Partido Socialista siempre ha sido la misma. Nosotros nos hemos movido, pero desde noviembre ellos solamente han hecho la misma propuesta, que es la vuelta al esquema del Código Penal de La Manada y que es exactamente lo mismo que ha propuesto el PP. Y cuando estamos negociando, el PSOE se levanta de la mesa y hace una propuesta en el Parlamento. Eso es la demostración de que no quieren acuerdo, de que quieren llevar el debate a otro lugar y de que tienen decidido que van a pactar con el PP porque les han prometido esos votos.

El Partido Socialista ha modificado sin el acuerdo de su partido y su espacio político en el Gobierno una ley insignia de Igualdad. ¿No se han planteado en ningún momento salir del Gobierno por este asunto? ¿O han temido que Sánchez cesase a la ministra? ¿Irene Montero pensó en dimitir?

La derecha siempre ha querido romper el Gobierno por esto. La cesión que ha hecho el Partido Socialista a la derecha es grave para los derechos de las mujeres, pero también es un mal precedente porque le regala una victoria a la derecha, que puede volver a utilizar las mismas armas contra otro avance del gobierno. Lo que me preocupa más son los derechos de las mujeres, que salen debilitados, pero el conjunto del gobierno de coalición también sale debilitado de esto. 

Lo que vale ahora es quién se ha mantenido firme en la defensa de los derechos de las mujeres, respondiendo a lo que establecen los convenios internacionales, al acuerdo de gobierno y a los avances feministas. Ha habido un interés del Partido Socialista en poner palos en la rueda al Ministerio de Igualdad desde siempre. Las feministas sabemos que cuando hay retrocesos es más importante que nunca estar en todos los espacios. El feminismo en la última ola tiene muy claro que hay que ocupar los espacios de decisión para poder transformar la realidad y avanzar hacia una sociedad más feminista y más justa. Cuando hay retrocesos es más importante que nunca tener claro que hay que seguir ahí.

¿Creen que este tema les desgasta más a ellos en las urnas?

Yo no creo que esto vaya de electoralismo. Creo que el Partido Socialista ha podido tener un interés en ese sentido, pero no nos preocupa esto; nos preocupa recuperar los derechos que hoy hemos perdido por ese pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Creo que puede tardar, por desgracia, y hay que tener claro lo que pasó con el derecho al aborto cuando [el exministro del PP Alberto Ruiz ] Gallardón cometió un retroceso en el derecho al aborto para las mujeres de 16 y 17 años. Tardamos casi diez años en recuperar ese derecho gracias a la ley del aborto del Ministerio de Igualdad.

¿Cómo pretenden recuperar los derechos que dicen que se han perdido con esta reforma?

Hay una parte importante que tiene que ver con que la ley tiene toda una parte integral que hay que implementar. Tenemos que dedicar esfuerzos ahora a que el Estado acompañe esos avances y garantice todo lo que tiene que ver con prevención, detección y reparación frente a las violencias sexuales. La especialización de los juzgados es clave para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexuales y el Partido Socialista tiene que asumir que tiene que ponerse en marcha porque lo establece la ley. Es muy importante porque si las revisiones de penas las hubiesen estudiado juzgados especializados en violencia contra las mujeres y una Fiscalía especializada, estoy segura de que se hubiesen producido muchas menos revisiones. El Partido Socialista ha rechazado nuestras enmiendas para poner en marcha algo que establece la ley. [Unidas Podemos planteó una serie de enmiendas a la reforma de los socialistas para acelerar los plazos de implementación de esas medidas].

Vamos a estar vigilantes para que todos esos avances que establece la ley se pongan en marcha. Eso pasa, conjuntamente con las comunidades autónomas, por crear centros de crisis en todas las provincias. Es un cambio de paradigma. Cuando una mujer sufre una agresión sexual no tiene como antes que denunciar inmediatamente para que el Estado recoja muestras de ADN, sino que el Estado la recoge. Y posteriormente, cuando la mujer está preparada y ha decidido denunciar, denuncia. Y eso es muy importante porque el Estado se hace responsable de acompañar a las mujeres víctimas frente a las violencias sexuales y acompañarlas en todo ese proceso para alcanzar la justicia y la reparación.

Todo esto no ha sido enmendado con esta reforma. 

La parte integral de la ley no ha sido enmendada, pero tampoco ha sido puesta en marcha cuando ya debería de estar poniéndose en marcha.

Pero además, por parte de los organismos internacionales se va a ver claramente que esto es un retroceso respecto al Convenio de Estambul. Estamos en una Europa que está asediando el Convenio de Estambul. Finalmente se tiene que ratificar, pero hay países antifeministas, gobiernos antifeministas que están haciendo lo posible para que Europa no ratifique el convenio de Estambul. Nosotros lo ratificamos hace años y ahora hemos dado un paso hacia atrás y creo que eso va a ser criticado y mal visto a nivel internacional. Especialmente cuando somos a día de hoy un país vanguardia en derechos feministas en Europa y en el mundo. 

Creo que la fuerza del movimiento feminista nos va a potenciar para conseguir esos avances o recuperar esos derechos perdidos. Y es fundamental también que la parte de Podemos en el Gobierno tenga más fuerza a partir de las próximas elecciones estatales. Yo creo que hay que revalidar el Gobierno de coalición, pero es necesario que Podemos tenga fuerza suficiente para que el programa de gobierno y los avances que acordamos en este gobierno, y espero que en el que venga, se lleven a cabo.

El grupo parlamentario ha votado unido, pero ¿han echado de menos un apoyo más explícito de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a Irene Montero durante toda la crisis por la reforma de la ley?

No, no lo hemos echado de menos.

¿Pero lo han tenido?

Sí.

En algunos sectores del partido la han acusado de ponerse de perfil.

Yo no lo creo. Creo que ha estado apoyando al Ministerio de Igualdad en las negociaciones y en las conversaciones que se han dado y lo agradecemos. 

¿Se han sentido respaldados? 

Sí.

¿Vio la entrevista del domingo con Jordi Évole?

Bueno, si te soy sincera, he visto partes.

Parece que nadie la ha visto entera. Pablo Iglesias dijo que había causado tristeza entre la militancia del partido. ¿Lo comparte?

Yo creo que se centró mucho en Pablo Iglesias. Eso depende del entrevistador y de la entrevistada. No tendría por qué ser así. Se podría haber dedicado mucho más tiempo a hablar de cuál es el proyecto político que plantea Sumar y cuál es el proyecto político que necesita nuestro país para seguir avanzando en derechos. Más allá de eso, no quiero entrar en reproches. Creo que lo importante es que alcancemos un acuerdo. Eso es lo fundamental. Lo que nos piden nuestros votantes es que haya un acuerdo entre Podemos y Sumar. Es la condición para revalidar el gobierno de coalición.

Vamos a trabajar para eso, hemos hecho más acuerdos que nunca en estas elecciones municipales y autonómicas. Queríamos un acuerdo con Yolanda, con Sumar, antes de las elecciones municipales y autonómicas. Para nosotros era muy importante y llevábamos trabajando en ese sentido desde hace mucho, porque sabemos que era importante también de cara a estas elecciones municipales y autonómicas. No ha querido firmar ese acuerdo de primarias, pero esperemos que después de las elecciones municipales y autonómicas sí podamos alcanzarlo.

En la entrevista, Yolanda Díaz decía que estaban pidiendo la unidad a torta limpia. En el vídeo previo a la Fiesta de la Primavera, la acusaban veladamente de ponerse de perfil en cuestiones como la guerra de Ucrania. 

Lo fundamental de ese vídeo es transmitir una verdad. Podemos es una fuerza política que no se calla y que tiene la manía de decir la verdad y decir las cosas claras. Creo que eso es una explicación de una forma de hacer política, una forma de hacer política que nos ha permitido llegar hasta aquí desde el 15M: formar Podemos y conseguir no solamente dejar atrás el bipartidismo, sino formar el Gobierno de coalición. En ese tiempo se ha hecho de todo contra Podemos, con el lawfare, pero también con mucha presión a las decisiones que ha tomado nuestra organización política para que cambiásemos de dirección, para que no hiciésemos eso. El Partido Socialista no quería ese gobierno de coalición.

Hay un intento de utilizar el feminismo para que Pablo Iglesias hable menos

Si de alguien es la victoria de haber podido formar ese gobierno es en primer lugar de las mayorías sociales que se han movilizado desde el 15M, de las feministas, de los pensionistas, de los activistas por el derecho a la vivienda, pero también de los votantes de Podemos. Y creo que esa es una forma de hacer política sin la cual no habríamos llegado hasta aquí. Y eso es lo que reivindica el vídeo, que llama a una Fiesta de la Primavera, que por cierto tuvo mucha gente y fue muy bien.

Yolanda Díaz también acusó a Iglesias de no dejar volar a las dirigentes de Podemos. ¿Cree que es así?

No era necesario centrarse tanto en Iglesias, se podía hablar más de política y de proyecto. Hay una utilización del feminismo que es poco feminista, porque vivimos en una sociedad en la que el patriarcado siempre ha quitado la agencia a las mujeres y cuando finalmente la tenemos, se traslada que no la tenemos. Las mujeres nunca hemos podido decidir, pero cuando decidimos se dice que no hemos decidido nosotras, sino que han decidido otros por nosotras. Ione Belarra es una secretaria general que ha dirigido nuestro proyecto en los últimos años gracias a su inteligencia y su capacidad política. Con un equipo de mujeres, la mayoría jóvenes. No hay otra experiencia igual en Europa y posiblemente en el mundo de una organización política transformadora que esté dirigida por mujeres. Es importante reconocerlo y dejar de insistir en que las mujeres no tienen agencia cuando no es así. Me parece poco feminista. 

También es un intento, no digo concretamente por parte de Yolanda, de utilizar el feminismo para que Pablo Iglesias hable menos. Yo creo que si los medios de comunicación están llenos de amigos de [el excomisario José Manuel] Villarejo, Pablo Iglesias no solamente puede hablar en los medios que le dejan, que no son muchos, sino que es bueno que lo haga. Por eso repito lo de la agencia. Ione Belarra le ha pedido que sea un activo mediático. Eso hay que respetarlo y hay que respetar la decisión de la secretaria general, que es una mujer.

Han llegado a más acuerdos que nunca para estas elecciones con Izquierda Unida, pero también con otras fuerzas como Alianza Verde o Equo. Los únicos lugares en los que no habrá una unidad amplia son al mismo tiempo los más importantes, Madrid y Valencia, porque Más Madrid y Compromís no han querido unidad. Da la sensación de que hay algo irreconciliable ahí. 

Somos fuerzas políticas diferentes. En el Ayuntamiento de Madrid en estos años se ha visto que la ausencia de Podemos ha facilitado que no haya oposición real a [José Luis Martínez] Almeida. En los momentos más duros de la pandemia, cuando la señora [Isabel Díaz] Ayuso estaba dando contratos de emergencia a amigos y familiares y recortando en sanidad, el señor Almeida también estaba recortando en escuelas infantiles y en ese momento Más Madrid ofreció unos pactos de la villa que revalorizaron su imagen y construyeron la idea de que Almeida era el alcalde de todos los madrileños, cuando es posiblemente el peor alcalde que haya tenido la ciudad de Madrid. Se ha demostrado en estos años, sin Podemos en el Ayuntamiento, que no ha habido oposición y que necesitamos que entre Podemos. Sabiendo la responsabilidad que tenemos de echar Ayuso y Almeida, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad, les hemos ofrecido un acuerdo. Se lo ha ofrecido [la candidata de Unidas Podemos] Alejandra Jacinto y en Madrid ni siquiera se han sentado en la mesa. Es un error y los madrileños lo pueden pagar caro.

Y con respecto a la Comunidad Valenciana, es evidente que Compromís desde que se fue Mónica Oltra no es lo mismo. Hay un giro hacia la derecha. El señor [portavoz, Joan] Baldoví en los momentos que han sido determinantes para conformar un gobierno de coalición, se posicionó con un manifiesto a favor de que hubiese un gobierno con Ciudadanos y el Partido Socialista y después en contra de que pidiésemos entrar en el gobierno para tener competencias y poder llevar a cabo avances en nuestro país. Pero más allá de eso, sabemos de la responsabilidad que tenemos en nuestro país y por eso hemos querido esos acuerdos en todos los sitios, no con exclusiones, como en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Valenciana.

Se lo pregunto también pensando en la negociación que va a haber para una candidatura para las elecciones generales. 

Creo que es una pregunta que hacerles a ellos. Si quieren. Lo que nosotros sabemos es de la responsabilidad que tenemos para llegar a un acuerdo y por eso hemos pedido a Yolanda Díaz y a Sumar que firmemos ese acuerdo y les hemos tendido la mano, independientemente de los acuerdos que tiene o tenga Yolanda Díaz con otras fuerzas políticas. Hacemos lo que podemos en las comunidades y municipios de cara a estas elecciones y por eso hemos firmado más acuerdos que nunca.

¿Dónde les gustaría que hiciese campaña Yolanda Díaz?

A Yolanda le hemos ofrecido que apoye a los candidatos y a las candidaturas de Unidas Podemos en todo el territorio, pero también evidentemente en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Madrid y en el municipio de Madrid, por nuestro candidato Roberto Sotomayor, donde nos jugamos tanto. Pero no por una cuestión de que seamos nosotros y queremos que nos apoye a nosotros, sino por lo que nos jugamos políticamente. Y creo que solamente si hay un Podemos fuerte en esos territorios vamos a conseguir no solamente echar a la derecha o revalidar el Gobierno de la Comunidad Valenciana, sino impulsar políticas de avance, como la protección del derecho a la vivienda, como ha hecho [el vicepresident de la Generalitat Valenciana] Héctor Illueca, o con con la protección de los servicios públicos. Y por eso creemos que es importante que apoye a los candidatos de Unidas Podemos para que saquemos el mejor resultado posible, que nos dé una correlación de fuerzas que nos permita los avances.

¿Les sentaría mal que hiciese campaña por candidatos de Más Madrid o de Compromís?

Eso es una decisión que tiene que tomar Yolanda Díaz. Yo insisto en que creo que es importante que apoye a los candidatos de Unidas Podemos.

El CIS publicado este jueves les otorga un 6,7% y a Sumar un 10,6%. Hace escasas semanas criticaron a esta institución por manipular los datos. ¿Le siguen dando credibilidad? ¿Creen que con unos datos así tiene más sentido ir juntos que ayer?

Esta encuesta dice claramente la necesidad de ir juntos, de la unidad. Pero lo pensamos independientemente de esta encuesta. Las encuestas del CIS cada vez tienen menos credibilidad, no solo para nosotros, para el conjunto del país. Hemos pedido explicaciones respecto al anterior barómetro al señor [José Luis] Tezanos para que comparezca y explique esa manipulación de los datos. Las encuestas son encuestas hasta que realmente es el día en el que se vota. Tenemos que trabajar ahora para sacar el mayor resultado posible y el mejor resultado en las elecciones municipales y autonómicas y finalmente conseguir ese acuerdo para las elecciones generales y revalidar el Gobierno de coalición.

En la Fiesta de la Primavera del pasado fin de semana, la mayoría de los discursos estuvieron centrados en reivindicar la fuerza de Podemos, que además es el lema de la precampaña. ¿Quién quiere matar a Podemos o hacerlo más pequeño?

A Podemos lo llevan intentando matar desde desde antes de que naciese, con todo tipo de prácticas antidemocráticas, con lawfare y campañas mediáticas conectadas. Todos esos procesos judiciales que nos han abierto y que han archivado, de los cuales se hablaba mucho en las portadas y durante horas y horas en las tertulias cuando se abren, pero cuando se archivan, nada. A pesar de todos esos intentos que ha habido, hemos conseguido éxitos inéditos en muy pocos años. Si miras el conjunto de Europa, no hay resultados como los que hemos logrado en nuestro país, por mucho que insistentemente haya habido este discurso, no solamente por parte de la derecha, sino por parte de la izquierda o la progresía mediática en contra de Podemos. No hay resultados así. 

La encuesta del CIS muestra la necesidad de que vayamos juntos Podemos y Sumar

Es muy importante porque el Gobierno de coalición ha dado una respuesta a la crisis neoliberal en clave de protección de derechos y una salida más democrática y de justicia social frente a la alternativa de la derecha y la extrema derecha, de más individualismo, de más recortes. Estamos rompiendo esos mantras neoliberales de que no se podía intervenir el mercado del alquiler, los precios, de que no se podía tocar el gas. insistirán en que estamos muertos y esa es la evidencia de que los más privilegiados tienen mucha voluntad y necesidad de que una fuerza política como la nuestra no exista. Pero Ione también lo decía en ese mitin: no nos temen por lo que hemos hecho, sino por lo que vamos a hacer, por lo que nos queda. Y creo que este proyecto político, a pesar de todo eso, va a llegar más lejos que nunca en los próximos años. 

Acaba de recibir hace unos días, la confirmación por parte de la Justicia de que ya no está inhabilitada. ¿Cómo ha vivido este tiempo la política? 

He sufrido una campaña evidente de lawfare que tiene como objetivo que no hagamos política quienes estamos en fuerzas transformadoras. Con un proceso a partir de unas denuncias falsas y a partir de un juicio que se ha construido sobre falsedades y sin ningún tipo de sentido. Es una vulneración de mi derecho a la participación política. Pero siempre he llevado con orgullo el hecho de haberme manifestado frente a un desahucio y eso nunca me ha hecho dudar de nada, sino tener más claro que hay un proceso de atrincheramiento en la derecha del Poder Judicial, en el poder mediático y en este caso también en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra esos avances. Es más importante que nunca estar ahí y hacer política. 

He tratado de que no se haga más grande de lo que es. Creo que la política en mayúsculas no es la que se hace desde un cargo institucional, sino lo que hacemos como militantes. Hay momentos en los que estamos en cargos institucionales y también son igual de importantes todos los militantes que están día a día trabajando desde sus barrios, desde sus círculos, desde sus territorios o en los movimientos sociales. Y en ese sentido se ha entendido que era tiempo de hacer otra actividad que no tenía por qué llevar esa esa responsabilidad en un cargo institucional. 

La losa no es desde que me condenaron sino antes porque es evidente que todo formó parte de una campaña desde que me hice portavoz de Podemos y que hubo por parte de la derecha también una campaña utilizando esa condena judicial. El objetivo prioritario de esa condena y de ese proceso judicial es tratar de dañar a la fuerza política, no a mí, sino a la fuerza política que representaba. Cualquier organización política que quiera transformar las cosas tiene que hacer frente al lawfare y tener claro que van a hacer todo con las formas más antidemocráticas para que no avancemos. 

El Tribunal de Justicia de Madrid ha comunicado a la portavoz de Podemos Isa Serra que ya no está inhabilitada y por lo tanto puede presentarse como candidata en una lista electoral, según ha avanzado el diario Público y ha confirmado la propia dirigente en sus redes sociales. “Por fin el TSJM me ha comunicado que he cumplido ya la condena de inhabilitación a sufragio pasivo. Una condena injusta que nunca debería haber existido”, ha afirmado en un mensaje de Twitter.

En verano de 2021, el Tribunal Supremo ratificó la condena impuesta por el TSJM por un delito de atentado, lesiones y daños cometidos durante los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés en un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014. El Supremo ratificó confirmó una pena de 19 meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad, así como una multa de 400 euros por un delito leve de lesiones y otra de la misma cantidad por uno de daños. El tribunal madrileño también la inhabilitó durante 19 meses al derecho del sufragio pasivo, esto es, a concurrir en las elecciones.

Un año después, el TSJM decidió suspender la ejecución de la pena de prisión confirmada por el Supremo, al haber pagado la condenada la multa y la responsabilidad civil. No obstante, se condicionaba dicha suspensión al hecho de no delinquir en los próximos tres años bajo la advertencia de que la paralización sería revocada.

Serra ha pedido en sucesivas ocasiones al tribunal madrileño que aclarara si su inhabilitación seguía en vigor y ahora finalmente ha recibido una respuesta. En contra de lo que indicaba una diligencia del 29 de marzo pasado, el tribunal informa de que “dicha afirmación no se ajusta a derecho, dado que la suspensión acordada por Auto de fecha 23 de Septiembre de 2022 se limitaba única y exclusivamente a la pena privativa de libertad y no a la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo”.

“La citada pena accesoria empieza a cumplirse desde la fecha de firmeza de la sentencia en que se impone, y que alcanza dicha condición en virtud de la sentencia dictada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo”, es decir, el 5 de julio de 2021, según el escrito al que ha tenido acceso Público.

Serra ha criticado la tardanza durante estos meses en la resolución del proceso. “A la condena se ha sumando un retraso de años en la ejecución”, ha dicho. “Combatir el lawfare es una prioridad para cualquier proyecto que aspire a transformar y avanzar. Gracias a todas por tanto apoyo”, ha cerrado.

Varias dirigentes de Podemos han saludado la decisión. “Me alegro profundamente de que este calvario empiece a terminar querida @isaserras. Una persecución judicial injusta por haberte atrevido a encabezar el proyecto de Podemos en Madrid. No nos pararán. #ConIsaSerra”, ha dicho la secretaria general del partido, Ione Belarra, en un mensaje de Twitter. “Gracias Isa por la fortaleza y el aguante. Estamos y estaremos juntas haciendo frente al precio que nos quieren hacer pagar por atrevernos a convertir en posible lo imposible y avanzar en derechos. Te quiero mucho”, ha escrito en la misma red social la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El diputado de Podemos en el Congreso de los Diputados Rafa Mayoral ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que deje de utilizar la Presidencia de la Junta de Comunidades para “atacar” al Gobierno de coalición “desde el lado de la derecha”. “Ya está bien”, ha remachado el dirigente morado.

“Es necesario que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se convierta en un aliado del Gobierno del Estado”, ha expresado Mayoral, antes de participar en un acto en Toledo junto a la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, y el candidato de Podemos Castilla-La Mancha a la presidencia de la Junta y coordinador autonómico del partido, José Luis García Gascón.

Según ha asegurado, “no es admisible que desde la Presidencia de Castilla-La Mancha se siga disparando contra el Gobierno progresista”. “Necesitamos un aliado que defienda la subida de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que defienda una reforma laboral que estabilice el empleo o que defienda el tope al gas”, ha proseguido el diputado de Podemos.

“Nosotros creemos que es necesario un cambio progresista y, en ese sentido, necesitamos cuanto antes que Podemos entre en el Gobierno de Castilla-La Mancha para que se acabe ya de una vez por todas de utilizar el Gobierno de Castilla-La Mancha como si fuera un vocero del PP”, ha apuntado.

Tras ironizar con que García-Page siempre que hay un conflicto en el ámbito estatal “nunca se equivoca” porque “siempre está con la derecha”, ha subrayado que “en Castilla-La Mancha solo hay una papeleta que garantiza que haya en la Junta de Comunidades un gobierno aliado del Gobierno de coalicion que impulse políticas progresistas; y ese voto es un voto morado y por Podemos”.

Sus críticas al presidente de Castilla-La Mancha también han venido cuando hacía referencia a que hace falta una ley de vivienda y aseguraba que Podemos está “peleando” en el ámbito estatal“ en este sentido. ”Page no ha propuesto ninguna ley de vivienda, nos ha mandado una ley antiokupas, que es lo único que le preocupa en materia de vivienda a Page“, ha afeado al presidente socialista.

“¿Señor Page no le gustaría a usted que las viviendas de la Sareb se convirtiesen en un parque público” para que los castellanomanchegos tengan acceso a la vivienda “en vez de estar permanentemente comprándole el marco a la extrema derecha?”. “Es necesario que pongamos en el orden del día, de una vez por todas, que es posible que las instituciones se pongan al servicio de la mayoría social”, algo que, según ha advertido, “no será bien recibido por los de siempre”. “Estamos dispuestos a asumir el coste”.

Page: “El aliado de los poderosos”

José Luis García Gascón también ha cargado contra García-Page, a quien ha dicho que si es “el aliado de los poderosos, de los especuladores, de los fondos buitres, de los caciques y de los herederos del Franquismo en Castilla-La Mancha” tendrá en frente a Podemos. “Le vamos a sacar de la presidencia de Castilla-La Mancha y lo que vamos a hacer es un cambio progresista para una presidencia de izquierdas, un gobierno de coalición como el de España con un plan de trabajo y de gobierno para la transformación de la región”.

Dicho esto, ha cargado contra lo que él ha denominado el “pagismo” que, según ha apuntado, “no es el PSOE” sino que es una “trama” que se dedica a mantener el poder en contra de los derechos de la gente.

Ha querido explicar a todos los presentes lo que significa “el veto a Page”. “No es un veto a Page, es hacerle cumplir su palabra”, ha proseguido el dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha, quien ha hecho alusión a unas palabras de Page en las que decía que si ganaba Pedro Sánchez no volvería a ser candidato del PSOE en Castilla-La Mancha. “Lo debería haber cumplido en 2019”, ha abundado.

También ha criticado que Page pactara con el PP eliminar la limitación de mandatos de ocho años en Castilla-La Mancha porque, según el dirigente morado, quiere “eternizarse en el poder”. “No somos nosotros los que vamos a vetar a Page, es Page el que está vetando a la gente de Castilla-La Mancha con sus políticas de derechas, con sus vetos a los servicios públicos, a los derechos laborales o al medio ambiente”, ha agregado García Gascón. “La única pinza que hay en Castilla-La Mancha es la pinza de Page con Feijóo para cargarse a Pedro Sánchez y esa pinza va fuera”, ha finalizado el candidato de Podemos en la región.

También ha criticado al PP, quien “no engaña a nadie”, ya que, según ha argumentado, ni va a recuperar la sanidad pública porque “son los que más la destruyeron y privatizaron”, no van a recuperar la educación porque “son los que más recortes hicieron” y ni van a ayudar a tener políticas sociales porque “son el partido más corrupto y represor de este país”. “Vamos a impedir que vuelva el PP”.“Nadie se espera resultado que vamos a tener cambiando la región porque vamos a ser fundamentales y ya el CIS lo vaticina”, ha concluido.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó en firme a un año y siete meses de cárcel a la coportavoz de Podemos y exportavoz de la formación en la Asamblea de Madrid Isa Serra por un delito de atentado, lesiones y daños cometidos durante los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés en un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014.

En un auto, que cita Europa Press y contra el que cabe recurso de súplica, la Sala de lo Civil y Penal acuerda suspender la ejecución de la pena impuesta al haber pagado la condenada la multa y la responsabilidad civil. No obstante, se condiciona dicha suspensión al hecho de no delinquir en los próximos tres años bajo la advertencia de que la paralización sería revocada.

Los magistrados aducen que la condenada reúne los requisitos para conceder el beneficio de suspensión de la condena por el plazo de tres años, tal y como solicitó el fiscal. El tribunal se decanta por ese plazo, dado que la pena impuesta está próxima al límite de dos años mínimo de suspensión, y la repercusión social que tuvieron los hechos juzgados en los que destaca “la relevancia mediática de la penada en el procedimiento”.

“Sin negar su derecho fundamental a la libertad de expresión y de reunión, resulta reprochable la utilización de vías de hecho especialmente si son violentas, como las juzgadas, particularmente cuando se trata de personas con relevancia social, que si bien no tenía como diputada en la Asamblea, sí la tenía como miembro destacado de un partido político”, señala la Sala. Además, apunta que el plazo fijado es acorde con “las circunstancias favorables que concurren en la penada relativas a la reparación del daño y familiares ya que cabe esperar que en ese plazo de tres años no vuelva a delinquir”.

En julio de 2021, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que ratificó la condena impuesta por el TSJM al desestimar un recurso de casación interpuesto por la defensa de Serra. La política fue condenada a 19 meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad. Se la penó también por un delito leve de lesiones a una multa de cuatro meses, a razón de diez euros diarios –400 euros–; por un delito de daños, a cuatro meses con la misma cuota diaria –400 euros–, y se la inhabilitó por 19 meses al derecho del sufragio pasivo, lo que se confirma ahora.

En el fallo, los magistrados defendieron el atestado policial de los hechos y las diligencias abiertas para su averiguación ante las sospechas de irregularidades planteadas por la defensa en su recurso. El Supremo señalaba que los vídeos exhibidos en el juicio y que constan en la causa no “acreditan la participación de la acusada en las agresiones”, pero tampoco “la desmienten en cuanto no recogen en su integridad ni todo el episodio ni, en particular, todas las perspectivas o ángulos posibles”.

Podemos considera que su papel en el Gobierno de coalición es “fundamental”, por lo que las discrepancias respecto al envío de armas a Ucrania no harán que la formación que dirige la ministra Ione Belarra deje el Ejecutivo. “Pedro Sánchez sabe que puede contar con nosotras”, ha remarcado una y otra vez este lunes la portavoz de Podemos Isa Serra, en rueda de prensa, pese a constatar que existen “diferencias” respecto a la gestión de la guerra en Ucrania.

Serra ha querido restar importancia a las palabras de Belarra de este domingo que habló de “partidos de la guerra” refiriéndose a las formaciones políticas que han respaldado ese envío de armas. Según ella, Podemos “no” quiso con esa afirmación llamar “partido de la guerra” al PSOE. Fuentes de la dirección del partido han insistido después en que en ningún caso se quisieron referir a los socialistas, sino a la derecha.

Desde Podemos también tratan de minimizar las diferencias en el seno de Unidas Podemos, con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que sí respalda el envío de armas, o con IU y su líder, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que también lo apoya.

“Es fundamental insistir en que estamos de acuerdo en que hay que parar a Putin. Podemos tener diferencias, pero vamos a aportar lo mejor de nosotros. Hay que apostar por la diplomacia”, ha insistido. “No son palabras vacías, es la otra vía a la guerra, por la que apuesta la ONU”, ha remarcado Serra, que preguntada sobre la “diplomacia de precisión” mencionada el domingo por la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha limitado a señalar que se trata de “una apuesta decidida por esas vías”.

“La guerra genera más guerra”

“Las vías diplomáticas no se están tomando tan en serio como se debería”, ha añadido Serra, que considera que la ONU o la UE deberían estar presentes en la mesa de negociación entre Rusia y Ucrania. “Solo una mesa de negociación podrá permitirnos lograr la paz”, ha añadido, además de considerar “hipócrita seguir enviandole armas a Ucrania mientras se pagan millones a Putin por el gas que importa”.

“La escalada bélica es muy peligrosa”, ha agregado, para recordar después que “un 38% de los españoles considera que no hay que enviar armas” a Ucrania y que apuesta, como Podemos, por las vías diplomáticas. “Mandar armas puede alargar más la guerra, generar más sufrimiento y que no cambie la correlación de fuerzas”, ha insistido, remarcando esa “apuesta por la paz” frente al “fervor belicista que intenta decir que las vías diplomáticas no sirven para nada”.

Para Podemos “hay intereses en la guerra”, por el papel que va a tener la “industria armamentística”. Con todo, el partido dice defender “el derecho a la defensa propia” del pueblo ucraniano “reconocido en la carta fundamental de las ONU”. Pero su tesis es que “la guerra genera más guerra”.

El magistrado en excedencia Eduardo de Urbano Castrillo, ponente del auto que consideró que no había delito en el cartel electoral de Vox sobre los menores no acompañados, propone que la Fiscalía actúe contra las “descalificaciones” a los magistrados aunque estén realizadas en el contexto de la crítica política sobre su falta de independencia. De Urbano, que también participó en la condena en primera instancia a la portavoz de Podemos Isa Serra, trabaja ahora en un despacho de abogados y ha concedido una entrevista a una web elaborada por policías nacionales.

El entrevistador pregunta a De Urbano por unas declaraciones de un político “que ha estado en el Ejecutivo hace poco” y que dijo “en una tertulia de máxima audiencia que los partidos aceptaban el nombramiento de algunos miembros aun a sabiendas de que eran corruptos”. Eduardo de Urbano responde: “Lo que yo defiendo –y siempre he defendido– es la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad ideológica, la libertad política hasta niveles máximos, porque es la esencia de la democracia y poder hablar, opinar libremente. Pero ese tipo de descalificaciones, ese tipo de comentarios, ya me recuerdan un poco al barro, eso ya no lo va a centrar (sic). Y quiero decir que probablemente la Fiscalía podría intervenir, ya que no así es (sic) más de un caso se vierten calificativos realmente inaceptables como es este caso que me está preguntando. Contra jueces y tribunales. Por entender que no gustan a algunos”.

El magistrado en excedencia no especifica por qué delito debería emprender acciones legales la Fiscalía en estos casos, ya que el de injurias y calumnias es un “delito privado” contra el que no se puede actuar de oficio y que necesita de la querella de quien entiende que se ha vulnerado su derecho al honor. La pregunta parece aludir a una intervención de Pablo Iglesias en la cadena Ser recientemente, ya fuera del Gobierno, sobre la elección de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional.

Antes de esa pregunta, el entrevistador de www.h50.es ha preguntado a De Urbano cómo puede ser que “un ciudadano lego en derecho” pueda llegar a convencerse de que “todo un señor juez” dicte sentencias por su ideología política y no en aplicación únicamente de la ley. De Urbano responde que aunque los jueces, como el resto de personas, tienen “lo que se denomina un recognition, es decir, un conocimiento previo, una valoración previa de la vida, una forma de enfocar los asuntos”, los magistrados y tribunales fallan “de acuerdo a la ley y a las pruebas del caso”. “Tengo que negar la mayor, los jueces no dictan sentencias en función de sus convicciones. Eso no es justo. Si fuera así, se estaría hablando de delitos de prevaricación, que los hay, pero muy pocos. Por cierto, casi todos en la vía administrativa; prevaricación administrativa; judicial casi ninguno”, añade el magistrado en excedencia. 

Eduardo de Urbano Castrillo fue el ponente del auto, que también firman los magistrados Valentín Sanz y Tanía García, por el que se rechazó el recurso de la Fiscalía por el cartel electoral del 4M en el que Vox se inventaba cuánto costaba a la Administración un menor migrante no acompañado y lo comparaba con la jubilación de algunas personas mayores. “El cartel también puede interpretarse como un mensaje electoral a un colectivo mucho más numeroso que el de los menas [(sic), en referencia a los menores extranjeros no acompañados], en el que se presenta una crítica gráfica y directa sobre la cuantía de las pensiones en comparación con el sostenimiento de estos jóvenes”, escribió De Urbano. “Con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio”, añadía.

El delito de odio que no apreciaba en el cartel de Vox sí se daba, según la sala que integró De Urbano, en un chiste en Twitter del cómico David Suárez sobre personas con síndrome de Down. El magistrado participó en el tribunal que corrigió la decisión del juez instructor de archivar la causa, lo que conllevó su reapertura, llegando finalmente a juicio. Suárez ha resultado absuelto del delito de odio del que se le acusaba.

“Dudosa” idoneidad de la fiscal general

Al entrevistador le interesa la opinión de Eduardo de Urbano Castrillo sobre Dolores Delgado y su nombramiento como fiscal general tras haber sido ministra de Justicia, algo que al policía le parece “difícil de entender teniendo en cuenta que el estatuto fiscal intenta proteger la autonomía de la carrera respecto del Gobierno que lo nombra”. El juez en excedencia contesta: “Aquí hemos tenido un fiscal general del Estado que fue anulado su nombramiento por no cumplir los requisitos; que yo creo que los cumple la actual fiscal general del Estado. Sin embargo, otro tema es la idoneidad para el puesto, pues efectivamente podría haberse nombrado de otra manera, a otra persona, quizá porque es dudoso que pueda ser la más idónea para el cargo. Pero más allá de que sea dudoso, se puede decir poco porque el nombramiento ha sido fiscalizado por el Tribunal Supremo”.

Más contundente es Eduardo de Urbano cuando se le pregunta por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsan, entre otros, los grupos parlamentarios de los dos partidos en el Gobierno. Al referirse a la modificación del artículo que da presunción de veracidad al acta policial con el que se va a proponer una sanción para exigir que la redacción del policía tenga “coherencia”, De Urbano asegura que no ve “necesario cambiar” la ley. 

“Yo condené a la Policía, pero por excesos policiales, por cometer el delito de lesiones, por materia de torturas. Pero ¿cuántos en mi vida profesional con miles de casos? Voy a contarlos con los dedos de una mano. En todos los colectivos pasan cosas, pero más allá de eso, no veo que sea necesario cambiar esa ley. La conozco bastante bien, pues sirve para retirar (sic) apoyo de las policías y facultades para su trabajo profesional, que es un beneficio para la ciudadanía”, añade.

Eduardo de Urbano es uno de los magistrados que firman la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a Isa Serra a 19 meses de cárcel por unos enfrentamientos con la Policía que tuvieron lugar en 2014 durante un desahucio que un grupo de activistas, entre los que se encontraba la hoy dirigente de Podemos, intentó parar. La sentencia, luego ratificada por el Tribunal Supremo, se centró en las afirmaciones de los policías que declararon en el juicio. 

El juez también opina en la entrevista de otro aspecto de la reforma de la ley mordaza, que prepara el Congreso. Lo que más indigna a De Urbano es el referente a la supresión de la necesidad de convocar manifestaciones, previsto para situaciones extremas. “Es decir, que salimos aquí, salimos de esta estancia, estamos allá abajo. A lo mejor no podemos, no podemos seguir porque han decidido unos ciudadanos hacer una manifestación, ¿sin comunicarlo?, ¿y la ley lo quiere, quiere legalizar eso? Me parece un disparate único”, asegura en la entrevista.

Podemos solicita la dimisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras la retirada del escaño de Alberto Rodríguez. Este lunes los coportavoces de la formación de Ione Belarra, Isabel Serra y Pablo Fernández, han pedido de forma reiterada que “la señora Batet tiene que presentar su dimisión”. Serra ha reivindicado que la actuación de la máxima dirigente de la Cámara Baja ha sido “gravísima” y una “vergüenza”. “Se actúa por parte de la presidenta del Congreso en contra de la ley”, ha añadido la portavoz de Podemos, que también ha defendido que la marcha de Batet es “la salida más digna”.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, no ha secundado esta petición al ser preguntada en dos ocasiones en La Sexta por el anuncio de Podemos. “Dejemos de generar más ruido en nuestro país y trabajemos por lo que tenemos que trabajar”, ha respondido. En su intervención también ha enviado “todo” su “cariño” a Rodríguez, al que ha calificado como “amigo”, y sobre el que también añadió que “está sufriendo una gran injusticia”.

El ya ex diputado se ha dirigido este lunes a Batet a través de un requerimiento en el que pide una explicación ante la retirada del escaño. “Usted ha decidido privarme de mi escaño como diputado, ¿cuándo y mediante qué resolución se adoptó tal medida?”, cuestiona. Asimismo, exige una respuesta para “delimitar el objeto del futuro litigio” que sostiene que está “constitucionalmente garantizado”.

En el escrito, Rodríguez le cuestiona con qué base legal ha decidido “transformar una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena en una privación del escaño”, creando de ese modo “una pena no prevista en la sentencia”. Además, el ex diputado canario recuerda que fue elegido en noviembre de 2019 y se cuestiona “qué precepto de los muchos que contiene la ley orgánica del Régimen electoral General considera que le ha aplicado” la presidenta del Congreso.

Rodríguez no avisó a la dirección de su marcha de Podemos

En la rueda de prensa que se ha celebrado este lunes, Fernández ha reconocido que Rodríguez no informó a la dirección del partido que abandonaba la formación política, tal y como el ex diputado anunció este sábado a última hora, y su renuncia a la participación en estructuras de partidos estatales en el ámbito canario, tras comprobar “los límites de las mismas desde una perspectiva archipielágica autocentrada”, apuntó en las declaraciones que realizó tras aterrizar en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife.

24 horas antes de esas declaraciones, desde la formación aseguraron que denunciarían a la presidenta del Congreso por la decisión tomada. “Presentaremos una querella contra Meritxell Batet por prevaricación”. Desde el equipo de prensa del grupo confederal en plural, al difundir la información a los medios. Aún así, Fernández ha asegurado que “nunca” han dicho “que la querella la iba a presentar Unidas Podemos”.

Como ya informó esta redacción, ni Yolanda Díaz ni Alberto Garzón ni los Comunes compartieron la estrategia anunciada desde Podemos y se enteraron del plan cuando ya estaba anunciado. Aún así, desde la formación de Belarra han insistido en asegurar que la demanda solo era impulsada por Rodríguez. Según ha expuesto Serra, el espacio confederal “se puso a disposición” del ex diputado canario, que tenía la “voluntad de querellarse contra Batet”. Además, la portavoz de Podemos ha asegurado que “no solo la dirección, incluso los 35 diputados del grupo parlamentario” estaban al tanto.

Finalmente, la demanda por prevaricación contra la presidenta del Congreso no se presentará, según anunció el nuevo equipo jurídico que ha asumido la nueva defensa contratada por Rodríguez, ya desvinculado del partido. “Vamos a estar detrás de Alberto siempre”, ha añadido Fernández, que garantiza “máximo respeto” a la decisión de su antiguo compañero de formación.

Reunión con el PSOE este lunes

Este lunes, el grupo confederal se reúne con su socio en el Gobierno después de que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, solicitase la convocatoria de la mesa de seguimiento del acuerdo de gobierno después de que el PSOE decidiese reservarse el control de la reforma laboral que negocia desde hace meses Yolanda Díaz. “Pensamos que Nadia Calviño, que es una persona que se ha mostrado siempre en contra de derogar la reforma laboral, quizá no es la más más indicada para pilotar este proceso”, ha destacado Serra, sobre las pretensiones que mantiene UP para el encuentro de hoy.

A esa reunión no acudirá Díaz, en su lugar está prevista la asistencia de Josep Vendrell, jefe de gabinete de la vicepresidenta segunda, y Joaquín Pérez, secretario de Estado de Empleo y Economía Social. La dirección de Podemos también estará presente en la reunión con la asistencia de su secretaria general y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, la número dos del partido y ministra de Igualdad, Irene Montero, y el portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Pablo Echenique. También acudirá el secretario general del PCE, Enrique Santiago.

Isa Serra no será la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid en la legislatura que arranca formalmente este martes. La dirigente de Podemos ha anunciado este lunes que no recogerá el acta de diputada que obtuvo en las elecciones del pasado 4 de mayo. Se suma así a la renuncia del que fuera candidato, Pablo Iglesias, quien dimitió de todos sus cargos en la misma noche electoral, pese al crecimiento (insuficiente) en votos y diputados.

“He decidido que es el momento de pasar a una nueva etapa, aportar desde otro lugar a la transformación política de nuestro país. No seré más diputada en la Asamblea de Madrid y asumiré otras responsabilidades en Podemos a nivel estatal, acompañando a Ione Belarra para llevar más lejos este proyecto”. Así explica su decisión Serra en un vídeo que ha publicado esta tarde en sus redes sociales.

“Es el momento de que en la Comunidad de Madrid otras personas asuman responsabilidades como las que yo he desempeñado en este tiempo”, añade Serra en su mensaje. Todavía no está clara cuál será la estructura de la futura dirección del grupo de Unida Podemos en la Asamblea, pero todo apunta a una dirección más coral y menos personalista, en la que se respete el acuerdo firmado por Podemos e IU: la presidencia de grupo será para IU, mientras la portavocía será para Podemos.

Este puesto, reservado en principio para Serra, podría recaer en la que fuera abogada de la PAH Alejandra Jacinto, quien fuera de número 4 en la lista, o en Jesús Santos, actual coordinador autonómico de Podemos y teniente de alcalde de Alcorcón. Jacinto, quien entrara como independiente en la candidatura de Iglesias, formara parte de la futura dirección que Belarra está diseñando para el partido, siempre que logre la Secretaría General. Con todo, hay otros nombres en la lista como el de Carolina Alonso o Beatriz Gimeno, quienes ya han pasado anteriormente por la Asamblea de Madrid.

En su mensaje Serra también hace referencia a la condena de inhabilitación que pesa sobre ella y que está pendiente de ser confirmada por el Tribuna Supremo. El TSJ de Madrid condenó a Serra a 19 meses de cárcel y a inhabilitación para el sufragio pasivo (ser elegida) por considerar probada su implicación en unos altercados con la Policía Municipal para detener un desahucio en el madrileño barrio de Lavapiés. Serra recurrió y el Supremo está ya fuera de plazo para comunicar su decisión.

La probable inhabilitación fue uno de los motivos que llevaron a Unidas Podemos a plantearse un cambio en la candidatura en las elecciones del pasado 4 de mayo, en las que finalmente Pablo Iglesias asumió el liderazgo. Dicha sentencia, dice Serra, “no es la razón principal” de su renuncia. “Voy a seguir en Podemos”, asegura, para añadir: “Pero independientemente de la respuesta que reciba por parte del Tribunal Supremo, el daño ya está hecho. Es una estrategia para amedrentar a quienes defendemos los Derechos Humanos y de invalidarnos políticamente. Esa sentencia injusta y su uso por las derechas muestra la connivencia de intereses con el Poder Judicial”, concluye.

La ministra de Igualdad, Irene Montero; su secretaria de Estado, Noelia Vera; la actual portavoz estatal del partido, Isa Serra; la eurodiputada Idoia Villanueva; y la activista de la PAH y recientemente elegida diputada a la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto. Son las personas que acompañan a Ione Belarra en su candidatura a la Secretaría General de Podemos. Seis mujeres que encabezan una lista que quiere reflejar una “feminización” de la nueva dirección del partido, después de que su fundador, Pablo Iglesias, dimitiera el pasado 4 de mayo.

El proceso de la IV Asamblea Ciudadana de Podemos cubre una nueva etapa este jueves con la publicación de las candidaturas admitidas. Para la Secretaría General se han admitido tres de las siete precandidaturas que se postularon. Además de a Belarra, los inscritos podrán elegir a Esteban Tettamanti o a Fernando Barredo. Son los únicos que han cumplido las condiciones definidas en los estatutos para presentarse a las primarias: recoger 500 avales y presentar los documentos político y organizativo, así como una lista asociada con un mínimo de 21 componentes.

Dichas listas se han publicado este jueves. Y la de Belarra, que ya se había revelado como una propuesta continuista de la anterior dirección, guarda pocas sorpresas. Fuentes de la candidatura de la actual ministra de Derechos Sociales destacan una “apuesta clara por el crecimiento y fortalecimiento” a nivel territorial, con 11 coordinadores autonómicos integrados: Maru Diaz (Aragón), Conchi Abellan (Catalunya), Antón Gómez- Reino (Galicia), Pablo Fernández (Castilla y León), Martina Velarde (Andalucía), Jesús Santos (Madrid), Pilar Garrido (Euskadi), Pilar Lima (Comunidad Valenciana), Javier Sánchez Serna (Murcia), Irene de Miguel (Extremadura) y Laura Fuentes (Canarias).

El objetivo declarado por Belarra es el de intentar acometer dos de los retos señalados por direcciones anteriores: desmadrileñizar el partido y reforzar la organización en las comunidades autónomas “para poder crecer electoralmente y aspirar, con Yolanda Diaz de candidata, a ser la primera fuerza del Gobierno”.

En los primeros puestos destaca la entrada de la que fuera uno de los fichajes de Iglesias en su lista a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, quien apunta así a que asumirá importantes responsabilidades tanto a nivel estatal en Podemos como en la Asamblea, en el grupo de Unidas Podemos. La hasta ahora número dos del partido, Irene Montero, mantendrá su puesto. Y asciende en el escalafón Vera, quien ya fuera portavoz de Podemos.

El siguiente, en el número 7, será el actual portavoz parlamentario, Pablo Echenique. Le sigue el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y la portavoz adjunta en el Congreso, Sofía Castañón. Cierra la lista de los 10 primeros el diputado Rafael Mayoral.

Belarra llama así para su futura dirección, salvo una sorpresa en las primarias que no se espera, a la mayoría de los miembros de Podemos en el Gobierno de coalición, a los dirigentes autonómicos, a las incorporaciones que anunció (la actriz María Botto y el exatleta Roberto Sotomayor) y a buena parte de los dirigentes salientes. Se cae de la candidatura por voluntad propia el ya exsecretario de Organización, Alberto Rodríguez, así como la actual vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, quien ya estuviera ausente del proceso de la III Asamblea Ciudadana por diferencias insalvables con Pablo Iglesias.

Pablo Iglesias incorporará a las listas de Unidas Podemos para las elecciones del próximo 4 de mayo en Madrid a una de las abogadas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Alejandra Jacinto. El vicepresidente segundo redobla así su apuesta por hacer del movimiento a favor del derecho a una vivienda digna una de las palancas de su campaña. El secretario general de Podemos registrará además este martes su candidatura a las primarias de su partido, en las que estará por Isa Serra; Beatriz Gimeno, que deja la dirección del Instituto de las Mujeres; el coordinador autonómico, Jesús Santos; o el exjemad Julio Rodríguez, entre otros.

Jacinto, que ha anunciado su incorporación al proyecto de Iglesias para Madrid en un vídeo en redes sociales, es abogada en la cooperativa CAES, además del turno de oficio y pertenece a la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA). Es una de las referentes de los movimientos sociales por la vivienda de Madrid, especialmente implicada con la PAH.

“Considero que es necesario revertir la nefasta política de vivienda que ha mantenido la Comunidad de Madrid desde hace casi 40 años y apostar por un cambio de modelo que ponga en el centro el derecho a la vivienda”, asegura Jacinto en el vídeo de presentación que lanzado en redes sociales. La abogada recuerda que fue una de las impulsoras de la Iniciativa legislativa popular “por el derecho a la vivienda, que fue rechazada en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular y Ciudadanos”.

La explicación de Iglesias ha llegado también por Twitter: “Alejandra Jacinto no sólo es una jurista brillante; su experiencia defendiendo a los afectados por hipotecas y alquileres abusivos será crucial para gobernar”.

El secretario general de Podemos ha hecho de la vivienda uno de sus ejes de campaña. Este mismo domingo, en su primer acto de precampaña, señalaba que “Madrid es un territorio que pretenden utilizar las oligarquías, amparándose en una ultraderecha sin principios, para resistir la modernización y los cambios que se tienen que producir en este país”. Entre esos cambios que plantea el futuro candidato de Unidas Podemos está precisamente el sector inmobiliario. De hecho, el todavía vicepresidente segundo se comprometió a mantenerse en el cargo hasta el arranque de la campaña para buscar un acuerdo con el PSOE para sacar una ley de vivienda que lleva meses atascada por las resistencias del Ministerio de Transportes a establecer un mecanismo para regular los precios de los alquileres.

“Somos de las pocas Comunidades Autónomas que no cuenta con su propia ley de vivienda, a pesar de ser una de sus competencias como lo son la sanidad o la educación”, apunta Jacinto en su presentación. Y apunta: “Me he decidido a dar este paso porque creo que es urgente, entre otras cosas, revertir la venta de la vivienda pública a fondos buitre, devolver la luz a los niños y niñas de la Cañada Real y cumplir las resoluciones internacionales de Naciones Unidas que condenan a la Comunidad de Madrid por ejecutar desahucios sin alternativa habitacional”.

Serra, Gimeno y Santos, en la lista a las primarias

Este martes también se deberán registrar las listas para las primarias de Podemos. Pablo Iglesias contará para su candidatura con la actual portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, como su número dos. Serra fue la cabeza de cartel en 2019, tras la escisión protagonizada por Íñigo Errejón, y aguantó la presencia autonómica de su partido logrando un 5,65% de los votos.

Pero Serra tiene pendiente que el Tribunal Supremo confirme una condena de inhabilitación que, temen en Podemos, podría llegar durante la campaña. Ese fue uno de los motivos por los que Iglesias dio el paso de dejar el Gobierno y postularse él mismo para las elecciones en Madrid.

También irá en las listas la actual directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno, quien también dirá adiós a su presencia en el Ejecutivo para regresar a la Asamblea de Madrid, donde ya fue diputada tras las elecciones de 2015. Desde el Gobierno también acompañará a Iglesias su jefe de gabinete, Julio Rodríguez. El exjemad es uno de los hombres de confianza del secretario general de Podemos desde su fichaje en 2015.

Otra incorporación a las listas será la del actual coordinador autonómico, Jesús Santos, actualmente teniente de alcalde del municipio de Alcorcón, donde también dirige la empresa municipal de la limpieza en la que hace unos años trabajaba como conductor de un camión.

Santos podrá compatibilizar sus cargos en el Ayuntamiento con su presencia en la Asamblea de Madrid ya que en la III Asamblea Ciudadana se eliminó el límite que se había establecido en 2014. Fuentes de Podemos afirman a elDiario.es que “no es la práctica habitual”, pero que el motivo son las circunstancias excepcionales de las elecciones en Madrid, donde el partido se juega tanto que ha provocado una crisis de Gobierno y la salida de su líder del Consejo de Ministros.

Podemos pone así en juego a sus principales referentes autonómicos de cara al 4 de mayo. Además de los mencionados, en la lista de Iglesias repetirán los actuales diputados autonómicos del partido: Carolina Alonso, Jacinto Morano, Paloma García y Javier Cañadas.

El adelanto electoral en Madrid, que todavía deben confirmar los tribunales, ha pillado a buena parte de la oposición a Isabel Díaz Ayuso con el pie cambiado. Solo Más Madrid tuvo claro desde el principio quién sería su candidata: Mónica García. El PSOE ha tardado 48 horas en ratificar a Ángel Gabilondo. Pero Unidas Podemos todavía no ha hecho lo propio con Isa Serra. elDiario.es ha confirmado de múltiples fuentes de los partidos de la coalición que la apuesta por Serra no es segura y que se está diseñando un plan B en el que estaría participando ella misma. El detonante: la condena a un año y siete meses de inhabilitación para el sufragio pasivo que le impuso el TSJ de Madrid por unos altercados durante un desahucio en 2014 y que está pendiente de confirmación por el Tribunal Supremo. Una resolución que, temen en Podemos, puede llegar en cualquier momento y poner patas arriba toda la candidatura si se ratifica la pena, tal y como ha solicitado la Fiscalía.

La decisión sobre la cabeza de la candidatura todavía no está tomada. En el debate abierto participan la propia Serra, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, y otros dirigentes de los dos partidos que integran Unidas Podemos. Las fuentes consultadas aseguran que, de momento, están en la fase de análisis de la situación, consultando a abogados. Pero en ambas organizaciones son conscientes de que los plazos corren. Y mucho. A finales de marzo vence el plazo para registrar las candidaturas, pero los partidos tienen que hacer antes sus elecciones primarias. Además, la justicia madrileña podría suspender el decreto de convocatoria mientras decide si prevalece la decisión de Ayuso o las mociones de censura.

El recurso está pendiente de resolución desde el verano de 2020. Y el pasado mes de enero la Fiscalía se pronunció en contra de sus alegaciones y a favor de mantener la condena, según ha confirmado elDiario.es. En Podemos creen que la resolución es inminente y recuerdan que el día en el que arrancó la campaña de las recientes elecciones catalanas se hizo público el auto de imputación contra Juan Carlos Monedero.

En Podemos defienden la labor de su portavoz estatal en estos años. Serra asumió en 2019 una difícil tarea: sostener a Unidas Podemos ante el empuje de Más Madrid. La marcha de Íñigo Errejón junto a Manuela Carmena, hoy fuera de la primera línea política, provocó un agujero en el apoyo electoral a la coalición, que se salvó por los pelos de quedarse fuera de la Asamblea al lograr un 5,56% de los votos. Pablo Iglesias reconoció su labor y tras la III Asamblea Ciudadana la incorporó a su ejecutiva.

Desde entonces es el rostro del partido ante la prensa. Pero aunque Ayuso suele confrontar mucho con ella en los plenos de la Asamblea regional, Unidas Podemos no termina de despegar en unas encuestas que, ante la duda de qué pasará con Ciudadanos, se ven más que nunca con desconfianza en las formaciones. En el entorno de Serra creen que esta campaña les iría mejor que la de 2019, cuando su índice de conocimiento era muy bajo y competía contra el que iba a ser su candidato, Íñigo Errejón, quien además hacía tándem con Carmena, que arrastró muchísimo voto en la capital. Y sumidos en una gran bronca con IU para la conformación de las candidaturas municipales.

IU apuesta por buscar cabeza de cartel

En IU tienen más claro que hay que buscar una nueva cabeza de cartel. “Vamos a tener que ser creativas”, sostienen fuentes de la coalición consultadas por elDiario.es. Madrid es una plaza históricamente difícil para la izquierda, que completa ya cinco lustros sin tocar poder a nivel regional. “Tendremos que buscar un buen candidato o candidata”, zanjan.

En Unidas Podemos también están pendientes de la resolución judicial de la pugna entre el Gobierno de Ayuso y la Asamblea regional, que debería dirimirse en los próximos días. Si gana la opción de las mociones de censura, todo se mantendría como está ahora.

Pero si se impone el adelanto electoral, habría que tomar una decisión casi inmediata. La siguiente duda que surge es, ¿quién puede ocupar el lugar de Isa Serra? De momento, no hay nombres sobre la mesa. Y, si los hay, el secreto se está guardando bien.

Silencio de radio en Podemos y tibias peticiones de unidad en IU. Así reaccionaron este miércoles los dos partidos que integran Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid ante el adelanto electoral anunciado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y la posterior presentación de sendas mociones de censura por parte de Más Madrid y del PSOE. Las dudas legales sobre qué iniciativa prosperará, la decretada por el Ejecutivo o la reclamada por el Legislativo, han llevado a la formación a extremar la prudencia ante lo incierto del panorama, conscientes de que Unidas Podemos se juega mucho en Madrid. En los comicios de 2019 rozó el límite del 5% (5,56%) que hubiera supuesto quedarse fuera de la Asamblea regional. “Nos jugamos mucho”, repiten, en bajo, algunas de las personas que están en la cocina de las decisiones o cerca de ellas consultadas por elDiario.es.

Las declaraciones de Podemos sobre la situación política generada por la moción de censura en Murcia, que puso en marcha una cascada de presentaciones de esa herramienta, primero en Madrid y luego en Castilla y León, fueron precisamente de la cabeza de cartel hace dos años y actual portavoz en la Asamblea, Isa Serra. “Es una buenísima noticia”, dijo sobre la censura contra el PP en Murcia en declaraciones a los medios antes del mediodía. Y añadió que esperaba que ocurriera lo mismo en Madrid, en Castilla y León o en Andalucía, donde también hay gobiernos en minoría del PP con Ciudadanos.

Minutos después, todo saltaba por los aires. Ayuso anunciaba la disolución de la Asamblea, y Más Madrid registraba una moción de censura que ya tenían en mente precisamente por si ocurría algo así. Luego se sumaba el PSOE y comenzaba un embrollo jurídico que, salvo sorpresa, acabará en los tribunales. Será entonces cuando se determine qué ocurrirá: urnas o mociones de censura.

Y, hasta entonces, en Podemos se van a mantener a la expectativa y sin anticipar decisiones o los pasos a dar. La situación para el partido en Madrid es muy delicada. No levanta cabeza desde la escisión de 2019 que protagonizaron Manuela Carmena e Íñigo Errejón y de la cual surgió, precisamente, Más Madrid. Pese a que el sector carmenista ha vuelto a romper, en desacuerdo por el rumbo marcado por la líder municipal de Más Madrid, Rita Maestre, la hegemonía del espacio político que fraguó Podemos en 2015 es ahora para el partido cuyas riendas a nivel autonómico lleva Mónica García, toda vez que Errejón se ha embarcado definitivamente en su proyecto estatal, que ha desgajado del madrileño.

En caso de que se impongan las tesis de Ayuso y los madrileños sean llamados a las urnas en mayo, Unidas Podemos deberá decidir si mantiene la candidatura de Serra o apuesta por otro cabeza de cartel. Serra ha ganado proyección tras un año como portavoz estatal del partido, pero su labor de oposición a Ayuso palidece ante la que protagonizan sus rivales en el arco progresista de la región, PSOE y Más Madrid, con más representación parlamentaria y capacidad de acción. El riesgo de caer por debajo del 5%, como le ocurrió a IU cuando concurrió en solitario en 2015, está ahí. Eso les dejaría fuera de la Asamblea y tendría consecuencias imprevisibles para todo el espacio político.

Serra, además, tiene sobre su cabeza una condena de inhabilitación para el sufragio pasivo de un año y siete meses. La sentencia no es firme y está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso presentado por la dirigente de Podemos. Algo que podría ocurrir antes o después de las elecciones ya que depende de los tiempos del propio tribunal.

En cuanto al coordinador autonómico de Podemos, Jesús Santos, actualmente es teniente de alcalde del municipio de Alcorcón, donde preside además la empresa de gestión de residuos, y vicepresidente de la mancomunidad del sur. De momento, su proyección pública a nivel regional no alcanza los niveles de otros dirigentes políticos.

Los dos rivales con los que Unidas Podemos compite por el voto son, de hecho, los que registraron sendas mociones de censura, que, de llegar a debate y votación, contarán previsiblemente con el apoyo de los diputados de la coalición. Este es el único escenario que ahora mismo contemplan, al menos, de forma oficial.

Pasadas las 20.30 del miércoles comparecían ante los medios en la Asamblea regional el secretario general y la portavoz adjunta, Tito Morano y Sol Sánchez, para ofrecer la primera reacción a lo ocurrido por la mañana. “En este momento no hay adelanto electoral porque la presidenta ha ordenado que en vez de que se publique inmediatamente se haga al día siguiente”, han asegurado. En su opinión, la “torpeza” de Ayuso puede acabar con más de cinco lustros de gobiernos ininterrumpidos del PP en Madrid. Repreguntados sobre sus opciones en las urnas, han insistido: “Como no va a haber adelanto electoral, no podemos valorar la posibilidad de un adelanto electoral”, informa Fátima Caballero.

Unidad improbable

Si finalmente se produjera el debate y votación de las mociones de censura, en Unidas Podemos tienen claro que no serán “un problema” para su aprobación, según explicaron Morano y Sánchez en la rueda de prensa.

En este escenario, también hipotético hasta que no haya resolución judicial, la fórmula de gobierno daría un mayor protagonismo a PSOE y Más Madrid, dejaría todo el campo de oposición a las derechas de PP y Vox y orillaría la labor de Unidas Podemos de cara a las elecciones de 2023.

También se ha abierto una tercera opción en caso de elecciones: una posible reunificación del espacio político, incluso contando con el PSOE en el escenario más ambicioso, para impedir que Ayuso revalide la Presidencia de Madrid.

Esta opción la defiende IU de Madrid. Así lo ha expresado su máximo dirigente, Álvaro Aguilera, en un mensaje en Twitter. La organización también lo planteó en un comunicado en el que hicieron “un llamamiento a todas las fuerzas progresistas madrileñas a aunar esfuerzos en una moción de censura” y, si se confirma la convocatoria electoral, “a la unidad de las fuerzas de izquierda”. “Esta situación extraordinaria requiere de soluciones extraordinarias”, apunta el documento.

En este mismo sentido se pronunció hace ya unos meses, sin el contexto actual, el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero en una entrevista con elDiario.es: “A mí me parece muy bien que dentro del espectro de Unidas Podemos, Podemos permanezca como un partido y que trabaje con otros partidos que tienen sus trayectorias, sus características y sus diferencias. Sería absurdo juntarlas porque es mucho más virtuoso que Izquierda Unida vaya por su lado, que Podemos vaya por el suyo y que, si prospera, que no lo sé, Más Madrid, vaya por el suyo. Y cuando corresponda, nos sentamos a hablar de cuáles son los elementos que compartimos, incluido el PSOE por supuesto, para intentar que no ocurra lo que ha ocurrido históricamente: que la fragmentación de la izquierda le haya entregado el poder invariablemente a la derecha o a una izquierda que se encontraba muy a gusto gobernando con la derecha”.

Pero esta unidad, hoy por hoy, parece más una quimera que una posibilidad real. Y la precipitación de un adelanto electoral no suele ser el mejor momento para plantearlo, máxime con el historial de agravios que ambos partidos o espacios esgrimen desde su ruptura, e incluso antes.

Podemos aumenta la presión para que el Gobierno apruebe cuanto antes el real decreto que paralizará los desahucios a personas vulnerables mientras dure el estado de alarma. La norma debía haberse aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, pero el PSOE ha querido introducir en el texto una compensación económica por parte del Estado mientras se determina la vulnerabilidad y se busca una alternativa habitacional. Unidas Podemos admite esa compensación para los pequeños propietarios, no para los grandes tenedores de viviendas. La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha insistido este lunes: “El problema no son los beneficios de los grandes tenedores, sino las familias desahuciadas”.

Serra ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que a Podemos no le parece “de recibo que los grandes tenedores tengan que ser compensados por el Estado en un momento en el que tiene que arrimar el hombro”. En opinión del partido que dirige Pablo Iglesias, una pandemia como la que está viviendo España no es el momento para que estas empresas, fondos de inversión y bancos en su mayoría, piensen en el puro beneficio económico.

“El problema no está en que los enormes beneficios de los grandes tenedores se vean reducidos mínimamente”, ha defendido Serra. “El problema es que hay muchas familias desahuciadas sin alternativa habitacional”, ha zanjado.

La portavoz de la ejecutiva de Podemos ha asegurado que la meta de su partido es “avanzar hacia la paralización de los desahucios” y ha señalado que en las circunstancias sanitarias que vive España, la vivienda “es un derecho, pero también un refugio” ante el coronavirus. Serra ha considerado “urgente” la necesidad de sacar adelante el real decreto que negocia el Gobierno de coalición: “Esperemos que se apruebe más pronto que tarde”. Y ha concluido: “Si fuese por nosotros ya se habría pactado la medida. Queremos avanzar más de lo que quiere el PSOE, por eso tenemos que pelear”.

Ábalos cree que habrá acuerdo “antes de las navidades”

Desde el lado socialista del Gobierno rebajan el nivel de discrepancia con Unidas Podemos. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido que ambas partes llegaron “bastante rápido” a un acuerdo sobre la necesidad de legislar en la materia, pese a que en realidad Unidas Podemos ya intentó que se incluyera una prohibición de los desahucios por causas ajenas a la pandemia el pasado mes de septiembre.

Ábalos ha reconocido no obstante que sí hay discrepancias “que afectan a otros ministerios”, en referencia a Economía y Justicia, “para que se puedan prever reclamaciones patrimoniales” por parte de los propietarios de las viviendas. “En el marco estamos de acuerdo hace ya bastantes días”, ha sostenido. Es decir, en que “durante el estado de alarma no se produjeran desahucios, en ampliar a las situaciones previas al Covid y en incorporar a los ayuntamientos y las comunidades autónomas”. 

“No es que estemos proponiendo una compensación para grandes tenedores -ha explicado Ábalos-. Lo que estamos no es estudiando la compensación sino prever una reclamación patrimonial al Estado. Frente a cualquier reclamación que la propia norma contemple la respuesta que se le debe dar”. El ministro de Transportes ha defendido que “no necesariamente” tendrá que haber una compensación económica para aquellos propietarios que están a la espera de la resolución de los servicios sociales sobre la vulnerabilidad de las personas que habitan en el inmueble así como de su reubicación en una alternativa habitacional, pero sí dar una respuesta en la propia norma a los posibles recursos que se presenten.

Juan Carlos de Borbón, “vergüenza internacional”

Serra también ha ahondado en las críticas de Podemos a los escándalos que afectan a la Casa Real, especialmente a la figura del rey emérito. “Los escándalos de la monarquía son una vergüenza internacional. El rey [emérito] está haciendo mucho daño a la democracia, mucho daño a nuestro país”, ha sostenido la portavoz del partido en la rueda de prensa de este lunes.

La también diputada de la Asamblea de Madrid ha defendido que la regularización fiscal de Juan Carlos de Borbón “no es más que la demostración de un delito”. “La monarquía ha sido una institución corrupta en contra del interés general y de los derechos de la ciudadanía”, ha añadido, para asegurar que la institución “ha servido de epicentro de relaciones económicas, algunas legales y otras ilegales, pero siempre en contra del interés general”.

Serra ha rechazado la pretensión de quienes piden “separar a la persona de la institución” porque, ha recordado, la monarquía “se basa en una persona, el monarca, que llega a serlo por herencia”. Para la portavoz de Podemos, “separar a la persona de la institución tiene un nombre: república”.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha propuesto este sábado al Consejo Ciudadano Estatal (CCE) la composición del Consejo de Coordinación (la ejecutiva). Al órgano de dirección diaria se incorporarán Isa Serra, Julio Rodríguez y Jaume Asens, según ha podido confirmar eldiario.es de fuentes de la dirección. Además, Iglesias recupera a Nacho Álvarez para la Secretaría de Economía. El máximo órgano entre asambleas ha ratificado la propuesta por unanimidad, según ha comunicado el partido.

Serra será la nueva portavoz de Podemos junto a Rafael Mayoral, quien repite en el cargo. La también portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid sustituye así en el puesto a Noelia Vera, que actualmente ocupa la Secretaría de Estado de Igualdad y que se encuentra de permiso de maternidad.

Vera se mantiene en el Consejo de Coordinación secretaria de Feminismos y cede la portavocía a Serra, quien ha entrado por primera vez en la dirección estatal del partido en las recientes primarias y que será, además, la secretaria de Formación de Podemos. El papel de la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid se ve así reforzado en un momento crucial para la región, con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tambaleándose por los enfrentamientos internos.

También Mayoral, uno de los principales referentes de Podemos desde 2014, continúa como secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular.

El exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), por su parte, ocupará la Secretaría de Paz y Seguridad, de nueva creación. Julio Rodríguez fue uno de los fichajes más sonados de Podemos en su primera etapa y se mantiene como una de las personas de referencia de Pablo Iglesias. Hasta el punto de que en su día le encargó la complicada tarea de dirigir Podemos en la ciudad de Madrid y buscar un entendimiento con Manuela Carmena que fue imposible. Hoy es el jefe de Gabinete de Iglesias en la Vicepresidencia del Gobierno y se estrena en el Consejo de Coordinación.

Quien regresa formalmente al Consejo de Coordinación es el actual secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quien será el Secretario de Economía. Álvarez ya ocupó ese puesto en la primera dirección de Podemos, la que se formó en 2014, pero quedó oficialmente fuera tras Vistalegre 2. Entonces, Álvarez optó por no formar parte de ninguna candidatura ante la pugna entre Iglesias e Íñigo Errejón, por lo que no fue elegido para el CCE, condición indispensable para poder ser elegido en la ejecutiva. Iglesias le dio un asiento en el Consejo de Coordinación como miembro no permanente y, en teoría, con voz pero sin voto. En la práctica, siguió ejerciendo como secretario de Economía, puesto que ahora recupera formalmente.

En la III Asamblea Ciudadana también ha vuelto a la dirección el abogado Jaume Asens, quien ya formara parte del primer CCE de Podemos. Esta vez, Iglesias también contará con él para la ejecutiva como secretario de Derechos Humanos.

Asens es el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú-Galicia en Común y fue el cabeza de lista de los comunes en las pasadas elecciones generales. Es una de las personas de confianza de la alcaldesa de Barcelona y líder de Catalunya en Comú, Ada Colau, con quien Podemos refuerza así sus lazos.

Otro de los cambios se produce en el equipo de Discurso. Manuel Levin, quien actualmente redacta los argumentarios y discursos de Iglesias, se hará cargo precisamente de la Secretaría de Discurso y Análisis Político que hasta ahora ocupaba Pedro Honrubia, quien sí se mantiene en el CCE.

También se incorpora al órgano de dirección diaria Teresa Arévalo al frente de la Secretaría de Políticas de Cuidados. Arévalo es una de las principales colaboradoras de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Una de las tesis políticas que defiende Podemos desde hace años es a necesidad de poner en el primer plano del debate la reorganización del sistema de cuidados, que recae de forma mayoritaria en las mujeres y que, de forma generalizada, está mal pagado o incluso es un trabajo que se realiza sin contraprestación dentro de los propios hogares.

La pandemia del coronavirus no ha hecho más que ahondar, según Podemos, en la necesidad de acometer este asunto, como expuso recientemente Montero en esta entrevista en eldiario.es.

Un Consejo de Coordinación continuista

Pese a los cambios, el Consejo de Coordinación que este sábado ratificará la dirección estatal de Podemos es básicamente continuista, tanto en nombres como en cargos. Compuesto por 20 secretarías, además de la Secretaría General, mantiene sus puestos la número dos del partido, Irene Montero, al frente de la Acción de Gobierno, y el número tres y secretario de Organización, Alberto Rodríguez.

También repiten Juan Manuel del Olmo (Comunicación), Pablo Echenique (Programa y Portavocía parlamentaria), Ione Belarra (Coordinación de la Ejecutiva, pero suma Desarrollo Sostenible).

Ana Marcello sigue al frente de la Secretaría de Círculos, que debería tener especial relevancia interna en este nuevo ciclo y cuya labor está ligada a Organización. En su intervención inicial ante el CCE, Iglesias ha destacado la necesidad de “fortalecer el espacio político” que representa Podemos“, para lo que los círculos tendrán ”un peso determinante“. ”Avanzamos hacia una organización más fuerte, más implantada“, ha dicho. Los círculos, según el plan del secretario general, ”tendrán un papel fundamental también en la relación con los movimientos sociales, con las organizaciones hermanas [en Unidas Podemos y las confluencias], con los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil“.

Nuevo órgano intermedio: la Comisión ejecutiva

Pablo Iglesias también ha propuesto al CCE la creación de una Comisión ejecutiva que funcione como espacio de coordinación del trabajo entre el Consejo de Coordinación y el propio CCE para evitar “que se separe tanto el día a día” de ambos órganos, según fuentes de dirección.

Los estatutos de Podemos establece que el CCE se reunirá cada tres meses, salvo convocatoria extraordinaria. La nueva Comisión ejecutiva lo hará “cada mes o mes y medio” y, como el CCE, lo hará “de forma pública”.

De esta Comision formarán parte los miembros del Consejo de Coordinación, además de los responsables de las diferentes áreas de trabajo del CCE que serán en total 28 en esta nueva etapa. Entre las incorporaciones destacan Irene de Miguel como responsable de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Jéssica Albiach (Vivienda) y Vicenç Navarro (Avance del Estado del Bienestar).

El caso de Albiach es el de otra persona que vuelve a los órganos de Podemos. La portavoz de los comunes en el Parlament de Catalunya ya estuvo en el primer CCE del partido surgido en 2014. Después optó por dar un paso al lado y centrarse en la política catalana, donde es ahora una de las dirigentes de Catalunya en Comú.

Otros nombres que destacan son los del secretario general en Galicia y candidato en las próximas elecciones a la Xunta, Antón Gómez-Reino, como responsable de Industria y América Latina. O Jesús Santos, probable nuevo líder del partido en Madrid, en Gestión Medioambiental.

De la ejecutiva ha salido María Pita, que se mantiene como responsable de Pensiones en el CCE. El actual director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Héctor Illueca, será responsable de Empleo, mientras Finanzas se mantendrá a cago de Daniel de Frutos. El guardia civil Juan Antonio Delgado, hoy en la DGT, será responsable de Seguridad Ciudadana.

Apenas unas horas después de un duro enfrentamiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida, Isa Serra, este jueves en la Asamblea de Madrid, ambas dirigentes se sentarán en una reunión bilateral para abordar unos pactos de la reconstrucción en la región similares a los puestos en marcha en el Ayuntamiento de Madrid, que huelen a fracaso antes de empezar.

“¿Me hablan de reconstrucción? En manos de Podemos la reconstrucción es imposible porque son amigos del odio y de la destrucción. Son peores que el virus”, dijo este jueves la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a la portavoz de Podemos, Isa Serra, en un acalorado cuerpo a cuerpo este jueves en la Cámara madrileña. Y este viernes ambas se sentarán en un encuentro a dos para abordar posibles vías de acuerdo para la reconstrucción económica y social de Madrid, la comunidad más castigada por la pandemia.

“No vamos a dejar de ir por que Ayuso nos insulte ahora, porque lleva insultándonos desde que está en la Asamblea de Madrid”, defiende la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid en esta entrevista con eldiario.es. “La única forma de que haya una salida justa a esta crisis es que Isabel Díaz Ayuso se vaya del Gobierno de la Comunidad de Madrid, echarla es un imperativo político y moral”, asegura Serra la víspera de ese encuentro.

La diputada regional se acaba de reincorporar al trabajo parlamentario después de su permiso de maternidad tras ser madre en pleno confinamiento. Reconoce que está siendo una vuelta “complicada” y que no era tan consciente de lo que supone la conciliación y los cuidados hasta que lo ha vivido en sus carnes. Sigue defendiendo su inocencia pese a la sentencia que la ha condenado a 19 meses de prisión por un delito de atentado y lesiones leves durante un desahucio. Serra, que ya ha anunciado recurso, asegura que su caso, “al igual que el informe de la Guardia Civil sobre el 8M”, pone de manifiesto que hay que “democratizar” muchos aparatos del Estado, especialmente las Fuerzas de Seguridad y la Justicia.

Después de la reunión mantenida el lunes con el vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, finalmente la presidenta ha impuesto otro formato de reuniones bilaterales. Este jueves durante el Pleno Ayuso ha asegurado que con ustedes no se puede pactar una reconstrucción y les ha dicho que son peores que el virus. ¿Mantienen el encuentro previsto para el viernes?

Sí, mantenemos la decisión de acudir. No vamos a dejar de ir por que Ayuso nos insulte ahora, porque lleva insultándonos desde que está en la Asamblea de Madrid. Es su cultura política. Haremos siempre lo mejor para los derechos de los madrileños, aunque tenemos claro que este juego que se traen es un paripé, marean a la oposición para resolver sus crisis internas. Lo que quieren es que vayamos pasando uno a uno a besarles la mano y que parezcan muy conciliadores. Encima en una habitación sin transparencia ni luz ni taquígrafos, para que lo que digamos no valga nada ni lo escuche nadie. Pero queremos que nos escuche porque lo que hemos conocido de las residencias en los últimos días, respecto al protocolo que dio una orden para que no derivasen mayores enfermos de Covid de residencias a hospitales, es muy grave y queremos exigirle responsabilidades.

¿Qué esperan de ese encuentro?

Evidentemente somos muy pesimistas, pero no renunciamos a que nos escuche a nosotros y también a la ciudadanía movilizada que pide un mayor refuerzo de lo público. Pero Ayuso ya ha planteado sus medidas de reconstrucción que esta vez sí que son fieles al menos al nombre: tiene como punta de lanza la Ley de Suelo, para construir más. El modelo del ladrillo y el turismo, en el que unos cuantos fondos buitre y grandes constructoras especulan sobre el suelo para beneficiarse a costa de degradar el medio ambiente, crear desigualdad territorial, y empobrecer. Esta crisis nos ha enseñado que hay que transformar el modelo productivo. Pero en el PP son incapaces de aprender nada porque ellos están ahí al dictado de los que se benefician con leyes como esta. Lo de llamarnos después de haber planteado ya sus medidas es poco útil.

Las medidas que se quieren poner en marcha por parte de este Gobierno son antagónicas a lo que nosotros consideramos que es la forma de enfrentar una crisis y antagónico, desde luego, a lo que está haciendo el Gobierno de Unidas Podemos y el Partido Socialista en el Estado, que es proteger a la ciudadanía y ofrecer una salida justa.

Este lunes se reunió con el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, antes de que Ayuso impusiera su modelo de encuentros con la oposición. Esa reunión evidenciaba una cierta ruptura entre los socios de Gobierno. ¿Lo ve usted así?

En la reunión del lunes ya transmitimos que estábamos un poco desconcertados ante la convocatoria misma. Desconcertados en tanto a que no sabíamos muy bien si se nos estaba convocando como parte del Gobierno o como el gobierno en su totalidad, con el beneplácito de Isabel Díaz Ayuso. Comprobamos que solamente era una parte del Gobierno y esto evidencia que hay cierta crisis de Gobierno y que se pueden visibilizar dos gobiernos. En lo que consistió la reunión fue fundamentalmente en una utilización por parte de Aguado de los grupos de la oposición para jugar con Isabel Díaz Ayuso en esa crisis que tienen.

¿Pero por qué es tan difícil conseguir en la Asamblea lo que se está logrando en el Ayuntamiento de Madrid?

Estamos a favor de que se constituya una comisión de reconstrucción en la Asamblea de Madrid. Allí propondremos lo que pensamos que son las políticas urgentes y necesarias para enfrentar las consecuencias de la crisis social, sanitaria y económica en la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna voluntad de llegar a un acuerdo con la oposición y creo que Aguado todo lo que hace son gestos para aparecer más conciliador simplemente por tratar de buscar cierto hueco político, pero que realmente su proyecto es el mismo que el de la presidenta.

Y sobre el Ayuntamiento de Madrid me gustaría añadir que Almeida al lado de Ayuso es mejor, sí, porque ella hace bueno a todo con lo que se la compara. Y claro que la gente está harta de la crispación y prefiere unas formas mejores. Pero la gente no quiere renunciar a políticas justas. Por eso defender otra cultura política no debería significar dar legitimidad al proyecto de Almeida, discípulo de Aguirre, y el que hace unas semanas decía que los recortes en sanidad son una leyenda“ porque quiere privatizarlo todo. Con esto quiero decir que la forma importa pero el contenido más. No comparto esas alabanzas a Almeida, que creo que nos lo ponen difícil para echarle en tres años, ni la insistencia de Gabilondo en darle el apoyo a Ayuso con los presupuestos antes de hablar de políticas.

Decía que lo que ha ocurrido esta semana entre la presidenta y el vicepresidente evidencia un gobierno roto, ¿cree que podemos irnos a unas elecciones anticipadas los próximos meses?

Sería Isabel Díaz Ayuso la que puede ver como algo positivo caminar a unas elecciones. Ahora mismo tiene una serie de dificultades en el Gobierno, que tienen que ver con la imposibilidad de aprobar los presupuestos. Antes de que llegase esta crisis Ayuso ya no pudo aprobarlos porque tiene que pactar con Vox y con Ciudadanos. Ante esto, puedo entender que ella tenga cierto interés en esa actitud que está teniendo de ser más de Vox que los propios de Vox, de recoger electorado más hacia su derecha extrema. Por parte de Ciudadanos no veo la posibilidad de que le retire el apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

¿Descarta entonces una moción de censura en la que estuviera Ciudadanos como se está hablando?

La única forma de que haya una salida justa a esta crisis es que Isabel Díaz Ayuso se vaya del Gobierno de la Comunidad de Madrid, echarla es un imperativo político y moral. Nosotros estamos dispuestos a que a que eso se produzca, pero de quien depende esto, como dependía hace un año, es de Ciudadanos porque si no, no dan los números. Pero creo que Ciudadanos está jugando con los grupos de la oposición y con las expectativas de la ciudadanía que quiere echar Díaz Ayuso. Creo que Aguado va a sostener a Ayuso, a pesar del trato que están recibiendo por la presidenta. Están siendo utilizados en muchas ocasiones como cabeza de turco y lo hemos visto con las residencias. Aun a pesar de esta situación que ha generado fracturas dentro del Gobierno, creo que Ciudadanos sigue decidido a mantener sus sillones, hacerlo a pesar de poner las políticas de la extrema derecha en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. No nos hacemos ilusiones con Ciudadanos.

En Unidas Podemos, ¿apoyarían una moción de censura en la que el candidato a la presidencia fuera Ignacio Aguado de Ciudadanos?

Para nosotros lo importante es hablar de políticas. Isabel Díaz Ayuso es una presidenta que está generando dolor en la Comunidad de Madrid y dolor a los madrileños, pero nuestra labor es hablar de políticas. En ese sentido, si llegamos a un acuerdo que permita poner en marcha lo que consideramos que es la reforma fiscal, una defensa de los servicios públicos, etcétera, nuestro voto a favor o en contra no va a depender del candidato, va a depender de las políticas. Pero es evidente que quien tiene la mayoría alternativa a Ayuso es el Partido Socialista y no Ciudadanos.

¿Y si el pacto fuera entre el PSOE y Ciudadanos para que la presidencia recayera en Aguado?

Es una situación que no se puede dar por las mayorías que hay en la Asamblea de Madrid y desde luego nuestro proyecto, el de Unidas Podemos, es antagónico con el de Ciudadanos. Si asume las propuestas que planteamos para la Comunidad de Madrid podríamos hablar, pero creo que estamos hablando de algo que no va a suceder.

Hablaba de las residencias y de cómo está erosionando el Gobierno. Han impulsado en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación para determinar qué ha pasado en los gerirátricos. ¿Qué pueden encontrarse los ciudadanos?

Lo que hemos conocido recientemente con ese protocolo emitido por parte del Gobierno de la Comunidad Madrid en los que se excluía a personas mayores de residencias del derecho a la salud es gravísimo. Hay que decir además que Isabel Díaz Ayuso mientras se estaban muriendo miles de personas en las residencias, lo que ha hecho es tratar de construir un perfil estatal por un interés partidista y personal. Ha utilizado la crisis para eso y no ha atendido a las necesidades más básicas, que es poner recursos para salvar vidas. Es gravísimo y espero que en esta comisión que se va a poner en marcha se esclarezcan esas responsabilidades.

Y hay otra cuestión urgente y es que esta presidenta sigue sin medicalizar las residencias y no estamos hablando ya de la reconstrucción, estamos hablando de lo urgente a día de hoy. Lo pedimos nosotros desde el inicio de la crisis y lo ha pedido su consejero de Políticas Sociales, al cual ha apartado y además ha tratado de cargar con todos los errores o ilegalidades que se han cometido. Hay una lección que sacar de la situación de las residencias, que es que no podemos tener un modelo que consiste en que unos fondos buitre se dedican a obtener el máximo beneficio de la colonización de nuestros servicios públicos y de nuestras residencias a costa de la vida de nuestros mayores, y de la calidad de vida y la dignidad de los profesionales.

¿Qué opina de la gestión del consejero de Políticas Sociales?

Que está siendo muy claro. Dijo que pensaba que lo que contenía ese protocolo no era ético, y tampoco era legal y no sé cuánto tiempo va a dejarle estar Isabel Díaz Ayuso en sus funciones. Pero desde luego creo que su postura ha sido coherente y valiente en esta crisis. Es de lo mejor que hay en ese Gobierno.

Ha vuelto esta semana al trabajo después del permiso de maternidad. ¿Cómo ha sido reincorporarse en medio de una pandemia? ¿Cómo lleva la conciliación?

Resulta complicado. Llevo mucho tiempo siendo feminista, leyendo respecto a lo que son los cuidados, escuchando, debatiendo con mujeres sobre la importancia de la reorganización de los cuidados, pero no era consciente hasta que lo he vivido lo que es realmente la crianza. Ahora que estoy tratando de volver a trabajar, estoy viendo como es imposible estar en casa trabajando con un bebé. Es muy pequeñito y de todas formas iba a estar con él, pero sí que le doy más sentido a lo que significa la conciliación. Esta crisis lo que ha evidenciado es una crisis latente de cuidados. En primer lugar porque son las mujeres las que han estado en todos esos trabajos y labores que han dado la cara al virus: la sanidad pública, las farmacias, las limpiadoras... La mayoría son empleos feminizados. Eso sumado al cierre de las escuelas infantiles y los colegios, ha generado una sobrecarga de cuidados para, fundamentalmente, las mujeres.

¿Cómo fue su parto en medio de una pandemia?

Adrián nació a las doce de la noche del día 15. Durante esos días como estábamos al principio de la crisis, en la zona de maternidad de Gregorio Marañón no había una saturación todavía en el sistema sanitario como lo que hubo en las semanas posteriores. De lo que me acuerdo es que fue el día en el que por primera vez la ciudadanía salió a los balcones a agradecer el trabajo y el esfuerzo por parte de los sanitarios. Y es cierto que si bien estábamos empezando, lo viví muy agradecida por toda la dedicación con el parto y el nacimiento de nuestro hijo. La sanidad pública es una de las mejores cosas que tiene este país, muy perjudicada por los gobiernos del Partido Popular, pero que resiste sobre todo gracias a esos profesionales.

Este jueves publicamos las dificultades de las madres primerizas en una situación como esta y como la red de matronas ha salvado en algunas ocasiones las carencias de las mujeres, ¿usted lo ha vivido así?

Mi intención ya era quedarme en casa recuperándome y dedicada a mi bebé, pero es cierto que también he notado carencias y necesidades de cuidados. Las primeras semanas después de un parto son muy necesarias las redes de apoyo de familiares, de personas cercanas y queridas y el hecho de no poder ver a ninguna persona se ha hecho más difícil. También respecto al sistema sanitario: no he podido ir a la matrona después del parto, todo ha sido por teléfono. El niño ha ido una vez al pediatra porque le tenían que ver, pero cualquier necesidad que hemos tenido, dudas y temores que suelen tener los padres cuando tienen un bebé tan pequeño, no lo hemos podido resolver presencialmente, siempre ha sido por teléfono y a través de fotos. Un postparto requiere muchos cuidados, pero dentro de lo que cabe, no he sentido abandono por parte del sistema sanitario, sino cuidado a distancia y en lo que se ha podido.

Durante el confinamiento salió la sentencia que la condena a 19 meses de prisión. Usted ha sostenido que es injusta y que no va a dimitir. ¿Cómo va a ser el recurso?

Es una sentencia totalmente injusta y desproporcionada. Tengo muy claro que lo que estaba haciendo ese día era defender los derechos humanos de una forma absolutamente pacífica y que la defensa de los derechos humanos es lo que sigo haciendo en las instituciones. El intento por parte de quienes me acusaron con acusaciones falsas tiene que ver con tratar de criminalizar la protesta social y buscar la criminalización de los activistas sociales. La sentencia no respeta mi derecho a la presunción de inocencia. En primer lugar, porque todas las pruebas que se han presentado en el juicio las he presentado yo y son pruebas que demuestran muy claramente que no estaba haciendo nada de lo que dicen los agentes y directamente no se han valorado en la sentencia.

A mí se me ha aplicando una cosa que no se había aplicado antes a las personas que se manifiestan como es la doctrina del delito masa, que suele utilizarse para peleas de bandas callejeras. Por primera vez se aplica a una persona que es denunciada en el contexto de una manifestación. Se está diciendo con eso que simplemente por estar en un desahucio, ya soy coautora y corresponsable de todo lo que sucedió en ese desahucio. Eso atenta contra el derecho a la manifestación.

Dice que es una manera de criminalizar la protesta y el activismo, ¿cree que el resultado habría sido el mismo si usted no fuera la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid?

Hay activistas a favor del derecho a la vivienda digna y de otros derechos humanos que han sido condenadas injustamente. Pero sí creo que el hecho de que yo sea miembro de Podemos ha estimulado el proceso, en tanto que lo ha hecho mucho más público y eso puede haber afectado en la sentencia. A mí se me empezó a juzgar en un juzgado ordinario, no en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y ese juzgado ordinario consideró que no había ningún motivo para procesarme por el delito de atentado a la autoridad y mucho menos por lesiones. Consideraba que solamente se me podía juzgar por el hecho de haber estado en un desahucio en el que se habían producido altercados y, por tanto, por desórdenes públicos. Sin embargo, cuando mi procedimiento pasa al TSJM porque estoy aforada, ese tribunal reabre la causa desde el inicio sin tener en cuenta lo previo que se ha hecho ni mi declaración ni la decisión anterior de esa juez del juzgado ordinario y decide imputarme por desórdenes, atentado y lesiones y finalmente condenarme por esos delitos.

Usted ha sostenido en todo momento que las acusaciones de los agentes que dijeron que les agredió y les insultó eran falsas. Estos últimos días hemos conocido un informe de la Guardia Civil sobre el 8M plagado de mentiras, errores y bulos. ¿Existe un problema con las Fuerzas de seguridad?

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberían de estar trabajando por proteger los derechos de la ciudadanía, por garantizar la seguridad y por dársela a todas las personas, independientemente de su ideología. Y lo que aquí se ha visto es que hay unos agentes de Policía que han actuado tratando de criminalizarme. Es importante destacar que el cuerpo de Policía que me ha acusado era el de antidisturbios que creó Ana Botella y que luego el Ayuntamiento de Carmena, con Javier Barbero a la cabeza, trató de hacer desaparecer. Por parte de muchos sindicatos de Policía se hizo una campaña contra el Gobierno de Manuela Carmena para que no se permitiese la desaparición de este cuerpo.

Y ligándolo a lo otro, efectivamente, se necesita una mayor democratización por parte de todas las instituciones del Estado, pero especialmente cuando hablamos de la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay un reto mayor. Eso se ha agudizado en los últimos meses. La situación de polarización a la que estamos llegando ha hecho más evidente que hay ultraderecha dentro de esos aparatos del Estado y que no soportan que Unidas Podemos esté en un gobierno con el Partido Socialista. No es nuevo, hemos visto en los últimos años cómo se han fabricado pruebas contra Pablo Iglesias. El informe que hemos conocido es una evidencia más.

Hace unos días, Jesús Santos dio el paso a liderar Podemos en Madrid. ¿Cómo se van a repartir las tareas? ¿La portavoz del grupo en la Asamblea de Madrid no debería estar de alguna manera en la dirección orgánica?

Puede parecer raro que dentro de una organización política no haya una lucha para que el poder de la dirección recaiga sobre una persona, sino que se reparta. Pero ya dije hace un año que creía en las bicefalias y sigo creyéndolo. Lo que necesitamos en una organización como Podemos, sobre todo en la Comunidad de Madrid después del último año, es cuidarla, evitar enfrentamientos cainitas, darle poder a los círculos, más democracia, reconstruirla después de todo lo que ha pasado y reforzar ese proyecto político de cara a 2023. Y eso pasa por llegar a acuerdos, por repartir responsabilidades. Que Jesús Santos sea secretario general es un buen inicio para ello, que lo ha posibilitado un acuerdo que hemos hecho entre diferentes sensibilidades de Podemos en la Comunidad de Madrid y que vamos a trabajar muy bien. Yo como portavoz parlamentaria y él como secretario general.

¿Pero no debería estar en la dirección ya de alguna manera, aunque no sea la secretaria general?

No me he presentado y lo he hecho por decisión propia. Considero que funcionaremos quizás mejor si no tenemos una concentración excesiva de poder, sino un reparto de responsabilidades. Aún así hay varias personas del grupo parlamentario que están dentro de ese consejo ciudadano y en ese sentido vamos a funcionar muy bien coordinando: tendremos reuniones conjuntas, eso es evidente para coordinar la política, pero cada uno en su labor.

Más Madrid se constituye formalmente como partido político en las próximas semanas. Poco más de un año después de esa ruptura con Podemos de una parte de Más Madrid se evidencias las primeras divisiones internas precisamente por ese proceso de constitución del que huyeron con Podemos. ¿Qué opinas de este proceso?

Lo que evidencia lo que está pasando es que el sector próximo a Carmena y la propia Manuela Carmena no apoyan ya el partido que propone Íñigo Errejón. Pero no me quiero meter en los procesos internos de otros grupos políticos con los cuales yo creo que compartimos mucho. Creo que por nuestra parte lo que tenemos que hacer es buscar determinados acuerdos puntuales con Más Madrid y hacerlo posible como dos grupos de la oposición que somos para echar a Isabel Díaz Ayuso en 2023 del Gobierno, si se puede antes. También colaborar de acuerdo a hacer que la parte del Madrid, de los movimientos sociales y de la sociedad civil esté más activa.

Al final muchas de las personas que están en Más Madrid salieron de Podemos para ser más transversales y quitarse las imposiciones de los partidos y ahora buscan volver al modelo de partido tradicional, es lo que denuncian los que se desvinculan.

Nunca se nos explicó bien la decisión que se tomó por parte de los que ahora componen Más Madrid yéndose de Podemos dos meses antes de unas elecciones tan importantes como las elecciones municipales y autonómicas de hace un año. Podía haber razones políticas porque hay diferencias políticas, pero esa salida la motivaron otras cuestiones y la forma más fácil de tergiversar esos motivos reales era contarnos que Podemos era un partido poco democrático.

En todo caso a mí lo que me toca ahora es desear suerte, porque todo lo que sea que haya gente peleando desde posiciones a favor de la justicia social en la Comunidad de Madrid, es bueno.

No habrá guerra por el liderazgo de Podemos en la Comunidad de Madrid. La portavoz del partido en la Asamblea regional, Isa Serra, ha anunciado esta tarde su respaldo a la candidatura lanzada el pasado domingo por Jesús Santos.

El entorno de la dirigente mostró su rechazo a la forma en la que el teniente de alcalde de Alcorcón había hecho el anuncio, pero finalmente no habrá candidatura alternativa, al menos conocida. El plazo para presentarlas termina este jueves.

En una entrevista con eldiario.es, Santos había avanzado la posibilidad de un acuerdo. “Yo hablo mucho con Isa Serra y la sintonía es muy buena. Estoy convencido de que vamos a ser capaces entre todas y todos de articular esa candidatura que he dicho”, apuntaba. Y zanjaba: “Tenemos que dejar de hablar de nosotros mismos y hablar de los problemas de la gente. Y eso lo compartimos Isa Serra y yo”.

Santos encabezará así la candidatura Un Podemos Contigo, que contará además con el aval de Pablo Iglesias. Las votaciones se producirán entre el 12 y el 17 de junio y los resultados se conocerán el 19 del mismo mes.

“Se basa en la criminalización de la protesta social, para concluir este fallo hay intereses políticos”, considera Isa Serra sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que la ha condenado a 19 meses de prisión, una multa y la inhabilitación. La diputada de Unidas Podemos IU en la Asamblea de Madrid ha calificado además el fallo de “injusto” y desproporcionado“ y ha anunciado que lo recurrirá.

“Me condenan a 19 años de cárcel porque dan un plus de credibilidad a la palabra de tres agentes que dicen que les insulté y les agredí a pesar de que todas las pruebas contradigan eso”, ha defendido Serra en su cuenta personal de Twitter.

La diputada madrileña recuerda que fue el 31 de enero de 2014 cuando participó en la manifestación para impedir el desahucio de una persona con discapacidad en la calle Tribulete, en Lavapiés. “Un mes después, no en el propio desahucio me enteré de que tenía una denuncia policial y yo en ese desahucio ni fui detenida ni identificada”, prosigue.

“Todo el proceso empezó supuestamente a partir de la identificación de unos vídeos que nunca entregaron”, lamenta. Por otra parte, afirma, su defensa entregó 115 vídeos y fotografías además de varios testigos que “muestran todo lo que pasó desde el inicio del desahucio hasta el final” en los que aparece, defiende, “en una actitud pacífica y temerosa” y que el tribunal ha rechazado.

“La sentencia que he recibido hoy rechaza todas esas pruebas y consideran que no aportan nada y dan absoluta credibilidad a la palabra de tres agentes que dicen que les insulté y agredí a pesar de que las pruebas documentales contradigan esas acusaciones”, lamenta Serra.