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La ley de vivienda aboca a la primera batalla en campaña de PSOE y Unidas Podemos tras cerrar en paz la salida de Iglesias

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, conversa con el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero

Menos de 24 horas después de cerrar en paz la negociación sobre la remodelación del Gobierno tras la decisión de Pablo Iglesias de abandonar la Vicepresidencia segunda para ser el candidato de su partido a la Comunidad de Madrid, la coalición de PSOE y Unidas Podemos vuelve a chocar con la realidad de sus diferencias políticas en materias de especial sensibilidad, como la ley de vivienda. Los socialistas han puesto por primera vez sobre la mesa una propuesta concreta por escrito. Y el contenido no ha gustado nada a su socio en el Ejecutivo, que denuncia que no cumple el acuerdo de gobierno. Esta negociación centrará una gran atención en las próximas semanas ya que es una de las reivindicaciones históricas de los de Iglesias, quien dijo que permanecía en el Ejecutivo hasta el inicio de la campaña de Madrid precisamente para intentar dejarla cerrada.

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Las dos partes del Gobierno se han reunido en múltiples ocasiones en los últimos meses, dando muestras de sus diferencias en aspectos clave como la definición de "gran tenedor" (es decir, a partir de cuántas viviendas se puede considerar a un propietario como grande) o la prohibición de los desahucios para personas sin alternativa habitacional. Pero el gran nudo de las conversaciones está en cómo regular el precio de los alquileres. Una materia recogida en el acuerdo de gobierno de forma explícita y que le han reclamado al PSOE de forma insistente no solo desde Unidas Podemos, sino también desde los socios de la investidura y de los Presupuestos.

El planteamiento parece, a día de hoy, irreconciliable. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha puesto sobre la mesa una propuesta que abandona la limitación al precio del alquiler y recoge incentivos fiscales como fórmula para que los precios de los alquileres bajen en las zonas llamadas tensionadas, es decir, donde suben mucho en poco tiempo. La fórmula de bonificaciones llega al 90% en los casos de propietarios que reduzcan un 10% los precios respecto a contratos anteriores y varía en función de distintas casuísticas. 

La propuesta llegó este miércoles, después de varias reuniones suspendidas en los últimos días para que Transportes tuviera tiempo de terminar el borrador. Para Unidas Podemos el sistema que ha planteado José Luis Ábalos, con el visto bueno de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es insuficiente e "incumple flagrantemente el acuerdo de Gobierno" porque no supone una regulación que limite los precios máximos en zonas donde el alquiler está disparado. "La propuesta del PSOE, además, no recoge ninguna medida dirigida a los grandes propietarios constituidos en empresas, como Blackstone y el resto de fondos buitre, que podrían seguir cobrando alquileres abusivos como hasta ahora y especulando con el derecho a la vivienda", añaden desde el grupo confederal, que acusa a los socialistas de "sucumbir a las presiones de la patronal inmobiliaria". 

Desde el departamento de Ábalos sostienen que es "una ambiciosa propuesta para frenar las subidas abusivas del alquiler y favorecer la oferta de vivienda en condiciones asequibles para las personas con menor renta, jóvenes y colectivos más vulnerables, y favorecer la oferta de vivienda social". Una vez que se lo ha presentado en firme a su socio minoritario, el PSOE confía en que acepte ese planteamiento de base sobre el que ahora están abiertos a negociar cuestiones concretas. 

Consciente del rechazo que suscita al socio minoritario, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le emplazó a "considerar" el sistema de incentivos fiscales y ha negado que sea un incumplimiento del acuerdo programático de la coalición. En una entrevista en la Cadena SER, Montero ha explicado que “hay dos formas” de frenar las subidas abusivas del alquiler. Una, ha dicho, “es la prohibición, que tiene serias dificultades jurídicas”. Otra es la de los incentivos, de la que se ha mostrado “partidaria”. “No solo va a evitar subidas de precios sino que va a procurar es una bajada porque incentiva que se pueda bajar”, ha expresado la portavoz del Gobierno, que ha subrayado que se plantea una bonificación del 90% a los propietarios que bajen un 10% los precios respecto al anterior contrato. 

Pero en Unidas Podemos no están dispuestos a aceptar nada que no se corresponda exactamente con el acuerdo de coalición, que está además refrendado por los movimientos sociales de derecho a la vivienda y sindicatos, así como por buena parte de los partidos que apoyan al Gobierno. De hecho, fue uno de los elementos de negociación durante los Presupuestos después de que la Generalitat de Catalunya aprobara una ley que incluía la posibilidad de limitar los precios, pero que fue recurrida al Constitucional por invadir competencias estatales. La ley de vivienda estaba llamada a ser el paraguas legal de la del Govern.

La vivienda es uno de los pilares del proyecto de Podemos. Antes de que existiera, algunos de los principales integrantes del espacio político (Irene Montero, Ada Colau o Rafael Mayoral) militaban en la PAH. Es una línea roja. Y así lo han hecho ver, en público y en privado, en muchas ocasiones. En el primer acuerdo sellado para el Gobierno de coalición, el 12 de noviembre de 2019, ya se recogía el axioma "la vivienda como derecho y no como mera mercancía". Un mes después, el documento final que permitió el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos asegura que se habilitarán los mecanismos para que "los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler".

Aunque la ley de vivienda pase el trámite del Consejo de Ministros, si se confirma el rechazo político de Unidas Podemos y de los socios de investidura, el PSOE estaría obligado a buscar los votos en el Congreso en la bancada de las derechas. No obstante, los socialistas siempre han rechazado que se llegue a ese punto y sostienen que la ley que salga del Consejo de Ministros contará con el aval del socio minoritario. 

Todavía no está claro cuándo, pero antes de que se consume su salida del Gobierno, y si no hay avance, Pablo Iglesias intervendrá en la negociación. El pasado lunes dijo en El Intermedio que se quedaba en el Ejecutivo un mes más, hasta que arranque la campaña, con el objetivo de que se apruebe la ley. Sería, quizá, su último cara a cara con Pedro Sánchez para intentar cerrar otra de las muchas crisis que han reconducido ambos en los últimos dos años, aunque en los últimos tiempos –en los que la tensión en la coalición se había incrementado– esa práctica se redujo.

Si la ley sale, será una de las palancas fundamentales de Pablo Iglesias en su campaña en Madrid. Y si finalmente no sale, o lo hace sin su apoyo, también.

Presión de colectivos y socios para la ley trans

A ese choque que amenaza con convertirse en la primera gran batalla de la campaña entre PSOE y Unidas Podemos, continúa soterrado el conflicto por las leyes trans y LGTBI, que siguen paralizadas de momento a expensas de que la parte socialista del Gobierno plantee la fórmula jurídica por la que apuesta para que las personas trans puedan cambiar de sexo legalmente sin requisitos médicos ni psicológicos y que vaya más allá de la simple declaración expresa de ese deseo. 

El Ministerio de Igualdad sigue a la espera de que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que es la que coordina internamente las iniciativas, active los borradores que el departamento de Irene Montero ya ha propuesto en varias ocasiones que se introduzcan en el orden del día del Consejo de Ministros. 

Con el asunto congelado, al Gobierno se le ha sumado un frente externo: algunos de sus aliados parlamentarios han registrado en el Congreso una proposición de ley trans elaborada por los colectivos después de que varias personas amenazaran con una huelga de hambre si en un mes no se registraba en el Parlamento la normativa. El gesto de ERC, Más País, la CUP y Compromís, que la han presentado este miércoles, conllevó su desconvocatoria. 

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17 de marzo de 2021 - 23:17 h

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