Mientras en el Congreso de los Diputados prosperaba la primera moción de censura de la historia de España y Pedro Sánchez se convertía en presidente del Gobierno, el 1 de junio de 2018 dos medios de comunicación publicaron las primeras denuncias de que se habían producido filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y el sindicato LAB envió un escrito en el mismo sentido. elDiario.es/Euskadi recogió las posibles irregularidades en los exámenes de Anestesia –denunciados por los médicos Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez– y la Cadena Ser las quejas de un miembro del tribunal de Angiología, José María de Egaña. Desde entonces, la bola de nieve empezó a hacerse más y más grande, con hasta una veintena de categorías bajo sospecha, y hoy es el día, cuatro años después, en que el asunto sigue siendo investigado en un juzgado de Vitoria. Pero semanas antes de esas denuncias públicas hubo una primera alerta de un miembro del tribunal de Cardiología, el doctor Ángel Loma-Osorio, que avisó antes del examen de que iba a producirse un pucherazo y lo constató después al ver exámenes perfectos en tantos aspirantes como plazas en juego mientras el resto tenía una media de suspenso ante una prueba muy difícil. Nadie le hizo caso ni se adoptó medida alguna. “Hay todo tipo de apaños y conspiraciones. En los hospitales se habla de esto con toda naturalidad. En mis 40 años de carrera esto ha sido el uso habitual y general. Lamentablemente, también en otros sitios de España. Son claramente minoría las personas que obtienen su plaza legalmente”, explica ahora en conversación con este periódico.

Loma-Osorio, jubilado desde 2019, ha contado ya todo esto en el juzgado, ante la Fiscalía e incluso en el Parlamento Vasco, que trabajó en una ponencia medidas para mejorar las garantías de futuras oposiciones. Explica que tuvo la “impresión” de que sus colegas en el tribunal de Cardiología tenían un “propósito” de beneficiar a determinados aspirantes “con una filtración” y que eso lo vio “desde las primeras reuniones”. Lo comunicó sin éxito a la presidenta del tribunal, Luisa María Díez Azurmendi. La prueba tenía dos partes. Él fue el comisionado para elaborar la primera y sus compañeros pusieron la segunda. Afirma con rotundidad que “había intención de pasar la información” a los elegidos.

Y salieron las notas. “Cuando se conocieron los resultados, se ve que el primero tenía una curva de distribución de las notas adecuada. Pero, en el segundo, se veía un grupo concreto con un pleno de aciertos, en medio una gran brecha si nadie y el resto suspendidos”, explica. Para él, fue la constatación de que se había producido la filtración que temía. “Informé a la directora general de Osakidetza [María Jesús Múgica] y le propuse no ratificar los resultados”, señala. Tampoco se actuó entonces, aunque recabó el apoyo de otra doctora del tribunal, Izaskun Obieta. Para Loma–Osorio la OPE de 2018 fue la culminación de décadas de sistema “clientelar” por el cual los jefes de servicio de los hospitales lograban adeptos al ir repartiendo las plazas. No duda en calificar el modelo de “corrupto”.

Tres días después de que se hicieran públicas las primeras sospechas, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga y el sindicato ESK hicieron pública un acta notarial con una lista de opositores de Anestesia. Habían adivinado antes del examen quiénes iban a sacar la plaza y lo consideraron una prueba más de la existencia de filtraciones. Además, el análisis de las notas de más de una docena de exámenes mostraba un patrón común: mucha concentración de notas altas y casi perfectas en pruebas difíciles y luego mucha diferente con el resto. Luego se conoció que, además, esos aspirantes con elevada calificación solían ser colegas de hospital de los miembros del tribunal autores de las preguntas. Y años después los pocos exámenes que se han podido revisar muestran que los presuntos beneficiarios de las filtraciones respondieron al cuestionario siguiendo un mismo orden de preguntas –cuando se pueden hacer de manera aleatoria–, con estructuras escritas muy similares y hasta con errores básicos comunes en los mismos conceptos o las mismas palabras clave subrayadas y en mayúscula.

Cuando el Gobierno no entregó las grabaciones que hablaban de “tongo”

El entonces consejero de Salud, Jon Darpón, y Múgica ofrecieron una rueda de prensa en la sede central de Osakidetza, en Vitoria. En ella, Múgica llegó a agarrar del brazo a Darpón para calmarlo ante las preguntas de los periodistas, algo que también le ocurrió semanas después en el Parlamento Vasco, cuando la oposición empezó a cercarle. Salud recalcó que actuó de manera diligente y desde que conoció las primeras denuncias, esto es, desde el 1 de junio. Omitió siempre las quejas previas de Loma-Osorio, que incluyeron una reunión con Múgica. De hecho, Cardiología no se empezó a revisar hasta que salió también en prensa la sospecha.

Lo que hizo Osakidetza fue encargar una investigación interna, que sería elaborada por funcionarios. Una de ellas era Belén Greaves, exsecretaria del Euzkadi Buru Batzar del PNV, y dijo expresamente en una de las sesiones de trabajo que confiaba en que el asunto no saliera del ámbito “interno”. Una de las claves fue que aquellas comparecencias se grabaron íntegramente en audio. Terminada la revisión de Anestesia, Angiología, Cardiología y otras muchas especialidades, la conclusión fue que no había “elementos objetivos” que probaran la existencia de filtraciones. Se encargó una informe externo a la Universidad de Oviedo que llegó a la misma conclusión aunque no pudo negar las anomalías estadísticas de las notas. Y ahí quedó la cosa.

Sin embargo, ESK o LAB acudieron a la Fiscalía. La fiscal superior, Carmen Adán, realizó una primera investigación y sí vio indicios de delito a pesar de contar con los informes de Osakidetza que estimaban que no se habían producido anomalías en la OPE. Remitió el caso al juzgado de Instrucción 2 de Vitoria. En el verano de 2019, este periódico comprobó que el Gobierno había enviado al ministerio fiscal solamente el resumen de sus funcionarios y que le había ocultado las decenas de horas de grabaciones con todas las comparecencias. En ellas, varios miembros de tribunales hablan de “tongo” e incluso un vocal de Traumatología apuntó que los exámenes que corrigió eran “fotocopias” entre sí y con respecto a la plantilla de corrección.

En medio, dimitieron Darpón –aunque el lehendakari, Iñigo Urkullu, siempre ha defendido su gestión y de hecho frenó su dimisión cuando estalló el caso–, Múgica y el director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros. A Darpón –que dio el salto con algunos de sus colaboradores a la aseguradora privada Keralty– le relevó la doctora Nekane Murga, cardióloga. La doctora Obieta, colega de Loma-Osorio, había declarado lo siguiente en la investigación interna: “En la segunda OPE, que es la que pasé, –supongo que no le importara a la doctora Murga que lo mencione– yo estaba en Mallorca. Había hecho el examen, había vuelto, y coincidimos allí antes de que saliera el resultado del segundo examen. Coincidimos en una charla que ella había ido a dar. [...] Como la conocía, cuando acabó fui a hablar con ella. Y entonces ella me comentó: 'Para no tener el examen, lo has hecho muy bien'. [Silencio] Con comentarios como ésos, con lo que ven mis ojitos, con comentarios de ese estilo… Pero vamos, ya le digo, no es una persona en concreto. Es 'vox populi'”.

Cuatro juezas en cuatro años

En el juzgado, el caso ha caminado a trompicones. Para empezar, han sido cuatro las magistradas responsables de la investigación. Empezó Yolanda Varona, siguió Ana Jesús Zulueta, continuó Cristina Rodríguez Ruiz y ahora, recientemente, se ha incorporado Blanca Ester Díaz. Todos los funcionarios de ese juzgado salvo una persona también han cambiado en este tiempo. La causa ha sufrido largos parones y ha visto la necesidad de dos prórrogas. La investigación como tal se acabará a finales de julio si no media una nueva ampliación. La tercera de las instructoras, Rodríguez Ruiz, decidió no citar como imputados a Darpón y al resto de altos cargos al entender que no planificaron el fraude de la OPE. Múgica sí compareció como testigo y gozó de la ayuda de un comisario y de dos ertzainas para burlar a la prensa a su salida del Palacio de Justicia, lo que motivó una investigación.

Rodríguez Ruiz también sostuvo que la revisión de los exámenes un caso de irregularidades en exámenes no aportaba nada. “En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesariedad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, escribió. Hasta la fecha, solamente han llegado al juzgado una decena de pruebas de Anestesia y todas las de Traumatología.

Ahora mismo, hay veinte personas imputadas. Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica. Finalizada la investigación se debe determinar si hay pruebas para llevar a todos ellos o a una parte a juicio o si, por el contrario, se sobreseen las actuaciones.

Puedes leer toda la cobertura de la investigación por las filtraciones en la OPE de Osakidetza de 2018 en nuestro especial

El plazo ordinario para la investigación de las denuncias de filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) celebradas en 2018 expiró a finales de julio de 2021 y la tercera de las magistradas instructoras de este sumario, Cristina Rodríguez Ruiz, acordó una prórroga de seis meses, esto es, hasta finales de enero de 2022. No obstante, lo hizo sin comunicarlo oficialmente hasta la vuelta de las vacaciones de agosto y sin concretar las imputaciones, documentos o testigos que lo justificaban, algo que llegó en otro auto judicial posterior. Pero las vicisitudes de esta causa no han acabado ahí. Según han explicado a este periódico fuentes judiciales, en las últimas semanas ha habido al menos dos comunicaciones erróneas por parte del juzgado y no se han resuelto varios recursos que están pendientes y que podrían anular la propia ampliación de plazos de julio. Además, las primeras declaraciones de investigados y testigos previstas para la prórroga no se realizarán hasta finales de noviembre, consumidos ya más de dos tercios del tiempo ganado y con muy poco margen posterior para abrir nuevas líneas de investigación si de ellas saliesen nuevos datos.

La propia decisión de finales de julio de dar seis meses adicionales a la investigación, como demandaban la Fiscalía y los dos sindicatos que ejercen la acusación popular, LAB y ESK, ya fue polémica. El auto que lo acordó fue brevísimo y no recogía los pasos siguientes de la investigación. El abogado Rubén Múgica, defensor de uno de los once imputados hasta entonces, hizo ver que la normativa procesal exige que la resolución sea “motivada”. En este caso, el auto más amplio con las razones jurídicas y las nuevas diligencias llegó en septiembre y fue más comentado por lo que omitía que por lo que incluía. Así, eximía de toda responsabilidad a la cúpula política de Salud, incluido el exconsejero, Jon Darpón, y la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y entendía innecesario revisar los exámenes que son el centro de las sospechas.

Desde entonces, por dos veces, su señoría ha comunicado erróneamente que Múgica recurrió la resolución judicial de julio y no la de septiembre. Es más, en la segunda ocasión el juzgado lo hizo después de haber recibido una advertencia expresa en ese sentido del letrado. Solamente el 18 de octubre se comunicó debidamente la apelación para que el resto de partes presente alegaciones y empiecen a correr los plazos. Asimismo, el abogado de otro acusado pidió también una “aclaración” al juzgado por algunas confusiones en quiénes eran los testigos de los exámenes de la especialidad médica de Traumatología. Por lo ocurrido en esta prueba -en la que se alertó que las mejores notas tenían unas hojas de respuestas que eran “fotocopias” entre sí y con respecto de la plantilla de corrección- está imputado el doctor Íñigo Echevarria, aunque esto es así desde hace meses y aún no ha prestado declaración.

También están sin resolver las peticiones de LAB para que la sala reconsidere la no imputación de la dirección política de Osakidetza. El retraso es tal que el sindicato ha llegado a presentar una ampliación de su alegato. En el equipo jurídico de la central confían en que todavía sea reversible la decisión de no investigar el papel de Darpón, Múgica y otros altos cargos. “Tenemos confianza en que el recurso presentado sea aceptado por la Audiencia [Provincial de Álava]. Los elementos que exigen una explicación por parte de la dirección son muchos, desde la manera en la que se diseñó la novedosa incorporación al IVAP al episodio de Cirugía Plástica pasando por la lista de realizadores de examen que seleccionó Osakidetza instrumentalizando al IVAP. Esta OPE no tenía accesibles ni los criterios de corrección. Es una OPE fraudulenta a niveles de evidencia tan grandes que no entendemos el último auto, de ahí nuestro recurso y nuestra confianza”, explican desde esta central. Además, muestran su preocupación por la anunciada próxima convocatoria de plazas: “Hay que recordar que las OPE limpias siguen siendo un reto incumplido en Osakidetza y ahora la actual dirección de Osakidetza ha vuelto a otorgar todos los poderes a los tribunales para la próxima OPE. Ésta es a día de hoy una amenaza que se está dando de manera paralela a este proceso y que evidentemente nos preocupa tanto como el procedimiento judicial en el que estamos inmersos como acusación popular”.

Por su parte, el sindicato ESK, personado en la causa, tiene una “sensación agridulce” porque defendió la prórroga pero ahora ve cómo “están corriendo los plazos”. “Desde que se amplió la investigación no se ha llevado ninguna actuación nueva. Nos encontramos en pleno mes de noviembre sin una posibilidad de toma de declaraciones a testigos que son muy importantes y que puedan abrir nuevas líneas de investigación. Nos vemos condicionados por los tiempos”, señala su portavoz, Patxi Nicolau, que entiende que en este sumario tocaría ser “minucioso” porque, al margen de las irregularidades concretas en los exámenes de 2018, “lo que se está dirimiendo es un 'modus operandi' en Osakidetza”.

Por el momento, el calendario previsto es que los imputados Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings, Claudia Aramendi y Javier Extramiana comparezcan el 26 de noviembre. Una semana después, el 3 de diciembre, están citados Fe Arcocha, Laura Quintas, Francisco de la Cuesta y el ya mencionado Íñigo Echevarría, en espera desde finales de mayo de este año. Los testigos irán pasando por el juzgado los días 3 y 10 de diciembre. La duda es qué ocurrirá si de estas comparecencias surge la necesidad de pedir nuevas testificales o pruebas. ¿Habrá margen? ¿Sería garantista para el derecho a la defensa de los acusados acordar otra prórroga cuando más de la mitad de la primera se ha desperdiciado? Varias fuentes judiciales coinciden en que el futuro de esta investigación judicial, que acumula veinte personas imputadas por las sospechas de filtraciones en una docena de exámenes, es más bien incierto.

El sindicato LAB, que ejerce de acusación popular en la investigación por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018, ha registrado ya el recurso ante la Audiencia Provincial de Álava con el que busca enmendar la plana a la instructora del caso, la magistrada Cristina Rodríguez Ruiz, que estimó que no había base para imputar al exconsejero de Salud, Jon Darpón, a la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y a otros altos cargos de la Sanidad vasca o del IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública). “Las filtraciones en los exámenes de facultativos no se han producido al margen de Darpón, Múgica, [Xabier] Balerdi, [Juan Carlos] Soto, [Andoni] Arcelay y [Míriam] Aparicio sino gracias a las decisiones tomadas por ese núcleo operativo”, ha asegurado la central en un comunicado.

El auto judicial en el que se confirmaba la no imputación de la cadena de mando de Osakidetza, adelantado por este periódico, ha suscitado gran entusiasmo en el PNV, que ha remarcado que se ha acreditado la “honorabilidad” de Darpón y del resto de su equipo. Diferentes voces, desde el Gobierno hasta el partido, han instado a la oposición y a los sindicatos a que se disculparan por unas acusaciones que, a su entender, han quedado demostradas como falsas. Por el contrario, LAB asegura que “va a seguir poniendo todas las fuerzas” para “aclarar lo ocurrido” en la OPE.

Entiende el sindicato que Darpón y su equipo diseñaron una OPE con “medidas” que tenían como objetivo “dar la impresión de legalidad” mientras “las cosas se seguirían haciendo igual”, esto es, con filtraciones. Explican que el ejemplo más palmario es que Osakidetza incorporó al proceso a un ente ajeno, el IVAP, para que elaborara parte de las pruebas. Sin embargo, este organismo no tiene especialistas médicos y, finalmente, pidió a Salud que le diera los nombres de quienes harían las preguntas. En muchos casos, las mejores notas coinciden luego con los colegas de hospital de esas personas.

LAB acusa también al “núcleo operativo” de haber creado un “manual” de buenas prácticas en la OPE pero que era vulnerado con “autorización” de altos cargos, como cuando se permitían pruebas orales que rompían el exigido anonimato de los candidatos en una convocatoria pública de empleo. Y asegura también la central que “hasta la denuncia pública” de las filtraciones Osakidetza no actuó aunque tenía conocimiento de personas que estaban alertando de irregularidades. “En todos los casos, la actitud fue la de no canalizarlas. Hay numerosos ejemplos”, incide LAB, que asegura que las pesquisas posteriores resultaron ser no concluyentes en un proceso en el que se designó a personas del “núcleo operativo” o incluso a “miembros destacados del PNV”, como Belén Greaves.

“No hay argumentos posibles para sacar pecho de esta gestión y sí hay muchos para pedir disculpas y exigir todas las aclaraciones y responsabilidades que correspondan en los juzgados [...]. Las consecuencias de lo ejecutado por este núcleo operativo son miles de facultativos estafados, trece categorías paralizadas [...]. La OPE fue un desastre y, además, se rompió la legalidad”, concluye LAB.

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha hablado de “novela” e incluso de información no “contrastada”, pero ha terminado por reconocer en el Parlamento Vasco que, como publicó este periódico, la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, accedió de manera “irregular” al Palacio de Justicia de Vitoria cuando fue citada a declarar como testigo de la investigación abierta en torno a las irregularidades en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud, a finales de mayo. Múgica pudo entrar por el garaje y en coche para evitar a los medios de comunicación -privilegio que no ha tenido ninguno de los imputados ni el resto de testigos- y lo hizo ayudada por un comisario de la Ertzaintza al que llamó y dos agentes destinados en los juzgados. Los implicados han sido “amonestados”, según ha confirmado también Beltrán de Heredia.

La titular de Seguridad ha comparecido este viernes en la sesión de control al Gobierno del Parlamento, la primera en más de 100 días, a instancias del representante del PP Javier Ruiz de Arbulo. “A mí me parece escandaloso. A mí me parece una auténtica vergüenza. Pero quiero conocer su opinión, porque igual yo soy muy sensible con estas cosas y esto es una cuestión común y normal o habitual”, ha planteado el 'popular', que ha ironizado que quizás ocurre en más ocasiones que alguien que va “de pintxos a San Sebastián” o “a una reunión en Sabin Etxea” en Bilbao, la sede del PNV, aproveche las instalaciones de los juzgados para aparcar cómodamente.

La explicación ofrecida por los agentes tras la investigación interna acometida por el juez decano de Vitoria, José Luis Núñez Corral, era un supuesto retraso de Múgica y un problema de aparcamiento. Sin embargo, cuando llegó estuvo varias horas esperando antes de entrar a declarar en una sala de espera y, en todo caso, cerca del Palacio de Justicia hay un aparcamiento. “Utiliza una mentira [...]. La excusa que dan es que llegaba tarde y que, como llegaba tarde, no tenía tiempo suficiente para aparcar. Todo eso es mentira. Porque ella no iba sola en el coche. Le podían haber dejado en la puerta principal, haberse bajado y haber entrado perfectamente. Y a dos manzanas hay un parking público. Lo mismo que llama a su amigo el de la Ertzaintza para que dé la orden de que le dejen entrar por detrás, puede llamar al juzgado y decir 'oiga, que llego dos minutos tarde, que estoy aparcando el coche'”, ha aseverado Ruiz Arbulo, quien se ha preguntado si el comisario de la Ertzaintza era “amigo, familiar o compañero de partido” de la exdirectora de Osakidetza, quien dimitió del cargo precisamente por el caso de las oposiciones, al igual que el consejero Jon Darpón y otros cargos intermedios.

Sin dar nombres ni detalles, algo de lo que se ha quejado Ruiz de Arbulo, Beltrán de Heredia ha señalado que “los planes de seguridad deben cumplirse en su integridad” y que, por ello, “no deben incumplirse nunca”, subrayando que no había circunstancias “excepcionales” que le facultasen a Múgica a valerse de la Policía y para entrar por un lugar diferenciado al habilitado para el público en general. La consejera ha añadido que “una resolución del juez decano estableció que se trató de una actuación irregular” y que el Gobierno la hace suya.

Y ha añadido: “Atendiendo a esa resolución [...], a las personas afectadas se les recordó que deben cumplir con los protocolos de seguridad establecidos y han sido, como corresponde, amonestadas por sus respectivos responsables y jefes de unidad”. EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el propio PP han registrado igualmente solicitudes de información para obtener por escrito más detalles de este asunto. La consejera de Salud, Nekane Murga, ha seguido el debate desde su escaño y tomando algunas notas en un ordenador portátil.

La juez de Vitoria Ana Jesús Zulueta ha reactivado la investigación por las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) tras el parón estival. Y lo ha hecho mirando al exconsejero de Salud, Jon Darpón, y a la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, ambos dimitidos. Según ha podido saber este periódico, se investigarán las reuniones de ambos con uno de los imputados, el doctor José Luis Cabriada, que fue el autor del examen teórico de su especialidad, Digestivo, en el que las cuatro mejores notas eran colegas del facultativo, bien en el hospital de Galdakao, bien en la clínica privada en la que también pasa consulta.

Consulta aquí toda la información de 'Los papeles de Osakidetza'

A instancias del sindicato LAB, la instructora ha solicitado a Galdakao, donde Cabriada es jefe del servicio de Digestivo, que “certifique el número de reuniones [...] en las que hayan coincidido Cabriada, el exconsejero Darpón, el viceconsejero [Iñaki Berraondo, aunque no lo detalla la resolución judicial] y la exdirectora general de Osakidetza Múgica”. En una providencia firmada el 13 de septiembre y notificada a las partes la pasada semana, Zulueta desea conocer si existe convocatoria de esas reuniones y algún tipo de acta.

¿Cuál es el motivo de este giro en la investigación? La gran novedad de la OPE de Osakidetza del pasado año (con plazas correspondientes a 2016-2017) es que se externalizó todo o parte del examen al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) precisamente para despojar a los miembros de los tribunales de la función de preparar las preguntas y reforzar las garantías ante posibles filtraciones. Sin embargo, el IVAP no cuenta con especialistas médicos y devolvió la pelota a Osakidetza, que fue quien propuso a los autores reales de las partes no encomendadas a los tribunales. En el caso de Digestivo, el elegido fue el doctor Cabriada, miembro del tribunal.

En su declaración como imputado del pasado mes de mayo, el acusado aportó un detalle que ha motivado la petición de LAB. Cabriada reveló que se enteró de que iba a ser el elegido para hacer el examen teórico de Digestivo porque así se lo dijeron en una reunión en su centro hospitalario Múgica, Berraondo y el propio Darpón. Es la primera vez en toda la investigación que alguien menciona al máximo responsable de la Sanidad vasca, médico él también, participando de manera directa en la gestión de las oposiciones.

Este periódico publicó la declaración de Cabriada no en el tribunal sino en la investigación interna llevada a cabo por la propia Osakidetza y que concluyó que no había pruebas de irregularidades. En ella, el doctor ya deslizó ese encuentro, pero la comisionada por el Servicio Vasco de Salud no incidió para obtener más detalles. Esta es la transcripción de esa parte de la comparecencia del ahora imputado: “Aparte de la vía oficial, también me lo encargaron personalmente. Inicialmente lo rechacé porque no me apetecía cargar con ello. [Se lo dije] Oralmente con la persona con la que hablé. Pero cuando me llegó la invitación, digamos, oficial dije que sí”.

Se da la circunstancia de que Cabriada realizó estos comentarios en su segunda declaración en la investigación interna. La primera comparecencia se produjo el lunes 10 de septiembre del año pasado. No fue muy extensa. En ella se habló especialmente de la parte práctica, ya que un análisis estadístico de las notas de una prueba de alto nivel mostraba un elevado número de exámenes perfectos o casi perfectos y un pelotón más amplio de resultados bajos, con un 80% de suspensos, indicadores que han sido tomados como posible indicio de filtraciones. Fueron dos los casos clínicos prácticos tratados y Cabriada había sido el autor de uno de ellos. Además, como vocal del tribunal, corrigió los exámenes y controló el desarrollo de la oposición. Apenas se tocó el asunto de la prueba teórica más allá de que reseñó que era “bastante fácil” aunque también hubo un número significativo de no aprobados.

Pero 24 horas después, este periódico publicó una información titulada “Nuevos datos de la OPE de Osakidetza apuntan a trato de favor en las categorías de Digestivo, Angiología y Anestesia”. En ella, se hacía referencia a que “en el caso de Digestivo, el IVAP encomendó el trabajo al doctor José Luis Cabriada, responsable de la especialidad en el hospital de Galdakao. Los aspirantes con las notas comprendidas entre la segunda y la cuarta son todos de ese centro. Asimismo, la primera de ellas, según las fuentes consultadas, comparte un centro privado con el autor de la prueba”. Así las cosas, el 13 de septiembre se volvió a citar a Cabriada. La investigadora interna admitió en su informe que se enteró por la prensa de quién fue el autor real del teórico, extremo que ocultó el aludido en su primera entrevista.

Osakidetza tendrá que entregar los primeros exámenes

Además de LAB, está personado también el sindicato ESK y la juez Zulueta, en la misma resolución, ha acordado aceptar la petición de revisar los “exámenes originales realizados por los opositores” de las tres especialidades en las que, por el momento, hay imputados, Anestesia, Angiología y también Digestivo. Se trata de analizar si entre las mejores notas hay patrones que puedan corroborar la existencia de filtraciones. Por el momento, la instructora no ha confirmado si ampliará ese requirimiento a las otras 16 especialidades señaladas como sospechosas por LAB.

Una de ellas es Traumatología. Uno de los miembros del tribunal de esa oposición, Enrique Uriarte, manifestó en la investigación interna de Osakidetza que, al corregir esos exámenes perfectos, apreció que eran como “fotocopias” los unos de los otros y que, además, “se aproximaban una barbaridad a la exposición inicial del caso” que tenían ellos como plantilla para corregir.

En su declaración, Uriarte también cuenta una “anécdota” personal sobre el carácter sistémico y generalizado de las filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza, un fenómeno que va mucho más allá de su especialidad. Una de sus hijas, también facultativa, se presentó a dos exámenes de dos categorías distintas. “Por los pelos no ha aprobado ninguna de las dos. Pero no era su OPE. Es lo que había que oír”.

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, se verá obligada a dar explicaciones en el Parlamento Vasco por el trato de favor que un comisario de la Ertzaintza y dos agentes dispensaron a la exdirectora general del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), María Jesús Múgica, que pudo acceder al Palacio de Justicia de Vitoria esquivando a la prensa el día en que fue citada a declarar como testigo en la investigación abierta por las irregularidades en las oposiciones médicas de 2018, un privilegio que no han tenido ninguno de los otros protagonistas, ni acusados ni testigos. Los grupos parlamentarios de EH Bildu y Elkarrekin Podemos han adelantado que registrarán una batería de preguntas por escrito para conocer la versión de Beltrán de Heredia. Entretanto, fuentes oficiales indican que Seguridad da por resuelto el incidente con un “apercibimiento” a los funcionarios a su cargo, a los que se les ha recordado la necesidad de cumplir los protocolos.

Como ha adelantado este periódico, la investigación interna llevada a cabo por el juez decano de Vitoria, José Luis Núñez Corral, ha revelado que Múgica telefoneó a un comisario el día en que fue llamada a declarar, en mayo. Este trasladó a un agente de la Policía Judicial destinado en los juzgados el deseo de la exalto cargo -había dimitido por este caso seis meses atrás- y el funcionario informó a su superior, la coordinadora de seguridad. Múgica y otra persona pudieron entrar en coche por el garaje, ubicado en la trasera del edificio. La explicación ofrecida es que Múgica llegaba tarde y no iba a encontrar aparcamiento.

El portavoz de EH Bildu en la comisión de Seguridad, Julen Arzuaga, ha registrado diez preguntas para su respuesta escrita sobre el incidente de Múgica. Entre ellas, se interesa por las medidas disciplinarias adoptadas por la Ertzaintza contra las tres personas señaladas en la investigación del decanato. El asunto fue elevado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) pero se limitó a instar al Gobierno vasco a que adoptara las medidas “oportunas” ya que no tiene capacidad disciplinaria contra funcionarios no judiciales que son. También plantea EH Bildu si se darán instrucciones para que no se repita un episodio similar.

“Lo más preocupante es que ya no cause sorpresa ver cómo altos cargos del Gobierno utilizan las instituciones como si fuesen suyas. Vamos a realizar una serie de preguntas a la consejera para que pueda dar explicaciones acerca de esta forma de proceder de alguien que ni siquiera es en ese momento alto cargo”, señala, por su parte, Cristina Macazaga, la representante de Elkarrekin Podemos que ha hecho seguimiento a este caso. Uno de los puntos que quiere aclarar Macazaga es si “tuvo algo que ver el Departamento de Salud” en lo ocurrido.

En el proceso judicial de la OPE de Osakidetza hay dos sindicatos personados. Uno es ESK, que lamenta que “el PNV sigue utilizando los servicios públicos como si fuesen de su propiedad”. El otro es LAB, y es de la misma opinión: “No nos sorprende la utilización de los recursos públicos para beneficio propio. Todas las actuaciones hechas por Osakidetza en torno a la OPE han ido dirigidas a ocultar información. En este caso, si para ocultar la foto de la exdirectora general de Osakidetza entrando a los juzgados en calidad de testigo se utilizan todos esos recursos públicos de manera irregular, es fácil imaginar los recursos que se han podido malgastar para ocultar las filtraciones de la OPE 2016-17 en especialistas médicos”, explican desde la central. Y añaden: “Por esa razón LAB es acusación popular en este proceso, porque sostenemos que las implicaciones de estas filtraciones van mas allá de las personas que las realizaron”.

Esta información también ha causado hondo malestar en algunos sectores de la Policía vasca. El sindicato Erne, en este sentido, pide a Beltrán de Heredia que “abra una investigación y depure responsabilidades en caso de que haya habido un abuso de poder” y un trato “diferenciado” respecto “al resto de personas de esa causa y al resto de los ciudadanos”. Erne, en todo caso, diferencia entre la actuación del mando y de los subordinados porque “no tienen por qué no obedecer una orden de sus superiores”. 

Un comisario de la Ertzaintza y otros dos agentes ayudaron de manera “irregular” a la exdirectora general del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), María Jesús Múgica, a esquivar a los medios de comunicación en el día en que prestó declaración como testigo en la investigación abierta por un juzgado de Vitoria por las irregularidades en las oposiciones médicas de 2018, un privilegio que ni siquiera tuvieron los imputados en el caso. Así se desprende de un expediente interno elaborado por el juez decano de Vitoria, José Luis Núñez Corral, que constata que Múgica y una persona acompañante de la que no se dan detalles accedieron al Palacio de Justicia por el garaje, sin superar el preceptivo control de seguridad obligatorio para toda la ciudadanía y sin ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes para adoptar este tipo de decisiones, en este caso el propio decano o la presidenta de la Audiencia Provincial de Álava, Mercedes Guerrero.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -que no tiene potestad sancionadora respecto a estos funcionarios- ha puesto estos hechos en conocimiento del Departamento de Seguridad para los “efectos oportunos”. Ha instado también a los dos implicados que trabajan en los juzgados de Vitoria a que “en lo sucesivo procedan a aplicar el plan de seguridad en el acceso a los garajes” del edificio.

Según los propios agentes intervinientes, Múgica telefoneó al comisario –cuya identidad no ha podido conocer este periódico, aunque está descartado que se trate de la de Vitoria, Victoria Landa– para que le facilitara el acceso. Éste, a su vez, contactó con el cabo con número profesional 1462, adscrito al equipo de Policía Judicial de los juzgados de Vitoria, para exponerle la situación. El ertzaina se puso en contacto con la coordinadora de seguridad del edificio para comunicarle que iba a autorizar el acceso de un vehículo de un testigo “de Osakidetza” y que estacionaría en una de las plazas asignadas a la Policía Judicial. La coordinadora, según la documentación a la que ha accedido este periódico, “no tuvo inconveniente en autorizar el acceso ya que la Policía Judicial gestiona la utilización de las plazas que le están asignadas”.

La justificación que han aportado los agentes es que, aparentemente, Múgica les trasladó que “llegaba muy justa de tiempo y, de tener que buscar aparcamiento, podría llegar tarde al juzgado”. A 400 metros del Palacio de Justicia hay un estacionamiento subterráneo y, además, Múgica y su acompañante estuvieron varias horas esperando en el pasillo del juzgado de Instrucción 2, donde está residenciada la investigación de la OPE de Osakidetza. En concreto, desde las 10.30 horas hasta las 13.00 horas. Durante esa espera, una funcionaria que ocupó un cargo institucional de relevancia con el PNV acompañó durante varios momentos a la exdirectora y mantuvo contactos con la coordinadora de seguridad.

El Tribunal Superior de Justicia entiende que desde 2012 existe una regulación de los accesos a los aparcamientos que establece que los competentes para autorizar las entradas son tanto el Departamento de Justicia como el decanato. Si hay circunstancias excepcionales, es necesario comunicarlas “con la máxima antelación posible”. En este caso, “puede apreciarse [...] que no se ha acudido a la vía de autorización ordinaria” y que “no se han apuntado motivo de seguridad alguno” para la vía extraordinaria. “Ni se trata de un vehículo oficial ni de una necesidad de servicio”, se abunda. Obviamente, existen mecanismos pautados para preservar la imagen de determinados testigos protegidos. Sin embargo, no era el caso de Múgica, ya que la instructora en aquel momento, Yolanda Varona, no había adoptado ninguna medida al respecto.

“Lo que ha ocurrido ha sido que la Policía Judicial de la Ertzaintza de Vitoria-Gasteiz ha actuado, por el hecho de que se le hayan reservado plazas de aparcamiento en el Palacio de Justicia, como si tales plazas fuesen de su propiedad autorizando por sí misma el acceso a la señora Múgica”, se puede leer en el acuerdo adoptado por el Tribunal Superior de Justicia y que fue firmado en agosto por el presidente en funciones, Luis Garrido, en ausencia del titular, Juan Luis Ibarra. Dando por bueno que el motivo fuese realmente un problema de tiempo y aparcamiento, se añade que “cubrir la imprevisión de la testigo” no es una función de los funcionarios. Múgica sí abandonó a pie el edificio, pero no se concreta qué ocurrió con el coche.

En aquellas fechas, mayo de 2019, Múgica llevaba ya medio año fuera de Osakidetza. Otros cargos han dimitido en estos meses por el escándalo de las oposiciones, incluido el propio consejero de Salud, Jon Darpón, que lo hizo en marzo. El pasado viernes, en el pleno de política general del Parlamento Vasco, el lehendakari, Iñigo Urkullu, pidió que se valore “de un modo justo” a las personas que han ido saliendo del Servicio Vasco de Salud.

La exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, compareció este miércoles en el Palacio de Justicia de Vitoria en el marco de la investigación penal abierta en torno a las irregularidades en las oposiciones médicas del pasado año. Múgica, sin embargo, no entró ni salió del edificio por la puerta principal, por lo que pudo esquivar a los medios de comunicación, un privilegio del que no han dispuesto otros testigos de la causa y, desde luego, tampoco los imputados. Así las cosas, los juzgados de Vitoria han abierto una investigación interna para determinar quién ayudó desde dentro a Múgica para evitar la denominada 'pena de telediario', según han confirmado a este periódico dos fuentes judiciales.

Según estas fuentes, ni la juez instructora, Yolanda Varona, ni los responsables de seguridad de las instalaciones acordaron ningún tipo de medida de protección, algo reservado para casos excepcionales debidamente justificados. Asimismo, ni el decanato ni la Audiencia Provincial de Álava tuvieron conocimiento de una incidencia de esa naturaleza. La investigación deberá determinar por dónde accedió al Palacio de Justicia Múgica, por dónde salió y, sobre todo, qué persona funcionaria le facilitó un acceso que, de confirmarse estos hechos, sería irregular. Durante su estancia en el juzgado, la exdirectora de Osakidetza estuvo acompañada por su pareja y mantuvo algunos encuentros con una funcionaria de la casa con la que tiene amigos en común.

“Lamento decir que tengo razones fundadas para creer que parte del tribunal de la OPE del que formamos parte tiene intención de compartir el material generado para la segunda prueba con vistas a una filtración selectiva”. Este correo electrónico lo escribió el pasado año el cardiólogo Ángel Loma-Osorio antes de los exámenes de su categoría dentro de la gran oposición celebrada el pasado año el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Una vez conocidos los resultados, Loma-Osorio volvió a la carga y denunció “el conocimiento previo inapropiado del contenido del examen” por parte de algunos opositores. Concretamente, en Cardiología hubo 22 exámenes perfectos, tantos como plazas ofertadas y con una nota media general muy baja. 

El doctor ha comparecido este miércoles como testigo ante la juez de Vitoria que investiga las irregularidades en esta OPE, Yolanda Varona, y se ha ratificado punto por punto en sus reflexiones anteriores. Además, bajo promesa de decir la verdad, ha dejado caer que estas prácticas estaban “asentadas” en Osakidetza y que no se circunscriben precisamente a un examen de un año, sino que las irregularidades se arrastran desde tiempos inmemoriales.

Loma-Osorio, con traje y corbata, ha sido el primero de los cinco testigos que han comparecido en la segunda jornada de declaraciones de esta investigación penal. El médico no ha querido comentar su declaración a puerta cerrada ante los medios de comunicación, pero sí que concedió una entrevista a este periódico el pasado año. “Estaba en el tribunal de Cardiología. He observado cosas que comprometen seriamente la justicia y la igualdad de oportunidades en una OPE. Estoy comprometido con esta organización y defenderé su prestigio”, comentó entonces. Como él, ha declarado ante la instructora del caso su compañera Izaskun Obieta, también vocal en el examen de Cardiología y que secundó las quejas de Loma-Osorio. 

Se da la circunstancia de que entre la lista inicial de imputados de este caso -tres facultativos de las especialidades de Anestesia, Digestivo y Angiología- no se halla ninguno de los presuntos filtradores de los exámenes de Cardiología ni ninguno de los beneficiarios de la oposición manipulada. Es más, fuentes judiciales han indicado que, pese a la contundencia de los testigos, ninguno ha puesto nombres y apellidos a las irregularidades, algo esencial en un proceso penal.

Por el juzgado han pasado también dos de los tres denunciantes -la primera compareció el martes- y, en la misma línea, han indicado que las filtraciones eran moneda corriente en el Servicio Vasco de Salud. “Esto es 'vox populi' y lleva ocurriendo toda la vida”, han dicho Manoel Martínez y Roberto Sánchez a los periodistas a la salida de su comparecencia, en la que han estado acompañados del delegado de ESK en Osakidetza Patxi Nicolau.

Después de la breve comparecencia de otro opositor -que no ha querido hacer comentarios-, le ha tocado el turno a la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que dimitió en noviembre como consecuencia de este caso. En el caso de Cardiología, Osakidetza decidió no actuar ante las denuncias de Loma-Osorio hasta que el caso saltó a los medios de comunicación. De hecho, cuando analizó lo ocurrido decidió paralizar esa oposición. Múgica, que ha estado más de una hora ante la magistrada, ha declinado realizar comentarios. “Hay que dejar a la Justicia que haga su trabajo”, ha dicho.

Esta crónica no viene acompañada de una fotografía de la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, entrando o saliendo del Palacio de Justicia de Vitoria con motivo de su declaración como testigo en la investigación penal abierta por las irregularidades en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud celebradas el pasado año. Tampoco verán la imagen en el Teleberri o en otros medios de comunicación. Eso significa que la operación para evitar a la prensa ha sido un éxito.

Bromeaba Roberto Sánchez, uno de los denunciantes de las irregularidades y que también estaba citado este miércoles por la juez del caso, Yolanda Varona, que Múgica ha entrado a los juzgados “por la puerta del Imaginarium”, ya que nadie la ha visto acceder por la puerta principal y única entrada para el común de los mortales. Y Múgica lo es, ya que, según fuentes judiciales, no se ha articulado ninguna medida especial para proteger su imagen, como sí ocurre con otro tipo de testigos. A la salida ha debido de utilizar esa misma puerta.

Se da la circunstancia de que Múgica, a eso de las 10.30 horas, ha llegado a la planta tercera, donde se encuentra la sala multiusos que utiliza la juez Varona para las testificales. Si no ha pasado por el acceso ordinario, por lo tanto, no ha superado el control de seguridad y el detector de metales gestionado por una empresa privada. Ya arriba, Múgica ha saludado a algunos de los presentes, también a los denunciantes, y ha esperado pacientemente su turno, que no ha llegado hasta las 13.00 horas, repasando notas en una libreta azul de tapa dura. Durante varios momentos de la mañana ha estado acompañada por una funcionaria de la casa.

Terminada la declaración, pasadas las 14.00 horas, Múgica ha salido del juzgado y ha declinado amablemente hacer comentarios a los medios de comunicación sobre las explicaciones que ha ofrecido o las preguntas que le han realizado. Este caso motivó su dimisión en noviembre de 2018, como la de su responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, y la del propio consejero de Salud, Jon Darpón, ambas ya este 2019.

“Hay que dejar a la Justicia que haga su trabajo”, se ha escudado junto a la puerta de un ascensor de la tercera planta. Al abrirse ese elevador tres pisos más abajo, en la salida principal y única del palacio para el común de los mortales, ya no había exdirectora general de Osakidetza allí. ¿Dónde estaba Múgica? ¿Y sus acompañantes? ¿Por qué el resto de testigos han tenido que desfilar por la puerta principal? ¿Tendrán los imputados las mismas posibilidades de preservar su imagen?

La Policía judicial ha entregado ya las citaciones a las personas llamadas a declarar como imputadas (tres) y testigos (diez) en la investigación abierta por la juez de Vitoria Yolanda Varona en torno a las irregularidades en las oposiciones de hasta 11 especialidades médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Lo que será el arranque oficial de las pesquisas, en todo caso, se pospone como ya se conocía hasta después de las elecciones del 26 de mayo.

Las declaraciones arrancarán el 28 de mayo, martes, con la testifical de la anestesista Marta Macho, una de las tres denunciantes de filtraciones selectivas junto a Roberto Sánchez y Manoel Martínez, citados igualmente. Entre ese martes y el miércoles comparecerán, asimismo, algunos miembros de tribunales de la OPE que también alzaron la voz al ver indicios de pucherazo, como el cardiólogo Ángel Loma Osorio. En su caso, denunció los hechos incluso antes de los exámenes y la dirección de Osakidetza rehusó a investigarlos. Posteriormente, cuando el caso saltó a los medios de comunicación, la de Cardiología fue una de las especialidades con más anomalías, ya que hubo 22 exámenes perfectos, tantos como plazas, en una prueba de elevada dificultad. Entre los testigos hay también representantes sindicales así como las responsables de Osakidetza, María Jesús Múgica, y del IVAP, Maite Iruretagoyena.

Para el día 30, una vez obtenida una primera panorámica de lo ocurrido, la magistrada tomará declaración a los tres médicos imputados inicialmente a propuesta de la Fiscalía. Son los doctores José Luis Cabriada, María Reyes Vega y César Augusto Valero. Queda en el aire el papel de otros tres cargos intermedios de Osakidetza: Juan Carlos Soto, Xabier Balerdi y Andoni Arcelay.

Por otro lado, el sindicato LAB se ha personado este lunes como acusación popular en el proceso penal sobre la OPE de Osakidetza. “Este nuevo paso confirma la firme voluntad de LAB para colaborar en el esclarecimiento de unos hechos sumamente graves, que afectan a derechos básicos de miles de personas y que dejan en entre dicho aspectos fundamentales del acceso a la administración vasca, en este caso Osakidetza”, indican desde la central.

Y añaden: “Desde LAB seguimos reclamando que se depuren todas las responsabilidades por las filtraciones, tanto políticas como penales. Vamos a pelear para que se haga justicia y para que todas estas prácticas corruptas y fraudulentas desaparezcan de una vez de nuestro sistema vasco de salud y del resto de administraciones públicas vascas. [...] Vamos a trabajar para que este juicio sea un paso fundamental en la instauración de un sistema de acceso a Osakidetza democrático, justo, transparente, libre de prácticas mafiosas y corruptas, y ajustado a los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Entretanto, epresentantes de UGT, CCOO y Satse han comparecido este lunes en la ponencia creada en el Parlamento Vasco para analizar el modelo de política de personal y de los procesos de selección en Osakidetza, un foro alternativo a la comisión de investigación que no fue aprobada al no contar Elkarrekin Podemos y EH Bildu con los votos del PP para sacarla adelante frente a los partidos del Gobierno.

Satse, UGT y CCOO no cuestionan el modelo de la Oferta Pública de Empleo (OPE) para acceder a un puesto de trabajo en Osakidetza, pero reclaman mejoras y cambios para acabar con las irregularidades sobre todo en cuanto a la composición de los tribunales y a la custodia de los exámenes, informa Efe.

Fue el 1 de junio cuando las primeras denuncias de filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) saltaron a los medios de comunicación. A partir de ahí, en las siguientes semanas se sucedieron informaciones que ampliaban la magnitud de la crisis. Aunque la primera versión oficial fue que no había “elementos objetivos” que demostraran las irregularidades -“esto no es Venezuela, hay que probar las acusaciones”, se ha llegado a decir-, lo cierto es que el consejero de Salud, Jon Darpón, presentó su dimisión al lehendakari, Iñigo Urkullu, extremo nunca antes confirmado. Por aquel entonces ni siquiera había una investigación de la Fiscalía.

El lehendakari no aceptó aquella renuncia. Ni esa vez ni en otras ocasiones a lo largo de los últimos meses en que Darpón se ha visto en la necesidad de tirar la toalla. Urkullu sólo ha accedido a un relevo para él traumático al frente de la cartera con mayor presupuesto de todo el Gobierno unos días antes de que la oposición en pleno (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP) tuviese decidido solicitar la reprobación de Darpón en el Parlamento, donde estas tres formaciones superan por un escaño a los partidos que sustentan el Ejecutivo, PNV y PSE-EE. 

“El lehendakari tiene mi puesto a su disposición todos los días”, llegó a declarar ante los medios de comunicación el propio consejero en febrero, a los pocos días de que se conociera el informe de la Fiscalía que daba carta de naturaleza a las irregularidades y planteaba la apertura de una causa penal al entender que había indicios de delito. Quienes sí salieron antes que Darpón fueron la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica (noviembre), y el responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto (enero). 

Darpón repitió en más de una ocasión que “Osakidetza es bastante más que una OPE”. “Estamos operando gente, atendiendo partos, … Decenas de miles de personas están siendo atendidas en este momento. No le quiero quitar valor al tema pero no hay ningún hecho probado”, llegó a comentar en una rueda de prensa. La realidad, sin embargo, es que las oposiciones han marcado su agenda en los últimos meses. El caso motivó una primera comparecencia extraordinaria en el Parlamento en pleno verano, que incluyó un 'mensaje' para los anestesistas denunciantes, así como otras más en los meses siguientes. 

Finalmente, la salida de Darpón se consumó a las 12.45 horas del jueves 14 de marzo, cuando el Departamento de Salud comunicó por escrito la “dimisión irrevocable” del consejero Jon Darpón y, lo más importante, que el lehendakari la había aceptado. En puridad, Darpón y Urkullu, juntos en el Gobierno desde finales de 2012, desde el principio, habían acordado esa decisión el jueves anterior, el 7 de marzo. Un día antes, la juez de Vitoria Yolanda Varona había admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía y decretado el inicio de la investigación penal. También era 'vox populi' que el PP se iba a sumar a EH Bildu y Elkarrekin Podemos para solicitar el cese del consejero por la crisis de las oposiciones.

De la mano, ambos habían buscado ya una sustituta para hacer sencilla la transición y garantizar la “continuidad” en las políticas de Salud. La elegida, Nekane Murga, era parte del equipo de Darpón y fue la interlocutora de la oposición en reuniones para tratar de mejorar el sistema de selección de personal de Osakidetza. Ni Urkullu ni Darpón ni Murga han respondido a preguntas de los periodistas en los últimos días para aclarar todos los extremos de lo ocurrido. Sin embargo, el PNV ha activado todos sus resortes para defender la “honestidad” de Darpón, un “valor añadido” que pierde la Administración. Incluso ha pasado a la ofensiva: “El cazador hoy es la presa de mañana”.

A la dimisión como consejero de Salud de Jon Darpón de finales de la pasada semana, motivada por las irregularidades en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), le ha seguido una batería de mensajes desde todas las portavocías del PNV. Andoni Ortuzar, Joseba Egibar, Luis Javier Tellería, Koldo Mediavilla, Mireia Zarate, María Eugenia Arrizabalaga o Josune Gorospe, con mayor o menor intensidad, con unas palabras o con otras, han coincidido en culpar de ello a la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP), a los que les han acusado de haber acabado con la carrera de un gestor “intachable” sólo por intereses partidarios y de desgaste del PNV.

Titular tras titular, así ha transcurrido el puente festivo de San José. A las primeras de cambio, sin embargo, esas tres formaciones no han hecho uso de ese escaño de más con el que cuentan en el Parlamento Vasco frente a los de PNV y PSE-EE, los partidos de Gobierno. En la comisión de Salud de este miércoles, celebrada en medio de la resaca por los últimos acontecimientos, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP no han logrado un acuerdo para sacar adelante una resolución que, entre otros puntos, pedía suspender cautelarmente los resultados de las 11 de categorías médicas de la OPE de Osakidetza señaladas por la Fiscalía y en las que habría indicios de que se produjeron filtraciones a aspirantes muy concretos para beneficiarles. 

Ha sido el PP quien se ha desmarcado porque, en otro de los puntos, se aludía a que si se confirmaban judicialmente las anomalías y se optaba por la repetición de exámenes habría que valorar un cambio en los tribunales. Lo que para EH Bildu y Elkarrekin Podemos es una medida básica -“nuevos tribunales como único modo de preservar la imparcialidad”, en palabras de Cristina Macazaga- para el PP puede suscitar dudas de legalidad. “Nos parece prudente esperar”, ha contraargumentado la 'popular' Laura Garrido.

Esta falta de sintonía entre la oposición se repetirá de nuevo este jueves en el pleno de la Cámara. A pesar de la dimisión de Darpón, continúa en el orden del día una propuesta de EH Bildu para crear una comisión de investigación en torno a lo sucedido en la OPE del pasado año. Como cuando se planteó por vez primera esta posibilidad hace unos meses, EH Bildu y Elkarrekin Podemos no sumarán al PP. Este partido considera suficientes las dimisiones en el organigrama de Salud -además de Darpón han salido la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y el responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto- y que haya abierta una investigación judicial en torno a las filtraciones de exámenes. 

“Se ha abierto una importante crisis en el Gobierno. Esto no había pasado mucho. Bueno, no había pasado nunca. Esto no ha pasado antes. La dimisión [de Darpón] tiene que ser claramente un punto de inflexión en la gestión que se haga a partir de ahora. Se tiene que abrir una nueva etapa, un cambio radical”, ha explicado Garrido. Mientras, desde la bancada de EH Bildu Rebeka Ubera lamentaba: “Es una pena que en este tema no vayamos todos de la mano”.

No habrá comisión de investigación -salvo sorpresa mayúscula- pero ya esta en marcha desde este miércoles una ponencia para estudiar cambios en el modelo de oposiciones de Osakidetza. Algunas fuentes parlamentarias, incluso, interpretan que podría funcionar 'de facto' como una comisión de investigación y que podrían llegar a tener que comparecer en ella Darpón, Múgica o Soto. Por el momento, este grupo de trabajo presidido por Julen Bollain (Elkarrekin Podemos) se ha limitado a fijar la metodología de trabajo y a fijar que los partidos disponen hasta el 5 de abril para plantear los comparecientes que acudirán a la ponencia. Posteriormente, el legislativo quedará al ralentí por la doble cita con las urnas de abril y mayo y por la sucesión de puentes.

Sin mención a la OPE en la toma de posesión de Murga

Precisamente el ya exconsejero Darpón activó también una ronda de contactos con la oposición para introducir ajustes en la política de Recursos Humanos. Se da la circunstancia de que la interlocutora del equipo de Darpón era Nekane Murga, ahora promocionada a consejera de Salud. Precisamente este miércoles, a primera hora, se ha hecho oficial el relevo con un acto solemne en el palacio presidencial de Ajuria Enea en el que tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como la propia Murga han evitado cualquier referencia a la crisis de la OPE.

Urkullu ha aprovechado la última aparición pública como consejero de Darpón para defender su “legado”, en el que se ha detenido para enumerar hasta diez hitos de su etapa al frente de Salud desde el año 2012. El lehendakari, en su alocución, levantaba por momentos la mirada del papel para observar a Darpón, ubicado a su izquierda. También ha remarcado la palabra “honestidad” para describir a su persona. Roto el protocolo, la primero que ha hecho Urkullu ha sido fundirse en un abrazo con quien ha sido uno de sus colaboradores más estrechos desde el inicio de su mandato. Murga, en su primer discurso como consejera de Salud, mayoritariamente pronunciado en castellano, también ha arrancado con un recuerdo a la “gran labor” de su antecesor. 

Murga ha posado con el resto de gabinete para la tradicional fotografía en las escalinatas de Ajuria Enea. Con ella se mantiene una tradición, la de contar con un facultativo al frente de la Sanidad vasca -ella es cardióloga-, y se rompe otra: por vez primera una mujer asumirá la cartera con más presupuesto de la Administración y hará que este gabinete sea el más femenino de la historia.

El consejero de Salud, Jon Darpón, aunque dispuesto a seguir en el cargo, ha dejado en el aire su continuidad en el Gobierno vasco si la oposición en el Parlamento acuerda su reprobación por la crisis de las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), en las que la Fiscalía aprecia indicios de delito, según ha trascendido esta semana. “Cuando se produzca, tomaremos las decisiones que entendamos. No sé lo que va a ocurrir. Cuando se apruebe, lo valoraremos”, ha respondido en una tensa rueda de prensa preguntado sobre la petición de dimisión de Elkarrekin Podemos y EH Bildu a la que podría sumarse el PP, formaciones que suman 38 de los 75 escaños de la Cámara.

“¿Se siente usted respaldado al 100% por el lehendakari? Yo trabajo para el Gobierno y para el país. Si no, no estaría hoy delante de ustedes. El lehendakari tiene mi puesto a su disposición todos los días”, ha preguntado y ha respondido el mismo Darpón,  médico de profesión y que ocupa el cargo desde que Iñigo Urkullu llegó a Ajuria Enea en la Navidad de 2012. Se da la circunstancia de que, por el momento, el Ejecutivo no contempla cambios, según manifestó el martes tras el Consejo de Gobierno el portavoz, Josu Erkoreka.

No obstante, Darpón ha insistido en que “no hay ningún hecho probado” que demuestre que se produjeron filtraciones de exámenes para beneficiar a aspirantes muy concretos en las categorías de las especialidades médicas. Incluso ha avalado la “solvencia profesional” de los tres facultativos cuya imputación por revelación de secretos -penada con cárcel e inhabilitación- propone la Fiscalía. Ha apelado a su “presunción de inocencia” y a que en un Estado de Derecho no se puede condenar a nadie sin pruebas.

Además, ha querido dejar claro que “Osakidetza es bastante más que una OPE”. “Estamos operando gente, atendiendo partos, … Decenas de miles de personas están siendo atendidas en este momento. No le quiero quitar valor al tema pero no hay ningún hecho probado”, ha querido enfatizar el titular de Salud, que ha visto como esta crisis se ha llevado por delante a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, al responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros.

Preguntado expresamente por su gestión en estos meses tras la proliferación de indicios de fraude, el consejero ha sido muy tajante: “Yo no he ocultado nunca nada. El consejero Jon Darpón no ha mentido en ningún momento”. Ha insistido en que desde que se tuvo conocimiento de las sospechas Osakidetza actuó y lo hizo con voluntad de transparencia y de llegar hasta el final.

Sin embargo, este periódico publicó que el responsable de Recursos Humanos, Soto, conoció antes de que el escándalo saliese a la luz pública adelantado por eldiarionorte.es y por la Cadena Ser que había sospechas de irregularidades en al menos una categoría, Cardiología. La documentación interna muestra que a finales de mayo se decidió no investigar cuando, una vez se conocieron públicamente estas denuncias, fue una de las categorías con mayores indicios de anomalías hasta el punto de que acabó suspendida por la propia Osakidetza.

Darpón ha sugerido que actuó cuando tuvo conocimiento de los hechos y no ha aclarado si Soto le dio cuenta de las reuniones y comunicaciones que motivó esa denuncia a lo largo de mayo e incluso antes de que se celebrara la OPE. En otro momento ha parecido rebajar a “comentarios” esas sospechas de filtraciones. 

Sin aclarar las medidas 

El consejero tampoco ha aclarado cuál será el futuro de los dos altos cargos señalados por la Fiscalía, además de Soto, que ya ha cesado, como responsables de la elaboración de la lista que Osakidetza envió al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y que fueron los autores reales de las pruebas teóricas de las oposiciones, aunque se publicitó que serían elaboradas por el propio IVAP. Ha recalcado que ni Xabier Balerdi ni Andoni Arcelay tienen la condición de imputados, aunque la investigación de la Fiscalía deja a criterio del juez instructor su condición porque pudieran existir elementos “incriminatorios” contra ellos.

En cuanto a los tres facultativos que sí serán procesados, dos de ellos son miembros de tribunales (Anestesia y Angiología) y esas categorías están paralizadas cautelarmente. La tercera, Digestivo, sigue su curso y está prevista la asignación de plazas sospechosas de haber sido obtenidas en algunos casos de manera irregular. “Si los servicios jurídicos determinan que no hay ningún problema para que continúe la fase de concurso, no le vemos ningún problema”, 

Si la crisis abierta en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) como consecuencia de las filtraciones de exámenes en las oposiciones de las especialidades médicas del pasado año fuese una partida de ajedrez, el 'rey' Jon Darpón ya habría perdido a su reina, la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, a algunos alfiles como Juan Carlos Soto, responsable de Recursos Humanos, y hasta peones, tales como el relevo en el equipo de Comunicación. Todos ellos han ido saliendo de sus puestos estos meses aunque la versión oficial es que no había “elementos objetivos” que confirmase la manipulación de la OPE.

Ahora, tras conocerse que la Fiscalía aprecia un delito de revelación de secretos al ver indicios de filtraciones en hasta 11 categorías y que apunta a la responsabilidad de varios miembros del equipo del consejero de Salud, el Gobierno vasco ha optado por jugar un enroque. A pesar de las peticiones reiteradas de la oposición y de los sindicatos de Osakidetza, el lehendakari, Iñigo Urkullu, continúa protegiendo al rey y en la inminente reforma de su gabinete, si no hay sorpresas, sólo saldrá el titular de Turismo, el socialista Alfredo Retortillo, candidato en Barakaldo.

Preguntado por un posible relevo en el Departamento de Salud, el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha asegurado que “no tiene sentido”. “Todo lo contrario, habría que intentar que continuara en ese trabajo. Ha acreditado su voluntad de llegar hasta el fondo”, ha remarcado el portavoz sobre su colega. Darpón romperá su silencio tras el paso dado por el ministerio fiscal este miércoles en Vitoria en una rueda de prensa convocada a mediodía en la sede central de Osakidetza. Horas antes, hablará en los micrófonos de Radio Euskadi.

Darpón también ha recibido un capote desde el PSE-EE. Su secretaria general, Idoia Mendia, ha dicho que lo principal es que las OPE sean transparentes y ha defendido que Darpón ha dado todas las explicaciones, ha hecho su trabajo y ha pedido responsabilidades, informa Efe.

Reprobación y comisión de investigación

Entretanto, en el marco también de la precampaña de cara a las sucesivas citas electorales, los partidos de la oposición han elevado el tono. Elkarrekin Podemos y EH Bildu han anunciado ya iniciativas en el Parlamento Vasco para depurar responsabilidades por el fraude de la OPE. La portavoz 'morada' Cristina Macazaga, que ha hablado de “prácticas corruptas asentadas” en la Sanidad vasca, ha anunciado que elevará a la Cámara una propuesta para reprobar a Darpón. Y la abertzale Rebeka Ubera ha vuelto a registrar una iniciativa para crear una comisión de investigación parlamentaria como la que tuvo lugar hace dos décadas en torno al 'pucherazo' en la primera gran OPE del Servicio Vasco de Salud.

Ambas parlamentarias han interpelado directamente al PP. Juntos, los tres partidos suman 38 escaños por 37 de las formaciones que sustentan al Gobierno de Urkullu, PNV y PSE-EE. Hace unos meses, los 'populares' optaron finalmente por no secundar la apertura de una comisión de investigación y dar un voto de confianza a Darpón tras el cese de la directora de Osakidetza, María Jesús Múgica.

El líder del PP vasco, Alfonso Alonso, ya ha dejado claro que habiendo una investigación judicial en marcha no ve necesaria una comisión parlamentaria -en el pasado los 'populares' defendieron lo contrario en asuntos como el 'caso Margüello' o el 'caso De Miguel'-, pero sí ha deslizado que Urkullu debería dejar caer la ficha de Darpón. Alonso, a pesar de las reiteradas preguntas de los periodistas, no ha llegado a verbalizar una petición nítida de cese o destitución, pero sus palabras sobre el “fin de un ciclo” o sobre la “agonía” que ha de acabarse tenían un claro mensaje latente. “Urkullu debe decidir si quiere seguir quemándose en este asunto y que Osakidetza siga bajo sospecha o si quiere terminar con esto”, ha zanjado Alonso, que fue ministro de Sanidad.

Los principales responsables no son cargos políticos

Al margen de la defensa de Darpón, las explicaciones del Gobierno en torno a la investigación de la Fiscalía son muy limitadas. Erkoreka ha repetido que el Ejecutivo no ha tenido una notificación “oficial” por parte de Carmen Adán y que sólo conoce el alcance de sus conclusiones por las informaciones aparecidas en los medios de comunicaciones. En todo caso, el portavoz ha reconocido que “sería grave” que los tribunales confirmasen la denuncia de la Fiscalía.

El consejero-portavoz ha querido rebajar el alcance del caso porque, según ha subrayado, la Fiscalía sólo es capaz de señalar a tres personas como presuntos responsables directos de las filtraciones -los jefes de servicio de Anestesia, Angiología y Digestivo- y ninguno de ellos es “responsable político” o “pertenece a la organización directiva” de Osakidetza. El ministerio fiscal alude también a la responsabilidad de Soto como director de Recursos Humanos y de otros dos altos cargos, su 'número dos', Xabier Balerdi, y el responsable de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay. Ellos facilitaron al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) la lista de personas que elaboraron los exámenes en las distintas categorías.

Una de las claves es que Salud presentó esta OPE como la de mayores garantías porque iba a ser un órgano externo como es el IVAP el encargado de hacer parte de las pruebas. Sin embargo, al no tener expertos médicos realmente esa labor recayó de nuevo en Osakidetza y, singularmente, en las personas elegidas por su dirección. La fiscal apunta a que el juez deberá determinar si Soto, Balerdi y Arcelay fueron meros testigos o tuvieron implicación directa en las filtraciones, también por su gestión posterior de las investigaciones a raíz de las denuncias.

Precisamente Erkoreka, como consejero de Gobernanza y Administración Pública, es el responsable político del IVAP. A preguntas de los periodistas ha reconocido que “no se puede garantizar al 100%” que se hayan cumplido los “compromisos de confidencialidad” exigibles en una oposición, aunque ha limitado a “tres personas” de “más de 1.200” que integraban los tribunales esas irregularidades.

Osakidetza “como un batzoki”

Entretanto, Elkarrekin Podemos ha puesto de manifiesto que en uno de los casos en que la Fiscalía da por probadas las filtraciones y apunta con nombre y apellidos al responsable de ellas, la especialidad médica de Digestivo, el proceso de la oposición continúa con normalidad y que se están adjudicando las plazas de un proceso trucado. “La Fiscalía ve claramente delito”, ha alertado Macazaga.

Se da la circunstancia de que este martes estaba convocada la mesa sectorial de Osakidetza, el foro que aglutina a la Administración con los sindicatos. El segundo punto del orden del día era precisamente la nueva OPE ya anunciada. LAB, según ha explicado en un comunicado, se ha levantado de la mesa al entender que se buscaba dar una “imagen de normalidad” pasando por alto las conclusiones de la Fiscalía. “Como si no ocurriera nada”, lamenta LAB, que sostiene que Osakidetza “no es un cortijo de nadie ni puede ser un batzoki”.

ESK, como LAB, fue una de las centrales que acudió a la Fiscalía a denunciar las irregularidades de la OPE. Los tres anestesistas que dieron el paso de destapar estas irregularidades, Roberto Sánchez, Marta Macho y Manoel Martínez, son afiliados de este pequeño sindicato, que reclama “el fin de este sistema corrupto y clientelar”. ESK ha pospuesto al jueves una rueda de prensa hasta conocer las primeras valoraciones de Darpón, mientras LAB mantiene su convocatoria para este miércoles.

Con las mismas pruebas sobre la mesa que llevaron al consejero de Salud, Jon Darpón, a repetir varias veces que no había “elementos objetivos” para hablar de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) -“Esto no es Venezuela. Hay que probar las acusaciones”, ha llegado a decir-, la Fiscalía y, en concreto, la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha asestado un duro golpe al Gobierno vasco al ver indicios de un delito de revelación de secretos en hasta once exámenes. En tres de esos casos hay base, además, para poner ya nombre y apellidos a los responsables, los doctores César Augusto Valero, María Reyes Vega y José Luis Cabriada como responsables de las pruebas de Anestesia, Angiología y Digestivo, respectivamente.

Concluye Adán que, dados los resultados y las declaraciones de numerosos testigos que han colaborado en la investigación, se puede determinar que la designación por parte de Osakidetza de las personas encargadas de elaborar las preguntas “funcionó correctamente en algunas especialidades” pero no así en otras, donde no se mantuvo la confidencialidad exigida. “[El sistema] Permitió a los designados y miembros del tribunal favorecer a determinados opositores en detrimento de los demás, proporcionándoles conocimiento del contenido del examen”, se puede leer tanto en el decreto del pasado 31 de enero con el que Adán ha cerrado esta investigación preliminar -el caso ha recibido el número de expediente 15/2018- como en la denuncia enviada el pasado 5 de febrero a un juzgado para que inicie formalmente un proceso penal en torno a la OPE.

Precisamente el Departamento de Salud publicitó esta OPE como la de la transparencia, ya que por vez primera parte del examen (en general, en las especialidades médicas hay una prueba teórica y de otra de casos clínicas prácticos) se iba a externalizar para garantizar la confidencialidad. Se comisionó para ello al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), con gran experiencia en estos procesos y que dispone de sistemas de seguridad que custodian bajo siete llaves los exámenes. Sin embargo, el IVAP no tiene en nómina personal especializado en materias muy técnicas como lo es una oposición médica y recurrió a profesionales propuestos nuevamente por la dirección de Osakidetza.

En muchos casos, los autores reales del examen eran miembros del tribunal y, como ha venido publicando este periódico, habitualmente hay coincidencia entre las notas más altas y los compañeros de trabajo de estos facultativos contratados por el IVAP. También en Neurocirugía, una de las especialidades en las que la Fiscalía no ha visto pruebas de irregularidades.

La lista del IVAP

¿Quién elaboró esa lista? La directora del IVAP, Maite Iruretagoyena, explicó en la Fiscalía que fueron el director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, su 'número dos', Xabier Balerdi, y el responsable de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay, los autores de ese listado. También declaró que nunca le avisaron de que esas personas eran, en buena medida, miembros de tribunales. No había control ni “criterios objetivos” para elegir a estas personas, incide la Fiscalía.

Adán ha decidido no solicitar en esta fase preliminar la imputación de Soto, Balerdi y Arcelay, pero entiende que han de declarar y que el juzgado de instrucción, a la luz de sus explicaciones, deberá decidir su situación procesal (ocurre lo mismo con los doctores Pablo Renedo, Luciano Aguilera y Alberto Martínez). Hay datos que “no excluyen” la posibilidad de que estos altos cargos actuaran en connivencia con quienes filtraron las preguntas, entiende la fiscal. Y añade que Osakidetza dio la imagen de que parte de la OPE corría a cargo de un organismo externo cuando no era cierto.

La Fiscalía desliza algunas críticas muy duras a la actuación del equipo de Darpón en la gestión de esta crisis. Menciona, por ejemplo, que Soto conoció las sospechas de irregularidades en Angiología y decidió personalmente mantener a la doctora Vega. También se ha conocido que, en el caso de Cardiología, no se decidió actuar hasta que el caso salió a los medios de comunicación. “Este proceder llama la atención”, se puede leer en el informe del ministerio público, de unas 20 páginas. Igualmente, fue Balerdi -uno de los implicados, según Adán- el encargado de investigar internamente las anomalías en esta especialidad.

Soto ya cesó como responsable de Recursos Humanos a principios de año. Dos meses antes salió también por este caso la directora general, María Jesús Múgica, a la que no se menciona entre los posibles responsables de los delitos y a la que se propone como testigo. Arcelay, en cambio, continúa en su puesto.

Igualmente, Adán destaca que Osakidetza -que públicamente ha destacado su máxima colaboración con la investigación- ha adoptado decisiones “aparentemente contradictorias” a la luz de los indicios de que disponía. También afea que no se hayan entregado todos los documentos en una categoría, Cirugía Plástica, o que no esté claro si en el análisis de Urología se estudiaron las notas correctas. El Departamento de Salud -que en las últimas fechas también ha cambiado su equipo de comunicación- se ha limitado a reseñar que no ha tenido “notificación oficial” por parte de la Fiscalía y que esperará a conocer “toda la información” antes de realizar una valoración en profundidad.

Críticas de oposición y sindicatos

La oposición, por el contrario, sí ha reaccionado a las decisiones adoptadas por la Fiscalía. “Lo dijimos al principio: no se respeta la igualdad de oportunidades y hay una práctica clientelar”, ha enfatizado Cristina Macazaga, de Elkarrekin Podemos y que ha apoyado todos los pasos de los tres anestesistas que dieron el paso de denunciar esta trama. También Rebeka Ubera (EH Bildu) entiende que esta investigación ha ratificado “las tesis que desde un primer momento” ha denunciado la oposición.

La parlamentaria del PP, Laura Garrido, insistió sin obtener respuesta en varias comisiones parlamentarias en buscar el dato de quién había decidido qué personas colaborarían con el IVAP para la realización de los exámenes. “Si las filtraciones están relacionadas con las personas que realizan los exámenes y a estas los nombra la Dirección de ”Osakidetza se apunta al papel clave y relevante de ésta en las irregularidades que están siendo objeto de investigación“, ha asegurado. El PP, en cambio, no apoyó a última hora la creación de una comisión de investigación sobre la materia al dar por suficiente la salida de Múgica. Los sindicatos -que fueron quienes pusieron el caso en manos de la Fiscalía- han sido más contundentes y han pedido abiertamente la dimisión de Jon Darpón.

En su investigación, la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha determinado que hay indicios de filtraciones en 11 categorías médicas de la gran OPE de Osakidetza de 2018, que tenía un total de 86 categorías con su correspondiente parte teórica y práctica. En tres casos ha identificado ya a los presuntos responsables de los hechos y, en las otras ocho, plantea que sea el juzgado al que ha remitido los hechos el que individualice esas responsabilidades. En cuatro casos más no aprecia evidencias de que se produjeran irregularidades. Ésta es la lista de todas las categorías analizadas.

BLOQUE 1: HAY INDICIOS DE DELITO Y RESPONSABLES DIRECTOS

Anestesia

Fue el origen de la investigación en torno a la OPE. Tres anestesistas denunciaron la práctica extendida de filtraciones y, en el caso de su especialidad, acudieron a un notario para 'adivinar' antes de la celebración de las pruebas quiénes iban a ser algunos de los mejores aspirantes, extremo que confirmaron las pruebas. Una de las denunciantes, Marta Macho, recopiló pruebas e incluso grabaciones que confirmarían la existencia de filtraciones. En ellas se escucha lo siguiente en boca de uno de los opositores, según transcribe la Fiscalía: que “está esperando la respuesta de si recibe o no las preguntas para su uso personal para seguir en su puesto, siendo como es una plaza de OPE”. El presidente del tribunal, el doctor Joseba Julen Ballesteros, ha declarado que, dados los resultados anómalos de los candidatos más próximos al autor del examen, se podría pensar que “han podido ser favorecidos por algo”. La redacción de las preguntas la realizó César Augusto Valero. Alegó que si sus colegas podían conocer los casos clínicos del examen era porque gestiona “veinte revistas” y habitualmente difunde esos contenidos. La Fiscalía destaca que los miembros del tribunal recibieron “muy nerviosos” los resultados, en los que había notas “sorprendentemente altas” aunque “sólo un 11%” había aprobado.

Angiología

La Fiscalía habla de “resultados insólitos” porque de cinco aprobados “cuatro trabajaban en el hospital de Basurto” con la autora del examen, María Reyes Vega. En este caso un vocal del tribunal, el doctor José María de Egaña, ya denunció internamente estas irregularidades. La investigación afea a Osakidetza que haya concluido que no se produjeron filtraciones cuando los indicios apuntan a lo contrario.

Digestivo

El examen corrió a cargo del doctor José Luis Cabriada. Se ha descubierto que cambiaron los criterios de la segunda prueba después de realizada la primera y la investigación no ve creíble la explicación de que se hizo porque era muy sencillo, ya que la mayoría suspendió. Así las cosas, en esa segunda “algunos de los que obtienen dicha puntuación son opositores que están trabajando con el doctor Cabriada”.

BLOQUE 2: HAY INDICIOS DE DELITO Y NO RESPONSABLES DIRECTOS

Cardiología

Antes de la celebración de la OPE, uno de los vocales del tribunal, Ángel Loma Osorio, alertó de filtraciones. Hablaba de datos “fundados” de que “parte del tribunal tenía la intención de filtrar selectivamente el contenido” de la segunda prueba. Al ver que hubo tantos exámenes perfectos como plazas ante una prueba difícil, él y una compañera denunciaron nuevamente las anomalías. Esta doctora, Izaskun Obieta, ha declarado haber visto a miembros del tribunal “contentos” por ver que sus colegas de hospital habían logrado la plaza. “No quería ser corresponsable de aquello”, le dijo a la fiscal.

Traumatología

Enrique Uriarte, jefe de servicio de Basurto, alude a posibles “filtraciones”. La anestesista denunciante, Marta Macho, avisa también de que, nuevamente, los cinco mejores expedientes son compañeros del autor del examen. Algunos miembros del tribunal se reunieron sin avisar al resto en un hotel de Vitoria. 

Cirugía Plástica

Es un caso extraño, dado que estadísticamente no parece haber anomalías. Sin embargo, una de las opositoras era familiar de un vocal del tribunal. El miembro del comité evaluador se retiró antes de la OPE y ella, sorpresivamente, realizó el examen y no lo entregó. La Fiscalía llama la atención de que Osakidetza no ha aportado algunos documentos a los que hacen alusión los testigos. 

Urología

Nuevamente, la Fiscalía da un tirón de orejas a Osakidetza porque aparentemente realizó su análisis estadístico -contratado a un experto de la Universidad de Oviedo- con unas notas que no eran las definitivas. De nuevo, hay exámenes con resultados muy altos coincidentes con el número de plazas ofertadas. 

Medicina Intensiva

“Es difícil explicar que haya un 60% de profesionales que se presentan y obtengan una puntuación por debajo de 20 sobre 100 y que, por otro lado, se encuentre un grupo con muy buenas notas”, se puede leer en el informe. Ve sorprendente la Fiscalía que Osakidetza anule parte del examen cuando a la vez no aprecia indicios de irregularidades. Un testigo asegura que no tiene pruebas pero que hay “demasiados días” desde que se ponen en común las preguntas y el día del examen, lo que “aumenta el riesgo”.

Urgencias

“Los resultados por centros en la segunda prueba son atípicos”, indica la Fiscalía.

Microbiología

La Fiscalía señala que Osakidetza no investigó esta categoría debidamente aunque haya pruebas de que un vocal del tribunal y algunos opositores compartieron ponencias en un congreso médico y que esas comunicaciones luego entraron en el examen de la OPE.

Cirugía Cardiovascular

“Queda constancia de que, al igual que en otras especialidades, la práctica seguida [para hacer el examen] permite las filtraciones”, indica la Fiscalía. Una testigo asegura que sus compañeros en el tribunal “insistieron muy vehementemente” en que tenían que conocer no las preguntas pero sí quién se iba a encargar de prepararlas. Esta mujer añade que ella iba a garantizar la confidencial de la OPE pero no así otros dos jefes de servicio. La presidenta del tribunal “cuestionó su permanencia” y ella dimitió. 

BLOQUE 3: NO HAY INDICIOS DE DELITO

Medicina del Trabajo, Neurocirugía, Anatomía y Otorrinolaringología

Dos de los tres anestesistas que desde el pasado verano vienen denunciando las irregularidades detrás de las oposiciones a especialidades médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) han iniciado 2019 con importantes cambios en su puesto de trabajo en el hospital del Alto Deba, algo que interpretan como una “represalia” por haber alzado la voz. Marta Macho ha visto caer su jornada (y su salario) al 60% luego de que las dos colegas cuyas reducciones de jornada cubría hayan sido “invitadas”, según denuncia, a trabajar más horas. Manoel Martínez, por su parte, perderá su plaza a partir del 15 de febrero por el regreso de la compañera a la que sustituía y se limitará a trabajar “tres o cuatro días” al mes haciendo guardias, con la consiguiente merma económica.

“Les puede la venganza. Estamos sólo dos en la Unidad del Dolor. Conmigo al 60%, la cobertura médica no se va a llevar a cabo”, indica Macho, quien como Martínez no tiene una plaza fija. Ambos denunciaron junto a un tercer anestesista, Roberto Sánchez, que los procesos selectivos para el acceso a esos puestos estaban teledirigidos para que los consiguieran candidatos muy concretos. “Voy a perder el 40% del salario”, explica la facultativa, que valora ya un traslado a otro centro de Osakidetza, aunque sin garantías de ningún tipo. “En Urduliz o Txagorritxu necesitan gente, pero no me lo van a poner fácil”, asegura.

Martínez, de origen gallego, llegó a la Sanidad pública vasca para cubrir la baja de otra anestesista. “Hace nada me llamaron para informarme de que había cogido el alta. Ahora estoy con sus vacaciones pendientes hasta el 15 de febrero. Después sólo me han ofrecido hacer guardias, trabajar tres o cuatro días al mes. Ni siquiera sé lo que pasaría a cobrar”, señala este médico, que subraya que la profesional ahora de alta está tramitando desde hace tiempo su baja definitiva. 

Según Patxi Nicolau, delegado del sindicato ESK, al que pertenecen estas tres personas, no es casual que Osakidetza haya hecho regresar a personas de baja o invitar a quienes tenían reducciones de jornada a trabajar a jornada completa o más horas. “Es muy difícil de demostrar pero ¡qué casualidad!”, protesta Nicolau, que este lunes ha analizado esta situación con tres directivas del hospital del Alto Deba sin que, a su juicio, le hayan ofrecido explicaciones claras.

Consultado por este periódico el Departamento de Salud, sus portavoces han negado tajantemente cualquier irregularidad. “Nadie de Osakidetza ni del Departamento de Salud ha dado ninguna instrucción específica para ningún profesional concreto de la OSI Debagoiena”, indican estas fuentes.

En este contexto, el tercero en discordia, Sánchez, ha decidido solicitar 'motu proprio' una reducción de jornada al 60% de modo que sus compañeros puedan trabajar más horas. “No hay más personal. Los necesitarán”, argumenta. Por el momento, aún no tiene la respuesta de Osakidetza a su instancia, aunque en principio cumple los requisitos. Martínez, Macho y Sánchez temían represalias desde que denunciaron las filtraciones en la OPE. “Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero lo que sí hemos oído es a gente no afín decirnos 'ya se os va a acabar la gracia'. Sabemos que estamos debajo de la muela. Nos tienen ganas. Está clarísimo”, opina Martínez. “Nos tienen vigilados”, apostilla Sánchez.

Cuando estalló el caso, la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que ha cesado a raíz de esta crisis, ya amagó con denunciar ante la Fiscalía a los tres anestesistas. Según expuso en el Parlamento, cometieron “tentativa de actuación fraudulenta” porque “acudieron a distintos vocales [del tribunal del examen de Anestesia] solicitando bien las preguntas o bien ayuda”. En realidad, como explicó Macho en una entrevista con este periódico, lo que hicieron era reunir pruebas precisamente para denunciar esas prácticas. 

El hermano del hasta ahora responsable económico del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), Ricardo Ituarte, fue uno de los aspirantes de las oposiciones del pasado año que logró 100 puntos en el examen práctico y una plaza en la categoría de Anestesia. Fue precisamente en esa especialidad donde se originaron las primeras denuncias de la existencia de filtraciones en la OPE para beneficiar a candidatos muy concretos. Es más, la propia Osakidetza ordenó la repetición de ese proceso selectivo –ahora paralizada de manera cautelar- aunque formalmente nunca admitiera que hubiera pruebas de la manipulación de los exámenes.

El Consejo de Administración de Osakidetza aprobó este lunes el cese de Ituarte al frente del área económica de la mayor empresa pública de Euskadi y su sustitución por José Ramón Calonge. Fuentes oficiales remarcan que este nombramiento no guarda relación directa con la situación del hermano de Ituarte, destinado en el hospital de Cruces, pero asumen que su caso responde al mismo patrón anómalo que ha llevado a ordenar la repetición del examen.

Estas mismas fuentes indican que Ituarte, miembro del PNV y exalcalde de Santurtzi, no ha tenido ningún tipo de participación en la gestión de la OPE en general y en la elaboración de los exámenes en particular. El caso de Juan Carlos Soto es distinto, ya que lideró tanto la preparación de los exámenes como la investigación interna posterior. Decidió igualmente no investigar inicialmente las denuncias de filtraciones y sólo actuó cuando el caso estalló en los medios de comunicación. El que fuera director de Recursos Humanos fue destituido también el lunes y relevado por María Pilar Uriarte.

El comunicado oficial enviado por Osakidetza no indica los motivos de la salida de Soto. Es más, acompañaba la noticia sobre su cese con un agradecimiento por los servicios prestados. Preguntado al respecto, el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha indicado este martes tras el Consejo de Gobierno que estos cambios en la cúpula de Osakidetza responden al “derecho” del nuevo director general, Juan Diego, a configurar un equipo a su medida.

Diego llegó a la dirección del Servicio Vasco de Salud en noviembre tras la salida de María Jesús Múgica, mano derecha del consejero Jon Darpón y señalada abiertamente por la crisis en torno a la OPE. Erkoreka sí ha admitido que las oposiciones “tuvieron que ver con el cese de la directora general anterior”, en el sentido de que su continuidad en el cargo no “interfiriera” en la gestión diaria de un servicio básico. Múgica ya ha sido citada como testigo en la investigación abierta por la Fiscalía en torno a las filtraciones de exámenes.

Según informes estadísticos de sindicatos como ESK, LAB o el SME, en una veintena de categorías médicas había indicios de manipulación de las pruebas. En líneas generales, se apreciaba que había un número de exámenes perfectos o casi perfectos habitualmente coincidente con el número de plazas en concurso frente a una nota media muy baja propia de una prueba difícil. Asimismo, en algunos casos se detectó que los mejores aspirantes trabajaban en el mismo centro que los autores materiales de algunas pruebas.

El 100 del hermano de Ituarte es uno de los que se sucedieron en la categoría de Anestesia, donde además se incluyeron casos clínicos ajenos a la especialidad. Curiosamente, suspendió la parte teórica con 44 puntos. Fruto de la media ponderada, ocupó el puesto 23 de un total de 46 plazas, de las que 45 se situaron estadísticamente por encima de la media.

Precisamente fueron tres anestesistas opositores quienes iniciaron las denuncias en torno al fraude en la OPE. “Las oposiciones en los hospitales vascos no se aprueban estudiando, se aprueban porque alguien te da el examen”, criticaron Manoel Martínez, Marta Macho y Roberto Sánchez en una entrevista en este periódico.

El Consejo de Administración del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), reunido este lunes, ha confirmado la destitución de Juan Carlos Soto como director de Recursos Humanos. Formalmente, la comunicación oficial de esta salida adelantada la pasada semana por este periódico no la vincula con la crisis abierta por las filtraciones de exámenes en las oposiciones del pasado año -de hecho, no aporta ninguna explicación- y, además, incluye una nota de “agradecimiento a la labor desempeñada”. 

La salida de Soto sigue a la de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que fue relevada por una persona de la máxima confianza del lehendakari, Iñigo Urkullu, Juan Diego. En ambos casos, su marcha es consecuencia directa de lo ocurrido en los últimos meses en torno a la OPE, ahora investigada por la Fiscalía.

Quien tomará el testigo de Soto en Recursos Humanos será María Pilar Uriarte Brizuela, que ha sido subdirectora del hospital de Basurto y responsable de personal en el de Galdakao. “Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, Uriarte es una profesional con amplios conocimientos de gestión en el ámbito de los recursos humanos y con una larga trayectoria en Osakidetza”, ha explicado el Servicio Vasco de Salud.

En la misma sesión, Osakidetza ha decidido sustituir a Ricardo Ituarte como director económico del Servicio Vasco de Salud. Será sustituido por José Ramón Calonge, con experiencia tanto en el sector público como en la empresa privada. Fuentes oficiales desvinculan este cambio de la crisis de la OPE y señalan que entra dentro del funcionamiento ordinario de Osakidetza.