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La complejidad de la OPE de Osakidetza lleva a la Fiscalía a pedir otros seis meses para investigar

Fuentes del ministerio público han confirmado que la Fiscalía general ha accedido a prorrogar las diligencias abiertas por las presuntas filtraciones hasta verano de 2019

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, con Juan Luis Ibarra y Jesús Loza

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, con Juan Luis Ibarra y Jesús Loza EUSKO LEGEBILTZARRA

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha pedido autorización a la Fiscalía General del Estado con el fin de disponer de seis meses más para investigar las presuntas irregularidades en las oposiciones de especialistas médicos del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), según han explicado a este periódico fuentes del ministerio público. Las diligencias se iniciaron el pasado mes de junio, cuando estalló el escándalo por los indicios de filtraciones de exámenes para beneficiar a candidatos muy concretos, y dada la complejidad del caso y el volumen de documentación y declaraciones de implicados y testigos que es necesario analizar se ha optado por ampliar ese plazo hasta el verano del año 2019.

Sindicatos como LAB, ESK, ELA o CCOO se dirigieron antes de las vacaciones a la oficina de Adán para hacerle llegar posibles pruebas de un fraude generalizado en la OPE de Osakidetza, ya que tenían indicios de filtraciones en una veintena de categorías médicas. Los médicos anestesistas que denunciaron públicamente la "corrupción" en la Sanidad pública vasca también han pasado ya por la Fiscalía.

A partir de ahí, Adán activó una investigación de seis meses para determinar si hay elementos para procesar a los posibles responsables del fraude. Según fuentes de la Fiscalía, la complejidad del asunto, que requiere el estudio de toda la documentación entregada por el Gobierno vasco y los sindicatos, así como la recopilación de otros documentos y de los testimonios de implicados y testigos, ha empujado ahora que se acercaba la fecha límite a solicitar a la fiscal general, María José Segarra, la autorización para disponer de otro medio año antes de determinar si hay o no indicios de delito y pasar el asunto a manos de un juez para que pueda iniciar un procedimiento penal. Esa ampliación se ha concedido y el nuevo plazo máximo para conocer la resolución de estas diligencias se establece en junio de 2019.

En paralelo, la oposición había valorado la posibilidad de articular una comisión de investigación política en el Parlamento Vasco. Sin embargo, la dimisión de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, puede desactivar esta iniciativa parlamentaria si bien partidos como Elkarrekin Podemos consideran que es un movimiento absolutamente "insuficiente" dado el alcance de las irregularidades.

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