“Esto va a ser un infierno”: la lucha en Sevilla de unos vecinos contra la invasión de apartamentos turísticos en su bloque
“Es una pesadilla para el barrio, si sigue adelante esto va a ser un infierno y no va a haber quien viva aquí”. La predicción la hace Emma, una de las vecinas que está intentando frenar junto a una veintena de familias la avalancha de apartamentos turísticos que se le viene encima a su bloque de pisos, piscina y solárium incluidos. La situación, que tiene como escenario el número 7 de la calle Bordador Rodríguez Ojeda en Sevilla, vale como ejemplo de los muchos y variados factores que han convertido la vivienda en un problema mayúsculo. De paso, explica marchas de protesta como la de este viernes 19, para denunciar un contexto que cada vez complica más vivir en la capital hispalense.
La manifestación, que parte a las 19 horas del Parlamento con el lema de La vivienda nos cuesta la vida, la impulsa el Sindicato de Inquilinas, pero a la misma se han ido sumando otros colectivos y también los vecinos de puntos de la ciudad con conflictos abiertos.
Es el caso de Bordador Rodríguez Ojeda, que se ubica en San Julián, barrio que sufre una doble maldición: es céntrico pero no se incluyó entre los 11 ya saturados en los que desde 2024 se prohíbe la apertura de nuevos pisos turísticos, a lo que se une que sufre la presión de la ola de apartamentos turísticos (sin limitación expresa) que azota la ciudad.
La práctica común es que los apartamentos turísticos se ubiquen en un mismo edificio consagrado a este fin, pero estos vecinos se han encontrado con que un fondo de inversión ha adquirido la práctica totalidad de los bajos comerciales y está ejecutando un proyecto con nueve estancias con capacidad para hasta 44 personas. La iniciativa alcanza al patio interior, con lo que los residentes se van a encontrar la piscina o el solárium ante sus ventanas como quien dice.
El lío con los estatutos
Viéndoselas venir, la comunidad de propietarios incluyó en 2023 en sus normas la prohibición del uso turístico en viviendas y oficinas, pero algo falló y el administrador no hizo lo propio con los locales comerciales. Cuando se dieron cuenta en noviembre 2025, ya con la sombra del proyecto encima “pero antes de que tuvieran ni licencia de explotación ni calificación ambiental”, se introdujo una modificación que ya abarcaba a todos los espacios.
La empresa, por su parte, considera que la actual normativa le ampara al tratarse de locales comerciales, estar en la planta baja y tener un acceso independiente al de los vecinos. Eso sí, no se da por aludida por el último cambio en los estatutos y ya habría empezado a moverse por vía judicial: ha presentado una demanda por el intento vecinal de impedir su actividad comercial, apuntando que les pasará la factura de los 200.000 euros anuales que confía en ganar con este negocio. Los propietarios –amparados por la asociación vecinal La Revuelta– ya se han tenido que buscar abogado ante el nuevo horizonte que se dibuja.
“Esto asusta”, admite Emma ante la doble perspectiva, la de un carrusel de turistas en una calle especialmente tranquila o la posibilidad de enfrentarse a un litigio en el que están sobre la mesa cantidades tan considerables. Las alegaciones presentadas hasta la fecha en Urbanismo no han tenido impacto más allá de la visita de un inspector. Desde el Ayuntamiento, por cierto, se recuerda que la competencia municipal es la licencia de obras y la calificación ambiental, pero que el permiso de apertura lo concede el Gobierno andaluz.
La caducidad de la licencia
Uno de los hilos de esperanza de los residentes es su alegación sobre que la obra no tiene actividad desde hace casi un año, y que la autorización decae si hay un parón de tres meses. El Consistorio hispalense admite que se está analizando esta cuestión y que hay actuaciones en este sentido, centradas en la posible caducidad de la licencia. A la empresa se le ha mandado audiencia previa requiriendo documentación y no ha presentado nada, por lo que se anuncia la próxima visita de un inspector.
Todo esto ocurre en San Julián, una zona “altamente saturada” de pisos turísticos (de hecho, ya reuniría los requisitos para que no se permitan más) que “están echando a los vecinos porque se disparan los precios y no se renuevan los alquileres”, lamenta Emma. Una situación que es común en buena parte de la ciudad, coincide Ibán Díaz, del Sindicato de Inquilinas, que lamenta que “los apartamentos turísticos no tienen limitación”. “Esto es un descaro porque desde 2024 se han duplicado, el Ayuntamiento lo que ha hecho es cambiarle el collar al perro”.
“En el casco antiguo están construyendo apartamentos turísticos por todos lados, sin limitación, está siendo horroroso”, señala por su parte Puri Huertas, de la asociación vecinal La Revuelta. Con este telón de fondo, carga contra un gobierno local que “ha abandonado a los vecinos a su suerte ante la especulación, nos dejan en manos de fondos empresariales que vienen a avasallar”.
Una ciudad “invivible”
Los de Bordador Rodríguez Ojeda son ejemplo de vecinos con problemas, como ocurre también en los casos de Jiménez Becerril, Pinillos o los corralones de Castellar, que van a estar presentes en la manifestación de este viernes, antesala de las que se celebrarán el 27 de junio en Cádiz y Málaga. El manifiesto de la protesta, a la que se han sumado una decena de entidades, carga contra “un mercado de la vivienda que sólo funciona para los especuladores y que hace invivible la ciudad” mientras el Ayuntamiento “opera en convivencia”.
“Sevilla es una ciudad saturada, con un mercado de la vivienda disfuncional y progresivamente invivible”, sostiene el documento, que apunta que el problema no es sólo cuestión “de la generación más joven y de las clases sociales más desfavorecidas”. “Se ha convertido, por la incapacidad política, en un problema transversal”, apostilla.