El magistrado Luis Barroso, de la Corte Suprema de Brasil, ha suspendido este viernes todos los efectos de una normativa dictada por el Gobierno de Jair Bolsonaro que impedía a las empresas despedir a empleados que no se hayan vacunado contra la COVID-19.
Según esa normativa, exigir la vacunación supone una “práctica discriminatoria” equivalente a otras relativas a raza, edad, sexo o deficiencias, y no podría ser motivo de despido, aún más cuando el Gobierno no ha implantado la obligatoriedad de la inmunización.
Sin embargo, de acuerdo con la decisión cautelar del juez Barroso, una persona no vacunada “puede ser una amenaza para la salud de otros trabajadores”, representar “riesgos para el ambiente laboral y comprometer la salud de las personas que interactúan con empresas”. En su decisión, el magistrado ha puntualizado que “el país y el mundo enfrentan una pandemia de graves proporciones” y que “la COVID-19 se ha mostrado altamente contagiosa y es responsable, en Brasil, por una impresionante cifra que supera los 600.000 muertos”.
A través de EFE.