Un órgano con el mandato caducado desde hace más de mil días, con una mayoría conservadora que nada tiene que ver con la actual realidad parlamentaria y que, por ley, debe limitarse a realizar aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar su funcionamiento pero que no impliquen una “injerencia” en las atribuciones del mandato entrante. Así es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dirige Carlos Lesmes, que este lunes no aludió en su discurso en el acto de Apertura del Año Judicial a la posibilidad de presentar su dimisión como manera de forzar la renovación —tal y como vienen reclamando sectores de la judicatura— y que descargó la responsabilidad del bloqueo en el Gobierno y en el PP, a los que pidió “patriotismo constitucional” y “generosidad”.
Escribe Elena Herrera.