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Encuestas en entredicho

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En cualquier análisis que se precie de las pasadas elecciones legislativas, hay que incluir una referencia dedicada a las encuestas, tan socorridas para alguna decisión estratégica, declaración rimbombante o titular conveniente como denostadas después de contrastar sus resultados con los que depararon las urnas.

Ha habido de todo. Tal es así que hasta se ha llegado a pedir responsabilidades a las firmas que las han confeccionado. Nada se dice sobre los medios que las han publicado pero seguro que, a la vista de los contrastes entre previsiones y realidad numérica, estarán haciéndoselo mirar, pese a que pocos lectores, oyentes o televidentes sean quienes se entretengan haciendo un ejercicio comparativo o formulando algún tipo de demanda crítica.

De las encuestas se suele hablar en plural, aunque solo sea una la que se haya encargado o realizado. De ese modo, las utilizan a conveniencia. Los estudios demoscópicos han llegado a ser mercancía: algunos partidos políticos con responsabilidades en administraciones públicas los encargan bajo fórmulas complementarias de prestaciones contratadas en concesiones o servicios, una forma más o menos legal de verificar rendimientos y de pulsar, a la vez, el estado de opinión que anida en sectores ciudadanos sobre gestión, popularidad impacto de medidas y otros factores. Otros partidos los promueven con sus propios recursos, aún a sabiendas de las limitaciones posteriores para su credibilidad cuando sean dados a conocer, si es que lo hacen. Luego están los organismos, las corporaciones o los institutos que cíclicamente elaboran y presentan el denominado sociobarómetro que, para evitar suspicacias, ponen a disposición de organizaciones políticas y cívicas para que, al menos la versión A, sea difundida de modo políticamente correcto.

Conocidos los resultados electorales del pasado domingo, es como si las encuestadoras hubieran entrado en crisis. Seguro que bajo criterios de rigurosidad profesional, se darán explicaciones para justificar los desajustes más allá del inevitable margen de error. Un recurso muy al alcance es el de la mentira o falsa respuesta del encuestado: ¿qué culpa tiene la encuestadora si un votante del PP dice que esta vez lo hará por el PSOE y luego, por la razón que sea, sigue confiando en la primera opción?

Frente a las expectativas de voto adelantadas como consecuencia de ese trabajo de consulta, está el otro caso de las denominadas encuestas a pie de urna, hechas cuando el votante sale de su colegio y es interrogado sobre el sentido de su sufragio. Hay quien dirá la verdad porque no le importa hacerlo; pero otras personas falsearán o se reservarán su contestación. Así resultó el trabajo encargado por las televisiones públicas el pasado domingo, divulgado apenas minutos después del cierre de los colegios (peninsulares, precisemos), que se dio de bruces con el escrutinio final y con el que se iba conociendo y comentando en los medios. La euforia y la decepción se dieron un abrazo en un breve lapso de tiempo. Ni era aquel número de diputados ni se consumaban algunas predicciones. Como estrambote, las diatribas sobre el costo del trabajo y hasta su financiación.

Pero bueno: se dirá que, pese a todo, las encuestas son tendencias sociológicas y se van a mantener. Pero, claro, tal afirmación implica que son administradas muy subjetivamente y muy supeditadas a intereses concretos o aspiraciones más o menos sentidas. Ejemplo concreto: el adelanto, nunca producido, de la opción Unidos Podemos (UP), al cosechar menos votos y menos diputados. Los sondeos, incluido el de las televisiones públicas ya citado, fallaron de manera ostensible. Ahora, habrá de discurrir un tiempo y tendrán que registrarse decisiones en el seno de las organizaciones políticas para que, sobre ese mismo asunto aunque sea con otros perfiles, se sigan haciendo más encuestas.

Falta saber si después de todo esto, y con el hastío que la política sigue gestando, la sociedad termina creyéndoselas. Aunque la mayoría no las relativice, que es lo que hay que hacer.

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