Sentencia de muerte por Patricia Hernández

Pasado unos meses, el Gobierno de ese país decide negarle la quimioterapia a su hija. ¿Por qué? Por no tener los papeles en regla.

¿Qué pensarían ustedes del Gobierno del país que le hace eso a su hija? ¿Qué pensarían de un país que trata a su hija con tanta crueldad?

Pues exactamente eso es lo que está haciendo el Gobierno de España con los hijos de otros.

La realidad es que negarle la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular pone al Gobierno de Rajoy más cerca de Le-Pen, que del expresidente francés Sarkozy o del propio Aznar.

La realidad es que simplemente el hecho de que un país como el nuestro, deje sin tratamiento sanitario a seres humanos ya debería escandalizarnos, pero, vamos a ponerle rostro a esa gente; sé que ustedes los conocen.

Son los que han cuidado de nuestros hijos e hijas; son los que han cuidado de nuestros abuelos y abuelas; son los que han construido nuestras casas, o el chico aquel que nos puso la línea de teléfono. Es la madre de Marta, la compañera de clase de su hijo, o esa señora, la que vemos todas las mañanas en el transporte público cuando vamos camino del trabajo. Es Luis, ese chico tan agradable que salía con tu sobrina, o Rosa, la señora que nos vendía el periódico todas las mañanas y que perdió el empleo el año pasado por la crisis.

Es un hecho incuestionable que si las enfermedades crónicas graves no reciben el tratamiento adecuado concluyen con la muerte de la persona que la padece, y soy consciente de la dureza de lo que escribo, porque lo que sucederá en España a partir del 31 de agosto no es para poner paños calientes.

Se verán afectados aquellos que no tienen su permiso de residencia y trabajo en regla, aquellos que lo han perdido porque perdieron su empleo, bien por la enfermedad, o bien por la crisis (como tantos españoles). Son también aquellos que trabajaron con nosotros o para nosotros, que cotizaron y pagaron impuestos, aquellos que compartieron tren contigo, con el que coincidiste en el cine o paseando por el parque. Todos ellos son esa gente que no tendrá, a partir de agosto, derecho a asistencia sanitaria.

Hablamos, por supuesto, de una tos de otoño, pero no solo. Hablamos también de patologías renales que necesitan diálisis, también de hepatitis C, hablamos de enfermedades degenerativas y hablamos de VIH. Estamos hablando por supuesto también de cáncer y de la quimioterapia.

Es negándole la asistencia sanitaria, es negando el tratamiento médico como el Gobierno del PP firma la sentencia de muerte de aquellos que la padecen y seguro que, como a mi, esto le resulta de una crueldad insoportable. No hay más. Es así de duro. Se les negará el tratamiento y, con ello, la posible cura a su enfermedad.

Y fíjense, sé que no les hace falta más para estar horrorizados con esta medida del Gobierno, pero es que tampoco serán tratadas enfermedades contagiosas, como la tuberculosis.

Finalmente, aquellos que están pensando “no es mi problema” cambiarán de idea al comprobar que esto terminará convirtiéndose en un ataque a la salud pública de España, de los españoles y españolas. Y protestarán, no tengan la menor duda, protestarán cuando sean ellos los que se contagien. Aquellos que llenaron las calles diciendo defender “el derecho a la vida”, y que en realidad se manifestaban contra el derecho a decidir de las mujeres, hoy enmudecen o simplemente aplauden la sentencia de muerte de otros.

*Patricia Hernández es diputada de Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento nacional.

Patricia Hernández