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Turbidez

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Dos hechos llamaron la atención en el proceso subsiguiente a la adjudicación: que la firma adjudicataria -recuerden: capital social de tres mil euros, vinculada al ramo inmobiliario- solicitara la repetición del concurso, anunciando que volverá a presentarse, sean cuales fueren las bases del mismo; y que el nuevo consejero, Fernando Bañolas -¡vaya marrón, apenas aterrizar!-, después de varios días de procelosa navegación en determinados mares mediáticos, decidiera prescindir de los servicios de un respetable abogado, Javier Artiles, que asesoraba a la consejería y representaba a la adjudicataria 'Lifeblood' en alguna gestión financiera, no sin antes merecer encendidos elogios públicos de la consejera saliente. Si ya es insólito que los ganadores de un concurso público pidieran, en plena refriega, que se repitiese el trámite de licitación, no lo es menos el papel que el letrado haya interpretado en esas entrevistas y gestiones a medida que fueron y van conociéndose, periodísticamente, vínculos, nexos y detalles de intereses que sustentan la operación, de modo que el consejero, por si las pistas, decidió ponerle en reveladora cuarentena y prescindir de sus servicios. Los hechos, por cierto, terminaron entrando en vía contenciosa pues, para que nada faltase, una de las empresas concursantes no adjudicatarias, ante los contenidos publicados, resolvió recurrir administrativamente. Lo menos que podía hacer. La justicia, después de que otra respetable funcionaria, hablara (sic) de intentos de presión o soborno, a la espera de las averiguaciones.

En el ámbito político, la oposición socialista tomaba la iniciativa con la petición del expediente al que ha tenido acceso parcial. Era lo consecuente pedir luz y taquígrafos ante el volumen de suspicacias. Este es un caso en el que no se puede mirar hacia otro lado. La adjudicación de un servicio público no se despacha en medio de tantas presuntas irregularidades. Que el propio Gobierno, ante el recurso de otra firma participante, haya anulado la adjudicación provisional y retrotraiga la convocatoria ya implica una cierta satisfacción, aunque si se van a emplear los mismos pliegos de bases -bien es verdad que nadie los impugnó en su momento- cabe dudar de las alforjas para el viaje. Los socialistas reprocharon políticamente al consejero en sede parlamentaria, en tanto que han solicitado la destitución de dos altos cargos de la consejería para que, producida la anulación, haya una mínima responsabilidad política y no se forme parte de la mesa de contratación correspondiente.

La cosa no termina ahí: que Roldós acusara públicamente a su sucesor de alimentar el escándalo, por actuar "con tibieza y ambigüedad"; y que José Manuel Soria, tan aficionado a pleitos tengas y los ganes, se permita advertir a Bañolas de que puede incurrir en prevaricación, revela, cuando menos, algún nerviosismo. Y es que hace unas pocas fechas, dijo que si el consejero tenía dudas, que no adjudicase. ¡Insólito! Y aún cuando desde las filas de los antiguos socios gubernamentales han echado algún cabo para asirse, siquiera atribuyendo la culpa de lo ocurrido a los propios socialistas, la escena se ha cubierto de nubes densas y opacas que auguran un final muy dudoso. Quiere decirse: alguna responsabilidad habrá. En alguien, de alguien. Salvo que se quiera hacer bueno -y no sería de extrañar- el infortunado aserto del presidente: terminará en nada. Al menos, más allá de los vericuetos y las tentaciones, de las apariencias y las realidades, las dudas y las certidumbres, los destinatarios del servicio de las unidades anuladas, los sufridos pacientes y contribuyentes, la resignada sociedad canaria, en definitiva, se merecen un respeto y una explicación.

A ver si han aprendido que con la sangre no se juega. O no se hace negocio.

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