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Vandalismo callejero, una llaga infectada...

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que no se cura por sí sola, sino que empeora si no se le aplica el tratamiento antiséptico adecuado para evitar la gangrena. Nuestra capital, Santa Cruz de Tenerife, parece territorio abonado para desmanes incontrolados que mancillan el buen nombre de la ciudad, la ensucian con spray barato, destrozan mobiliario urbano, profanan el patrimonio histórico y contaminan el paisaje urbano, supuestamente protegido por unas autoridades que firman la Ordenanza Municipal pertinente, al amparo de la Ley Canaria de Protección del Patrimonio. A pesar de lo legislado, reina la impunidad de los infractores y la pasividad oficial ante grupos, tribus urbanas o individuos marginales que, bajo el epígrafe de la contracultura, manifiestan su disidencia contra el sistema mediante el burdo ataque social de la destrucción gratuita por placer psicótico, enfermizo y, por lo tanto, necesitado de tratamiento terapéutico.

A través de la cultura, la sociedad establece un cúmulo de valores éticos y estéticos que configuran una deseada calidad de convivencia cívica en armonía y estructurada bajo los auspicios de sus dirigentes, de quienes se espera la eficiencia en su gestión, avalada por una categoría cultural mínima exigible en quienes asumen la responsa-bilidad de organizar el bienestar de un tejido social integrado en el espacio urbano.

¿Por qué otras ciudades no sufren esta lacra, al menos con la intensidad que aquí se padece?

Está claro que la educación cívica no es responsabilidad de las instituciones, sino que corresponde al ámbito familiar; tanto en el concepto de urbanidad como en la educación en valores que deben adquirirse desde la cuna. Pero cuando falla parcialmente ese proceso de formación, deber ineludible de las autoridades es subsanar el defecto mediante la imposición de normas que rectifiquen comportamientos desviados, nocivos y onerosos para la población normal. Tan sencillo como cumplir y hacer cumplir lo legislado mediante sanciones proporcionadas pero suficientes para disuadir de la reincidencia.

¿Acaso aquí somos más bestias que en otros lugares con apariencia civilizada? Seguro que no. Pero es evidente que allí se aplicaron medidas eficaces a su debido tiempo y cortaron de raíz el progresivo deterioro que aquí va camino de epidemia descontrolada.

No es saludable, ni siquiera para los cargos públicos, esconder la cabeza con la excusa de que la gente es culpable por sucia y maleducada, y claro, “yo no puedo hacer nada”. Postura acomodaticia pero inaceptable para una ciudadanía que, mediante las urnas, les delega el poder suficiente para proteger y defender intereses y derechos de quienes les contrataron para ejercer una función digna. No para escurrir el bulto y cruzar los brazos en señal de impotencia.

Numerosas ciudades, capitales de provincia o no, han resuelto el problema con firmeza e inteligencia para ofrecer un paisaje urbano gratificante, limpio y presentable, tanto para sus habitantes como para quienes las visitan. Cuestión de voluntad política de cuya falta aquí adolecemos. Quizá se piense demasiado en las medidas drásticas que, aunque justas y proporcionadas, pudieran menguar el yacimiento de futuros votos.

Es imprescindible que los propios responsables den ejemplo de comportamiento y de sensibilidad cultural al tomar decisiones prácticas y satisfactorias para la población. La más flagrante escurrida de bulto se manifiesta en la sesgada interpretación de la Ley de memoria histórica, aplicada a la fuente del insigne escultor Juan de Ávalos. Una valiosa joya artística que se ha dado en calificar como dudoso homenaje a Franco, Aunque así fuera, la propia Ley, que abandera la dignidad del recuerdo de los represaliados por el franquismo, excluye en su Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos : 2. Lo previsto en el apartado anterior – referido a la destrucción de símbolos franquistas– no será de aplicación cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”. El artículo dignifica esta controvertida Ley por cuanto respeta, e induce a respetar, el patrimonio cultural que, en caso contrario, talibanizaría a quien metiera la pala excavadora en un monumento de los que tan escasos andamos por estos lares.

Es poco plausible la actitud oficial de abandono injustificado para esta magnífica obra so pretexto de la memoria histórica. Es otro caso avestrucero de eludir compromisos porque es más barato no restaurarla. ¡Ah!... Y por lo de los votos futuros…

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