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Tenemos derecho a ser mejores

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Extraña la actitud del Partido Popular en Canarias contraria a la tramitación de la reforma del Estatuto porque tanto el intento de 2006 en el Parlamento de Canarias -aunque finalmente se abstuvieran-, como en las Cortes Generales, su participación no solo fue activa, sino que quien pactó con Coalición Canaria las enmiendas que se presentaron conjuntamente entre ambas formaciones fue la actual Vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sainz de Santamaría, enmiendas que han sido incorporadas, y que sin duda enriquecen el texto que el Gobierno de Canarias acaba de presentar al Parlamento como documento de trabajo para la reforma estatutaria.

¿Qué ha cambiado para que ahora el Partido Popular no quiera participar? Que haya otras cuestiones importantes no es excusa porque al Gobierno no le ha distraído lo más mínimo de su lucha contra la crisis (esta reforma es fruto de 10 años de trabajo que empezó en 2004 con la creación de un Comité de Expertos por parte del recordado presidente Adán Martín y en el que el PP también participó), ni lo va a distraer a partir de ahora porque ya está en sede parlamentaria.

Precisamente la modificación de nuestra norma institucional básica tiene en la profunda crisis económica que padecemos uno de sus principales argumentos. En efecto, es precisamente la crisis la que justifica más si cabe que procedamos en estos momentos a su reforma, pues es imprescindible para remover los problemas estructurales que han ralentizado la capacidad de respuesta ante la misma; esto es, una economía excesivamente dependiente del exterior; unos casi inexistentes mecanismos de democracia participativa; unas administraciones públicas canarias ancladas en el s. XX que requieren modernizarse; o el refuerzo del Estado del Bienestar que evite recortes por los gobiernos de turno sobre todo en momentos de penuria como el actual.

Que no sea una especial preocupación ciudadana no es razón para no emprender la reforma: tampoco lo es la reforma de la Ley del aborto, ni la reforma educativa, ni la reforma energética que suprimió las primas a las renovables; ni la recentralización del modelo de Estado que ha provocado que el Gobierno de Canarias haya tenido que recurrir, junto con las CCAA que no son del PP, más de 15 normas ante el TC. Todo eso, y más, lo ha hecho el Gobierno español gobernado por el PP, pese a que nada tiene que ver ni con la crisis ni con las preocupaciones de los ciudadanos, por puro interés partidista.

Dicen representantes del Partido Popular que es una irresponsabilidad plantear ahora una reforma. ¿Son irresponsables las Cortes Generales que han aprobado, hace apenas un mes, el Estatuto de Murcia? ¿Son irresponsables sus compañeros de Castilla-La Mancha, cuya Presidenta es su Secretaria General, Dolores de Cospedal, o los de Valencia, que han remitido a las Cortes y ya se están tramitando, sendas reformas de sus Estatutos?

¿Por qué en Extremadura, o en Castilla y León, o en Murcia, en plena crisis, sí se ha reformado el Estatuto con el apoyo, cuando no con la iniciativa del PP, y eso no es irresponsabilidad, pero sí lo es cuando queremos hacerlo en Canarias?

¿No será que utilizan este tema por puro interés partidista, porque creen, con una visión miope y con falta de altura de miras, que esta reforma beneficia a sus oponentes políticos? ¿Estará pasando lo mismo que con el petróleo, que en el resto del Estado, en Baleares, en Valencia o en Andalucía, el PP se opone frontalmente a su extracción por los perniciosos efectos que va a tener en el medio ambiente y en el turismo, mientras que aquí, en Canarias, el PP es el único que está a favor de las prospecciones petrolíferas? ¿Estará ligada una cosa con otra, el sí al petróleo y el no al Estatuto?

Explíquenlo por favor. Los canarios tenemos derecho a saber por qué no quieren esta reforma, pese a que amplios sectores económicos y sociales, algunos muy cercanos a los conservadores, sí la apoyan.

Una reforma, no lo olvidemos, que persigue un modelo de autogobierno propio y peculiar, hecho en Canarias y por los canarios, que reconozca y garantice nuestras especificidades como que las aguas archipelágicas sean parte de nuestro territorio; que nos dé herramientas que nos ayuden a volver a la senda de la creación de empleo y riqueza; que evite la excesiva dependencia exterior; que facilite la participación ciudadana en la toma de decisiones (reformando el sistema electoral, estableciendo la disolución anticipada del Parlamento o permitiendo la agilidad de los procedimientos administrativos y parlamentarios); que garantice nuevos derechos sociales y la prestación pública de los servicios esenciales; que permita unas Administraciones canarias más eficaces, evitando duplicidades (redimensionando el papel de Cabildos y Ayuntamientos); que reduzca la dependencia energética apostando por energías limpias y renovables; que establezca un nuevo sistema de financiación; que nos dote de nuevas competencias en materias claves para Canarias (puertos y aeropuertos, telecomunicaciones, costas, comercio y sanidad exterior, etc.); que blinde nuestro régimen económico fiscal que nos permita incentivar la economía y la creación de empleo; o, en fin, que nos permita la posibilidad de abrirnos al exterior para contribuir al desarrollo de esta parte del Océano Atlántico.

En cualquier caso, es responsabilidad del Partido Popular autoexcluirse de esta reforma -por desidia o por no tener un proyecto político para Canarias-, que en la práctica supone desentenderse tanto de las necesidades de los canarios como, lo que es más grave, de las soluciones a muchos de sus problemas.

Tarde o temprano esa reforma llegará. Lo único que les pediría, si no quieren participar en ella, es que por lo menos no entorpezcan el objetivo de lograr cuanto antes un nuevo marco jurídico-constitucional para las próximas décadas en el que las próximas generaciones puedan prosperar?

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