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El Gobierno, inquieto por el intento de ''demonizar'' las cajas

EL EJECUTIVO CONFÍA EN SU ''SOLVENCIA''

Martín Marrero insiste en que la nueva ley canaria se aprobará antes de abril si el Estado no hace nuevos cambios.

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El Gobierno de Canarias "sigue confiando en la solvencia de ambas cajas de ahorro" del Archipiélago a la hora de afrontar las nuevas exigencias que quiere imponer el Gobierno del Estado de tener un capital mínimo de entre el 9% y el 10% sobre sus activos ponderados por riesgo con el fin de evitar ser nacionalizadas.

"Los máximos dirigentes, tanto regionales como de las entidades a las que se han unido, están dando mensajes de tranquilidad y aseguran que pueden afrontarlo", aseguró el portavoz del Gobierno, Martín Marrero, "por lo que el Gobierno sigue confiando", afirmó.

No obstante, si expresó que al Ejecutivo regional "le inquieta" el hecho de que con estas reformas el Gobierno del Estado consiga instalar en la opinión pública "que las cajas son las principales responsables de los problemas financieros" que existen en España, "y esto no es así".

Marrero insistió en que el Gobierno canario "no comparte ese intento de demonizar" a unas entidades financieras "que están cumpliendo su papel fundamental" a la hora de reactivar a las pequeñas y medianas empresas y a las familias.

Lo que no pudo garantizar Marrero, por culpa de las decisiones "pro fascículos" que está adoptando el Ejecutivo central con respecto al sector de las cajas de ahorro es si la nueva Ley Canaria deberá ser reformada antes de que el texto se apruebe por el Parlamento.

"La tarea del Gobierno está hecha, y ahora queda que se cumplan los plazos parlamentarios y que no haya que hacer nuevas modificaciones en base a una nueva hoja de ruta"; aseguró el portavoz del Gobierno.

Como se recordará, el Gobierno de Canarias ya lleva un retraso considerable a la hora de remitir al Parlamento la ley entidades de ahorros de Canarias que debe adaptar la actual legislación al Real-Decreto 11/2010 aprobado por el Ejecutivo central hace más de seis meses.

El texto incluye cambios en la organización de las cajas canarias tales como la obligación de que el 50% de los consejeros acrediten experiencia financiera o la reducción de la representación de las administraciones en sus órganos al 40% o la incompatibilidad que tienen los políticos electos en participar en sus órganos de gobierno.

"Si no hay nuevos cambios por parte del Gobierno central, la ley puede ser aprobada antes de que acabe la legislatura", aseguró Marrero.

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