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Al menos cien falsos autónomos han logrado plaza en el Servicio Canario de Empleo

LAS CONTRATACIONES IRREGULARES SE REMONTAN A 1996

Los contratos especiales no superan los 18.000 euros, por lo que no deben ser publicitados.

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Al menos cien trabajadores han conseguido plaza fija en los últimos quince años en el Servicio Canario de Empleo, antes ICFEM, sin necesidad de pasar por una oposición de oferta pública, gracias a contratos mercantiles con la Administración que les han permitido acudir a los juzgados de lo Social y obtener una sentencia favorable y un puesto como personal laboral.

En la actualidad, según fuentes internas del SCE, hay nueve trabajadores dados de alta en Empleo como autónomos, pese a contar con medios materiales, planificación laboral y estructural y vacaciones, lo que les convertiría en falsos autónomos. Sus contratos especiales, se dividen en cinco o seis partidas siempre unos euros inferiores a los 18.000, por lo que no necesitan ser publicitados ni entrar en concurso.

Así, ocho, nueve personas, año tras año habrían logrado un contrato indefinido por hacer labores propias de los funcionarios. "Al personal ya contratado no se les da la función que les corresponde, y se les asigna esa función a personas externas que logran así una plaza, por la puerta trasera y sin necesidad de opositar", afirman en Comisiones Obreras.

Los contratos especiales, según las mismas fuentes, se remontan a 1996, cuando Aurelio Ayala sustituyó en el cargo como director del Instituto Canario de Formación y Empleo a Almeida Ossa. La práctica fue seguida por Francisco Miguel Zumaquero García y tras él, Diego Miguel León Socorro y se ha perpetuado hasta el actual director general de SCE, Alberto Génova Galván. Ayala, Ossa, Zumaraquero y León fueron imputados en el caso Icfem, por el presunto desvío de fondos públicos para impartir cursos de formación que nunca se llevaron a cabo.

Los presuntos falsos autónomos actuales han sido contratatados para labores de asesoría en formación laboral, protocolos y labores de fomento del empleo público. Uno de estos falsos autónomos percibirá 14.886 euros en seis meses mediante un contrato cuyo cometido es hacer llegar al público a través de medios de comunicación la información acerca de medidas de promoción de empleo.

CC OO y UGT afirman que los contratos como falsos autónomos en la Administración pública "son una práctica común. Se hacen a diario".

De hecho, en febrero de 2001, la Audiencia de Cuentas ya llamó la atención sobe este asunto, al señalar que "para solucionar los muchos problemas de gestión del ICFEM "el Gobierno de Canarias debería al Instituto cubrir la totalidad de los puestos de trabajo de su RTP. Esto, a su vez, propiciaría que no tuviera que acudir a contrataciones irregulares del personal".

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