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Condenados Olarra y Múgica a 1.200 años por el atentado etarra en Vallecas

LA AUDIENCIA ATRIBUYE SEIS ASESINATOS A LOS DOS TERRORISTAS

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La Audiencia Nacional condenó este lunes a los ex dirigentes de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica a 1.253 años de cárcel cada uno por el atentado contra una furgoneta de la Armada en 1995 en el barrio madrileño de Vallecas en el que fallecieron seis personas.

La Audiencia, según la sentencia notificada este lunes, considera a ambos autores de un delito de integración en banda armada, de seis asesinatos consumados y de otros 44 en grado de tentativa, además del de estragos. En el juicio el fiscal pidió 1.243 años de prisión para los dos etarras por esta acción terrorista, en la que fallecieron los seis funcionarios civiles de la Armada que ocupaban la furgoneta.

La sentencia declara probado que ambos acusados integraban en esas fechas el comando Madrid de ETA, que tenía alquilados tres pisos en la capital de España. Olarra y Múgica se ocupaban de hacer vigilancias sobre objetivos de la banda terrorista, según indica la sentencia, que explica que, concretamente, vigilaron y anotaron movimientos de esa furgoneta en determinadas fechas de septiembre y octubre de 1995, según consta en una libreta que fue intervenida en uno de los pisos.

Estas informaciones, indica la sentencia, fueron utilizadas por personas no identificadas para cometer el atentado. Así, los terroristas estacionaron entre las calles Peña Prieta y Avenida de Albufera un vehículo que había sido robado y al que habían cambiado las placas de matrícula y cargado con entre 40 y 50 kilos de explosivo.

A las 14.50 horas del 11 de diciembre de 1995, cuando la furgoneta circulaba por ese lugar, estas personas no identificadas accionaron el mecanismo explosivo mediante radio control de tal forma que todos sus ocupantes fallecieron y otras 44 personas resultaron heridas. Como consecuencia de la explosión se produjeron daños en viviendas, zonas comunes y vías públicas, así como en 49 vehículos.

Además de las penas de cárcel la sentencia condena a Olarra y Múgica a indemnizar a los herederos de los fallecidos con cantidades que oscilan entre los 800.000 y los 200.000 euros, mientras que para los heridos en el atentado ordena el pago de entre 90 y 60 euros por cada día de lesión.

Cartas de extorsión

Por otro lado, ETA ha comenzado a enviar durante octubre una nueva remesa de cartas de extorsión a pequeños empresarios del País Vasco y Navarra, reclamando cantidades de dinero que oscilan entre los 70.000 y los 90.000 euros, informaron este lunes fuentes de la investigación.

Desde las mismas fuentes confirmaron que la campaña de extorsión de la banda terrorista ha sido "masiva" y ha afectado a empresarios y profesionales que hasta ahora no habían sufrido el chantaje del llamado "impuesto revolucionario" por parte de ETA. Entre los extorsionados en las últimas semanas figuran constructores locales y propietarios de empresas de servicios con sede en Euskadi y en la vecina Navarra.

Los investigadores sospechan que ETA y su entorno tienen un grave problema de financiación y por ello recurren a pequeños empresarios a los que reclama cantidades sensiblemente inferiores a las que exigían en anteriores campañas. Además, recuerdan que la mayoría de terroristas en activo trabajan "a sueldo" y actúan como "mercenarios" de la banda, por lo que las necesidades de financiación de ETA han ido en aumento en los últimos años.

A esto se une el hecho de que las fuentes de recursos provenientes del entorno abertzale también han ido a menos con la ilegalización de Batasuna y el resto de sus "marcas electorales", aseguran las fuentes. Según informó este lunes el diario El Correo, ETA exige el pago en billetes de 20, 50 y 100 euros y ordena al extorsionado que para entregar el dinero se ponga en contacto con "los habituales círculos de la izquierda abertzale".

Ausencia en el Pleno de Hernani

Por otro lado, instituciones y partidos políticos vascos coincidieron en condenar la quema de un autobús de línea de Hernani, el último incidente de un fin de semana de tensión en esta localidad guipuzcoana gobernada por ANV, que convocó un pleno para este lunes al que no acudirá ningún partido de la oposición.

PSE/EE, PNV, EA, PP y EB-Aralar se pusieron de acuerdo para no acudir al pleno extraordinario y urgente convocado por la alcaldesa, Marian Beitalarrangoitia (ANV), para analizar los incidentes registrados este fin de semana, tanto el sábado, cuando fueron detenidas cuatro personas después de que la Ertzaintza impidiera un homenaje a miembros de ETA, como el domingo, día en el que un grupo de encapuchados incendió un autobús de la línea Hernani-Aiete-San Sebastián. Los grupos de la oposición, que suman mayoría en el Ayuntamiento de Hernani, decidieron convocar para el miércoles una reunión de la Junta de Portavoces, al coincidir en que celebrar un pleno para discutir cuestiones políticas "no sirve para mejorar la convivencia de los hernaniarras".

Según el PSE/EE de Hernani, ANV tiene previsto defender una moción en la que se responsabiliza a la Ertzaintza de los incidentes acaecidos durante el fin de semana. El autobús calcinado pertenecía a la empresa Garayar, que cifró en 220.000 euros el coste de reponer el vehículo, que era de última generación y tenía siete años.

El ataque mereció el rechazo de la diputada foral de Movilidad de Guipúzcoa, Arantza Tapia (PNV), quien opinó que los autores del incendio, además de generar indignación y odio "están calcinando la esperanza de sus propios votantes". La responsable foral sostuvo que este "acto totalmente estéril" atenta directamente "contra los cientos de ciudadanos que diariamente usan este medio de transporte público" para desplazarse.

También la presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, Rafaela Romero (PSE/EE), condenó el ataque y pidió a la sociedad que adopte una respuesta "clara y contundente" ante este tipo de sucesos.

"Un peligro y un riesgo para los ciudadanos"

El PSE/EE de Hernani apostó por "deslegitimar" a los autores de esos ataques, para lo que resulta imprescindible "la unidad de los demócratas, nacionalistas y no nacionalistas". A su juicio, "han vuelto los encapuchados, los cócteles, la amenaza y el acoso a Hernani. Los violentos salen a la calle y actúan sin ningún tipo de complejo, lo que supone un peligro y un riesgo para los ciudadanos".

La presidenta del PP de Guipúzcoa, María José Usandizaga, condenó los actos de violencia callejera de Hernani y opinó que estos sucesos dejan claro que "para alcanzar la libertad no hay otro camino que derrotar a ETA y a todo su entramado". Para el coordinador de Ezker Batua en Guipúzcoa, Antton Karrera, la quema del autobús va "en contra de los derechos humanos, el diálogo democrático y de la convivencia plural", además de ser "incompatible con la paz y la normalización política".

Por último, Aralar manifestó que el ataque significa un "retroceso" en el camino hacia la paz en un momento en el que "se habla de diálogo, de tratar de lograr acuerdos y de avanzar por vías exclusivamente políticas".

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