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PSOE y PP se culpan mutuamente de las dificultades del proceso de paz

ALONSO TAMBIÉN ADMITE QUE LAS NEGOCIACIONES NO ESTÁN EN SU MEJOR MOMENTO

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El portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, acusó este martes al líder del PP, Mariano Rajoy, de "obstaculizar y dificultar el proceso de paz", mientras que el dirigente popular ofreció un acuerdo al Ejecutivo para "presionar" a la banda sin "negociar políticamente" con los terroristas.

El desacuerdo entre los principales partidos con representación en la Cámara se agudizó en esta jornada, después de que responsables de la lucha antiterrorista francesa atribuyeran este lunes públicamente a ETA el reciente robo de armas y municiones en una empresa del sureste de Francia y aseguraran que la banda se está rearmando.

López Garrido acusó al presidente del PP de violar el Pacto Antiterrorista por no ayudar al Gobierno en la lucha contra ETA y de hacer una utilización partidista de esta materia.

Según López Garrido, el PP "sencillamente no quiere saber nada del proceso de paz, no es un partido que esté ayudando a ese proceso y a que termine el terrorismo con arreglo a la resolución del Congreso".

No obstante, el dirigente socialista reconoció en rueda de prensa que si ETA es la autora del robo de 350 pistolas en Francia, "con actuaciones así el proceso de paz no avanza, es imposible", y subrayó que "con violencia no puede ni arrancar el diálogo".

El proceso no está en el "mejor momento"

También se refirió a este asunto el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, quien pidió prudencia ante el proceso de paz que, lamentó, no está "en el mejor de los momentos".

Alonso afirmó que "el Gobierno tiene la obligación de tratar de acabar con un problema que no merece este país" y hacerlo "desde la Constitución y las leyes, con toda la sensatez, sentido común y responsabilidad propia de un Gobierno democrático y maduro".

En su opinión, "las claves del llamado proceso están claras y las garantías que exige el Estado, y la cautela que tiene el Estado frente a cualquier actividad ilegítima de ETA, están también claras y puestas encima de la mesa".

El "tupido velo" del Gobierno, según el PP

Desde las filas del PP, Rajoy ofreció al Gobierno un acuerdo para poner fin al terrorismo y añadió que si ETA "no acepta la presión", el pacto debe servir entonces para "hacer cumplir la ley y utilizar los instrumentos del Estado de derecho para que los ciudadanos puedan recuperar su libertad".

Aseguró que es "sorprendente" que el Gobierno "tienda un tupido velo" sobre el robo de armas en Francia y dijo que lo que existe es un "proceso de negociación política", porque "hablar del proceso de paz cuando nos encontramos con una organización" que acabe de cometer ese robo "suena a broma pesada".

"Preocupación" y "esperanza"

El Gobierno del País Vasco, en boca de su portavoz, Miren Azkarate, reconoció la "preocupación" de este Ejecutivo porque, apostilló, hay quien está poniendo condiciones para que avance la paz.

Azkarate consideró que la sustracción de armas por parte de la banda, según las informaciones vertidas desde Francia, no es "una buena noticia" ya que este tipo de actos generan "preocupación en la sociedad" y "no contribuyen en absoluto al proceso de paz".

Por su parte, el presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT), Joaquín Vidal, declaró que las víctimas no pueden convertirse en armas arrojadizas entre los distintos grupos políticos, ya que "el enemigo es la banda terrorista, no los partidos".

La delegada en Madrid de la AVT, Irene Villa, afirmó que este proceso es de la "reactivación de la esperanza de la banda terrorista", una vez que "se ha demostrado que ETA no ha dejado las armas, sigue entrenándose y reuniendo capital".

En el ámbito judicial, el Tribunal Supremo prorrogó un mes el plazo para dictar sentencia sobre si Jarrai, Haika y Segi son organizaciones terroristas y no meras asociaciones ilícitas como consideró la Audiencia Nacional, dada "la gran complejidad" del asunto.

Así lo acordó la sala de lo penal del TS en un auto en el que indica que sus miembros no han acabado este martes de deliberar sobre el asunto ni tampoco parece probable que pudieran hacerlo en el plazo de diez días con el que contaban y que finalizaba el próximo 30 de noviembre.

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