La reforma respeta la singularidad de los cabildos
El Senado ha aprobado este martes una enmienda a la ley de reforma de las administraciones locales pactada por CC con el resto de los grupos parlamentarios que dispone que su aplicación a los cabildos insulares “se realizará en los términos previstos en su legislación específica y con estricta sujeción a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
De esta manera, se añade una nueva la reforma una disposición adicional en la que se respeta la legislación de los cabildos insulares y los consejos insulares de Baleares y las especificidades de su normativa propia, según ha informado el senador por El Hierro Narvay Quintero (CC), promotor de la enmienda original.
La Comisión de Entidades Locales del Senado ha aprobado el dictamen sobre el proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, ha rechazado las siete propuestas de veto a la reforma, ha incorporado dos enmiendas transaccionales y ha modificado una tercera.
El dictamen sobre la reforma local, que ha sido debatido y votado tras la reunión de la ponencia que estudia la reforma local, ha sido modificado con la incorporación de dos enmiendas transaccionales, que originalmente eran de IU y CC.
La enmienda original de IU solicitaba que el nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las diputaciones, cabildos y consejos insulares debería efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional, experiencia y adecuación al puesto, entre empleados públicos con condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo.
En el caso de la enmienda de CC, se solicitaba que los criterios de atribución de competencias a los municipios, así como los supuestos de intervención de los cabildos insulares, quedaran a lo que establezca la legislación territorial correspondiente.
Asimismo se ha incorporado la enmienda número 416 del PNV y se ha eliminado la 434 del PP, relativas a Navarra y a las diputaciones forales del País Vasco.
También se ha modificado la enmienda 412 del PNV sobre los territorios históricos del País Vasco, y se han retirado otras dos de este mismo grupo: la 403 y la 419.
Los grupos habían presentado un total de 447 enmiendas: 151 del Grupo Mixto, 117 de la Entesa, 58 de CiU, 53 del PP, 47 del PSOE y 21 del PNV, y siete propuestas de veto, todas ellas rechazadas, de las cuales 3 eran del Grupo Mixto, 1 del PSOE, 2 de la Entesa y 1 de CiU.
En el debate, la mayor parte de los representantes de los grupos han defendido tanto las enmiendas como los vetos en sus propios términos y el senador del PSOE Antonio Julián Rodríguez ha mostrado su desacuerdo porque se retirara una enmienda del PP para incorporar en su lugar una del PNV, al considerar que era una Comisión y “no un mercadillo”, por lo que se ha solicitado que se votara la enmienda.
Finalmente la enmienda del PNV número 416 ha sido votada y aprobada y ha contado con la abstención del PSOE, por una cuestión de procedimiento, según ha explicado el senador Juan Alberto Belloch.
El senador Rodríguez ha vuelto a mostrar su rechazo a la reforma local que “no tiene sensibilidad municipal” y “se carga a las entidades locales menores”.
Desde CiU, la senadora Teresa Rivero ha señalado que el proyecto de ley “cuestiona todo el entramado municipal y los servicios que se dan desde los ayuntamientos”.
Por el contrario, el senador del PP Sebastián García Martinez ha dicho que la reforma local “reconoce la autonomía municipal en relación a las diputaciones” y ha precisado que éstas “son necesarias”.
Ha añadido que la reforma “recoge la financiación de los municipios, clarifica las funciones y respeta los estatutos de autonomía”, a la vez que establece el principio de “una administración, una competencia” y el que desarrolle dicha competencia “tenga la financiación adecuada”.
En el trámite del debate de los vetos a la reforma local, antes de su rechazo, el senador del PP Antonio Sanz ha señalado que seguramente los vetos estaban planteados antes de las modificaciones que ha ido experimentado el texto de la reforma local, porque, a su juicio, lo que no puede ser es que se pida que cambie la ley y tras la modificación también se critique.
