La Audiencia ordena investigar delitos de fraude y prevaricación en el concurso de ambulancias

La Audiencia de Las Palmas ha ordenado reabrir el caso ambulancias, al detectar indicios de delitos penales en la conducta de la Mesa de Contratación formada, entre otros, por el exgerente del Servicio de Salud Guillermo Martínón y la exsecretaria general Lourdes Quesada, durante el mandato en Sanidad de Mercedes Roldós (PP).

En febrero de 2010, ni el Ministerio Público, por medio del fiscal Antonio López, ni el magistrado de Instrucción 2, Rafael Passaro, entendieron que la adjudicación a Ambulancias García Tacoronte de un lote del polémico concurso de ambulancias del Gobierno de Canarias, en concreto el de la isla de La Palma, hubiese supuesto la infracción de delitos penales por parte de los miembros de la Mesa de Contratación, entre ellos también Luis Molina, exgerente de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), como denunció en 2009 la empresa Transportes Sanitarios de La Palma.

La mercantil perjudicada presentó una denuncia por fraude en la contratación y prevaricación contra los integrantes de la Mesa que adjudicó el servicio en 2009, y tras la apertura de diligencias previas, todos los componentes de la misma fueron imputados por el magistrado y prestaron declaración en sede judicial como tales el 27 de enero y el 4 y 12 de febrero de 2010, con el sobreseimiento de la causa y archivo de las actuaciones mediante un auto de 19 de febrero del mismo año, ratificado el 22 de noviembre pasado.

Ahora, como adelantó el sábado Canarias7, la Sección Sexta considera que ante una denuncia tan compleja como la presentada por la mercantil perjudicada no cabe “proceder al sobreseimiento con escuetos argumentos jurídicos que no valoran las numerosas pruebas unidas al procedimiento”, además de considerar “evidente” que de la denuncia “se infieren hechos que, de ser ciertos, serían constitutivos de infracción penal”.

Avales fuera de plazo y sin registrar formalmente

Y todo ello porque en su momento se procedió a adjudicar una concesión administrativa como es el servicio de ambulancias de la isla de La Palma “a una empresa que no reúne los requisitos administrativos de la concesión frente a otra a quien se le deniega la concesión en el concurso público por falta de los requisitos que también faltaban a la adjudicataria”.

Aparte de que este caso concreto también sigue su curso por la vía contencioso-administrativa, como prácticamente el resto de lotes adjudicados por el Gobierno de Canarias y ahora anulado por el TSJC, los presuntos fraude en la contratación y prevaricación que se habrá de investigar a fondo se fundamentarían, según la denuncia de la perjudicada, en su exclusión del concurso por anomalías a la hora de presentar los avales correspondientes, que se permitieron subsanar -aparentemente- a la mercantil adjudicataria.

Se da por acreditado en el auto que en el acta de la Mesa consta que Ambulancias García Tacoronte presentó su aval fuera de plazo, sin fecha y sin el correspondiente número de inscripción en el Registro de Avales. Por su parte, Transportes Sanitarios de La Palma dijo a la Mesa encontrarse “en trámites de gestión” del aval exigido.

Fue entonces cuando Contratación decidió dar el conflictivo plazo de subsanación de errores, tras el cual se excluyó a la empresa denunciante del concurso “por presentar aval fuera de plazo”, quedando como única aspirante García Tacoronte con un aval “sin número de registro de inscripción”. Es por ello que los magistrados de la Audiencia consideran que “si no se admite el aval de un licitador por estar fuera de plazo (por no ajustarse a los requisitos exigidos), tampoco debía admitirse una aval no inscrito en el registro de avales (por no ajustarse a los requisitos exigidos).”

El auto de la Audiencia, fechado el pasado viernes 11 de noviembre, se detiene en especial en la declaración judicial de Lourdes Quesada, que negó que la empresa ganadora hubiese presentado un segundo aval y que el formalizado en su propuesta estaba “constituido dentro del plazo y con las formalidades exigidas”. Sin embargo, los magistrados de la Audiencia se cuestionan en el auto cómo es posible que no se presentara un aval correcto -ya sea el primero o el segundo que los imputados niegan que exista- en el periodo concedido para subsanar esos errores. Según la Audiencia, el aval de la adjudicataria “carecía de registro y eso no fue subsanado”.

“Principio de flexibilidad'' solo para uno

Lo que sí deja claro la Sección Sexta provincial es que la Mesa de Contratación decidió aplicar el “principio de flexibilidad” solo a la empresa finalmente adjudicataria, Ambulancias García Tacoronte, algo que debió hacerse a todos los licitadores, circunstancia que los magistrados entienden “que no ocurrió, lo que nos llevaría a pensar en la presunta existencia de un delito de prevaricación administrativa , aunque esto se ha de valorar y concluir una vez que se cuente en este proceso con el expediente administrativo completo que habrá de ser valorado por el instructor”.

Indican los magistrados al respecto de la presunta prevaricación detectada: “Debemos presumir que los componentes de la mesa de contratación eran conocedores de actuar contra derecho, pues todos ellos reconocen que se debía aplicar ese principio de flexibilidad o permisividad, y está claro, al menos a priori, que esa permisividad no se le aplicó al denunciante, frente al adjudicatario a quien sí se le aplicó”.

Entre enero y febrero de 2010 acudieron a declarar en calidad de imputados, aparte de Guillermo Martinón, Lourdes Quesada y Luis Molina, la letrada de Gestión Sanitaria María José Gonzalvez Casanova y secretaria de la Mesa, de cuyas contradicciones entre sus escritos y actuaciones en la Mesa y sus respuestas en sede judicial a la hora de definir el aval de García Tocoronte SL se hace especialmente eco el recurso de Transportes Sanitarios de La Palma SL, ahora admitido por la Audiencia Provincial.

Además, fueron imputados y llamados a declarar los vocales de la Mesa José Trasobares de Dios, Sergio Santana Acosta, Carmelo Duarte Merelo y Francisco Rodríguez Millán, dentro del grupo de denunciados por la mercantil perjudicada, que solicitó, sin éxito, la declaración en sede judicial de la consejera de entonces, Mercedes Roldós (PP).

Actuación del fiscal y acusaciones particulares

La Audiencia entiende que las decisiones de la Fiscalía y del juez, si bien se fundamentaron con argumentos ''correctos y acertados'', fueron, en todo caso, “prematuros”, ya que “muchas son las dudas que nos llevan a concluir que el sobreseimiento ha sido precipitado pues las diligencias que interesó en su día el denunciante son esenciales para el esclarecimiento de los hechos, y las mismas deben ser practicadas”.

Fuentes del sector han asegurado este lunes que en cuanto se reabra el caso en Instrucción 2 tienen intención de personarse como acusación particular contra los miembros de la Mesa que otorgaron un contrato de 18.481.772, 13 euros a una empresa que, además de la “flexibilidad” de la que gozó a la hora de presentar su aval, fue pésimamente puntuada su oferta en el concurso pero obtuvo el servicio al ser la única licitadora en la fase final del mismo, en vez de declararlo desierto como ocurrió con la zona Sur de Tenerife.