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Clavijo mantiene como asesor a un alto cargo pendiente de juicio oral por posible 'pucherazo'

Pedro Padrón está acusado de amañar los resultados electorales de 2003 en El Hierro, donde "aparecieron votos de personas fallecidas" y papeletas emitidas desde Venezuela de residentes en la 'Isla del Meridiano'

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, durante una de sus intervenciones en el Pleno del Parlamento de Canarias.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, durante una de sus intervenciones en el Pleno del Parlamento de Canarias. EFE/Ramón de la Rocha / Santa Cruz de Tenerife.

El presidente del Gobierno de Canarias, mantiene aún como secretario de dirección de Presidencia a Pedro Manuel Padrón Brito, cinco meses después de que el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde le abriera el pasado 17 de diciembre "juicio oral" por cometer supuestamente "dos delitos electorales", tal y como se constata en el auto al que ha tenido acceso Canarias ahora. 

Padrón es secretario de dirección en la oficina de la Delegación del Gobierno canario en Venezuela desde 2011 y fue revalidado en el cargo por el decreto firmado por Clavijo el 14 de julio de 2015 pese a que el propio presidente aseguró en su investidura que "más allá de lo que digan las leyes, todo cargo público al que se abra juicio oral por delitos que puedan suponer enriquecimiento para sí, para terceros o para su partido, deberá abandonar el cargo o será cesado". Con todo, añadió acto seguido que "valoraremos otras situaciones procesales previas".

El juicio oral al que se enfrenta Padrón tiene como objeto dirimir si los votos que llegaron desde Venezuela a El Hierro en las elecciones de 2003 pudieron ser amañados, tal y como denunció en su momento el Partido Socialista Canario-PSOE, aunque si la sentencia es condenatoria no anularía los resultados de aquellos comicios, en los que por 56 votos los socialistas se quedaron sin escaño en el Parlamento de Canarias, aunque sí puede conllevar penas de prisión e inhabilitación para el alto cargo de Presidencia del Gobierno.

Votaron los muertos 

Según el auto publicado en septiembre de 2013 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, "se desprende que en el proceso electoral de 2003 fueron retirados sobres electorales para el voto por correo sin autorización, que aparecieron votos de personas que estaban fallecidas en el momento de su emisión así como votos de personas que figuraban emitidos desde Venezuela cuando se encontraban en El Hierro".

Ese auto, firmado por María Jesús García Sánchez, incide en que "en las fechas previas a la convocatoria electoral de 2003 el señor Padrón Brito fue contratado por el Cabildo como auxiliar administrativo y se trasladó en diversas ocasiones a Venezuela, desplazándose allí a diversos lugares muy distintos y distantes entre sí, interviniendo en la confección de solicitudes de voto por correo de los españoles inscritos en el censo electoral y de los demás trámites electorales, constando su intervención de puño y letra en diversa documentación electoral tales como solicitudes de voto por correo".

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valverde considera que se debe abrir juicio oral porque "los hechos objeto de este procedimiento revisten características de delito" y que "las actuaciones ofrecen méritos suficientes para exigir responsabilidad"

Código ético

En el círculo más cercano a Clavijo se asegura que un delito electoral no conlleva un enriquecimiento, que es lo que el presidente puso como condición en su discurso, que es la misma que incluye el código ético de CC, que establece que el "Comité de Resolución de Conflictos podrá adoptar medidas cautelares de suspensión de militancia cuando se haya procedido  judicialmente a  la apertura de juicio  oral y el Ministerio Fiscal formule escrito de acusación por delito que represente" desviación de responsabilidad pública "para obtener provecho  económico, para terceros o para el partido".

En parecidos términos, el Estatuto de Altos Cargos del PSOE, socio de CC en el Gobierno canario, incluye la "obligación de cese de altos cargos en todas las Administraciones Públicas de quienes se hallen incursos como procesado/imputado una vez abierto juicio oral por algún delito contra las Administraciones Públicas". Precisamente, es lo que esgrimen los socialistas para no cesar a Ángel Luis Castilla, presidente del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), pues al ex alcalde de San Sebastián de La Gomera aún no se le ha abierto juicio oral.

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