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El Gobierno canario se opone a la ley sobre pobreza energética de Podemos

El comisionado para la Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Ejecutivo regional matiza que se ha dado el visto bueno a otro acuerdo que implicará la adopción de medidas para mejorar estas situaciones

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El pesidente del ejecutivo regional, Fernando Clavijo, presidió la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada hoy en Las Palmas de Gran Canaria. EFE/Ángel Medina G.

El pesidente del ejecutivo regional, Fernando Clavijo, presidió la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada hoy en Las Palmas de Gran Canaria. EFE/Ángel Medina G.

El Gobierno canario ha rechazado este lunes la proposición de ley con la que Podemos pide que la comunidad autónoma pague parte de las facturas de agua, luz y gas de los hogares más vulnerables, al estimar que contiene errores y por apreciar en ella indicios de inconstitucionalidad.

El comisionado para la Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Ejecutivo regional, Néstor Hernández, ha dado cuenta, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, del informe de "disconformidad" aprobado este lunes por Ejecutivo regional, que debía pronunciarse sobre la propuesta del grupo de Podemos en el Parlamento de Canarias, ya que su materialización comprometería las arcas de la comunidad autónoma.

Hernández ha manifestado que el Gobierno canario comparte con Podemos la preocupación por la pobreza energética que afecta a los hogares con dificultades económicas del archipiélago y ha resaltado que el acuerdo adoptado "no queda ahí", sino que, a partir de él, se ha dado el visto bueno a otro que implicará la adopción de medidas que pretenden contribuir a la mejora de estas situaciones.

De esta forma, el Gobierno canario ha acordado instar al pleno del Parlamento regional a que constituya una comisión no permanente para abordar este asunto.

Además, la propia administración autonómica se ha comprometido a poner en marcha un grupo de trabajo en el que estarán representadas las áreas de Industria, Hacienda y Políticas Sociales y que se dedicará a "estudiar el alcance de la pobreza energética" en el archipiélago, una problemática que, según ha dicho Hernández, el Ejecutivo ya "intenta abordar con un esfuerzo insólito".

El comisionado ha destacado que un ejemplo de este esfuerzo se refleja en el incremento en 70 millones de euros que registra el presupuesto del área de políticas sociales o las 108.000 personas que, desde 2009, se benefician de bonos sociales a la hora de pagar sus facturas energéticas.

Néstor Hernández ha explicado que la proposición de ley de Podemos alude a las facturas del agua, la luz y el gas, a pesar de que en Canarias no existe suministro de esta última fuente energética.

De igual forma, el Gobierno canario echa en falta en la propuesta de Podemos, que plantea bonificaciones energéticas de entre el 10 y el cien por cien de la cuantía de esas facturas a los hogares vulnerables, un estudio presupuestario de lo que implicaría su aplicación, y que no precisa el número de potenciales beneficiarios de esas ayudas.

Igualmente, Hernández ha aludido a los visos de inconstitucionalidad de la iniciativa de Podemos, a tenor de lo que ha ocurrido con la ley de consumo catalana, que, según ha afirmado, ha sido recurrida por errores que también se aprecian en el texto promovido por la formación morada.

"Vamos a hacerlo, pero tenemos que estudiarlo mejor", ha asegurado el comisionado, quien ha resaltado que de perfilar una estrategia que cuente con toda la seguridad jurídica se encargará el grupo de trabajo que impulsará el Ejecutivo regional.

A juicio de la administración autonómica, el documento promovido por Podemos contiene errores en la propia definición de pobreza energética y no incluye otros conceptos, como el de mínimo de subsistencia, que viene determinado por la renta per cápita familiar.

También considera el Gobierno canario que una estrategia para paliar la pobreza energética, un problema que "es y debe ser coyuntural", ha de tener en cuenta las necesidades especiales de las personas que necesiten un elevador o recibir sesiones de diálisis en casa.

Los teóricos beneficiarios de la propuesta de Podemos serían los 105.400 hogares con todos sus miembros en paro, los 143.000 desempleados que no perciben prestación alguna, las 108.000 personas que se acogen al bono social energético, las 9.549 que reciben la PCI, y las 43.922 personas que cobran una pensión no contributiva.

Hernández ha asegurado que bonificar a estos colectivos, en los términos que plantea la ley sugerida por Podemos, con ayudas que cubrirían entre el 10 y el cien por cien de su factura energética, "supondría un quebranto importante" a las arcas de la administración autonómica.

El informe desfavorable aprobado hoy por el Ejecutivo regional no paraliza la tramitación parlamentaria de la propuesta de Podemos, aunque es previsible que los grupos que sustentan al Gobierno autonómico (CC-PSOE) impidan su aprobación en la cámara.

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