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El Gobierno 'vende' el proyecto de Tindaya

LA CONCESIÓN ES ''ATRACTIVA'' PARA LOS INVERSORES

Las empresas que obtengan la concesión amortizarán su inversión en unos "10 o 12 años".

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El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha asegurado que los inversores que obtengan la concesión administrativa de la obra monumental de Tindaya (Fuerteventura) amortizarán su inversión en unos "10 o 12 años".

En este sentido, Berriel declaró tras la sesión del Consejo de Gobierno que se trata de una inversión "atractiva" para las empresas que decidan concurrir para obtener la concesión administrativa, a pesar de que el proyecto de ejecución tiene un coste presupuestado de 75 millones de euros que, en principio, recuperarían en una década a través de los ingresos que genera.

El consejero explicó que el Ejecutivo canario tiene informes técnicos y económicos que avalan la rentabilidad de la obra. Asimismo, señaló que el "umbral de rentabilidad es amplio" porque el Ejecutivo puede otorgar concesiones administrativas por un plazo de hasta 40 años.

En cuanto a la reunión que mantuvo el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, con la familia de Eduardo Chillida, Berriel dijo que "no se trata de un nuevo impulso al proyecto porque el Ejecutivo nunca ha dejado de trabajar en él". Afirmó que la familia del artista no ha solicitado en ningún momento compensación económica, sino "sólo que se respeta la voluntad de Eduardo Chillida".

El consejero añadió que el encuentro sirvió para "culminar el proceso que nos lleve a la adjudicación, en su momento, del concurso" y sintetizar los acuerdos que servirán para crear la fundación y una comisión para establecer los estatutos de la sociedad, establecer el pliego de condiciones y "remover los obstáculos que puedan existir hasta que se saque a información pública el concurso".

En esta línea, el Gobierno autonómico afirma tiene garantías jurídicas y técnicas suficientes para solventar las posibles alegaciones o denuncias que obstaculizaran el proceso para sacar adelante el concurso, "pero eso no quiere decir que puedan surgir acciones que intenten boicotear el proceso". Además, Berriel apuntó que se está continuando con el proceso expropiatorio en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura.

Necso y Fomento de Construcciones y Contratas

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha asegurado que su gabinete tiene un escrito en el que Necso y Fomento de Construcciones y Contratas - las dos empresas que forman la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria en su momento del proyecto de Tindaya ? se comprometen a no obstaculizar el proceso para sacar el nuevo concurso público; esta carta, que figura en el expediente, da "tranquilidad" al Gobierno, indica Berriel.

La UTE sigue defendiendo que el contrato suscrito con la sociedad Proyecto Monumental Montaña Tindaya, formada por la empresa pública Saturno y Cabo Verde, sigue vigente y la concesión de la ejecución les pertenece. En este sentido, el consejero manifestó que "ojala siga vigente, porque entonces tendrían que hacer la obra", aunque insistió en que el contrato no tiene "ninguna viabilidad" pero entiende que las empresas "defiendan sus derechos económicos".

El responsable regional del Área de Medio Ambiente y Ordenación Territorial explicó que el Gobierno regional financió a estas empresas unos gastos de implantación y estudio del proyecto pero "no han hecho la obra" y ahora el Ejecutivo reclama ese dinero. Berriel sentenció que "esta es la relación que existe ahora mismo entre la UTE y el Gobierno, y punto".

Los gastos de implantación y estudio que el Gobierno canario reclama ascendieron en aquel momento a unos 2.000 millones de pesetas (moneda en curso en esa época), sin embargo el Juzgado de primera instancia dio la razón a Necso y FCC en 2008, ahora es la Audiencia Provincial la que se tiene que pronunciar después de que el Ejecutivo recurriese el primer dictamen.

Asimismo, Berriel declaró que también se reclama a la UTE 450 millones de pesetas de los 900 millones de pesetas que pago en concepto de la concesión administrativa. A estos gastos hay que sumarle unos 100 millones de pesetas de la redacción del proyecto técnico, en total el Gobierno canario lleva gastados en el proyecto ideado por Chillida, aún por ejecutar, alrededor de 2.550 millones pesetas (15 millones de euros aproximadamente), a la espera de la decisión de los tribunales sobre las devoluciones que reclama el Ejecutivo canario.

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