López Aguilar: ''Los canarios tienen su propio veredicto democrático''
El secretario general del PSC- PSOE, Juan Fernando López Aguilar afirmó este lunes, en relación al contrato del secretario general del Partido Popular, Manuel Fernández, con Anfi del Mar, que es injustificado, ya que “cuando uno es parlamentario se debe al interés general y no a los intereses de una empresa, como en este caso”.
En declaraciones concedidas a El Correíllo en CANARIAS AHORA RADIO, el secretario general de los socialistas canarios afirmó que lo que está en juego aquí no es la compatibilidad de los cargos de Manuel Fernández, “está completamente equivocado el enfoque que pretende que aquí lo que está en cuestión es la compatibilidad y su régimen jurídico en el estatuto del parlamentario de acuerdo con el reglamento del Parlamento de Canarias”. López Aguilar, no quiso prejuzgar, aunque afirmó que “los ciudadanos tenemos nuestro propio veredicto democrático” y que “tenemos el derecho y el deber de poner a esos políticos en su sitio”.
En relación a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula la concesión de licencias de Televisión Digital Terrestre en Tenerife, el secretario general de los socialistas canarios afirmó que es una “vergüenza” y que el Gobierno de Canarias ha cometido una “cacicada monumental”. López Aguilar añadió que en Canarias todos los concursos están “amañados” y que “el Gobierno Canario nunca abre el grifo del dinero público si no sabe que la mano que hay debajo es una mano amiga”.
Con respecto a al rechazo de Coalición Canaria y Partido Popular en el Parlamento de Canarias a admitir a trámite una iniciativa legislativa popular impulsada por la organización ecologista Ben Magec para frenar el crecimiento de más camas hoteleras en el Archipiélago, López Aguilar, llamó “cobarde” al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, porque lo que quiere hacer es “triturar la moratoria”.
López Aguilar afirmó que en Canarias hacen falta soluciones para las explotaciones ganaderas y simplificar las cargas administrativas para el cumplimiento de la legalidad, pero añadió que “es algo muy diferente a lo que hace el Gobierno de favorecer a quien incumple la ley” y que el mensaje que se emite desde el ejecutivo es que “la ley en Canarias está para que la cumplan quienes no pueda hacer otra cosa” y no para todo el mundo“.
