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Saavedra ahorrará 130.000 euros al año

AL CAMBIAR LA SEDE DEL DIPUTADO DEL COMÚN EN LPGC

El actual alquiler cuesta 10.896 euros al mes - La oficina administrativa se trasladará a la calle Cano, a un edificio propiedad del Gobierno canario.

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El diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha alcanzado un acuerdo con el director General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, Abel Morales Rodríguez, para trasladar la oficina administrativa de Las Palmas de Gran Canaria a la calle Cano, 25, con el objetivo de ahorrar 130.000 euros anuales.

Según informa la Institución en un comunicado, la actual oficina del Diputado del Común -sita en la calle San Bernardo- supone un alquiler anual de 130.756, euros, abonados en 12 mensualidades de 10.896 euros.

Así, conociendo el plan de ahorro y reubicación de dependencias e instalaciones del Gobierno de Canarias, a comienzos de año comenzaron las negociaciones para encontrar un nuevo emplazamiento a la oficina del Diputado del Común en la capital grancanaria.

La Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias ha establecido la reubicación de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias ESSCAN (actualmente en la calle Cano, nº 25), que a partir de ahora compartirá sede con el Instituto Canario de Administración Pública ICAP, en la calle Padre José de Sosa, nº 22 de Las Palmas de Gran Canaria.

En virtud de este acuerdo, el Diputado del Común se trasladará a la calle Cano, nº 25 de Las Palmas de Gran Canaria, a un edificio accesible para las personas de movilidad reducida, puesto que la actual oficina no lo es, y tampoco es factible acometer obras por ser un edificio catalogado y protegido.

Con todo, en quince días comenzarán en el ICAP las obras mínimas de acondicionamiento para acoger también la ESSCAN y una vez finalizadas, quedará libre el inmueble de la calle Cano, que será ocupado por el Diputado del Común a finales de junio o comienzos de julio.

De esta forma, se logrará un ahorro a las arcas públicas de 130.756,08 euros, ya que el inmueble de la calle Cano es propiedad del ejecutivo autonómico.

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