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Sanidad investiga la derivación irregular de pacientes a centros no concertados

PARALIZADO UN RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE UNOS 30 MILLONES DE EUROS

El pago a las clínicas Salus, Vida y Parque habría sido autorizado fuera de presupuesto en la etapa del Partido Popular.

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La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha abierto un nuevo expediente de investigación de la etapa de Mercedes Roldós (PP) al frente del departamento, esta vez relacionado con la derivación irregular de pacientes a clínicas privadas de Tenerife.

Mercedes Roldós.

Mercedes Roldós.

El consejero, Fernando Bañolas, ha decretado la paralización de un reconocimiento de crédito, de alrededor de 30 millones de euros, a tres clínicas privadas que no forman parte del grupo de empresas sanitarias concertadas del Gobierno de Canarias.

Según ha podido saber CANARIAS AHORA, se trata de Centros Médicos Salus, con clínicas en Icod de los Vinos y Puerto de La Cruz, Centro Médico Vida, en La Orotava y el Puerto, y Clínica Parque, de Santa Cruz de Tenerife.

El portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, ha confirmado la apertura de un expediente para investigar estas derivaciones de pacientes desde centros sanitarios públicos de Tenerife a centros no concertados.

Marrero, que hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves en Las Palmas de Gran Canaria, señaló que "no se presuponen conclusiones", pero que ya se ha ordenado "paralizar la derivación de pacientes a centros privados", siempre y cuando estos "no padezcan una enorma demora en las listas de espera", recoge Acnpress.

Esta "paralización" no afecta a los pacientes que acuden a los servicios de Urgencias, afirmó el portavoz del Ejecutivo canario.

Fuentes consultadas por este diario explicaron que el reconocimiento de crédito de unos 30 millones de euros a centros no concertados se habría detectado por parte del actual equipo de CC en Sanidad al figurar "fuera de presupuesto".

La nueva investigación abierta por Fernando Bañolas, concerniente a decisiones de la Consejería cuando estaba en manos del PP, pretende aclarar la responsabilidad de la decisión, a cuántos pacientes afectó la misma y por qué no fueron derivados a los centros que han firmado un concierto con la administración pública.

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