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Del Torco cree que la fiscal debería pedir ya mismo prisión para Reverón

'CASO EDÉN' / ABOGADO DE LA DEFENSA DE ELISEO ROCA

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Fernández del Torco, abogado de la defensa del arquitecto jefe del ayuntamiento de Arona, Eliseo de la Rosa, cree que se ha producido una "interpretación kafkiana del Código Penal por parte de las acusaciones, en especial del Ministerio Fiscal", ya que su cliente Eliseo de la Rosa, arquitecto jefe del Ayuntamiento de Arona, fue a prisión provisional a finales de 2008, y durante seis meses, por delitos que el letrado considera menos graves que los que el juez del caso Edén ha imputado esta semana al alcalde de Arona, González Reverón (CC), o al consejero del PP en el Cabildo de Tenerife, Félix Sierra.

Del Torco hizo estas declaraciones a CANARIAS AHORA después de haber escuchado el martes cómo el máximo mandatario del municipio admitía al menos en tres ocasiones que había incurrido en tráfico de influencias (además de prevaricación continuada, delitos contra la ordenación del territorio y malversación de caudales públicos) y de conocer el documento que presuntamente vincula al consejero insular y concejal del PP en una especulación inmobiliaria.

"Pienso que se deberían suspender de forma cautelar las funciones de un alcalde que ha reconocido el tráfico de influencias y los otros delitos. Aquí sólo han ido a prisión los segundos de la fila. Los de la primera fila no han pisado la cárcel", dijo el abogado.

Eliseo de la Rosa, imputado en tráfico de influencias y prevaricación, ingresó en prisión a finales de diciembre de 2008 después de que el caso Edén fuese destapado y denunciado en 2007 a la Fiscalía por el portavoz del PSC de Arona, Francisco García Santamaría. De la Rosa fue acompañado por el aparejador municipal Roberto de Luis y el empresario Arsenio Zamora. Se les imputan también presuntos delitos de prevaricación continuada, tráfico de influencias y al empresario se le añade un delito (al menos uno) de extorsión.

Máxima preocupación

Con respecto a Félix Sierra, Del Torco discrepó del abogado de la acusación Felipe Campos, quien este miércoles restaba importancia a la intervención del político en la presunta trama de corrupción urbanística. "Yo me siento preocupadísimo de que esto sea así y no quisiera imaginar que el comportamiento que ha imperado en el Ayuntamiento de Arona es el mismo que reina en los 87 municipios de Canarias. Creo que es necesario hacer una reflexión ética porque esto no puede seguir así", enfatizó el abogado.

Desde que comenzó el lunes la ronda de toma de declaraciones a 22 de los 34 imputados del caso, éste se ha ido agravando de día en día, y muchas de las pruebas de cargo vienen de las escuchas telefónicas que se practicaron durante diez meses de 2008.

El martes pasado, el alcalde de Arona, que ya tuvo que declarar en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 en mayo de 2007 por prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio, además de malversación de caudales públicos, vio cómo su situación se complicaba al admitir que también había caído en tráfico de influencias en tres ocasiones. Este miércoles, el consejero por el Cabildo de Tenerife y concejal en el Ayuntamiento, Félix Sierra, a quien en un registro domiciliario se le ha encontrado un documento que le relaciona de forma directa en una especulación inmobiliaria, salió de la sede judicial con los cargos por los que era acusado agravados. Desde este miércoles, además de prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio, ha quedado imputado por cohecho y tráfico de influencias.

Y eso que esta segunda ronda de toma de declaraciones no ha hecho más que empezar. Este jueves le tocó el turno a los nacionalistas Antonio Sosa Carballo, concejal de medio ambiente y alcalde ocasional, imputado por tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, y a Clara María Pérez, abogada y concejal de servicios sociales, imputada por tráfico de influencias y prevaricación.

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