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Los imputados se niegan a responder

DELITOS CONTRA EL PLANEAMIENTO

La fiscalía pide tres años de prisión para los ex concejales Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domingo Pastor, así como para la jefa de servicio María Loreto Ariz.

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Los siete acusados por el caso Mamotreto, cuatro exconcejales de CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y tres empleados municipales, se negaron este lunes a responder a las preguntas de la fiscalía, durante la primera jornada del juicio por las obras presuntamente ilegales de un edificio comercial y de aparcamientos en la playa de Las Teresitas.

El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo (de pie), en un momento del juicio que se sigue contra él y otros acusados por el conocido como caso "Mamotreto" de Las Teresitas. EFE/Ramón de la Rocha

El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo (de pie), en un momento del juicio que se sigue contra él y otros acusados por el conocido como caso "Mamotreto" de Las Teresitas. EFE/Ramón de la Rocha

La fiscalía pide tres años de prisión para los ex concejales Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domingo Pastor, así como para la jefa de servicio María Loreto Ariz.

También se piden dos años de prisión para la exconcejal Luz Reverón, actualmente subdelegada del Gobierno de España en La Gomera, los mismos que para los funcionarios Candelaria Benítez y Epifanio Gómez.

Los delitos que se les imputan son contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en relación al la construcción del popularmente conocido como mamotreto, un edificio comercial y de aparcamientos a la entrada de la playa de Las Teresitas, presuntamente ilegal por ir en contra de las normas urbanísticas y por invadir el dominio público marítimo terrestre.

El edificio, que formaba parte del proyecto más amplio de remodelación de la playa diseñado por el arquitecto Dominique Perrault, está sin terminar y las obras están paralizadas desde marzo de 2008 porque la Dirección General de Costas no autorizó el convenio con el Ayuntamiento para su construcción.

Al comienzo del juicio, las defensas de los acusados pidieron la nulidad de las actuaciones por distintos motivos, entre ellos la supuesta indefensión de los acusados durante la instrucción del sumario, pero todas las alegaciones fueron rechazadas por la magistrada Beatriz Méndez Concepción.

En la fase de interrogatorio de los acusados, los siete se negaron a responder a las preguntas de la fiscal Inmaculada Violán ni a las de los abogados de los otros reos. Tres de ellos, Norberto Plasencia, María Loreto Ariz y Candelaria Benítez, tampoco contestaron a su abogado defensor, Eligio Hernández, porque este se remitió a sus declaraciones durante la fase de instrucción.

El exconcejal Manuel Parejo, responsable de urbanismo entre 2004 y 2007, adujo ante las preguntas de su defensa que no tiene conocimientos jurídicos ni técnicos en materia urbanística y que por tanto basó sus decisiones en los informes de los técnicos municipales, que en ningún caso pusieron reparos al expediente ni advirtieron de ninguna irregularidad.

Parejo era el que presidía las reuniones del consejo rector de la gerencia de urbanismo que aprobó el proyecto del edificio y su adjudicación a la empresa OHL por 21 millones de euros.

Alegó que las decisiones se adoptaron por mayoría del consejo rector, un órgano político con representación de los grupos municipales, y que él no puede dejar de ejecutar lo acordado.

También señaló que el expediente fue tramitado sin su participación por la concejalía de obras e infraestructuras, a cuyo frente estaban José Domingo Pastor entre 2003 y 2005 y Norberto Plasencia, que estuvo hasta 2007.

Cuando un expediente se aprueba en el consejo rector tiene todos los informes técnicos y jurídicos favorables, dijo Parejo, y señaló que nadie puso objeciones técnicas ni legales, ni siquiera los grupos de oposición, que debatieron a partir de argumentos políticos.

La sucesora de Manuel Parejo al frente de urbanismo, Luz Reverón, también incidió en que el expediente fue promovido por la concejalía de obras, de modo que ella no tiene ninguna influencia en el mismo, y también afirmó que nadie advirtió de ningún tipo de ilegalidad durante su tramitación.

En concreto, a ella le llegó el expediente para modificar el edificio añadiéndole una planta más de aparcamientos, pero insistió en que fue promovido por la concejalía de obras e infraestructuras y que contó con todos los informes técnicos y jurídicos favorables.

José Domingo Pastor, que fue concejal de infraestructuras y obras dijo que él no tuvo intervención en el proyecto de las Teresitas encargado a Perrault y afirmó que durante la tramitación del expediente él desconocía que hubiera problemas legales y que él confiaba en los informes de los técnicos.

Agregó que los trámites urbanísticos correspondían a la gerencia de urbanismo, no a la concejalía de infraestructuras y obras.

Epifanio Gómez, que era director general de política territorial de la gerencia de urbanismo, fue el único de los tres empleados municipales que declaró durante el juicio. Explicó que a él se le encargó la elaboración de un informe sobre el proyecto de Perrault, en particular si se adecuaba a la idea ganadora del concurso y al planeamiento urbanístico.

Su conclusión fue que el proyecto cumplía el plan general del municipio y que se permitía añadir dos alturas sobre el rasante en lo que originalmente iba a ser solamente un aparcamiento subterráneo.

Ni políticos ni técnicos cuestionaron nunca su informe y no tuvo nada más que ver con la obra, afirmó.

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