Un presunto fraude municipal marca el primer día de declaraciones por 'Brisan'
El juez que instruye la operación Brisan decretó este miércoles por la tarde la libertad provisional con cargos para los siete detenidos en su primera fase, entre ellos los ex alcaldes del municipio grancanario de Santa Brígida Carmelo Vega y Antonio Díaz. La misma medida se ha adoptado para el ex teniente de alcalde y ex concejal de Urbanismo del municipio, Luis Troya, el empresario Pedro Morales, y los técnicos del Consistorio Jacinto Hernández, Santiago Hernández y Antonio Ventura. Otras cinco personas fueron este miércoles detenidas por su presunta relación con el caso, aunque a última hora de la tarde ya habían quedado en libertad. El estado de salud de Carmelo Vega y la declaración de un posible fraude municipal han marcado esta primera tanda de declaraciones.
A pesar de que el juez decretó este martes que los detenidos pasasen a su despacho a partir de las 9.00 horas, en Granadera Canaria, el traslado de los detenidos se produjo una hora más tarde.
Carmelo Vega, ex alcalde de Santa Brígida, fue el primero en entrar a declarar a partir de las 11.20 horas. Vega ha sido el único detenido que no durmió en dependencias policiales sino en su domicilio debido a sus problemas de salud.
Su letrado explicó que Carmelo Vega está pendiente de recibir un trasplante de hígado al estar padeciendo una larga enfermedad hepática y una diabetes que le ha hecho llegar a las dependencias judiciales apoyado por un bastón.
Durante una hora y media, Vega contestó a “preguntas de calidad y sin que se hayan puesto obstáculos para que dijera lo que tenía que decir”, explicó su abogado, José Vicente Reig. Vega, al salir de su declaración en compañía de agentes policiales, sólo declaró que “estoy más o menos” y “voy ahí, ahí”.
Por el contrario su abogado defensor expresó que su defendido “está colaborando con la Justicia” por lo que esperan “que pueda quedar en libertad al final de la mañana sobre todo atendiendo a su estado de salud que es muy delicado”, ya que “necesita pronto un trasplante de hígado”.
A media mañana, fue Jacinto Hernández, el imputado que entró a declarar durante media hora, seguido de Antonio Ventura, quien permaneció en el interior del despacho del juez 40 minutos.
El ex interventor apunta a una trama para sustraer fondos públicos
Santiago Hernández, ex interventor municipal comenzó su declaración en torno a las 14.00 horas, con las puertas de los juzgados de Granadera Canaria cerrados al público y sólo con la prensa en su interior.
El ex interventor municipal Santiago Hernández, imputado en la presunta trama de corrupción, ha declarado ante el juez que no tenía conocimientos de hechos delictivos en torno al operativo municipal, pero que “a la vista de la investigación, sí se pudo montar una trama para sustraer fondos públicos a través de proovedores del Ayuntamiento”, según manifestó su letrado José Fleitas.
El interventor municipal, que abandonó su puesto hace años y en la actualidad trabajaba en el departamento de estadística, contestó a todas las preguntas formuladas por el juez que instruye el caso durante más de 40 minutos, y se ratificó en la declaración formulada el día anterior ante la policía judicial.
Su abogado, designado de oficio, explicó a los medios de comunicación que su defendido le explicó al juez que era muy difícil detectar el supuesto fraude si “lo tenían bien montado, máxime cuando los políticos colocaban en los puestos de intervención a personal no cualificado”.
Tal y como explicó el letrado, para el puesto de intervención municipal es preciso designar a un habilitado nacional, pero “a los políticos no les interesaba”, tal y como explicó Santiago Hernández al magistrado instructor.
Alberto Puertas, magistrado instructor de la operación Brisan no realizó ningún receso de mediodía como suele ser habitual y continuó con las declaraciones de Antonio Díaz, ex alcalde de Santa Brígida, y el ex concejal de Urbanismo, Luis Troya.
El grupo ECO detuvo también en la noche del lunes, a las 23.00 horas, en el aeropuerto de Gando, a Pedro Morales Déniz, propietario de la Ferretería Morales Ravelo e Hijos. Es sospechoso de haber cometido los delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación, falsedad documental y tráfico de influencias.
Otros cinco detenidos, que ya están en libertad
A lo largo de la mañana, mientras los siete detenidos declaraban ante el juez, el Grupo ECO (Equipo contra el Crimen Organizado) de la Guardia Civil ha detenido a otras cinco personas, sospechosas de haber cometido los siguientes delitos: falsedad documental, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y exacciones ilegales.
Estos últimos cinco detenidos quedaron en libertad después de prestar declaración ante los agentes del Instituto Armado, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil. Todos quedan a la espera de la citación del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria para que presten declaración ante el magistrado en los próximos días.
En concreto, Salvador Gil Dávila, es sospechoso del delito de falsedad documental; Esteban Santana Santana, funcionario del Ayuntamiento de Santa Brígida, es sospechoso de los delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos; Rosa Troya Ramírez, hermana de Luis Troya y administradora de la empresa Ferretería y materiales de construcción Las Casillas SL, es sospechosa de los delitos de falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación; Santiago Alvarado Alonso, administrador de la empresa Las Casillas de servicios hoteleros, es sospechoso de los delitos de falsedad documental, fraude y exacciones ilegales, y malversación; y Carmen Rosa Rodríguez Rodríguez, es sospechosa de los delitos de falsedad documental y malversación.
En total, son 12 los detenidos en la operación Brisan, que investiga supuestos casos de corrupción en el Ayuntamiento de Santa Brígida durante los dos últimos mandatos, en manos del PP. Los siete primeros detenidos han quedado en libertad con los mismos cargos que se les imputaron en un principio.
