Reforma del estatuto: Kilómetro Cero

El naufragio político que existió en 2007 en el Congreso de los Diputados impidió que Canarias cuente en estos momentos con un Estatuto de Autonomía reforzado con unos instrumentos que podrían haber paliado, que no evitado, los estragos de la crisis económica.

Una Carta Magna canaria de nueva generación como la que últimamente están demandando tanto el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, como los dirigentes de los partidos que apoyan el Pacto (CC y PSC) y Nueva Canarias (NC).

Pero el enfrentamiento partidista entre socialistas y nacionalistas hace siete años lo impidió y el Parlamento canario decidió retirar la tramitación de la reforma para que el Estatuto volviera a partir de cero.

Más de 2.500 días después, Rivero ha movido la misma ficha que decidió retirar, pero parece que nada ha cambiado, pues el PP, con mayoría absoluta en las Cortes, no está por la labor de reforzar ni ampliar el autonomismo de las Islas.

El Diario de Sesiones del Parlamento del 11 de septiembre de 2013 lo dejó claro: los conservadores no van a respaldar la reforma ni en Canarias ni en el Congreso de los Diputados.

El encargado del anuncio fue el secretario general del PP canario, Asier Antona, que desde la tribuna de oradores dijo que la modificación estatutaria “no es oportuna ni urgente, no resuelve los graves problemas de Canarias y está condenada al fracaso porque no va a contar con el respaldo del PP”.

Y la amenaza se hizo realidad cuando se inició el pasado mes de enero el proceso reformista y el Parlamento debatió la misma propuesta de reforma que la aprobada en 2006, con el añadido de las propuestas asumidas en su día por la entonces secretaria de Política Autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, actual vicepresidenta del Gobierno central.

El 27 de enero de 2014 la Cámara debatió una comunicación del Gobierno de Canarias con un texto articulado a partir del que se constituirá la ponencia para debatir el nuevo Estatuto, en el que se incluyen más garantías institucionales para el Régimen Económico y Fiscal, rebajas en las barreras electorales (el 15% insular y el 3% regional) y nuevas competencias en puertos, transporte aéreo interinsular, telecomunicaciones, costas, comercio y sanidad exterior.

La ‘espantada’ del PP

Ese día, Antona, anunció que su grupo “no va a ser cómplice ni participará en esta reforma”, promovida sin contar con su partido, y aseguró que no se va a realizar en esta legislatura “porque ni es oportuna ni necesaria”, ya que la prioridad de los ciudadanos es salir de la crisis económica.

Los grupos del Gobierno insistieron en que, pese al anuncio de los conservadores, “dejaremos los puentes tendidos y las barcas en la orilla” para que los populares se incorporen al debate “cuando lo estimen oportuno”.

El Gobierno y los partidos que lo sustentan vinculan la reforma del Estatuto con el impulso a la actividad económica para conseguir el objetivo de crear empleo.

Por el contrario, los conservadores mantienen que no habrá reforma del Estatuto esta legislatura porque no hay voluntad compartida, ni consenso político ni sentido de la oportunidad, pues el PP insiste en que los ciudadanos reclaman que toda la atención de los políticos se centre en salir de la crisis, en reducir el desempleo y la pobreza y en emprender las reformas que lo hagan posible.

“Todos los esfuerzos y la energía deben dirigirse a reactivar la economía y a recuperar las condiciones de vida de los ciudadanos”, insistía Antona en ese debate.

Pese a que nacionalistas y socialistas son conscientes de que necesitan que el PP se incorpore a la ponencia que va a debatir la reforma del Estatuto de Autonomía, pues su papel es fundamental en el proceso dado que es el partido que gobierna en España, han tirado de aritmética parlamentaria para iniciar el proceso reformista con la ausencia de los conservadores.

Por lo que se refiere al Grupo Mixto, aunque NC y PIL participarán en el proceso, ya en su momento Román Rodríguez calificó de oportunista la iniciativa del Gobierno para reformar el Estatuto sabiendo que no hay posibilidad de que salga adelante.

La reforma estatutaria tiene la intención de actualizar el sistema electoral, el sistema competencial y los derechos de los ciudadanos, además de garantizar que las singularidades de las islas estén reconocidas en el sistema de financiación autonómica.

Pese a lo ambicioso del proyecto, todo parece indicar que, si el PP no cambia de actitud, la nueva reforma está abocada a otro fracaso, pues los intereses generales no priman precisamente por encima de los partidistas, y Canarias seguirá estando estatutariamente por detrás de Cataluña, Valencia o Andalucía.

Principales novedades

-Definición territorial. Se considera Canarias como Archipiélago Atlántico en el marco del Estado español, con el reconocimiento de las aguas canarias (el mar que conecta las islas y el espacio aéreo) como parte del territorio canario y el ejercicio de competencias en dichos espacios.

-Singularidades. Reconocimiento de la insularidad y la lejanía como hechos diferenciales canarios, plasmados en el Tratado de la UE, que obligan a los poderes públicos a adaptar sus políticas a estas especificidades del Archipiélago.

-Sistema electoral. Modular la mayoría reforzada en el parlamento para regular el régimen electoral (pasará de 40 a 36 diputados), con la posibilidad de establecer una circunscripción autonómica, junto a las insulares, así como reducir un 50% las barreras electorales actuales.

-Competencias delegadas. Se incorporan al Estatuto competencias que en 2006 fueron incluidas en la propuesta de Ley de Transferencias a Canarias (Lotraca): puertos y aeropuertos de interés general, transporte aéreo, comercio exterior, sanidad exterior, telecomunicaciones, gestión del litoral e inmigración.

-Organización administrativa. Mejora de la distribución de competencias entre los cabildos y los ayuntamientos; creación de la Conferencia de Presidentes. Regulación del Poder Judicial y la Administración de Justicia en Canarias.

-Fiscalidad y financiación. Necesidad de negociación bilateral Canarias-Estado en la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), creación de la Agencia Tributaria Canaria y exigencia de singularidades en la financiación autonómica.

-Otras novedades. Posibilidad de disolución anticipada del Parlamento, potestad para que el Gobierno canario pueda dictar decretos leyes y ratificar por referéndum las futuras reformas del Estatuto de Autonomía.

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